En la Argentina, como en muchos otros países, la estafa ya no se percibe únicamente como una patología del sistema económico, un delito o una desviación moral. Se ha transformado en una estrategia racional, sofisticada y hasta admirada para “hacer negocios”. No es casual que ante ciertos casos de fraude se escuche la frase “es un genio, los estafó a todos”, expresión que revela tanto fascinación como resignación social.

La necesidad de superar el atraso estructural y reducir la pobreza exige repensar en profundidad la relación entre economía y moral. Ello supone revisar aspectos que en nuestro país suelen escasear: confianza, legitimidad institucional y efectividad de la justicia frente al delito económico.

En este contexto, la frontera entre el emprendimiento audaz y el engaño deliberado se vuelve difusa. El éxito se mide por la velocidad con que se acumula riqueza y no por la legitimidad de los medios que la generan.

Numerosas causas por estafas reiteradas, lavado de dinero, evasión fiscal y encubrimiento muestran un patrón recurrente: la economía del fraude se consolida como un modelo de comportamiento extendido, con bajo riesgo de castigo real. Solo algunos casos —como los de Hope Funds (Blaksley) o Generación Zoe (Cositorto)— alcanzan condenas firmes, tras procesos largos y llenos de pruebas irrefutables.

Las estafas contemporáneas se multiplican con particular intensidad en los segmentos de ingresos bajos y medios. Allí, la promesa de una “oportunidad de ganancia” es más efectiva, porque apela a la ilusión de ascenso rápido en un contexto de incertidumbre económica. Los grandes proyectos fraudulentos —por su escala y visibilidad— suelen implicar mayores exigencias de información y control, pero aun así no quedan exentos del engaño.

En muchos de estos esquemas piramidales o de inversión inmobiliaria ficticia, los aportes iniciales pueden oscilar entre USD 15.000 y USD 25.000, con contribuciones mensuales posteriores de USD 2.000 o más.

Usualmente se ofrecen fideicomisos, mutuos o participaciones en supuestos desarrollos de terrenos e inversiones inexistentes. El caso “Blaksley Señorans y otros s/ infracción al art. 303 del Código Penal” es uno de los más significativos por la magnitud del fraude, la cantidad de damnificados y la complejidad de las maniobras.

El nivel educativo o social no es garantía de inmunidad. Las víctimas suelen aceptar propuestas financieras seductoras, respaldadas por narrativas de marketing, tecnicismos legales o referencias institucionales creíbles. En muchos casos, el engaño se potencia por la sofisticación tecnológica: plataformas digitales, contratos encriptados, falsos documentos generados con inteligencia artificial y sitios web de apariencia profesional.

El caso Ribaya, al igual que tantos otros, sigue un patrón similar: una historia convincente, una “oportunidad única”, documentación visual atractiva y contactos empresariales o institucionales supuestamente decisivos, aunque sin sustento real. Detrás de esa fachada se esconde una estructura diseñada para transferir fondos y disimular su origen.

Racionalidad del delitoGary Becker, desde la economía neoclásica, sostuvo que el delito puede analizarse como una decisión racional: se comete un ilícito cuando el beneficio esperado supera el costo probable de la sanción.

En un entorno donde los procesos judiciales son lentos y las penas improbables, el fraude ofrece una rentabilidad superior al riesgo. Esa ecuación explica en parte la expansión de la economía de la estafa.

Pero hay algo más. No se trata solo de una decisión individual del estafador. También interviene la disposición de personas e instituciones a participar en esquemas dudosos, aceptando el riesgo de perderlo todo a cambio de la promesa de éxito rápido.

La frontera entre víctima y cómplice se vuelve porosa: muchos inversores saben —o intuyen— que el negocio es inviable, pero participan igual, esperando retirarse antes del colapso. La moral se subordina al cálculo.

Psicología del engaño e impunidadDaniel Kahneman y Dan Ariely, desde la economía del comportamiento, han mostrado cómo los sesgos cognitivos afectan nuestras decisiones. La ilusión de control, la aversión a la pérdida y el sesgo de confirmación llevan a las personas a sobreestimar su capacidad para detectar un fraude. En contextos de inestabilidad económica, el deseo de “no quedarse afuera” de una oportunidad refuerza esa vulnerabilidad.

