La comunidad internacional en los objetivos de desarrollo sustentable de Naciones Unidas se comprometió a resolver para 2030 la situación de las personas que carecen de identidad legal por no tener registrado su nacimiento.

Hace dos años, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación realizó el primer estudio de necesidades jurídicas insatisfechas de América Latina. La investigación reveló la existencia de brechas objetivas: económicas, burocráticas, de coordinación institucional, y sobre todo subjetivas: simbólicas, culturales, de conocimiento, de confianza, que desalientan la búsqueda y utilización de las instituciones y mecanismos administrativos y judiciales para resolver problemas legales. Existe una correlación entre la situación de vulnerabilidad socioeconómica, los problemas legales y la falta de acceso a las instituciones de justicia que provoca una dinámica de círculo vicioso.

Eso es lo que ocurre con la identidad jurídica: la falta de registración de nacimientos impacta especialmente en las familias más pobres, situación que se transmite de una generación a la que sigue, y priva a las personas de las condiciones básicas de ciudadanía como participar de la vida política, económica y social del país, acceder a políticas públicas de protección social, entre otras.

La Argentina viene realizando importantes progresos con el Plan Federal de Documentación del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y las provincias por su parte han avanzado en la registración temprana de los nacimientos, con programas como Garantizar tu Identidad de la Provincia de Buenos Aires.

Asimismo, pusimos en marcha la iniciativa conjunta “Mi primer documento. Acceso a mis derechos” que reúne los esfuerzos de los ministerios de Justicia, Interior y Salud y Desarrollo Social, para avanzar en soluciones sistémicas a los obstáculos que dificultan el acceso a la justicia en esta materia, en ese marco ya resolvimos más de mil casos.

Este tipo de políticas públicas sostenidas en el tiempo garantizarán que la próxima generación de argentinos cuente con identidad legal y ejerza plenamente sus derechos y deberes de ciudadanía desde su nacimiento.

Entretanto, todavía tenemos por delante resolver la falta de identidad de niños, niñas y adolescentes y de personas mayores, que requiere la realización de trámites administrativos o judiciales de alguna complejidad y es allí donde obstáculos estructurales impiden el acceso a justicia, con especial impacto en las familias más vulnerables.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la red de Centros de Acceso a Justicia en todo el país garantizará información, acompañamiento profesional integral y patrocinio jurídico a las personas y familias que lo necesiten para realizar los trámites administrativos y judiciales necesarios para la registración de su nacimiento y la obtención de su documentación personal de identidad. Miles de compatriotas recibirán el apoyo que necesitan para entrar en plena ciudadanía.

La cooperación interministerial nos permitirá llegar lo más cerca posible de las personas que necesitan los servicios; el trabajo en red con los prestadores de servicios jurídicos como colegios de abogados y facultades de Derecho que participan de la Red Federal de Patrocinio Jurídico, optimizarán la oferta de servicios de legales accesibles; el acompañamiento constante desde los CAJ a las familias proveerá un ámbito de referencia adecuado para que estas sigan sus trámites con conocimiento, información y apoyo activo.

Se trata de una nueva y ambiciosa iniciativa del programa Justicia 2020, con el que llevamos adelante el compromiso de realizar una justicia cercana, moderna, transparente e independiente.

(*) Director Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia.