Después del asesinato selectivo del general iraní Qasem Soleimani, la representante demócrata Ilhan Omar insinuó que podía tratarse de una “guerra de distracción”. La denuncia de la primera somalí y primera musulmana​ en arribar a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, maltratada por su origen y su creencia por Donald Trump, coincide con otras guerras. La del juicio político de Trump, la de las revueltas reprimidas en Irán por la suba del precio del combustible y en Irak por la destitución del comandante en jefe de la fuerza antiterrorista y, en medio de la convulsión en América latina, la del régimen de Nicolás Maduro contra la reelección del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó.

Trump parece ser el enemigo número uno del ayatolá Alí Khamenei, pero terminó dándole oxígeno interno y argumentos para las réplicas con el crimen de Soleimani. También parece ser el enemigo número uno de Maduro, pero se convirtió en su mejor aliado cuando legitimó antes que nadie al gobierno interino de Guaidó. Maduro halló en esa validación, imitada por medio centenar de países, una excusa colosal para insistir en la hipótesis de una invasión norteamericana. Letra recurrente de Hugo Chávez, para cuya primera reforma constitucional, la de “la moribunda”, sobre la cual juró en 1999, impidió como Maduro el ingreso de legisladores opositores en el hemiciclo.

Con la desprolija proclamación como presidente del cuerpo unicameral del diputado disidente Luis Parra, acusado de corrupción, Maduro aprovechó la distracción ante una eventual guerra entre Estados Unidos e Irán, apéndice de una conflagración global. Un bastonazo a la democracia, como la creación en 2017 de la Asamblea Nacional Constituyente, órgano afín al régimen supuestamente encargado de reformar la Constitución Bolivariana. La enmendada por Chávez en 2009 para ser reelegido. Otra artimaña de Maduro, en realidad, para invalidar a la Asamblea Nacional, dominada por la oposición desde 2015.

Maduro cumple un año de gestión de dudosa legalidad gracias al desgaste de Guaidó, de capa caída entre los suyos, y los focos de tensión en Perú, Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia. El vecindario, alterado por la catástrofe de la Amazonía y las desmesuras de Jair Bolsonaro, dejó de reparar en la crisis de Venezuela, agravada por las violaciones de los derechos humanos probadas por la ONU. En las antípodas, Trump recauda millones para ser reelegido en noviembre a pesar del impeachment por obstrucción al Congreso y abuso de poder. Desvía la mirada hacia Irán. “Sabe que esto lleva a una guerra y necesita la distracción”, observa la representante Omar.

El viento en contra no siempre frena la navegación. El arma de distracción masiva, la favorita de la ultraderecha de Europa y de la derecha alternativa de Estados Unidos, entorpece el debate político. Lo anula, a veces. O lo hace derrapar en campañas de manipulación nutridas de falsedades. “Una política internacional hostil crea la percepción de un enemigo externo que genera cohesión y apoyo”, concluye el politólogo y docente colombiano Raúl Daniel Niño Buitrago en su ensayo Guerra de distracción, herramienta populista. A propósito de guerras, la de Malvinas rescató a Margaret Thatcher de la ciénaga de la impopularidad en 1982.

Maduro imitó en cierto modo al mentor de Chávez, Fidel Castro, beneficiario del petróleo venezolano subsidiado. En 2003, cuando estalló la guerra de Estados Unidos y sus aliados contra Irak, Castro se valió de la distracción masiva para ordenar la detención de 75 opositores (entre ellos, 27 periodistas) y el fusilamiento de tres cubanos que intentaban huir en balsa de la isla. De aquella odisea, llamada Primavera Negra de Cuba, Maduro sacó en limpio la oportunidad. El timing, de modo de utilizar en el momento justo el pretexto del chivo expiatorio importado. La coartada casi perfecta, al estilo Trump.

(*) Periodista. Director del portal de actualidad y análisis internacional El Ínterin y conductor en Radio Continental.

No ajeno a la convulsión global, Irak vive la suya. La peor desde la caída de Saddam Hussein. Estalló en octubre por la destitución del general Abdul Wahab al Saadi, comandante de la fuerza antiterrorista de élite. Un héroe nacional. El artífice de la derrota del Daesh, ISIS o Estado Islámico después de haber dominado parte del territorio durante tres años. Las protestas, reprimidas con dureza como en otras latitudes, se saldaron con cientos de muertos, heridos y detenidos y evolucionaron hacia reclamos por la corrupción, el sectarismo, la economía y el sistema político. En noviembre cayó el primer ministro Adel Abdel Mahdi. Duró menos de un año en el cargo.

La pesadilla de Irak, rico en sus entrañas y pobre en la superficie, engarza varios capítulos de violencia: la guerra contra Irán entre 1980 y 1988, la Operación Tormenta del Desierto en 1991, la invasión de Estados Unidos y sus aliados en 2003 y el arribo a Mosul, la segunda ciudad del país, en 2014, de unos hombres de negro que portaban armas, pero, en contraste con los soldados iraquíes, autoritarios y corruptos, eran respetuosos. Con su presencia frente a los edificios públicos cesaron los saqueos. Pocos sabían quiénes eran hasta que el califa Abu Bakr al Baghdadi impuso la sharia (ley islámica). La cruz del Daesh contra los cristianos y los infieles hasta 2017.

En ese contexto, con el desánimo en ebullición, las esquirlas de la confrontación entre Estados Unidos e Irán tras la decisión de Donald Trump de dinamitar el acuerdo nuclear con el régimen de los ayatolás impactaron en Bagdad después de las revueltas en Teherán por el aumento del precio del combustible, también reprimidas con encono y alevosía. La disconformidad de unos y otros con sus propios regímenes tuvo una cara externa. La de Estados Unidos, cuyos aviones bombardearon la frontera de Irak y Siria. El embate, en represalia por el crimen de un contratista norteamericano, mató a 25 milicianos de Kata’b Hezbollah, facción del partido libanés Hezbollah.

La rebelión contra la clase política de Irak, alentada por Irán y por el líder espiritual de los chiitas, Alí al Sistani, pasó a un segundo plano. Debió ser evacuada la embajada de Estados Unidos en Bagdad, blanco de la cólera de las Fuerzas de Movilización Popular, formadas por paramilitares chiitas proiraníes. Los primos de los Guardianes de la Revolución, ejército de élite iraní incluido por Trump en la lista de organizaciones terroristas, tuvieron la bendición del influyente clérigo chiita Muqtada al Sadr, cuyo partido ganó las legislativas de 2018 gracias al descontento popular, pero, con 54 escaños sobre 329, no pudo formar gobierno.

El ajuste de cuentas de Estados Unidos con Irán, con la catástrofe humanitaria de la guerra de Yemen como muestra de la rivalidad entre el líder supremo iraní Alí Khamenei y el príncipe heredero saudita Mohamed bin Salman, se encamina hacia el desgaste, más allá de las presiones y de las sanciones unilaterales de Trump a contramano de los intereses europeos. Irak, tercer exportador mundial de petróleo, no sale de la encerrona. Depende de la electricidad y del gas de Irán. Sus líderes políticos, divididos entre chiitas, sunitas y kurdos, se valen del apoyo internacional para obtener botines en nombre de sus comunidades.

Desde la partida de las tropas de Estados Unidos, a finales de 2011, Irak vive en medio de una violencia endémica. Trump prometió venganza. No contra Irak, sino contra Irán tras haber abortado un bombardeo por el derribo de un dron norteamericano no tripulado en el estrecho de Ormuz. El hilo de ataques, contraataques y ciberataques ha sido constante frente al alineamiento de Estados Unidos con Arabia Saudita e Israel, enemigos declarados de los ayatolás. La población de Irak, mayoritariamente joven, vive sin atención médica adecuada ni oportunidades laborales. Un Estado fallido y fallado en cuyos recovecos anidan los oportunistas. Políticos, religiosos y afines.

(*) Periodista. Director del portal de actualidad y análisis internacional El Ínterin y conductor en Radio Continental.

