El Observatorio Vial dio a conocer el informe correspondiente al segundo trimestre de 2026, que registró un total de 311 siniestros viales. En esos hechos estuvieron involucrados 876 vehículos y 32 peatones, cifras que representan un leve incremento respecto del primer trimestre, cuando se habían contabilizado 293 eventos, 820 vehículos y 29 peatones involucrados.

El trabajo estadístico muestra que la actividad se mantuvo estable durante los tres meses del período analizado. Abril concentró 98 hechos (32 por ciento), mayo alcanzó 107 (34 por ciento) y junio cerró con 106 registros (34 por ciento), sin grandes oscilaciones entre un mes y otro.

En cuanto a los vehículos involucrados, los automóviles volvieron a representar la mayor proporción, con el 38,1 por ciento del total, seguidos por las motocicletas, con el 32 por ciento, las camionetas (17,1 por ciento) y las bicicletas (4,5 por ciento). El resto correspondió a peatones, vehículos de carga, transporte de pasajeros y cuatriciclos.

En comparación con el primer informe del año, la participación de automóviles creció levemente, al igual que la de motocicletas, mientras que descendió la incidencia de camionetas y bicicletas.

Los hechos durante los fines de semana

El informe indica que 197 siniestros ocurrieron durante el período diurno, comprendido entre las 7 y las 19.59, mientras que 114 se registraron durante la noche. Si bien el día concentró la mayor cantidad de hechos, el incremento respecto del trimestre anterior se explicó principalmente por el aumento de los episodios nocturnos.

Uno de los cambios más notorios apareció en la distribución por días de la semana. Mientras que entre enero y marzo la mayor cantidad de registros se concentró en lunes, martes y domingo, durante el segundo trimestre el mayor número de siniestros pasó a registrarse viernes, sábado y domingo, consolidando el fin de semana como el período de mayor siniestralidad.

En promedio, el Observatorio Vial contabilizó 44 eventos por semana, frente a los 42 registrados durante el primer trimestre.

Las colisiones, el principal tipo de siniestro

Las colisiones entre vehículos representaron el 58 por ciento de los hechos registrados, con 180 casos, y volvieron a ubicarse muy por encima del resto de las categorías.

En segundo lugar aparecieron los choques contra objetos fijos, con el 15 por ciento (47 hechos), mientras que las caídas desde vehículos representaron el 14 por ciento (44 casos).

Respecto del primer trimestre, las colisiones aumentaron dos puntos porcentuales, mientras que las caídas desde vehículos redujeron su participación, pasando del 19 al 14 por ciento.

En cuanto al lugar donde ocurrieron los hechos, el 57 por ciento se produjo en calles de la ciudad, el 34 por ciento en avenidas, el siete por ciento sobre rutas nacionales, el uno por ciento en rutas provinciales y otro uno por ciento en caminos rurales.

Por configuración de la vía, otra de las categorías que contempla el Observatorio Vial, el 45 por ciento de los eventos ocurrió en tramos rectos y el 37 por ciento en intersecciones, mientras que el ocho por ciento se registró en mitad de cuadra. El resto corresponde a otras configuraciones con una incidencia inferior al cinco por ciento.

Respecto del material de la calzada, el 82 por ciento de los siniestros ocurrió sobre asfalto, el 12 por ciento sobre adoquines y el cuatro por ciento en calles de tierra.

La amplia mayoría de los hechos volvió a concentrarse en el área urbana. Del total de registros, 299 siniestros (97 por ciento) ocurrieron dentro de la ciudad y 12 (tres por ciento) en el sector rural. Esta participación urbana creció respecto del primer trimestre, cuando representaba el 94 por ciento del total.

Lesiones y causas

En relación con las consecuencias de los siniestros, el informe señala que el 65 por ciento de los eventos dejó personas ilesas o con lesiones que no requirieron atención urgente. En tanto, el 29 por ciento presentó heridos leves, mientras que los casos clasificados como de riesgo de vida representaron el dos por ciento y aquellos con urgencia mayor alcanzaron el uno por ciento.

En cuanto a las causas, la categoría “no se puede determinar” concentró el mayor porcentaje de los registros, con el 22,27 por ciento. Entre las causas identificables sobresalieron la pérdida de control del vehículo (19,21 por ciento), la distracción (14,19 por ciento), el exceso de velocidad (11,35 por ciento), las maniobras peligrosas (11,14 por ciento) y el incumplimiento de la prioridad de paso (8,3 por ciento).

La comparación con el primer trimestre muestra algunos cambios relevantes. Aunque la pérdida de control continúa siendo el principal factor identificado, su incidencia descendió respecto de los primeros meses del año.

En contrapartida, crecieron de manera significativa la distracción y el exceso de velocidad, dos variables que ganaron peso entre las causas asociadas a los siniestros registrados entre abril y junio.

En el marco de la revisión del Plan de Desarrollo Territorial (PDT), que se encamina a cumplir 20 años desde su sanción, el Gobierno comunal y representantes de colegios profesionales mantuvieron la tercera reunión de trabajo en la que analizaron las principales coincidencias y presentaron los lineamientos del documento preliminar que sintetiza las propuestas y ejes de trabajo para actualizar la ordenanza.

En diálogo con El Eco de Tandil, el exsecretario de Obras Públicas, Mario Civalleri, convocado por el Ejecutivo para formar parte de la discusión, explicó que el texto busca establecer los lineamientos principales para iniciar una etapa de debate más participativo.

Participaron del encuentro que se celebró ayer el secretario de Gobierno, Miguel Lunghi (h); el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse; la subsecretaria de Coordinación, Guillermina Cadona; y la directora de Catastro y Ordenamiento Territorial, Marina Santos.

En representación del Colegio de Arquitectos estuvieron Fernanda Cuevas y Virginia López Rogero; por el Colegio de Ingenieros, Sergio Vergara, Marta De Rico y Hernán Alonso; por el Colegio de Técnicos, Matías Maña y Martín Retondo; y por el Colegio de Agrimensores, Renata Di Battista y Paula Molina. También participaron Fabricio Stampone, en representación de la Usina, y los directores de Vialidad, Mauro Ortega, y de Obras Sanitarias, Santiago Romero.

Documento preliminar

El documento fue entregado a las entidades profesionales para su análisis antes de ser validado como punto de partida. Según detalló el exfuncionario, los colegios tienen un plazo de diez días para sugerir modificaciones antes que el borrador se transforme en la hoja de ruta oficial para el resto del año.

El documento preliminar refleja las coincidencias de las presentaciones de los colegios, que reflejaron una visión “compacta y uniforme” respecto de los ejes a recorrer y sobre el funcionamiento que tuvo la normativa durante las últimas dos décadas, reconociendo tanto sus aciertos en la preservación del crecimiento como las áreas que requieren una actualización urgente ante la nueva realidad demográfica.

Entre los temas incorporados al documento aparecen, además, la gestión de los desagües pluviales y la permeabilidad del suelo urbano, la revisión de zonificaciones, densidades y alturas según las características de cada sector; la protección de las áreas de valor ambiental; la conectividad entre el norte y el sur de la ciudad; y la necesidad de contar con una perspectiva de planificación de largo plazo.

