El próximo 19 de noviembre, los argentinos volverán a ir a las urnas, en esta ocasión para definir el futuro presidente: por un lado, el candidato de UxP Sergio Massa, quien cosechó el 36.68% de los votos en las generales; y por el otro, el de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien obtuvo el 29.98%.

Como ninguno alcanzó el 45 por ciento ni superó el 40% con más de 10 puntos de diferencia, el sucesor de Alberto Fernández se definirá en una segunda vuelta.

En ese marco, este viernes a las 8 de la mañana comenzó a regir la veda electoral. De acuerdo al artículo 71 del Código Nacional Electoral, la veda se iniciará 48 horas antes de la votación y finalizará tres horas después del cierre de los comicios, o sea a las 21 horas del domingo 19 de noviembre.

Durante este período, y atendiendo al artículo 71° del CNE, se deberán acatar cierta restricciones, como por ejemplo actividades de campaña o venta de bebida alcohólica:

Durante este lapso de tiempo, rigen una serie de prohibiciones tanto para los candidatos políticos como para los ciudadanos que deben sufragar.

"Quiénes no cumplan con la veda se ven expuestas a posibles denuncias o sanciones, siempre y cuando se compruebe la violación del Código Electoral", sostiene la normativa.

Según lo establece el artículo 140, la pena prevista para quien "con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo" va desde los 2 meses a los 2 años de cárcel, mientras que a quien "utilizare medios tendientes a violar el secreto del sufragio tendrá hasta 3 años de prisión".

Por su parte, a los ciudadanos se les podrá cobrar una multa comprendida de entre $10 mil y $100 mil si no respetan los límites de emisión y publicación de avisos publicitarios en los medios de comunicación.

Las instituciones deben fortalecer y proteger a la ciudadanía. Cuando no cumplen su función de manera cabal, la democracia se vuelve raquítica. Darle musculatura es la principal función de quienes sancionamos las normas del pueblo. La ley de financiamiento de partidos políticos apunta al corazón del proceso electoral, adonde la democracia comienza a suceder. Tenemos la oportunidad de aprobarla en la Cámara Baja y modernizar la manera en que los partidos obtienen sus recursos, otorgando claridad, credibilidad, control y equidad. Sin embargo, nos esperan más desafíos en el futuro.

En términos generales, la ley establece un modelo mixto, por el cual los partidos podrán obtener fondos públicos y privados para el desarrollo de sus operaciones y demás actividades que tengan como objetivo visibilizar sus plataformas y aumentar sus posibilidades eleccionarias. Para evitar fondos de origen oscuro, como podrían ser los del narcotráfico, no se permiten aportes en efectivo. Consecuentemente, los partidos deberán conservar un registro exhaustivo de las recaudaciones. Para evitar propagación de datos no verificables que puedan confundir a los votantes, la Cámara Nacional Electoral (CNA) establece un registro adonde las empresas encuestadoras deberán estar inscriptas si pretenden publicar sus sondeos.

Se prohíben los aportes de organismos públicos nacionales, provinciales o municipales. Tampoco podrán hacerlo quienes tengan concesiones del Estado o sean sus proveedores. Tampoco los explotadores de juegos de azar. Las personas humanas y jurídicas podrán contribuir hasta el 2% de lo que indica la CNA. Para llegar a ese monto, se multiplica la base de votantes por un “módulo electoral” y a ese resultado se le calcula el 2%. En 2017, por ejemplo, el módulo era de $9,43. Hoy en día, la base de votantes excede los 32 millones. Con este límite se impide que grandes sumas provengan de un solo lugar. Esto podría plantear un eventual intercambio de favores o tráfico de influencias. Para que la transparencia comience en los espacios partidarios, estos tendrán 180 días para transferir a sus Cartas Orgánicas la esencia de la ley. Considero que esta ley tiene muchos aciertos y en general resulta un buen punto de partida.

La democracia evoluciona a medida que las sociedades se vuelven más complejas. Por eso, debemos prepararnos para situaciones de la virtualidad que atentan contra la soberanía en los procesos electorales, adonde pueden intervenir fuerzas que resultan demasiado poderosas. Mejor temprano, deberemos llenar el vacío normativo y limitar el poder de los gigantes tecnológicos como Google o Facebook. Con recursos prácticamente ilimitados, estas empresas emplean algoritmos, inteligencia artificial, big data, machine learning y otros métodos de obtención de información que podrían ser usados para cambiar los resultados de una elección. Las redes sociales y los llamados “agregadores” (como Google News), quedan fuera de la legislación. Incluirlos con normativas modernas representa nuestro mayor desafío y de ahora en más tendremos que concentrarnos en ese objetivo. No será fácil…

Lo que ocurrió en los Estados Unidos es un ejemplo de lo que puede suceder. Trump contrató a Cambridge Analytica para tener información valiosa sobre los votantes. A partir de un test psicológico aplicado en Facebook por otra empresa llamada Global Science Research, se consiguieron los perfiles psicológicos de millones de ciudadanos. Aparentemente, se los bombardeó con información específica, afectando las motivaciones eleccionarias. Es difícil saber si eso es suficiente para cambiar el resultado de una votación. Pero tampoco existe una manera clara de impedir que esto suceda. Las fronteras de la privacidad y la manipulación están diluyéndose en un mundo virtual, donde los ciudadanos pasan horas y horas consumiendo información dirigida por intereses económicos y políticos. Sabemos que la falta de transparencia genera situaciones asimétricas de poder, una justicia parcial y una decadencia general de nuestra forma de vida. Cuidar desde el inicio al proceso electoral es la mejor manera de prevenir situaciones de descomposición institucional que pueden resultar irreversibles.

La ley de financiamiento de partidos políticos representa un avance claro en el fortalecimiento de la democracia y en su transparencia. En el futuro debemos buscar herramientas nuevas para balancear el poder entre los gigantes tecnológicos y los gobiernos.

(*) Diputado Nacional por UCR-Córdoba. Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.