En la penumbra de las periferias urbanas donde el Estado suele ser un recuerdo difuso o una presencia espasmódica, se libra una batalla que el ciudadano común percibe únicamente a través de la estadística policial.

Sin embargo, detrás de cada enfrentamiento armado, de cada territorio cedido al control de organizaciones ilícitas y de cada fracaso en las políticas de seguridad pública, subyace una crisis de carácter eminentemente cognitivo, pues el Estado moderno, concebido por Hobbes como un Leviatán capaz de garantizar la paz a través del monopolio de la fuerza, hoy se encuentra ante una encrucijada existencial; de nada sirve la potencia del músculo securitario, si el sistema nervioso que debe dirigirlo está atrofiado o desconectado de la realidad. Esta función sináptica es la que definimos como inteligencia criminal, y su vigencia es lo que separa a una democracia resiliente de un cuerpo estatal ciego que reacciona generalmente con violencia, aplicada sin dirección y sin un propósito superador al mero encarcelamiento del delincuente, sin cuestionar el funcionamiento de la empresa criminal que posibilita la materialización del delito grave.

En el debate contemporáneo sobre seguridad pública, pocas herramientas resultan tan determinantes —y a la vez tan imperceptibles para la ciudadanía— como la inteligencia criminal. Lejos de los estereotipos cinematográficos, su verdadero valor no reside en la espectacularidad de sus operaciones, sino en su capacidad de anticipación al identificar amenazas antes de que se materialicen, comprender la lógica de las organizaciones criminales y permitir al Estado intervenir con precisión quirúrgica. La inteligencia criminal no debe confundirse con la sistemática acumulación de datos o con el espionaje (tan de moda hoy en la ficción). Es, en su esencia más pura, la gestión del conocimiento aplicada a la preservación del orden público y la libertad ciudadana.

En un mundo donde el delito ha dejado de ser una actividad artesanal para convertirse en una red de mercados globales y estructuras adaptativas, la seguridad ya no puede garantizarse mediante la simple reacción ante el hecho consumado. La inteligencia, es la capacidad de observar lo macro, de identificar fehacientemente y de manera oportuna a la estructura que sostiene el búnker barrial de microtráfico y de anticipar el movimiento de la red financiera que introduce (en los canales de la legalidad económica), el dinero ilícito antes de que este se licue y transforme en otros activos, entre los que probablemente se cuenten nuevas armas que aseguren el control territorial para reiniciar el ciclo disvalioso del delito. Cuando esta herramienta funciona, el crimen se previene. Cuando falla, las consecuencias pueden ser devastadoras.

Una función estratégica: comprender antes de reprimir

La inteligencia criminal puede definirse como el proceso sistemático de recolección, análisis e interpretación de información relevante sobre fenómenos delictivos, con el objetivo de apoyar y orientar la toma de decisiones en materia de seguridad. No se trata simplemente de acumular datos, sino de transformarlos en conocimiento útil.

En este sentido, su rol es doble; por un lado, permite anticipar conductas criminales; por otro, optimiza el uso de los recursos estatales. En contextos de criminalidad organizada —narcotráfico, trata de personas, terrorismo, ciberdelito—, donde las estructuras delictivas operan con lógica empresarial, la ausencia de inteligencia equivale a combatir en la oscuridad.

La mitad de la biblioteca representada por autores como Eugenio Raúl Zaffaroni han advertido que las políticas de seguridad basadas exclusivamente en la reacción punitiva tienden al fracaso si no están sustentadas en diagnósticos serios. En la misma línea, Luigi Ferrajoli sostiene que la racionalidad del sistema penal exige intervenir sobre las causas y dinámicas del delito, no solo sobre sus consecuencias visibles.

En el sector opuesto de la academia, si bien los aportes de Mark Lowenthal y Jean‑Paul Brodeur, (sobre los que profundizaremos en el desarrollo de la columna) resultan indispensables, también lo son las definiciones contemporáneas que recuperan la esencia de la inteligencia criminal como política pública. Es básicamente inteligencia sobre el delito, pues conocerlo es la mejor forma de prevenirlo y enfrentarlo. Esta frase, del Dr. José M. Ugarte, sintetiza una verdad incómoda ya que, sin conocimiento profundo del delito, el Estado actúa a ciegas.