Los aportes también reflejan propuestas y enfoques propios de cada disciplina. Los agrimensores profundizaron aspectos relacionados con la delimitación parcelaria y el área rural; los arquitectos incorporaron una mirada integral sobre el hábitat, la movilidad y el vínculo entre la ciudad y las sierras; los ingenieros aportaron consideraciones técnicas vinculadas con la infraestructura, los impactos y los requisitos de control; y los técnicos sumaron una lectura histórica del crecimiento de Tandil y las propuestas recogidas entre sus matriculados.

Los ejes técnicos

“Ese documento tiene como idea generar un punto de partida sobre lo cual empezar a conversar”, afirmó y aclaró que ninguna de las propuestas inspiradas “tiene un estudio profundo o particularizado sobre cómo implementar la idea”. Es, en definitiva, “una propuesta de mirada a futuro sobre lo que consideran que el plan debería incorporar”.

En esa línea, uno de los puntos del debate gira en torno a la necesidad de profundizar el proceso de densificación en aquellas áreas que ya cuentan con servicios de infraestructura. Civalleri señaló que hubo un acuerdo generalizado en insistir en parámetros como el índice de permeabilidad y el factor de ocupación de suelo (FOS). La intención es evitar que la ciudad se extienda de forma indefinida y costosa, priorizando los vacíos urbanos existentes.

Otro tema que generó consenso entre los profesionales fue la revisión de la protección de la zona serrana. En este sentido, los colegios plantearon que la herramienta de la cota 220 por sí sola ya “no resulta suficiente” como criterio único de preservación.

La propuesta ahora se orienta a incorporar una visión ambiental más amplia que trascienda lo altimétrico, especialmente en las zonas de confluencia del área urbana con el pie de sierra. “Hay propuestas uniformes en ese sentido”, adelantó el exsecretario.

Además, los especialistas pusieron sobre la mesa la problemática de la Ruta Nacional 226 y su rol como barrera urbana. La ruptura que produce este trazado vial es uno de los “ocho o nueve” puntos críticos que el nuevo PDT deberá resolver con miras al Tandil de las próximas dos décadas.

El edil destacó que, si bien cada colegio tiene una mirada sesgada por su formación -los ingenieros en la infraestructura dura, los agrimensores en la subdivisión de la tierra y los arquitectos en el urbanismo y la movilidad-, todos coincidieron en que el plan debe ser una herramienta dinámica.

Hacia una convocatoria más amplia

Con el diagnóstico técnico avanzado, el siguiente paso del Ejecutivo será abrir la convocatoria hacia representantes de la política tandilense. “El proceso pretende ser participativo”, aseguró.

Civalleri adelantó que en un plazo de dos o tres semanas se convocará a las fuerzas políticas con representación en el Concejo Deliberante y a diversas instituciones civiles que manifestaron interés en el debate.

“Cualquier proceso de este tipo requiere una acumulación de conocimiento y un diagnóstico antes de pasar a la acción”, resumió Civalleri durante la entrevista.

Desde esa perspectiva, la etapa preliminar es “razonable” en los términos en los que planteó la administración comunal por participación de sectores que están “muy compenetrados” con el PDT.

Una vez superada esta instancia, los demás actores de la sociedad deben incorporarse en el momento en que “haya que plantear la visión de qué es lo que queremos como modelo de ciudad”.

“Estamos recorriendo un camino interesante donde nadie debe tratar de sacar ventajas políticas; es cuestión de elaborar un plan para Tandil”, sentenció.

Para el exfuncionario, el hecho de transcurrir un año no electoral representa una oportunidad para debatir sin las presiones de la campaña. El objetivo es que la gestión que asuma en el año 2027 reciba una normativa saldada y con un fuerte respaldo institucional.

El concejal fue enfático al solicitar que ningún sector intente sacar ventaja política de este proceso. “No es un logro que tenga que tener un gobierno; lo que tenemos que ver es si logramos un plan reformulado para Tandil”, subrayó.

Finalmente, remarcó que todas las voces serán escuchadas, aunque advirtió que el debate debe ser ordenado para no caer en un proceso que no conduzca a resultados concretos.

De este modo, la ciudad se encamina a una actualización normativa estructural que buscará equilibrar la demanda con la protección del entorno natural que define la identidad de Tandil.

El debate por las reservas de estacionamiento en la vía pública continúa activo en el primer piso de la Municipalidad con dos propuestas legislativas sobre la mesa. Los bloques de Acción Tandilense - La Libertad Avanza y de la Unión Cívica Radical presentaron de manera independiente proyectos de ordenanza que buscan actualizar la normativa vigente por un esquema más ordenado y restrictivo. Ambos textos se encuentran actualmente en tratamiento en la Comisión de Transporte y Tránsito.

La discusión no surgió de la nada. En los primeros meses del año, el espacio legislativo acumuló más de 20 pedidos de reserva de espacio, una cifra que llevó a pausar el tratamiento de los expedientes para repensar el encuadre.

A esto se sumó la proliferación de cordones amarillos pintados sin autorización en distintos sectores de la ciudad, una práctica que la presidenta de la comisión, Luján Fiego, salió a desalentar: “Ningún vecino puede pintar su cordón de amarillo”, advirtió ante El Eco Multimedios y recordó que esa tarea le corresponde al Municipio.

Sin embargo, la situación también tiene relación con el crecimiento urbano. La demanda sobre el espacio público se extendió más allá del microcentro hacia avenidas y barrios periféricos, mientras que la normativa vigente, considerada “muy laxa” y “permisiva”, no acompañó ese proceso.

La normativa que regula actualmente estos espacios es la Ordenanza 17.409, un encuadre que, según la mirada de los actuales integrantes de la comisión, quedó desfasada frente a la realidad de una ciudad que cambió su fisonomía y su densidad poblacional. 

Aunque los dos proyectos parten del mismo diagnóstico y comparten los pilares centrales del nuevo esquema, presentan diferencias de fondo que la comisión deberá resolver para avanzar hacia una normativa unificada que pueda llegar al recinto para su tratamiento. 

El proyecto del bloque Acción Tandilense – La Libertad Avanza establece como punto de partida que toda reserva de espacio público tendrá carácter excepcional, precario y revocable. “El uso prioritario de la calzada es colectivo y general”, establece el texto, que aclara que cualquier autorización a favor de un particular será de interpretación restrictiva y no generará derechos adquiridos.

“Toda autorización de uso exclusivo a favor de un particular será de interpretación restrictiva, excepcional y no generará derechos adquiridos, debiendo primar siempre el interés general y la fluidez del tránsito por sobre el beneficio individual”, enfatiza.

Para ordenar el esquema, define siete categorías de reservas con requisitos específicos para cada una: organismos oficiales y servicios públicos; personas con discapacidad; establecimientos educativos y centros de salud; carga y descarga; interés comunitario general; áreas de ascenso y descenso de uso común; y sectores exclusivos para motos, bicicletas y dispositivos de micromovilidad.

En materia de plazos, el esquema es diferenciado según la categoría. Las reservas para personas con discapacidad tendrán una vigencia máxima de dos años. En cambio, las destinadas a organismos oficiales, establecimientos educativos públicos y zonas de carga y descarga tendrán carácter permanente mientras subsistan las condiciones que las motivaron.

Para las dimensiones, el proyecto propone tres módulos: hasta seis metros para reservas individuales, hasta 12 para carga y descarga o zonas de alta rotación, y hasta 18 metros para casos excepcionales de escala institucional, que requerirán aprobación del Concejo.

