El concejal Federico Martínez se refirió a las iniciativas legislativas orientadas a mitigar el impacto de la desregulación nacional en el sector editorial local y brindó detalles sobre las conclusiones técnicas de la Comisión de Patrimonio respecto a la preservación de las calles de piedra. En un escenario de debate por la identidad urbana, el edil de Fuerza Patria planteó la necesidad de otorgar beneficios impositivos a los libreros independientes y de coordinar una comisión conjunta para definir un plan de mantenimiento de la traza vial histórica de Tandil.

El concejal del bloque Fuerza Patria, Federico Martínez, presentó ante el Concejo Deliberante una serie de proyectos destinados a resguardar la identidad cultural de Tandil frente al complejo escenario nacional y local. Durante una entrevista brindada al programa Ultimo Bondi de Tandil FM, el edil detalló las propuestas de su espacio para crear un régimen de protección para librerías independientes y analizó las conclusiones enviadas por la Comisión de Patrimonio sobre los proyectos de preservación del empedrado que hoy se encuentran en tratamiento legislativo. Martínez remarcó la importancia de que el Estado municipal asuma un rol de acompañamiento ante el avance de políticas de desregulación que, según su visión, ponen en riesgo la supervivencia de los eslabones más débiles de la cadena cultural.

La preocupación central en el ámbito cultural radica en las intenciones del Gobierno nacional de derogar la Ley 25.542, conocida como la Ley del Libro. Esta normativa, que cuenta con más de dos décadas de vigencia, establece un precio uniforme de venta al público para evitar que las grandes cadenas de supermercados o plataformas de venta en línea utilicen su poder de compra para asfixiar a las pequeñas librerías a través de la práctica del "dumping". Martínez señaló que el impacto en Tandil sería directo y podría provocar la desaparición de los pocos locales independientes que aún resisten en la ciudad, los cuales no solo cumplen una función comercial sino que actúan como dinamizadores de la cultura local a través de talleres y presentaciones.

La iniciativa impulsada por Fuerza Patria consta de dos ejes fundamentales. El primero es una resolución en la que el Concejo Deliberante manifiesta su preocupación ante la inminente desregulación del mercado editorial. El segundo, de carácter local, propone una ordenanza para declarar a las librerías independientes como espacios de interés cultural y otorgarles exenciones en las tasas municipales, puntualmente en la Tasa Unificada de Actividad Económica. "Es un gesto de apoyo desde el lugar que tenemos en Tandil, sabiendo que las políticas nacionales repercuten muchísimo", explicó el concejal.

En la actualidad, Tandil cuenta con aproximadamente cinco librerías independientes de gestión familiar o local. Martínez recordó que recientemente cerró sus puertas El Atril, un local icónico ubicado en la calle Rodríguez que pertenecía a una cadena, pero que de todas formas reflejó la crisis que atraviesa el sector. Para el edil, las librerías son parte del "acervo cultural e identitario" de la ciudad y el municipio debe intervenir para sostenerlas. El proyecto será analizado por la Comisión de Economía antes de ser elevado al Ejecutivo, aunque Martínez consideró que para la Municipalidad de Tandil no representaría una pérdida sustancial de dinero dada la escasa cantidad de establecimientos beneficiados.

El concejal subrayó que la competencia desleal de grandes corporaciones como Amazon o los hipermercados no solo afecta el precio, sino que destruye la vinculación comunitaria. "Los supermercados pueden perder con el libro durante años hasta que desaparezcan todas las librerías, y una vez que monopolicen la venta, manejarán los precios a su antojo", advirtió. Por este motivo, el proyecto busca que los libreros locales, que también enfrentan el desafío de la digitalización, cuenten con un alivio fiscal que les permita seguir invirtiendo en actividades gratuitas para la comunidad.

Adoquines en Tandil: los tres proyectos que se debaten y cuáles serían las calles a proteger

Otro de los temas centrales abordados por Martínez fue el futuro de las calles con empedrado y granitullo. Recientemente, la Comisión de Patrimonio envió al Concejo Deliberante sus conclusiones técnicas tras analizar tres proyectos diferentes: el presentado por las asambleas vecinales, el de Alternativa Tandil y el del bloque oficialista (UCR). Aunque el proyecto de Fuerza Patria se mantuvo en la Comisión de Obras Públicas para un análisis más operativo, Martínez destacó que la devolución de los especialistas fue coherente en términos técnicos pero que aún resta definir la viabilidad presupuestaria.

El informe de la Comisión de Patrimonio no se inclinó por un proyecto específico, sino que estableció criterios de preservación basados en modelos internacionales como los de la Unesco. Sin embargo, el edil de Fuerza Patria reconoció que la principal traba es la falta de cuadrillas especializadas y de presupuesto para mantener las calles en condiciones. Según su visión, el gobierno local no tuvo como prioridad la conservación del empedrado en los últimos años, lo que generó un deterioro que ahora requiere una inversión significativa para ser revertido.

Para avanzar en una solución definitiva, Fuerza Patria propuso la creación de una comisión ad hoc que integre a las comisiones de Obras Públicas y de Cultura. El objetivo es evaluar calle por calle cuáles deben ser protegidas por su valor histórico y cuáles podrían ser intervenidas por cuestiones de tránsito o seguridad vial. "Por primera vez se empezó a poner en valor lo que tenemos que cuidar los tandilenses, tanto el patrimonio natural como el arquitectónico", celebró Martínez, aunque cuestionó la lentitud del Poder Ejecutivo para implementar cambios estructurales.

El concejal fue crítico con la gestión de la Municipalidad al señalar que el intendente y sus secretarios "no estaban acostumbrados a discutir nada" debido a las mayorías automáticas de años anteriores. Con la actual conformación del Concejo Deliberante, donde existen voces diversas y mayor pluralidad, el debate se ha dilatado más de lo esperado por el bloque opositor. Martínez insistió en que el ritmo del Ejecutivo es "bastante lento" en comparación con la urgencia que demandan los vecinos y las organizaciones que defienden el patrimonio local.

En el marco de la discusión por la identidad tandilense, Martínez también lanzó un desafío político a los representantes locales de La Libertad Avanza. El concejal cuestionó con qué postura se presentarán frente a los dueños de las librerías o los defensores del patrimonio en caso de no acompañar estas medidas de protección local. Para Fuerza Patria, defender el comercio cercano y la fisonomía de las calles es una forma de resistir a la homogeneización que propone el mercado global.

