La Municipalidad, a través de la Dirección de Estadística Local, consolidó un ciclo de cinco años de monitoreo constante sobre la evolución de los precios en el distrito. Este programa, que comenzó a implementarse en marzo de 2021, cumplió media década de labor técnica orientada a construir un indicador propio que refleje la dinámica económica de las góndolas locales. 

Durante 60 meses, y de forma “ininterrumpida”, el equipo técnico de la dependencia a cargo de Julieta Vicente recorrió 35 locales comerciales de la ciudad y consultó el precio de los mismos 100 productos de las ramas de alimentos, bebidas y tabaco para construir un indicador que permita analizar la evolución de la canasta básica sin depender de las mediciones nacionales del Indec.

El informe aniversario al que accedió en exclusiva El Eco de Tandil reveló que, a lo largo de este trayecto, el índice local navegó por distintos escenarios, marcando un pico hacia finales de 2023 y un promedio histórico que se ubica en un 5,8 por ciento.

El funcionamiento del indicador

Sobre el modo en que se constituye el indicador, señala que cada mes, personal del Municipio recorre 35 locales comerciales, entre carnicerías, kioskos, panaderías, pescaderías, comercios de regionales, supermercados y verdulerías.

En esos lugares, releva el precio en góndola de 100 productos vinculados a la canasta familiar de consumo de la población. Esos datos recopilados se vuelcan en una base de datos que luego es analizada por el Área de Indicadores Económicos de la Dirección de Estadística Local.

Los datos son procesados de acuerdo a una metodología que considera diferentes pesos en las categorías relevadas para la construcción del Indicador General de Precios. “Esta metodología fue diseñada para adaptarse a la realidad local, si bien sigue los lineamientos de estándares provinciales y nacionales”.

El indicador se organizó en dos grandes grupos de consumo. El primero, y más determinante para el bolsillo familiar, fue el de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que representó el 88,3 por ciento de la síntesis del índice.

El segundo grupo, de menor peso, pero con impacto en el consumo habitual, comprendió las Bebidas alcohólicas y tabaco. Esta estructura permitió monitorear no solo lo indispensable para la nutrición, sino también aquellos bienes que forman parte de la cultura de consumo de la sociedad tandilense.

El primer grupo incluyó las categorías pan y cereales; carnes frescas y congeladas; pescados frescos y congelados; productos lácteos y huevos; aceites y grasas; frutas; legumbres y hortalizas; azúcar, miel, dulces y chocolates; condimentos y otros productos alimenticios; café, té y cacao; aguas, gaseosas, jugos. El segundo grupo a bebidas espirituosas, destiladas y licores; vino; cerveza; tabaco.

La evolución histórica y el pico de 2023

Al analizar el comportamiento del indicador en el tiempo, se observó una trayectoria marcada por la oscilación. Según los datos oficiales, el promedio histórico de variación mensual se situó en un 5,8 por ciento, mientras que el registro más bajo se detectó en septiembre de 2024, con un 0,1 por ciento.

Por el contrario, el momento de mayor presión se produjo en diciembre de 2023, cuando el índice alcanzó un máximo de 44,2 por ciento.

Dentro del ranking de variaciones nominales entre marzo de 2021 y febrero de 2026, los resultados reflejaron que de los diez productos que más aumentaron en términos monetarios en las góndolas locales, ocho pertenecen a la rama de carnes frescas y congeladas.

La categoría aporta un 30,2 por ciento al indicador de precios, por lo que la convierte en la de “mayor relevancia” para analizar el peso en la canasta básica.

En otra página, el informe destaca que la variación de las Carnes frescas y congeladas tuvo “valores dispares”, ya que en diciembre de 2023 experimentó un alza del 72 por ciento y “su valor mínimo en el mes inmediato siguiente, con una caída del 11,6 por ciento”.

Por su parte, la rama de Pan y cereales, que ostenta una participación del 15,5 por ciento en el indicador, también “varió de forma similar al resto”.

Su variación máxima se detectó en diciembre de 2023, con un aumento del 44,6 por ciento, mientras que su valor más bajo se registró en febrero de 2025, con una retracción del 1,4 por ciento.

Finalmente, los productos de la categoría Lácteos y huevos, que representan un 11,5 por ciento de la composición final, acompañaron el ritmo del resto de la canasta.

El pico también coincidió con el cierre de 2023, alcanzando un 26,7 por ciento de incremento mensual. La caída más pronunciada para los lácteos ocurrió en enero de 2025, con un descenso del 1,6 por ciento.

La importancia del índice, más allá de los números

Entre las reflexiones por el 5to. aniversario del relevamiento de precios, que lleva la firma de la directora de Estadística Local, Julieta Vicente, destaca que la posibilidad de contar con un índice propio permitió a la ciudad medir la evolución real de los precios “en lugar de depender únicamente de promedios nacionales o regionales”.

Además, “refleja la realidad local e identifica variaciones específicas de Tandil que pueden diferir de la Región Pampeana o del Gran Buenos Aires”.

Desde la dependencia municipal valoraron que la consolidación de estos datos es una herramienta clave para la toma de decisiones, tanto para el sector público como para el privado.

Al monitorear de cerca categorías clave como alimentos, bebidas y tabaco y detectar cuáles categorías tienen mayor peso en el bolsillo local (como el caso de la carne o los productos estacionales de verdulería), se logra una visión más clara de la situación.

El informe concluye con un agradecimiento a los 35 comercios participantes, cuya colaboración fue indispensable para sostener el relevamiento de forma ininterrumpida durante cinco años.

La continuidad de esta política pública, que atravesó diferentes contextos políticos y económicos, consolida una base de datos para el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones.

En los últimos años, el crecimiento urbano de Tandil generó en una realidad creciente: la falta de espacio para estacionar. Lo que antes era una problemática que se limitaba al radio céntrico, en la actualidad se extendió hacia las avenidas y los barrios periféricos. En simultáneo, la cantidad de vecinos y comerciantes que solicitaron la reserva de un espacio de la vía pública mediante el pintado de cordones amarillos creció y encendió las alarmas.

En una entrevista con El Eco de Tandil, la concejal y presidenta de la Comisión de Transporte y Tránsito, Luján Fiego, confirmó el escenario actual y la decisión de fijar una pausa en el tratamiento de estos expedientes con el objetivo de ordenar el esquema normativo.

Según detalló, en los últimos tres meses el espacio legislativo acumula más de 20 pedidos de reserva de espacio, una cifra que calificó como alta y que refleja un desborde del sistema actual. “Estuvimos viendo que había incrementado notablemente y de manera sostenida los pedidos de reserva de estacionamiento por distintas causas”, alertó sobre situación que había sido detectada desde la anterior conformación.

La normativa que regula actualmente estos espacios es la Ordenanza 17.409, un encuadre que, según la mirada de los actuales integrantes de la comisión, quedó desfasada frente a una realidad que cambió y demanda un nuevo abordaje. “Lo que estamos entendiendo es que la ordenanza al día de hoy no es suficiente”, aseguró Fiego en diálogo con este Diario.

El planteo

Según la ordenanza, se trata de “la señalización de un espacio en el que se prohíbe  el  estacionamiento  de  vehículos  en  un determinado  período  temporal  o  permanente, permitiéndose  en  su  caso,  excepcionar  a  vehículos determinados por la concesión de la reserva en relación al objeto de la misma”.

La nueva composición del ámbito legislativo retomó los expedientes y detectó el incremento de la demanda, a partir de la cual “decidimos hacer una pausa y tomarnos el tiempo para rever la ordenanza 17.409”.

Por ese motivo, “hoy no estamos otorgando reservas” a excepción de las personas que “presentan una discapacidad y presentan los papeles que estamos pidiendo”.

El tema está en agenda en la Comisión de Transporte, donde sus integrantes fijaron un plazo de seis meses para evaluar las opciones de modificación del marco normativo bajo un enfoque “integral”.

El diagnóstico

En ese proceso, el análisis realizado por la comisión legislativa avanzó en la identificación de varios factores. Por un lado, el crecimiento del parque automotor en Tandil hizo que la oferta de espacio en la vía pública sea cada vez más escasa. Por otro lado, las nuevas formas de edificación, como la proliferación de complejos de dúplex que no siempre cuentan con las cocheras necesarias para la totalidad de sus habitantes, trasladaron la demanda de estacionamiento a las puertas de las viviendas.

Reconoció que es uso y costumbre “estacionar en la puerta de casa”. Sin embargo, admitió que “ya no lo podemos hacer más”, por eso ratificó la decisión de “tomar medidas antes que tengamos la ciudad pintada de amarillo”.