La propuesta contempla además la creación de un Registro Único de Reservas, que centralizará toda la información de las autorizaciones vigentes, incluyendo datos del beneficiario, ubicación, dimensiones y estado del trámite.

En cuanto a los costos, las reservas para organismos del Estado, personas con discapacidad y establecimientos públicos estarán exentas de cánones. Las comerciales y privadas serán onerosas, con montos fijados anualmente por la Ordenanza Impositiva. La señalización estará a cargo del Municipio, pero los costos serán trasladados al beneficiario, salvo en los casos de discapacidad y espacios de uso común.

El proyecto del bloque de la UCR parte de un análisis general de la situación y de los inconvenientes que genera el esquema vigente, retoma la experiencia de otras ciudades, entre otras consideraciones, para luego proponer un enfoque que ofrece mayor margen para la reglamentación posterior.

“Resulta oportuno avanzar en una normativa que permita actualizar y ordenar el sistema de reservas de estacionamiento en la vía pública, estableciendo criterios claros para su otorgamiento, vigencia y revisión”, plantea.

Y agrega que la iniciativa busca garantizar una administración “más eficiente” del espacio público, contribuyendo a mejorar la organización del tránsito urbano y promoviendo un uso “más equitativo” de los recursos.

A diferencia del anterior, adopta un criterio uniforme para los plazos: todas las reservas tendrán una vigencia de dos años, tras la cual el titular deberá solicitar una renovación que será evaluada conforme a las condiciones vigentes al momento de la solicitud.

En materia de dimensiones, la UCR fija un límite general de 10 metros lineales para todas las categorías, con posibilidad de excepciones aprobadas por el Concejo en casos debidamente justificados.

Uno de los puntos que distingue a esta propuesta es la prohibición de otorgar reservas en las zonas donde funcione el sistema de estacionamiento medido, dado que esos sectores están destinados a “garantizar la rotación vehicular y el uso equitativo del espacio público”. Solo se admitirán excepciones para personas con discapacidad, servicios de emergencia u organismos públicos, y deberán ser aprobadas por ordenanza del Concejo.

Al igual que el otro proyecto, establece que la señalización estará a cargo del Departamento Ejecutivo y prohíbe la colocación de cartelería particular. También coincide en que las reservas para personas con discapacidad, servicios públicos e instituciones estatales estarán exentas de cánones, mientras que las vinculadas a actividades comerciales o privadas deberán abonar una tasa.

Más allá de las diferencias, los dos proyectos comparten los pilares centrales del nuevo esquema: carácter excepcional y precario de toda reserva, prohibición de pintar cordones por cuenta propia, reempadronamiento obligatorio de las reservas existentes en un plazo de 180 días y caducidad automática cuando desaparecen las condiciones que motivaron la autorización.

En ambos casos, el Concejo Deliberante conservará la potestad exclusiva de otorgar las autorizaciones y el Departamento Ejecutivo tendrá a su cargo el control y la fiscalización.

El desafío de la Comisión de Transporte y Tránsito será encontrar un punto de consenso entre ambas propuestas para avanzar hacia una normativa única que resuelva la problemática actual.

El Concejo Deliberante sancionó el pasado 28 de mayo la ordenanza 19.308/2026 mediante la cual autorizó a la asociación civil Punto Verde a instalar dispositivos de recepción de residuos reciclables en diversos puntos de la ciudad. La iniciativa estableció un marco de trabajo conjunto entre el sector civil y el Estado municipal para fortalecer la gestión de residuos en los barrios.

El proyecto contempla que la implementación se llevará a cabo de forma inicial en tres sectores específicos. Los espacios seleccionados fueron la plaza Ejército Argentino (delimitada por las calles San Francisco, Basílico y Nigro), la senda aeróbica y playón del Barrio Arco Iris (Corrientes, Sáenz Peña y Catamarca) y el skatepark ubicado en el barrio Procrear (sobre Trabajadores Municipales y Buenos Aires).

En principio, tendrá una vigencia de tres meses, plazo que funcionará como una etapa de diagnóstico y evaluación de impacto. Durante este tiempo, la asociación no solo deberá gestionar los residuos, sino que tendrá la obligación de realizar actividades didácticas de concientización sobre reciclaje destinadas a los vecinos de cada zona, con el fin de garantizar que el uso de los contenedores sea el correcto y se mantenga la separación en origen.

El Municipio, en tanto, colaborará con la logística de la organización al prestar el apoyo para el traslado de los grandes contenedores hacia los espacios públicos autorizados, facilitando el despliegue de la infraestructura requerida para este servicio.

La expectativa de la asociación es que, tras los primeros tres meses, los resultados demuestren que la comunidad de Tandil está preparada para cumplir con lo requerido. La expectativa es que cada espacio público cuente con sus propios contenedores de reciclaje, integrando el cuidado del medio ambiente a la vida cotidiana de los barrios.

En diálogo con El Eco de Tandil, María José Abásolo, referente de la ONG Punto Verde, celebró el paso que dio el proyecto y la posibilidad que abre de “poder demostrar que se puede” avanzar con acciones de ese tipo y compartió las expectativas de poder “seguir creciendo” hacia otros espacios públicos para que “cada plaza de Tandil tenga contenedores de reciclaje”.

El inicio de la experiencia

En primer lugar, explicó que la ordenanza autorizó la instalación de contenedores diseñados específicamente para la separación en origen de botellas plásticas, latas, tapitas y envases de vidrio, incluyendo tanto frascos como botellas.

La iniciativa forma parte de un proyecto denominado Mega Reciclaje y representa la culminación de un proceso que se inició el año pasado, cuando la organización obtuvo fondos a través del concurso Huella Joven para la construcción de estas estructuras.

A pesar de haber presentado la propuesta a finales de octubre frente a unos 400 alumnos en la Plaza Independencia, la implementación efectiva se demoró. La intención inicial de los voluntarios era ocupar espacios en áreas de alta circulación, pero finalmente se acordaron tres ubicaciones sugeridas por la Dirección de Espacios Verdes para iniciar la experiencia. “Hubiéramos preferido lugares más céntricos, pero aceptamos los tres espacios propuestos para el inicio de esta experiencia”, resaltó.

Según detalló Abásolo, esta etapa servirá para evaluar el comportamiento de la ciudadanía y la eficiencia del sistema de recolección propuesto.

La puesta en marcha del proyecto contó con la intervención de la Secretaría de Servicios, a cargo de Claudio Fuentes, con quien los integrantes de la organización mantuvieron diversas reuniones para avanzar con la elaboración del expediente legislativo.

Finalmente, la Secretaría de Gobierno elevó el pedido para que se convierta en ordenanza, estableciendo un plazo inicial de 90 días para el funcionamiento de los recipientes en la vía pública.

Una prueba piloto con enfoque educativo

El mantenimiento y vaciado de los contenedores quedará bajo la responsabilidad de Punto Verde. “Vamos a gestionarlos”, ratificó Abásolo sobre una decisión que buscó evitar inconvenientes en la tarea de monitoreo y de recolección semanal para garantizar el orden de los espacios.

El proyecto también tiene como componente la vinculación con las instituciones educativas. La organización planea contactar a las escuelas cercanas a las plazas donde se ubiquen los contenedores para realizar campañas de concientización y actividades didácticas.