Un año después, los chalecos amarillos siguen movilizándose cada sábado en Francia. Las protestas contra el aumento del precio del combustible pasaron a ser contra las políticas del presidente Emmanuel Macron. Le torcieron el brazo. De menor a mayor, como ocurrió en otras latitudes, una crisis destapó la olla de otra. La de la gobernabilidad en un planeta que gira a varias velocidades al mismo tiempo en función del cabreo de las sociedades. No sólo por razones económicas, sino también en demanda de libertades y de reformas o en contra de la corrupción, del fraude y de la desigualdad. Los nuevos indignados brotan como hongos.

La fisura social y política dista de aquella que comenzó en 2008. El gobierno británico vaticinaba un año antes de la crisis hipotecaria de los Estados Unidos una mayor “tensión e inestabilidad tanto en las sociedades como entre ellas”. Eso iba a dar “lugar a expresiones de malestar, como el desorden, la violencia, la criminalidad, el terrorismo y la insurgencia”. Acertó. En 2011 estalló la frustrada Primavera Árabe y aparecieron los indignados españoles, émulos del partido Unidas Podemos, y los norteamericanos de Occupy Wall Strett con el lema: “We are the 99 percent (Somos el 99 por ciento)”.

Eran brotes aislados. No como ahora. Sólo en octubre hubo 16. En Perú, Ecuador, Chile, Bolivia y Haití por motivos diferentes, pero también en España por las sentencias del procés (independencia de Cataluña), en Rusia por la detención de opositores, en Egipto contra la dictadura de Abdel Fatah al Sisi, en el Líbano por la crisis económica que derivó en la renuncia del primer ministro Saad Hariri, en Indonesia debido a un código penal demasiado punitivo y en Hong Kong por el avasallamiento de China, entre otros. La insatisfacción con los políticos se sintetiza en un latigazo global: “No nos representan”.

En Irán, en pie de reprobación por el aumento del precio del combustible, antes prácticamente regalado, el líder supremo, Alí Khamenei, cortó por lo sano. Cortó internet y la telefonía móvil, de modo de impedir que trascendiera la represión. Brutal. La suba, como en Francia y otros países, impacta en forma proporcional en la carestía de vida. En el vecino Irak, no repuesto de la guerra de 2003 ni de las divisiones sectarias ni de las masacres del Daesh, ISIS o Estado Islámico, las altas tasas de desempleo y la corrupción generalizada llevaron a miles a las calles, como en 2009, 2011, 2015 y 2016. Más de 300 murieron esta vez.

Los nuevos indignados responden a realidades concretas de sus países, más allá de la analogía de las convocatorias por redes sociales, de los destrozos urbanos, del uso de bombas molotov y, sobre todo, de la insistencia en permanecer en las calles aún después de cumplir sus objetivos a pesar de la represión. América latina cayó en la trampa de los países de ingresos medios. El salto cualitativo se interrumpió con el desplome del precio de las materias primas desde 2013 y la onda expansiva de la operación Lava Jato. Menores ingresos, escándalos de corrupción, fraudes y rupturas del orden constitucional alientan las protestas.

La calle manda, con la clase media y los sectores populares a la cabeza, frente a una gobernabilidad cada vez más difícil por la indecisión política y la antipatía ciudadana. Las subas del combustible, como en Francia e Irán, o de las tarifas, como en Chile y Ecuador, no han sido más que el fermento de la irritación, atizada por la falta de oportunidades y de consensos. La polarización influye. Conviven dos países en uno, como en Bolivia, Brasil, Venezuela, Nicaragua, Colombia y otros confines. Los unos ningunean a los otros con eso de “nosotros y ellos”, como si fueran enemigos en una guerra no declarada. Formalmente, al menos.

(*) Periodista, dirige el portal de actualidad y análisis internacional El Ínterin, es conductor en Radio Continental y en la Televisión Pública Argentina.

Stepanakert, Nagorno Karabaj. En la Línea de Control, la última frontera, la guerra continúa. No pasa un día sin una denuncia de violación del alto el fuego, dicen por separado en latitudes diferentes un militar armenio y un diplomático azerí. De las ruinas de los bombardeos entre ambos bandos de 1991 a 1994 brota musgo y desolación. Un cuarto de siglo después, 14 familias de agricultores se animan a retirar los escombros para aprovechar la tierra. Tierra de Armenia, la República de Artsaj, no reconocida por la comunidad internacional, y tierra de Azerbaiyán, que denuncia su usurpación. Rémora irresuelta de la desintegración de la Unión Soviética tras la caída del Muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989.

La peor catástrofe geopolítica del siglo XX, como llama Vladimir Putin al final de la era soviética, derivó en más de 30.000 muertos y casi 700.000 desplazados durante los tres años de combates en Nagorno Karabaj y los siete distritos adyacentes que reclama Azerbaiyán. Los armenios de esta región montañosa, con el apoyo del ejército de Armenia, tomaron el control y, con una población mayoritaria, proclamaron la independencia de la República de Artsaj. El Grupo de Minsk, formado por Rusia, Francia y Estados Unidos bajo el alero de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), busca una salida desde 1992. Infructuosa hasta ahora.

El presidente de Armenia, Armen Sarkissian, se resiste a comparar el diferendo con otros, como el de Cataluña o el de Kosovo, durante una audiencia en Ereván con una delegación de América Latina y España. “Cada uno es especial”, nos dice. El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, señaló en la Asamblea General de la ONU: “Artsaj es una parte de Armenia y punto”. El presidente de Azerbaiyán, Ilhám Alíev, replicó en Sochi, a orillas del Mar Negro: “Karabaj es Azerbaiyán y signo de exclamación”. Lo había recibido Putin, padrino del alto el fuego y aliado de ambas partes.

Entre el punto armenio y la exclamación azerí prima el dilema. “Rusia es la clave”, observa en Buenos Aires el embajador de Azerbaiyán, Rashad Aslanov. Cuatro resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU “confirman la soberanía e integridad territorial de Azerbaiyán, la inviolabilidad de las fronteras internacionales y la inadmisibilidad de uso de la fuerza para tomar territorios”. La población de la República de Artsaj, refrendada por un referéndum de autodeterminación, se niega a pertenecer a Azerbaiyán, como decidió Stalin en 1921.

Los años noventa, los de la guerra entre armenios (cristianos) y azeríes (musulmanes) en el Cáucaso Sur, coincidieron con otros conflictos en la región, como el de Tayikistán entre 1992 y 1997, la guerra de secesión de Transnistria de Moldova en 1992 y el comienzo de la primera guerra de Chechenia en 1994. El soviet de Nagorno Karabaj había votado en 1988 su separación de Azerbaiyán. La anexión del territorio a Armenia no fue admitida por el Kremlin. La tensión prendió la mecha del nacionalismo y de la limpieza étnica mientras, por el derrumbe soviético, se marchaban las tropas. Una suerte de muro de contención.

Al amparo de Armenia, con su idioma, su moneda, su presupuesto, sus bancos y casi la misma bandera, en Nagorno Karabaj hubo cinco elecciones presidenciales y seis parlamentarias desde la fundación de la república. A la vera de la Línea de Control, por una ruta llena de baches, los esqueletos de las viejas casas y fábricas y los muros agujereados reflejan el horror del conflicto más antiguo desde la descomposición de la Unión Soviética. El puesto azerí está cerca, rodeado de campos minados. Sigue en pie una mezquita. En ella, me dice un soldado armenio, guardaban las armas durante los combates, seguros de que no iba a ser atacada.

(*) Periodista, dirige el portal de actualidad y análisis internacional El Ínterin, es conductor en Radio Continental y en la Televisión Pública Argentina.

El divorcio no es sólo entre el Reino Unido y la Unión Europea. El divorcio global es más traumático que el Brexit. Coincide en tiempo y forma, pero, más allá de eso, el único hilo conductor es la protesta de las sociedades contra los gobiernos y, cual mar de fondo, contra el sistema. El oasis en el cual vivía Chile, versión Sebastián Piñera, se convirtió de pronto en un polvorín por el aumento de la tarifa de un servicio público, el metro, como ocurrió con el combustible en Ecuador y en Francia o, el colmo, con la pretensión de gravar un impuesto sobre las llamadas de voz de WhatsApp en el Líbano. Nadie previó los estallidos.

La ira popular aguijonea la víscera más sensible, el bolsillo, pero también brota por otros motivos, como el acuerdo alcanzado por Boris Johnson en Bruselas para rubricar el Brexit, la caprichosa intención de declarar la independencia de Cataluña, el rechazo de los ciudadanos de Hong Kong al avasallamiento de China, el clamor de los haitianos contra el presidente Jovenel Moïse, la disolución del Congreso en Perú, las sospechas de fraude en las elecciones de Bolivia, las marchas en Pakistán en solidaridad con el pueblo de la región de Cachemira que disputa con India o el final de los gobiernos eternos de Sudán y Argelia.

En varios países de América latina, la crisis concuerda con elecciones y referéndums entre 2017 y 2019. En el año bisagra, 2018, hubo cambios y ratificaciones de gobiernos. La rutina democrática o autocrática, según corresponda, no se vio alterada, pero el malestar económico deterioró el vínculo entre la población y sus representantes, con derivas autocráticas, como las de Nicaragua, Venezuela y, dictadura al fin, Cuba, o sesgos autoritarios, como el de Brasil. La desafección mezcla la fatiga democrática, donde la hay, con la convulsión global.

El ciclo de las declamadas políticas progresistas y estatistas dio paso a gobiernos liberales y conservadores. No hubo escalas en medio de una creciente desigualdad con bolsones de pobreza y fisuras entre ejes que van más allá de la izquierda y la derecha. La diversidad contra la homogeneidad o el nacionalismo contra la globalización, así como los intereses privados contra el cambio climático. Una clase media más robusta y, a la vez, más vulnerable destapó la olla a presión que caldeaban en Chile las protestas estudiantiles y las dirigidas contra las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), legado de la era Pinochet.

El aumento del boleto del metro resultó ser la chispa. La gota que desbordó el vaso. El país quedó bajo toque de queda con represión, muertos, heridos, detenidos, saqueos y destrozos. El gobierno de Piñera, como el del ecuatoriano Lenín Moreno, el del francés Emmanuel Macron y el del libanés Saad Hariri, dio marcha atrás. Tarde. El anuncio del golpe al bolsillo destapó otras ollas. Las de salarios bajos, empleos precarios, pensiones indignas, salud desatendida, educación costosa y delito en alza. El descontento se agrava frente a los privilegios de los políticos y las denuncias de corrupción de los carabineros y los militares.

La carestía de vida, con un incremento excesivo de la vivienda y de las tarifas de luz frente al retraso del ingreso, asiste al malestar. Esa guerra contra un enemigo sin rostro, según la lectura precipitada de Piñera, coincidió en tiempo y forma con enardecidos de otras latitudes. ¿Pretenden voltear al gobierno? ¿Liquidar el sistema? Con muchachos al frente, ¿añoran revoluciones fracasadas y dictaduras brutales que no padecieron? O, acaso, ¿son solidarios con sus mayores y se imaginan en las mismas o peores dentro de unos años? Albert Einstein, padre de la teoría de la relatividad, no sabía cómo iba a ser la tercera guerra mundial, pero la cuarta, decía, iba a ser con piedras y lanzas. Tal cual.

(*) Periodista, dirige el portal de actualidad y análisis internacional El Ínterin, es conductor en Radio Continental y en la Televisión Pública Argentina.

Everán (Armenia). – La orden de Donald Trump de replegar a sus tropas del norte de Siria y la consecuente ofensiva militar de Turquía contra los kurdos, primera minoría étnica del país, supone otra cuota de inestabilidad en Medio Oriente. El presidente Recep Tayip Erdogan decidió adueñarse de esa franja con el apoyo de brigadas árabes, antes enemigas del dictador Bashar al Assad, ahora amalgamadas en el Ejército Nacional Sirio, para neutralizar las amenazas contra su territorio de los kurdos, aliados de Estados Unidos, y facilitar el retorno de los refugiados sirios.

¿En qué contexto estalla otra guerra dentro de la guerra? Arabia Saudita acusa a Irán de haber atacado sus instalaciones petroleras, pero no pasa a mayores. Israel ejecuta operaciones militares contra las filiales de Irán en Siria, Líbano, Gaza e Irak, pero también rehuye a una confrontación. Estados Unidos se aparta del acuerdo nuclear y aplica sanciones económicas contra el régimen de los ayatolás. Tampoco prevé ir más allá. En la guerra de Yemen, la coalición saudita procura repeler desde 2015 a los rebeldes huthis, chiitas apoyados por Irán. Una guerra por delegación entre las dos ramas del islam. Sólo en 2018 dejó 4.800 civiles muertos o heridos.

La luz verde recibida por Erdogan para deshacerse de los kurdos, tildados de terroristas por sus lazos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), contradice, en principio, su enfrentamiento con Trump por no haber deportado de Estados Unidos al clérigo musulmán Fethullah Gülen, al cual acusa de haber participado del fallido golpe de Estado de julio de 2016. Estados Unidos invirtió entrenamiento y armas en los kurdos, razón por la cual la decisión de Trump de despejarle el camino a Turquía no sólo cosechó reparos externos, sino también de miembros de su propio partido, el republicano.

Turquía recibió más de tres millones de refugiados sirios con la premisa de bloquearles el ingreso en Europa a cambio de dinero. Quiere deshacerse de ellos. Encontró en Trump un aliado inesperado. La guerra de Siria comenzó durante la Primavera Árabe, en 2011, y amenaza con prolongarse en tanto siga habiendo facciones en pugna. Atrajo cual imán contingentes militares extranjeros que terminaron librando sus propias guerras, como ocurrió con Turquía y Rusia. La diferencia radica en que no todos los actores dependen de elecciones o de reelecciones, como Trump y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Los kurdos, de raíces indoeuropeas, perdieron su territorio después de la Primera Guerra Mundial. Fueron aliados del Impero Otomano, predecesor de Turquía. Los del norte de Siria, región rica en petróleo, procuraron mantenerse al margen de la guerra. Assad naturalizó a 300.000 apátridas y retiró a sus tropas. Gestos interpretados como una señal de confianza por la cual, en 2013, el Partido de la Unión Democrática Kurda (PYD) proclamó una semiautonomía que iba a derivar, tres años después, en la creación de una región federal. Vital resultó el apoyo de los kurdos para derrotar al Daesh, ISIS o Estado Islámico.

La memoria es frágil. Las idas y venidas sobre el desenlace de Assad entre Arabia Saudita y Qatar, antes unidos, ahora enfrentados, después veremos, reflejan la facilidad de los países árabes y de los no árabes, como Turquía, Irán e Israel y, para crear amigos y enemigos en cuestión de horas. Por eso, como observa Robert Malley en la revista Foreign Affairs, la Liga Árabe es menos coherente que la Unión Europea, menos efectiva que la Unión Africana, más disfuncional que la Organización de los Estados Americanos y, agrego, más errática que Trump mientras Rusia vende armas al mejor postor. Entre ellos, Arabia Saudita, cliente de Estados Unidos.

(*) Periodista, dirige el portal de actualidad y análisis internacional El Ínterin, es conductor en Radio Continental y en la Televisión Pública Argentina.

Si el futuro pertenece a los patriotas, no a los globalistas, como dejó dicho Donald Trump ante la Asamblea General de la ONU, tanto él como el primer ministro británico, Boris Johnson, están en problemas. La integración en bloques desde la década del noventa, durante el apogeo de la globalización, permitió a muchos países liberarse del yugo de los golpes y de las revoluciones. No es el caso de Estados Unidos ni el del Reino Unido, sujetos ahora a la evaluación de los excesos de sus mandatarios. Líderes alfa que se ven a sí mismos como fundadores de movimientos, más allá de los partidos a los cuales representan.