Fiego señaló que los pedidos de cordón amarillo ya no se limitan al centro. “Tratamos uno de avenida Actis al 2000, otro de Darragueira y otro de un pasaje que no tiene nada que ver con la zona céntrica”, ejemplificó y agregó que “vienen de absolutamente todos los barrios a pedir estacionamiento”.

En ese sentido, fue categórica al ratificar que “si nosotros no restringimos un poco y ordenamos algunas cosas vamos a tener una ciudad pintada de amarillo”.

Entonces, apuntó a la necesidad de “entender que a no todos los comerciantes que necesitan carga y descarga podemos darles cordón amarillo” y adelantó que una opción podría estar vinculada a que los espacios de carga y descarga sean compartidos para no quedar inutilizados para el resto de los vehículos durante gran parte del día.

Los permisos otorgados

Por otro lado, la concejal a cargo de la comisión legislativa sostuvo que uno de los puntos detectados tiene relación con la falta de control sobre las reservas que fueron otorgadas con anterioridad. “Al que se le dio el cordón amarillo hace diez años porque vivía una persona con discapacidad, quizás esa persona ya no vive más en ese domicilio y el que vive hoy no pidió la baja”, relató Fiego para citar un ejemplo.

Las situaciones de desactualización de los permisos fueron otros de los argumentos expuestos para avanzar en un nuevo enfoque normativo.

“Debe aggiornarse”

La normativa vigente fue modificada el 6 de diciembre de 2021. “La ordenanza debe aggiornarse”, ratificó la concejal de Acción Tandilense - La Libertad Avanza.

Según Fiego, los requisitos que contempla no se adaptan a los tiempos actuales, por lo que el objetivo de la suspensión por seis meses es trabajar en un nuevo marco que establezca criterios más rigurosos y adaptados a la realidad de Tandil.

“Había que ponerle un freno y pensar otra modalidad en la ordenanza o en los requisitos para solicitar los cordones amarillos de reserva de estacionamiento. Faltaba la decisión de frenar”, remarcó y admitió que “no es grato decirle a un vecino que no se puede, pero también hay que tomar el tema y es lo que hemos hecho desde la comisión”, dado que “hay cosas que no funcionan y que son muy laxas a este Tandil”.

En cuanto a la redacción de la nueva ordenanza, Fiego destacó que se mantendrá un diálogo con el Departamento Ejecutivo, específicamente con el área de Control Urbano Vehicular y las que estén vinculadas, para “conocer su opinión” y unificar criterios.

“Lo importante es lograr una buena ordenanza para los tiempos que corren”, para lo cual “tenemos que lograr los consensos dentro del Concejo Deliberante y con el Ejecutivo”, aseguró la concejal, que se mostró conforme con el trabajo desplegado hasta el momento “y creo que todos tenemos bastante unificados los criterios de que tenemos que ir por normas que prevean más requisitos”.

La concejal indicó que se están analizando los modelos de gestión de otras ciudades para encontrar soluciones y que el objetivo es que la futura norma garantice “la equidad, la razonabilidad, la seguridad jurídica” y que “nos permita ordenar adecuadamente el espacio público, que en lo que tiene que ver con la reserva de estacionamiento, se ha desmadrado”.

Mirada a futuro  

El compromiso de la comisión es entregar un proyecto de ordenanza superador en un plazo de seis meses, aunque Fiego reconoció que podría demandar más tiempo. “Más vale demorar un poco y hacer algo que sirva y no hacer cosas a las apuradas que después haya que rectificar constantemente”, sostuvo.

Mientras tanto, los pedidos que ingresen por la mesas de entrada del Ejecutivo o del Legislativo quedarán en espera. Asimismo, se les informará a los vecinos sobre la resolución de la comisión y los motivos de la demora “para que estén al tanto”.

El debate en torno al acceso a la tierra sigue en agenda en virtud de dos casos que en el último tiempo generaron una preocupación adicional: el proyecto del desarrollo urbanístico en la chacra 274 y el loteo irregular en la zona de La Elena. En ese marco, la detección de operaciones inmobiliarias en zonas donde el Plan de Desarrollo Territorial no admite la subdivisión de parcelas encendió las alarmas.

El bloque de concejales de Fuerza Patria se hizo eco de la problemática y presentó un proyecto de ordenanza que busca establecer condiciones obligatorias de información y transparencia para la comercialización de inmuebles bajo la figura de condominio en Tandil.

Por su parte, el Gobierno comunal lanzó una campaña para advertir sobre la proliferación de ofertas de terrenos que, bajo una apariencia de legalidad, esconden irregularidades normativas.

En diálogo con Tandil Despierta (EcoTV y 104.1 Tandil FM), la directora de Ordenamiento Territorial y Catastro, María Riestra, se refirió a la complejidad de una situación que no es nueva, pero que encontró en las redes sociales un terreno para su expansión.

“La mejor manera de prevenir estas cosas es con información”, planteó la funcionaria. Al enfocarse en el tema, advirtió que “estamos detectando que están haciendo muchas ventas de ‘loteos’ bajo la figura de condominio”.

La figura del condominio

En cuanto a la modalidad legal utilizada para estas transacciones, Riestra precisó que en estos casos el comprador no adquiere un lote propio con su partida inmobiliaria independiente, sino “una porción de un terreno indiviso”.

“La gente está comprando un porcentaje de algo, pero el lote sigue siendo uno solo”, advirtió la directora, señalando que el lote, como unidad independiente, “no existe”.

A diferencia de la propiedad horizontal, esta modalidad “no genera unidades funcionales” y además representa un “riesgo patrimonial”, ya que el comprador no llega a ser dueño absoluto de su parcela. Entonces, al no existir un lote subdividido legalmente, es imposible realizar una escrituración individual.

“El hecho que muestren que un lote está marcado o que haya casas en la zona no quiere decir que eso esté aprobado”, enfatizó la funcionaria.

La imposibilidad de construir de forma legal es otro de los puntos clave, ya que, al tratarse de parcelas irregulares, el Municipio no otorga los permisos de obra que habiliten el inicio de las tareas.

Restricciones legales y la Ley de Paisaje Protegido

A este escenario, Riestra sumó como particularidad de la ciudad que su crecimiento está regulado por dos normativas centrales: el Plan de Ordenamiento Territorial (PDT) y la Ley de Paisaje Protegido. Ambas leyes establecen límites estrictos para la subdivisión de tierras, especialmente en las zonas serranas.

La directora de Catastro recordó que en áreas protegidas, la normativa prohíbe divisiones menores a los 7.500 metros cuadrados, lo que equivale a casi una hectárea.

“Si ofrecen un lote de 350, 400 o 600 metros cuadrados en estas zonas, lo más probable es que ese lote sea irregular y no exista ni pueda existir nunca”, advirtió.

Y aclaró que no dependen de la voluntad del Ejecutivo, sino que los trámites de subdivisión deben ser convalidados en Provincia, donde se verifica el cumplimiento del PDT y la preservación del entorno natural. “Son veedores de estas dos normativas”, señaló.

“Es un tema serio, de riesgo patrimonial que muchas veces no se puede solucionar”, agregó.

Asesoramiento

En primer lugar, resulta necesario tomar como punto de partida que, en Tandil, “no todos los lotes son divisibles”, que “tenemos áreas protegidas”, aquellas que no admiten la subdivisión en menos de 7.500 metros cuadrados.

Ante este escenario, Riestra sugirió que todo interesado en un terreno debe asesorarse con un “profesional de confianza”, ya sea un agrimensor, arquitecto, abogado o escribano.

Para facilitar este proceso, la Dirección de Ordenamiento Territorial y Catastro puso a disposición de la comunidad diversos canales de consulta por mail a catastro@tandil.gov.ar o mediante atención presencial en Maipú y Chacabuco, de lunes a viernes de 8 a 13.

Asimismo, el Municipio difundió un plano simplificado de la ciudad, donde las zonas críticas aparecen resaltadas en rojo para que los vecinos puedan identificar rápidamente dónde deben estar atentos.

La funcionaria invitó a todos los vecinos a acercarse a las oficinas municipales para verificar la situación de cualquier parcela antes de firmar boletos de compraventa o realizar pagos.

La Libertad Avanza (LLA) anunció días atrás el lanzamiento de una propuesta legislativa en territorio bonaerense que contempla la presentación de más de un centenar de proyectos con el objetivo de reducir o eliminar tasas municipales que, según los referentes del sector, afectaron la actividad económica local.