El objetivo es que los vecinos del barrio “aprendan a utilizar correctamente” el dispositivo y se conviertan en promotores ambientales dentro de sus familias, minimizando así los errores en la disposición de los materiales.

La logística de traslado de las estructuras contará con el apoyo de la Secretaría de Servicios, dado que se trata de unidades de gran porte y peso. Una vez recolectados, los materiales serán enviados a plantas de reciclaje.

En el caso del plástico, la organización mantiene un sistema de clasificación y enfardado que permite enviar los recursos a empresas procesadoras en la ciudad de Buenos Aires, garantizando que el ciclo del reciclaje se complete de manera efectiva.

Diseño para concientizar

En otro pasaje de la entrevista, la responsable de la ONG apuntó que los nuevos contenedores no guardan similitud estética con los cestos tradicionales que se encuentran en ciudades como Buenos Aires o en capitales europeas. Fueron diseñados como piezas de arte urbano con el propósito de llamar la atención de los transeúntes y reducir el margen de error al momento de depositar los residuos.

Las estructuras –confeccionadas con los fondos de Huella Joven- tienen dimensiones de tres metros de largo por un metro y medio de alto, fabricadas con chapa desplegada que permite ver el contenido desde el exterior.

Abásolo destacó que la visibilidad es fundamental para el éxito del programa: “Creemos que ver lo que hay adentro minimiza los errores. Si ves que aquí van botellas y se mantiene solo con botellas, no se te ocurre tirar otra cosa”.

La elección de los materiales no fue casual, ya que se buscó que las unidades fueran resistentes al uso intensivo en la intemperie y que, a la vez, aportaran un valor estético a la plaza. Cada diseño busca interpelar al vecino de una forma distinta, promoviendo la curiosidad y el compromiso con el cuidado del entorno compartido. 

La necesidad de aplastar las botellas antes de depositarlas fue resaltada como una instrucción que figura en la señalética de las unidades. Al reducir el volumen del plástico, se logra que el espacio del contenedor rinda hasta tres veces más, optimizando los tiempos de recolección.

La comunidad educativa volvió a reunirse para conmemorar el Día de la Bandera en el acto que tuvo lugar ayer por la tarde en la Estación de Trenes, frente a un enorme mural con el símbolo patrio pintado por un artista local. En ese marco, unos 850 estudiantes de cuarto año de distintas escuelas primarias juraron lealtad a la Bandera, en una jornada de compromiso cívico.

El encuentro comenzó minutos después de las 14 cuando empezaron a sonar los acordes de “Sube”, la canción de Mercedes Sosa interpretada por la Banda Municipal. El escenario elegido, un espacio que desde 1883 funcionó como punto de encuentro y motor del desarrollo comunitario, prestó su carga simbólica para reunir a los protagonistas de la tarde.

El despliegue incluyó a las escuelas primarias 2, 5, 11, 21, 37, 56 y 58, junto a los centros de educación de adultos uno, tres y cuatro. También participaron la Escuela de Educación Primaria de Adultos 705, el Conservatorio de Música “Isaías Orbe” y el Instituto de Profesorado de Arte 4 “Escultor Carlos Allende”.

Entre las autoridades presentes estuvieron la jefa distrital de Educación, Daniela Urdampilleta; el jefe regional, Emanuel Benítez Mendiburu; consejeros escolares e inspectores, funcionarios y concejales. Un momento de especial calidez se vivió con el reconocimiento a los veteranos de la Guerra de Malvinas, cuya presencia fue recibida con un cerrado aplauso por parte de los asistentes.

Un grito unificado

Promediando la soleada tarde que anticipó el inicio del invierno, llegó el momento esperado. Bajo su guía, Daniela Urdampilleta dio lectura a la fórmula de la promesa después de solicitar a los padres liberar el espacio para que los alumnos pudieran llevar adelante la jura.

Con las banderas de ceremonia en alto y en un clima de respeto, se escuchó el texto que interpela a los jóvenes a ser fieles a los principios de libertad, igualdad y justicia.

Unos 850 niños de cuarto año respondieron con un “sí, prometo” unificado que resonó con fuerza en todo el predio ferroviario. El grito fue seguido por el aplauso de los presentes, mientras agitaban en alto los banderines celestes y blancos.

El valor de la educación pública

La directora de la Escuela Primaria 37, Gloria Kessler, fue la encargada de expresar las palabras alusivas en representación de las instituciones organizadoras. Durante su discurso, vinculó la figura del creador de la Bandera con la actualidad del sistema educativo. “Recordar a Belgrano es preguntarnos qué Patria queremos seguir construyendo y qué lugar ocupa la educación pública”, señaló la docente, tras recordar que el prócer fue un defensor de la enseñanza como herramienta de progreso.

Desde el escenario, hizo alusión a la responsabilidad de las aulas en la formación de ciudadanos comprometidos. “En tiempos donde predomina lo individual, nuestras escuelas continúan sosteniendo otra manera de construir sociedad”, afirmó.

Para la directora, la labor diaria debe centrarse en transmitir valores que promuevan el pensamiento crítico y el respeto por los derechos humanos. En ese sentido, concluyó que “educar también es enseñar a convivir y a escuchar”.

Por su parte, el jefe regional de Educación, Emanuel Benítez Mendiburu, compartió una reflexión vinculada a la fecha. Definió a la patria como “nuestra casa común” y subrayó que nadie se salva en soledad. “La verdadera nobleza está en agacharse a ofrecer el hombro a quien se ha caído”, reflexionó ante los niños y sus familias.

Benítez Mendiburu instó a los presentes a mantener una actitud activa frente a las dificultades del presente. “Los tiempos son difíciles, pero hoy frente a nuestra Bandera animémonos a la rebeldía de crear”, manifestó el funcionario.

Tras la jura, la representante de la Dirección General de Cultura y Educación, Mara Pérez, compartió unas breves palabras de cierre.

La producción apícola de Tandil volvió a ser noticia a nivel bonaerense a partir de la distinción que recibió el emprendimiento Los Cardales en el Concurso Provincial de Mieles, el certamen impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agrario.

El proyecto encabezado por Facundo Althabe y por Amalia Ponssa Otero logró el tercer puesto en la categoría Jóvenes Emprendedores Apícolas, un reconocimiento que no solo premia el sabor y la textura del producto, sino también el esfuerzo por mantener viva una actividad económica fundamental para la zona rural.

En la sexta edición del certamen provincial participaron 111 muestras provenientes de las siete regiones apícolas bonaerenses, definidas según sus características, y que fueron sometidas a análisis melisopalinológicos (estudio del polen) para determinar su origen botánico, estudios fisicoquímicos de color y humedad.

Las evaluaciones sensoriales fueron realizadas por un jurado integrado por especialistas del Ministerio de Desarrollo Agrario, el INTA, la Universidad Nacional de La Plata y consultores independientes.

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, anunció los ganadores del concurso, una iniciativa que busca promover la calidad de la producción apícola bonaerense, incentivar la adopción de buenas prácticas de manufactura y fomentar la diferenciación de las mieles a partir de sus características botánicas, sensoriales y fisicoquímicas.