El juego de patriotas llevó Trump a comprometer al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la investigación de las actividades en su país de Hunter Biden, hijo del exvicepresidente Joe Biden, como ejecutivo de la empresa de gas Burisma Holdings. Novato, Zelensky accedió a su pedido. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría opositora, impulsa un proceso de destitución o impechament contra Trump por la presunta intención de desprestigiar a Biden, precandidato presidencial demócrata para 2020. Un proceso difícil. Que difícilmente supere el Senado, dominado por los republicanos.

Ese mismo juego, el de patriotas, llevó a Johnson a comprometer a la reina Isabel II en la clausura de las sesiones parlamentarias desde la segunda semana de septiembre hasta mediados de octubre, apenas dos semanas antes del Brexit. El debate era un escollo. Los 11 jueces de la Corte Suprema resolvieron por unanimidad que el cierre era “ilegal” y provocó “un efecto extremo sobre los fundamentos de la democracia”. Johnson, intransigente como Trump, regresó de apuro a Londres desde Nueva York, sede de la ONU, para insistir en un divorcio a las bravas de la Unión Europea si no llega a un acuerdo antes del 31 de octubre.

Los patriotas, mote que también les cabe a los mandatarios de Brasil, Venezuela, Rusia, Turquía y Hungría, más allá de las diferencias y hasta los enfrentamientos entre sí, no son consecuencia del ruido de los sables ni de las revoluciones, sino de los votos, esgrime Jorge Benítez en su artículo Manual para destruir una democracia y que tu país sea una dictadura, publicado en el diario español El Mundo. La mezcolanza entre la ilusión y el miedo, resumida en los eslóganes America First (Estados Unidos primero) y Take Back Control (Recuperemos el control) vía Brexit, apela a su juego como única alternativa. Con fake news como arma y amigos en las instituciones como escudo.

De ser proclamada la candidatura de Biden entre los 26 postulantes demócratas, Trump le ganaría por un 47 por ciento contra un 43, según Rasmussen Reports. Una diferencia ajustada frente a un adversario que, mientras era ladero de Barack Obama, presionó al gobierno de Petro Poroshenko para frenar la pesquisa sobre su hijo. Logró la destitución del fiscal general de Ucrania, Víktor Shokin. En ese país, uno de los más pobres de Europa y parteaguas en la siempre delicada relación bilateral con Rusia, hizo negocios el exjefe de campaña de Trump, Paul Manafort.

Lo condenaron por ocultar pagos no reportados de Víktor Yanukovich, presidente de Ucrania hasta que se vio forzado a renunciar tras la anexión rusa de Crimea en 2014. Manafort era consultor político de Yanukovich, refugiado en Moscú, al amparo de Vladimir Putin. Lo acusaron de haber lanzado en las presidenciales de 2016 una campaña encubierta de hackeo y propaganda para dañar a Hillary Clinton, la candidata demócrata. Antecesora de Biden, de ser elegido, en un juego, el de patriotas, en el cual los supuestos rivales externos pueden ser útiles en plan de liquidar a quien ose hacerles frente en casa.

(*) Periodista, dirige el portal de actualidad y análisis internacional El Ínterin, es conductor en Radio Continental y en la Televisión Pública Argentina.

El primer ministro británico, Boris Johnson, se salió con la suya. Obtuvo la venia de la reina Isabel II para clausurar las sesiones del año parlamentario en la segunda semana de septiembre y estrenar el siguiente apenas dos semanas antes del Brexit. El 31 de octubre, la fecha clave, coincide con Halloween. En la Noche de Brujas, según la creencia celta, los espíritus salen de los cementerios para resucitar en los cuerpos en vida. No habrá esta vez truco o trato (traducción mañosa de trick or treat), sino truco. El truco consiste en recortar el tiempo del debate en Westminster para evitar una salida caótica de la Unión Europea.

La prórroga, término oficial de la suspensión de las sesiones parlamentarias, debe ser aconsejada por el primer ministro y aprobada por la reina. La reapertura, en la Cámara de los Comunes, está signada por el Discurso de la Reina, íntegramente redactado por el gobierno de turno cual plan de acción. Johnson aprovechó esa veta legal, como su antecesora, Theresa May, en 2017, para crear aquello que la oposición denuncia como una “crisis constitucional” en un país que se rige por una constitución no escrita. Las leyes permiten cierta flexibilidad, pero pueden tornarse desventajosas en situaciones excepcionales.

La audaz maniobra de Johnson dejó de piedra a la oposición, sorprendida por su falta de vocación democrática al rehuir al debate de la decisión adoptada en el referéndum de 2016. El divorcio, varias veces postergado, tiene fecha y hora. La imprevista estrategia de choque, más allá del efecto bumerán reflejado en la unión de los críticos de Johnson al margen de sus colores partidarios, no se sale de los canales institucionales. Se trata de un procedimiento estándar en el Reino Unido, aunque nunca haya sido tan extenso. Solía ser de tres semanas, no de cinco.

En ese lapso, el gobierno continúa en funciones y los legisladores concurren a sus despachos, pero no sesionan. La artimaña nació en 1626, cuando el rey Carlos I disolvió el Parlamento. Supone un debilitamiento de la oposición. En la historia hubo varias prórrogas controvertidas. La de 1948, cuando el gobierno laborista de Clement Attlee alentaba la nacionalización del acero y del hierro, y la de 1997, cuando el del conservador John Major sorteó la acusación contra dos legisladores de su partido de haber recibido sobornos a cambio de hacer preguntas en los Comunes. El actual período de sesiones es el más largo desde la guerra civil inglesa, entre 1642 y 1651.

La ex primera ministra May tiró la toalla después de tres intentos fallidos de convencer a los suyos de los acuerdos alcanzadas en Bruselas. Los acuerdos distaban de las promesas engañosas del antecesor de May, David Cameron, y derivaron en el ascenso de Johnson. Un demagogo de manual que gobierna por un pacto partidario, no por haber sido elegido en las urnas, y sin mayoría parlamentaria. El empeño en el Brexit por las buenas o por las malas, al cual contribuyó con su euroescepticismo el líder laborista, Jeremy Corbyn, derrapó en una curva autocrática que socava el control parlamentario y diluye el peso de la monarquía.

Raro en el Reino Unido. Tan raro, quizá, como el millón de firmas de ciudadanos con la petición de “defender la democracia”. Una de las democracias más prestigiosas del mundo que irradia, ahora, un ejemplo para los mandatarios inescrupulosos que vulneran la división de poderes para lograr sus fines. Durante la prórroga, los parlamentarios británicos no podrán intervenir en las negociaciones de Johnson con la Unión Europea en las vísperas de una celebración tan arraigada en la cultura anglosajona como Halloween. Más inquietante que otras veces la de este 2019, tal vez el año bisagra de la historia británica y europea.

(*) Periodista, dirige el portal de actualidad y análisis internacional El Ínterin, es conductor en Radio Continental y en la Televisión Pública Argentina.

En Puerto Rico, las protestas por la filtración de mensajes de un grupo de Telegram con chistes sexistas y homófobos, desprecio por las víctimas del huracán María y amenazas con tono de broma contra rivales políticos provocaron la dimisión del gobernador Ricardo Rosselló. En Rusia, más de mil personas fueron arrestadas mientras emitían imágenes por YouTube en defensa del líder de la oposición, Alexei Navalny, supuestamente envenenado mientras permanecía detenido. En Sudán, el consejo militar que terminó con la dictadura de tres décadas de Omar al Bashir canceló el acceso a internet para sofocar el ardor popular.

En Praga, los checos realizaron la concentración más grande desde la caída de la Cortina de Hierro. Exigían la renuncia del primer ministro, Andrej Babis, acusado de corrupción. Cerca de mil personas fueron arrestadas en Kazajistán en medio de acusaciones masivas contra Kasim-Yomart Tokáyev, elegido presidente tras un recuento de votos considerado irregular. El final de la autocracia de Bashir en Sudán coincidió con las protestas que evitaron la candidatura para un quinto mandato en Argelia de Abdelaziz Buteflika, enfermo y postrado en una silla de ruedas desde 2013. Un títere en toda regla.