Finalmente, el edil destacó que la participación de representantes del Concejo Deliberante en la Comisión de Patrimonio, lograda tras una modificación de la ordenanza vigente, permitió un diálogo más fluido entre los técnicos y los legisladores. Martínez espera que durante la segunda mitad del año se logren acuerdos definitivos que permitan conciliar el progreso urbano con la protección del pasado histórico de Tandil, evitando que la ciudad pierda aquellos rasgos que la hacen única en la provincia de Buenos Aires.

El concejal de Fuerza Patria cuestionó la demora del Ejecutivo en responder los pedidos de informes y la parálisis en el tratamiento de una ordenanza clave para crear un “DNI de los lotes”. Advirtió sobre la proliferación de construcciones ilegales en zonas protegidas, criticó el rol de la Usina Municipal y Popular de Tandil y denunció una alarmante falta de control urbanístico por parte de la gestión del intendente Miguel Lunghi.

El concejal Rogelio Iparraguirre, referente del bloque justicialista, volvió a poner en el centro del debate la problemática de los desarrollos urbanísticos irregulares en las sierras de Tandil. En declaraciones al programa Ultimo Bondi de la radio El Eco, el legislador denunció que el Ejecutivo aún no respondió el pedido de informes presentado en la última sesión del Concejo Deliberante, ni ha avanzado en el tratamiento de una propuesta normativa orientada a transparentar la comercialización de tierras. Según el edil, esta situación de inercia municipal no solo fomenta la violación de la normativa vigente en la Zona Natural Protegida, sino que deja a los vecinos en una situación de vulnerabilidad frente a posibles estafas.

Iparraguirre señaló que la falta de respuestas por parte de la gestión local es una constante que se agrava ante la flagrancia de las infracciones. El foco de la crítica se centró en la proliferación de los denominados condominios clandestinos, una figura legal que se utiliza de forma distorsionada para subdividir parcelas en áreas donde el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) lo prohíbe.

"No hay semana en la que no le envíe a los funcionarios del Ejecutivo un caso nuevo de loteos irregulares", afirmó el concejal, resaltando que la incapacidad de ejercer control por parte del Estado municipal está socavando su propia autoridad institucional.

La propuesta central del bloque opositor, presentada originalmente a principios de marzo, consiste en la reimplantación del Certificado de Aptitud Urbanística. Esta herramienta, que funcionó en el municipio hasta el 2011, actuaría como un "DNI del lote". El objetivo primordial es que cualquier vecino, antes de adquirir una parcela, pueda exigir al vendedor este documento oficial que certifique que el terreno es subdividible y apto para construir según los indicadores del PDT.

Iparraguirre subrayó que muchos compradores actúan de buena fe y son engañados mediante figuras como el fideicomiso o el condominio en zonas donde la parcela mínima es de 1.500 metros cuadrados o directamente está prohibido urbanizar.

El proyecto de ordenanza lleva más de cuatro meses en manos del Ejecutivo para su evaluación técnica, sin que hasta la fecha haya retornado al Concejo para su debate. "Llevan más días reteniendo la ordenanza que renglones tiene el proyecto", ironizó el concejal, quien calificó la demora como una decisión política de "cajonear" una solución a un problema recurrente. Para el legislador, la ausencia de esta herramienta facilita que desarrolladores "osados" sigan comercializando lotes a precios accesibles en zonas protegidas, bajo la premisa de que "se construye primero y se pide permiso o excepción después".

La implementación de este certificado no solo brindaría seguridad jurídica a los ciudadanos, sino que obligaría a las dependencias municipales, como la Dirección de Obras Privadas, a tomar una postura activa antes de que el hecho consumado de la construcción sea irreversible. El edil recordó que el cumplimiento de la ley es lo que rige para la inmensa mayoría de los tandilenses y que resulta injusto que la osadía de unos pocos prevalezca sobre el patrimonio natural que es bien común de toda la comunidad.

Condominio ilegal: Demolición de las casas, multas y denuncia penal

Uno de los puntos más críticos que subrayó Iparraguirre se basó en un reciente fallo del juez de Faltas, el doctor Oliveto, respecto a una construcción ilegal en la calle Israel. Según el relato del concejal, en el 2022 la Justicia de Faltas ordenó la paralización de una obra en un condominio tras una denuncia de un propio particular. Pese a la existencia de una orden de paralización vigente y del conocimiento formal del Municipio, que actuó como parte en el proceso, se levantaron seis viviendas en el lugar.

"El juez Oliveto le hace un claro llamado de atención a la Municipalidad de Tandil", explicó Iparraguirre, detallando que el magistrado cuestionó duramente a áreas como Vialidad y Obras Públicas por no haber garantizado el cumplimiento de la orden de frenar los trabajos. El fallo judicial sienta un precedente importante al destacar que el ejercicio de la propiedad privada no es absoluto, especialmente cuando colisiona con el patrimonio natural y las normativas de planeamiento. En ese sentido, el legislador advirtió sobre el impacto ambiental que estas construcciones tienen sobre las cuencas y el escurrimiento de aguas en la ciudad.

La persistencia de las obras a pesar de las órdenes judiciales y administrativas evidencia, para la oposición, una falta de autoridad política alarmante. Iparraguirre manifestó que este descontrol genera un "clima de ley de la selva" donde el Estado municipal parece resignar su poder de policía frente a los desarrolladores privados. Esta situación, sostuvo, es la que motiva la necesidad urgente de reformar los mecanismos de habilitación y control de obras en todo el partido de Tandil.

La crítica del concejal también alcanzó a la Usina Municipal y Popular de Tandil. El proyecto de ordenanza propone que la empresa de economía mixta esté obligada a solicitar el Certificado de Aptitud Urbanística antes de realizar cualquier conexión eléctrica en nuevos desarrollos. Iparraguirre cuestionó que la prestataria brinde servicios a loteos que están claramente en flagrancia respecto a la normativa, facilitando así la consolidación de barrios informales en zonas no aptas. "Nuestra empresa municipal no puede ignorar que se está violando la norma", sentenció.

Finalmente, el debate se trasladó a la discusión de fondo sobre el Plan de Desarrollo Territorial y el Plan de Manejo de la Zona Natural Protegida, temas que calificó como los "grandes pendientes" de la ciudad. El concejal denunció que el gobierno de Miguel Lunghi está iniciando una rediscusión del PDT sin convocar a los bloques de la oposición ni a los concejales que integran la Comisión de Gestión Territorial.

