El Concejo Deliberante sancionó el pasado 28 de mayo la ordenanza 19.308/2026 mediante la cual autorizó a la asociación civil Punto Verde a instalar dispositivos de recepción de residuos reciclables en diversos puntos de la ciudad. La iniciativa estableció un marco de trabajo conjunto entre el sector civil y el Estado municipal para fortalecer la gestión de residuos en los barrios.

El proyecto contempla que la implementación se llevará a cabo de forma inicial en tres sectores específicos. Los espacios seleccionados fueron la plaza Ejército Argentino (delimitada por las calles San Francisco, Basílico y Nigro), la senda aeróbica y playón del Barrio Arco Iris (Corrientes, Sáenz Peña y Catamarca) y el skatepark ubicado en el barrio Procrear (sobre Trabajadores Municipales y Buenos Aires).

En principio, tendrá una vigencia de tres meses, plazo que funcionará como una etapa de diagnóstico y evaluación de impacto. Durante este tiempo, la asociación no solo deberá gestionar los residuos, sino que tendrá la obligación de realizar actividades didácticas de concientización sobre reciclaje destinadas a los vecinos de cada zona, con el fin de garantizar que el uso de los contenedores sea el correcto y se mantenga la separación en origen.

El Municipio, en tanto, colaborará con la logística de la organización al prestar el apoyo para el traslado de los grandes contenedores hacia los espacios públicos autorizados, facilitando el despliegue de la infraestructura requerida para este servicio.

La expectativa de la asociación es que, tras los primeros tres meses, los resultados demuestren que la comunidad de Tandil está preparada para cumplir con lo requerido. La expectativa es que cada espacio público cuente con sus propios contenedores de reciclaje, integrando el cuidado del medio ambiente a la vida cotidiana de los barrios.

En diálogo con El Eco de Tandil, María José Abásolo, referente de la ONG Punto Verde, celebró el paso que dio el proyecto y la posibilidad que abre de “poder demostrar que se puede” avanzar con acciones de ese tipo y compartió las expectativas de poder “seguir creciendo” hacia otros espacios públicos para que “cada plaza de Tandil tenga contenedores de reciclaje”.

El inicio de la experiencia

En primer lugar, explicó que la ordenanza autorizó la instalación de contenedores diseñados específicamente para la separación en origen de botellas plásticas, latas, tapitas y envases de vidrio, incluyendo tanto frascos como botellas.

La iniciativa forma parte de un proyecto denominado Mega Reciclaje y representa la culminación de un proceso que se inició el año pasado, cuando la organización obtuvo fondos a través del concurso Huella Joven para la construcción de estas estructuras.

A pesar de haber presentado la propuesta a finales de octubre frente a unos 400 alumnos en la Plaza Independencia, la implementación efectiva se demoró. La intención inicial de los voluntarios era ocupar espacios en áreas de alta circulación, pero finalmente se acordaron tres ubicaciones sugeridas por la Dirección de Espacios Verdes para iniciar la experiencia. “Hubiéramos preferido lugares más céntricos, pero aceptamos los tres espacios propuestos para el inicio de esta experiencia”, resaltó.

Según detalló Abásolo, esta etapa servirá para evaluar el comportamiento de la ciudadanía y la eficiencia del sistema de recolección propuesto.

La puesta en marcha del proyecto contó con la intervención de la Secretaría de Servicios, a cargo de Claudio Fuentes, con quien los integrantes de la organización mantuvieron diversas reuniones para avanzar con la elaboración del expediente legislativo.

Finalmente, la Secretaría de Gobierno elevó el pedido para que se convierta en ordenanza, estableciendo un plazo inicial de 90 días para el funcionamiento de los recipientes en la vía pública.

Una prueba piloto con enfoque educativo

El mantenimiento y vaciado de los contenedores quedará bajo la responsabilidad de Punto Verde. “Vamos a gestionarlos”, ratificó Abásolo sobre una decisión que buscó evitar inconvenientes en la tarea de monitoreo y de recolección semanal para garantizar el orden de los espacios.

El proyecto también tiene como componente la vinculación con las instituciones educativas. La organización planea contactar a las escuelas cercanas a las plazas donde se ubiquen los contenedores para realizar campañas de concientización y actividades didácticas.

El objetivo es que los vecinos del barrio “aprendan a utilizar correctamente” el dispositivo y se conviertan en promotores ambientales dentro de sus familias, minimizando así los errores en la disposición de los materiales.

La logística de traslado de las estructuras contará con el apoyo de la Secretaría de Servicios, dado que se trata de unidades de gran porte y peso. Una vez recolectados, los materiales serán enviados a plantas de reciclaje.

En el caso del plástico, la organización mantiene un sistema de clasificación y enfardado que permite enviar los recursos a empresas procesadoras en la ciudad de Buenos Aires, garantizando que el ciclo del reciclaje se complete de manera efectiva.

Diseño para concientizar

En otro pasaje de la entrevista, la responsable de la ONG apuntó que los nuevos contenedores no guardan similitud estética con los cestos tradicionales que se encuentran en ciudades como Buenos Aires o en capitales europeas. Fueron diseñados como piezas de arte urbano con el propósito de llamar la atención de los transeúntes y reducir el margen de error al momento de depositar los residuos.

Las estructuras –confeccionadas con los fondos de Huella Joven- tienen dimensiones de tres metros de largo por un metro y medio de alto, fabricadas con chapa desplegada que permite ver el contenido desde el exterior.

Abásolo destacó que la visibilidad es fundamental para el éxito del programa: “Creemos que ver lo que hay adentro minimiza los errores. Si ves que aquí van botellas y se mantiene solo con botellas, no se te ocurre tirar otra cosa”.

La elección de los materiales no fue casual, ya que se buscó que las unidades fueran resistentes al uso intensivo en la intemperie y que, a la vez, aportaran un valor estético a la plaza. Cada diseño busca interpelar al vecino de una forma distinta, promoviendo la curiosidad y el compromiso con el cuidado del entorno compartido. 

La necesidad de aplastar las botellas antes de depositarlas fue resaltada como una instrucción que figura en la señalética de las unidades. Al reducir el volumen del plástico, se logra que el espacio del contenedor rinda hasta tres veces más, optimizando los tiempos de recolección.

La comunidad educativa volvió a reunirse para conmemorar el Día de la Bandera en el acto que tuvo lugar ayer por la tarde en la Estación de Trenes, frente a un enorme mural con el símbolo patrio pintado por un artista local. En ese marco, unos 850 estudiantes de cuarto año de distintas escuelas primarias juraron lealtad a la Bandera, en una jornada de compromiso cívico.

El encuentro comenzó minutos después de las 14 cuando empezaron a sonar los acordes de “Sube”, la canción de Mercedes Sosa interpretada por la Banda Municipal. El escenario elegido, un espacio que desde 1883 funcionó como punto de encuentro y motor del desarrollo comunitario, prestó su carga simbólica para reunir a los protagonistas de la tarde.

El despliegue incluyó a las escuelas primarias 2, 5, 11, 21, 37, 56 y 58, junto a los centros de educación de adultos uno, tres y cuatro. También participaron la Escuela de Educación Primaria de Adultos 705, el Conservatorio de Música “Isaías Orbe” y el Instituto de Profesorado de Arte 4 “Escultor Carlos Allende”.

Entre las autoridades presentes estuvieron la jefa distrital de Educación, Daniela Urdampilleta; el jefe regional, Emanuel Benítez Mendiburu; consejeros escolares e inspectores, funcionarios y concejales. Un momento de especial calidez se vivió con el reconocimiento a los veteranos de la Guerra de Malvinas, cuya presencia fue recibida con un cerrado aplauso por parte de los asistentes.

Un grito unificado

Promediando la soleada tarde que anticipó el inicio del invierno, llegó el momento esperado. Bajo su guía, Daniela Urdampilleta dio lectura a la fórmula de la promesa después de solicitar a los padres liberar el espacio para que los alumnos pudieran llevar adelante la jura.

Con las banderas de ceremonia en alto y en un clima de respeto, se escuchó el texto que interpela a los jóvenes a ser fieles a los principios de libertad, igualdad y justicia.

Unos 850 niños de cuarto año respondieron con un “sí, prometo” unificado que resonó con fuerza en todo el predio ferroviario. El grito fue seguido por el aplauso de los presentes, mientras agitaban en alto los banderines celestes y blancos.