El verano boreal de 2019 no sólo elevó la temperatura del ambiente, sino también la social, en cuatro continentes: América, Asia, África y Europa. Las protestas a cuatro bandas,incluidas las detenciones en Hong Kong por medio del reconocimiento facial de los opositores al régimen comunista chino y los bloqueos de internet a los ciudadanos de Irán y una veintena de países, marcan el pulso de rebeliones que, como en las de la Primavera Árabe y las posteriores, responden a varios patrones: economía; representación política; justicia y derechos.

La gente cada vez protesta más. Y mucho tienen que ver internet y las redes sociales,vehículos inmediatos de la crispación. De los indignados de España y Occupy Wall Street, en 2011, a los chalecos amarillos de Francia, en 2018, mucha agua ha corrido bajo el puente. La respuesta ha sido la misma. No se trata en forma exclusiva de la economía, como pregonaba Bill Clinton, sino también de la corrupción, el cambio climático y los excesos de políticos inescrupulosos que, en algunas latitudes, no vacilan en ordenar la represión como respuesta.

Puerto Rico, Rusia, Sudán y la República Checa sólo coinciden en algo: los problemas estructurales, más que los coyunturales.

Las protestas, a veces, derivan en el resultado deseado o pasan a mayores en su demanda de mejor democracia o, inclusive, de democracia a secas frente a los escándalos de corrupción, la desigualdad, las violaciones de los derechos humanos, la censura y el control social, entre otros estigmas. Las movilizaciones,en ocasiones exentas de banderías políticas, aumentan en forma proporcional al autoritarismode varios líderes mundiales.

“Los autócratas contemporáneos dominan el arte de subvertir los estándares electorales sin romper su fachada democrática por completo”, observan Anna Lührmann y Staffan Lindberg, profesores de ciencias políticas en la Universidad de Gotemburgo, Suecia. Desde 2017, infieren, “la mayoría de los países aún califica como democracia (56 por ciento) pero la forma más común de dictadura es la autocracia electoral (32 por ciento)”. El desequilibrio proviene de la tolerancia frente a la corrupción como sistema, la desigualdad como inevitable y las instituciones como molinetes para las próximas elecciones, no para las próximas generaciones.

El experimento de Alexis Tsipras fracasó. No sólo por la vuelta de los conservadores al gobierno de Grecia, sino también por la decepción de la ciudadanía frente a un discurso de tono mitológico. El pronunciado en la isla de Ítaca, en el cual el líder de la coalición izquierdista Syriza asumió el papel del rey mesenio Odiseo. Transcurría 2015. Tsipras renunció al cargo de primer ministro y convocó a elecciones anticipadas con la certeza de que iba revalidar su mandato. Lo logró. Ahora, después de los pésimos resultados en las europeas de mayo, el desenlace iba a ser otro. La odisea de la derrota.

La tragedia griega se resume en dos actos: menos bebés y más emigrantes. La onda expansiva de Europa, donde los radicales de izquierda y de derecha no pudieron frente a los verdes y los liberales, coronó la victoria del partido conservador Nueva Democracia, del primer ministro Kyriakos Mitsotakis. Un desenlace que excede a Grecia, donde la típica confrontación entre ambos extremos se vio desdibujada por un duelo. El de las estirpes. El padre de Mitsotakis, Constantinos, fue primer ministro de 1990 a 1993. El pater familias, Eleftherios Venizelos, ejerció siete veces el cargo entre 1910 y 1933.

El linaje pesa frente a la desconfianza. La de un electorado que vio esfumarse la promesa de redistribución de la riqueza. Tsipras terminó adoptando políticas ortodoxas que sanearon la crisis macroeconómica, pero no decantaron en el bienestar común. El malhumor se tradujo en la mayoría absoluta del partido de Mitsotakis en el Parlamento, algo que no ocurría desde 2009. Contó con el apoyo de la izquierda, desencantada con Tsipras. En una década, Grecia soportó sacudidas y la amenaza de expulsión de la Unión Europea, a cuyo PBI contribuye con el dos por ciento. Un aporte módico, pero importante en tiempos de Brexit.

En 2011, los griegos estaban tan indignados como los españoles y otros europeos. Protestaban contra un plan que contemplaba recortes, privatizaciones y alzas de impuestos durante cinco años. De no haber sido aprobado, Grecia no iba a recibir el quinto tramo del préstamo acordado en 2010 con la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y FMI) para zafar del default. La eurozona, a su vez, iba a verse obligada a mitigar el pánico en los tambaleantes mercados de deuda de Irlanda, Portugal, España e Italia. El impacto iba a alcanzar al sistema financiero de Estados Unidos.

El arribo a Tsipras en 2015, después de tres años de conservadurismo, supuso un soplo de aire fresco. Era el primer ensayo de la nueva ultraizquierda en la vieja Europa. En los tres rescates de la economía intervinieron los hombres de negro de la troika, más interesados en los balances que en las personas. En el camino quedó la ultraderecha de Amanecer Dorado. Mitsotakis, curiosamente, se propone lo mismo que Tsipras: lidiar con los ajustes. El ingreso per cápita de los griegos bajó de 21.800 euros en 2008 a 16.800 de 2017, según Eurostat. Eso explica la fatiga democrática. Un fenómeno global, como la corrupción. Otra tragedia de Grecia, cuna de la democracia.

(*) Periodista, dirige el portal de actualidad y análisis internacional El Ínterin, es conductor en Radio Continental y en la Televisión Pública Argentina.

La filtración de los mensajes de texto durante la investigación del caso Lava Jato entre el juez Sergio Moro, ahora ministro estrella de Jair Bolsonaro, y el fiscal Deltan Dallagnol dejó al descubierto una intencionalidad política reñida con la Constitución y el Código Penal de Brasil. La revelación de The Intercept, portal del periodista norteamericano Glenn Greenwald, echó un manto de duda sobre parte de la pesquisa que derivó en procesos judiciales en varios países de América latina y llevó a prisión a un centenar de personas. Entre ellas, Luiz Inácio Lula da Silva, condenado en tiempo récord antes de las presidenciales de 2018.

Greenwald había ventilado en 2013 las intromisiones de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) en la petrolera estatal Petrobras por las cuales la presidenta Dilma Rousseff canceló una visita oficial a Barack Obama. Edward Snowden, cobijado en Moscú por el pedido de arresto de Estados Unidos después de haber trabajado en el Centro de Operaciones de Amenazas de la NSA en Hawai, la CIA y compañías privadas, le entregó a Greenwald las evidencias sobre el espionaje de la NSA y su homóloga británica, GCHQ. Las publicó el periódico británico The Guardian. Nunca fueron desmentidas.

La nueva filtración, criticada, pero no rebatida por los involucrados, hace temblar los cimientos del gobierno de Brasil. El de Bolsonaro, en caída libre en las encuestas sobre su gestión y envuelto en un manto de sospecha por la neutralidad del juez que impidió que Lula, el favorito, fuera candidato en las presidenciales y que contribuyó a la destitución de Rousseff. Casualmente, Moro, ministro de Justicia, cabildea en el Congreso para brindarles a los jueces más autoridad en las investigaciones sobre corrupción. Varios legisladores están bajo la lupa. Entre otros, el senador Flavio Bolsonaro, uno de los hijos del presidente.

En Brasil, dos de cada tres noticias que circulan en las redes sociales son falsas. Se trata del país más proclive a creerse las mentiras virtuales, según un estudio de Ipsos sobre 27 naciones. Seis de cada 10 brasileños usan a diario WhatsApp. El 66 por ciento de los votantes compartió noticias políticas por esa red social durante la última campaña, según el Instituto Datafolha. La misma proporción dio por ciertas informaciones ficticias. En los mensajes escaseaba la verdad y abundaban las mayúsculas. La estrategia de Donald Trump, adoptada por Bolsonaro.

