Es cierto que en el fragor de una crisis es difícil pensar más allá del corto plazo, porque la urgencia obliga en este caso a que la previsión esté puesta en el alcance que tendrá la pandemia y sus consecuencias inmediatas. Sin embargo, conviene reflexionar acerca de algunas cuestiones que, como mínimo, deberían quedar planteadas a futuro.

Que el sistema de salud hoy sea una prioridad es una excelente noticia, sobre todo si tenemos en cuenta que históricamente ha sido muy valorado desde lo dialéctico pero también muy postergado desde la asignación de recursos. A partir de la amenaza que significa el avance del coronavirus, el gobierno nacional -así como los gobiernos provinciales y municipales- decidió reasignar todas las partidas presupuestarias a tres áreas sensibles para hacer frente a la crisis; desarrollo social, seguridad y –obviamente- salud. La pregunta que surge como consecuencia de este re direccionamiento de recursos es si esta crisis nos dejará un sistema sanitario más robusto y eficiente del que teníamos antes. ¿Mejorará la calidad o sólo aumentará la capacidad de respuesta? Al mismo tiempo, se plantean algunas inquietudes en torno al mantenimiento que tendrá la nueva estructura sanitaria después de la pandemia. ¿Quién se hará cargo, la Nación, las provincias o los municipios?

Son preguntas que hoy posiblemente no tengan respuesta, aunque serán disputas que habrá que resolver hacia adelante en torno a la distribución de recursos y la coparticipación, sobre todo si se tiene en cuenta que hoy la Nación está centralizando la compra de insumos -como respiradores artificiales- para luego dotar a los municipios y a las provincias de las necesidades que surgen en cada región. ¿Y después?

En la provincia de Buenos Aires cerca del 70% de los hospitales públicos son municipales. Si nos ceñimos por la ley orgánica de los municipios, los intendentes no deberían hacerse cargo de la salud pública ni de la seguridad. Pero lo cierto y concreto es que, de hecho, los alcaldes han ido asumiendo nuevas responsabilidades impuestas por la propia realidad que los vecinos y sus necesidades les han ido exigiendo por ser la primera ventanilla de reclamo en cuanto a proximidad. Atentos a esto, ¿No sería lógico que los gobiernos nacional y provincial les deleguen esas facultades y recursos para sostener esas estructuras y que los municipios ganen mayor autonomía? ¿O habrá que seguir confiando –a pesar de los malos resultados obtenidos- en que la buena articulación y el trabajo conjunto entre los tres niveles del Estado logrará algún día satisfacer las demandas de la sociedad toda?

La crisis ha demostrado, -en especial en el comienzo de la pandemia- que todo el arco político está trabajando codo a codo para hacer frente al COVID-19, sin importar las diferencias ideológicas ni partidarias. La incógnita pasa por saber si esa mecánica es sostenible en el tiempo una vez que se supere la pandemia y vuelvan al escenario las mezquindades políticas.

¿Qué pasará cuando la asignación de recursos vuelva a cada ministerio y se le quiten los fondos extraordinarios que está recibiendo hoy el sistema de salud en todos los niveles? ¿Quién –y con qué plata- se hará cargo de sostener la nueva estructura sanitaria? Habrá nuevos hospitales, equipamiento y mayor capacidad en cada uno de los ya existentes, algo que debe celebrarse pero también mantenerse. Está claro que si no hay un rediseño amplio en materia de recaudación, ni los municipios ni las provincias podrán hacer frente a estas nuevas estructuras. De allí surge otro desafío; si la infraestructura que se sumó al sistema para hacer frente a la pandemia quedara ociosa después del coronavirus, también ameritaría un costo de mantenimiento para que no se deprecie su valor y pueda considerarse como parte de los servicios operativos de cada centro de salud. De lo contrario, habrá sido una inversión sólo pensada en paliar la crisis pero sin una visión estratégica de mediano y largo plazo para mejorar estructuralmente el sistema de salud pública. ¿Será que esta vez el apuro abrirá paso a un nuevo orden mundial para repensar las prioridades y poner al sistema sanitario a la cabeza?

Como sea, lo que está claro es que esta es la gran oportunidad histórica para discutir en serio la descentralización de recursos con el objetivo de hacer más eficiente la gestión en cada uno de los niveles del Estado, pero muy especialmente en el orden local, donde urge institucionalizar algo que sucede de hecho; la autonomía municipal. Empoderar a los intendentes con más recursos y más facultades es una demanda que exigen los vecinos desde hace tiempo y que los políticos, hasta aquí, no hemos podido resolver.

Sin dudas, este es el momento de hacerlo, aunque obviamente, la descentralización de servicios tiene que ir acompañada de los recursos correspondientes. Ello podría hacerse aumentando la masa coparticipable que corresponde a los municipios, que actualmente es de apenas el 16,14%, o bien avanzando también en una descentralización de la responsabilidad de recaudación. Con respecto a esto último, el principal argumento para descentralizar es la conveniencia de que exista correspondencia entre gastos e ingresos. Si el que gasta no es el mismo que el que recauda, se rompe con la corresponsabilidad fiscal, incentivándose a gastar mal y en exceso. En definitiva, siempre es conveniente que quien sea el encargado de prestar un servicio, se haga también responsable de obtener los recursos necesarios para hacerlo. Esa autonomía, bien entendida, generará una gran responsabilidad de los municipios, incluso generando una sana competencia, que seguramente redundará en mayor calidad de vida para nuestros ciudadanos, que son el eje y la razón del sistema.