Para Iparraguirre, Tandil atraviesa un fin de ciclo tras 23 años de gestión de la misma fuerza política, lo que se traduce en una pérdida de capacidad de planificación frente al crecimiento demográfico.

El legislador concluyó instando al Ejecutivo a abandonar la lógica de "gobierno hegemónico" y abrirse a una discusión seria sobre el ordenamiento del territorio. Aseguró que su bloque no busca ser obstruccionista, habiendo acompañado herramientas fundamentales como el Presupuesto, pero que no permitirán que se siga hipotecando el futuro ambiental de Tandil por la falta de gestión y transparencia en el control de las construcciones y los loteos serranos.

En las últimas horas, este Diario confirmó la sentencia condenatoria que ventiló el Juzgado de Faltas por la denuncia municipal en torno al condominio irregular que disparó un fuerte debate político y una exposición en la opinión pública.

Tal se informó oportunamente, el Municipio tomó intervención por el avance en la construcción en un área prohibida e incluso construyendo sobre una calle pública, y presentó la denuncia ante el juzgado de Faltas, desde donde recientemente se conocieron las principales decisiones en torno al litigio.

A más precisiones, el Juzgado de Faltas 2 condenó a Corica Gutiérrez Bienes Raíces S.R.L. por haber ejecutado obras sin autorización municipal y por incumplir una orden de paralización vigente.

Sobre las principales medidas a implementar, al decir del fallo, se destacaron la imposición de una multa ambiental de aproximadamente 21.512.507 pesos.  También una segunda multa por infracción al Código de Edificación de aproximadamente 2.886.886 pesos. El monto total de la sanción impuesta por el juez alcanza los 24.399.393 pesos.

Asimismo, el magistrado municipal ordenó demoler o relocalizar cuatro construcciones ubicadas dentro de la franja de restricción hídrica, dentro de un plazo de 60 días desde que la sentencia quede firme.

Las otras dos construcciones, que se encuentran fuera de la franja de restricción hídrica, no quedan regularizadas. Solo podrán permanecer si obtienen la aprobación administrativa correspondiente y cumplen íntegramente con el Plan de Desarrollo Territorial, el Código de Edificación y toda la normativa aplicable.

En otro de los puntos del fallo, el juez señaló que si la empresa no cumple la sentencia, se dispone la intervención de la Secretaría Legal y Técnica para promover las acciones judiciales pertinentes.

A la vez, se mantiene la prohibición de innovar, por lo que no podrán continuar obras, ampliaciones o modificaciones en el predio.

En ese contexto, se ordena a Ingresos Públicos y Obras Privadas mantener bloqueado cualquier trámite relacionado con el inmueble hasta el cumplimiento de la sentencia.

Asimismo, se oficia a las áreas de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial, Ambiente, Vialidad y Protección Ciudadana para que realicen el seguimiento y control del cumplimiento.

Además de sancionar a la empresa citada por la construcción clandestina, el juez en su sentencia dirige recomendaciones y exhortaciones al propio Municipio y a la Usina para fortalecer los controles preventivos y mejorar la coordinación entre las distintas áreas involucradas.

 Obras clandestinas en Zona Protegida: los vecinos amenazaron a funcionarios que fueron a inspeccionar

En otro orden de asuntos dentro del mismo escenario delicado que hacen a la construcción denunciada en la Zona Protegida, tal como se anticipó en estas páginas, se formalizó la denuncia penal contra responsables del desarrollo señalado.

A más datos, la secretaria Alejandra Marcieri denunció a Juan Ignacio Córica Gutiérrez.

Se pidió a la justicia al respecto que se investigue la posible comisión de “Amenazas agravadas”, “Atentado y resistencia contra la autoridad” y cualquier otro delito que pudiera surgir durante la Investigación Penal Preparatoria.

Asimismo, la funcionaria solicitó el dictado urgente de medidas de protección.

La denuncia se enmarca en las actuaciones administrativas que el Municipio viene desarrollando respecto de un emprendimiento inmobiliario ubicado en la Chacra 142, Parcela 3, donde desde 2022 existen distintos expedientes relacionados con solicitudes de subdivisión; proyectos urbanísticos; construcciones presuntamente irregulares;  actuaciones del Tribunal de Faltas e intervenciones de la Comisión Municipal de Gestión Territorial.

Como se informó en ediciones pasadas, durante una inspección realizada por funcionarios municipales, el denunciado habría mantenido una conducta hostil destinada a impedir el normal ejercicio de las funciones de control.

Según la denuncia,  increpó reiteradamente a los inspectores; sostuvo que los funcionarios estaban ingresando a un lote privado; intentó impedir el desarrollo de la inspección; profirió expresiones consideradas intimidatorias y en un momento se arrojó sobre el vehículo oficial manifestando que intentaban atropellarlo.

Según la denuncia, todo ello quedó registrado mediante filmaciones.

Sobre las amenazas, el escrito destaca especialmente una frase atribuida al denunciado y dirigida directamente a Alejandra Marcieri: “Usted por ingresar a un lote privado, usted señora va a ver cómo va a quedar."

La denunciante afirma que dicha expresión le generó temor por su integridad física y considera que constituye una amenaza agravada.

A la vez, se alude en la presentación el delito de Violencia de género. Al decir de la denuncia, el además del contenido intimidatorio, la presentación sostiene que la conducta debe analizarse también desde una perspectiva de violencia de género, por tratarse de una amenaza dirigida contra una mujer que ejercía funciones públicas de fiscalización.

Como pruebas, la funcionaria presentó en su informe, registros fílmicos del episodio; imágenes; los antecedentes administrativos municipales, más documentación obrante en expedientes públicos vinculados al inmueble.

Vale consignar que el caso volvió a la agenda pública cuando el concejal Rogelio Iparraguirre pidió informes por el loteo irregular en una Zona Protegida, por arriba de la cota permitida para desarrollos inmobiliarios múltiples.

El mismo caso había sido denunciado por la Asamblea por la Preservación de las Sierras. La entidad ciudadana publicó, en noviembre de 2024, una imagen de un portón ubicado sobre calle Israel, poniendo en cuestión la ocupación de la arteria pública.