El certamen contempló cinco categorías: mieles a granel líquidas, mieles a granel cristalizadas, mieles fraccionadas líquidas, mieles fraccionadas cristalizadas y Jóvenes Emprendedores Apícolas. En esta última clase quedó incluida la miel de Los Cardales, un proyecto que comenzó en 2019, aunque sus raíces se vinculan con una tradición familiar de más de 30 años.

Una historia de crecimiento y tradición familiar

En una entrevista con El Eco de Tandil, Althabe resaltó que este galardón representa un espaldarazo para un proyecto que nació con unas diez o 12 colmenas.

En esos primeros pasos, la producción se realizaba de manera artesanal, utilizando el galpón del abuelo de Facundo como centro de operaciones. Según relató el emprendedor, la extracción se hacía con “maquinaria muy limitada” y el destino final del producto eran los círculos cercanos, principalmente parientes y amigos.

Sin embargo, el punto de inflexión para el negocio se produjo en 2020. A pesar de las dificultades generales que impuso la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, el sector apícola experimentó una demanda de productos naturales, impulsada por los beneficios de la miel para la salud.

“Fue el momento de invertir más”, recordó Althabe, que detalló que ese contexto los empujó a construir una sala de extracción y fraccionado propia en Iraola.

Actualmente, el emprendimiento cuenta con colmenas distribuidas en zonas como Iraola, Egaña y el cruce Scarminacci, lo cual permite aprovechar las diferentes floraciones del ambiente.

Althabe hizo hincapié en que, a pesar del crecimiento en volumen, el proceso se mantiene fiel a su esencia natural: la miel se filtra, se coloca en tambores y, al momento de fraccionar, se derrite a baja temperatura para preservar todas sus propiedades.

El valor del reconocimiento

Para Althabe, el hecho de ser premiados en la categoría de jóvenes tiene un valor agregado, ya que en Tandil y la región “la mayoría de los productores llevan varios años” en el mercado, por lo que alertó soobre la falta “una renovación” generacional.

El emprendedor subrayó que la apicultura es una actividad “difícil de iniciar” si no se cuenta con un respaldo o legado familiar. Por este motivo, la distinción otorgada por la provincia de Buenos Aires busca fomentar el desarrollo de nuevos apicultores y darles un impulso.

“Año a año va creciendo la convocatoria del concurso, que dio muestra de la exposición que da presentarse y lograr una distinción”, destacó.

Esta no es la primera vez que el proyecto se destaca en este tipo de competencias. En 2022, Los Cardales Miel obtuvo el primer premio a la mejor miel fraccionada líquida de la provincia, y en 2024 volvió a repetir el tercer puesto en la categoría de Emprendedores Jóvenes.

“Siempre buscamos participar en estos concursos buscando una distinción”, enfatizó y agregó que el crecimiento de estas convocatorias impone un desafío de mejora constante. 

Althabe reconoció que estos logros son una forma de “reafirmar el horizonte” que se trazaron desde el comienzo, buscando mejorar el producto en un mercado cada vez más exigente.

“Nuestra idea es crecer, pero siendo conscientes de la escala que tenemos”, admitió. De allí, la decisión de “dar pasos firmes” en el proceso de expansión en marcha.

Actualmente, el producto se encuentra en comercios de la ciudad, pero también logró conquistar mercados en el sur argentino.

El trabajo institucional

El emprendimiento forma parte del grupo de Fraccionadores de Miel, una entidad que trabaja activamente para jerarquizar la actividad en la ciudad.

El entramado institucional que brinda soporte técnico y académico también incluye la labor de organismos como el INTA, el INTI, la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Unicen y la Cámara Agroindustrial.

Este acompañamiento es clave para “fortalecer el sello Miel de Tandil”, una marca que busca distinguir a la producción local.

Para Althabe, cada premio ratifica que el camino elegido es el correcto para seguir proyectando el nombre de Tandil hacia todo el país.

Mientras avanzan las tareas de montaje de la nueva planta de hormigón, ubicada en el predio de la Dirección de Vialidad, concejales de distintos bloques políticos recorrieron las instalaciones para conocer detalles del proyecto que fue el resultado del plan de inversión de los recursos obtenidos por la venta del inmueble municipal ubicado en Santamarina 450, donde funcionó el exCorralón y la Dirección de Servicios, que quedó en manos de Bahms SA, empresa del grupo Faro Verde en junio del año pasado.

La visita, que fue el resultado de una invitación extendida por el Departamento Ejecutivo a todos los bloques, tuvo lugar el martes por la mañana y contó con la participación de los concejales María Haydeé Condino, Andrea Pezzi y Matías Tringler; Severiano Mon, Rogelio Iparraguirre y Marilén Pogorzelski; Luján Fiego, Clara Ardura y Martiniano Corbetta.

Durante la jornada, los ediles de las bancadas de la Unión Cívica Radical, Fuerza Patria y Acción Tandilense - La Libertad Avanza pudieron interiorizarse sobre el funcionamiento técnico de la planta dosificadora a partir de las precisiones que compartieron el secretario de Obras Públicas, Luciano Lafosse, y el director de Vialidad, Mauro Ortega.

Para conocer las distintas miradas sobre el proyecto, El Eco de Tandil consultó a los concejales que participaron de la recorrida. Las respuestas reflejaron un consenso general sobre el valor técnico de la obra, aunque con matices a la hora de evaluar su alcance y el impacto que tendrá en la operatividad del Municipio.

Por su parte, Condino (UCR) calificó la inversión como una “nueva joya” para la ciudad y una herramienta que trascenderá a la gestión actual, y destacó el equipamiento del laboratorio de Vialidad, que permite medir con precisión la dureza y resistencia del hormigón según los requerimientos de cada obra. Para la edil, contar con producción propia permitirá abaratar los costos del asfalto y dinamizar la competencia entre las empresas privadas en las licitaciones de pavimentación.

En tanto, Fiego valoró la mayor capacidad operativa de la nueva planta frente a la estructura previa, pero remarcó que el esquema no estaría completo hasta que se adquiera también una planta de asfalto. Advirtió que “no hay un ciclo cerrado” y aclaró que su bloque continuará el seguimiento del uso de los fondos.

El concejal Rogelio Iparraguirre, de Fuerza Patria, calificó la obra como un “acierto” para la infraestructura urbana y destacó la eficiencia del sistema instalado.

El Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable 27.642, conocida popularmente como la Ley de Etiquetado Frontal.

El texto oficial argumenta que la aplicación de la normativa vigente, basada en los parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), evidenció severas “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas” que justifican su eliminación total.

En una entrevista con El Eco de Tandil, la nutricionista e investigadora de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC), Victoria Tiscornia, analizó el impacto positivo de la normativa vigente y manifestó su “preocupación” ante el debate sobre su posible eliminación.

Según destacó, existe “evidencia contundente” en el país que refleja que “la ley funciona”, que es “modelo” para la región y que demuestra su llegada a los consumidores: “La gente está usando los sellos, los comprende y modificó la conducta de compra”, enfatizó.

Entonces, comparó que “a nivel regional se está avanzando en esta línea”, por lo que “sería un retroceso que Argentina derogue una ley que es modelo internacional”, alertó y llamó a “priorizar la salud por sobre los intereses comerciales”.