El valor de la educación pública

La directora de la Escuela Primaria 37, Gloria Kessler, fue la encargada de expresar las palabras alusivas en representación de las instituciones organizadoras. Durante su discurso, vinculó la figura del creador de la Bandera con la actualidad del sistema educativo. “Recordar a Belgrano es preguntarnos qué Patria queremos seguir construyendo y qué lugar ocupa la educación pública”, señaló la docente, tras recordar que el prócer fue un defensor de la enseñanza como herramienta de progreso.

Desde el escenario, hizo alusión a la responsabilidad de las aulas en la formación de ciudadanos comprometidos. “En tiempos donde predomina lo individual, nuestras escuelas continúan sosteniendo otra manera de construir sociedad”, afirmó.

Para la directora, la labor diaria debe centrarse en transmitir valores que promuevan el pensamiento crítico y el respeto por los derechos humanos. En ese sentido, concluyó que “educar también es enseñar a convivir y a escuchar”.

Por su parte, el jefe regional de Educación, Emanuel Benítez Mendiburu, compartió una reflexión vinculada a la fecha. Definió a la patria como “nuestra casa común” y subrayó que nadie se salva en soledad. “La verdadera nobleza está en agacharse a ofrecer el hombro a quien se ha caído”, reflexionó ante los niños y sus familias.

Benítez Mendiburu instó a los presentes a mantener una actitud activa frente a las dificultades del presente. “Los tiempos son difíciles, pero hoy frente a nuestra Bandera animémonos a la rebeldía de crear”, manifestó el funcionario.

Tras la jura, la representante de la Dirección General de Cultura y Educación, Mara Pérez, compartió unas breves palabras de cierre.

La producción apícola de Tandil volvió a ser noticia a nivel bonaerense a partir de la distinción que recibió el emprendimiento Los Cardales en el Concurso Provincial de Mieles, el certamen impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agrario.

El proyecto encabezado por Facundo Althabe y por Amalia Ponssa Otero logró el tercer puesto en la categoría Jóvenes Emprendedores Apícolas, un reconocimiento que no solo premia el sabor y la textura del producto, sino también el esfuerzo por mantener viva una actividad económica fundamental para la zona rural.

En la sexta edición del certamen provincial participaron 111 muestras provenientes de las siete regiones apícolas bonaerenses, definidas según sus características, y que fueron sometidas a análisis melisopalinológicos (estudio del polen) para determinar su origen botánico, estudios fisicoquímicos de color y humedad.

Las evaluaciones sensoriales fueron realizadas por un jurado integrado por especialistas del Ministerio de Desarrollo Agrario, el INTA, la Universidad Nacional de La Plata y consultores independientes.

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, anunció los ganadores del concurso, una iniciativa que busca promover la calidad de la producción apícola bonaerense, incentivar la adopción de buenas prácticas de manufactura y fomentar la diferenciación de las mieles a partir de sus características botánicas, sensoriales y fisicoquímicas.

El certamen contempló cinco categorías: mieles a granel líquidas, mieles a granel cristalizadas, mieles fraccionadas líquidas, mieles fraccionadas cristalizadas y Jóvenes Emprendedores Apícolas. En esta última clase quedó incluida la miel de Los Cardales, un proyecto que comenzó en 2019, aunque sus raíces se vinculan con una tradición familiar de más de 30 años.

Una historia de crecimiento y tradición familiar

En una entrevista con El Eco de Tandil, Althabe resaltó que este galardón representa un espaldarazo para un proyecto que nació con unas diez o 12 colmenas.

En esos primeros pasos, la producción se realizaba de manera artesanal, utilizando el galpón del abuelo de Facundo como centro de operaciones. Según relató el emprendedor, la extracción se hacía con “maquinaria muy limitada” y el destino final del producto eran los círculos cercanos, principalmente parientes y amigos.

Sin embargo, el punto de inflexión para el negocio se produjo en 2020. A pesar de las dificultades generales que impuso la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, el sector apícola experimentó una demanda de productos naturales, impulsada por los beneficios de la miel para la salud.

“Fue el momento de invertir más”, recordó Althabe, que detalló que ese contexto los empujó a construir una sala de extracción y fraccionado propia en Iraola.

Actualmente, el emprendimiento cuenta con colmenas distribuidas en zonas como Iraola, Egaña y el cruce Scarminacci, lo cual permite aprovechar las diferentes floraciones del ambiente.

Althabe hizo hincapié en que, a pesar del crecimiento en volumen, el proceso se mantiene fiel a su esencia natural: la miel se filtra, se coloca en tambores y, al momento de fraccionar, se derrite a baja temperatura para preservar todas sus propiedades.

El valor del reconocimiento

Para Althabe, el hecho de ser premiados en la categoría de jóvenes tiene un valor agregado, ya que en Tandil y la región “la mayoría de los productores llevan varios años” en el mercado, por lo que alertó soobre la falta “una renovación” generacional.

El emprendedor subrayó que la apicultura es una actividad “difícil de iniciar” si no se cuenta con un respaldo o legado familiar. Por este motivo, la distinción otorgada por la provincia de Buenos Aires busca fomentar el desarrollo de nuevos apicultores y darles un impulso.

“Año a año va creciendo la convocatoria del concurso, que dio muestra de la exposición que da presentarse y lograr una distinción”, destacó.

Esta no es la primera vez que el proyecto se destaca en este tipo de competencias. En 2022, Los Cardales Miel obtuvo el primer premio a la mejor miel fraccionada líquida de la provincia, y en 2024 volvió a repetir el tercer puesto en la categoría de Emprendedores Jóvenes.

“Siempre buscamos participar en estos concursos buscando una distinción”, enfatizó y agregó que el crecimiento de estas convocatorias impone un desafío de mejora constante. 

Althabe reconoció que estos logros son una forma de “reafirmar el horizonte” que se trazaron desde el comienzo, buscando mejorar el producto en un mercado cada vez más exigente.

“Nuestra idea es crecer, pero siendo conscientes de la escala que tenemos”, admitió. De allí, la decisión de “dar pasos firmes” en el proceso de expansión en marcha.

Actualmente, el producto se encuentra en comercios de la ciudad, pero también logró conquistar mercados en el sur argentino.

El trabajo institucional

El emprendimiento forma parte del grupo de Fraccionadores de Miel, una entidad que trabaja activamente para jerarquizar la actividad en la ciudad.

El entramado institucional que brinda soporte técnico y académico también incluye la labor de organismos como el INTA, el INTI, la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Unicen y la Cámara Agroindustrial.

Este acompañamiento es clave para “fortalecer el sello Miel de Tandil”, una marca que busca distinguir a la producción local.

Para Althabe, cada premio ratifica que el camino elegido es el correcto para seguir proyectando el nombre de Tandil hacia todo el país.

Mientras avanzan las tareas de montaje de la nueva planta de hormigón, ubicada en el predio de la Dirección de Vialidad, concejales de distintos bloques políticos recorrieron las instalaciones para conocer detalles del proyecto que fue el resultado del plan de inversión de los recursos obtenidos por la venta del inmueble municipal ubicado en Santamarina 450, donde funcionó el exCorralón y la Dirección de Servicios, que quedó en manos de Bahms SA, empresa del grupo Faro Verde en junio del año pasado.

La visita, que fue el resultado de una invitación extendida por el Departamento Ejecutivo a todos los bloques, tuvo lugar el martes por la mañana y contó con la participación de los concejales María Haydeé Condino, Andrea Pezzi y Matías Tringler; Severiano Mon, Rogelio Iparraguirre y Marilén Pogorzelski; Luján Fiego, Clara Ardura y Martiniano Corbetta.

Durante la jornada, los ediles de las bancadas de la Unión Cívica Radical, Fuerza Patria y Acción Tandilense - La Libertad Avanza pudieron interiorizarse sobre el funcionamiento técnico de la planta dosificadora a partir de las precisiones que compartieron el secretario de Obras Públicas, Luciano Lafosse, y el director de Vialidad, Mauro Ortega.

Para conocer las distintas miradas sobre el proyecto, El Eco de Tandil consultó a los concejales que participaron de la recorrida. Las respuestas reflejaron un consenso general sobre el valor técnico de la obra, aunque con matices a la hora de evaluar su alcance y el impacto que tendrá en la operatividad del Municipio.

Por su parte, Condino (UCR) calificó la inversión como una “nueva joya” para la ciudad y una herramienta que trascenderá a la gestión actual, y destacó el equipamiento del laboratorio de Vialidad, que permite medir con precisión la dureza y resistencia del hormigón según los requerimientos de cada obra. Para la edil, contar con producción propia permitirá abaratar los costos del asfalto y dinamizar la competencia entre las empresas privadas en las licitaciones de pavimentación.

En tanto, Fiego valoró la mayor capacidad operativa de la nueva planta frente a la estructura previa, pero remarcó que el esquema no estaría completo hasta que se adquiera también una planta de asfalto. Advirtió que “no hay un ciclo cerrado” y aclaró que su bloque continuará el seguimiento del uso de los fondos.

El concejal Rogelio Iparraguirre, de Fuerza Patria, calificó la obra como un “acierto” para la infraestructura urbana y destacó la eficiencia del sistema instalado.

El Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable 27.642, conocida popularmente como la Ley de Etiquetado Frontal.

El texto oficial argumenta que la aplicación de la normativa vigente, basada en los parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), evidenció severas “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas” que justifican su eliminación total.

En una entrevista con El Eco de Tandil, la nutricionista e investigadora de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC), Victoria Tiscornia, analizó el impacto positivo de la normativa vigente y manifestó su “preocupación” ante el debate sobre su posible eliminación.

Según destacó, existe “evidencia contundente” en el país que refleja que “la ley funciona”, que es “modelo” para la región y que demuestra su llegada a los consumidores: “La gente está usando los sellos, los comprende y modificó la conducta de compra”, enfatizó.

Entonces, comparó que “a nivel regional se está avanzando en esta línea”, por lo que “sería un retroceso que Argentina derogue una ley que es modelo internacional”, alertó y llamó a “priorizar la salud por sobre los intereses comerciales”.

La investigadora explicó que el objetivo central de la normativa aprobada en 2021 con 200 votos a favor y 22 en contra en Diputados, tras un proceso de debate que incluyó a industria, sociedad civil y organismos científicos, fue otorgar información y “empoderar” a los consumidores para que pudieran elegir libremente lo que deseaban ingerir.

La percepción ciudadana

A más datos, Tiscornia hizo referencia a un estudio realizado por la FIC junto con Unicef, el cual arrojó que el 90 por ciento de las personas coincide en que los sellos negros permiten identificar de forma rápida y sencilla los productos poco saludables.

Asimismo, indicó que “más de la mitad” de los encuestados modificó su intención de compra en categorías como bebidas, yogures y galletitas tras la implementación de los octógonos.

Los datos revelaron que se redujo la percepción de “saludable” en productos como cereales de desayuno y jugos. Según la especialista, los consumidores pensaban que estos artículos eran beneficiosos antes de la ley, pero una vez que aparecieron los sellos, advirtieron que contenían excesos de nutrientes críticos como azúcares o grasas saturadas. “Luego de implementada la ley, disminuyó la percepción de esas personas sobre los productos que pensaban que eran saludables”, y una vez que implementaron los sellos “se dieron cuenta que no lo eran”.

Este diagnóstico coincidió con un relevamiento del Ministerio de Salud de la Nación y otro estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA realizado a nivel nacional, que mostró que “casi el 80 por ciento de las personas modificó su decisión de compra y seis de cada diez redujeron o abandonaron el consumo de productos con sellos de advertencia”.

Para la integrante de la FIC, estos resultados atravesaron a todos los grupos etarios y niveles de ingresos, lo que reforzó la “capacidad del etiquetado frontal para promover decisiones alimentarias más saludables” de manera “equitativa y transversal” en toda la población argentina.

“Esto permite demostrar que el etiquetado es una herramienta que permite desenmascarar engaños al mostrar la verdadera composición nutricional de los productos”, afirmó.

Una protección para las infancias

En otro de los pasajes de la entrevista, Tiscornia puso especial foco en la “protección” que la ley brindó a los niños, niñas y adolescentes. Según los patrones alimentarios analizados, más del 35 por ciento de las calorías diarias que consumen las infancias provienen de productos procesados y ultraprocesados, una cifra que la ley buscó mitigar.

“Lo que se busca con el etiquetado es dar respuesta a este contexto de salud pública para promover una alimentación más saludable y disminuyendo el consumo de ultraprocesados”, enfatizó.

La especialista remarcó que se trató de una ley integral que no solo se limitó a los sellos, sino que también promovió “entornos escolares saludables”, dado que establece la prohibición del ingreso a las escuelas productos “con al menos un sello” y la obligatoriedad de la educación alimentaria nutricional en todos los establecimientos educativos del país.

Además, Tiscornia mencionó que la normativa reguló la publicidad de alimentos dirigida a las infancias. En este marco, prohibió que los productos con sellos incluyan personajes infantiles, regalos o cualquier otro “gancho comercial” que interpele directamente a una audiencia vulnerable a las estrategias de marketing de la industria alimentaria.

Adaptación de la industria

Respecto a la reacción del sector productivo, la nutricionista sostuvo que hubo una reformulación de productos por parte de la industria. Ejemplificó que ciertos quesos que inicialmente tenían sellos, tras cambios en sus ingredientes, lograron eliminarlos. “Es posible la reformulación y eso lo vemos hoy en la góndola”, aseguró.

A nivel regional, Argentina siguió el camino iniciado por Chile. En la actualidad, son más de nueve los países de la zona que implementaron políticas similares. En el caso chileno, se evidenció una reducción del 25 por ciento en la compra de bebidas azucaradas con sellos, lo que validó el éxito de la medida a largo plazo, según expuso la especialista.

Finalmente, Tiscornia advirtió que “no existen argumentos sanitarios que apoyen la derogación” y que más de 300 organizaciones firmaron una declaración en rechazo a esta intención. Para la investigadora, el Gobierno debería priorizar las políticas de salud por sobre los intereses comerciales, ya que la eliminación de la ley implicaría menos información para los ciudadanos y un fomento al consumo de productos ultraprocesados.

Los puntos principales y fundamentos del proyecto oficial

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, el proyecto consta de un articulado directo que establece la derogación de la Ley 27.642 en su totalidad, la cual entraría en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.

Esto incluye la quita de los octógonos negros de advertencia y las restricciones asociadas a publicidad, entornos escolares y uso de personajes infantiles en los envases.

El Gobierno señala que el modelo de perfil de nutrientes actual aplica parámetros homogéneos sobre matrices alimentarias muy diferentes, sin considerar las porciones reales consumidas ni la densidad nutricional.

Según el Ejecutivo, esto genera situaciones inconsistentes donde alimentos tradicionales y saludables reciben advertencias equivalentes a las de productos ultraprocesados, provocando “interpretaciones simplificadas o poco precisas” y confusión en el comprador.

La Casa Rosada argumenta que la estructura binaria del sistema (contiene o no contiene la advertencia) no premia los esfuerzos de las empresas por realizar mejoras parciales o graduales en la composición nutricional de sus productos dentro de una misma categoría.

El mensaje enviado al Parlamento advierte que la falta de armonización regional en materia de rotulado frontal genera trabas operativas dentro del Mercosur, obligando al sector a fabricar envases diferenciados.

Esta situación afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes), que enfrentan costos fijos de cumplimiento proporcionalmente más elevados, lo que podría incentivar la concentración del mercado.

Además, se cuestiona que numerosos aspectos metodológicos y técnicos hayan sido incluidos directamente en el cuerpo de la ley, lo que impide que el sistema se adapte de forma ágil y dinámica a los nuevos consensos científicos internacionales o a las actualizaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA).

Por otro lado, el Ejecutivo aclaró que la medida no elimina las obligaciones de información nutricional de los alimentos envasados. La declaración obligatoria de valor energético, azúcares, grasas y sodio continuará plenamente vigente bajo el Código Alimentario Argentino y el sistema armonizado del Mercosur (Resoluciones GMC 44/03 y 46/03), complementado por las leyes de lealtad comercial y defensa del consumidor.

Con este envío, el Gobierno solicitó al Congreso el “pronto tratamiento y sanción” de la norma para avanzar hacia un esquema que califica como “técnicamente más consistente, uniforme y adaptable”.

