Después de tres décadas de negociaciones climáticas, la cumbre de Antalya enfrentará una pregunta decisiva: si sabemos qué hay que hacer frente al cambio climático, ¿qué nos impide hacerlo?

Del 9 al 20 de noviembre de 2026, Antalya será el centro de la diplomacia climática mundial. Allí se celebrará la COP31, la trigésima primera Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

La elección de Antalya es consecuencia de una negociación diplomática inédita. Turquía y Australia —cuya candidatura fue presentada en asociación con los países insulares del Pacífico— mantuvieron sus respectivas postulaciones. Como la decisión requería consenso dentro del Grupo de Europa Occidental y Otros Estados (WEOG), se alcanzó una fórmula singular: Turquía obtuvo la sede física y la Presidencia formal, mientras que Australia asumió la conducción de las negociaciones. Los pequeños Estados insulares del Pacífico, entre los más vulnerables al aumento del nivel del mar y a los impactos del cambio climático, tendrán también un protagonismo especial: la Pre-COP se realizará en una nación insular del Pacífico y su financiamiento climático ocupará un lugar prioritario en la agenda.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO

Después de treinta conferencias climáticas y a más de diez años de la adopción del Acuerdo de París, uno de los grandes desafíos será mantener vivo el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C.

Lo que está en juego es la transición de las promesas climáticas a la implementación real y medible.

El mundo dispone de suficiente conocimiento científico, instrumentos jurídicos y experiencia acumulada para saber qué está ocurriendo y cuáles son muchas de las medidas necesarias para enfrentarlo. El gran problema está en otro lugar: la distancia entre los compromisos asumidos y su implementación efectiva. La propia Presidencia de la COP31 ha colocado esa cuestión en el centro de la conferencia. Antalya pretende ser la COP de la implementación: aquella capaz de comenzar a transformar compromisos climáticos en resultados concretos, medibles y verificables.

¿QUIÉN PAGA UNA TRANSICIÓN JUSTA?

Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), es decir, los compromisos climáticos asumidos por los países, deben pasar de las promesas a la acción. Y para hacerlo se necesitan recursos. La brecha de financiamiento climático es enorme: se necesitan entre 7,5 y 9 billones de dólares anuales, mientras que actualmente solo se movilizan alrededor de 1,9 billones. La Presidencia de la COP31 propone, por eso, que el financiamiento climático deje de considerarse simplemente un gasto y sea entendido como una inversión estratégica destinada a evitar pérdidas económicas y sociales futuras.

El desafío es también quién asume los costos de esa transformación. Los países en desarrollo dependen del financiamiento internacional, pero acceden al crédito en condiciones considerablemente más costosas que las economías desarrolladas. Financiar la transición exclusivamente mediante préstamos puede aumentar la deuda de los países más vulnerables. Por eso, el Sur Global y los pequeños Estados insulares reclaman mayor acceso a subsidios, financiamiento directo y transferencia tecnológica.

Al mismo tiempo, cerrar actividades intensivas en emisiones, reemplazar tecnologías y modificar matrices productivas tiene consecuencias sobre trabajadores, comunidades y territorios. Una transición justa exige capacitación, reconversión laboral, asistencia técnica, acceso a nuevas tecnologías, participación de las comunidades y recursos suficientes para que sus costos no recaigan sobre quienes poseen menor capacidad de afrontarlos. La pregunta no es solamente cuánto carbono somos capaces de reducir, sino cómo distribuimos los costos y los beneficios de esa transformación.

INICIATIVAS CONCRETAS PARA LA TRANSICIÓN

La COP31 impulsará iniciativas concretas en distintos frentes, entre ellas la electrificación global 35×35, el Antalya AI Pledge sobre inteligencia artificial y energía, y la Marine Litter Action Platform, destinada a conectar soluciones exitosas contra la basura marina con conocimiento, asistencia técnica y financiamiento para ampliar su alcance. Asimismo, propone reducir en un 50 % los residuos orgánicos que llegan a los vertederos mediante la separación en origen, la captura de biogás y la valorización energética, para disminuir las emisiones de metano generadas por su descomposición. También impulsa el mecanismo BRIDGE, para transformar las prioridades climáticas de los países en proyectos financiables, y SURFF, orientado a convertir las políticas climáticas nacionales en inversiones directas para ciudades resilientes.

Una de las iniciativas centrales es 35x35, que propone aumentar la participación de la electricidad en el consumo final mundial de energía hasta alcanzar el 35% en 2035. Electrificar el transporte, los edificios y la industria permitiría sustituir progresivamente el uso directo de combustibles fósiles, siempre que esa transformación vaya acompañada por una generación eléctrica cada vez más limpia.

La inteligencia artificial plantea un desafío diferente. Por un lado, la expansión de los centros de datos incrementa la demanda de electricidad y obliga a considerar su huella energética. El Antalya AI Pledge busca incorporar mayor transparencia sobre el consumo energético de la IA y promover el uso de fuentes de energía limpia. Pero la inteligencia artificial también puede ser parte de la solución, ya que puede contribuir a optimizar sistemas energéticos, mejorar procesos industriales y desarrollar tecnologías limpias.

LA ENCRUCIJADA DE AMÉRICA LATINA

La discusión climática no puede ignorar las asimetrías. Si bien la región posee enormes reservas de biodiversidad, agua, minerales y recursos energéticos, convive con profundas desigualdades sociales, urbanización precaria y una histórica dependencia de la explotación y exportación de recursos naturales.

Por eso, implementar políticas climáticas en nuestra región significa hablar de energía, pero también de bosques; de reducción de emisiones, pero también de acceso al agua; de inversiones, pero también de comunidades; de nuevas tecnologías, pero también de empleo.

La transición energética puede representar una oportunidad extraordinaria para América Latina. Pero también puede reproducir un modelo histórico ya conocido: extraer recursos naturales, exportarlos con escaso valor agregado y posteriormente importar las tecnologías desarrolladas a partir de esos mismos recursos.

Quizás el éxito de la COP31 no deba medirse por la espectacularidad de un gran acuerdo, sino por una transformación mucho menos espectacular y quizá más importante: conseguir que la palabra implementación deje finalmente de ser una promesa diplomática y empiece a convertirse en realidad.