Las Sierras de Tandil son nuestro patrimonio natural y cultural único, la marca distintiva de nuestra ciudad. Desde la sanción del Plan de Desarrollo Territorial, la discusión pública se ha enfocado en los problemas emergentes que atentan contra su preservación. Se ha pasado por alto que la falta de un Plan de Manejo Ambiental integral para nuestras Sierras es necesario para marcar límites y aprovechar las potencialidades que nos brindan.

Las dos décadas transcurridas desde la vigencia del Plan de Desarrollo Territorial, han demostrado que nos enfrentamos de forma permanente a situaciones por fuera de los límites establecidos en el mismo. Como tandilenses, hay una parte de la discusión que aún nos debemos y pasa por la elaboración del Plan de Manejo Ambiental, es decir, la letra chica que nunca se escribió. La falta de este plan generó vacíos que se fueron llenando por los usos y costumbres.Ejemplo de esto son las obras privadas en nuestras Sierras. Podemos ver a diario como particulares, aprovechando esos vacíos, realizan construcciones por encima del nivel permitido, con controles poco claros, haciendo del pago de la multa el regulizador de una situación que se da al margen del espíritu con el cual el Plan de Desarrollo Territorial fue sancionado.Las construcciones no sólo tienen que ver con el impacto visual. En tiempos en los que el cambio climático hace estragos en las dinámicas propias de los ambientes naturales provocando situaciones como los incendios, inundaciones, pérdida de biodiversidad, etc. ocuparnos de nuestro entorno es fundamental. Y nuestro entorno, nuestra casa, es el sistema de sierras que rodea esta hermosa ciudad.

Es momento de elaborar el Plan de Manejo Ambiental para nuestras Sierras.

De la elaboración debe participar no solo la política, representada por los diferentes poderes del Estado, sino también la ciudadanía comprometida y preocupada, nuestra Universidad,  los profesionales idóneos, las asociaciones civiles, las empresas, y las instituciones educativas. Tenemos un camino transitado en el pasado en lo que fue la elaboración del Plan de Desarrollo Territorial. Como tandilenses debemos darnos esta discusión de fondo, con apertura, sin sectarismos ni impugnaciones, con la tarea de lograr un punto en común. Una política de Estado y un acuerdo comunitario que defina qué se puede hacer y qué no, que elabore y consensue reglas claras para que el privado sepa hasta dónde y cómo se puede construir y qué actividades se pueden desarrollar. Un Plan de Manejo Ambiental que defina claramente para el Estado Municipal cuál va a ser su tarea de control, cómo y quienes la van a desarrollar, y las sanciones que debe aplicar para consagrar el carácter protegido de nuestro patrimonio natural y cultural.

Por Federico Martínez (*)

En una reciente declaración, Gonzalo Santamarina se expresó en contra de la reforma jubilatoria aprobada por el Congreso nacional. Aunque sus argumentos pueden parecer legítimos desde su perspectiva, es necesario un análisis más profundo que considere la realidad de miles de jubilados y pensionados que, hoy en día, sobreviven con ingresos mínimos en un contexto económico cada vez más difícil.

Santamarina cuestiona la necesidad de una reforma que, según él, podría comprometer la sostenibilidad del sistema previsional. Sin embargo, la sostenibilidad (que debe debatirse con profunda responsabilidad democrática si queremos construir una gran nación) no puede lograrse a expensas de la dignidad de quienes dependen de este sistema. La situación actual es insostenible para los jubilados y pensionados, que ven cómo su poder adquisitivo se reduce mes a mes, atrapados entre una inflación creciente y un bono congelado desde noviembre de 2023.

La reforma jubilatoria no es sólo una cuestión de números o cálculos macroeconómicos, es una respuesta urgente para garantizar que nuestros mayores puedan vivir con dignidad. Estas son personas que dedicaron su vida al trabajo y al desarrollo del país, y que hoy merecen algo más que la indiferencia de un Estado que debe protegerlos. Como señaló el papa Francisco: "Dejar de invertir en las personas para obtener un mayor rédito inmediato es muy mal negocio para la sociedad". Esta afirmación refleja con precisión la realidad de nuestros jubilados.