La crisis del transporte público de pasajeros continúa en la agenda legislativa. Esta semana, después de dos encuentros, la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante buscó destrabar el conflicto en medio de un debate que, hasta aquí, presenta tres ejes que exigen una resolución.

En diálogo con El Eco de Tandil, la concejal y presidenta del espacio legislativo, Luján Fiego (Acción Tandilense - La Libertad Avanza), realizó un balance de la situación y adelantó que para la semana que viene podría haber avances concretos en la discusión.

A más datos, abordaron detalles del pedido que elevó la Cámara de Transporte para definir un esquema de emergencia que reduzca frecuencias en una estrategia que implique el menor impacto posible a los usuarios.

Por otro, mantuvieron en análisis un pedido de aumento de emergencia impulsado por la entidad que nuclea a las seis empresas del sector y, finalmente, la definición de una nueva metodología para las futuras actualizaciones tarifarias, dado que la ordenanza que aplicó ajustes para la primera parte del año tuvo su última escala en mayo.

Asimismo, durante los encuentros analizaron los estudios de costos remitidos tanto por la entidad empresarial como por el Departamento Ejecutivo, herramienta que es utilizada como insumo para contrastar datos.

Mientras que las empresas plantearon un escenario de urgencia, el estudio de costos presentado arrojó un boleto medio a 2.421 pesos y el informe oficial de la Municipalidad incorporó una serie de variables basados en los datos que otorga la SUBE, como la cantidad de pasajeros, kilómetros recorridos, entre otros.

En virtud de ambos informes, la tarifa de mayo, fijada en 1.695 pesos, representa un “número de equilibrio” que permite, en términos generales, cubrir los costos operativos, aunque sin margen para la rentabilidad empresarial o la reinversión en unidades.

La presidenta de la comisión ratificó su postura al señalar que la discusión no debería agotarse en el valor del boleto exclusivamente mientras los vecinos padecen deficiencias en la prestación diaria.

Para la concejal, el debate debe incluir una mejora en las frecuencias, la limpieza de las unidades y la puesta en funcionamiento efectiva de las herramientas tecnológicas de información al pasajero, que hoy presentan fallas.

“Entendemos que hay que tomar una medida extraordinaria, distinta de lo habitual, creo que eso es unánime”, sentenció.

El proyecto de emergencia

Durante la última jornada los concejales también abordaron un expediente presentado por el espacio Fuerza Patria que propuso declarar la emergencia en el transporte público. Esta medida, de carácter excepcional, implicaría un cambio en la dinámica ya que otorgaría al Ejecutivo la facultad de fijar las tarifas de forma directa, circunstancia que le corresponde al Concejo Deliberante.

Fiego afirmó que “nunca se declaró la emergencia”, pese a que fue una solicitud que ya se había propuesto en anteriores oportunidades y aclaró que “lo que hemos hecho es darle la facultad con alguna consideración para el aumento de tarifas” para que se produzca de manera automática.

“En el momento en que vos declarás la emergencia, no tiene nada que ver el Concejo Deliberante con las decisiones”, advirtió la edil, subrayando que su bloque aún analiza las implicancias de ceder esa potestad al Ejecutivo local.

Hacia una definición

El consenso todavía parece lejano, aunque la concejal destacó que el clima de trabajo en la comisión fue constructivo. A diferencia de encuentros anteriores, Fiego valoró que existe una voluntad mayoritaria de avanzar hacia una solución que evite la paralización del servicio.

“Creo que estamos un poco más avanzados, por lo menos no estamos estancados como otras veces. Creo que tenemos principios de acuerdo”, dijo y planteó que, sobre esa base, existen “medidas que son urgentes y otras que son importantes para las que tenemos un poco más de tiempo, pero están relacionadas y no podemos desconocerlas”.

El próximo martes será un día clave, ya que se espera que el espacio legislativo tome una definición sobre el nuevo esquema. “Creo que el martes va a haber una primera definición”, anticipó.

“Entendemos la urgencia, pero el trabajo de la comisión está siendo bueno”, destacó y sumó como argumento que la nueva tarifa lleva 20 días de vigencia. Por eso, reconoció que “este momento, que es complejo, tiene que permitirnos seriamente analizar el tema del transporte público y no lo puede hacer el Concejo solamente”, sino que “tiene que estar el Ejecutivo, las empresa y SUMO”.

La posibilidad de alcanzar una unanimidad es baja, según admitió la presidenta de la comisión debido a las diferentes visiones sobre cómo debe financiarse el sistema.

Fiego concluyó que para el transporte en Tandil “históricamente todos los contextos son adversos”, por eso el debate debe ir más allá de la tarifa. “Sabemos que es un problema que tiene muchas aristas y caminos que confluyen en la tarifa. Estamos tratando de generar otros diálogos y respuestas que el vecino y la empresa necesita”, cerró.

El bloque de concejales de Fuerza Patria presentó un proyecto de ordenanza que busca declarar la emergencia del servicio de transporte público de pasajeros en el partido de Tandil. La medida, que planteó un plazo de vigencia de 12 meses, apunta a dotar al Ejecutivo de herramientas para enfrentar la crisis que atraviesa el sector, marcada por la eliminación de los subsidios y el incremento de los costos operativos.

La propuesta legislativa surge en un contexto complejo para las seis líneas que operan en la ciudad y que aún aguardan definiciones sobre una serie de plantes. Según los fundamentos del proyecto, el sistema de transporte local se encuentra en una situación de “estado crítico” derivada del “sostenido” aumento en los insumos básicos como combustibles, repuestos y seguros, sumado al impacto de los acuerdos salariales del sector.

Entre los considerandos, señala que el transporte público de pasajeros constituye un “servicio público esencial” para garantizar el “derecho a la movilidad, el acceso al trabajo, la educación, la salud, el comercio y demás actividades cotidianas de la comunidad”.

La propuesta se enceuntra en análisis y se suma a los ejes de discusión que ocupan actualmente la agenda de la Comisión de Transporte que preside Luján Fiego. Por un lado, el pedido que elevó la Cámara de Transporte para definir un esquema de emergencia que reduzca frecuencias en una estrategia que implique el menor impacto posible a los usuarios.

Por otro, el pedido de aumento de emergencia impulsado por la entidad que nuclea a las seis empresas del sector y, finalmente, la definición de una nueva metodología para las futuras actualizaciones tarifarias, dado que la ordenanza que aplicó ajustes para la primera parte del año tuvo su última escala en mayo.

El impacto de las políticas nacionales

Entre los argumentos que sustentan el proyecto, repasaron el rol del Estado nacional en el financiamiento del sistema. El texto subrayó que la eliminación del denominado “Fondo Compensador del Interior” por parte del Gobierno nacional despojó a los municipios de recursos que anteriormente asistían financieramente a las empresas prestatarias.

En simultáneo, plantearon que el Estado nacional “continúa percibiendo el impuesto a los combustibles líquidos” contemplados en la Ley 23.966 y normativa complementaria, tributo cuya recaudación se encuentra “vinculada al sostenimiento de políticas de infraestructura y compensación del transporte público”.

Asimismo, los autores de la iniciativa calificaron como “insuficiente” el régimen transitorio de subsidios puesto en marcha por el Gobierno bonaerense. En este sentido, el bloque opositor remarcó que la falta de políticas nacionales de fomento obligó a diversos municipios de la provincia de Buenos Aires a recurrir a la declaración de emergencia como recurso para “preservar” la continuidad de la prestación y proteger las fuentes laborales vinculadas al sector.

También expone la “preocupación institucional” ante la “falta de políticas nacionales” en materia de financiamiento del transporte público.

Los artículos

En su artículo primero, la propuesta de Fuerza Patria declara la emergencia del servicio público de transporte urbano de pasajeros en el partido de Tandil por el plazo de 12 meses contados a partir de la promulgación, y establece que el Departamento Ejecutivo podrá prorrogarla “ad referéndum” del Concejo Deliberante “en caso de mantenerse las condiciones que llevaron a su declaración inicial”.

En el siguiente punto, indica que la declaración de emergencia tendrá por objeto “garantizar la continuidad, regularidad, accesibilidad y sostenibilidad del servicio público de transporte urbano de pasajeros preservando el interés público comprometido y el acceso de los vecinos al sistema de movilidad urbana”.

