Los aumentos brutales de la pobreza hasta llegar al 52,9% de las personas, así como de la indigencia, que ya alcanza al 18,1% de las personas, son consecuencias directas de las políticas formuladas e implementadas por el gobierno del Presidente Javier Milei.

En particular, el Instituto Consenso Federal identifica los siguientes cuatro factores principales:

- caída en el poder de compra de los ingresos;

- retracción del consumo privado;

- caída de la actividad económica y destrucción de inversiones; y

-  aumento del desempleo.

En efecto, el modelo económico vigente ha generado las siguientes consecuencias:

1. Pérdida de la capacidad de compra de los ingresos de las familias

Sólo en los primeros dos meses del año, los salarios registrados cayeron 20,7% en términos reales. No hay antecedentes de una caída tan brutal en un período de tiempo tan breve.

Para tener adecuada noción de lo que eso significa, hay que recordar que en los 12 meses del año 2002 (plena crisis social) la caída salarial fue de 26%.

Además, el impacto de los alquileres, el transporte, la nafta y las facturas de servicios como electricidad, gas y agua creció significativamente en la cuenta mensual de gastos de los hogares.

En el caso de los haberes jubilatorios, entre enero y agosto de este año el poder de compra cayó 26,6%.

Haber mantenido congelado en 70.000 pesos, durante 6 meses, el bono complementario para jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos, es un factor que decididamente ha deteriorado aún más las ya precarias condiciones de más de seis millones de personas.

2. Retracción del consumo privado

Sólo en el segundo trimestre de este año, el consumo privado se desplomó 9,8% comparado con el mismo período de 2023; y 4,1% respecto del trimestre enero-marzo de 2024.

Por ejemplo, en el mes de enero de 2024, según datos de CAME, la caída de ventas en farmacias fue de 45% y en alimentos cayó 37,1%.

3. Contracción de la actividad económica y destrucción de inversiones

El Producto Interno Bruto (PIB) acumula una caída de 3,4% en los primeros seis meses de este año.

En materia de inversiones, durante el primer semestre de 2024, la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) acumuló caídas por -21,7% (-12,6% en el primer trimestre de 2024 y 9,1% en el segundo trimestre).

La “huida” de capitales incluye a empresas extranjeras que deciden salir de la Argentina.

4. Aumento del desempleo

El desempleo aumentó de 6,2% a 7,6%. En estos meses, han avanzado en despidos, suspensiones o programas de retiro de personal compañías de los sectores automotriz, indumentaria, construcción, metales, comercios y Pymes de casi todos los rubros.

Changomás, Bimbo, PepsiCo, Topper, Fate, Whirpool, Danone, Bridgestone, Mabe, Volkswagen y Canale son sólo algunas de las empresas más conocidas que han adoptado decisiones sobre el personal.

Es dinámica no se detiene. En estas horas, nuevas situaciones de incertidumbres podrían terminar en más despidos. Es, por ejemplo, el caso de la compañía Mercedes Benz en su planta de Virrey del Pino, La Matanza.

En conclusión, el deterioro de la situación social, el aumento de la pobreza y el crecimiento de la indigencia, son variables dependientes de las principales políticas que sostienen el modelo de política económica que se inició hace poco más de nueve meses con el Gobierno de Milei.

Hay que destacar que, en opinión de este Instituto, aún en el caso de una eventual mejora de las principales variables fiscales y macroeconómicas, la situación social no tiene posibilidad de recomponerse en los próximos meses.

Señor Director:

Con el proyecto de Ley Ómnibus, el gobierno de Javier Milei y Federico Sturzenegger exige que el Congreso delegue en el Poder Ejecutivo Nacional facultades legislativas en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética y sanitaria.

En principio, esa delegación de facultades sería por dos años, pero la propia ley prevé que se extienda por dos ejercicios anuales más, hasta completar el mandato presidencial en 2027.

Pero lo que está pasando desapercibido es que Milei ya diseñó un sistema para reemplazar al Congreso.

Quiere que los nuevos funcionarios de su gobierno, antes de emitir las normas de alto impacto social que adopten en reemplazo de las funciones del Poder Legislativo, las “sometan” a la opinión ciudadana a través de un portal digital estatal, próximo a crearse.

De aprobarse la propuesta, Milei ejecutará un fujimorazo digital a través de un mecanismo que ellos mismos denominan “instancia de participación ciudadana”; pero que será un mero portal web.

Sería un verdadero golpe institucional, ya que el Congreso pretende ser reemplazado por un funcionario individual que adopta normas bajo el maquillaje “democrático” de una supuesta “participación ciudadana” por la vía digital. Los diputados y senadores elegidos por el pueblo, sobran.

En efecto, en el artículo 12, inciso C, del proyecto de Ley Ómnibus se estipula lo siguiente: “Previo a la emisión de una norma de alcance general con alto impacto ciudadano, la autoridad competente podrá, a través de un portal digital, publicar la propuesta de norma a emitirse y abrir una instancia de participación ciudadana para recibir comentarios sobre la misma”.

Si la Ley Ómnibus se aprueba en estos términos, un funcionario a cargo de la política previsional podrá decidir, por ejemplo, subir en cinco años la edad jubilatoria y que se termine el sistema de reparto para que vuelvan las AFJP.

La justificación “democrática” de tamaña decisión será que antes de emitir la norma que cambia el sistema jubilatorio de millones de argentinos, el Gobierno “abrió una instancia de participación ciudadana para recibir comentarios” sobre esa iniciativa, tal como se establece en la ley. El Congreso no tendría ninguna participación.

Medidas similares podrían adoptarse en materia tarifaria para aumentar el precio de la luz, el gas, el agua y el transporte; o para tomar más deuda externa simplemente recibiendo comentarios a través del portal digital; y, tal vez, para multiplicar el gasto en Defensa y Seguridad, aprobando compras millonarias de armamento en el exterior del país sin que el Congreso se inmiscuya, como ya lo planean los ministros Luis Petri y Patricia Bullrich.

Alejandro “Topo” Rodríguez

Director del Instituto Consenso Federal

En la Argentina liberal libertaria que conduce Javier Milei, hay un tema de debate que asoma con fuerza: el pleno aprovechamiento de los recursos naturales y su integración a procesos de agregado de valor.

Especialmente importante resulta el caso del litio, mineral fundamental para el avance de los sistemas de almacenamiento energético que sostienen la electromovilidad y el funcionamiento de las nuevas tecnologías en todo el mundo. Por eso su demanda es creciente y su manejo estratégico.

El Presidente Milei ya definió las prioridades en esa materia. Quiere que Argentina cambie sus marcos jurídicos para que empresas y empresarios extranjeros, en especial Elon Musk, avancen en el negocio del litio argentino. Esa es su política.

Resulta llamativa su preocupación, porque hace ya tiempo que empresas extranjeras invierten en litio en el norte argentino y algunas de ellas -norteamericanas incluidas- se encuentran en fase de producción, han comenzado a comercializar y podrían aumentar sus inversiones.

Nuestro país ocupa la cuarta posición global en el ranking de productores mundiales de litio y ya operan aquí tres proyectos en fase de producción, con empresas nacionales y extranjeras: de Estados Unidos (Livent) y de Australia (Alikem), además de una sociedad argentina en la que tienen acciones una empresa canadiense y una china.

Por otra parte, unos 35 proyectos están avanzando con inversiones pero aún sin haber iniciado la fase productiva.

Hasta el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se ha involucrado. A través de BIDInvest, ya se está financiando un proyecto de litio en Catamarca, denominado “Sal de Vida”.

Pero Milei y los libertarios prefieren no registrar esa realidad. Están embarcados en un proyecto más amplio, que supone otorgar garantías direccionadas de negocios en distintas áreas de la actividad económica y comercial argentina. No es “el mercado”, por cierto, el ordenador de esas decisiones.

En el caso del litio, lo que se decida y ejecute en los próximos dos años puede marcar el destino de ese recurso argentino, propiedad de las provincias.

Se sabe que Milei intentará ejercer presiones para abrir la cancha a los negocios que ya anunció. Ante ello, no sirve sólo oponerse sin más. Corresponde tener una respuesta seria, racional y rápida.

Varias provincias argentinas, propietarias del litio, pueden asociarse para constituir una empresa estatal. La empresa federal de litio argentino.

Por cierto, ya existe YPF Litio S.A., pero los libertarios tienen decidido hundirla.

La idea no es nueva ni original. India, Arabia Saudita, Turquía y Rusia son algunos de los países que cuentan con empresas estatales de litio.

Bolivia tiene también su empresa estatal, Yacimientos de Litio Bolivianos (YTB), creada en 2017 bajo la dependencia del Ministerio de Energía.

México cuenta con LitioMx (Litio para México), un organismo estatal creado hace dos años para la exploración y explotación del litio mexicano.

En Chile ya están en marcha los planes para que la estatal CODELCO (especializada en cobre) y la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), expandan con más fuerza sus actividades hacia el sector del litio.

Y en nuestro país, existen y funcionan dos empresas estatales provinciales de litio: Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), y Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN).

Ambas podrían asociarse con EMSE, de La Rioja (Energía y Minería Sociedad del Estado), y con REMSa S.A. de Salta (Recursos Energéticos y Mineros de Salta, S.A.), de capital estatal mayoritario.

¿Para qué armar una empresa federal de litio en Argentina? Principalmente para neutralizar o ponerle límites a una política pública primaria de entrega. Así de sencillo.

La nueva empresa, en manos de las provincias pioneras, podrá:

- Definir una estrategia de integración productiva con la cadena de valor. Si no se pudiera llegar hasta la producción integral de baterías, al menos avanzar hasta empalmar con la fabricación de algunos de sus componentes.

- Decidir asociarse a capitales privados, nacionales o extranjeros, seleccionando de manera exigente en qué proyectos de inversión participar. Esto ya lo hacen algunas provincias que cuentan con empresas públicas de litio.

- Abrir su propio capital accionario al sector privado, nacional o extranjero, asegurando siempre un mínimo del 51% de participación estatal provincial.

Las provincias argentinas son las propietarias del litio. Nuestro país tiene más del 20% de las reservas de ese mineral. No se puede entregar ese potencial de desarrollo a la propuesta bruta y antigua de los liberales libertarios.

Hay una alternativa racional con sentido estratégico, moderna, eficiente y rentable, tanto en términos económicos como sociales y ambientales. La Empresa Federal de Litio Argentino.

La dolarización es, y ha sido, una extraordinaria excepción en América Latina. Y siempre se aplicó en países con sistemas de gobierno unitario, nunca en el federalismo, cuya gobernabilidad es más compleja y desafiante. En noviembre de 1903, el proceso que culminó por independizar a Panamá de Colombia no estuvo disociado del interés de Estados Unidos por la construcción de un canal que conectara el Océano Atlántico con las aguas del Pacífico.

La dolarización panameña, adoptada en 1904, tampoco fue ajena a los intereses comerciales que revolucionarían el comercio marítimo a través de lo que sería el Canal de Panamá.

De esa manera, uno de los tres países de América Latina que adoptó el dólar estadounidense como moneda, lo hizo en el contexto de una estrategia comercial y geopolítica, no en el marco de una crisis, hace ya 120 años.

Casi cien años después, también El Salvador dolarizó su economía por razones distintas a las de una crisis. Intereses comerciales y la intención de buscar un tratado de libre comercio con Estados Unidos empujaron la decisión, puesta en marcha a partir del primer día del año 2001, con la entrada en vigencia de la denominada Ley de Integración Monetaria.

Sólo un país de la región adoptó el dólar en medio de una crisis profunda; fue Ecuador. Lo hizo el 9 de enero de 2001, bajo la presidencia de Jamil Mahuad, que pocos días después se vería obligado a dejar el poder.

Hay, sin embargo, un componente institucional medular que asimila a los tres “dolarizados” de América Latina: Panamá, Ecuador y El Salvador son países unitarios. Así lo establecen sus normas constitucionales.

En los tres casos, las autoridades de los estados subnacionales, que equivalen a las provincias en el federalismo argentino, son designadas y conducidas por el poder central. Se trata de funcionarios delegados del poder ejecutivo nacional.

No es el caso de la Argentina, que “adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal” en el primer artículo de la Constitución Nacional.

Así, las decisiones del gobierno central “conviven” necesariamente con las políticas que formulan veintitrés provincias y una Ciudad Autónoma, cuyas autoridades ejecutivas son elegidas por el voto popular y cuentan -mayoritariamente- con el derecho de al menos una reelección, tienen poderes legislativos elegidos también democráticamente, poderes judiciales propios y organismos de control en sus jurisdicciones, así como sistemas tributarios y de recaudación diferentes a los nacionales.

Si bien la propia Constitución atribuye materias específicas al dominio decisorio del gobierno central y, en otros casos, al de las provincias, lo cierto es que existe una multiplicidad de casos en los que se requieren acuerdos explícitos entre los distintos niveles jurisdiccionales para que las decisiones adoptadas sean legítimas.