La investigadora explicó que el objetivo central de la normativa aprobada en 2021 con 200 votos a favor y 22 en contra en Diputados, tras un proceso de debate que incluyó a industria, sociedad civil y organismos científicos, fue otorgar información y “empoderar” a los consumidores para que pudieran elegir libremente lo que deseaban ingerir.

La percepción ciudadana

A más datos, Tiscornia hizo referencia a un estudio realizado por la FIC junto con Unicef, el cual arrojó que el 90 por ciento de las personas coincide en que los sellos negros permiten identificar de forma rápida y sencilla los productos poco saludables.

Asimismo, indicó que “más de la mitad” de los encuestados modificó su intención de compra en categorías como bebidas, yogures y galletitas tras la implementación de los octógonos.

Los datos revelaron que se redujo la percepción de “saludable” en productos como cereales de desayuno y jugos. Según la especialista, los consumidores pensaban que estos artículos eran beneficiosos antes de la ley, pero una vez que aparecieron los sellos, advirtieron que contenían excesos de nutrientes críticos como azúcares o grasas saturadas. “Luego de implementada la ley, disminuyó la percepción de esas personas sobre los productos que pensaban que eran saludables”, y una vez que implementaron los sellos “se dieron cuenta que no lo eran”.

Este diagnóstico coincidió con un relevamiento del Ministerio de Salud de la Nación y otro estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA realizado a nivel nacional, que mostró que “casi el 80 por ciento de las personas modificó su decisión de compra y seis de cada diez redujeron o abandonaron el consumo de productos con sellos de advertencia”.

Para la integrante de la FIC, estos resultados atravesaron a todos los grupos etarios y niveles de ingresos, lo que reforzó la “capacidad del etiquetado frontal para promover decisiones alimentarias más saludables” de manera “equitativa y transversal” en toda la población argentina.

“Esto permite demostrar que el etiquetado es una herramienta que permite desenmascarar engaños al mostrar la verdadera composición nutricional de los productos”, afirmó.

Una protección para las infancias

En otro de los pasajes de la entrevista, Tiscornia puso especial foco en la “protección” que la ley brindó a los niños, niñas y adolescentes. Según los patrones alimentarios analizados, más del 35 por ciento de las calorías diarias que consumen las infancias provienen de productos procesados y ultraprocesados, una cifra que la ley buscó mitigar.

“Lo que se busca con el etiquetado es dar respuesta a este contexto de salud pública para promover una alimentación más saludable y disminuyendo el consumo de ultraprocesados”, enfatizó.

La especialista remarcó que se trató de una ley integral que no solo se limitó a los sellos, sino que también promovió “entornos escolares saludables”, dado que establece la prohibición del ingreso a las escuelas productos “con al menos un sello” y la obligatoriedad de la educación alimentaria nutricional en todos los establecimientos educativos del país.

Además, Tiscornia mencionó que la normativa reguló la publicidad de alimentos dirigida a las infancias. En este marco, prohibió que los productos con sellos incluyan personajes infantiles, regalos o cualquier otro “gancho comercial” que interpele directamente a una audiencia vulnerable a las estrategias de marketing de la industria alimentaria.

Adaptación de la industria

Respecto a la reacción del sector productivo, la nutricionista sostuvo que hubo una reformulación de productos por parte de la industria. Ejemplificó que ciertos quesos que inicialmente tenían sellos, tras cambios en sus ingredientes, lograron eliminarlos. “Es posible la reformulación y eso lo vemos hoy en la góndola”, aseguró.

A nivel regional, Argentina siguió el camino iniciado por Chile. En la actualidad, son más de nueve los países de la zona que implementaron políticas similares. En el caso chileno, se evidenció una reducción del 25 por ciento en la compra de bebidas azucaradas con sellos, lo que validó el éxito de la medida a largo plazo, según expuso la especialista.

Finalmente, Tiscornia advirtió que “no existen argumentos sanitarios que apoyen la derogación” y que más de 300 organizaciones firmaron una declaración en rechazo a esta intención. Para la investigadora, el Gobierno debería priorizar las políticas de salud por sobre los intereses comerciales, ya que la eliminación de la ley implicaría menos información para los ciudadanos y un fomento al consumo de productos ultraprocesados.

Los puntos principales y fundamentos del proyecto oficial

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, el proyecto consta de un articulado directo que establece la derogación de la Ley 27.642 en su totalidad, la cual entraría en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.

Esto incluye la quita de los octógonos negros de advertencia y las restricciones asociadas a publicidad, entornos escolares y uso de personajes infantiles en los envases.

El Gobierno señala que el modelo de perfil de nutrientes actual aplica parámetros homogéneos sobre matrices alimentarias muy diferentes, sin considerar las porciones reales consumidas ni la densidad nutricional.

Según el Ejecutivo, esto genera situaciones inconsistentes donde alimentos tradicionales y saludables reciben advertencias equivalentes a las de productos ultraprocesados, provocando “interpretaciones simplificadas o poco precisas” y confusión en el comprador.

La Casa Rosada argumenta que la estructura binaria del sistema (contiene o no contiene la advertencia) no premia los esfuerzos de las empresas por realizar mejoras parciales o graduales en la composición nutricional de sus productos dentro de una misma categoría.

El mensaje enviado al Parlamento advierte que la falta de armonización regional en materia de rotulado frontal genera trabas operativas dentro del Mercosur, obligando al sector a fabricar envases diferenciados.

Esta situación afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes), que enfrentan costos fijos de cumplimiento proporcionalmente más elevados, lo que podría incentivar la concentración del mercado.

Además, se cuestiona que numerosos aspectos metodológicos y técnicos hayan sido incluidos directamente en el cuerpo de la ley, lo que impide que el sistema se adapte de forma ágil y dinámica a los nuevos consensos científicos internacionales o a las actualizaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA).

Por otro lado, el Ejecutivo aclaró que la medida no elimina las obligaciones de información nutricional de los alimentos envasados. La declaración obligatoria de valor energético, azúcares, grasas y sodio continuará plenamente vigente bajo el Código Alimentario Argentino y el sistema armonizado del Mercosur (Resoluciones GMC 44/03 y 46/03), complementado por las leyes de lealtad comercial y defensa del consumidor.

Con este envío, el Gobierno solicitó al Congreso el “pronto tratamiento y sanción” de la norma para avanzar hacia un esquema que califica como “técnicamente más consistente, uniforme y adaptable”.

La crisis del transporte público de pasajeros continúa en la agenda legislativa. Esta semana, después de dos encuentros, la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante buscó destrabar el conflicto en medio de un debate que, hasta aquí, presenta tres ejes que exigen una resolución.

En diálogo con El Eco de Tandil, la concejal y presidenta del espacio legislativo, Luján Fiego (Acción Tandilense - La Libertad Avanza), realizó un balance de la situación y adelantó que para la semana que viene podría haber avances concretos en la discusión.

A más datos, abordaron detalles del pedido que elevó la Cámara de Transporte para definir un esquema de emergencia que reduzca frecuencias en una estrategia que implique el menor impacto posible a los usuarios.

Por otro, mantuvieron en análisis un pedido de aumento de emergencia impulsado por la entidad que nuclea a las seis empresas del sector y, finalmente, la definición de una nueva metodología para las futuras actualizaciones tarifarias, dado que la ordenanza que aplicó ajustes para la primera parte del año tuvo su última escala en mayo.