El estafador contemporáneo ya no se presenta como un delincuente marginal, sino como un emprendedor visionario. Su éxito inicial legitima el relato y atrae nuevos inversores. La manipulación se construye sobre emociones —ambición, miedo, confianza— más que sobre datos. El resultado es un ecosistema donde el fraude se vuelve parte del paisaje económico y cultural.

El sociólogo Robert Putnam demostró que las sociedades más prósperas son aquellas donde las relaciones están regidas por la confianza y la reciprocidad. Por el contrario cuando lo que predomina es el ocultamiento, las personas internalizan la desconfianza y el sistema se vuelve ineficiente.

La Argentina repite ese ciclo donde la impunidad del fraude refuerza el descreimiento colectivo, y la desconfianza alimenta nuevas formas de engaño y métodos de estafa.

A medida que se alcanza la mitad del mandato presidencial, las transformaciones prometidas para el sistema financiero argentino enfrentan limitaciones estructurales persistentes. Aunque se ha logrado cierto orden macroeconómico y la innovación tecnológica avanza con velocidad, al igual que sectores como Oil&Gas, minería, y otros dinámicos, el desafío del desarrollo productivo requiere la existencia de confianza de largo plazo, por ahora ausente.

El tiempo político: ¿alcanza un solo mandato?

En una columna publicada en Infobae el 31 de agosto de 2024, sosteníamos:

“El cambio y la recuperación seguramente demandarán más de un período de gobierno, teniendo en cuenta la complejidad para lograr no sólo la estabilidad macroeconómica, sino también los cambios estructurales y en la cultura empresarial”.

Hoy, con casi un año transcurrido, esa afirmación cobra mayor fuerza.

Aun suponiendo que a diciembre de 2025 se mantenga la estabilidad macro, y que el oficialismo obtenga resultados favorables en las elecciones de septiembre y octubre, el horizonte para consolidar una arquitectura financiera eficiente excede el actual período presidencial.

No se trata solo de voluntad política, sino de maduración institucional, reforma legal, coordinación público-privada y cambio cultural.

La economía argentina arrastra décadas de rupturas que no se resuelven en dos años ni con una sola herramienta.

Historia repetida: ciclos cortos y crisis duraderasArgentina ha estado atrapada por décadas, en un patrón económico de breves períodos de crecimiento seguidos por crisis abruptas. Esta lógica pendular se repitió en etapas tan divergentes como el menemismo, el kirchnerismo temprano y el macrismo. En todos los casos, los avances macroeconómicos no lograron consolidarse ni traducirse en un sistema financiero robusto.

Esto se debe, en parte, a la ausencia de una visión compartida y sostenida entre los principales actores del sistema: el Estado, las entidades financieras, el sector productivo y la sociedad civil.

La estabilidad macro es una condición necesaria, pero no suficiente.

El período transcurrido desde diciembre de 2023 hasta el año en curso muestra señales de avance, se ha contenido la inflación mensual en torno al 2%, el tipo de cambio se mantiene relativamente estable y hay equilibrio fiscal primario. Sin embargo, estos logros aún no se traducen en confianza sostenida ni en condiciones estructurales para fomentar la inversión productiva, no sólo la restringida a los sectores más dinámicos y con apropiado posicionamiento competitivo externo.

La baja de la inflación y la disciplina fiscal, si bien necesarias, son aún frágiles y dependen de un esquema de ingresos transitorios, postergaciones y recortes, y no están sustentadas por ahora en una reforma impositiva integral, en un rediseño del sistema previsional ni en una reducción genuina del riesgo país.

Avances tecnológicos en el ecosistema financieroEn paralelo a la salida de la crisis que hasta 2023 amenazó con una nueva hiperinflación, seguido del ingreso a un nuevo orden macroeconómico, el ecosistema financiero argentino experimenta una rápida transformación tecnológica mediante el rol protagónico de un creciente número de fintechs, y plataformas digitales que redefinen la relación entre usuarios y servicios financieros, apoyada en la incorporación de inteligencia artificial, blockchain, tokenización.