Cuestión aparte y no menos significativa resulta la imperiosa necesidad de coordinación entre Nación y provincias, especialmente en lo que concierne a la implementación de políticas. A ello contribuye una variedad de consejos federales y órganos ad-hoc por áreas, que reúnen a funcionarios del gobierno central y de las provincias.

En rigor, las diferencias entre los sistemas unitarios y los federales, a la hora de adoptar e implementar políticas, son tan profundas que ni siquiera los expertos terminan de dar cuenta completa de ellas.

En el federalismo argentino, la moneda y el manejo de la deuda exterior son potestad exclusiva de la Nación, lo que haría presumir que si un gobierno se embarcara en una política de dolarización no habría margen para que, desde las provincias, surjan interferencias o solapamientos de ningún tipo. Sin embargo, la dinámica realidad institucional argentina puede comportarse de un modo distinto a las presunciones que de ella se tienen.

La historia reciente merece ponderar algunas advertencias al respecto.

Hay que consignar que sobre finales de la Convertibilidad, en los años 2000 y 2001, llegaron a circular legalmente en Argentina más de una decena de cuasimonedas emitidas por los estados provinciales, que se multiplicaron en la medida que se mantenían las rigideces e insuficiencias de la política económica vigente.

Conviene destacar que inicialmente muchos de esos bonos sirvieron como medio de pago para abonar a proveedores, luego también se usaron para atender las remuneraciones al personal y a los jubilados y, más tarde, se extendió su uso a todo tipo de transacciones comerciales, cumpliendo parcialmente el rol análogo a una moneda en términos transaccionales.

Algo queda por advertir y su importancia es vertebral: en algunos días de 2001 y de 2002, con la cuasimoneda de la Provincia de Buenos Aires denominada “Patacón”, que por distintas razones -extensas de desarrollar aquí- logró cotizar 1 a 1 con el peso, se podían comprar dólares en el mercado informal del microcentro de la ciudad de Buenos Aires. Sí, se compraban billetes de dólares -al tipo de cambio informal- con “billetes” de patacones.

Lograda la normalización de la situación económica argentina, se generaron las condiciones para terminar con las cuasimonedas.

Sobre el final del gobierno de Eduardo Duhalde, con Roberto Lavagna al timón de la economía, el crecimiento económico rozaba el 9% anual, la producción y el empleo aumentaban exponencialmente y la inflación estaba seriamente controlada, mientras la soja todavía cotizaba a menos de la mitad de lo que llegó a valer durante las presidencias de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner y de Mauricio Macri.

En ese marco, al iniciar el proceso de canje por pesos de todas las cuasimonedas circulantes, el propio Lavagna -junto al Secretario de Hacienda Jorge Sarghini- anunciaba la vigencia plena de la moneda nacional destacando que la “reunificación monetaria significará que quienes cobran salarios y jubilaciones en las administraciones provinciales podrán hacerlo en una moneda de circulación única y, sin duda, eso tendrá un efecto positivo sobre las economías provinciales".

En esa época, también andaban dando vueltas los promotores de la dolarización. Viudos de la Convertibilidad, financistas empedernidos o académicos voluntariosos pero siempre extraviados, varios de ellos combinaban la receta dolarizadora con la desaparición de los bancos en el país, dando paso a una banca off shore.

Hubo quienes llegaron a considerar la propuesta de establecer en el país un gobierno de tecnócratas extranjeros que asumieran directamente el manejo de áreas críticas como el control del gasto público, la administración impositiva y tributaria, y la emisión. Luego de un período de “intervención”, los “cráneos” nos pondrían a merced de una asistencia de organismos internacionales, pero con la garantía de haber realizado ellos “el trabajo previo”.

Veinte años después, la ola dolarizadora recupera bríos y enamora a desprevenidos o desesperanzados. Habría que advertirles, con respeto, que Panamá, Ecuador y El Salvador no pueden compararse con Argentina. Que aquí, en el federalismo, las provincias son gobernadas por autoridades elegidas por el voto popular y en ocasiones toman decisiones distintas o contrapuestas al gobierno central.

Habrá que recordarles que en el pasado reciente muchas provincias reaccionaron al corset de la Convertibilidad emitiendo bonos provinciales, que cumplieron funciones similares a las de la moneda oficial.

En fin, que gobernar el federalismo es significativamente más complejo que mandar en los sistemas unitarios. Y que una política de dolarización requeriría algo más que tener ganas de hacer promesas.

No sea cosa que yendo por lana terminemos esquilados. Van por la dolarización, pueden resucitar el Patacón.