El proceso judicial en torno a la instrucción penal que derivó en las aprensiones de los sospechados del atraco en el domicilio del extenista tandilense Juan Martín Del Potro tuvo ayer un nuevo capítulo judicial en orden al procesamiento de los implicados.

Cual rige el rito procesal, se conoció que los tres apresados en Junín como el par e Retiro, ya cumplimentaron la diligencia de la audiencia 308 (declaración indagatoria) en la que fueron notificados de los delitos que se les imputa y se les concede el derecho a prestar declaración.

En dicha audiencia, los tres primeros en forma presencial y el resto en forma virtual, aconsejados por sus respectivas defensas se negaron a prestar declaración, menos el argentino apresado, quien se prestó a la indagatoria y clamó su inocencia.

Según confió ante los judiciales, Walter Damián D’Amelio (39), conoció al par de chilenos a través de una convocatoria por la aplicación UBER, para realizar un viaje, el cual concretó tal lo descripto oportunamente en el periplo que los investigadores lograron reconstruir a través de las cámara de monitoreo más el rastreo de las antenas de los teléfonos celulares de los hasta allí sospechados.

Por lo que trascendió de la pesquisa, efectivamente desde el inicio de la pista desandada, el argentino no estaba contemplado dentro de la gavilla relacionada al robo a Del Potro como los otros ilícitos ocurridos en el país del norte. Ante las pruebas hasta aquí recogidas y añadidas al expediente que ya comenzó a reunir varias fojas al volumen del expediente, sería muy probable que D´Amelio quede implicado con una carga delictiva de menor cuantía, léase la figura del encubrimiento.

Un dato más: si bien los otros dos chilenos apresados con él en Junín se atuvieron al derecho que les asiste de no declarar, sí ambos, a su turno y sus formas, se encargaron de aclarar que “el argentino no tiene nada que ver” (SIC). Lo que sumaría entonces a la coartada esgrimida.

Con respecto a los otros dos chilenos apresados cuando se aprestaban a subir al colectivo rumbo a la triple frontera desde Retiro, prestaron declaración vía video llamada, acto en el que también se negaron a hablar.

Si bien la investigación continúa en pos de seguir reuniendo material probatorio y eventuales responsabilidades de otras posibles personas a la hora de la logística de la banda, el interrogante en los judiciales deviene sobre cómo avanzará el proceso de los implicados en medio de un pedido de extradición de los chilenos sindicados como autores de atracos anteriores en Estados Unidos. Aún no se resolvió en ese sentido qué competencia prevalecerá sobre otra a la hora de iniciar las definiciones procesales por los acusados.

En el medio del interrogante, se conoció que en el país trasandino fue detenido otro ciudadano chileno, también buscado por los mismos delitos ocurridos en Miami.

Por lo pronto, a los cinco implicados se les dictó formalmente la detención, al aguardo del avance del expediente.

Como se vino informando, el esclarecimiento del atraco que se registró el viernes 15 de mayo en la casa de Juan Martín del Potro, cobró dimensiones inusitadas al confirmarse que actuó una banda internacional que se dedicaba a robar casas de deportistas de elite y que había tenido entre sus víctimas a Travis Kelce, figura de los Kansas City Chiefs del fútbol americano y pareja de la cantante Taylor Swift, entre otras estrellas de las disciplinas más populares en Estados Unidos.

La investigación derivó en un primer operativo, el sábado pasado, en la estación de Retiro (CABA), cuando la Policía Federal detuvo a Bastian Jiménez Freraut e Ignacio Zuñiga Cartes, ambos de nacionalidad chilena y sobre quienes pesaba una alerta roja de Interpol emitida por Estados Unidos y pedidos de captura vigentes por el delito de robo con intimidación de un Juzgado de Garantías de Santiago de Chile.

En tanto, el último domingo, con la colaboración de la DDI de Junín, se logró la aprehensión en esa localidad de otros dos ciudadanos chilenos –Alfredo Eduardo Espinoza Gallardo, de 23 años, y Rodolfo Esteban Cartes Escobar, de 35- y de un argentino identificado como Walter Damián D’Amelio, de 39 años.

En el operativo en Junín, en el marco de la causa que instruye la UFI 16 a cargo del fiscal Marcos Eguzquiza, se secuestraron un auto Fiat Cronos negro, cinco teléfonos, dos relojes y una cartera blanca; mientras que en un taller del barrio porteño de San Cristóbal se incautó un Chevrolet Astra bordó, que fue el vehículo que utilizó parte de la banda para cometer el robo en Tandil.

Por otra parte, se confirmó que en el marco de la pesquisa se intervinieron dos líneas telefónicas que estaban a nombre de otras personas y que eran utilizadas por dos chilenos sospechosos del atraco en la casa de Del Potro.

De acuerdo a informes oficiales, Patricia Lucas, madre del tenista, denunció el mismo viernes que entre las 17 y las 19 habían ingresado en su propiedad ubicada en la zona de Don Bosco, tras romper una ventana del living. En ese momento señaló que de una habitación de la planta baja le habían robado una cadena con una cruz y una alianza con la inscripción “Patri 23/12/1983”, todo de oro; y de otra dependencia de la planta alta, le faltó una raqueta de tenis marca Babolat blanca y amarilla y dos relojes fuera de funcionamiento, uno Swatch y otro Nike.

Al día siguiente, la damnificada amplió la denuncia y agregó que también habían sustraído aproximadamente mil dólares, un reloj, varias prendas de vestir, dos perfumes importados, varios aros de fantasía, un reloj Rolex, cadenas de oro, pulseras y medallas que eran premios obtenidos por Juan Martín del Potro en torneos de tenis.

En una reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, se resolvió la designación de una jueza para el fuero Civil y Comercial tandilense, quien en la actualidad solo está funcionando con un titular (el Juzgado 3) ante las licencias –de distinta índole- de los magistrados José Zárate y Francisco Blanc.

En efecto, en los vistos de la resolución del máximo tribunal, se señaló que por lo dispuesto por la Ley 13.837 (mod. por Ley 14.008 y Ley 14.901), que implementó el Cuerpo de Magistrados Suplentes en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, y considerando que el fuero Civil y Comercial del Departamento Judicial Azul sede Tandil tiene a sus dos órganos temporariamente vacantes, se designó a la doctora María Silvia Guidoni, actualmente asignada al Juzgado Civil y Comercial  5 de Mercedes, pase a prestar funciones al Juzgado en lo Civil y Comercial 1 en la ciudad, a partir del 1 de julio del presente año.

Cabe consignar que la decisión devino de una solicitud de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Azul, quien planteó a la Secretaría de Planificación la designación de un juez del Cuerpo de Magistrados Suplentes, para atender el Juzgado en lo Civil y Comercial 1, con asiento en Tandil, “con motivo de las dificultades que se presentan para coordinar la subrogancia de ambos órganos con los jueces del fuero de la cabecera departamental”.