A partir de la solicitud de informes, el secretario de Planeamiento y Obras Públicas de la comuna, Luciano Lafosse, confirmó dos de las sospechas que pesaban sobre el lugar: que parte había sido comercializado como condominio -pese a que esa figura está prohibida para Zona Protegida-, y que las construcciones en marcha eran obras clandestinas. En concreto, las viviendas no contaban con la presentación reglamentaria de planos ante los organismos municipales correspondientes.

El funcionario sostuvo además que habían inspeccionado el loteo -dijo, incluso antes de la denuncia de la Asamblea-, y que tras detectar la irregularidad radicaron una denuncia en el Juzgado de Faltas 2, a cargo del juez Oliveto. En el mismo sentido, hicieron una presentación a Hidráulica de Provincia, ya que por el lote pasa un arroyo semipermanente.

Otro dato que se supo en los últimos días fue que la construcción de las viviendas estuvo a cargo del mismo desarrollador que tiempo atrás se vio envuelto en un escándalo: en un loteo de La Elena, un trabajador que se desempeñaba en el movimiento de suelo agredió brutalmente a un vecino que se acercó a preguntar por las tareas en el lugar.

Ese caso motivó un debate en torno a la proliferación de ventas -estafas-, mediante la figura de condominio en Tandil. Cabe recordar, en particular en Zona Protegida, la del condominio no es una modalidad permitida para la subdivisión de lotes. Vecinos que han adquirido terrenos de esa manera resultaron estafados: no deberían poder luego escriturar más de una vivienda en el conjunto del lote.

A través de la Secretaría Legal y Técnica, el Ejecutivo emplazó a los responsables de un desarrollo inmobiliario clandestino para que en un plazo de 48 horas retiren un portón y un muro que obstruyen el paso hacia la calle Lanza del Vasto. El organismo advirtió que, de no cumplirse la manda, la comuna procederá a la demolición de la estructura con cargo a los infractores.

Tras la exposición pública de los preservacionistas y el pedido de informes en el Concejo, la Municipalidad dio un paso en la regularización del uso del espacio público y la preservación de las normativas urbanas en áreas sensibles de la ciudad. Tras una inspección técnica, el Gobierno local notificó formalmente a los desarrolladores de un condominio que se construye sin autorización en la denominada Zona Protegida, exigiéndoles la liberación inmediata de una vía de circulación que había sido cercada de manera ilegítima.

La intervención administrativa se originó a partir de las actuaciones realizadas por el Área de Catastro, donde los técnicos verificaron una transgresión flagrante a las leyes de ordenamiento territorial. Según pudo confirmar este Diario, los inspectores detectaron la construcción de un muro de mampostería revocado, complementado con un portón corredizo, que interrumpe la libre circulación de la calle Israel. Esta estructura impedía no solo el acceso vehicular, sino también el tránsito peatonal hacia la calle Lanza del Vasto, transformando un bien de dominio público en un acceso restringido para beneficio de un privado.

La medida adoptada por la Secretaría Legal y Técnica se enmarcó en un contexto de creciente demanda de control sobre los emprendimientos que se asientan en las zonas de sierras, donde la normativa es particularmente estricta. El avance de este tipo de cerramientos sin permiso municipal generó preocupación en las autoridades locales, ya que afecta de forma directa la conectividad de los barrios y sienta un precedente peligroso para la planificación urbana de Tandil.

El informe elevado por las áreas competentes fue determinante para que el Ejecutivo emitiera la orden de retiro inmediato.

En la notificación enviada a los responsables, se dejó constancia de que la existencia de dicho portón constituye una afectación directa al dominio público municipal. El documento oficial al que tuvo acceso este Diario,  subrayó que la situación se encuentra en evidente contravención con normativas de jerarquía nacional y local, lo que motivó el establecimiento de un plazo perentorio de 48 horas para que la calzada vuelva a su estado original, bajo el apercibimiento de utilizar la fuerza pública para restituir la legalidad del sector.

El loteo en Zona Protegida no presentó planos y tiene una causa judicial: "Son obras clandestinas"

El dictamen elaborado por el cuerpo legal del Municipio se fundamentó en tres pilares normativos que garantizan la integridad de las calles como bienes comunes. En primer lugar, se invocó el Código Civil y Comercial de la Nación, el cual establece con claridad que las calles son bienes de dominio público del Estado. Por tal carácter, su uso debe estar garantizado de manera irrestricta para toda la comunidad, resultando jurídicamente imposible que un particular se apropie de una traza vial o limite su acceso mediante estructuras físicas.

Asimismo, la construcción obstruccionista vulneró los preceptos del Plan de Ordenamiento Territorial (PDT), bajo la Ordenanza 9865. Este marco normativo, que rige el crecimiento de Tandil, prohíbe terminantemente realizar cualquier tipo de obra, construcción o instalación que cierre, obstruya o desvíe de forma directa o indirecta un camino público.

El Artículo VII.26 de dicha norma es taxativo al respecto, señalando que la preservación de la red vial es una prioridad para el interés general y no puede quedar supeditada a intereses privados o desarrollos inmobiliarios no autorizados.

Por otra parte, se citó el Código de Edificación vigente, sancionado bajo la Ordenanza 5580. En este punto, el Ejecutivo recordó que toda obra realizada sin el correspondiente permiso municipal y que afecte el interés general comunitario es considerada automáticamente en contravención. Según lo previsto en el Artículo 1.3.3.6 de dicho cuerpo legal, ante órdenes de corrección o demolición no cumplidas por los particulares, el intendente y su gabinete tienen la facultad de ordenar el retiro de los elementos en falta mediante el uso de los equipos operativos de la propia Municipalidad.

La situación del condominio en cuestión se agravó debido a su carácter de "clandestino". Al desarrollarse en una Zona Protegida y no contar con las habilitaciones correspondientes, la elevación de muros y portones sobre la vía pública fue interpretada como un desafío a la autoridad de aplicación. Fuentes consultadas por El Eco de Tandil indicaron que no es la primera vez que se detectan intentos de cerrar accesos en zonas de alta valorización inmobiliaria, lo que ha llevado a un endurecimiento de las sanciones y controles.

La intimación cursada por la Secretaría Legal y Técnica no se limitó a la orden de retiro, sino que incluyó una advertencia económica y administrativa para los propietarios. En el caso de que el portón y el muro no sean removidos en el tiempo estipulado, la Municipalidad procederá a efectuar el retiro y la demolición de la estructura de forma directa. Sin embargo, esta tarea no será gratuita para el infractor, ya que todos los gastos que la operatividad irrogue serán trasladados y reclamados legalmente a los responsables.