El bloque de concejales del espacio libertario se hizo eco del abordaje impulsado a nivel provincial y presentó esta semana un proyecto de ordenanza con el objetivo de modernizar y agilizar el sistema de habilitaciones comerciales.

La iniciativa surgió en respuesta a la situación que enfrentan los comerciantes que se veían obligados a iniciar un trámite de renovación total cada vez que vencía su contrato de alquiler, a pesar de no haber modificado ninguna condición esencial de su negocio.

La propuesta de modificación del régimen de habilitaciones comerciales ante renovación del contrato de locación parte de la “necesidad de simplificar y modernizar los procedimientos administrativos” y de la situación que se genera en los casos en que mantenga inalteradas las condiciones esenciales del procedimiento.

La normativa vigente hasta el momento exigió la tramitación de una nueva habilitación comercial ante cada renovación contractual del inmueble. Según los fundamentos del proyecto, esta exigencia representó una carga burocrática y financiera innecesaria, ya que implicó la reiteración de trámites y la presentación de documentación que ya obraba en poder de la Municipalidad.

El expediente iniciará el proceso legislativo con su paso a las comisiones correspondientes, donde se espera que sea analizado por los diferentes bloques políticos para establecer su viabilidad técnica y el impacto fiscal de la medida antes de su tratamiento en el recinto.

Los fundamentos

Entre los considerandos, el texto presentado señala que actualmente la normativa vigente exige la tramitación de una nueva habilitación comercial ante cada renovación contractual del inmueble donde funciona el establecimiento, aun cuando no se modifiquen las condiciones sustanciales del comercio.

Esa exigencia “conspira contra el normal ejercicio de la actividad comercial e implica la reiteración de trámites administrativos, presentación de documentación ya obrante en el Municipio y el pago de tasas asociadas, generando una carga burocrática y financiera innecesaria para el comerciante”.

Sin embargo, observa que cuando el local comercial “continúa siendo el mismo inmueble, se mantiene idéntica actividad económica, no se altera la razón social ni el titular de la explotación y no se producen modificaciones estructurales ni funcionales del establecimiento, no existe un cambio sustancial que justifique la renovación de la habilitación y el pago del Derecho de Oficina”.

Además, agrega que el comerciante que desarrolla actividad presenta “mensualmente la declaración jurada correspondiente a la Tasa Unificada de Actividades Económicas (TUAE), abonando regularmente la tasa por el ejercicio del comercio, lo que constituye una manifestación expresa y periódica de continuidad en la actividad sin modificación de los elementos esenciales que dieron origen a la habilitación”.

Asimismo, indica que resulta necesario “evitar exigencias formales que no aporten mayor control ni mejoran la seguridad, salubridad o fiscalización del comercio”, y “promover un Municipio más eficiente, ágil y orientado a la simplificación de trámites”.

Los artículos

El proyecto de ordenanza consta de cinco artículos que buscan redefinir el trámite administrativo para la habilitación comercial.

A más dataos, el artículo primero propone la derogación del inciso B del artículo 19 de la Ordenanza 15.810, eliminando la obligación de pagar el Derecho de Habilitación Comercial “cuando la única modificación verificada sea la suscripción de un nuevo contrato de locación por vencimiento del anterior”.

Para acceder a este beneficio, establece cuatro condiciones: que no “altere la actividad habilitada, el domicilio comercial, la titularidad del comercio o fondo de comercio ni las condiciones estructurales, edilicias y de seguridad oportunamente aprobadas”.

Por su parte, el artículo segundo establece que “en los supuestos previstos en el artículo anterior, el titular deberá únicamente acreditar ante la autoridad de aplicación la continuidad del derecho de uso del inmueble mediante la presentación del nuevo contrato de locación o instrumento legal equivalente, sin necesidad de iniciar trámite de renovación de habilitación”.

El artículo tercero dispone que la presentación y pago regular de la declaración jurada de la Tasa Unificada de Actividades Económicas (TUAE) “constituirán presunción suficiente de continuidad de la actividad comercial en los términos de la habilitación originalmente otorgada, salvo prueba en contrario por parte de la autoridad competente”.

Por último, el proyecto facultó al Departamento Ejecutivo para adecuar la reglamentación administrativa necesaria para garantizar que esta simplificación se aplicara de manera efectiva en todas las áreas de la Municipalidad.

Simplificación de trámites

En un primer abordaje, el concejal de Acción Tandilense - LLA, Martiniano Corbetta, puso el foco en la burocracia administrativa que afecta a los emprendedores tandilenses. “Escuchamos de los vecinos muchas situaciones que los procesos burocráticos enlentecen la parte productiva de la ciudad”, advirtió.

En ese sentido, apuntó a las habilitaciones comerciales, especialmente en los casos en los que el titular del emprendimiento no es dueño del local.

Entonces, señaló que la renovación del alquiler por vencimiento del contrato “obliga a realizar nuevamente la habilitación del comercio”, proceso que implica un costo económico adicional además de “entorpecer la actividad económica independiente”.

Así, a partir de la observación que “los tiempos y procesos son más largos que otros municipios”, enfocó la presentación en ese aspecto que consideró “prioritario” y que surgió de la “interacción con los ciudadanos”.

La implementación de la aplicación Cuándo Subo en Tandil ingresó en su etapa de definiciones luego de meses de gestiones técnicas ante los organismos reguladores. La Dirección del Sistema Único de Movilidad Urbana, a cargo de Luján Brito, elevó la semana pasada al Concejo Deliberante una solicitud formal para la actualización del listado de paradas de las seis líneas de transporte urbano de pasajeros.

El expediente se encuentra actualmente bajo análisis en la Comisión de Transporte que preside Luján Fiego (Acción Tandilense – La Libertad Avanza), donde se espera por el avance de su tratamiento para poner en marcha lo que sería la última fase del proceso administrativo.

El paso busca completar el esquema de datos que exige la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Según explicaron fuentes municipales a El Eco de Tandil, el organismo nacional aprobó la documentación enviada previamente, la cual incluyó los datos de las empresas prestatarias, el trazado de los recorridos, la identificación de días y fechas de servicio, la información estática del sistema y las excepciones al cronograma habitual.

Con este marco validado, la información actualizada sobre los puntos de ascenso y descenso de pasajeros sería lo que resta para integrar la totalidad de los datos al sistema nacional.

La herramienta

La puesta en marcha de una herramienta que permita a los usuarios gestionar el tiempo de sus viajes representa una de las demandas centrales desde la migración definitiva al sistema SUBE.

A más de dos años del desembarco de la tarjeta nacional todavía no hay certezas sobre los plazos para la puesta en marcha de la aplicación para conocer la ubicación o el tiempo para la llegada de la próxima unidad al punto de la ciudad en que se encuentre el pasajero.

Como se informó, la app calcula los tiempos de arribo aproximados en base a mediciones realizadas en los 18 recorridos que cubren las seis líneas de colectivos locales.

La instancia de trabajo fue el resultado de un proceso que definió los mapas a partir de la carga del listado completo de los espacios destinados para el ascenso y descenso de pasajeros en todo el partido de Tandil aprobado por el Concejo Deliberante. Se trata de un abordaje técnico que requiere información precisa para incorporar al sistema y mejorar el cálculo del arribo predictivo de las unidades.

La transición hacia la tarjeta nacional dejó al sistema sin la herramienta de arribo predictivo al eliminarse los equipos que tenía SUMO instalados en los micros y que permitía a los usuarios, a través de la aplicación o mediante la versión web, conocer la ubicación de las unidades de cada una de las líneas en el recorrido.

A comienzos de este año, los concejales del bloque Hechos - Alternativa Tandil presentaron un proyecto de resolución en el Concejo Deliberante para solicitar que el Gobierno gestione, ante las autoridades competentes del sistema SUBE, la implementación de la geolocalización en tiempo real de todas las unidades del transporte urbano de pasajeros.

Asimismo, propone que, “hasta tanto se concrete dicha implementación, vería con agrado que el Departamento Ejecutivo desarrolle y publique en la plataforma de Datos Abiertos del Municipio un mapa interactivo de geolocalización de todas las paradas de colectivos existentes, discriminadas por línea de transporte”.

El Municipio oficializó la puesta en marcha del Sistema de Bicicletas de Uso Público y Recreativo, un programa orientado a fortalecer el turismo sustentable, la recreación y la movilidad saludable. Se trata de una decisión política que convoca a prestadores para darle una utilidad a los rodados donados en 2014 por fundación Banco Macro y que ya formaron parte del programa Conociendo Mi Tandil en Bicicleta.