Vale señalar que las licencias de ambos magistrados tandilenses devienen de situaciones muy diferentes. En lo que concierne a José Zárate, quedó apartado de su cargo por la denuncia que pesa sobre sus rol en un litigio entre privados que está al aguardo del jury, por el cual días pasados se procedió a seleccionar a los legisladores que conformarán el juicio de enjuiciamiento.

Con respecto al doctor Francisco Blanc, titular del Juzgado 2, está con licencias prolongadas por motivos de salud.

Como oportunamente se informó con respecto a Zárate, su licencia forzada fue dictada por el propio proceso del jury, a partir de la denuncia del grupo inversor Miradores de Montecristo.

Licenciaron por 90 días a un juez tandilense investigado por presuntas irregularidades

Tal se expuso, si bien la suspensión de la Corte ya había culminado (era por 90 días), persiste la misma sanción administrativa, pero ahora de parte del propio jury, medida que no tiene plazo. En esa instancia, se le retiene el 40 por ciento de los haberes hasta tanto se resuelva su suerte en el proceso de enjuiciamiento, ya sea por destitución o restitución.

Como se informó en estas páginas el Juzgado de Familia  2 de Tandil dispuso la inoculación obligatoria de un niño de seis años, luego de que sus progenitores incumplieran reiteradamente con el calendario nacional de vacunación y el menor sufriera dos internaciones por patologías prevenibles. La medida, que incluyó el auxilio de la fuerza pública, se fundamentó en la primacía del interés superior del niño y el riesgo sanitario que la omisión representaba para la comunidad local.

Este Diario tuvo acceso al expediente en el cual se fundamentó la citada resolución que oportunamente citó el director de Atención Primaria de la salud comunal, a la hora de referirse a la importancia del cumplimiento del calendario de vacunación.

Ordenaron la vacunación compulsiva de un menor

La resolución trascendental para la salud pública local ordenó que un equipo sanitario más personal del Servicio Local y de la Comisaría de la Mujer se traslade a la vivienda de la familia para recibir las dosis obligatorias de su esquema sanitario.

Según consta en las fojas judiciales, la decisión se tomó tras constatar que los padres desoyeron sistemáticamente las intimaciones judiciales previas y las advertencias de los organismos de salud.

El detonante principal de la medida fue el delicado historial clínico del niño durante el año pasado, cuando debió ser asistido en urgencias por cuadros que la medicina preventiva contempla en su calendario oficial.

La controversia legal que se replica a lo largo y a lo ancho del país con jurisprudencia en tal sentido, tuvo su punto de inflexión luego de que se acreditara que el niño solo contaba con algunas dosis correspondientes al primer año de vida. Ante la negativa expresa de los progenitores, quienes manifestaron su postura ante las autoridades sanitarias y el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, la justicia decidió priorizar el derecho a la vida y a la salud por sobre la potestad de los padres.

El dictamen judicial puso especial énfasis en la vulnerabilidad a la que fue expuesto el menor durante el transcurso de 2025. Según el informe elaborado por el Sistema Integrado de Salud Pública, el niño ingresó en dos oportunidades al Servicio de Emergencias médicas por patologías de gravedad. La primera de ellas se trató de un cuadro de neumonía, mientras que la segunda fue por tos convulsa, una enfermedad que es directamente prevenible mediante la vacunación oportuna.

Estos episodios clínicos fueron considerados por el Juzgado como una prueba irrefutable de la negligencia en el cuidado del niño. En sus considerandos, el fallo resaltó que la decisión de los padres no solo afectó la integridad física del pequeño, sino que además implicó un riesgo para la comunidad y comprometió la eficacia del régimen de vacunación oficial adoptado por el Estado nacional y el provincial.

La recurrencia de estas enfermedades, en un contexto donde el acceso a las vacunas es gratuito y obligatorio, motivó la intervención directa de la Asesoría de Incapaces.

El asesor de Incapaces, en su dictamen, concluyó de manera tajante que ante el incumplimiento persistente de los progenitores correspondía disponer el traslado compulsivo del niño. Esta sugerencia fue recogida por la justicia, que entendió que el Estado no puede ser espectador ante un trato negligente que pone en peligro la supervivencia y el desarrollo del menor, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño en sus artículos 3, 6 y 24.

La resolución judicial abordó la tensión entre la autonomía de la voluntad de los padres y la intervención estatal. En este sentido, se explicó que el obrar de los progenitores quedó fuera de la órbita del ámbito de reserva del artículo 19 de la Constitución Nacional, ya que su decisión perjudicaba derechos de terceros y el bienestar general. Al tratarse de una cuestión de salud pública, el comportamiento de los padres quedó sujeto a la "interferencia estatal" plasmada en el plan de vacunación nacional.

El fallo citó jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para sostener que la negativa de los padres habilita al Estado a disponer la vacunación compulsiva atento al riesgo que implica no solo para el niño, sino para el resto de la población. La obligatoriedad de las vacunas, regulada por la Ley Nacional 27.491 y la Ley Provincial 10.393, fue el marco normativo que permitió al juzgado ordenar el cumplimiento del esquema sanitario de manera forzosa.

En este contexto, la justicia determinó que el derecho de todo niño al disfrute del más alto nivel posible de salud es una obligación que el Estado debe garantizar. La resolución subrayó que ningún niño debe verse privado de la atención médica y las medidas sanitarias preventivas necesarias para reducir la mortalidad infantil, un compromiso que Tandil ratifica a través de su Sistema Integrado de Salud Pública.

Para dar cumplimiento a la medida, el juzgado ordenó que el pasado 8 de mayo, a las 7.30 horas, se llevara a cabo un operativo en el domicilio de los involucrados. El procedimiento fue diseñado para ser lo menos traumático posible para el menor, por lo que se dispuso que el personal policial actuara sin uniforme y en compañía de un equipo Interdisciplinario especializado en niñez.

La orden judicial facultó a los efectivos de la Comisaría de la Mujer y la Familia a utilizar la fuerza pública, allanar el domicilio e incluso solicitar los servicios de un cerrajero en caso de ser estrictamente necesario para cumplir con la diligencia. El objetivo final fue el traslado del niño, en compañía de al menos uno de sus padres, a la sede del Centro de Salud Comunitaria, donde el personal de salud procedió a la aplicación de las vacunas correspondientes a su edad.

Finalmente, el juzgado ordenó que se labraran las actuaciones correspondientes y se diera vista nuevamente al asesor de Incapaces y al Servicio Local para continuar con el seguimiento del caso.