Esta modalidad de ejecución directa, contemplada en el Artículo VII.26.2 del Plan de Ordenamiento Territorial, busca evitar que el erario público deba costear los errores o las faltas cometidas por desarrolladores privados. Los costos de maquinaria, personal y logística para liberar la calle Israel serán liquidados y enviados al contraventor bajo la forma de cargos especiales, los cuales, de no ser abonados, podrían derivar en ejecuciones fiscales y embargos sobre las parcelas involucradas en el desarrollo.

Además del recupero de los gastos de demolición, los infractores deberán afrontar las multas y sanciones adicionales que determine el Juzgado de Faltas. La normativa edilicia vigente establece escalas punitivas elevadas para quienes construyen en contravención, especialmente cuando se trata de afectaciones al dominio público. La Secretaría de Legales enfatizó que la apertura de la calzada no exime al privado de las responsabilidades legales previas por haber levantado una estructura clandestina en un área de protección ambiental.

Finalmente, el documento recordó que la libre circulación por la calle Israel es un derecho de todos los ciudadanos y que la conectividad hacia la calle Lanza del Vasto es estratégica para la zona. La determinación del Ejecutivo municipal de actuar con celeridad en este caso responde a una política de "tolerancia cero" frente a las tomas o bloqueos de calles, una problemática que ha ido en aumento ante el crecimiento de la ciudad hacia las laderas serranas, donde la línea entre lo privado y lo público suele verse desdibujada por emprendimientos sin planos aprobados.

Sorpresa para propios y extraños. En medio de la incredulidad de los acusados por el sistema judicial al que denunciaron persecución, se encontraron con el veredicto de un juez –al que también minaron de críticas y recusaciones- que finalmente y luego de un extenso derrotero procesal resolvió absolverlos del delito más grave con el que arribaron al debate oral y público en el Juzgado Correccional local.

Allí estaban Griselda Altamirano y Jorge Lezica, circunstancialmente juntos por el presente judicial pero distanciados en lo personal, escuchando en vivo y en directo que aquel mismo juez al que habían apuntado con severas críticas los estaba desligando del delito penal principal que les achacó el Ministerio Público, acerca de la violenta manifestación que terminó con sensibles daños en el patrimonio del edificio municipal, en diciembre del 2021.

Altamirano sí recibió un veredicto condenatorio por los estorbos ocasionados en el edificio judicial de Azul, cuando protestaba por la detención (después mutada en condena) de su hermano, acusado de abuso sexual contra una menor.

El dictado pronunciamiento condenatorio no cuenta con la entidad suficiente penal para poner en duda la libertad con la que arribó al juicio y que, en definitiva, era lo que estaba en juego.

En efecto, a la espera de conocerse los fundamentos que llevaron a la convicción vestida de sentencia, el juez Carlos Pocorena adelantó ayer al mediodía su veredicto para con sendos dirigentes, que habían llegado al juicio precisamente con la posibilidad de recibir una pena que, sumada a la condena firme ya asumida, podía llevarlos a prisión. Empero, nada de eso ocurrió. Más bien todo lo contrario. Para el magistrado no se reunió el caudal probatorio suficiente para achacarles el delito que el fiscal Luis Piotti los llevó a juicio. Consecuentemente, fueron absueltos.

Altamirano salió de la sala y se reencontró con los suyos. Ese puñado de mujeres que la acompañó y custodió a sus hijos en las dos jornadas de debate. Lezica se fue solo por las suyas, respirando aliviados que la denunciada persecución judicial no llegó a lo que ellos mismos sostenían aviva voz  que iba a llegar. Seguirán libres, en sus cosas, con los perfiles que optaron de un tiempo a esta parte. Alejados de las movilizaciones, manifestaciones, cortes ni tomas. Como se formaran también parte del cambio de época que se respira en el país y Tandil también.

El fiscal pidió prisión efectiva para Lezica y Altamirano

Sobre lo que se conoció de la decisión del juez, luego de analizar la totalidad de la probatoria producida en la causa, sea la incorporada por lectura al debate como la recibida en la audiencia de juicio, conforme las reglas de la sana crítica racional, el juez adelantó un pronunciamiento absolutorio respecto del delito de daño agravado cometido por Griselda Itatí Altamirano y Jorge Mario Lezica, en su carácter de coautores penalmente responsables y condenatorio respecto del delito de impedimento  o estorbo de acto funcional, por el que fuera acusada la dirigente.

Asimismo, el magistrado convalidó la petición de sobreseimiento que el propio fiscal había anticipado en el debate sobre el delito de amenazas por la prescripción de la acción penal. Al respecto, se  señaló que conforme la requisitoria fiscal de elevación a juicio surge que el hecho que diera origen a la presente y que se atribuye como cometido por Griselda Itatí Altamirano el 10 de mayo de 2022, que la calificación legal otorgada es la de amenazas, y que el último acto interruptivo ocurriera el 4 de junio de 2024, cuando fuera citada.

Así las cosas, “he de tener en consideración la pena a que se encuentra conminado el delito atribuido, amenazas, conforme el artículo 149bis primera parte del primer párrafo del Código Penal, es la pena de seis meses a dos años de prisión. Conforme lo establece el inciso 2 del art. 62 del Código Penal la acción penal prescribirá "...después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratara de hechos reprimidos con reclusión o prisión...".

Al respecto, Pocorena indicó que corresponde hacer lugar a la prescripción de la acción, por cuanto consideró que tomando en consideración la escala penal prevista para el delito endilgado en relación a la citación a juicio, se advierte que a la fecha se encuentra excedido el plazo de dos años, verificándose que no concurren causales con aptitud para interrumpir el curso de la prescripción de la acción penal, como tampoco el dictado de otras providencias que puedan ser consideradas a los efectos de la interrupción del curso de la prescripción de la acción penal, por lo que así corresponde declararla.

Por último, el juez destacó que la fecha de la comisión de los hechos fue dentro del plazo de los cuatro años estipulado en el artículo 27 del Código Penal, respecto de la primer sentencia dictada en causa del registro del Juzgado Correccional 2 de Azul, el  25 de febrero de 2019, la cual adquirió firmeza el 15 de octubre de 2020.