Para su implementación, lanzó una invitación para que emprendedores turísticos adhieran al sistema mediante la aceptación de bicicletas en comodato gratuito, cumpliendo determinadas condiciones de uso y funcionamiento.

De este modo, los establecimientos del sector privado tendrán en custodia los rodados para facilitar el acceso de visitantes a una forma de transporte saludable y sin costo.

El proyecto se inscribe dentro de las políticas públicas impulsadas por la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación, a través de la Dirección de Turismo, y contempla la creación de subprogramas con enfoque “inclusivo, educativo y comunitario”.

Un esquema de gestión participativo

De acuerdo a lo informado, el convenio contempla que cada prestador podrá recibir hasta seis bicicletas, que deberán destinarse “exclusivamente a actividades recreativas y/o turísticas gratuitas”, en el marco del sistema municipal.

A más detalles, precisaron que el modelo de gestión establece que las bicicletas “no podrán ser utilizadas con fines comerciales ni de lucro, ni trasladadas fuera del Partido de Tandil sin autorización expresa, garantizando así su uso público y comunitario”.

La iniciativa se apoya en la donación de bicicletas y accesorios realizada por la Fundación Banco Macro, convalidada oportunamente por la ordenanza Municipal 14.487.

El plan original apuntó a la creación de un sistema de bicicletas públicas como tercera parte del Sistema Único de Movilidad Ordenada que puso en marcha el boleto electrónico y el estacionamiento medido en el radio céntrico que actualmente gestiona la firma de Bahía Blanca, Eycon SA.

La donación fue de 200 bicicletas estilo mountain bike, junto con “200 cascos protectores, 200 cestas metálicas y cuatro guarderías para 200 bicicletas, elementos que la Municipalidad destinará al proyecto denominado Sistema de Bicicletas de Uso Público”, en los términos que fija la ordenanza sancionada el 26 de febrero de 2015 y que convalida el contrato firmado por el intendente Miguel Lunghi y la entidad.

El nuevo esquema propone un modelo de gestión “descentralizado”, con la participación activa de prestadores de servicios turísticos de la ciudad y de las localidades rurales del partido.

Los objetivos del programa

El Sistema de Bicicletas de Uso Público y Recreativo tiene como finalidad “promover hábitos saludables, fomentar la movilidad sostenible y ampliar la oferta turística local”, especialmente en circuitos recreativos de baja exigencia y en entornos naturales y rurales.

Al mismo tiempo, busca “fortalecer las economías locales y diversificar las propuestas disponibles para residentes y visitantes”, según señalaron a este Diario desde el área a cargo.

Para esta etapa, se entregarán en comodato 54 unidades en total, de a 10 bicicletas a medida que estén puestas a punto por una bicicletería comunitaria.

Requisitos y responsabilidades

Para asegurar la sostenibilidad del sistema a largo plazo, el Municipio estableció una serie de obligaciones para los prestadores que adherirán al programa.

El protocolo de préstamo exige a los prestadores la implementación de un sistema de registro obligatorio de préstamo gratuito. Cada usuario que solicitará una bicicleta deberá completar un formulario de inscripción y un deslinde de responsabilidad aprobado por el Municipio.

Además, quienes se sumen al sistema deberán asumir la “guarda, custodia y mantenimiento preventivo y correctivo de las bicicletas y cascos, garantizando su buen estado y seguridad”.

Asimismo, “contratar y mantener vigentes seguros de responsabilidad civil y de accidentes personales, con cláusula de no repetición a favor del Municipio de Tandil y la Fundación Banco Macro” y “facilitar las tareas de supervisión y monitoreo que realizará el personal municipal”.

El contrato de comodato tendrá una vigencia de 24 meses, con posibilidad de renovación en caso que ambas partes cumplieran satisfactoriamente con los términos acordados.

Los prestadores interesados en participar del Sistema de Bicicletas de Uso Público y Recreativo deberán manifestar su interés y avanzar con los pasos administrativos correspondientes comunicándose por correo electrónico a turismo@tandil.gov.ar.

En principio, la instancia apunta a los prestadores de las localidades rurales, por lo que posteriormente se avanzaría con los de la ciudad.

De esta manera, “el Municipio de Tandil avanza en la consolidación de una política pública que articula turismo, ambiente y calidad de vida, promoviendo un uso responsable del espacio público y nuevas experiencias recreativas para toda la comunidad”.

El proceso de inscripción en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen) transitó durante las últimas semanas una etapa de definiciones con miras al ingreso de miles de jóvenes a las carreras que dicta en las facultades que tiene en sus campus y complejos en las localidades bonaerenses de Tandil, Olavarría, Azul y Quequén (Necochea).

Mientras algunas facultades comenzaron sus cursos introductorios y otras, como la Facultad de Arte, mantienen aún abierta su convocatoria, las autoridades académicas realizaron un primer balance sobre la demanda de las carreras.

Los primeros datos –provisorios hasta que culminen los cursos en marcha- muestran un sostenimiento en las cifras al momento de optar por estudios superiores y disciplinas que la Unicen dicta en la región centro bonaerense, con una tendencia marcada de estudiantes locales.

En diálogo con El Eco de Tandil, la secretaria académica de la Unicen, Fabiana Ribas, precisó que, a pesar de las fluctuaciones lógicas de cada unidad académica, la tendencia general de la institución mostró una estabilidad que calificó como positiva ante la coyuntura nacional.

La funcionaria advirtió que los datos corresponden a preinscripciones y que las cifras definitivas estarán disponibles recién en la segunda quincena de marzo, una vez que la totalidad de las unidades académicas hayan iniciado sus actividades áulicas.

Las cifras preliminares

No obstante, el relevamiento preliminar permite trazar una comparativa con el mismo periodo del año anterior, arrojando un resultado de paridad. “Estamos manteniendo el número de interesados en cursar nuestras carreras”, destacó y expresó las expectativas frente a la posibilidad de mantener la matrícula considerando la variada oferta educativa que circula en la región y el actual contexto. “Es un muy buen resultado”, dijo, a la vez que ratificó que “trabajamos para incrementar el número de estudiantes”.

Durante los últimos tres años, la curva de inscripciones en la Unicen experimentó un proceso de estabilización tras las “variaciones” registradas durante y después de la pandemia.

Entre 2021 y 2022, la mediación tecnológica y la virtualidad podrían haber motivado picos de interés que luego se reacomodaron con el regreso total a la presencialidad.

“Si bien la experiencia de pandemia permitió mantener algunas actividades mediadas por la tecnología, la mayoría volvió a la presencialidad”, apuntó.

Para este ciclo académico, la universidad se encuentra en una estabilidad en cuanto a los reportes obtenidos hasta este momento. “Hoy estamos en esa tendencia”, remarcó y expuso como variable el impacto del actual contexto.

Estudiantes locales

Uno de los indicadores del reporte presentado por la secretaria académica fue el cambio en la movilidad de los ingresantes. En ese sentido, Ribas señaló que se observó una tendencia creciente hacia la “localía”, un fenómeno donde los jóvenes de Tandil, Azul y Olavarría optan por las sedes de sus propias ciudades en lugar de trasladarse.

“Antes recibíamos muchos estudiantes de la zona y lo que estamos viendo desde el año pasado es que la cantidad de jóvenes que se queda en su ciudad aumentó”, expresó.

Este indicador creció “del 28 por ciento al 40 por ciento en el último año”, marcando la pauta que “no hay tanta movilidad hacia otras universidades, pero tampoco vienen a la nuestra”.

En cuanto a las políticas de acompañamiento, Ribas repasó que, a través de la Secretaría de Bienestar Estudiantil, la universidad trabajó en el esquema de becas y en el sostenimiento de las residencias universitarias presentes en todas las sedes.

Y mencionó que un equipo de trabajadoras sociales se encargó del análisis de los casos para la asignación de los beneficios y de realizar un seguimiento de los alumnos, especialmente de aquel 60 por ciento que llega desde otras localidades y debe enfrentar los costos de alquiler y manutención.

El detalle, por facultades

Al analizar el comportamiento de las diferentes unidades académicas en Tandil en virtud de los registros provisorios de inscripción, la Facultad de Ciencias Humanas fue una de las que presentó mayor volumen, superando los mil prescriptos.

Por su parte, la Facultad de Ciencias Económicas registra 653 interesados, mientras que Ciencias Veterinarias alcanza los 467 alumnos en sus registros preliminares.