El jefe comunal de Tandil participó de una emisión especial del ciclo radial para celebrar los 500 programas al aire, oportunidad que aprovechó para compartir una mirada reflexiva y por momentos crítica sobre la actualidad del país. Lunghi se mostró preocupado por la desacreditación de la clase política y la profundización de la brecha que separa a los dirigentes de las necesidades de la sociedad.

Para el mandatario tandilense, la democracia argentina atraviesa un momento de caída, evidenciado por la baja participación electoral y el surgimiento de figuras que capitalizan el hartazgo social. Durante la charla, sostuvo que el país no logrará salir adelante si no existe un acuerdo de unidad nacional que trascienda las ideologías partidarias. “El que grita no convence”, enfatizó al referirse al estilo confrontativo que predomina en la escena nacional, asegurando que es necesario sentarse a dialogar y respetar las instituciones para generar previsibilidad en la población.

En su análisis de la coyuntura, Lunghi recordó una anécdota personal de su juventud cuando visitó al expresidente Arturo Illia en Martínez, poco después de haber sido derrocado. El intendente destacó una frase que marcó su carrera política: “Cuando un presidente habla todos los días, el país anda muy mal”. Bajo esa premisa, cuestionó la actual dinámica de comunicación gubernamental, señalando que el uso intensivo de las redes sociales y la exposición constante restan tiempo a la tarea fundamental de gobernar con planificación.

Lunghi también se refirió a la actual gestión nacional y al modelo económico propuesto, señalando que, si bien es necesario alcanzar el déficit cero, el ajuste no debe recaer exclusivamente sobre los sectores productivos y la educación. Defendió la auditoría de las universidades, asegurando que la transparencia es fundamental y está contemplada en la ley, pero advirtió que el desfinanciamiento de instituciones como la Unicen pone en riesgo el futuro del conocimiento y el desarrollo tecnológico que tanto beneficia a ciudades como Tandil.

Finalmente, remarcó la necesidad de contar con estructuras partidarias fuertes y programas de gobierno claros. Según su visión, el éxito electoral de opciones externas a la política tradicional es una respuesta al fracaso de los partidos tradicionales en ofrecer soluciones concretas.

Sin embargo, advirtió que gobernar sin equipos consolidados y sin diálogo legislativo conduce a una parálisis que afecta directamente a los municipios, que son el primer mostrador de atención a las demandas sociales.

Uno de los puntos más firmes del discurso de Lunghi fue el reclamo por una verdadera autonomía municipal. El intendente utilizó ejemplos técnicos para ilustrar cómo el sistema actual perjudica a las administraciones locales, mencionando que la Ley Orgánica de las Municipalidades es obsoleta. Explicó que Tandil, con sus 160 mil habitantes, tiene los mismos límites para compras directas que una localidad de diez mil habitantes, lo que ralentiza la gestión y encarece los procesos administrativos en un contexto inflacionario.

El mandatario comparó la situación de la provincia de Buenos Aires con Córdoba y con países limítrofes como Uruguay y Paraguay. Señaló que en esos lugares los municipios o departamentos tienen la capacidad de gestionar créditos internacionales de forma directa para obras de infraestructura, sin tener que pasar por el "embudo" de la Cancillería, el Ministerio del Interior y los ministerios de Economía nacional y provincial. Esta dependencia política y administrativa impide, según Lunghi, que Tandil acceda a financiamiento para proyectos vitales.

En este sentido, reveló las gestiones iniciadas ante el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe  para obtener diez millones de dólares destinados a una planta de tratamiento de residuos.

"Nadie nos da audiencia en la Nación", se quejó, explicando que el proyecto del biodigestor, que obtuvo el primer premio en Cammesa, se encuentra frenado por la falta de avales y la burocracia centralista. Para el Intendente, los municipios deberían ser controlados por tribunales de cuentas locales elegidos por la gente, garantizando una supervisión más cercana y efectiva.

La falta de respuestas por parte del Gobierno nacional y provincial obliga a la Municipalidad de Tandil a financiar con recursos propios obras que originalmente tenían convenios externos. Lunghi detalló que el Municipio termina "bancando" los certificados de obra para que las empresas no se retiren, a la espera de un reembolso de la Provincia que muchas veces llega tarde y licuado por la inflación. Esta situación, afirmó, es insostenible a largo plazo y requiere una reforma profunda que devuelva poder de decisión a los distritos.

Tandil ha registrado un crecimiento exponencial del 20 por ciento en los últimos diez años, lo que representa un desafío constante para la prestación de servicios básicos. Lunghi reconoció que este desarrollo genera tensiones en la infraestructura urbana, especialmente en lo que respecta a la red de agua y cloacas.

El jefe comunal explicó que, aunque se están realizando inversiones, la demanda habitacional y el dinamismo de la ciudad muchas veces superan la capacidad de respuesta inmediata del Estado municipal.

En relación a las inundaciones que han afectado a ciertos sectores tras lluvias intensas, el Intendente fue didáctico al explicar el funcionamiento hidráulico de la ciudad. Sostuvo que el Dique del Fuerte no es una represa de retención de agua, sino que su nivel debe ser controlado para permitir el desagote. Afirmó que Tandil necesita un tercer dique de contención en la zona de la Curva de Marchini para regular el ingreso de agua al entubamiento de la calle Saavedra, una obra de gran envergadura que debería ser financiada por la Provincia o la Nación.

A pesar de las críticas de algunos sectores, el mandatario defendió la gestión de los desagües pluviales y las obras de infraestructura que se proyectan, como la inversión de 2.700 millones de pesos para mejorar el drenaje en los barrios Arco Iris, San Juan y Tucumán.

Lunghi destacó que la geografía serrana de Tandil hace que el agua baje con mucha velocidad, y que la única solución técnica definitiva es la creación de retardadores o nuevos diques secos que frenen el caudal antes de que ingrese a la zona urbana densamente poblada.

La construcción en las zonas serranas es un tema de constante debate en la opinión pública local. Lunghi recordó que el Plan de Desarrollo Territorial (PDT), sancionado en el 2007, fue una herramienta pionera para regular el uso del suelo y proteger el patrimonio natural. Sin embargo, aclaró que la mayoría de las tierras en las sierras son de propiedad privada y que el Estado no puede impedir el derecho a construir si se respetan los indicadores urbanísticos establecidos en la normativa vigente.

No obstante, Lunghi admitió que el PDT debe ser revisado y actualizado tras 20 años de vigencia, ya que la ciudad se ha transformado radicalmente. Esta reforma, adelantó, se realizará con la participación de los colegios profesionales de arquitectos, ingenieros y agrónomos, buscando un consenso que permita un crecimiento ordenado hacia el norte de la Ruta 226, preservando el paisaje serrano como el principal activo turístico y ambiental de Tandil.