Asimismo, durante los encuentros analizaron los estudios de costos remitidos tanto por la entidad empresarial como por el Departamento Ejecutivo, herramienta que es utilizada como insumo para contrastar datos.

Mientras que las empresas plantearon un escenario de urgencia, el estudio de costos presentado arrojó un boleto medio a 2.421 pesos y el informe oficial de la Municipalidad incorporó una serie de variables basados en los datos que otorga la SUBE, como la cantidad de pasajeros, kilómetros recorridos, entre otros.

En virtud de ambos informes, la tarifa de mayo, fijada en 1.695 pesos, representa un “número de equilibrio” que permite, en términos generales, cubrir los costos operativos, aunque sin margen para la rentabilidad empresarial o la reinversión en unidades.

La presidenta de la comisión ratificó su postura al señalar que la discusión no debería agotarse en el valor del boleto exclusivamente mientras los vecinos padecen deficiencias en la prestación diaria.

Para la concejal, el debate debe incluir una mejora en las frecuencias, la limpieza de las unidades y la puesta en funcionamiento efectiva de las herramientas tecnológicas de información al pasajero, que hoy presentan fallas.

“Entendemos que hay que tomar una medida extraordinaria, distinta de lo habitual, creo que eso es unánime”, sentenció.

El proyecto de emergencia

Durante la última jornada los concejales también abordaron un expediente presentado por el espacio Fuerza Patria que propuso declarar la emergencia en el transporte público. Esta medida, de carácter excepcional, implicaría un cambio en la dinámica ya que otorgaría al Ejecutivo la facultad de fijar las tarifas de forma directa, circunstancia que le corresponde al Concejo Deliberante.

Fiego afirmó que “nunca se declaró la emergencia”, pese a que fue una solicitud que ya se había propuesto en anteriores oportunidades y aclaró que “lo que hemos hecho es darle la facultad con alguna consideración para el aumento de tarifas” para que se produzca de manera automática.

“En el momento en que vos declarás la emergencia, no tiene nada que ver el Concejo Deliberante con las decisiones”, advirtió la edil, subrayando que su bloque aún analiza las implicancias de ceder esa potestad al Ejecutivo local.

Hacia una definición

El consenso todavía parece lejano, aunque la concejal destacó que el clima de trabajo en la comisión fue constructivo. A diferencia de encuentros anteriores, Fiego valoró que existe una voluntad mayoritaria de avanzar hacia una solución que evite la paralización del servicio.

“Creo que estamos un poco más avanzados, por lo menos no estamos estancados como otras veces. Creo que tenemos principios de acuerdo”, dijo y planteó que, sobre esa base, existen “medidas que son urgentes y otras que son importantes para las que tenemos un poco más de tiempo, pero están relacionadas y no podemos desconocerlas”.

El próximo martes será un día clave, ya que se espera que el espacio legislativo tome una definición sobre el nuevo esquema. “Creo que el martes va a haber una primera definición”, anticipó.

“Entendemos la urgencia, pero el trabajo de la comisión está siendo bueno”, destacó y sumó como argumento que la nueva tarifa lleva 20 días de vigencia. Por eso, reconoció que “este momento, que es complejo, tiene que permitirnos seriamente analizar el tema del transporte público y no lo puede hacer el Concejo solamente”, sino que “tiene que estar el Ejecutivo, las empresa y SUMO”.

La posibilidad de alcanzar una unanimidad es baja, según admitió la presidenta de la comisión debido a las diferentes visiones sobre cómo debe financiarse el sistema.

Fiego concluyó que para el transporte en Tandil “históricamente todos los contextos son adversos”, por eso el debate debe ir más allá de la tarifa. “Sabemos que es un problema que tiene muchas aristas y caminos que confluyen en la tarifa. Estamos tratando de generar otros diálogos y respuestas que el vecino y la empresa necesita”, cerró.

El bloque de concejales de Fuerza Patria presentó un proyecto de ordenanza que busca declarar la emergencia del servicio de transporte público de pasajeros en el partido de Tandil. La medida, que planteó un plazo de vigencia de 12 meses, apunta a dotar al Ejecutivo de herramientas para enfrentar la crisis que atraviesa el sector, marcada por la eliminación de los subsidios y el incremento de los costos operativos.

La propuesta legislativa surge en un contexto complejo para las seis líneas que operan en la ciudad y que aún aguardan definiciones sobre una serie de plantes. Según los fundamentos del proyecto, el sistema de transporte local se encuentra en una situación de “estado crítico” derivada del “sostenido” aumento en los insumos básicos como combustibles, repuestos y seguros, sumado al impacto de los acuerdos salariales del sector.

Entre los considerandos, señala que el transporte público de pasajeros constituye un “servicio público esencial” para garantizar el “derecho a la movilidad, el acceso al trabajo, la educación, la salud, el comercio y demás actividades cotidianas de la comunidad”.

La propuesta se enceuntra en análisis y se suma a los ejes de discusión que ocupan actualmente la agenda de la Comisión de Transporte que preside Luján Fiego. Por un lado, el pedido que elevó la Cámara de Transporte para definir un esquema de emergencia que reduzca frecuencias en una estrategia que implique el menor impacto posible a los usuarios.

Por otro, el pedido de aumento de emergencia impulsado por la entidad que nuclea a las seis empresas del sector y, finalmente, la definición de una nueva metodología para las futuras actualizaciones tarifarias, dado que la ordenanza que aplicó ajustes para la primera parte del año tuvo su última escala en mayo.

El impacto de las políticas nacionales

Entre los argumentos que sustentan el proyecto, repasaron el rol del Estado nacional en el financiamiento del sistema. El texto subrayó que la eliminación del denominado “Fondo Compensador del Interior” por parte del Gobierno nacional despojó a los municipios de recursos que anteriormente asistían financieramente a las empresas prestatarias.

En simultáneo, plantearon que el Estado nacional “continúa percibiendo el impuesto a los combustibles líquidos” contemplados en la Ley 23.966 y normativa complementaria, tributo cuya recaudación se encuentra “vinculada al sostenimiento de políticas de infraestructura y compensación del transporte público”.

Asimismo, los autores de la iniciativa calificaron como “insuficiente” el régimen transitorio de subsidios puesto en marcha por el Gobierno bonaerense. En este sentido, el bloque opositor remarcó que la falta de políticas nacionales de fomento obligó a diversos municipios de la provincia de Buenos Aires a recurrir a la declaración de emergencia como recurso para “preservar” la continuidad de la prestación y proteger las fuentes laborales vinculadas al sector.

También expone la “preocupación institucional” ante la “falta de políticas nacionales” en materia de financiamiento del transporte público.

Los artículos

En su artículo primero, la propuesta de Fuerza Patria declara la emergencia del servicio público de transporte urbano de pasajeros en el partido de Tandil por el plazo de 12 meses contados a partir de la promulgación, y establece que el Departamento Ejecutivo podrá prorrogarla “ad referéndum” del Concejo Deliberante “en caso de mantenerse las condiciones que llevaron a su declaración inicial”.

En el siguiente punto, indica que la declaración de emergencia tendrá por objeto “garantizar la continuidad, regularidad, accesibilidad y sostenibilidad del servicio público de transporte urbano de pasajeros preservando el interés público comprometido y el acceso de los vecinos al sistema de movilidad urbana”.