La inteligencia criminal es una política pública indelegable; el diseño e implementación de las políticas públicas de seguridad es una misión indelegable e inherente al Estado‑Nación. Esta afirmación, lejos de ser una obviedad, es un recordatorio de que la seguridad no puede tercerizarse ni improvisarse y en dicho esquema, la inteligencia criminal es la columna vertebral de esa misión porque permite anticipar, prevenir y orientar decisiones estratégicas.

Lowenthal sostiene que la inteligencia es un ciclo integrado por la recolección, análisis, diseminación y retroalimentación; si uno de esos eslabones falla, todo el sistema se debilita. Brodeur, en cambio, enfatiza que la inteligencia opera en un espacio híbrido donde conviven prácticas visibles y opacas, atravesadas por culturas policiales, disputas de poder y tensiones institucionales. Ambos coinciden en que la inteligencia criminal no es solo técnica, es política, cultural y organizacional, debiendo operar (siempre) ajustada al Estado de derecho, donde los legisladores deberán mostrar creatividad basada en el conocimiento, para diseñar marcos normativos que permitan actuar sin vulnerar derechos. Esta tensión —eficacia versus legalidad— es uno de los dilemas centrales de la inteligencia moderna a la que no escapa la inteligencia criminal.

El costo del fracaso: cuando la inteligencia no llega a tiempo

La historia reciente ofrece numerosos ejemplos donde la deficiente inteligencia criminal —o su mala utilización— ha derivado en crisis de seguridad, caos social y pérdida de control territorial por parte del Estado.

México, se ha transformado en uno de los casos paradigmáticos durante la intensificación de la llamada guerra contra el narcotráfico a partir del año 2006. La fragmentación de los cárteles, lejos de reducir la violencia, la multiplicó. Diversos analistas coinciden en que la falta de inteligencia criminal adecuada impidió prever las consecuencias de la desarticulación de estructuras sin un control territorial posterior.

Este país enfrenta una violencia extrema alimentada por organizaciones criminales con capacidad militar. La fragmentación institucional es uno de los principales problemas ya que agencias federales, estatales y municipales operan sin coordinación. Desde la perspectiva de Lowenthal, esto rompe el ciclo de inteligencia; la recolección es inconsistente, el análisis no se integra y la diseminación es errática.

Organizaciones como el Cártel de Sinaloa y los Zetas aprovecharon vacíos de poder para expandirse, generando niveles de violencia inéditos, con miles de homicidios anuales y amplias zonas bajo control criminal.

En el año 2010, el hallazgo de 72 migrantes asesinados en el estado de Tamaulipas expuso no solo la brutalidad del crimen organizado, sino también la incapacidad del Estado para detectar y prevenir la operación de redes criminales en zonas de tránsito migratorio. La responsabilidad fue atribuida al grupo de Los Zetas, cuya expansión territorial había sido subestimada por los organismos de inteligencia.

En Brasil, el crecimiento del Primer Comando de la Capital (PCC) constituye otro ejemplo ilustrativo. La falta de inteligencia penitenciaria permitió que esta organización se consolidara dentro de las cárceles y proyectara su poder hacia el exterior. Los motines coordinados de 2006 en São Paulo evidenciaron una capacidad operativa que sorprendió a las autoridades, mediante ataques simultáneos contra comisarías, quema de vehículos y paralización de la ciudad. La inteligencia estatal no logró anticipar ni neutralizar una estructura que ya operaba como una red criminal sofisticada.

En el ámbito del terrorismo, fallos de inteligencia también han tenido consecuencias dramáticas. Los atentados de 2015 en París revelaron fallas en la coordinación entre agencias de distintos países europeos, pese a que algunos de los autores ya estaban bajo vigilancia. El fenómeno evidenció un problema estructural como lo es la fragmentación de la información y la incapacidad de integrar bases de datos en tiempo real, lo que impidió detectar patrones de riesgo y adoptar medidas tendientes a obturar la materialización de las amenazas.