Lunghi participó de un encuentro con Kicillof

El Sistema Integrado de Salud Pública es, para Lunghi, el pilar fundamental de su administración. Durante la entrevista, detalló que el 42 por ciento del presupuesto municipal se destina al área sanitaria, una cifra que genera debates internos en su gabinete debido a la necesidad de fondos para otras áreas como Obras Públicas. Sin embargo, el intendente defendió esta inversión alegando que la salud de los tandilenses es "innegociable", especialmente en un contexto donde las obras sociales y prepagas atraviesan una crisis terminal.

El mandatario brindó cifras impactantes sobre la actividad de los hospitales municipales: más de 360 mil consultas y casi cuatro mil operaciones anuales. Señaló que el municipio enfrenta una deuda de 3.500 millones de pesos por parte de las obras sociales que no abonan los servicios prestados a sus afiliados en el sistema público. "Nosotros no le cerramos la puerta a nadie", afirmó, destacando que el hospital recibe a pacientes que, aun teniendo cobertura, no encuentran respuesta en el sector privado debido a la falta de convenios o el cobro de copagos excesivos.

Pese a los logros, advirtió que el sistema está llegando a un punto de saturación financiera. La desregulación de los precios de los medicamentos y las prótesis ha disparado los costos operativos de los hospitales. Como ejemplo, mencionó que una inyección trombolítica para tratar infartos pasó de costar 2,4 millones de pesos a más de siete millones en pocos meses. Para Lunghi, es urgente rediscutir el sistema de salud a nivel nacional para evitar que la carga recaiga exclusivamente en los municipios.

Respecto a la resolución judicial señalada por el funcionario comunal, vale señalar que ya hay jurisprudencia en el asunto, con fallos de la propia Corte al respecto. Incluso en el fuero de Familia local, en el 2015 ya la jueza Silvia Monserrat había fallado por el caso de un recién nacido, con fundamentos que se replicaron ahora con su par Ramiro Saralegui.

Según este Diario pudo constatar, dichos fundamentos señalaron oportunamente que la controversia “se debate en autos se centra entre la obligatoriedad de las vacunas, la autoridad de los padres y la posibilidad de que ante el incumplimiento de estos últimos de que sus hijos accedan a la inmunidad que aquéllas otorgan se pueda solicitar y decidir su aplicación compulsiva, es decir el interés superior del niño. No pudiendo tampoco obviar que el Plan de Vacunación Obligatorio Nacional y Provincial es también un programa que previene y garantiza el derecho a la salud de la comunidad en su conjunto, por lo que también se encuentra en juego el interés común”.

Al decir de los magistrados, la cuestión no puede circunscribirse al alcance de la responsabilidad parental o a la autonomía de la voluntad, o al derecho a la privacidad o al derecho de tomar decisiones en un grupo familiar.

“Ningún derecho es absoluto, mucho menos un derecho-deber como es el ejercicio de la responsabilidad parental”.

Al respecto se alegó que “considerar al hijo como un sujeto de derecho nos modifica el foco de nuestra atención, porque si hubiera conflicto entre el deseo e interés de los padres y el deseo e interés del niño, este último debe prevalecer.

Si este niño tuviera edad y madurez suficiente, ejercería por si, su derecho a ser oído, pero acá, debido a su corto tiempo de vida, ese derecho, al no poder ser ejercido per se, y resultando evidente el posible conflicto de intereses, entre lo que los padres desean con relación a la vida y al derecho a la salud de su hijo, y lo que su hijo pudiera pretender para sí, ese derecho a ser oído debe ser ejercido por su representante promiscuo, el  Asesor de Incapaces”, señala la resolución.

En dicho caso, se agregó que “el escaso tiempo que disponemos nos condiciona también en cuanto a que esta decisión, debe necesariamente, ser tomada in audita parte, porque no hacerlo importará que la petición devenga en abstracto”.

Por lo expuesto, el juez resolvió “suplir la voluntad de los progenitores quienes se han negado a firmar el consentimiento informado para el Hospital Ramón Santamarina pueda cumplir en tiempo y en forma con el plan de vacunación obligatorio, disponiendo que debe el efector de salud dar estricto cumplimiento a la legislación vigente que ha estatuido el mencionado el Plan de Vacunación Obligatorio por entender que la negativa de los progenitores en el marco del derecho deber del cuidado personal de su hijo afecta el interés superior del niño, y pone en riesgo el bienestar general de la población (Preámbulo de la Constitución Nacional, artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño)”.

A menos de cumplir un año bajo prisión preventiva, se acordó un juicio abreviado para resolver la situación procesal del acusado de un robo en un supermercado de Colectora Macaya casi Pedersen.

Como oportunamente se informó, el 3 de julio entre las 1 y 2, dos hombres, uno de ellos identificado como David Ubaldo Romero (el ahora condenado),  después de escalar un muro perimetral de 1.70 metros de altura existente en calle Ugalde entre Rivas y Pedersen, ingresaron por los fondos hasta la parte posterior de la Distribuidora Islas, sita en Colectora Macaya 37.

En dichas circunstancias, después escalar una casilla de mampostería de 1.90 metros y destruir una ventana de paños fijos sita a tres metros de altura de la base del piso, accedieron al interior del comercio y se apoderaron de carne vacuna, de pollo, botellas fernet, golosinas y mercaderías varias. Munidos del botín, huyeron del lugar.

Anoticiados del comercio violentado, los propietarios de la firma se entrevistaron con vecinos que habían alertado a la policía sobre la presencia de extraños en la zona, más precisamente a una pareja que salía de la distribuidora con bolsas cargadas. 

Un remis para fugarse 

Con el aporte de las cámaras de vigilancia privadas más las del Centro de Monitoreo, se logró reconstruir el periplo de los sospechosos, tomando nota que al menos uno de ellos, desde su casa de apenas unas cuadras,  se había tomado un remis para la ida, desde calle Ugalde al 100 hasta calle Palacios.

Una vez reconstruido e identificado el vehículo utilizado para el transporte de parte de los que se había llevado del comercio, se logró dar con el chofer, quien reconoció haber transportado a un hombre que, una vez arribado a destino, le dijo que no tenía efectivo para pagarle, por lo que quería abonarle con algo de carne y un fernet.

En ese mismo andarivel investigativo, el operador de la remisería ratificaría aquella versión. Detallando que efectivamente había recibido una llamada solicitando un auto a las 4.18 para que se haga presente en calle Ugalde a 123, y el solicitante le expresó textualmente: "sabes si va a tardar mucho"... Posteriormente,  el chofer que había enviado desde la agencia, se comunicó vía radial con el operador y le comunicó: "no me pagaron, me dejó una tira de asado y un fernet".