En la Facultad de Ciencias Exactas, tras varios años de un auge de las tecnicaturas cortas, este ciclo lectivo presentó un retorno hacia las carreras de grado tradicionales y las ingenierías. La nueva carrera de Ingeniería en Computación logró una “muy buena aceptación” en su primer año de dictado, según observó.

En total, la unidad académica que funciona en el Campus contabilizó 864 preinscritos, consolidando el perfil tecnológico de la sede local.

En las sedes de la región, los números también reflejaron una dinámica activa. En Olavarría, la Facultad de Ciencias de la Salud reportó 829 interesados. En tanto, la Facultad de Ingeniería mostró un “crecimiento cercano al 20 por ciento”, alcanzando los 521 inscriptos. La Facultad de Ciencias Sociales sumó 424 aspirantes a su oferta académica.

Por último, en la sede de Azul, la Facultad de Derecho lideró las preferencias con 440 preinscripciones, seguida por la Facultad de Agronomía que registró 280 alumnos.

En la unidad de Quequén, la Licenciatura en Logística y su correspondiente tecnicatura mantuvieron su vigencia con 85 interesados.

Educación pública

La continuidad de la actividad académica en la Unicen se da en medio del reclamo por el financiamiento. A pesar que hace cuatro meses la Ley de Emergencia Universitaria fue aprobada por amplia mayoría tanto en Diputados como en Senadores, el Gobierno nacional aun no la implementó.

Por tal motivo, los rectores reunidos en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exigen el cumplimiento de lo que marca la normativa: que se convoque a paritarias y que se actualicen los gastos de funcionamiento.

Para este ciclo, si bien desde el punto de demanda estudiantil la perspectiva es buena, la situación presupuestaria se mantiene como un tema central para la gestión universitaria.

El episodio ocurrido en los últimos días en el barrio La Elena puso en agenda un debate vinculado al crecimiento de la ciudad y a la potencialidad que presenta para la promoción de desarrollos inmobiliarios en sectores no habilitados por el marco normativo vigente.

En diálogo con el ciclo Último Bondi (104.1 Tandil FM, EcoTV y El Eco Streaming), el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse, expuso la complejidad del escenario y brindó detalles sobre la intervención del Estado ante el avance de loteos clandestinos.

Asimismo, ratificó la vigencia del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y, aunque reconoció la necesidad de implementar algunos ajustes, aseguró que deberían darse priorizando el bien común sobre los intereses particulares.

También, actualizó el estado de situación del expediente referido al desarrollo urbanístico Miradores de Montecristo, en la zona de El Centinela.

El disparador

El detonante de la intervención comunal fue un hecho de violencia del cual fue víctima un vecino el barrio La Elena, que fue atacado tras acercarse a un lote ubicado en la esquina de Chimango y Pavón donde se encontraban realizando trabajos. El hombre terminó internado en el Hospital por una serie de lesiones que incluso demandaron su ingreso al quirófano.

La Secretaría de Protección Ciudadana reportó el caso a Obras Públicas, que el lunes llevó adelante las averiguaciones correspondientes y el martes “procedimos a la clausura de los trabajos”, repasó Lafosse.

El secretario detalló que las tareas apuntaron a la apertura de calles “de manera clandestina”, aunque aclaró que si bien la normativa permite que un privado realice estas acciones bajo formatos específicos, requiere de un proyecto aprobado previamente por el Municipio.

“Las aperturas de calle tienen una importancia trascendental”, más aún en esa zona donde la topografía es “bastante compleja”, por lo que agregó que por allí “circula el excedente hídrico de los escurrimientos pluviales”. Entonces, un abordaje sin estudio puede generar “anegamientos y cambios en la escorrentía” del agua, afectando no solo el lugar, sino también las zonas situadas “aguas abajo”, advirtió el funcionario.

Sin embargo, el caso no se agotó allí. A más precisiones, dijo que detectaron que la apertura de calles era “a partir de la promoción de un loteo” de la manzana 215r que “no estaba aprobado”.

Según advirtió Lafosse, se están promocionando parcelas de entre 400 y 600 metros cuadrados en un sector donde, por el Plan de Desarrollo Territorial (PDT), “la división mínima permitida es de una hectárea y media”.

Esto se debe a que la zona se encuentra por encima de la cota 220, en un área catalogada como Complementaria y Protegida. “Es una posibilidad imposible de ser aprobada”, sentenció el secretario.

La capacidad de control

De todos modos, el caso detectado en La Elena puso nuevamente el foco en la capacidad de control del Estado ante una ciudad que crece. En ese sentido, Lafosse reconoció que “tenemos una dificultad en una ciudad que crece al ritmo que lo hace Tandil. Muchas veces se hace difícil en una extensión territorial bastante grande, pero estamos alertas”, manifestó el arquitecto a cargo de la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas.

En esa línea, mencionó que la semana pasada se realizaron intervenciones similares en otros sectores cercanos a La Elena, donde detectaron maniobras para abrir calles sin permiso. No obstante, Lafosse admitió que muchas veces la administración corre “detrás de la situación”.

Uno de los puntos de esta dinámica refiere la aparición de construcciones clandestinas que luego derivan en eventuales conflictos, dado que, según describió, se trata de una operatoria de compra de lotes a precios menores a los de mercado. Sin embargo, cuando intentan regularizar su situación ante la Municipalidad, se encuentran con una respuesta negativa. “Les tenemos que decir que no está permitida la construcción en ese sector más que de una sola vivienda”, explicó y agregó que, “para nosotros sigue siendo una parcela sin posibilidad de dividirse, y en esa parcela solo puede haber una única vivienda”.

Para mitigar estos riesgos, la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas instó a la ciudadanía a realizar consultas previas antes de cualquier transacción inmobiliaria.

El municipio dispone de canales abiertos, como el área de Catastro en la esquina de Chacabuco y Maipú, y casillas de correo electrónico específicas (consultacatastro@gmail.com) para evacuar dudas sobre la factibilidad de construcción en determinadas zonas.

El PDT, su vigencia y el debate por la reforma

-¿Cuál es su opinión con respecto a la necesidad o no de aplicar modificaciones al PDT?

-Los planes de esas características a ciudades que tienen menor índice de crecimiento le duran 30 o 40 años. Nosotros cumplimos 20 años con el PDT y uno puede llegar a decir que existe la necesidad de profundizar o de hacer algunos cambios. De todos modos, muchas veces las principales críticas que tiene el PDT es de gente que pretende hacer una determinada cosa en favor de, por ejemplo, estas operatorias, de tratar de generar una mayor subdivisión de suelo para tener una actividad mucho más rentable. El PDT lo que viene a hacer es poner criterio y orden en todas esas voluntades de subdividir el predio en mayor cantidad de espacio para que haya un marco jurídico para todos y entonces generar condiciones de crecimiento de la ciudad. No obstante, coincido en que algunas cuestiones del PDT deben ser abordadas para modificarse. No así en términos de lo que deberían ser las líneas gruesas del PDT. Es decir, la estrategia de crecimiento, los distintos programas que se tienen. Creo que además el PDT ha generado consenso en muchas cosas, por ejemplo, en el sector hacia donde debería crecer Tandil y hacia donde no debería crecer Tandil. También tenemos un ejemplo de esta práctica de más de 20 años que lleva el PDT, 21 años puntualmente, y entonces se puede pensar en una revisión para generar algunas instancias nuevas de cambio.

-Que en todo caso esos cambios tienen que ser por el bien común y no por un bien particular…

-Exactamente. Muchas veces las críticas más fuertes vienen por los grandes poseedores de tierra o por personas que tienen una parcela que pretenden subdividir y nosotros decimos que el PDT dice que no. De todos modos, esas posibilidades tienen una referencia muy importante en lo que es el valor de la tierra. Una tierra con posibilidad de subdividirse siempre va a tener mayor potencial económico si no se puede subdividir.

-¿Cree que se vienen tiempos en los que el área será protagonista frente a intereses cruzados?

-Uno no entra a la gestión municipal con la voluntad de generar amigos; el rol que uno cumple tiene una responsabilidad y esa responsabilidad, en esta cuestión puntual, es la de preservar el marco normativo, también teniendo en claro que es una gestión de una ciudad que crece, con lo cual siempre es mucho más interesante que una ciudad que no tiene esta clase de problemas. Pero también tenemos que ser muy conscientes de la ciudad que tenemos y si permitimos hacer cosas en todos lados y no respetamos el marco normativo, corremos el riesgo, si no la cuidadnos, de perder esta ciudad que tiene la mejor calidad de vida con la que se puede contar.