En el plano local, la ciudad de Rosario se ha convertido en un caso emblemático de los desafíos que enfrenta la inteligencia criminal en contextos de narcotráfico urbano; Rosario permite visibilizar la inteligencia criminal en el marco de un ecosistema delictivo en expansión.

Entre los años 2020 a 2024, Rosario se convirtió en un caso emblemático de cómo la inteligencia criminal puede fallar en contextos donde el crimen organizado se expande más rápido que la capacidad estatal de dar respuesta. La presencia de organizaciones vinculadas al narcotráfico, la violencia letal creciente y la permeabilidad institucional, configuraron un escenario donde la inteligencia debería haber sido un pilar central de la política de seguridad. Sin embargo, investigaciones periodísticas y judiciales han revelado fallas significativas.

Desde la óptica de Lowenthal, podemos afirmar que Rosario ha demostrado serios problemas en la articulación del ciclo de inteligencia: la información recolectada por distintas fuerzas no siempre se integró, los análisis estratégicos demostraron haber sido insuficientes y la comunicación con los decisores políticos se reveló como intermitente. La falta de retroalimentación y evaluación de resultados generó un sistema que produjo información, pero no necesariamente conocimiento útil.

Brodeur aporta una clave adicional, la coexistencia de policías formales e informales, estructuras paralelas, connivencia con actores criminales y disputas internas dentro de las fuerzas de seguridad. En Rosario, diversos casos judiciales han mostrado cómo sectores policiales brindaron protección o información a organizaciones criminales, generando un marco donde la inteligencia se distorsionó. Cuando la policía opera simultáneamente como investigadora y como actor involucrado en redes ilegales, la inteligencia pierde su capacidad de orientar políticas públicas y se convierte en un instrumento de supervivencia institucional.

La falta de coordinación entre niveles provincial y federal, sumada a la ausencia de una estrategia integral de inteligencia criminal, permitió durante años, que las organizaciones delictivas mantengan capacidad operativa incluso en contextos de alta presión estatal. La inteligencia, en lugar de anticipar, llegó tarde; en lugar de prevenir, reaccionó; en lugar de orientar, improvisó. Los resultados fueron lamentables.

Los casos mencionados comparten ciertos patrones que ayudan a comprender por qué faltó o falló la inteligencia criminal; estos van desde la fragmentación institucional (múltiples agencias operativas sin coordinación efectiva); falta de profesionalización (ausencia de analistas especializados); politización (utilización de la inteligencia con fines ajenos a la seguridad pública); déficit tecnológico (incapacidad para procesar grandes volúmenes de datos); desconexión territorial (escasa presencia en zonas críticas). En muchos casos, el problema no es la falta de información, sino la incapacidad de interpretarla correctamente o de transformarla en acción oportuna.

Del conocimiento al producto de inteligencia; la profesionalización pendiente

Siguiendo a Jerry H. Ratcliffe, podemos afirmar que la inteligencia criminal genera un producto de conocimiento que apoya la toma de decisiones. Esta definición es clave, pues la inteligencia no es información suelta, dispersa, sino conocimiento procesado, verificado y contextualizado. Ratcliffe fue uno de los impulsores del Intelligence‑Led Policing (vigilancia policial basada en inteligencia), un modelo que reemplaza la intuición policial por análisis sistemático.

Sostiene que, casi todos los agentes hacen inteligencia sin saberlo, pero no todos están capacitados para producir un verdadero producto de inteligencia. Esta observación es crítica ya que, sin analistas formados —policiales o civiles— la inteligencia se reduce a datos inconexos. Lowenthal coincide, al aseverar que la calidad analítica es el corazón del sistema.

Hoy, las TIC y la inteligencia artificial se han vuelto herramientas indispensables; las tecnologías se han constituido en instrumentos irremplazables para alcanzar análisis de calidad. Sin embargo, la tecnología no reemplaza la estructura institucional ni la ética profesional. Brodeur advierte que la inteligencia puede volverse un espacio opaco si no existen controles democráticos y estándares éticos sólidos.