El Lava Jato empezó en 2014 con una investigación de rutina sobre lavado de dinero. Desencadenó 400 acusaciones en Brasil; la recuperación de millones de dólares de sobornos; el suicidio de Alan García y la prisión de otros ex presidentes de Perú; crímenes en Colombia, y arrestos y sanciones en México. Lula, bajo la mira desde que dejó caer a miembros de su gobierno por la compra de votos en el Congreso por medio del mensalão (mensualidad), fue condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero por recibir un departamento en el balneario de Guarujá de la constructora OAS para obtener contratos con Petrobras.

La defensa no vacila en utilizar los mensajes filtrados como una señal de la parcialidad durante el proceso. El fiscal Dallagnol, según el intercambio con Moro por la red Telegram, dudaba de la contundencia de las pruebas. Le pedía consejos. La llamada lawfare (guerra jurídica) desdibuja la imagen del exjuez, pendiente de una vacante en el Supremo Tribunal Federal, y la de Bolsonaro, sucesor de Michel Temer, también marcado por la corrupción. Un enjambre que marca un nuevo capítulo en la turbulenta trama jurídica con condimento político de Brasil y otras latitudes.

(*) Periodista, dirige el portal de actualidad y análisis internacional El Ínterin, es conductor en Radio Continental y en la Televisión Pública Argentina.

La guerra comercial entre Estados Unidos y China tiene una faceta inquietante. La del muro que pretende levantar Donald Trump frente a la red de internet de quinta generación o 5G. Sigue la lógica de los chinos, en realidad. La Gran Muralla, construida y reconstruida por varias dinastías durante más de un milenio, tenía como fin proteger al imperio de los ataques de nómades provenientes de Mongolia y Manchuria. La emergencia nacional dictada ahora por Trump frente a los afanes de la compañía china Huawei responde al mismo criterio: resguardar los intereses de Estados Unidos en vísperas de la cuarta revolución industrial.

Todo muro tiene un fin defensivo. El de Trump frente a México, una de sus obsesiones, intenta persuadir a los inmigrantes de ese país y del Triángulo Norte de América Central (Guatemala, Honduras y El Salvador). El otro, el tecnológico, procura frenar el predominio de China en el mercado de las telecomunicaciones. El inminente desarrollo de una nueva generación de internet, más expedita y eficaz, representa para Trump “una carrera que Estados Unidos tiene que ganar”. Textuales palabras sobre un asunto que considera de seguridad nacional ante la posibilidad de que Huawei sea espía del gobierno de Xi Jinping.

Xi reforzó su poder en el XIX Congreso del Partido Comunista, de 2017, con la misión de impulsar el renacimiento de su país. El eslogan Made in China 2025 contrasta con el de Trump, America First. China, miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC) desde 2001, presume que se trata de “un ataque contra el orden liberal”. Destila capitalismo hacia el exterior, pero conserva en casa su muro de censura y de control de las personas. Sobre todo, el control digital, con acceso restringido a sitios web usuales en otros confines. En el país más poblado del planeta pocos conjugan el verbo googlear.

El arresto domiciliario en Canadá de la vicepresidenta e hija del fundador de Huawei, Meng Wanzhou, en espera de ser extraditada a Estados Unidos bajo el cargo de haber violado las sanciones contra Irán, supuso otro capítulo de la guerra tecnológica. Ocurrió el mismo día del G2 dentro del G20, la cumbre de diciembre entre Trump y Xi en Buenos Aires en la cual acordaron una tregua de tres meses. Esa tregua era por la suba mutua de aranceles a los productos importados de ambos países. Disimulaba la otra. La de fondo, la tecnológica.

China le pidió ayuda a la Unión Europea ante el riesgo de que sus compañías pasen por un trance similar. Huawei, una suerte de marca país, compra componentes y servicios en Estados Unidos, cuyas firmas también se ven afectadas. Lo de Trump tiene como precedente una declaración del Congreso en 2012: republicanos y demócratas tildaron entonces de amenazas para la seguridad nacional a Huawei y a otra compañía de telecomunicaciones china, ZTE, porque “es imposible garantizar que sean independientes del gobierno chino”. Exponían entre sus fundamentos prácticas comerciales desleales, como el robo de la propiedad intelectual.

El esfuerzo de China por imponer la red 5G, apetecible para las compañías europeas que compiten con las norteamericanas, plantea un desafío. Que Estados Unidos deje de compartir información de inteligencia con Europa ante la sospecha de ser espiado por China. Una ventana para el terrorismo. Bytes en lugar de bombas, cual Guerra Fría con muros en versión digital. El primero de la historia pudo ser el construido por orden del emperador romano Adriano en el norte de las islas británicas para preservar a los suyos de las tribus de pictos (caledonios). Transcurría el año 122. Poco ha cambiado, excepto la contraseña del wifi.

(*) Periodista, dirige el portal de actualidad y análisis internacional El Ínterin, es conductor en Radio Continental y en la Televisión Pública Argentina.

Con un par de tuits, Donald Trump desmoronó al mundo. Otra vez. Tres días antes de la reunión con las autoridades de China para evitar la guerra comercial y tecnológica, les advirtió que iba a elevar nuevamente los aranceles a los productos importados de ese país y que la negociación iba “demasiado lenta”. ¿Renegociar? “¡No!”, se respondió. Las bolsas de Asia iban en alza. Cerraron en rojo. Aquello que comenzó con la búsqueda del equilibrio en la balanza comercial con el acero y el aluminio se extendió a toda la economía en un santiamén. Siguió el credo de los acuerdos con México y Canadá y con Corea del Sur, así como la salida del pacto transpacífico. En una palabra, Terminator.

Trump repite la historia como si Estados Unidos no hubiera aprendido de sus errores. En 1920, después de haber contribuido al final de la Primera Guerra Mundial, no ratificó el Tratado de Versalles, firmado un año antes. También se retiró de la Sociedad de las Naciones, émulo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a pesar de haberla aprobado. Una década después, en 1930, durante la presidencia de Herbert Hoover, subió los aranceles de las importaciones con la ley del senador republicano Reed Smoot y del representante del mismo partido Willis Hawley, de modo de mitigar el impacto de la Gran Depresión. La recesión nacional pasó a ser global.

Regía con otro léxico y con otros recursos el eslogan America First (Estados Unidos primero). Una premisa que Trump impuso desde su campaña electoral en 2016 y que, en tanto redunde en beneficios internos y propios, no repara en los daños externos, inclusive para sus aliados. La suba de los aranceles de las importaciones chinas, así como las nuevas sanciones contra los metales industriales de Irán, su mayor fuente de recursos después del petróleo, o la “política del cowboy” contra el régimen de Nicolás Maduro, definida de ese modo por el ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, anfitrión en la embajada en Caracas del expreso político Leopoldo López, no suma. Confunde.

Las decisiones unilaterales de Trump, como la aplicación del título III de la ley Helms-Burton contra Cuba para debilitar a Venezuela y demoler el legado de Barack Obama, ponen en aprietos el consenso internacional. En el caso de Irán, el abandono del acuerdo que limitaba desde 2015 el enriquecimiento de uranio, simiente de la bomba atómica, supone un garrotazo para las compañías europeas con inversiones en ese país. Desde el anuncio, en 2018, el rial (la moneda iraní) se devaluó un 60 por ciento y los salarios cayeron en picada. La inflación estimada para 2019 ronda el 40 por ciento. La Unión Europea mantiene el acuerdo, rubricado con Estados Unidos y seis potencias mundiales, pero las sanciones contra el petróleo, que representa un cuarto de su PBI, limitaron su capacidad de maniobra.

De nada sirvió para Trump que el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) verificara el cumplimiento del acuerdo ni que la Unión Europea se abstuviera de aplicarle nuevas sanciones a Irán. La amenaza del régimen teocrático de apartarse del rumbo pone al mundo en riesgo de una eventual proliferación nuclear, así como de la ruptura del multilateralismo. La sistemática destrucción de las instituciones creadas después de otra catástrofe, la Segunda Guerra Mundial, no favorece a Estados Unidos, sino a su virtual competidor, China, cuyo presidente, Xi Jinping, a la altura de líderes históricos como Mao Zedong, Deng Xiaoping y Jiang Zemin, pasó a ser la voz cantante de la globalización.