Sin embargo –siguió el juez-, el planteo realizado por la defensa, es atendible, y ello conforme criterio establecido por este Juzgado en otra causa, la cual refirió a que "...el condenado no cometiere nuevo delito..." y en el caso la concreta determinación que los hechos cometidos en los años 2021 y 2022 ocurre con la sentencia de autos a dictarse, es decir pasados los cuatro años, por lo que adelanto la improcedencia de la unificación peticionada por el Fiscal.

Como oportunamente se detalló, el fiscal alegó la figura de la coautoría funcional. Para Piotti, la conducta de los acusados no se limitó a una protesta verbal, sino que existió una clara tendencia a la acción violenta. En su argumentación, sostuvo que el liderazgo ejercido por Altamirano tuvo el poder de incitar a la multitud a pasar a los hechos, lo que quedó registrado en diversas pruebas fílmicas incorporadas a la causa.

Según la fiscalía, estas imágenes permitieron identificar a los imputados encabezando la columna de manifestantes y arengando a la masa, lo que confirmó su dominio sobre el desarrollo de los acontecimientos.

Más allá del énfasis con la que apeló el fiscal, no tuvo la misma impresión el juez. Al decir del adelanto de la sentencia ventilada, para Pocorena “no se acreditó con el grado convictivo la coautoría penalmente responsable de los mismos en el hecho imputado”.

Así las cosas,  en su veredicto el juez adelantó un pronunciamiento absolutorio respecto del delito de daño agravado como coautores penalmente responsables el 6 de diciembre de 2021.

En otro orden, un pronunciamiento condenatorio respecto del delito de impedimento o estorbo de acto funcional cometido por Altamirano como autora penalmente responsable del mismo,  entre los días  9 y 17 de mayo de 2022 en Azul.

Asimismo, se declaró extinguida por prescripción la acción penal y sobreseyendo totalmente a Altamirano, del delito de amenazas.

Por último, se rechazó la unificación peticionada por el fiscal respecto de la sentencia dictada en causa del Juzgado Correccional 2 de Azul.

El dictado y lectura de los fundamentos del veredicto y  la sentencia será el 16  de julio del corriente año, a las 12, a partir de cuya lectura comenzarán a correr los plazos previstos por la normativa vigente para la presentación de los recursos que las partes pretendieran interponer.

La dirigente de la agrupación 1 de Octubre compareció ante el Juzgado Correccional 1. Antes de ingresar a la audiencia, la referente social ratificó su postura crítica hacia el poder político local, cuestionó el accionar del juez Carlos Pocorena y aseguró que el proceso penal es un intento de disciplinamiento hacia los sectores vulnerables que ella representa.

En la antesala de la audiencia, la dirigente insistió en la persecución política y judicial en su contra y vinculó la celeridad de este proceso con su rol activo en las denuncias contra la gestión del intendente Miguel Lunghi.

Altamirano, fiel a su estilo confrontativo, aprovechó el contacto con este Diario para denunciar un trato desigual por parte del Poder Judicial. Según sus palabras, el juicio representa la "culminación de un hecho de persecución política" que busca criminalizar la protesta social en la región.

Durante su alocución previa al ingreso a la sala, la dirigente comparó su situación procesal con causas de mayor gravedad institucional que, según su visión, no recibieron el mismo tratamiento. "Vamos a presenciar un juicio por unos vidrios cuando no tuvimos esta posibilidad de juicio oral y público por el asesinato de Sebastián Simón", expresó Altamirano en referencia al joven atropellado por un exfuncionario municipal.

En ese sentido, cargó contra el magistrado a cargo del debate, al señalar que existe una "connivencia política y judicial" que garantiza la impunidad de ciertos sectores mientras se ensaña con los referentes de los movimientos sociales.

El contraste con el caso Sebastián Simón

La dirigente social fundamentó su postura de persecución política al señalar la figura del juez Pocorena y del fiscal Calonje, a quienes acusó de haber pactado un juicio abreviado para beneficiar a Luciano Jaureguiber en la causa Simón. Para la referente de la Primero de Octubre, el sistema judicial local opera con un doble estándar que prioriza la condena de quienes "osan levantar la voz" por encima de la búsqueda de justicia real. "Está demostrado que cuando ellos quieren condenar, condenan", sentenció ante los micrófonos de la radio del multimedios.

Altamirano vinculó este nuevo proceso con sus denuncias históricas sobre la presunta corrupción en la entrega de tierras y otros manejos de la administración lunghista. Recordó que, años atrás, denunció a todo el gabinete municipal ante la misma fiscalía que hoy la acusa. Bajo esta lógica, el juicio por los daños en la Municipalidad funcionaría como un "escarmiento" público para desalentar su activismo y su presencia en las calles.

La líder social sostuvo que su compromiso con los sectores más vulnerables es lo que genera incomodidad en el poder político, provocando una respuesta punitiva coordinada.

Pese a la posibilidad de que una nueva sentencia derive en una detención efectiva, Altamirano se mostró desafiante y aseguró que su liderazgo no depende de su libertad física. "Yo puedo ir presa hoy, salir y seguir dirigiendo mi organización", afirmó, minimizando el impacto personal de una eventual condena.

Sin embargo, no dejó de señalar que el proceso judicial ha condicionado su accionar en los últimos dos años, lo que explicaría su menor perfil público y su retiro momentáneo de las manifestaciones masivas que solían caracterizar a su agrupación.

El Municipio formalizó este jueves una solicitud ante el Ministerio de Seguridad de la Nación para que se disponga la desafectación del predio ocupado en la zona de La Movediza del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), al considerar que su incorporación se realizó de manera irregular y que esa situación ha generado consecuencias que afectan la seguridad y el orden público de la ciudad.

La presentación fue realizada en representación del intendente Miguel Lunghi por la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, el secretario Legal y Técnico, Juan Maciá y el subsecretario de Protección Ciudadana, Juan Ibáñez.

La delegación tandilense fue recibida por el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Fernando Martín Kusnier; el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto; el director nacional de Migraciones, Sebastián Pablo Seoane; y la directora nacional de Cooperación Internacional, Misiones Internacionales y Asuntos Externos, Cornelia Schmidt-Liermann.

En el escrito se solicitó, además de la exclusión del predio del Registro Nacional de Barrios Populares, la realización de un relevamiento migratorio, a la luz de los diversos procedimientos policiales y penales en el que intervienen personas de nacionalidad extranjera y en el marco de las recientes modificaciones introducidas en la legislación migratoria nacional.