A través del artículo tercero del proyecto de ordenanza, faculta al Departamento Ejecutivo, durante el período de emergencia, a adoptar “medidas extraordinarias, transitorias y excepcionales” tendientes a asegurar la prestación del servicio”.

Y enumera ente las posibilidades de acción la “readecuación y/o modificación de frecuencias y horarios de manera temporal interviniendo en el pliego de bases y condiciones del transporte público; la instrumentación de “mecanismos excepcionales de compensación económica, reasignación de partidas y asistencia financiera destinados a garantizar la continuidad del servicio” o la implementación de “medidas de reorganización operativa y administrativa” orientadas a la eficiencia y sostenibilidad del sistema.

En tanto, las facultades otorgadas “deberán ejercerse respetando los principios de razonabilidad, publicidad, transparencia, continuidad del servicio y protección de los derechos de los usuarios”, señala el artículo cuarto.

Luego, agrega que las decisiones y medidas adoptadas en el marco de las facultades enumeradas en el artículo tercero “deberán previamente trabajarse en la mesa de emergencia del transporte público de pasajeros”.

Entonces, el artículo sexto, crea la mesa de emergencia del transporte público de pasajeros, que estará integrada por un representante del Departamento Ejecutivo; un representante de cada bloque político del Concejo Deliberante; representantes de las empresas prestatarias; y representantes de trabajadores del sector”. El espacio tendrá “carácter consultivo y de seguimiento” de las medidas adoptadas durante la emergencia.

El artículo séptimo establece que el Ejecutivo “deberá remitir al Concejo, mientras dure la declaración de emergencia, de forma bimestral, un informe detallado”.

El documento deberá contemplar datos respecto de la situación económica y financiera del sistema; la evolución de costos operativos; las medidas adoptadas en el marco de la emergencia; las modificaciones de recorridos, frecuencias y horarios implementadas; y los recursos provinciales y nacionales gestionados y/o recibidos.

Finalmente, el último artículo, autoriza al Ejecutivo “a efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias” para el cumplimiento de la ordenanza propuesta.

Más considerandos

El proyecto de ordenanza incorpora entre los considerandos que el “aumento permanente” de combustibles, repuestos, seguros, mantenimiento de unidades y costos salariales torna “imprescindible” la adopción de “medidas extraordinarias” que permitan sostener el funcionamiento del sistema.

Además, apunta a que resulta “deber indelegable” del Estado municipal garantizar “condiciones mínimas de continuidad, regularidad y universalidad en la prestación del servicio” y justifica que la declaración de emergencia permitirá adoptar mecanismos “excepcionales, ágiles y transitorios” tendientes a preservar la prestación del servicio, proteger las fuentes laborales vinculadas al sector y evitar una afectación mayor a los usuarios del sistema.

La comunidad universitaria volvió ayer a ocupar las calles en una nueva edición de la Marcha Federal Universitaria. A 203 días de la sanción de la Ley de Financiamiento (27.795), estudiantes, docentes, investigadores y vecinos de la ciudad marcharon para reclamar el cumplimiento de la normativa aprobada por el Congreso nacional y ratificada tras el veto presidencial.

La movilización reflejó un fuerte respaldo al reunir a distintos sectores políticos, sindicales, sociales y académicos detrás de una consigna común: la defensa de la universidad pública y del sistema científico-tecnológico.

La concentración comenzó alrededor de las 17 en la esquina de Garibaldi y Rodríguez, donde una importante cantidad de personas se dio cita para manifestar su rechazo a las políticas nacionales que afectan el presupuesto de las casas de altos estudios.

La convocatoria fue amplia y heterogénea. Hubo representantes de los sindicatos docentes y no docentes de la Unicen (Adunce, ATE, Atuncpba), además de representantes del Conicet Tandil. También se sumaron agrupaciones como Amalu, Suteba, Flor de Murga, Casa Violeta, Patria Grande, Mala Junta, PTS y miembros del Comedor y del área de Extensión de la Unicen.

El carácter institucional de la movilización estuvo representado con la presencia del rector de la Unicen, Marcelo Aba, junto a la vicerrectora, Alicia Spinello, que encabezaron la movilización desde el principio hasta el final.

No obstante, el respaldo político fue otro de los datos salientes de la jornada. Entre los presentes estuvieron el intendente Miguel Lunghi, el diputado bonaerense Matías Civale y el exfuncionario Julio Elichiribehety. También participaron concejales de distintas fuerzas políticas, al presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Frolik, y el titular del Partido Justicialista, Darío Méndez.

El operativo de seguridad, que incluyó cortes a cargo de los agentes de Control Urbano Vehicular coordinados por personal policial, permitió el desarrollo de la marcha sin inconvenientes.

La movilización

Minutos después de las 17.30, la columna de personas inició su recorrido por Rodríguez. Los participantes se ubicaron detrás de una bandera que rezaba la consigna de la convocatoria: “Exigimos que se cumpla la ley”. Detrás, las autoridades universitarias y los gremios docentes y no docentes, que marcaron el paso hacia el microcentro.

Los manifestantes hicieron su primera escala al llegar a España, donde desplegaron banderas y reacomodaron filas antes avanzar por el adoquinado céntrico.

Los carteles que portaban algunos de los participantes reflejaron el mensaje y el descontento hacia el Ejecutivo nacional: “Milei tramposo, cumplí con la ley”, “Milei no sos rey, cumplí con la ley” y “la educación pública es política porque nos enseña a cuestionar y no a obedecer”.

El despliegue, que sumó el ritmo de los bombos y redoblantes de una murga local, captó la atención de vecinos y comerciantes que se asomaron a las veredas para observar la movilización y la amplia respuesta que logró en su cuarta edición.

El final

La segunda escala sucedió en la esquina de Rodríguez y Mitre. Allí, la movilización recibió el aplauso de un grupo de personas que esperaba en la esquina -entre quienes se encontraba el dirigente Carlos Fernández-, que se sumó y acompañó el último tramo del trayecto.

Alrededor de las 18.05, cuando la columna alcanzó la esquina de Pinto, la caída del sol transformó la estética de la protesta. Casi en silencio, las velas comenzaron a encenderse en la cabecera de la marcha, cumpliendo con la decisión de los organizadores.

Al doblar por Belgrano, el sonido de los bombos y redoblantes mermó para dar paso a un clima de respeto, con dos breves paradas adicionales donde se multiplicó el encendido de velas entre los asistentes.

En la esquina de Pinto y Chacabuco aguardaba otro nutrido grupo de vecinos frente a un escenario montado especialmente para la ocasión, donde se desarrolló el acto central. Sobre la fachada del histórico edifico del Rectorado de la Unicen, una enorme bandera sintetizaba el espíritu de la convocatoria con cuatro conceptos clave: “universidad, futuro, esperanza y educación”.

La llegada definitiva a este punto se produjo a las 18.25, bajo una atmósfera de compromiso institucional y social.

Los locutores del evento dieron la bienvenida formal a la cuarta marcha federal y agradecieron el acompañamiento de la comunidad tandilense. En la apertura, se hizo especial hincapié en el tiempo transcurrido sin respuestas oficiales, señalando que se cumplieron 203 días sin aplicar una ley votada por el Congreso nacional.

Tras la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino, las autoridades subieron al escenario y, de cara a una multitud, brindaron el mensaje.

El Observatorio Vial presentó el informe correspondiente al primer trimestre de 2026, período en el que se contabilizaron 293 eventos viales en distintos puntos de la ciudad y la zona rural, una cifra levemente inferior al cierre de 2025 (que cerró con 303 eventos).

El relevamiento, elaborado por la Subsecretaría de Innovación Tecnológica y la Dirección de Estadística Local, permitió identificar las principales características de los siniestros ocurridos entre enero y marzo. Según el reporte oficial, en los hechos registrados estuvieron involucrados 820 vehículos y 29 peatones.

Del total de eventos, el 37 por ciento correspondió a automóviles y el 30 por ciento a motocicletas. Más atrás se ubicaron las camionetas con un 19 por ciento y las bicicletas con un ocho por ciento. Los demás tipos de vehículos, como transporte de carga, pasajeros o cuatriciclos, representaron porcentajes inferiores al seis por ciento.

Al analizar la cronología de los hechos durante el primer trimestre, se observó una fluctuación en la cantidad de registros En cuanto a la distribución, marzo fue el período con mayor cantidad de registros, al concentrar el 38 por ciento de los casos, con 112 eventos. Enero sumó 91 hechos y febrero 90, ambos con un 31 por ciento del total.