Trump inquieta a China con los aranceles, pero le cede el Cinturón y la Ruta de la Seda. En el mundo crea el vacío de liderazgo que aprovechan, entre otros, Kim Jong-un para lanzar misiles tras reunirse con Vladimir Putin y Rusia, Turquía y, curiosamente, Irán para decidir el destino de la devastada Siria. En casa, la oposición demócrata denunció una crisis institucional por la orden de guardar bajo llave el informe completo de la investigación sobre sus vínculos con Rusia. Los zigzagueos, centrados en su reelección en 2020, desquician también a la alianza atlántica (OTAN), clave de la seguridad europea. El giro nacionalista, proteccionista y aislacionista se parece al de hace un siglo. Entonces no existía Twitter.

(*) Periodista, dirige el portal de actualidad y análisis internacional El Ínterin, es conductor en Radio Continental y en la Televisión Pública Argentina.

Cuando terminó su labor como presidente de Perú en 1878, Manuel Justo Pardo y Lavalle viajó a Chile. Regresó al ser elegido senador. Mientras ingresaba en el recinto, Melchor Montoya, sargento de la guardia del Congreso, le disparó a quemarropa. El historiador italiano Tomás Caivano concluyó: “Fue algo más que el asesinato de un hombre: fue el asesinato de Perú”. ¿Fue el suicidio del ex presidente Alan García el suicidio de Perú? El suicidio de un país del cual Mario Vargas Llosa no sabe, desde que escribió la novela Conversación en la Catedral a finales de los sesenta, en qué momento se jodió.

No hubo un momento preciso. Desde la independencia en 1821, en medio de una guerra devastadora, la construcción de vías férreas y la explotación del guano de sus islas derivó en las primeras sospechas de corrupción. En casi dos siglos, el único presidente preso había sido Augusto Leguía, muerto en 1932 en el Panóptico, cárcel de Lima. La corrupción llevó a prisión al jefe de los servicios secretos de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, grabado por las cámaras de su despacho mientras sobornaba a políticos, banqueros, empresarios, jueces, militares y periodistas, como consta en los vladivideos.

Luego iba a caer Fujimori por crímenes de lesa humanidad y corrupción, así como sus sucesores desde 2000 e inclusive su hija Keiko, primera dama en los noventa y candidata presidencial en 2011 y en 2016 en prisión preventiva por lavado de activos procedentes de la contabilidad paralela de la constructora brasileña Odebrecht. García, presidente de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011, se vio envuelto en la trama de sobornos por haberle concedido a esa empresa la línea 1 del Metro de Lima y por aportes irregulares para su campaña. Decidió quitarse la vida antes de exponerse al calvario que afrontan sus pares Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Ollanta Humala (2011-2016) y el prófugo Alejandro Toledo (2001-2006).

Impedido de salir del país, García se refugió en la residencia del embajador de Uruguay en Perú. Dos semanas después, el presidente Tabaré Vázquez le denegó el asilo. Quedó nuevamente a merced de los tribunales por el emblemático caso Lava Jato. En su casa del barrio limeño de Miraflores prefirió terminar con su vida antes de someterse a las pesquisas de la fiscalía. Kuczynski, acusado de haber otorgado a Odebrecht la Carretera Interoceánica Sur y el proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos cuando era ministro de Toledo, había sido trasladado la noche anterior de su celda a una clínica privada.

En Perú, familiarizado con los juicios a los exmandatarios, el dictador militar Francisco Morales Bermúdez (1975-1980) fue condenado a cadena perpetua por una corte de Roma a raíz de la muerte de 23 italianos durante el apogeo del Plan Cóndor. Ningún suicidio es digno, por más que el de García haya sido “un acto de honor”, como interpretaron en el Partido Aprista. Idénticas palabras coronaron los drásticos desenlaces de los presidentes de Brasil, Getulio Vargas (1930-1945 y 1951-1954); de Chile, Salvador Allende (1970-1973), y de República Dominicana, Antonio Guzmán (1978-1982) en épocas y circunstancias diferentes.

En el mayor arreglo de la historia contra la corrupción, Odebrecht les pagó 4.500 millones de dólares a los gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Suiza por haber infringido la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero a cambio de contratos lucrativos. Tres años de investigación llevaron a 77 de sus ejecutivos a colaborar con la justicia brasileña. El presidente de la empresa, Marcelo Odebrecht, está en prisión, así como Lula. Una réplica de la estatua del Cristo Redentor de Río de Janeiro domina la costa de Lima. No responde a la duda de Vargas Llosa sobre el momento, sino sobre la causa por la que se jodieron Perú y otros países.

(*) Periodista, dirige el portal de actualidad y análisis internacional El Ínterin, es conductor en Radio Continental y en la Televisión Pública Argentina.

De haber ocurrido en Europa o en Estados Unidos, la masacre provocada por Brenton Tarrant, ciudadano australiano de 28 años, pudo haber conmovido a la opinión pública primero y engrosado las estadísticas después. Ocurrió en Nueva Zelanda, donde los tiroteos masivos son tan raros como los crímenes de odio. Tarrant cargó las armas en su coche, condujo hasta dos mezquitas cercanas de Christchurch, se puso un casco con una cámara y, cual videojuego, disparó contra todo aquel que se cruzara en su camino. Mató a 50. En vivo y en directo por las redes sociales.

Por la masacre, la primera ministra Jacinda Ardern planteó endurecer la ley sobre la venta de armas: la edad mínima para poseerlas es de 16 años y, de tratarse de semiautomáticas, de 18. Tarrant usó cinco armas. Tenía licencia para portarlas. Curiosamente, mientras Nueva Zelanda restringe las armas, otro país, en otro continente, Brasil, uno de los más violentos del planeta, en el cual hubo 10 muertos en un tiroteo masivo en un colegio público, el presidente Jair Bolsonaro quiere facilitar la venta y la posesión como autodefensa. En España, el partido ultraderechista Vox propuso sin suerte una iniciativa similar.

El fondo de la cuestión, más allá de la patología de los criminales, radica en el contagio del modus operandi: elimino a todo aquel con el que discrepo, aunque me vaya la vida. Tarrant, finalmente detenido, difundió un manifiesto en el cual saluda a Donald Trump, “un símbolo renovado de la identidad blanca y del propósito común”. Saluda a Trump por haber dictado políticas contra los musulmanes y los inmigrantes. Trump, anfitrión de Bolsonaro, no tiene la culpa de la masacre de Nueva Zelanda, pero le cabe la responsabilidad de haber propagado el virus de la supremacía blanca.

Contagiado, Tarrant imitó de Anders Breivik, el terrorista noruego de ultraderecha que mató a 77 personas en 2011. Su manifiesto, al estilo del legado por Theodore Kaczynski, alias Unabomber, tras mantener en vilo durante 17 años a Estados Unidos con sus cartas bomba, inspiró a varios criminales. El canto a la supremacía blanca llevó a Dylann Roof a matar a nueve afroamericanos en una iglesia de Charleston, Carolina del Sur, en 2015, así como a Luca Traini a herir a seis inmigrantes africanos en Macerata, Italia, en 2018. “Eliminemos a los invasores” y “recuperemos Europa”, clama Tarrant. Una retórica cercana a los preceptos del ministro de Interior de Italia, Matteo Salvini, y del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.

Tarrant no dejó nada librado al azar. Matizó la transmisión de la matanza por Facebook con una canción dedicada a Radovan Karadzic, el serbio que liquidó a miles de musulmanes bosnios y croatas en Srebrenica y en el conflicto de Bosnia y Herzegovina entre 1992 y 1995 y que ha sido condenado a cadena perpetua por un tribunal de la ONU en La Haya. Iba con un chaleco antibalas con un parche del Batallón Azov, rama paramilitar neonazi de Ucrania. En su rifle había garabateado las insignias de David Lane, el supremacista norteamericano que instaba a los suyos a “asegurar un futuro para los niños blancos”.