Cuando uno indaga en los datos sobre las condiciones de vida de nuestros jubilados y pensionados encuentra que son alarmantes y que refuerzan la urgencia de esta reforma. La fórmula de movilidad previsional vigente, implementada en marzo de 2021, no ha sido suficiente para proteger a los jubilados de la aceleración inflacionaria. El Gobierno nacional anterior de Alberto Fernández no sólo no cumplió las expectativas, sino que de la recomposición prometida del 20 por ciento perdido durante el gobierno de Mauricio Macri sólo recompuso el 11 por ciento, por eso se implementaron los bonos para paliar la cruda situación. Ahora bien, desde diciembre de 2023 hasta marzo de 2024, la jubilación mínima acumuló una caída del 21 por ciento en términos reales, y del 16 por ciento si se consideran los bonos otorgados por el Poder Ejecutivo. 

Este deterioro del poder adquisitivo es inaceptable, especialmente cuando se considera que representa el 44 por ciento del ajuste del gasto primario real interanual del primer bimestre de 2024.  La actualización derivada de la ley vigente alcanzaría un 29,8 por ciento en marzo de 2024, mientras que la inflación proyectada para ese período se estima cercana al 60 por ciento, lo que demuestra la insuficiencia de la recomposición y la exageración del ajuste.

El incremento del 8,1 por ciento en las jubilaciones, aprobado por el Congreso, es un paso esencial para corregir la pérdida del poder adquisitivo que los jubilados han sufrido durante meses. Además, el ajuste retroactivo a abril busca compensar el daño causado por meses de ajuste insuficiente. Sin estas medidas, estaríamos condenando a miles de jubilados a una pobreza aún más profunda, a medida que los costos de vida siguen aumentando, impulsados por tarifazos en servicios esenciales y la eliminación de subsidios vitales como el Plan Hogar.

Es comprensible que cualquier cambio en el sistema previsional genere debates y tensiones, los sistemas jubilatorios son deficitarios económicamente en todos los países del mundo, porque son solidarios y traen consigo un superávit social y humano. Sin embargo, es esencial que el debate se base en la realidad de los afectados y no en meras proyecciones económicas inconsistentes desde la perspectiva creativa que implica gobernar, es decir, cualquier sistema económico es insostenible si se basa en la premisa de ser fuerte con los débiles y sumiso con los poderosos, fundamentalmente porque en medio de estas displicencias están los argentinos que trabajan con la expectativa de que una vida mejor es posible si trabajan y producen. La reforma jubilatoria es una oportunidad para corregir injusticias, para garantizar que el sistema sea no sólo sostenible, sino también justo y equitativo. La alternativa que Santamarina parece preferir es mantener un ajuste sostenido en el tiempo en base a los que trabajaron toda su vida y perpetuar la precariedad de nuestros mayores.

Invito a Gonzalo Santamarina a reflexionar sobre las verdaderas implicancias de su postura y a considerar el impacto humano de mantener el sistema actual sin cambios. La reforma jubilatoria no es perfecta, pero es un avance necesario para proteger a quienes más lo necesitan. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que nuestros jubilados vivan con la dignidad que se merecen, y esta reforma es un paso en esa dirección.

El veto presidencial que Santamarina parece apoyar no sería un golpe contra una ley, sino contra miles de jubilados que, hoy más que nunca, necesitan de un Estado que los proteja y les garantice una vida digna. Es momento de poner las necesidades de las personas por encima de los intereses económicos. Es momento de actuar con justicia y humanidad para reconstruir una expectativa sobre nuestro modelo democrático, que ningún argentino se sienta desamparado frente a las decisiones coyunturales de ajuste. 

Ningún debate público de la política puede ser endeble frente a las crueldades que se pongan de moda, hay que establecer una base sólida de acuerdos estructurales por los que caminar para tomar las mejores decisiones posibles. Todos deben consumir lo que producen, todos deben recibir la remuneración justa en función de sus esfuerzos, el Estado debe tender a disminuir las injusticias y ser equitativo, debemos construir una Argentina fuerte en materia de seguridad jurídica, la política debe responder a los intereses de las mayorías y por sobre todo cuidar a nuestros mayores cuando hay contextos de crisis, como debería haber sido siempre por herencia cultural y mandato nacional. Y por sobre todas las cosas, porque ya pudimos hacerlo, el déficit fiscal cero es con la gente adentro y participando activamente. 

*(Presidente del Bloque de Concejales de Unión por la Patria)