Hora, tipo y zona

El análisis horario mostró una marcada concentración de eventos durante el día. Entre las 7 y las 19.59 se produjeron 196 siniestros, mientras que en horario nocturno se registraron 97. Además, el informe indicó que los días lunes, martes y domingo fueron los que presentaron una mayor proporción de hechos viales, con un promedio general de 42 eventos diarios.

A partir de la implementación del Formulario Estadístico Único (FEU) como herramienta de recolección de datos, según la propuesta del Observatorio Vial Nacional, la sistematización de los datos permitió ampliar las categorías utilizadas para identificar los distintos tipos de eventos viales registrados en la ciudad.

En ese sentido, informó que las colisiones entre vehículos encabezaron ampliamente las estadísticas con el 56 por ciento de los casos, equivalentes a 165 hechos. Le siguieron las caídas desde vehículos con el 19 por ciento y los choques contra objetos fijos con el 14 por ciento.

La mayoría de los eventos ocurrió en calles urbanas. El 61 por ciento se registró en calles, el 28 por ciento en avenidas, mientras que las rutas nacionales y provinciales concentraron el 6 y el 4 por ciento respectivamente. En tanto, el 94 por ciento de los hechos sucedió en zonas urbanas y apenas el 6 por ciento en áreas rurales.

Más detalles

Otro de los aspectos relevados fue la configuración de la vía. Los tramos rectos representaron el 41 por ciento de los eventos, seguidos por las intersecciones con el 36 por ciento. Además, el 83 por ciento de los siniestros se produjo sobre calzadas asfaltadas, el 9 por ciento sobre calles de tierra y el 8 por ciento en adoquinados.

En relación a las consecuencias físicas de los hechos, el informe detalló que el 63 por ciento de las personas involucradas resultó ilesa o con lesiones no urgentes. El 35 por ciento presentó heridas leves, mientras que los casos graves y con riesgo de vida representaron el uno por ciento cada uno.

Entre las causas identificadas, la pérdida de control apareció como el principal factor determinable con el 24,7 por ciento de los casos. También se destacaron el no respeto de la prioridad de paso con el 10,3 por ciento, la distracción con el 9,8 por ciento, las maniobras peligrosas con el 8,7 por ciento y el exceso de velocidad con el 6,2 por ciento.

El documento aclaró además que en el 29,3 por ciento de los eventos no fue posible establecer una causa precisa. A su vez, el 70 por ciento de los registros presentó una única causa probable, mientras que el resto combinó dos o más factores.

Finalmente, el Observatorio incorporó mapas de calor generales, diurnos y nocturnos para visualizar las zonas de mayor concentración de eventos viales dentro del partido de Tandil durante el período analizado.

La Municipalidad, a través de la Dirección de Estadística Local, consolidó un ciclo de cinco años de monitoreo constante sobre la evolución de los precios en el distrito. Este programa, que comenzó a implementarse en marzo de 2021, cumplió media década de labor técnica orientada a construir un indicador propio que refleje la dinámica económica de las góndolas locales. 

Durante 60 meses, y de forma “ininterrumpida”, el equipo técnico de la dependencia a cargo de Julieta Vicente recorrió 35 locales comerciales de la ciudad y consultó el precio de los mismos 100 productos de las ramas de alimentos, bebidas y tabaco para construir un indicador que permita analizar la evolución de la canasta básica sin depender de las mediciones nacionales del Indec.

El informe aniversario al que accedió en exclusiva El Eco de Tandil reveló que, a lo largo de este trayecto, el índice local navegó por distintos escenarios, marcando un pico hacia finales de 2023 y un promedio histórico que se ubica en un 5,8 por ciento.

El funcionamiento del indicador

Sobre el modo en que se constituye el indicador, señala que cada mes, personal del Municipio recorre 35 locales comerciales, entre carnicerías, kioskos, panaderías, pescaderías, comercios de regionales, supermercados y verdulerías.

En esos lugares, releva el precio en góndola de 100 productos vinculados a la canasta familiar de consumo de la población. Esos datos recopilados se vuelcan en una base de datos que luego es analizada por el Área de Indicadores Económicos de la Dirección de Estadística Local.

Los datos son procesados de acuerdo a una metodología que considera diferentes pesos en las categorías relevadas para la construcción del Indicador General de Precios. “Esta metodología fue diseñada para adaptarse a la realidad local, si bien sigue los lineamientos de estándares provinciales y nacionales”.

El indicador se organizó en dos grandes grupos de consumo. El primero, y más determinante para el bolsillo familiar, fue el de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que representó el 88,3 por ciento de la síntesis del índice.

El segundo grupo, de menor peso, pero con impacto en el consumo habitual, comprendió las Bebidas alcohólicas y tabaco. Esta estructura permitió monitorear no solo lo indispensable para la nutrición, sino también aquellos bienes que forman parte de la cultura de consumo de la sociedad tandilense.

El primer grupo incluyó las categorías pan y cereales; carnes frescas y congeladas; pescados frescos y congelados; productos lácteos y huevos; aceites y grasas; frutas; legumbres y hortalizas; azúcar, miel, dulces y chocolates; condimentos y otros productos alimenticios; café, té y cacao; aguas, gaseosas, jugos. El segundo grupo a bebidas espirituosas, destiladas y licores; vino; cerveza; tabaco.

La evolución histórica y el pico de 2023

Al analizar el comportamiento del indicador en el tiempo, se observó una trayectoria marcada por la oscilación. Según los datos oficiales, el promedio histórico de variación mensual se situó en un 5,8 por ciento, mientras que el registro más bajo se detectó en septiembre de 2024, con un 0,1 por ciento.

Por el contrario, el momento de mayor presión se produjo en diciembre de 2023, cuando el índice alcanzó un máximo de 44,2 por ciento.

Dentro del ranking de variaciones nominales entre marzo de 2021 y febrero de 2026, los resultados reflejaron que de los diez productos que más aumentaron en términos monetarios en las góndolas locales, ocho pertenecen a la rama de carnes frescas y congeladas.

La categoría aporta un 30,2 por ciento al indicador de precios, por lo que la convierte en la de “mayor relevancia” para analizar el peso en la canasta básica.

En otra página, el informe destaca que la variación de las Carnes frescas y congeladas tuvo “valores dispares”, ya que en diciembre de 2023 experimentó un alza del 72 por ciento y “su valor mínimo en el mes inmediato siguiente, con una caída del 11,6 por ciento”.

Por su parte, la rama de Pan y cereales, que ostenta una participación del 15,5 por ciento en el indicador, también “varió de forma similar al resto”.

Su variación máxima se detectó en diciembre de 2023, con un aumento del 44,6 por ciento, mientras que su valor más bajo se registró en febrero de 2025, con una retracción del 1,4 por ciento.

Finalmente, los productos de la categoría Lácteos y huevos, que representan un 11,5 por ciento de la composición final, acompañaron el ritmo del resto de la canasta.

El pico también coincidió con el cierre de 2023, alcanzando un 26,7 por ciento de incremento mensual. La caída más pronunciada para los lácteos ocurrió en enero de 2025, con un descenso del 1,6 por ciento.

La importancia del índice, más allá de los números

Entre las reflexiones por el 5to. aniversario del relevamiento de precios, que lleva la firma de la directora de Estadística Local, Julieta Vicente, destaca que la posibilidad de contar con un índice propio permitió a la ciudad medir la evolución real de los precios “en lugar de depender únicamente de promedios nacionales o regionales”.

Además, “refleja la realidad local e identifica variaciones específicas de Tandil que pueden diferir de la Región Pampeana o del Gran Buenos Aires”.

Desde la dependencia municipal valoraron que la consolidación de estos datos es una herramienta clave para la toma de decisiones, tanto para el sector público como para el privado.

Al monitorear de cerca categorías clave como alimentos, bebidas y tabaco y detectar cuáles categorías tienen mayor peso en el bolsillo local (como el caso de la carne o los productos estacionales de verdulería), se logra una visión más clara de la situación.

El informe concluye con un agradecimiento a los 35 comercios participantes, cuya colaboración fue indispensable para sostener el relevamiento de forma ininterrumpida durante cinco años.

La continuidad de esta política pública, que atravesó diferentes contextos políticos y económicos, consolida una base de datos para el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones.