Sorprendido por la situación, el operador tomó nota de la singular escena y al tener una amistad con el propietario de la distribuidora, advirtió la cercanía del domicilio donde habían solicitado el remis y el comercio, por lo que llamó a su amigo y, efectivamente, Islas le confió que habían ingresado al local a robar.

Asimismo, se añadió como testimonio de prueba los dichos del propio remisero, quien brindó también precisiones sobre el recorrido y el diálogo mantenido con el hasta ahí sospechoso.

A más  detalles, el chofer dijo que no quería recibir la mercancía ofrecida como parte de pago, pero el pasajero le respondió: "agradece que te doy esto porque las consecuencias pueden ser peores". A lo que el trabajador del volante se resignó al no pago en efectivo, recordando también que la mochila que llevaba el sospechoso hacía ruido como de botellas golpeándose y parecía que llevaba mucha mercadería y carne, la cual apenas podía levantar por el peso que poseía y transportaba...".

A la hora de fundamentar atenuante y agravantes para sellar la sentencia, entre otras razones se alegó que el imputado Romero no contaba con antecedentes, mientras que se subrayó que habitaba en la casa de calle Ugalde 123, lugar donde fue detenido, léase a no más de dos cuadras del lugar del hecho. “Lo que demuestra a las claras una mayor impunidad por parte del señalado ya que pese a la vecindad existente entre su domicilio y la Distribuidora Islas, no fue obstáculo para ingresar al mismo y apoderarse de mercadería allí existente”.

Una prueba irrefutable resultó el peritaje de rastros, perteneciente a la Delegación de Policía Científica Tandil, realizado el 3 de julio de 2025 en el local robado, del cual se obtuvieron tres rastros de origen Papilar – Dactilar y un rastro de origen Papilar – Palmar con positivo valor identificativo, aptos para ser sometidos a cotejo. En efecto, dichos rastros fueron cargados en el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Digitales y Palmares, siendo compatibles con David Ubaldo Romero que figura cargado en el sistema.

Así, se resolvió condenar a David Ubaldo Romero alias “Nano”, a la pena de tres años de prisión, como autor penalmente responsable del delito de Robo agravado por escalamiento.

En una reciente intervención mediática, el concejal de Unión por la Patria, Rogelio Iparraguirre, realizó un pormenorizado análisis sobre la complejidad financiera que atraviesa el sistema de transporte público de pasajeros en la ciudad. El legislador local no ahorró críticas hacia la conducción de la Cámara de Transporte de Tandil y, en paralelo, desarrolló los fundamentos de una iniciativa legislativa que pretende otorgar un alivio económico sustancial a los clubes de barrio, entendidos hoy como los principales espacios de contención social frente a la crisis económica.

Iparraguirre advirtió que el sistema de transporte se encuentra en una situación de "encerrona", donde a las empresas no les alcanzan los ingresos para sostener la calidad del servicio y a los usuarios no les sobran recursos en sus bolsillos para afrontar un boleto más oneroso.

Según el concejal, esta coyuntura provocó un fenómeno que ya se refleja en las estadísticas locales: un salto exponencial en el patentamiento de motos, debido a que muchos vecinos optaron por abandonar el colectivo ante la imposibilidad de costear los viajes diarios.

El concejal fue particularmente severo al evaluar el rol de Daniel Albanese, presidente de la Cámara de Transporte de Tandil. Iparraguirre recordó que, en diciembre pasado, la entidad elevó un estudio de costos al Concejo Deliberante en el que, "sin que nadie se lo pidiera", incluyó valoraciones políticas que respaldaban el rumbo económico del Gobierno nacional. El legislador consideró una contradicción que la Cámara hablara de un "diagnóstico correcto" de la macroeconomía mientras el sistema local se desmoronaba por las mismas medidas celebradas.

Para el referente de Unión por la Patria, resulta paradójico que la Cámara de Transporte avalara el ajuste profundo de la economía y la liberación de los precios de los combustibles, para luego reclamar a los concejales y a la Municipalidad por la falta de fondos. "Albanese le puso el cascabel a los concejales, pero en ningún momento hizo mención al cambio estructural que ocurrió con el precio de los combustibles y la retirada de los subsidios nacionales", sentenció el edil.

Iparraguirre subrayó que, históricamente, el sistema de transporte se sustentaba mediante un criterio federal basado en el impuesto a los combustibles, un gravamen que los ciudadanos de Tandil continúan pagando pero que dejó de retornar a la ciudad.

En ese sentido, lamentó que la gestión nacional de La Libertad Avanza haya cortado ese flujo, dejando a los municipios y a las provincias en una situación de asfixia financiera sin precedentes.

La preocupación del bloque opositor radica en que la caída del consumo y el aumento de la desocupación redujeron el índice de pasajeros por kilómetro (IPK), parámetro esencial para el cálculo tarifario. Ante este escenario, Iparraguirre instó a los representantes de las empresas de transporte a reconocer cuál fue el factor real que puso al sistema en crisis, en lugar de trasladar la presión exclusivamente hacia el bolsillo de los trabajadores tandilenses.

En otro orden de temas, Iparraguirre detalló el proyecto de ordenanza presentado junto a su compañero de bloque, Federico Martínez, que busca reformar la actual política deportiva de la ciudad. El objetivo central es modificar la Ordenanza 12.130, vigente desde hace 15 años, para incrementar de manera significativa el aporte mensual que la Municipalidad de Tandil realiza a las instituciones deportivas.

El concejal explicó que la normativa actual afecta los recursos de la Tasa por Derecho de Publicidad y Propaganda para el fondo de los clubes, lo que representa apenas unos 124 millones de pesos anuales. Para Iparraguirre, ese monto resulta "marginal" dada la función social que cumplen hoy los clubes, los cuales, a su entender, ocupan el lugar que en otras épocas ocupaba la escuela pública en términos de red de contención comunitaria.

La propuesta legislativa consiste en duplicar el fondo de asistencia mediante la afectación de lo recaudado por las multas del Sistema Unificado de Movilidad Ordenada (SUMO). "Nos pareció justo afectar lo recaudado por las multas por falta de tarjeta en el estacionamiento medido. Que el vecino sepa que cuando paga esa multa, el dinero va cien por ciento destinado a los clubes de la ciudad", detalló el legislador, estimando que esto podría sumar más de 380 millones de pesos al presupuesto deportivo.

Un punto innovador del proyecto es la inclusión de una cláusula transitoria de dos años para aquellas instituciones que aún no cuentan con la personería jurídica al día. Iparraguirre señaló que muchas entidades, especialmente las pertenecientes al fútbol agrario, se encuentran excluidas de los beneficios municipales por dificultades administrativas. "Queremos que puedan recibir el equivalente al subsidio durante dos años mientras regularizan sus papeles", explicó.