La inteligencia criminal como desafío democrático

La inteligencia criminal es una frontera crítica de la seguridad pública. Su eficacia no depende solo de tecnología o recursos, sino de la capacidad del Estado para construir instituciones sólidas, transparentes y coordinadas. Los aportes de Lowenthal, Brodeur y Jerry H. Ratcliffe permiten comprender que la inteligencia criminal es un sistema complejo, atravesado por tensiones políticas, culturales y organizacionales. Cuando ese sistema falla, las consecuencias se sienten en las calles, en los barrios y en la vida cotidiana de millones de personas.

México y Rosario muestran que los fallos de la inteligencia criminal no son accidentes aislados, sino síntomas de problemas estructurales. Superarlos exige una mirada crítica, una voluntad política sostenida y un compromiso democrático profundo; la inteligencia criminal, bien entendida y aplicada, puede ser una herramienta poderosa para construir sociedades más seguras, debiendo para ello dejar de ser un territorio opaco y convertirse en un componente central de la política de seguridad pública, sometido a controles, orientado por evidencia y guiado por el interés colectivo.

En América Latina, avanzar hacia este modelo implica reformas profundas que van desde la profesionalización del análisis, la inversión tecnológica, el fortalecimiento de los controles democráticos, la coordinación entre niveles de gobierno, hasta el combate frontal a la corrupción, al margen del imprescindible cambio cultural en la lógica de entender que, la inteligencia no es un recurso para la competencia política, sino una herramienta para la protección ciudadana a través del fortalecimiento de la seguridad pública.

La muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido a nivel global como “El Mencho”, ocurrida el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, no es un episodio más en la larga historia del narcotráfico mexicano. Es un evento bisagra, un vector abrupto Y disruptivo en el equilibrio criminal del hemisferio y un punto de inflexión cuya onda expansiva, podría percibirse durante años en América, Europa y otras regiones que dependen —o sufren— de los flujos ilícitos que articulaba el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La operación militar que terminó con la vida de Oseguera Cervantes representa un triunfo táctico, pero abre interrogantes mucho más complejos que las escuetas apreciaciones oficiales. Cada vez que un gran capo cae, la historia demuestra que los mercados criminales no desaparecen, sino que, se fragmentan, mutan y se recomponen. Esta vez, la trazabilidad de las acciones de este grupo, indican que este fenómeno, podría darse a escala global.

La prensa internacional reportó más de 250 bloqueos de rutas, incendios y movilizaciones violentas en al menos 16 estados mexicanos, señalando que el Cartel Jalisco Nueva Generacion demuestra seguir intacto pese al vacío de poder. El desconcierto también es global, informes de France24 y El Mundo advierten que la caída del capo no significa la desaparición de la organización, sino una etapa de fractura interna cuyos efectos todavía no pueden mensurarse con certeza.

Este escenario, lejos de ser un problema exclusivamente mexicano, abre una ventana de expansión para organizaciones aliadas, especialmente aquellas con capacidad logística y financiera; paralelamente se pone en marcha un proceso profundo y peligroso que converge directamente en la potencial reconfiguración del crimen organizado a escala transnacional.

Un siglo de narcotráfico: de los pioneros del Triángulo Dorado al imperio transcontinental

Para dimensionar la magnitud de este suceso, es imprescindible repasar la evolución de los cárteles mexicanos. Desde sus inicios, el narcotráfico ha sido un fenomeno en perpetua transformación, moldeado por presiones geopolíticas, políticas de Estado y mutaciones tecnológicas.

La primera generación criminal (1930–1970) se consolidó en el triángulo dorado, donde contrabandistas como Pedro Avilés profesionalizaron el trasiego de sustancias a través de las rutas terrestres y aéreas. Luego, la Operación Cóndor en el año 1976 (no confundir con el plan cóndor que aplicaron las dictaduras sudamericanas) forzó el desplazamiento hacia Guadalajara, originando la primera gran corporación criminal, el Cártel de Guadalajara, liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo (a) “ el Jefe de Jefes”, Rafael Caro Quintero (a) “el narco de narcos” y Ernesto Fonseca Carrillo (a) “Don Neto”.

El asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, acontecido en 1985, provocó la caída de esa estructura y la balcanización inicial del mapa criminal mexicano, dando lugar a los cárteles de Sinaloa, Tijuana y Juárez. Para el cambio de siglo, el colapso de los carteles colombianos dejó el escenario listo para que las organizaciones mexicanas se convirtieran en actores globales, encabezadas por Joaquín Guzmán Loera (a) “El Chapo”.

Pero, el verdadero salto cualitativo se produjo en el año 2006, con la estrategia gubernamental de confrontación a las estructuras criminales, hecho que se conoció públicamente como la guerra contra las drogas, ejecutada durante el gobierno de Felipe Calderón. La estrategia kingpin (centrada en capturar o eliminar líderes de organizaciones criminales) tuvo un efecto paradójico ya que, a mayor presión estatal, mayor fragmentación, violencia y sofisticación criminal. Fue en ese caos donde emergió un nuevo modelo, los cárteles de tercera generación, con una característica distintiva, la de ser ultraviolentos y entre ellos, el más disruptivo, el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El ascenso del “Mencho” de policía estatal a Capo globalLa figura de Nemesio Oseguera Cervantes (a) El Mencho concentra las contradicciones del México contemporáneo. Nacido en la pobreza rural, migrante ilegal en EE. UU., condenado por narcotráfico en el país del norte, deportado a Mexico, para convertirse luego en policía estatal en Jalisco y finalmente arquitecto de uno de los cárteles más expansivos y letales del último siglo. Su salto definitivo se produjo tras la muerte de Ignacio “Nacho” Coronel en el año 2010. Con una mezcla de precisión militar y astucia política, El Mencho derrotó a sus rivales internos del Cártel del Milenio y fundó el Cartel Jalisco Nueva Generación.

Su fórmula híbrida resultó innovadora, dado que combinó la logística global del Cártel de Sinaloa, con la agresividad paramilitar de Los Zetas, integrando tecnología bélica, drones explosivos, vehículos blindados de facción casera cuasi artesanal, conocidos como “Monstruos” y propaganda audiovisual. A diferencia de otros capos, convirtió la confrontación directa con el Estado en un sello distintivo. Bajo su mando, el Cartel Jalisco Nuevo Generacion derribó un helicóptero militar en 2015 y ejecutó atentados de alto impacto como el ataque contra quien fuera el Secretario de seguridad y protección ciudadana de México, Omar García Harfuch en 2020.

Con ingresos estimados entre 8.000 y 12.000 millones de dólares anuales, el CJNG dejó de ser un cártel tradicional para transformarse en una corporación criminal transcontinental, con filiales, franquicias y alianzas estratégicas, que primero marcaron presencia y luego trascendieron ampliamente el continente Americano.

Uno de los aspectos menos visibles (pero más relevantes) de la expansión del Cartel Jalisco Nueva Generación fue su penetración en Brasil. La detención de José González Valencia (a) “El Chepa”, en 2017 expuso el nivel de sofisticación de la red mexicana en el país sudamericano. González Valencia (hoy cumpliendo condena a 30 años de prisión en una supermax del BOP Norteamericano) a la postre cuñado del “Mencho”, era el Jefe de “LOS CUINIS” , el brazo financiero del Cartel liderado por Oseguera Cervantes. El Cartel Jalisco Nueva Generacion consideraba a Brasil como un refugio seguro; una adecuada plataforma de lavado de activos, un excelente punto de articulación logística, y uno de sus mejores puentes para acceder a precursores químicos.

Durante su reclusión en una de las cinco prisiones federales de Brasil, concretamente en la prisión federal de Mossoró, en Rio Grande “El Chepa” coincidió con la cúpula del Primer Comando da Capital (PCC). Ese encuentro, aunque no supuso subordinación mutua, reveló un modelo de cooperación basado en intereses complementarios, articulados de la siguiente manera: el PCC controla puertos y logística, en tanto que el Cartel Jalisco Nueva Generación aportaba capital, cocaína y tecnología. Este lazo funcional explica por qué la muerte de El Mencho podría tener repercusiones profundas en el Cono Sur.