“Alineados con la asamblea”

Respecto a los cuestionamientos que realizó la Asamblea Ciudadana por la Preservación de las Sierras, el secretario aseguró que “hacemos cumplir el PDT” y apuntó al mecanismo que habilita los pedidos de excepción al explicar que pasan por una comisión donde participan colegios profesionales de arquitectos, ingenieros y agrimensores, y que la decisión final recae en el Concejo Deliberante.

“Es un proceso absolutamente transparente”, defendió y dijo que “es la propia modalidad de gestión que propone” el marco normativo en el que “no hay lugar a que no se cumpla”.

En el caso de La Elena, “tuvimos una acción muy concreta, fuimos detrás del conflicto, se paralizaron las obras y se detectaron estos temas”, por lo que consideró que “estamos alineados con lo que plantea la asamblea de las sierras”.

El caso Montecristo: la actualidad del proyecto

En otro pasaje de la entrevista, el secretario de Obras Públicas, Luciano Lafosse, abordó detalles del desarrollo urbanístico en la zona de Montecristo, un proyecto que derivó en litigios judiciales y denuncias cruzadas, y negó que el Municipio se interponga al avance del expediente.

“La semana pasada los desarrolladores del emprendimiento urbanístico Montecristo enviaron una nota al Ejecutivo denunciando faltantes en algunos expedientes, que no se sabe de qué expedientes están hablando. Hay un expediente de apertura de calles que no fue tratado, en el que la cantidad de hojas es la misma en la que está circulando por el Ejecutivo”, repasó.

El secretario “desmintió categóricamente” estas versiones y sobre la posible obstrucción del expediente respondió que “los desarrolladores no acreditan la propiedad del predio”.

“Tenemos un proyecto de apertura de calles a nombre de determinadas personas y una sucesión a nombre de otras. Lo primero que debemos garantizar es que quien plantea una obra de estas características tenga la potestad para hacerlo”, detalló.

Recordó que se trata de un predio ubicado en Área Rural según el PDT, por encima de la cota 250 y en sectores superiores a la cota 280, donde “toda urbanización está prohibida”, y explicó que los desarrolladores argumentan que es un “loteo previo”, cuyo plano de subdivisión fue “aprobado en 1947” y que, por ese motivo, “se debería dar permiso”.

Superado el debate sobre el cuadro tarifario del servicio público concesionado, que dejó un boleto plano en 1.506,47 pesos, el transporte de pasajeros quedó nuevamente en el foco de la agenda política local.

A través de una iniciativa legislativa, el bloque Acción Tandilense - La Libertad Avanza solicitó al Departamento Ejecutivo que brinde explicaciones detalladas sobre el grado de cumplimiento del pliego de bases y condiciones por parte de las empresas adjudicatarias.

El pedido surgió como respuesta a los “reiterados reclamos” de los usuarios vinculados al estado de las unidades, condiciones de higiene, falta de seguridad y deficiencias en las frecuencias y recorridos.

La presentación del proyecto de comunicación abrirá un período de debate hacia el interior de la Comisión de Transporte que preside la concejal Luján Fiego (Acción Tandilense – La Libertad Avanza).

La propuesta ingresará para su tratamiento al ámbito legislativo, que cumplirá hoy con su reunión semanal tras la discusión que llevó adelante para definir el cuadro tarifario que tendrá, a partir de los próximos días, el servicio.

Asimismo, incluirá en la agenda de temas otros expedientes, como la actualización del pasaje para los servicios interubanos a Gardey y a María Ignacia (Vela), mientras que el oficialismo buscará darle un nuevo impulso al  proyecto de las fotomultas.

“En el Concejo Deliberante, lo único que se está discutiendo es la tarifa del boleto. No estamos abordando los incumplimientos ni las cuestiones de fondo del contrato del servicio de transporte”, justificó Fiego, que se respaldó en lo expuesto ante la Cámara de Transporte y “en cada sesión donde se plantea un aumento del boleto”, que “somos nosotros quienes recibimos de manera permanente las quejas de los vecinos”.

Sin embargo, sentenció, “el control efectivo del cumplimiento del pliego corresponde al Departamento Ejecutivo, que es quien tiene la potestad y la responsabilidad de fiscalizar el servicio”.

Desde el bloque señalaron que el objetivo es contar con información pública, clara y verificable, que permita evaluar la calidad del servicio y asegurar un sistema de transporte seguro, eficiente y accesible para todos los vecinos de Tandil.

Fundamentos

En los fundamentos de la norma, los autores del proyecto subrayaron que el transporte público constituye un “servicio esencial para la comunidad”, clave para garantizar el “acceso a derechos básicos de movilidad cotidiana de la población” y “equitativo a los ámbitos laborales, educativos, sanitarios, culturales y recreativos”.

Señalaron que el sistema reviste una “particular relevancia social” para los sectores más vulnerables de la población, que “dependen en mayor medida de este sistema para su movilidad diaria”. En ese sentido, afirmaron que resulta “prioritario asegurar condiciones de accesibilidad, tarifas razonables, buena calidad del servicio y una adecuada cobertura territorial”.

A través del documento presentado en el Concejo Deliberante, agregaron que el Estado Municipal, en su carácter de autoridad concedente, “tiene la responsabilidad indelegable de planificar, regular, controlar y fiscalizar la prestación del servicio de transporte público urbano, velando por su continuidad, regularidad, eficiencia, seguridad, accesibilidad y calidad”.

Asimismo, los concejales de la bancada libertaria consideraron que la concesión del servicio mediante el procedimiento de licitación pública implica la celebración de un contrato administrativo que “compromete recursos públicos y establece obligaciones recíprocas entre el Municipio y las empresas adjudicatarias”, por lo cual resulta “imprescindible” contar con información “clara, completa y verificable” sobre las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones y su “efectiva implementación”.

Asimismo, mencionaron que el pliego de bases y condiciones fija los parámetros técnicos, económicos, laborales y sociales que deben regir la prestación del servicio, incluyendo “recorridos, frecuencias, características del parque automotor, condiciones laborales del personal, régimen tarifario, accesibilidad para personas con discapacidad y mecanismos de control, aspectos todos ellos de alto impacto en la calidad de vida de los usuarios”.

Las demandas 

La iniciativa no solo busca una respuesta administrativa sobre distintos aspectos vinculados al servicio, sino que interpela a la gestión comunal para que garantice el “estricto cumplimiento” de los artículos 54 y 55 del pliego vigente.

Entonces, a través del artículo primero, solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del área que corresponda, “garantice el estricto cumplimiento del pliego de bases y condiciones de la licitación pública del servicio de transporte público urbano de pasajeros, en particular de los incisos 4, 8, 9, 10, 14, 15 y 16 del artículo 54, así como del artículo 55”.

Asimismo, insta al Departamento Ejecutivo a reforzar los “controles y tareas de fiscalización” con el objeto de “asegurar adecuadas condiciones de higiene, seguridad, mantenimiento y confort en la prestación del servicio”.

En el artículo segundo, en tanto, exige a la administración comunal que remita un “informe detallado” respecto al estado actual del servicio de transporte público de pasajeros.

El documento debe incluir los siguientes datos:

Paradas del servicio: cantidad de paradas que disponen de señalización reglamentaria y/o refugios instalados y la proyección de señalizaciones previstas para el año 2026.

Las sanciones y multas a las empresas concesionarias en los últimos dos años en donde se detalle el tipo de infracción cometida, el monto de la multa aplicada, expresada en cantidad de boletos, el estado de pago de las sanciones y los casos de reincidencia y medidas adoptadas al respecto.

Funcionamiento de la ventanilla virtual (TABI) y presencial de denuncias, indicando la cantidad de denuncias recibidas, tipo de reclamos más frecuentes con sus respuestas y acciones adoptadas por la autoridad de aplicación.

Estado del parque automotor: cantidad total de unidades afectadas al servicio, la antigüedad de las unidades, cantidad de vehículos que superen los límites de antigüedad permitidos -en caso de existir- y controles realizados y desafectaciones temporales o definitivas.

Estado general de las unidades actualmente en circulación: las condiciones de mantenimiento preventivo y correctivo, la inexistencia de desperfectos, alteraciones o roturas en asientos, pisos, pasamanos, puertas y demás elementos internos y externos, el estado de los vidrios, ventanillas y parabrisas; la verificación que las unidades no presenten filtraciones, goteras ni ingreso de agua ante lluvias u otras condiciones climáticas y el cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad, comodidad y habitabilidad exigidas para la prestación del servicio.

