“Cuando llego a visitar a un chico a la cárcel, lo primero que digo es que llegué tarde, porque hay una historia de sufrimiento y dolor que se podría haber evitado” (Don Bosco, Sacerdote, educador y fundador de la congregación salesiana).

Como ex alumno salesiano, me formé en el pensamiento de Don Bosco, transmitido en este caso por el Padre Rafael Picardi, Capellán de la cárcel en Neuquén. Nunca más orgulloso de ello.

El doctor Julio Conte Grand, actual Procurador General de la provincia de Buenos Aires, manifestó: “Las y los jóvenes imputados en delitos requieren una respuesta social distinta porque son seres en evolución, por lo tanto, todas las medidas adoptadas tienen que tener como objetivo fundamental su reeducación y la prevención de reincidencia futura, con la atención, en paralelo, de las víctimas y sus familias”.

Con relación al nivel de maduración de los niños, la Convención de los Derechos del Niño, celebrado por la Organización de Naciones Unidad (ONU), que la Argentina suscribió, y tiene rango constitucional, establece que “las pruebas obtenidas en los ámbitos del desarrollo y la neurociencia indican que los cerebros de los jóvenes continúan madurando incluso más allá de la adolescencia, lo que afecta a ciertos tipos de toma de decisiones”. Por consiguiente, esta Convención encomienda a los estados parte a no bajar la responsabilidad penal y los insta a que no la rebajen bajo ninguna circunstancia.

“Empecé a consumir a los 13 años y eso me llevó por un mal camino hasta terminar en un instituto de menores. Les puedo decir que adentro uno aprende a sobrevivir, no aprende a vivir. Si entrás con valores los perdés. Si entraste por robar un caramelo, salís pensando en robar un banco. Es una escuela para todo lo que está mal. Si querés en algún momento salir adelante, hay gente ahí adentro que no te deja. Yo salí de estar detenida hace muy poco, tengo 32 años. Lo que me ayudó a salir adelante fue el amor, algo absurdo, pero muy grande para mí. Yo encontré la solución en el amor, nunca lo encontré en el castigo”. (Karen, del “Hogar de Cristo” de la localidad de Temperley).

La política gubernamental y comunicacional del oficialismo está orientada a crear el llamado sociológicamente “niño monstruo”, es decir la estigmatización de los menores por parte los adultos que depositan allí los miedos y las frustraciones colectivas. Sin embargo, los datos estadísticos reflejan que los países como Brasil, que bajó la edad de imputabilidad a los 12 años, tienen un índice de homicidios de 23.1 cada 100 mil habitantes, mientras que Argentina, que tiene la imputabilidad desde los 16 años, cuenta con una tasa de homicidios de 4.2 cada 100 mil habitantes, siendo la más baja de toda América Latina.

Es decir: bajar la edad de imputabilidad en ningún caso redunda en una baja en la tasa de homicidios, simplemente porque los menores en términos generales cometen los llamados delitos de subsistencia y de marginalidad, mientras que los delitos graves como los homicidios son cometidos mayoritariamente por los adultos.

En consonancia con las palabras del Papa Francisco, uno de los principales referentes de su Iglesia en la Argentina, el Monseñor Gustavo Carrara, en un reportaje reciente dijo: “Es necesario un régimen penal juvenil verdaderamente humano y abierto a la esperanza. No debería suceder que el primer contacto de un adolescente con el Estado sea el sistema penal. Hay muchos niños, niñas y adolescentes que desde el mismo instante de su concepción ya están en una situación desigualitaria porque las mamás no se pueden alimentar bien; nacen en situaciones de pobreza mutidimensional, como en un barrio popular donde no hay acceso a los servicios básicos como, por ejemplo, el agua potable. Hay que avanzar en métodos alternativos como la justicia restaurativa, la educación en el respecto al otro, el respeto a la vida. O sea, un camino más arduo, no simplista”.

Proteger a los niños es que no desaparezcan más Loan. Ese es un grave problema de la niñez en la Argentina. Lo estamos viendo desde el 13 de junio. es decir que desde hace 120 días sentimos y vemos con tristeza la impotencia de la legislación y la Justicia para poder encontrar con vida a una infancia vulnerable. Esa legislación es la que necesitamos en nuestro país. Por eso me quedo con las palabras del doctor Conte Grand, el fiscal de fiscales de la provincia de Buenos Aires, cuando dice: “Resulta imprescindible destacar la necesidad de proteger sobre todo a los más chicos y a los más vulnerables porque son los que más nos necesitan y este Ministerio Público tiene ese mandato desde que yo presté juramento en el año 2016″.

Don Bosco, el Doctor Julio Conte Grand, Karen, el Monseñor Gustavo Carrara, y el ordenamiento jurídico de la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que es constitución en la Argentina. Todos ellos nos hacen mirar muy distinto a lo que publicaron en este mismo sitio Mariano Borinsky y Juan Manuel Garay.

El santo Oscar Arnulfo Romero, obispo asesinado en El Salvador nos dice: “La Justicia es igual a la serpientes. Sólo muerde a los que están descalzos”.

Tenemos que evitarlo. Solo la igualdad ante la ley nos hara libres y tal como nos impulsa con su prédica humanista el papa Francisco, debemos poner todo el empeño en promover la inclusión contra la cultura del descarte de personas.

La Cámara de diputados dio media sanción por unanimidad a la creación del Programa Argentina Inclusiva, que prevé la capacitación en la temática de discapacidad para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo de la Nación.Espero que los que se proponen para ser electos por el Pueblo, sean los primeros en tomar conocimiento de temas esenciales respecto de la discapacidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que un 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Estamos hablando de una población de 1.183.000 de personas. Ese número puede aumentar en los países en desarrollo por el "envejecimiento poblacional". Es lo que sucede con la Unión Europea, que registra el 17% de su población con algún tipo de discapacidad, es decir, 76 millones habitantes. En la Argentina, el Indec, en un documento que recupera sus investigaciones a julio de 2023, expresa que "el 12,9% de la población tiene alguna dificultad o limitación permanente (5 millones ciento noventa mil son las personas con discapacidad entre los 46 millones de habitantes en nuestro país)". Sin embargo, sólo 1.662.016 cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), y 1.200.000 personas cuentan con las pensiones por discapacidad. Esto equivale a decir que solo el 30% de esta población cuenta con la cobertura social de parte del Estado. Me parece que no solo es importante la capacitación, sino también la difusión de estos datos, en tanto expresan que estamos en deuda con ellos y ellas. Es importante conocer esto para terminar con la demagogia de dudar de las personas que cuentan con una pensión o un Certificado único de discapacidad.Queremos un Estado inclusivo, no uno que descarte. La pensión por discapacidad significa para estas personas tener salud, tener transporte, tener medicamentos, tener educación, tener los medios para AUTO VALERSE. Por eso es tan importante este avance, sobre todo en la capacitación para el conocimiento de las personas que toman decisiones en materia de discapacidad. El rol del Estado y de la política pública es fundamental para garantizar a esos padres y madres la tranquilidad para ese futuro. El CUD y la pensión por discapacidad son las documentaciones que uno menos quisiera tener, pero que más necesarias son para una vida con inclusión social y auto valimiento. Si cada uno de los argentinos y argentinos que cuentan con algún tipo de discapacidad tienen su certificado y su pensión, podremos dar respuesta a esa gran angustia que tienen más de 10 millones de padres y madres en nuestro país, que se preguntan: "¿Qué va a ser de mi hijo/a el día que yo no esté?".

* El autor es diputado nacional por el Frente de Todos.