La banca digital y las billeteras virtuales son una realidad han tenido efectos concretos:

Reducción de costos y tiempos en las transacciones.Inclusión de segmentos tradicionalmente excluidos: monotributistas, trabajadores informales, cooperativas y pymes.Acceso masivo a servicios básicos: pagos, cobros, préstamos personales, inversiones de bajo monto y financiamiento de capital de trabajo.Ejemplos como MercadoPago, Ualá, Nubi o Mercado Cheque muestran cómo las nuevas empresas del sector digital se adaptan más rápidamente a las necesidades de individuos y empresas que los bancos tradicionales.Este fenómeno no es simplemente una modernización. Lo que se está produciendo es un reemplazo gradual del sistema bancario tradicional por estructuras digitales abiertas, más ágiles y descentralizadas.

Los bancos con estructuras rígidas, requisitos excesivos y procesos costosos pierden terreno frente a plataformas que, en muchos casos, ofrecen productos más simples, personalizados y accesibles, que de hecho los mismos bancos está incorporando en su oferta,

Esto genera una paradoja: mientras el sistema financiero informal se digitaliza y crece, el sistema formal sigue centrado en criterios de evaluación que no reflejan la realidad de las pymes argentinas, especialmente en lo contable, impositivo y documental.

Financiamiento PyME, nudo estructuralEl principal cuello de botella de un sistema financiero productivo en Argentina sigue siendo el acceso al crédito para las pymes.

Las condiciones que exigen los bancos -balances auditados, garantías reales, historial fiscal impecable, facturación formal trazable, posición de riesgo 1 en BCRA- son inalcanzables para la mayoría de las empresas. No significa esto que la exigencia bancaria no sea entendible desde el punto de vista de riesgo, pero el 80% de las pymes del país incumplen con tales exigencias crediticias.

Esta brecha no se debe sólo a informalidad, sino a la desconexión entre las reglas del sistema financiero y la estructura empresarial real, pues incluso empresas con años de trayectoria, actividad comercial sólida, y capacidad operativa encuentran enormes dificultades para acceder a crédito bancario.

Siendo el crédito bancario casi inaccesible para la mayoría de las Pymes, los beneficios de las Sociedades de Garantía Recíproca es una opción que en 2024 avaló más de 500.000 operaciones al actuar como respaldo de garantías que de otro modo quedarían excluidas del sistema de crédito.

La oportunidad del mercado de capitalesFrente al estancamiento bancario, el mercado de capitales local ofrece alternativas que deben sumarse al avance tecnológico de la digitalización y tokenización.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) ha promovido activamente regulaciones que permiten avanzar en:

Tokenización de activos financieros.Digitalización de la emisión de deuda.Oferta pública simplificada para pymes.La creación de vehículos de inversión digitalizados, con menores costos operativos y trazabilidad automatizada.Estos instrumentos pueden alentar a muchas empresas a emigrar del banco como intermediario, y accedan directamente al financiamiento a través de fondos comunes digitalizados o plataformas tokenizadas.

ConclusionesLa respuesta es afirmativa, pero el proceso de implementación puede requerir de estabilidad y confianza de largo plazo, factores que aún no ha dado el primer paso.

Para avanzar en soluciones eficaces hacia un sistema financiero que cumpla su rol no basta con digitalización ni estabilidad, se requieren reformas estructurales postergadas durante años que aún continúan su implementación.

Reforma tributaria integral, que reduzca la presión formal y premie la progresividad y la inversión.Reforma previsional, que estabilice las cuentas públicas y brinde previsibilidad de largo plazo.Reforma laboral,   inclusión de nuevas formas de empleo y reducción del litigio.La banca tradicional va cediendo terreno frente a soluciones digitales, pero eso representa un aspecto limitado de las restricciones a resolver.

El plan económico deberá actuar de manera simultánea, con claridad y transparencia sobre las rutas que se irán tomando paso por paso, “Omnes viae Romam ducunt”, “Todos los caminos…”.

El autor es doctor en Economía UBA