A través del artículo tercero del proyecto de ordenanza, faculta al Departamento Ejecutivo, durante el período de emergencia, a adoptar “medidas extraordinarias, transitorias y excepcionales” tendientes a asegurar la prestación del servicio”.

Y enumera ente las posibilidades de acción la “readecuación y/o modificación de frecuencias y horarios de manera temporal interviniendo en el pliego de bases y condiciones del transporte público; la instrumentación de “mecanismos excepcionales de compensación económica, reasignación de partidas y asistencia financiera destinados a garantizar la continuidad del servicio” o la implementación de “medidas de reorganización operativa y administrativa” orientadas a la eficiencia y sostenibilidad del sistema.

En tanto, las facultades otorgadas “deberán ejercerse respetando los principios de razonabilidad, publicidad, transparencia, continuidad del servicio y protección de los derechos de los usuarios”, señala el artículo cuarto.

Luego, agrega que las decisiones y medidas adoptadas en el marco de las facultades enumeradas en el artículo tercero “deberán previamente trabajarse en la mesa de emergencia del transporte público de pasajeros”.

Entonces, el artículo sexto, crea la mesa de emergencia del transporte público de pasajeros, que estará integrada por un representante del Departamento Ejecutivo; un representante de cada bloque político del Concejo Deliberante; representantes de las empresas prestatarias; y representantes de trabajadores del sector”. El espacio tendrá “carácter consultivo y de seguimiento” de las medidas adoptadas durante la emergencia.

El artículo séptimo establece que el Ejecutivo “deberá remitir al Concejo, mientras dure la declaración de emergencia, de forma bimestral, un informe detallado”.

El documento deberá contemplar datos respecto de la situación económica y financiera del sistema; la evolución de costos operativos; las medidas adoptadas en el marco de la emergencia; las modificaciones de recorridos, frecuencias y horarios implementadas; y los recursos provinciales y nacionales gestionados y/o recibidos.

Finalmente, el último artículo, autoriza al Ejecutivo “a efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias” para el cumplimiento de la ordenanza propuesta.

Más considerandos

El proyecto de ordenanza incorpora entre los considerandos que el “aumento permanente” de combustibles, repuestos, seguros, mantenimiento de unidades y costos salariales torna “imprescindible” la adopción de “medidas extraordinarias” que permitan sostener el funcionamiento del sistema.

Además, apunta a que resulta “deber indelegable” del Estado municipal garantizar “condiciones mínimas de continuidad, regularidad y universalidad en la prestación del servicio” y justifica que la declaración de emergencia permitirá adoptar mecanismos “excepcionales, ágiles y transitorios” tendientes a preservar la prestación del servicio, proteger las fuentes laborales vinculadas al sector y evitar una afectación mayor a los usuarios del sistema.

La comunidad universitaria volvió ayer a ocupar las calles en una nueva edición de la Marcha Federal Universitaria. A 203 días de la sanción de la Ley de Financiamiento (27.795), estudiantes, docentes, investigadores y vecinos de la ciudad marcharon para reclamar el cumplimiento de la normativa aprobada por el Congreso nacional y ratificada tras el veto presidencial.

La movilización reflejó un fuerte respaldo al reunir a distintos sectores políticos, sindicales, sociales y académicos detrás de una consigna común: la defensa de la universidad pública y del sistema científico-tecnológico.

La concentración comenzó alrededor de las 17 en la esquina de Garibaldi y Rodríguez, donde una importante cantidad de personas se dio cita para manifestar su rechazo a las políticas nacionales que afectan el presupuesto de las casas de altos estudios.

La convocatoria fue amplia y heterogénea. Hubo representantes de los sindicatos docentes y no docentes de la Unicen (Adunce, ATE, Atuncpba), además de representantes del Conicet Tandil. También se sumaron agrupaciones como Amalu, Suteba, Flor de Murga, Casa Violeta, Patria Grande, Mala Junta, PTS y miembros del Comedor y del área de Extensión de la Unicen.

El carácter institucional de la movilización estuvo representado con la presencia del rector de la Unicen, Marcelo Aba, junto a la vicerrectora, Alicia Spinello, que encabezaron la movilización desde el principio hasta el final.

No obstante, el respaldo político fue otro de los datos salientes de la jornada. Entre los presentes estuvieron el intendente Miguel Lunghi, el diputado bonaerense Matías Civale y el exfuncionario Julio Elichiribehety. También participaron concejales de distintas fuerzas políticas, al presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Frolik, y el titular del Partido Justicialista, Darío Méndez.

El operativo de seguridad, que incluyó cortes a cargo de los agentes de Control Urbano Vehicular coordinados por personal policial, permitió el desarrollo de la marcha sin inconvenientes.

La movilización

Minutos después de las 17.30, la columna de personas inició su recorrido por Rodríguez. Los participantes se ubicaron detrás de una bandera que rezaba la consigna de la convocatoria: “Exigimos que se cumpla la ley”. Detrás, las autoridades universitarias y los gremios docentes y no docentes, que marcaron el paso hacia el microcentro.

Los manifestantes hicieron su primera escala al llegar a España, donde desplegaron banderas y reacomodaron filas antes avanzar por el adoquinado céntrico.

Los carteles que portaban algunos de los participantes reflejaron el mensaje y el descontento hacia el Ejecutivo nacional: “Milei tramposo, cumplí con la ley”, “Milei no sos rey, cumplí con la ley” y “la educación pública es política porque nos enseña a cuestionar y no a obedecer”.

El despliegue, que sumó el ritmo de los bombos y redoblantes de una murga local, captó la atención de vecinos y comerciantes que se asomaron a las veredas para observar la movilización y la amplia respuesta que logró en su cuarta edición.

El final

La segunda escala sucedió en la esquina de Rodríguez y Mitre. Allí, la movilización recibió el aplauso de un grupo de personas que esperaba en la esquina -entre quienes se encontraba el dirigente Carlos Fernández-, que se sumó y acompañó el último tramo del trayecto.

Alrededor de las 18.05, cuando la columna alcanzó la esquina de Pinto, la caída del sol transformó la estética de la protesta. Casi en silencio, las velas comenzaron a encenderse en la cabecera de la marcha, cumpliendo con la decisión de los organizadores.

Al doblar por Belgrano, el sonido de los bombos y redoblantes mermó para dar paso a un clima de respeto, con dos breves paradas adicionales donde se multiplicó el encendido de velas entre los asistentes.

En la esquina de Pinto y Chacabuco aguardaba otro nutrido grupo de vecinos frente a un escenario montado especialmente para la ocasión, donde se desarrolló el acto central. Sobre la fachada del histórico edifico del Rectorado de la Unicen, una enorme bandera sintetizaba el espíritu de la convocatoria con cuatro conceptos clave: “universidad, futuro, esperanza y educación”.

La llegada definitiva a este punto se produjo a las 18.25, bajo una atmósfera de compromiso institucional y social.

Los locutores del evento dieron la bienvenida formal a la cuarta marcha federal y agradecieron el acompañamiento de la comunidad tandilense. En la apertura, se hizo especial hincapié en el tiempo transcurrido sin respuestas oficiales, señalando que se cumplieron 203 días sin aplicar una ley votada por el Congreso nacional.

Tras la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino, las autoridades subieron al escenario y, de cara a una multitud, brindaron el mensaje.