Más precisiones

La preocupación por el mantenimiento no se limitó a la mecánica, sino que incluyó aspectos de habitabilidad y confort. En efecto, el informe también debe incluir detalles sobre el estado, funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de climatización, calefacción y ventilación de las unidades e indicar si, “como consecuencia de los incumplimientos detectados, se aplicaron sanciones, apercibimientos, intimaciones o multas, especificando su naturaleza y estado administrativo”.

Asimismo, el pedido de informe puso el foco en la higiene y la sanidad del servicio. Los concejales preguntaron si existe un protocolo vigente de desinfección y mantenimiento y solicitaron una copia del mismo en caso de ser afirmativo.

En cuanto al cumplimiento de las condiciones de accesibilidad, solicitó detalles sobre “la cantidad de unidades adaptadas para personas con movilidad reducida; funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de accesibilidad y nuevas incorporaciones para el año 2026”.

Finalmente, pide un relevamiento sobre los controles efectuados al personal de conducción, incluyendo cumplimiento de vestimenta reglamentaria, uso indebido de dispositivos móviles y demás obligaciones establecidas en la normativa vigente.

Tras las definiciones sobre el cuadro tarifario del transporte público de pasajeros y en medio de los cuestionamientos por la vinculación entre la actualización de valores que atan el boleto con el estacionamiento medido, el Departamento Ejecutivo oficializó la prórroga del contrato con la empresa Eycon SA hasta diciembre de este año en el inicio de un nuevo período administrativo.

Se trata de la firma responsable de la provisión, instalación, mantenimiento y puesta en marcha del soporte técnico para el sistema de estacionamiento medido, que también tenía a cargo el boleto electrónico desde su implementación hasta noviembre de 2023, cuando se produjo el desembarco de la tarjeta nacional SUBE.

La medida, que autorizó mediante el decreto 8/2026, establece que la compañía continuará operando el software y el hardware que regula el sistema en el radio céntrico durante doce meses, abarcando la totalidad del actual ejercicio.

La anterior actualización había sido en octubre pasado y se extendió por dos meses tras extender la prórroga que comenzó en enero y se sostuvo por diez meses.

De este modo, la administración comunal ratificó la continuidad de la empresa bahiense para el sostenimiento de la herramienta vinculada al sistema único de movilidad ordenada, que dejó pendiente la tercera parte referida a las bicicletas públicas.

 La relación contractual

El vínculo entre la Municipalidad y Eycon SA se remonta a más de una década atrás. El origen se encuentra en la licitación pública 10-01-14, un proceso que buscaba modernizar de manera integral el sistema de transporte y tránsito local.

En aquel entonces, mediante el decreto municipal 3060 de octubre de 2014, se adjudicó a la firma la gestión tanto del transporte público de pasajeros como del estacionamiento.

El contrato original fue suscripto el 27 de octubre de 2014 con una vigencia inicial de cinco años. Aquella etapa marcó el desembarco del sistema SUMO que incorporó una plataforma digital que integraba el clearing de boletos de colectivos con el esquema de estacionamiento.

Al cumplirse los cinco años, en 2019, el contrato se prorrogó por cinco años más, pero en 2023, en noviembre precisamente, el Ejecutivo hizo uso de la facultad de rescindir parcialmente el acuerdo en relación a los servicios que comprenden al “transporte público de pasajeros”.

Entonces, Eycon SA siguió operando la parte de estacionamiento medido y en agosto de 2024, le comunicó a la Municipalidad la intención de seguir adelante con el servicio que brindaba.

Tras esa decisión, se firmó una adenda que permitió a la firma continuar exclusivamente con el “cobro y administración general del sistema de estacionamiento medido”.

En octubre de 2024 se celebraron nuevos acuerdos para garantizar la transición hacia 2025, que vencieron en diciembre de ese año.

El decreto actual subraya que esta prórroga “no implica una novación del contrato”, sino que se mantiene la plena vigencia legal y administrativa de los acuerdos previos.

Plazos y canon

El artículo primero del decreto detalla que el nuevo período de adjudicación comprende desde enero hasta diciembre de 2026. El canon que la Municipalidad deberá abonar a la empresa se ajustará a los términos establecidos en el convenio de prórroga firmado en octubre de 2025.

Por su parte, la Contaduría General y la Dirección de Presupuesto ya han tomado intervención para imputar las erogaciones correspondientes a las partidas del presente ejercicio. 

La Comisión de Transporte del Concejo Deliberante definió ayer el cuadro tarifario para el servicio de transporte público de pasajeros, luego de dos semanas de negociaciones que se abrieron tras la tensa sesión del pasado lunes 29 de diciembre.

El espacio legislativo que preside Luján Fiego (Acción Tandilense – La Libertad Avanza) retomó ayer las conversaciones al cumplir con la reunión semanal y avanzó en la confección de un dictamen anticipado de mayoría que fija la nueva escala.

Hasta aquí, el expediente cuenta con las firmas de los bloques de la Unión Cívica Radical y de Fuerza Patria -tal como había sucedido anteriormente- y estableció que el valor del boleto plano será de 1.506,47 pesos.

La cifra surge de la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado y es la misma que contenía el dictamen cuyo avance se frustró en la última sesión del año a partir de la decisión del bloque libertario de presentar un dictamen en minoría con una escala menor.

La resolución se dio en el marco de la reunión habitual de los martes, donde los concejales analizaron también el pedido de “pronto despacho” presentado por la Cámara de Transporte el lunes por la mañana. La entidad presidida por Daniel Albanese había reclamado el tratamiento urgente del requerimiento presentado el 12 de noviembre pasado para atender la demanda del sector.

La decisión administrativa ahora pasará a manos del Departamento Ejecutivo para su implementación definitiva, la cual se estima que podría concretarse en un plazo de entre 10 y 15 días, una vez que se completen los trámites de actualización en las terminales de la tarjeta SUBE.

Con este avance, las cinco líneas de colectivos normalizaron la situación y desde anoche comenzó a funcionar el servicio nocturno tal cual lo estipulado por el pliego de bases y condiciones, según confirmaron desde el sector.

Facultades delegadas

Asimismo, el acuerdo alcanzado contempla la facultad que se le otorgará al Ejecutivo para realizar actualizaciones bimestrales basadas en el IPC durante los próximos seis meses. Según el dictamen, en marzo se aplicará el índice correspondiente a diciembre y enero, mientras que en mayo se hará lo propio con los meses de febrero y marzo.

Este esquema de delegación de facultades contó con un consenso más amplio, ya que incluso desde la oposición entienden que la estabilidad del servicio depende de una respuesta rápida ante el incremento de los insumos básicos como el combustible.

Con el dictamen firmado, el Gobierno iniciará las gestiones administrativas ante los organismos nacionales para actualizar las escalas. Aunque el valor ya está definido, el usuario comenzaría a pagarlo una vez que el sistema de SUBE procese los nuevos cuadros tarifarios.

El posicionamiento de La Libertad Avanza

En diálogo con La Mañana (104.1 Tandil FM, EcoTV y El Eco Streaming), la concejal Luján Fiego ratificó su postura de no acompañar el dictamen de mayoría.

Según explicó, el bloque que integra junto a Federico Sánchez Chopa y Gonzalo Santamarina, proponía un valor “un poco menor” y pretendía negociar un anticipo del IPC de diciembre. “Era una posibilidad de conciliación para que podamos ir los tres bloques”, que finalmente no prosperó al imponerse el esquema que había ingresado al recinto para la sesión del pasado 29 de diciembre.

De todos modos, se mostró a favor del artículo que le concede al Ejecutivo la facultad de establecer un mecanismo de actualización durante seis meses. Es decir, “en marzo aumentar con el IPC de diciembre y enero y en mayo con el correspondiente a febrero y marzo”.

Independientemente de la discusión del cálculo, insistió en que el foco debe ponerse en los “incumplimientos” contractuales de las empresas de transporte.

“Hay una discusión que tenemos que dar de manera urgente y tiene que ver con el fondo de todo esto: el servicio y las faltas de las empresas respecto del contrato”, afirmó Fiego en diálogo con El Eco Multimedios.

La concejal, que aseguró ser usuaria de la Línea 505, aseguró que existen unidades que no se encuentran en condiciones y recorridos que “no se cumplen” y frecuencias que se modifican “porque sí”.

“Agua y jabón no depende del valor del boleto”, disparó la concejal, que insistió en que la discusión por la tarifa no puede estar disociada de la calidad de la prestación del servicio público concesionado.