En los últimos años, el crecimiento urbano de Tandil generó en una realidad creciente: la falta de espacio para estacionar. Lo que antes era una problemática que se limitaba al radio céntrico, en la actualidad se extendió hacia las avenidas y los barrios periféricos. En simultáneo, la cantidad de vecinos y comerciantes que solicitaron la reserva de un espacio de la vía pública mediante el pintado de cordones amarillos creció y encendió las alarmas.

En una entrevista con El Eco de Tandil, la concejal y presidenta de la Comisión de Transporte y Tránsito, Luján Fiego, confirmó el escenario actual y la decisión de fijar una pausa en el tratamiento de estos expedientes con el objetivo de ordenar el esquema normativo.

Según detalló, en los últimos tres meses el espacio legislativo acumula más de 20 pedidos de reserva de espacio, una cifra que calificó como alta y que refleja un desborde del sistema actual. “Estuvimos viendo que había incrementado notablemente y de manera sostenida los pedidos de reserva de estacionamiento por distintas causas”, alertó sobre situación que había sido detectada desde la anterior conformación.

La normativa que regula actualmente estos espacios es la Ordenanza 17.409, un encuadre que, según la mirada de los actuales integrantes de la comisión, quedó desfasada frente a una realidad que cambió y demanda un nuevo abordaje. “Lo que estamos entendiendo es que la ordenanza al día de hoy no es suficiente”, aseguró Fiego en diálogo con este Diario.

El planteo

Según la ordenanza, se trata de “la señalización de un espacio en el que se prohíbe  el  estacionamiento  de  vehículos  en  un determinado  período  temporal  o  permanente, permitiéndose  en  su  caso,  excepcionar  a  vehículos determinados por la concesión de la reserva en relación al objeto de la misma”.

La nueva composición del ámbito legislativo retomó los expedientes y detectó el incremento de la demanda, a partir de la cual “decidimos hacer una pausa y tomarnos el tiempo para rever la ordenanza 17.409”.

Por ese motivo, “hoy no estamos otorgando reservas” a excepción de las personas que “presentan una discapacidad y presentan los papeles que estamos pidiendo”.

El tema está en agenda en la Comisión de Transporte, donde sus integrantes fijaron un plazo de seis meses para evaluar las opciones de modificación del marco normativo bajo un enfoque “integral”.

El diagnóstico

En ese proceso, el análisis realizado por la comisión legislativa avanzó en la identificación de varios factores. Por un lado, el crecimiento del parque automotor en Tandil hizo que la oferta de espacio en la vía pública sea cada vez más escasa. Por otro lado, las nuevas formas de edificación, como la proliferación de complejos de dúplex que no siempre cuentan con las cocheras necesarias para la totalidad de sus habitantes, trasladaron la demanda de estacionamiento a las puertas de las viviendas.

Reconoció que es uso y costumbre “estacionar en la puerta de casa”. Sin embargo, admitió que “ya no lo podemos hacer más”, por eso ratificó la decisión de “tomar medidas antes que tengamos la ciudad pintada de amarillo”.

Fiego señaló que los pedidos de cordón amarillo ya no se limitan al centro. “Tratamos uno de avenida Actis al 2000, otro de Darragueira y otro de un pasaje que no tiene nada que ver con la zona céntrica”, ejemplificó y agregó que “vienen de absolutamente todos los barrios a pedir estacionamiento”.

En ese sentido, fue categórica al ratificar que “si nosotros no restringimos un poco y ordenamos algunas cosas vamos a tener una ciudad pintada de amarillo”.

Entonces, apuntó a la necesidad de “entender que a no todos los comerciantes que necesitan carga y descarga podemos darles cordón amarillo” y adelantó que una opción podría estar vinculada a que los espacios de carga y descarga sean compartidos para no quedar inutilizados para el resto de los vehículos durante gran parte del día.

Los permisos otorgados

Por otro lado, la concejal a cargo de la comisión legislativa sostuvo que uno de los puntos detectados tiene relación con la falta de control sobre las reservas que fueron otorgadas con anterioridad. “Al que se le dio el cordón amarillo hace diez años porque vivía una persona con discapacidad, quizás esa persona ya no vive más en ese domicilio y el que vive hoy no pidió la baja”, relató Fiego para citar un ejemplo.

Las situaciones de desactualización de los permisos fueron otros de los argumentos expuestos para avanzar en un nuevo enfoque normativo.

“Debe aggiornarse”

La normativa vigente fue modificada el 6 de diciembre de 2021. “La ordenanza debe aggiornarse”, ratificó la concejal de Acción Tandilense - La Libertad Avanza.

Según Fiego, los requisitos que contempla no se adaptan a los tiempos actuales, por lo que el objetivo de la suspensión por seis meses es trabajar en un nuevo marco que establezca criterios más rigurosos y adaptados a la realidad de Tandil.

“Había que ponerle un freno y pensar otra modalidad en la ordenanza o en los requisitos para solicitar los cordones amarillos de reserva de estacionamiento. Faltaba la decisión de frenar”, remarcó y admitió que “no es grato decirle a un vecino que no se puede, pero también hay que tomar el tema y es lo que hemos hecho desde la comisión”, dado que “hay cosas que no funcionan y que son muy laxas a este Tandil”.

En cuanto a la redacción de la nueva ordenanza, Fiego destacó que se mantendrá un diálogo con el Departamento Ejecutivo, específicamente con el área de Control Urbano Vehicular y las que estén vinculadas, para “conocer su opinión” y unificar criterios.

“Lo importante es lograr una buena ordenanza para los tiempos que corren”, para lo cual “tenemos que lograr los consensos dentro del Concejo Deliberante y con el Ejecutivo”, aseguró la concejal, que se mostró conforme con el trabajo desplegado hasta el momento “y creo que todos tenemos bastante unificados los criterios de que tenemos que ir por normas que prevean más requisitos”.

La concejal indicó que se están analizando los modelos de gestión de otras ciudades para encontrar soluciones y que el objetivo es que la futura norma garantice “la equidad, la razonabilidad, la seguridad jurídica” y que “nos permita ordenar adecuadamente el espacio público, que en lo que tiene que ver con la reserva de estacionamiento, se ha desmadrado”.

Mirada a futuro  

El compromiso de la comisión es entregar un proyecto de ordenanza superador en un plazo de seis meses, aunque Fiego reconoció que podría demandar más tiempo. “Más vale demorar un poco y hacer algo que sirva y no hacer cosas a las apuradas que después haya que rectificar constantemente”, sostuvo.

Mientras tanto, los pedidos que ingresen por la mesas de entrada del Ejecutivo o del Legislativo quedarán en espera. Asimismo, se les informará a los vecinos sobre la resolución de la comisión y los motivos de la demora “para que estén al tanto”.

El debate en torno al acceso a la tierra sigue en agenda en virtud de dos casos que en el último tiempo generaron una preocupación adicional: el proyecto del desarrollo urbanístico en la chacra 274 y el loteo irregular en la zona de La Elena. En ese marco, la detección de operaciones inmobiliarias en zonas donde el Plan de Desarrollo Territorial no admite la subdivisión de parcelas encendió las alarmas.

El bloque de concejales de Fuerza Patria se hizo eco de la problemática y presentó un proyecto de ordenanza que busca establecer condiciones obligatorias de información y transparencia para la comercialización de inmuebles bajo la figura de condominio en Tandil.

Por su parte, el Gobierno comunal lanzó una campaña para advertir sobre la proliferación de ofertas de terrenos que, bajo una apariencia de legalidad, esconden irregularidades normativas.

En diálogo con Tandil Despierta (EcoTV y 104.1 Tandil FM), la directora de Ordenamiento Territorial y Catastro, María Riestra, se refirió a la complejidad de una situación que no es nueva, pero que encontró en las redes sociales un terreno para su expansión.

“La mejor manera de prevenir estas cosas es con información”, planteó la funcionaria. Al enfocarse en el tema, advirtió que “estamos detectando que están haciendo muchas ventas de ‘loteos’ bajo la figura de condominio”.

La figura del condominio

En cuanto a la modalidad legal utilizada para estas transacciones, Riestra precisó que en estos casos el comprador no adquiere un lote propio con su partida inmobiliaria independiente, sino “una porción de un terreno indiviso”.

