El objetivo principal del proyecto de ley que se está discutiendo es lograr que cerca de 1.280.000 trabajadores/as y jubilados/as que hoy están sujetos al Impuesto a las Ganancias dejen de pagarlo. No se está planteando una modificación de fondo al impuesto, el objetivo es resolver un problema por el cual durante los últimos años la cantidad de empleados/as que pagan ganancias pasó del 10 al 12% histórico, hasta el 25%. Con el proyecto actual, sólo el 7% de los trabajadores/as registrados quedarán alcanzados por el impuesto.

Para lograr este objetivo, se exceptúa del pago del impuesto a los trabajadores/as que cobren un salario mensual bruto de hasta $150.000, y sin considerar para este cálculo el aguinaldo, con lo cual queda exento para este grupo. Los distintos parámetros se ajustarán por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables “RIPTE”, de forma tal que vayan evolucionando como lo hacen los salarios.

En el caso de los haberes previsionales, se eleva de 6 a 8 haberes mínimos el piso para quienes no estarían alcanzados por el gravamen: son actualmente unos $152.000, importe que se incrementaría en marzo por la actualización vigente. También se flexibiliza la restricción para percibir tal beneficio para aquellos que tengan otros ingresos por fuera de la jubilación, limitación que fue establecida en las reformas de 2016 y 2017. Ello significa que si un jubilado/a tiene ingresos por intereses de plazo fijo por montos exiguos, perdía el beneficio de la exención: con el proyecto, y hasta determinados límites, ello ya no sucederá.

Según los datos expresados por la administradora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, la proporción de haberes jubilatorios alcanzados por el Impuesto a las Ganancias fue del 5,2% en 2019, del 5,3% en 2020 y con esta reforma sería del 2,4%.

Para tener una idea del alcance de este proyecto, un trabajador que gana $150.000 debería pagar un impuesto anual de $115.000 con la legislación actual, monto que ya no deberá tributar.

Hay un intervalo para los salarios que van de $150.000 a los $173.000 que tendrá un tratamiento especial, mediante una fórmula matemática, para evitar un salto brusco en la tributación. Los integrantes de este grupo verán reducido su aporte aunque de modo progresivo, es decir, el beneficio va a ser menor cuanto mayor sea el ingreso hasta el límite citado. De esa forma, no habrá un salto entre los que ganan, digamos $172.900 brutos y los que ganan $173.100.

También cabe señalar que se mantiene el beneficio del 22% existente para los trabajadores/as de la zona patagónica. Otro cambio importante es que se permite que la deducción que actualmente alcanza al cónyuge, se extienda a los concubinos, sean del mismo o de diferente sexo. Respecto a la deducción de movilidad y viáticos, los montos serán fijados por los convenios colectivos de cada actividad, con un tope establecido en la ley.

Una aclaración importante: se establece que la vigencia del proyecto será retroactiva al 1º de enero de 2021, por lo cual los salarios inferiores a $150.000 recibirán la devolución de lo retenido.

Se han escuchado varias voces sobre el costo fiscal del proyecto, pero hay que considerar que los cambios propuestos generarán una mayor disponibilidad de dinero para aquellos alcanzados por los beneficios, que se trasladará principalmente al consumo. Este proceso generará una mayor actividad económica y, por consecuencia, mayores ingresos fiscales, que compensarán parcialmente el costo. Éste también es otro de los objetivos del proyecto: ayudar a mejorar la actividad económica y el bienestar de las personas.

De las características relatadas, algunas que modifican el proyecto original tienen amplio consenso, por lo que confío en que serán ratificadas en el tratamiento parlamentario.

* diputado nacional Frente de Todos, presidente Partido Solidario, titular de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

La ley de sostenibilidad de la deuda bajo jurisdicción extranjera refuerza el apoyo político y la imagen de unidad nacional, imprescindibles para atender una emergencia económica y social que no admite demoras. En este sentido, avanzar con la renegociación de la deuda constituye un proceso vital para liberar los recursos primordiales para responder las necesidades de las argentinas y los argentinos.

La actual coyuntura presenta desafíos que deben encararse de forma integral, a sabiendas de que no hay sostenibilidad social sin finanzas públicas que la permitan. Pero que tampoco hay sostenibilidad de la deuda si no se atiende la cuestión productiva y social, en línea con la conocida frase de que “los muertos no pagan sus deudas”. Un enfoque que el actual gobierno viene sosteniendo desde la campaña electoral.

La tarea no es sencilla ya que la herencia recibida es ciertamente gravosa. Entre 2015 y 2019, la deuda total pasó del 48,6% al 90,9% del PBI y los servicios totales pagados anualmente se cuadruplicaron, pasando del 10% al 40% del PBI. No hay que perder de vista los altos intereses que se pactaron, lo cual deteriora directamente el presupuesto público. Son pruebas contundentes de que la sociedad no debe validar nunca más un modelo económico de ajuste y endeudamiento que es contrario al interés nacional.

El anterior gobierno se encargó en tiempo récord de transformar la virtud en defecto. Basta para ello recordar la emisión de los bonos para pagarles a los buitres, cuando el gobierno envió un prospecto en el cual se definía a la Argentina como tierra de oportunidades. Se destacaba la baja relación deuda/PBI del 13% con privados, la envidia de cualquier país. Lo mismo podría decirse con la favorable evolución de las variables sociales y el nivel de actividad.

En este esquema, la deuda (mayormente en moneda extranjera y a corto plazo) funcionó como un mecanismo de transferencia de recursos internos, sin incrementar las capacidades productivas y las posibilidades de repago. Los dólares que ingresaron por un carril terminaron financiando, por el otro, la fuga de divisas al exterior, incentivada por el marco de desregulación irrestricta de los flujos de capitales. Las cuentas no cerraron por ningún lado. No fuimos pocas las voces que alertamos sobre los peligros del programa económico de Cambiemos. No hacía falta otra cosa que hurgar en la historia reciente para saberlo. Omitir estas enseñanzas no era un descuido sino una clara muestra del sesgo ideológico que guió a la anterior gestión.

El texto con media sanción de Diputados sigue los lineamientos establecidos en los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana, aprobados por la ONU en 2015 y declarados de orden público en nuestro país, a través de la Ley 27.207. Además, en el cronograma que dio a conocer el gobierno, se indica que en la segunda semana de febrero el Ministerio de Economía presentará los lineamientos del Análisis de Sostenibilidad de la deuda pública en el Parlamento. Todo un avance en materia de rendición de cuentas ante la sociedad, en las antípodas del desdén hacia el Poder Legislativo que acompañó al anterior gobierno en lo que hacía al manejo de la deuda: los acuerdos con el FMI son un botón más de prueba de esta conducta antirrepublicana.

Desde mi punto de vista, el involucramiento del Congreso Nacional constituye un hito relevante que refuerza la idea de que éste es un proyecto para la sostenibilidad hecho en la Argentina, y para los argentinos y las argentinas. Un aporte para comenzar a sembrar sobre la tierra arrasada que dejó el anterior gobierno.

(*) Diputado nacional del Frente de Todos. Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Presidente Partido Solidario.