Al defender el posicionamiento, insistió en que el debate debe ir más allá: “Se los dije a los dueños de las empresas en la primera reunión: no solo podemos discutir el costo del boleto, hay que discutir el cumplimiento de un pliego que ellos firmaron y que hoy parece no satisfacerlos”, sentenció la presidenta de la Comisión de Transporte.

Para cerrar, Fiego reconoció que se trata de una discusión “que hay que dar también en diálogo con las empresas porque en el medio está el usuario”.

La postura del oficialismo

Por su parte, el concejal radical Juan Salceda defendió la necesidad de “respaldar” el dictamen inicial y avanzar con el aumento por mayoría para destrabar una discusión que podría generar otras tensiones.

Salceda lamentó que no se haya podido alcanzar la unanimidad y criticó la postura de La Libertad Avanza señalando que proponer un “valor arbitrario” por debajo de la inflación es “aumentar la complejidad y no resolver el problema de los tandilenses”.

“Tratamos de retomar una discusión maltratada por algunos gestos políticos para reencauzarla y que todos respaldemos lo que habíamos votado”, planteó sobre una visión que finalmente no prosperó. 

Entonces, defendió que “no eludimos la responsabilidad” y decidió acompañar nuevamente el dictamen que llegó al recinto para la actualización del boleto para que su votación se realice en el inicio del período ordinario.

El edil oficialista destacó que el valor de 1.506,47 pesos responde a la suma de los IPC desde la última actualización vigente que surgió a partir del decreto del intendente Miguel Lunghi. “Nosotros no vamos a poner la interrupción del transporte público por encima” de una disputa política, garantizó Salceda, que advirtió que “si no cuidamos los números y la automatización por inflación, la Cámara volverá a insistir con un estudio de costos propio y el boleto terminará siendo mucho más caro”.

Además, reveló que instó al resto de los bloques a firmar el dictamen “ad referéndum” para dar institucionalidad a la decisión, en referencia a sus pares libertarios y de Hechos - Alternativa Tandil, con la opción que revisen su posicionamiento en marzo cuando retomen el período de sesiones ordinarias. “No podemos tener a las empresas, a los trabajadores y a los usuarios del transporte en vilo más tiempo”, aseguró.

El contexto

Salceda también se refirió a las críticas sobre el estado de las unidades y los controles municipales. Si bien reconoció que existen “colectivos deteriorados”, vinculó la situación al contexto económico nacional “de los últimos 15 años”, que dificulta la renovación de flota tanto para colectivos como para taxis y remises.

No obstante, destacó que algunas empresas ya están realizando esfuerzos para incorporar nuevas unidades accesibles para personas con movilidad reducida, conforme lo exige el pliego.

Nuevo cuadro tarifario y mecanismo de actualización

Tras el análisis en el ámbito legislativo, se oficializaron los montos que rigen para las distintas categorías del servicio. El boleto plano, principal referencia para los usuarios del sistema, alcanzó la cifra de 1.506,47 pesos y tendrá los siguientes valores:

Boleto plano 1.506,47 pesos

Boleto nocturno/alargue   1.807,52 pesos

Boleto obrero           1.205,02 pesos

Boleto para jubilados, pensionados, beneficiarios de pensiones no contributivas y veteranos de Guerra de Malvinas           1.205,02 pesos

Boleto primario       271,13 pesos

Boleto secundario   753,14 pesos

Boleto alargue escolar Granja       1.129,70 pesos

Combinado multilíneas     2.259,41 pesos

Boleto suburbano Granja              1.807,52 pesos

Combinado secundaria Escuela Granja  1.958,15 pesos.

Actualización

El dictamen introdujo una herramienta para agilizar la respuesta ante el contexto inflacionario actual al autorizar al Departamento Ejecutivo para actualizar los valores del cuadro tarifario de manera automática el primer día de cada mes durante marzo y mayo de 2026.

Esta delegación de facultades pretende dotar de previsibilidad al sistema sin requerir un nuevo debate legislativo en cada ajuste.

El artículo segundo del dictamen autoriza al Departamento Ejecutivo a “actualizar los valores del cuadro tarifario el primer día de cada mes durante los meses de marzo y mayo de 2026 utilizando como criterio de aplicación el Índice de Precios al Consumidor resultante de la acumulación de los dos últimos informes publicados por el Instituto Nacional de Estadística (Indec)”.

Con esta metodología, los aumentos bimestrales previstos para la primera mitad del año estarán atados directamente a la evolución de los precios.

En la previa a la reunión semanal que la Comisión de Transporte tendrá hoy por la mañana, la Cámara de Transporte elevó ayer una nota formal al Concejo Deliberante con el objetivo de reiterar el pedido de ajuste tarifario presentado el 12 de noviembre pasado.

En el documento, enviado al presidente del cuerpo, Juan Pablo Frolik, las empresas nucleadas en la entidad que preside Daniel Albanese ratificaron la necesidad de avanzar en una actualización del valor del boleto en virtud de la situación que atraviesan y consideraron que el plazo transcurrido resulta suficiente para brindar una respuesta.

El debate en torno al tema, que tomó rumbo incierto en la última sesión del año pasado del Concejo, se encamina a una semana de definiciones políticas.

En ese marco, la entidad remarcó que transcurrieron “más de 60 días” desde la presentación del requerimiento de aumento, tiempo que “excede ampliamente” lo establecido “en el artículo 77 de la ordenanza general 267/80”.

Durante ese período, reclamó, el Concejo aún no se expidió sobre una petición que consideró “debidamente fundada” y que busca “resolver una crítica situación económica financiera” de un “servicio público esencial”.

Tras ratificar los “antecedentes y motivaciones” presentados durante la solicitud, actualizó el estado de situación en relación a los cálculos originales.

El nuevo cálculo

A más datos, indicó que en la presentación de noviembre, la Cámara de Transporte proyectó una actualización de la escala de valores en el orden del 29 por ciento basándose en la metodología de cálculo de la Secretaría de Transporte de la Nación.

Para ese entonces, se contemplaba un monto mensual en concepto de subsidio provincial (CCP) de “242.529.773,39 pesos”, según lo estipulado en la Resolución 272/25 de la provincia de Buenos Aires. “La realidad fue otra: es decir, dicho monto de subsidio no se hizo efectivo y la cifra que realmente se percibió fue de 159.706.681.74 pesos”, alertó.

La diferencia “impactó negativamente” en el monto del porcentaje de reajuste de la tarifa solicitado. Ante esta merma en los ingresos, la entidad realizó una corrección y planteó en la nota elevada el Legislativo que el porcentaje de reajuste necesario para equilibrar las cuentas ya no es del 29 por ciento, sino que se elevó al “46,3 por ciento”. En consecuencia, “agravando seriamente la situación económica financiera empresaria al aumentar el desequilibrio de la llamada ecuación ingreso-costo”.

Si bien aclaró que el objetivo de la nota no fue peticionar formalmente ese nuevo porcentaje, lo presentó para “plantear una grave situación que se produce, en primer lugar, por la demora en resolver nuestra presentación del 12 de noviembre pasado” y, en segundo término, “poner en evidencia cómo se complica la situación económica empresaria como consecuencia de nuevos incrementos de costo y la especial circunstancia de no poner en práctica por parte del Ministerio de Transporte de la Provincia lo establecido en una resolución que establecía nuevos montos en concepto de CCP”.

El pedido

En la nota elevada al Concejo Deliberante, la Cámara de Transporte lanzó otra advertencia al señalar que “el agravamiento de la situación económica financiera del sector afectará, sin lugar a dudas, la continuidad y eficiencia del servicio público esencial”.

En virtud de lo expuesto, solicitó que se le dé “el trámite de pronto despacho a su presentación” dado el tiempo “más que razonable” transcurrido desde el día de la presentación, respaldado en la “ordenanza general de procedimientos administrativos”.

Este mecanismo busca que el cuerpo legislativo se pronuncie de manera definitiva sobre el pedido de aumento y evitar que la discusión se dilate. El artículo 79no. de la normativa fija que “vencidos los plazos previstos por el artículo 77mo. inciso g, el interesado podrá solicitar pronto despacho y, transcurridos dos meses desde esta reclamación, se presumirá la existencia de resolución denegatoria”.

En medio de este escenario, las expectativas están puestas en lo que pueda suceder durante la reunión de hoy de la Comisión de Transporte, que podría avanzar con el tratamiento de las alternativas y expedirse con un dictamen que resuelva el requerimiento del sector.