“La gente está comprando un porcentaje de algo, pero el lote sigue siendo uno solo”, advirtió la directora, señalando que el lote, como unidad independiente, “no existe”.

A diferencia de la propiedad horizontal, esta modalidad “no genera unidades funcionales” y además representa un “riesgo patrimonial”, ya que el comprador no llega a ser dueño absoluto de su parcela. Entonces, al no existir un lote subdividido legalmente, es imposible realizar una escrituración individual.

“El hecho que muestren que un lote está marcado o que haya casas en la zona no quiere decir que eso esté aprobado”, enfatizó la funcionaria.

La imposibilidad de construir de forma legal es otro de los puntos clave, ya que, al tratarse de parcelas irregulares, el Municipio no otorga los permisos de obra que habiliten el inicio de las tareas.

Restricciones legales y la Ley de Paisaje Protegido

A este escenario, Riestra sumó como particularidad de la ciudad que su crecimiento está regulado por dos normativas centrales: el Plan de Ordenamiento Territorial (PDT) y la Ley de Paisaje Protegido. Ambas leyes establecen límites estrictos para la subdivisión de tierras, especialmente en las zonas serranas.

La directora de Catastro recordó que en áreas protegidas, la normativa prohíbe divisiones menores a los 7.500 metros cuadrados, lo que equivale a casi una hectárea.

“Si ofrecen un lote de 350, 400 o 600 metros cuadrados en estas zonas, lo más probable es que ese lote sea irregular y no exista ni pueda existir nunca”, advirtió.

Y aclaró que no dependen de la voluntad del Ejecutivo, sino que los trámites de subdivisión deben ser convalidados en Provincia, donde se verifica el cumplimiento del PDT y la preservación del entorno natural. “Son veedores de estas dos normativas”, señaló.

“Es un tema serio, de riesgo patrimonial que muchas veces no se puede solucionar”, agregó.

Asesoramiento

En primer lugar, resulta necesario tomar como punto de partida que, en Tandil, “no todos los lotes son divisibles”, que “tenemos áreas protegidas”, aquellas que no admiten la subdivisión en menos de 7.500 metros cuadrados.

Ante este escenario, Riestra sugirió que todo interesado en un terreno debe asesorarse con un “profesional de confianza”, ya sea un agrimensor, arquitecto, abogado o escribano.

Para facilitar este proceso, la Dirección de Ordenamiento Territorial y Catastro puso a disposición de la comunidad diversos canales de consulta por mail a catastro@tandil.gov.ar o mediante atención presencial en Maipú y Chacabuco, de lunes a viernes de 8 a 13.

Asimismo, el Municipio difundió un plano simplificado de la ciudad, donde las zonas críticas aparecen resaltadas en rojo para que los vecinos puedan identificar rápidamente dónde deben estar atentos.

La funcionaria invitó a todos los vecinos a acercarse a las oficinas municipales para verificar la situación de cualquier parcela antes de firmar boletos de compraventa o realizar pagos.

La Libertad Avanza (LLA) anunció días atrás el lanzamiento de una propuesta legislativa en territorio bonaerense que contempla la presentación de más de un centenar de proyectos con el objetivo de reducir o eliminar tasas municipales que, según los referentes del sector, afectaron la actividad económica local.

El bloque de concejales del espacio libertario se hizo eco del abordaje impulsado a nivel provincial y presentó esta semana un proyecto de ordenanza con el objetivo de modernizar y agilizar el sistema de habilitaciones comerciales.

La iniciativa surgió en respuesta a la situación que enfrentan los comerciantes que se veían obligados a iniciar un trámite de renovación total cada vez que vencía su contrato de alquiler, a pesar de no haber modificado ninguna condición esencial de su negocio.

La propuesta de modificación del régimen de habilitaciones comerciales ante renovación del contrato de locación parte de la “necesidad de simplificar y modernizar los procedimientos administrativos” y de la situación que se genera en los casos en que mantenga inalteradas las condiciones esenciales del procedimiento.

La normativa vigente hasta el momento exigió la tramitación de una nueva habilitación comercial ante cada renovación contractual del inmueble. Según los fundamentos del proyecto, esta exigencia representó una carga burocrática y financiera innecesaria, ya que implicó la reiteración de trámites y la presentación de documentación que ya obraba en poder de la Municipalidad.

El expediente iniciará el proceso legislativo con su paso a las comisiones correspondientes, donde se espera que sea analizado por los diferentes bloques políticos para establecer su viabilidad técnica y el impacto fiscal de la medida antes de su tratamiento en el recinto.

Los fundamentos

Entre los considerandos, el texto presentado señala que actualmente la normativa vigente exige la tramitación de una nueva habilitación comercial ante cada renovación contractual del inmueble donde funciona el establecimiento, aun cuando no se modifiquen las condiciones sustanciales del comercio.

Esa exigencia “conspira contra el normal ejercicio de la actividad comercial e implica la reiteración de trámites administrativos, presentación de documentación ya obrante en el Municipio y el pago de tasas asociadas, generando una carga burocrática y financiera innecesaria para el comerciante”.

Sin embargo, observa que cuando el local comercial “continúa siendo el mismo inmueble, se mantiene idéntica actividad económica, no se altera la razón social ni el titular de la explotación y no se producen modificaciones estructurales ni funcionales del establecimiento, no existe un cambio sustancial que justifique la renovación de la habilitación y el pago del Derecho de Oficina”.

Además, agrega que el comerciante que desarrolla actividad presenta “mensualmente la declaración jurada correspondiente a la Tasa Unificada de Actividades Económicas (TUAE), abonando regularmente la tasa por el ejercicio del comercio, lo que constituye una manifestación expresa y periódica de continuidad en la actividad sin modificación de los elementos esenciales que dieron origen a la habilitación”.

Asimismo, indica que resulta necesario “evitar exigencias formales que no aporten mayor control ni mejoran la seguridad, salubridad o fiscalización del comercio”, y “promover un Municipio más eficiente, ágil y orientado a la simplificación de trámites”.

Los artículos

El proyecto de ordenanza consta de cinco artículos que buscan redefinir el trámite administrativo para la habilitación comercial.

A más dataos, el artículo primero propone la derogación del inciso B del artículo 19 de la Ordenanza 15.810, eliminando la obligación de pagar el Derecho de Habilitación Comercial “cuando la única modificación verificada sea la suscripción de un nuevo contrato de locación por vencimiento del anterior”.

Para acceder a este beneficio, establece cuatro condiciones: que no “altere la actividad habilitada, el domicilio comercial, la titularidad del comercio o fondo de comercio ni las condiciones estructurales, edilicias y de seguridad oportunamente aprobadas”.

Por su parte, el artículo segundo establece que “en los supuestos previstos en el artículo anterior, el titular deberá únicamente acreditar ante la autoridad de aplicación la continuidad del derecho de uso del inmueble mediante la presentación del nuevo contrato de locación o instrumento legal equivalente, sin necesidad de iniciar trámite de renovación de habilitación”.

El artículo tercero dispone que la presentación y pago regular de la declaración jurada de la Tasa Unificada de Actividades Económicas (TUAE) “constituirán presunción suficiente de continuidad de la actividad comercial en los términos de la habilitación originalmente otorgada, salvo prueba en contrario por parte de la autoridad competente”.

Por último, el proyecto facultó al Departamento Ejecutivo para adecuar la reglamentación administrativa necesaria para garantizar que esta simplificación se aplicara de manera efectiva en todas las áreas de la Municipalidad.

Simplificación de trámites

En un primer abordaje, el concejal de Acción Tandilense - LLA, Martiniano Corbetta, puso el foco en la burocracia administrativa que afecta a los emprendedores tandilenses. “Escuchamos de los vecinos muchas situaciones que los procesos burocráticos enlentecen la parte productiva de la ciudad”, advirtió.

En ese sentido, apuntó a las habilitaciones comerciales, especialmente en los casos en los que el titular del emprendimiento no es dueño del local.

Entonces, señaló que la renovación del alquiler por vencimiento del contrato “obliga a realizar nuevamente la habilitación del comercio”, proceso que implica un costo económico adicional además de “entorpecer la actividad económica independiente”.

Así, a partir de la observación que “los tiempos y procesos son más largos que otros municipios”, enfocó la presentación en ese aspecto que consideró “prioritario” y que surgió de la “interacción con los ciudadanos”.