*El autor es Diputado Provincial de Juntos por el cambio

Dice un viejo adagio local que cuando el mundo estornuda, la Agentina se resfría y la provincia de Buenos Aires contrae pulmonía. Es cierto que el contexto actual que atraviesa el mundo por el coronavirus obliga a la Argentina –y a la provincia de Buenos Aires en particular- a rediseñar la planificación de sus políticas públicas a futuro si pretende volver a levantarse de otra nueva crisis.

Existen al menos dos inconvenientes históricos en nuestro territorio que cuadriplica demograficamente a la segunda provincia argentina.

El primero es la concentración de dos tercios de la población en el 1% de su territorio. En el conurbano conviven los sectores ABC1 de barrios privados con la marginalidad absoluta de miles de barrios en emergencia.

El segundo, menos relevante pero consecuente con la génesis y el funcionamiento histórico del territorio provincial, es la falta de un sistema de medios netamente bonaerense como sucede en todas las otras provincias.Esto afecta a la ciudadanía en su posibilidad de informarse y de controlar a sus funcionarios casi de manera diaria y directa, ya que los bonaerenses consumimos medios netamente nacionales y/o locales.

Ambos problemas en tiempos de crisis se acentúan y requieren de una histórica promesa de los candidatos bonaerenses que luego por el devenir de los acontecimientos politicos/administrativos fueron quedando pendientes una vez que se sentaron en el sillón de Dardo Rocha; la regionalización y la descentralización de la provincia de Buenos Aires. En el caso de Daniel Scioli, con Santiago Montoya a la cabeza del proyecto, el diagnóstico de la situación de la provincia y la planificación de lo que se debía hacer era tan preciso como ambicioso, pero por motivos aún desconocidos quedó trunco y no se avanzó en los hechos.

Por su parte, cuando asumió la gobernación María Eugenia Vidal instruyó a su equipo para estudiar esta temática con la seriedad y el profesionalismo que requiere. Sin embargo, las condiciones en las que recibió la provincia, las demandas urgentes de la coyuntura y las prioridades básicas de gobierno, sumando a ello, su único período de administración para abordar esta problemática estructural e historica con la rigurosidad y los tiempos políticos que esto conlleva, le impidieron avanzar en la tan anhelada descentralización.

El interrogante ahora pasa por saber qué hará el gobernador Axel Kicillof con este tema. ¿Cumplirá su promesa de campaña de regionalizar y lograr una efectiva descentralización o, una vez más, las urgencias de la provincia harán correr el eje de sus prioridades?

La dimensión de nuestro territorio, sus notorias diferencias y la lejanía de la administración central hacen que los intendentes tengan que hacerse cargo de infinidad de problemas con escasos recursos, dejando a la vista una vez más la importancia de los liderazgos de proximidad.

Seguridad, salud y educación son algunas de las tareas que en teoría no corresponden a la esfera local pero que, sin la participación y el compromiso de los intendentes, en la práctica serían inviables.

Algo que refleja nítidamente esto son las encuestas de opinión en los años pares, cuando no hay elecciones. En general, se observa con claridad que los liderazgos locales suelen tener mejores índices de aprobación en sus territorios que los dirigentes nacionales. Lo mismo ocurre con las gestiones. En los años impares se encargan de hacerlo las urnas.

La razón es sencilla: el Estado provincial puede ser eficaz en el trazo grueso del diseño de la política pública, pero requiere del ámbito municipal para ser eficiente en su implementación territorial.

Así como es ridículo que los ministerios de obras públicas nacionales o provinciales realicen tareas menores como el cordón cuneta, también es absurdo que desarrollo social de la Nación y de la provincia se encarguen de la compra de alimentos cuando son los municipios quienes saben cuánto y dónde se precisa, además de ser quienes se encargan de distribuirlos.

La falta de resolución de las administraciones bonaerenses ha hecho que ante inconvenientes de envergadura los vecinos miren al jefe de Estado, y ante los hechos más cotidianos acudan a pedir respuestas a sus alcaldes por ser la primera ventanilla de reclamo. Mientras tanto, la responsabilidad del Gobernador de la provincia pasa desapercibida.

Resulta absurdo pensar que desde la ciudad de La Plata se pueden resolver con celeridad inconvenientes de las más de 30.000 instituciones educativas divididas en 25 regiones.

No menos alocado pareciera ser considerar a la administración central capaz de aportar soluciones en tiempo real a los ochenta y cinco hospitales provinciales y los ciento setenta municipales.

Como si fuera poco, el ministerio de seguridad bonaerense debe liderar a más de 90 mil policías repartidos en catorce superintendencias regionales. Sencillamente imposible.

No obstante, debe ser en esta área tan sensible para los bonaerenses donde mayor centralización –paradójicamente- debe tener su conducción y la línea de acción.

En el diseño administrativo actual hay infinidad de puntos ciegos del gobierno provincial. Colegios, jardines, universidades, hospitales y salas de atención primaria no funcionarían sin el soporte de los gobiernos locales. Tampoco los patrulleros de la policía, ya que el suministro de la nafta y el mantenimiento de los móviles muchas veces corre por cuenta de los municipios.

Las zonas deben delimitarse con sensatez de manera que el Estado pueda cumplir su rol y las coordinaciones regionales puedan contar con las autonomías administrativas que corresponden, con esquemas de desarrollo sectorizados, reformas fiscales y tecnológicas para la rápida resolución de los temas.

Para lograrlo, necesitamos que la voluntad política de llevarlo a cabo sea una prioridad. Sólo así tendremos un Estado inteligente que pueda satisfacer las demandas de la sociedad con la adecuada articulación de los tres niveles del Estado.

* El autor es Diputado Provincial de Juntos por el Cambio