Durante el encuentro, los funcionarios nacionales escucharon los planteos formulados por la representación municipal y manifestaron su predisposición para analizar la situación expuesta y coordinar acciones con las distintas áreas del Estado nacional con competencia en la materia.

Desde el Municipio valoraron especialmente la apertura al diálogo y la posibilidad de exponer de manera directa los antecedentes, alcances y consecuencias que la situación genera para la ciudad.

En el escrito firmado por Lunghi el Gobierno comunal remarca además que la desafectación del predio constituye una medida necesaria para resguardar el derecho de propiedad, fortalecer las políticas de seguridad y brindar una respuesta institucional a una problemática que, según sostiene, “ha trascendido el ámbito del asentamiento para impactar sobre toda la comunidad tandilense”.

Además, durante el encuentro los funcionarios plantearon la necesidad de que se gestione, a través de la Dirección Nacional de Migraciones, operativos en el barrio, en cumplimiento de las modificaciones incorporadas recientemente a la Ley de Migraciones y a la luz de los antecedentes relevados por las fuerzas de seguridad y la Justicia. A la vez que solicitaron que se conceda una audiencia con las autoridades nacionales para exponer y ampliar los fundamentos del planteo realizado por el gobierno local.

En la nota, el Municipio sostiene que la consolidación del asentamiento se produjo luego de una decisión nacional que incorporó al Renabap un predio cuya ocupación comenzó en 2023, situación que considera incompatible con los alcances de la normativa vigente.

Asimismo, se expone que la permanencia de esa incorporación condiciona las acciones destinadas al mantenimiento del orden público y demanda una importante utilización de recursos humanos y materiales por parte del Estado municipal y de las fuerzas de seguridad.

Toma en La Movediza: desde la Usina apuntaron contra Provincia y Nación por respaldar el asentamiento

Desde el inicio de la ocupación del predio, registrada en febrero de 2023 tras la denuncia presentada por su propietario, el Municipio participó de las distintas instancias institucionales y judiciales vinculadas al conflicto, sosteniendo de manera permanente su postura de rechazo a la consolidación de la toma sobre tierras privadas.

En el marco del protocolo dispuesto por la Justicia, representantes municipales participaron de las mesas de trabajo junto a organismos provinciales y nacionales y manifestaron que cualquier política de acceso al suelo con fines sociales debía desarrollarse mediante mecanismos transparentes y abiertos a toda la comunidad, y no a partir de la ocupación irregular de inmuebles particulares.

Tras la incorporación del predio al Renabap en diciembre de 2023, el Departamento Ejecutivo continuó realizando gestiones para obtener su desafectación.

En noviembre de 2024 solicitó formalmente una audiencia con la Subsecretaría de Integración Socio Urbana de la Nación y requirió la realización de los actos administrativos necesarios para revertir una incorporación que, según expuso, se produjo durante un proceso judicial de desalojo y sin consulta al Gobierno local.

A lo largo de ese proceso, el Gobierno local también impulsó distintas gestiones institucionales para acercar la problemática a las autoridades nacionales a través de diferentes canales y representantes del Gobierno Nacional. Sin embargo, esos intentos no permitieron generar una instancia de trabajo directo sobre el tema.

Paralelamente, el Concejo Deliberante acompañó ese planteo mediante distintas resoluciones solicitando la revisión de la medida y la exclusión del macizo del Registro Nacional de Barrios Populares.

Sin embargo, las respuestas recibidas desde el ámbito nacional hasta el momento se limitaron a informar que el inmueble continuaba comprendido dentro del barrio popular "Movediza I", sin avanzar en el pedido de desafectación.

En la presentación elevada este jueves, el Municipio reafirma que la inclusión del predio en el Renabap careció de sustento jurídico por tratarse de una ocupación iniciada con posterioridad al período temporal previsto por la normativa nacional para la incorporación de barrios populares.

Por ese motivo, desde el Ejecutivo destacaron la importancia de la reunión mantenida este jueves, que permitió exponer personalmente la situación ante funcionarios con responsabilidad directa en las áreas involucradas y abrir un canal de diálogo institucional para su análisis.

A propósito del encuentro, el secretario Legal y Técnico municipal, Juan Maciá, brindó precisiones en el programa Ultimo Bondi en la radio de El Eco.

Durante la reunión, el eje principal de la preocupación municipal giró en torno al cambio en la naturaleza del conflicto. Lo que comenzó como un problema habitacional se transformó en un foco de alta peligrosidad y conflictividad vecinal. Maciá puntualizó que, mientras los índices de delitos disminuyeron en el resto de la ciudad de acuerdo a los relevamientos locales, en el asentamiento de La Movediza la tendencia es opuesta y los hechos de violencia continúan en ascenso.

La secretaria Marcieri aportó datos sobre las intervenciones diarias en el lugar, destacando que la Secretaría de Protección Ciudadana trabaja codo a codo con la Justicia para suministrar pruebas obtenidas a través de las cámaras de vigilancia y el rastreo de vehículos. En este contexto, se denunció la detección de actividades vinculadas al narcomenudeo y el tráfico de estupefacientes dentro del predio. La preocupación mayor radica en que estas actividades ilícitas no solo afectan a los habitantes del asentamiento, sino que irradian inseguridad hacia los barrios periféricos.

Un punto crítico del informe presentado ante Nación fue la detección de ciudadanos extranjeros, principalmente de nacionalidad paraguaya, que estarían relacionados con estas redes delictivas. El secretario Maciá confirmó que existen elementos probatorios en expedientes de la justicia penal que vinculan a personas no nacidas en el país con la comisión de delitos dentro y fuera de la toma. Por este motivo, la presencia del director nacional de Migraciones fue fundamental para coordinar mecanismos de control más estrictos.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, se mostraron receptivos ante la posibilidad de aplicar el decreto vigente que permite la expulsión de extranjeros que cuenten con antecedentes penales o sean detectados cometiendo delitos en territorio argentino. Las autoridades nacionales se comprometieron a articular acciones con la delegación de Migraciones de Mar del Plata para realizar relevamientos de identidad en la zona y verificar la situación registral de quienes habitan el macizo usurpado.