Esta medida beneficiaría de forma directa a siete de las ocho instituciones del fútbol agrario que hoy no reciben asistencia económica estatal. El concejal remarcó que el espíritu de la iniciativa es "achatar la pirámide" para que el impacto del aumento presupuestario sea mayor en los clubes más pequeños, que son los que más sufren el incremento de las tarifas de servicios públicos y el mantenimiento de sus instalaciones.

Iparraguirre manifestó que la intención del bloque no es imponer el proyecto por la fuerza, sino abrir una mesa de diálogo con el oficialismo municipal. En un escenario donde el lunghismo perdió la mayoría absoluta en Concejo, el concejal apostó por la "honestidad intelectual" para encontrar puntos de acuerdo que prioricen el bienestar de las instituciones sociales de Tandil por encima de las disputas partidarias.

Sobre el cierre de sus declaraciones, el concejal reflexionó sobre la dinámica política local y su relación con el intendente Miguel Lunghi. A pesar de las críticas de sectores de la oposición más radicalizada, Iparraguirre defendió su postura de colaborar con el Ejecutivo en gestiones clave ante los Gobiernos nacional y provincial, citando como ejemplo el financiamiento para el edificio del IPAT y el Conservatorio de Música.

"A mí me daría mucha vergüenza hacer lo contrario. Cada vez que tuve la posibilidad de acercar una gestión, una solución o un financiamiento para mi ciudad, lo hice con orgullo", afirmó. No obstante, advirtió que la gestión local también deberá enfrentar el "momento de los balances", evaluando qué se logró en estos años de gestión nacional y cómo se defendieron los intereses de Tandil frente a las políticas de ajuste que hoy afectan al transporte y la salud.

Finalmente, el legislador expresó su frustración respecto a la situación de IOMA y otras obras sociales que atraviesan crisis profundas, asegurando que su compromiso es "hacerse cargo" de los problemas de los vecinos independientemente del color político de la gestión de turno. Para Iparraguirre, la política en Tandil debe alejarse de la lógica de la "grieta" para concentrarse en soluciones pragmáticas ante una realidad social y económica que se vuelve cada vez más exigente para la comunidad.

 Tras un debate que no demandó más de una jornada en la sala de audiencias del TOC 1, el juez Martín Viceconte dio por finalizado el proceso judicial contra Juan Facundo Alvarez. El magistrado resolvió condenar al imputado a la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento por considerarlo autor penalmente responsable de un robo ocurrido en una peluquería céntrica. Sin embargo, en el mismo fallo, Alvarez resultó absuelto de una segunda acusación por un robo agravado por efracción, al considerar que las pruebas presentadas por la fiscalía no lograban superar el estándar de duda razonable.

El primer hecho, que derivó en la condena, ocurrió el cinco de febrero de 2024, alrededor de las 19.30. Según quedó acreditado en el debate, Juan Facundo Alvarez ingresó a una vivienda y local comercial ubicado en la calle Alsina 707. Para lograr su cometido, el delincuente debió escalar un portón de garage de más de dos metros de altura, forzar los postigos de una puerta trasera y romper uno de los vidrios para acceder al interior. Una vez dentro, se apoderó de una notebook marca Lenovo, diversas planchitas de pelo, secadores, herramientas de peluquería y una suma cercana a los 20 mil pesos.

La dueña del local, relató durante el juicio que fue alertada por un vecino que escuchó ruidos extraños. Al llegar al lugar junto a efectivos policiales, la víctima pudo observar a través de las cámaras de seguridad el momento exacto del ingreso. "Pudimos observar a la persona que había ingresado y la filmación del momento. Recuerdo ver en la cámara que la persona mira la cámara y agarra una toalla y la tapa", declaró la damnificada ante el tribunal. La rapidez del accionar policial permitió interceptar al sospechoso apenas diez minutos después del llamado de alerta.

La materialidad del robo en la calle Alsina y la participación de  Alvarez resultaron indiscutibles para el magistrado. El oficial de la Policía, Fernando Damián Aguilera, detalló cómo divisó al sospechoso a unas siete cuadras del lugar del hecho. El imputado caminaba con un bolso blanco y, al notar la presencia policial, abordó un taxi. Tras una breve persecución, el vehículo fue interceptado en la esquina de la avenida Colón y calle Montevideo.

Dentro del taxi, los efectivos hallaron la totalidad de los elementos sustraídos de la peluquería. El chofer del vehículo  aportó un dato revelador durante la instrucción: el pasajero se encontraba visiblemente transpirado y, al ser consultado, afirmó ser "peluquero a domicilio", justificando su viaje en taxi por una supuesta rotura de su motocicleta. 

Para el juez Viceconte, este escenario de cuasi flagrancia, sumado a las imágenes de las cámaras de seguridad donde el imputado fue reconocido por su fisonomía y vestimenta, constituyó una prueba de cargo irrefutable.

"La reconstrucción del hecho ha sido cabal a partir de la filmación del evento y la intervención de los agentes que produjeron la identificación al momento que trataba de abordar un taxi", sostuvo el magistrado.

Un escenario completamente distinto se planteó respecto a la segunda causa acumulada, caratulada como robo agravado por efracción  ocurrido entre la noche del 2 y la madrugada del 3 de febrero de 2024 en una vivienda de la calle Ameghino 757. De allí se sustrajeron un televisor plasma de 32 pulgadas, una motocicleta Motomel 250 y 200 mil pesos en efectivo. 

Si bien la materialidad del robo quedó probada por los testimonios de las hijas de la víctima, la autoría de Juan Facundo Alvarez fue puesta en duda.

La acusación se basó primordialmente en la visualización de cámaras de seguridad privadas y públicas, y en el testimonio de los oficiales Cristian Hernán Maugere y Víctor González. Los efectivos afirmaron reconocer a Alvarez en las filmaciones por su contextura física y, fundamentalmente, por una característica renguera en una de sus piernas. Sin embargo, el juez Viceconte consideró que estas apreciaciones resultaron insuficientes y carentes de objetividad científica para fundar una condena.

El magistrado analizó minuciosamente los videos y detectó contradicciones insalvables. En la filmación que registra el momento en que los delincuentes se llevan la motocicleta a la rastra, el sujeto señalado como Alvarez vestía prendas diferentes a las captadas en fragmentos anteriores. Además, al llevar el vehículo a pie, no era posible advertir el modo característico de caminar que los policías pretendían usar como prueba de identidad. "Por encontrarse llevando una motocicleta a la rastra no permite que se exhiba ningún modo característico de caminar (renguera)", explicó el juez.