El Cartel Jalisco Nueva Generación también transformó el mercado europeo. A partir de 2019, múltiples operaciones de Europol documentaron la presencia de cocineros mexicanos en laboratorios industriales de metanfetamina en Países Bajos y Bélgica. El cartel expandió su influencia mediante el control de rutas de cocaína a través de puertos como Rotterdam, Amberes y Algeciras y de alianzas con la ’Ndrangheta italiana y la Mocro Maffia holandesa, más la exportación de know-how químico y modelos operativos. El CJNG no buscaba controlar territorios europeos, vendía franquicias criminales, un modelo que ahora, sin la conducción centralizada de su máximo líder, puede desintegrarse o ser absorbido por mafias locales.

La reconfiguración del crimen organizado: escenarios globales tras la caída de El MenchoLa muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generacion coincide con otro episodio disruptivo en el mundo criminal, la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en 2024, que dejó al Cártel de Sinaloa inmerso en su propia guerra interna. Con ambas superestructuras debilitadas, se abren procesos altamente inestables.

Los análisis efectuados por distintas áreas de inteligencia proyectan tres grandes escenarios:

A.- México hacia la balcanización criminalLa sucesión en el Cartel Jalisco Nueva Generacion es compleja. Los herederos familiares compiten contra los mandos militares. Se esperan fragmentaciones violentas y peleas por la supremacía y control en Jalisco y Guanajuato; conforme datos aportados por especialistas en la realidad criminal Mexicana, la posibilidad de que los narco bloqueos y fundamentalmente los homicidios escalen a un piso del 30% al 50% es altamente probable. Todo esto sumado a los riesgos geopolíticos adicionales, especialmente frente al Mundial de futbol 2026, en el que Guadalajara es sede. La evidencia Mexicana indica que, el vacío de poder suele estimular no ya la pacificación sino el estallido de microcárteles locales, lo que agravaría aún más la situación.

B.- El PCC brasileño como nuevo actor dominante del AtlánticoLa caída simultánea de Cartel Jalisco Nueva Generacion y Sinaloa podría convertir al PCC en el operador logístico más estable del hemisferio. Podría abrirse una agresiva renegociación de precios en puertos como Santos, diversificación de proveedores (’Ndrangheta, disidencias colombianas, remanentes de Sinaloa), mayor intervención en la Triple Frontera, donde células huérfanas del Cartel Jalisco Nueva Generacion podrían mutar a manifestaciones violentas.

Este escenario implicaría el ascenso de una organización criminal con capacidad empresarial, disciplina interna y control territorial inédito en Sudamérica. Eso es el P.C.C.

C.- Europa en desintermediación criminalEn ausencia de liderazgo centralizado desde México, se proyectan tres dinámicas posibles, siendo estas la probable absorción de laboratorios por mafias locales y la autonomía de células europeas del Cartel Jalisco Nueva Generacion. Todo este movimiento abriría circunstancial y temporalmente una ventana de oportunidad para operaciones policiales coordinadas. Europa podría convertirse en un laboratorio geopolítico donde la técnica mexicana sobreviva, pero bajo nuevas administraciones criminales.

La guerra continúaLa operación en Tapalpa fue exitosa para el Estado mexicano, pero la muerte del máximo líder del Cartel Jalisco Nueva Generacion, no elimina la amenaza; la transforma. La historia de los cárteles demuestra que cada vacío de poder produce mutaciones aún más difíciles de controlar. La muerte de Nemecio Oseguera Cervantes marca el fin del liderazgo más prolífico del crimen organizado mexicano contemporáneo, pero, no representa el fin del Cartel Jalisco Nueva Generacion ni de sus redes.

Por el contrario, abre una nueva fase de incertidumbre, fragmentación y expansión potencial y en este nuevo escenario, Argentina no es un espectador; este es un territorio ya probado por Los Cuinis (el brazo financiero del CJNG), con antecedentes documentados, presencia empresarial confirmada y riesgo latente de reactivación de sus células financieras.

La pregunta ya no es, si Argentina puede ser parte del mapa del crimen organizado transnacional. La pregunta es cómo responderá, ahora que el tablero criminal se reordena a escala global.