La resolución del conflicto administrativo ahora depende del Ministerio de Capital Humano, bajo la órbita de Sandra Pettovello, ya que es dicha cartera la que tiene la potestad sobre el Renabap. No obstante, el secretario Ferlauto aseguró que mantendrá una comunicación directa con sus pares de Nación para evaluar la revisión del acto administrativo que otorgó la protección al asentamiento. La intención es que, al quedar fuera del registro, la Justicia pueda reactivar las órdenes de desalojo compulsivo que quedaron suspendidas.

En el ámbito local, la Municipalidad mantiene su postura firme de defensa de la propiedad privada. Maciá recordó que el propietario del terreno se encuentra litigando y a la espera de una indemnización o una resolución de fondo que le permita recuperar su patrimonio. Además, se subrayó que existen muchas familias en Tandil que se encuentran en lista de espera para acceder a planes habitacionales de forma legal, y que la consolidación de esta toma genera una injusticia social manifiesta.

El proceso judicial en torno a la instrucción penal que derivó en las aprensiones de los sospechados del atraco en el domicilio del extenista tandilense Juan Martín Del Potro tuvo ayer un nuevo capítulo judicial en orden al procesamiento de los implicados.

Cual rige el rito procesal, se conoció que los tres apresados en Junín como el par e Retiro, ya cumplimentaron la diligencia de la audiencia 308 (declaración indagatoria) en la que fueron notificados de los delitos que se les imputa y se les concede el derecho a prestar declaración.

En dicha audiencia, los tres primeros en forma presencial y el resto en forma virtual, aconsejados por sus respectivas defensas se negaron a prestar declaración, menos el argentino apresado, quien se prestó a la indagatoria y clamó su inocencia.

Según confió ante los judiciales, Walter Damián D’Amelio (39), conoció al par de chilenos a través de una convocatoria por la aplicación UBER, para realizar un viaje, el cual concretó tal lo descripto oportunamente en el periplo que los investigadores lograron reconstruir a través de las cámara de monitoreo más el rastreo de las antenas de los teléfonos celulares de los hasta allí sospechados.

Por lo que trascendió de la pesquisa, efectivamente desde el inicio de la pista desandada, el argentino no estaba contemplado dentro de la gavilla relacionada al robo a Del Potro como los otros ilícitos ocurridos en el país del norte. Ante las pruebas hasta aquí recogidas y añadidas al expediente que ya comenzó a reunir varias fojas al volumen del expediente, sería muy probable que D´Amelio quede implicado con una carga delictiva de menor cuantía, léase la figura del encubrimiento.

Un dato más: si bien los otros dos chilenos apresados con él en Junín se atuvieron al derecho que les asiste de no declarar, sí ambos, a su turno y sus formas, se encargaron de aclarar que “el argentino no tiene nada que ver” (SIC). Lo que sumaría entonces a la coartada esgrimida.

Con respecto a los otros dos chilenos apresados cuando se aprestaban a subir al colectivo rumbo a la triple frontera desde Retiro, prestaron declaración vía video llamada, acto en el que también se negaron a hablar.

Si bien la investigación continúa en pos de seguir reuniendo material probatorio y eventuales responsabilidades de otras posibles personas a la hora de la logística de la banda, el interrogante en los judiciales deviene sobre cómo avanzará el proceso de los implicados en medio de un pedido de extradición de los chilenos sindicados como autores de atracos anteriores en Estados Unidos. Aún no se resolvió en ese sentido qué competencia prevalecerá sobre otra a la hora de iniciar las definiciones procesales por los acusados.

En el medio del interrogante, se conoció que en el país trasandino fue detenido otro ciudadano chileno, también buscado por los mismos delitos ocurridos en Miami.

Por lo pronto, a los cinco implicados se les dictó formalmente la detención, al aguardo del avance del expediente.

Como se vino informando, el esclarecimiento del atraco que se registró el viernes 15 de mayo en la casa de Juan Martín del Potro, cobró dimensiones inusitadas al confirmarse que actuó una banda internacional que se dedicaba a robar casas de deportistas de elite y que había tenido entre sus víctimas a Travis Kelce, figura de los Kansas City Chiefs del fútbol americano y pareja de la cantante Taylor Swift, entre otras estrellas de las disciplinas más populares en Estados Unidos.

La investigación derivó en un primer operativo, el sábado pasado, en la estación de Retiro (CABA), cuando la Policía Federal detuvo a Bastian Jiménez Freraut e Ignacio Zuñiga Cartes, ambos de nacionalidad chilena y sobre quienes pesaba una alerta roja de Interpol emitida por Estados Unidos y pedidos de captura vigentes por el delito de robo con intimidación de un Juzgado de Garantías de Santiago de Chile.

En tanto, el último domingo, con la colaboración de la DDI de Junín, se logró la aprehensión en esa localidad de otros dos ciudadanos chilenos –Alfredo Eduardo Espinoza Gallardo, de 23 años, y Rodolfo Esteban Cartes Escobar, de 35- y de un argentino identificado como Walter Damián D’Amelio, de 39 años.

En el operativo en Junín, en el marco de la causa que instruye la UFI 16 a cargo del fiscal Marcos Eguzquiza, se secuestraron un auto Fiat Cronos negro, cinco teléfonos, dos relojes y una cartera blanca; mientras que en un taller del barrio porteño de San Cristóbal se incautó un Chevrolet Astra bordó, que fue el vehículo que utilizó parte de la banda para cometer el robo en Tandil.

Por otra parte, se confirmó que en el marco de la pesquisa se intervinieron dos líneas telefónicas que estaban a nombre de otras personas y que eran utilizadas por dos chilenos sospechosos del atraco en la casa de Del Potro.

De acuerdo a informes oficiales, Patricia Lucas, madre del tenista, denunció el mismo viernes que entre las 17 y las 19 habían ingresado en su propiedad ubicada en la zona de Don Bosco, tras romper una ventana del living. En ese momento señaló que de una habitación de la planta baja le habían robado una cadena con una cruz y una alianza con la inscripción “Patri 23/12/1983”, todo de oro; y de otra dependencia de la planta alta, le faltó una raqueta de tenis marca Babolat blanca y amarilla y dos relojes fuera de funcionamiento, uno Swatch y otro Nike.

Al día siguiente, la damnificada amplió la denuncia y agregó que también habían sustraído aproximadamente mil dólares, un reloj, varias prendas de vestir, dos perfumes importados, varios aros de fantasía, un reloj Rolex, cadenas de oro, pulseras y medallas que eran premios obtenidos por Juan Martín del Potro en torneos de tenis.