Asimismo, el fallo advierte sobre la subjetividad de los testimonios policiales basados en "conocimientos previos" de los sospechosos. El juez señaló que, si bien los oficiales conocen a Alvarez por intervenciones anteriores en el barrio de Villa Italia, sus afirmaciones en este caso resultaron conjeturales. La ausencia de pericias biométricas, estudios antropométricos o análisis morfológicos comparativos sobre los videos impidió alcanzar la certeza necesaria. Ante este panorama, el tribunal aplicó el principio de in dubio pro reo y dictó la absolución por este hecho.

Otro elemento que la fiscalía intentó utilizar fue un registro de llamadas telefónicas del coimputado López, donde figuraba un contacto agendado como "Facu" con comunicaciones en horarios cercanos al robo. No obstante, el juez desestimó este indicio por considerarlo "incompleto e inconexo". No se pudo corroborar que esa línea perteneciera efectivamente a Juan Facundo Alvarez, ni se conoció el contenido de los mensajes. Además, en los allanamientos realizados en el domicilio del imputado no se halló ninguno de los elementos robados a la familia Carballido.

La defensa, ejercida por el abogado Diego Araujo, hizo hincapié en que la identificación por parte de los policías fue "por descarte" y no por una observación nítida de los rasgos faciales, ya que en los videos el autor aparecía con una capucha o cuello levantado. El magistrado coincidió con este planteo, señalando que la mera apreciación policial, sin el respaldo de una trazabilidad rigurosa de los archivos informáticos o peritajes especializados, no puede ser el único sustento de una sentencia condenatoria en un estado de derecho.

Al momento de fijar la pena por el robo en la peluquería, el juez Viceconte consideró como atenuante la inmediata recuperación de la totalidad de los bienes, lo que minimizó el perjuicio económico para la víctima. Por el contrario, como agravante, se computó la existencia de sentencias condenatorias previas que figuran en el Registro Nacional de Reincidencia. El magistrado rechazó el pedido de la fiscalía de elevar la pena por la supuesta "desprotección" del local un día lunes, argumentando que el aviso inmediato de un vecino demostró que el bien no estaba desamparado.

Durante el debate, el propio Juan Facundo Alvarez prestó declaración, aunque no sobre los hechos, sino sobre su historia personal. Relató haber pasado 16 años de su vida en prisión, describiendo situaciones de extrema violencia y hacinamiento en el sistema carcelario bonaerense. "Pasé situaciones extremas donde estuvo mi vida en juego", manifestó el imputado, mencionando incidentes con armas blancas y las duras condiciones de vida en los pabellones.

El sentado en el banquillo de los acusados, Juan Facundo Alvarez, no es la primera vez que estaba en esa condición, de hecho como el mismo relató de sus 43 años, 16 estuvo detrás de las rejas por distintos hechos endilgados.

A la hora de concederle la palabra en el juicio, anticipó que no declararía sobre los hechos acusados, empero sí sobre ciertas cuestiones personales atinentes al tiempo que pasó privado de libertad como consecuencia de condenas previas

"...Tengo 43 años, y pasé 16 años detenido, pasé situaciones extremas, donde también estuvo mi vida en juego. Me acuerdo cuando tenía 22 años, que recién ingresaba a la cárcel, estaba en la unidad 35, Magdalena, y no había teléfono celular. Entonces, era un teléfono fijo para todo el pabellón. Me acuerdo que casi pierdo la vida por un llamado de teléfono. Éramos ponele, 25 personas en el pabellón. Entonces yo era chico, tenía 22 años, recién venía a la cárcel, y me tocaba a mí el teléfono y otra persona que llevaba mucho más años que yo, me agarró el teléfono como así, de Cheto, y se puso hablar por teléfono. Entonces, cuando terminó de hablar, yo le dije, ¿por qué me había hecho eso que me tocaba a mí? Bueno, me arrancó una faca y me empezó a tirar muchas puñaladas y me dio en el brazo y en la pierna, y justo se metió otro chico ahí que estaba viendo y me dio una faca y lamentablemente, murió el otro, podía haber sido yo, pero murió el otro”, relató con crudeza el reo.

Agregó sobre las cosas que pasan a cárcel, “que por ahí no justifico, pero fue algo que me quedó porque me dio mucho miedo. En esa causa fui sobreseído por legítima defensa”.

Siguió relatando ante el juez que “muchas cosas pasan, frío, hambre. Sí sufrí violencia física en la cárcel, más antes en la otra época era a diario, cotidiano. Por ejemplo dormí desnudo en un buzón adentro de un de un colchón. Tenés que abrir el colchón y meterte adentro desnudo porque si no te morís de frío”. “En la cárcel –continuó-, por ahí discutir con uno, con otro, con la policía, no digo que toda la policía sea mala, ni toda la policía sea buena, ni todo el preso sea malo, ni todo sea bueno, hay de todo, pero, bueno, ahí adentro se viven muchas cosas. Está todo superpoblado. Ahí en la sede donde estoy ahora somos como 12 y es para 8, ponele, hay 8 camas y somos 12. Yo durmiendo en el piso, ponele. Ahora tengo un colchón. Muchas veces estuve sin colchón...".

Alvarez se detuvo en sus días en prisión y la complejidad de convivir con el sistema penitenciario. Más allá de la atendible consideración sobre su sensible estadía, poco aportó a lo que estaba en debate en la sala, por lo que nada influyó a la hora de ser condenado como absuelto en las causas en su contra.

El juez determinó que la pena de tres años de prisión debe ser de cumplimiento efectivo. El magistrado fundamentó esta decisión en que Alvarez ya ha transitado procesos de institucionalización previos por delitos contra la propiedad y, aun así, volvió a delinquir. "Este nuevo evento transgresor implica una reedición de conductas lesivas hacia terceros", sentenció Viceconte, descartando la posibilidad de una ejecución condicional. El imputado continuará alojado en la Unidad Penitenciaria  7 de Azul, mientras que las víctimas fueron notificadas de su derecho a ser informadas sobre los avances en la ejecución de la pena.

 En medio de un escenario de estricto hermetismo investigativo, dadas las connotaciones del caso, se vivieron días de extrema zozobra en la ciudad y en localidades vecinas a raíz de un grave suceso de violencia de género que, gracias a la eficaz labor policial, logró desactivarse sin que se lamentaran víctimas fatales.

El hermetismo impuesto por la pesquisa se disipó ayer por la mañana, cuando se confirmó el desenlace satisfactorio de la intervención policial y judicial.

Todo comenzó con la irascible reacción de un tandilense que desoyó una medida judicial, raptó a su expareja y se atrincheró en un establecimiento rural en la vecina localidad de Rauch. Allí, tras unas nueve horas de negociaciones, los uniformados y los grupos especializados lograron poner a salvo a los rehenes y apresar al agresor.

Pero antes de esas horas, hubo otros tantos días en los que una tarea silenciosa procuró dar con el paradero del sujeto buscado. Este se había quitado la tobillera electrónica que la Justicia le había concedido tras permanecer detenido por la denuncia de su expareja, quien lo acusaba de abuso sexual.

En un contexto complejo de violencia de género, aquella denuncia, que motivó la detención de Corsi en septiembre del año pasado, derivó en presentaciones judiciales apoyadas incluso por su propio entorno familiar, que solicitó la morigeración de Jairo Saúl Corsi, de 48 años, el hombre acusado de abuso sexual y amenazas agravadas.

Ante dicha instancia, la Justicia concedió en enero su arresto domiciliario, ya que los propios integrantes de la familia solicitaron que mantuviera su actividad laboral al ser el sustento del grupo familiar.

Siguiendo los pasos procesales, Corsi se atuvo al régimen con la tobillera electrónica, asistiendo incluso a las pericias psicológica y psiquiátrica solicitadas. Al día siguiente de dicha diligencia, a la que acudió en Azul, por razones aún indescifrables, se arrancó la tobillera. Esto fue alertado por el Servicio Penitenciario, que realiza el correspondiente monitoreo del sistema.

Desde aquel instante comenzó un periplo que aún se procura establecer, en medio de un pedido de captura, hasta que el viernes pasado se recibió un llamado de alerta de su expareja, quien lo había denunciado, informando que había sido raptada por el agresor.

A partir de allí, se activó el protocolo policial: búsqueda desesperada, rastreo de antenas telefónicas, seguimiento de cámaras en Tandil y ciudades limítrofes, hasta dar con su paradero.

El operativo incluyó horas de extrema tensión, disparos al aire, amenazas de muerte, amenazas con pistola en la cabeza, negociaciones y, finalmente, la aprehensión informada.

Según se informó en las últimas horas, luego de un amplio operativo policial en la región, el personal del Grupo Halcón logró reducir ayer por la mañana al hombre que se encontraba atrincherado en un establecimiento rural del partido de Rauch.

En el procedimiento también se concretó la liberación de la víctima, y previamente la de varios menores que se hallaban en dicha propiedad.

El suceso se había iniciado durante la tarde del domingo en Tandil, cuando Corsi —quien cumplía una morigeración de prisión preventiva por abuso sexual y amenazas— se fugó de su domicilio llevándose contra su voluntad a la mujer, según informaron fuentes oficiales. A partir de allí, el seguimiento de antenas telefónicas permitió establecer que ambos se encontraban en jurisdicción de Rauch.

Previamente, se había rastreado su ubicación en localidades rurales de la zona como Juan N. Fernández y San Manuel, e incluso se detectó su paso por Tandil, en la zona de Don Bosco y el peaje de La Vasconia.

Según se confió, por su actividad laboral, Corsi poseería un gran conocimiento de los caminos rurales, lo que le habría permitido eludir las principales rutas que unen a las ciudades de la zona.

Sobre la labor policial, se destacó la primera intervención de los uniformados de Rauch, quienes lograron contener al agresor para evitar una tragedia hasta que arribara el grupo especializado Halcón, cuyo mediador completó la tarea de salvamento.

El epicentro del operativo se centró en el establecimiento tambero La Lonja, ubicado sobre la Ruta Provincial 50, a pocos kilómetros de la rotonda Di Candilo. Allí, el imputado se atrincheró armado con un revólver y amenazó con quitarse la vida ante una eventual intervención.

Cabe reseñar que el 5 de septiembre pasado, la mujer denunció en la Comisaría de la Mujer y en la fiscalía que su expareja Jairo Corsi la llevó hasta un campo donde la amenazó con un cuchillo para abusarla sexualmente.

Ante el testimonio, la Justicia ordenó la detención del señalado, a quien se le imputaron los delitos de abuso sexual y amenazas agravadas.

Tras el recurso presentado por la defensa, con el apoyo de toda la familia, el acusado quedó con prisión domiciliaria en una casa del pasaje Catriel al 200, con una tobillera electrónica.

Bajo el procesamiento vigente, el apresado acudió a las pericias oficiales citadas en párrafos anteriores, hasta que al día siguiente se arrancó la tobillera, lo que activó la alarma en el Servicio Penitenciario, que dio aviso de la situación. Allí se activó un pedido de captura, solicitado por el fiscal Marcos Eguzquiza y avalado por el Juzgado de Garantías.

En paralelo, con el correr de los días, se tomó conocimiento de la ausencia de la mujer, lo cual activó una instrucción por averiguación de paradero. Sin embargo, aún había pocas certezas sobre lo ocurrido, e incluso circulaban versiones y especulaciones cruzadas en el propio entorno familiar.

Hasta que el viernes pasado, un llamado al 101 desde una estación de servicio ubicada en Juan N. Fernández (Partido de Necochea) alertó. En él, una mujer avisaba que su expareja, quien debía estar en prisión domiciliaria con tobillera electrónica, la había privado de su libertad.

Activados los operativos de búsqueda, primeramente se logró determinar que el prófugo circulaba en una camioneta Ford Ranger. Por los impactos de las antenas de los teléfonos, se los ubicó en San Manuel, localidad de Lobería, al día siguiente del pedido de auxilio de la mujer. Posteriormente, se encontró la camioneta pick-up atrapada en un zanjón de un camino vecinal, posiblemente estancada debido al mal estado del camino tras el fuerte temporal sabatino.

Luego, se logró divisar al buscado a bordo de una motocicleta, más precisamente una Kawasaki de color negro, rumbo a la ciudad de Rauch.

Finalmente, ayer a la madrugada, el personal policial halló al prófugo y la víctima en el establecimiento rural citado.

Una vez allí, Corsi advirtió la presencia policial y se atrincheró, tomando a su expareja como rehén revólver en mano.

También había un trío de jóvenes en dicha propiedad, quienes fueron rápidamente liberados tras la insistencia de los efectivos y la voluntad del imputado.

Sin embargo, las horas corrieron. Corsi disparó al aire, se enfrentó verbalmente con los policías e incluso se puso la pistola en la sien, amenazando con quitarse la vida. Finalmente, llegó el Grupo Halcón, y el mediador logró desgastar al agresor. En un instante de distracción y tras nueve horas de extrema tensión, irrumpieron en la casa y lograron capturar a Corsi, quien había dejado el revólver calibre 22 a su lado sobre una mesa.

Mientras Corsi permanece detenido, los investigadores esperarán que la víctima se encuentre en condiciones físicas y psicológicas para prestar declaración, esclarecer los pormenores de lo que sufrió y determinar las consecuencias penales para el imputado.

Hasta aquí, este volvió tras las rejas por el delito primigenio (abuso sexual), con el agravante de haberse evadido y por la tenencia de un arma de uso civil, a la espera de imputarle nuevos delitos una vez que la mujer pueda exteriorizar lo sufrido.