Nueva Zelanda no es Brasil, marcado a fuego por 64.000 asesinatos por año. El ingreso en un colegio del área metropolitana de San Pablo de dos exalumnos armados que mataron a ocho personas y se suicidaron emuló una tragedia de otras latitudes. Bolsonaro, asesorado por Steve Bannon, exladero de Trump, tampoco es el culpable, pero en su campaña simuló un arma con los dedos. Le cabe la responsabilidad de haber propagado el odio. El mismo día de la masacre, su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, presentó su primer proyecto de ley: la autorización para instalar fábricas civiles de armas y municiones.

(*) Periodista, dirige el portal de actualidad y análisis internacional El Ínterin, es conductor en Radio Continental y en la Televisión Pública Argentina.

El Brexit empezó con un engaño. El primer ministro David Cameron creyó en febrero de 2016 que había logrado en Bruselas un estatus exclusivo para el Reino Unido en la Unión Europea. Algo así como un divorcio rentable. Lo sometió a un referéndum, en el cual ganó su posición, pero no pudo contener la erupción del volcán entre los suyos, los conservadores. Su sucesora, Theresa May, intentó activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Quiso lograr la salida del bloque continental sin consultar al Parlamento. Una ciudadana británica nacida en Guyana, Gina Miller, recurrió al Tribunal Supremo. May debió rendir cuentas en la Cámara de los Comunes.

Ese fue el comienzo del sinuoso camino que emprendió May, alias Maybe (tal vez), en enero de 2017. Dos años después, May zafó por escaso margen de una moción de censura después de ver cómo se hundía el acuerdo que ella misma había alcanzado en Bruselas. Un reguero de mentiras llevó a May a admitir que el Brexit, con acuerdo o sin él, sacrificará entre un dos y un ocho por ciento del PBI y hará revivir la recesión de 2008. Son los cálculos de su gobierno. Debían mantenerse en secreto. Diputados conservadores, en discrepancia con May, y laboristas, en discrepancia con su líder, Jeremy Corbyn, también acusado de ser antisemita, conformaron ahora un bloque independiente.

De todo laberinto se sale por arriba, decía Leopoldo Marechal. Del brete en el cual se metió el Reino Unido con el Brexit se sale por un costado. O por la puerta de servicio. May vive en la cuerda floja a plazo fijo. Hasta el 29 de marzo, fecha prevista para la ruptura con la Unión Europea, y el 26 de mayo, cuando se realicen las elecciones del Parlamento Europeo con candidatos británicos o sin ellos. Si los laboristas quisieron echar a May, los mismos conservadores que pretendían deshacerse de ella terminaron saliendo en su defensa. El 14 de enero sobrevivió gracias a 19 votos. Maybe pasó a ser Maybot (por robot).

El resultado del referéndum de 2016 no dejó margen para la aclamación: 52 por ciento por el sí y 48 por el no. De repetirse, nadie asegura que se selle la fisura. De cambiar la tendencia, ¿qué legitimidad habrá tenido la consulta original? El Brexit sumió a May, así como a Cameron y a la oposición laborista, en un fracaso histórico. Un acto de autoinmolación de la segunda economía de Europa. El Banco de Inglaterra estima que podrían perderse 10.000 empleos en el sector financiero de concretarse con un acuerdo y, en un plazo de tres a cinco años, otros 75.000 de concretarse sin un acuerdo. En ambos casos, con aumentos en los costos de la seguridad, la salud y la educación.

La sociedad continúa tan divida como el Reino Unido. El nudo gordiano pasa por evitar una frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte. La frontera encauzada por el Acuerdo de Viernes Santo de 1998 en Belfast, apoyado y financiado por la Unión Europea después de tres décadas de violencia entre las comunidades católica (republicana) y protestante (unionista). El backstop o salvaguarda establece que si después del período de transición (hasta diciembre de 2020), Londres y Bruselas no firman un acuerdo comercial, Irlanda del Norte quedaría sometida a algunas normas de la Unión Europea.

Tan caótico ha sido todo que la Unión Europea, sin un interlocutor fiable en el otro extremo de la mesa, sacó músculo ante la posibilidad de perder un país y, por contagio, otros. La ola de celebraciones por el Brexit, capitalizada por la ultraderecha y alentada por Donald Trump, tocó fondo. Desde los nacionalistas italianos Matteo Salvini y Luigi Di Maio, hasta el primer ministro húngaro Viktor Orbán, su ex par polaco Jaroslaw Kaczynski y el partido Alternativa para Alemania levaron las anclas ante la idea de salir del euro y de la Unión Europea. El Brexit terminó siendo nocivo para sus creadores. Un remedio con efectos secundarios peores que el malestar. Maybe, Maybot, Maynot.

(*) Periodista, dirige el portal de actualidad y análisis internacional El Ínterin, es conductor en Radio Continental y en la Televisión Pública Argentina.

La crisis de Venezuela tenía fecha de vencimiento: el 10 de enero. Era el plazo que establecía la Constitución de 1999, la reformada por Hugo Chávez, para el final del mandato de su delfín, Nicolás Maduro. La nueva toma de posesión de Maduro, no reconocida por la Asamblea Nacional (Parlamento) ni por buena parte de la comunidad internacional por la falta de transparencia y de garantías en las elecciones del 20 de mayo de 2018, implica un salto al vacío. O, en realidad, una nueva huida hacia adelante, de modo de atenuar el impacto de las sanciones de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea contra varios jerarcas del régimen, más allá de los padecimientos del pueblo y de una diáspora en ascenso.

No se trata de un capricho de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Japón, Australia, el Grupo de Lima o la Organización de los Estados Americanos (OEA). Ni, en palabras de Maduro, de una “guerra económica del imperialismo”. En un país con una hiperinflación trepidante, sin alimentos ni medicinas, con represión y presos políticos, entre otras calamidades, el régimen incumplió los plazos previstos para las elecciones, inhabilitó a candidatos opositores y, valiéndose del aparato estatal, rubricó una victoria cantada. Situación que confirma una verdad a gritos: las elecciones por sí mismas no legitiman la democracia. En ocasiones, cuando son manipuladas, la degradan.

Las tretas de Maduro, aupado por Rusia, China, Turquía, Irán y pocos más, comenzaron en 2016, cuando se valió del Consejo Nacional Electoral (CNE) para anular el referéndum revocatorio en su contra y postergar las elecciones regionales. Un año después abolió el requisito constitucional por el cual debía consultar al pueblo para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Ambas prerrogativas fueron consecuencia de la derrota en las elecciones de 2015. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le recortó poderes a la Asamblea Nacional, dominada por la oposición. De hecho, Maduro no renueva su mandato ante ese órgano, como corresponde, sino ante el TSJ.

La fuga a Estados Unidos de Christian Zerpa, juez afín a Maduro que cuestionó las elecciones por no ser “libres ni competitivas” y fue acusado de abuso sexual, puso de nuevo en evidencia la otra arista de Venezuela: hasta aquellos que comulgaban con el gobierno, como la fiscal Luisa Ortega Díaz, renuente a aprobar la represión, procuraron escapar. Los jueces que pudieron huir crearon el llamado Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, encolumnado con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, del partido de Leopoldo López, Voluntad Popular, en desconocer al nuevo gobierno de Maduro.

Por 13 votos contra uno, el del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el Grupo de Lima le recomendó a Maduro abstenerse de renovar su mandato hasta 2025. El México de AMLO, las iniciales del mandatario, retomó la política de no injerencia del PRI: adujo que no iba a intervenir en los asuntos internos de otro país ni iba a condenar a un gobierno extranjero. Posición a la cual adhirió, fuera de ese ámbito, el gobierno de Uruguay, enfrentado con el embajador en China del primer gobierno de Tabaré Vázquez y el canciller de su sucesor, José Pepe Mujica, Luis Almagro, secretario general de la OEA.

Almagro, en disidencia con Vázquez y con Mujica a pesar de pertenecer al mismo espacio político, el Frente Amplio, está convencido de la necesidad de aplicar en Venezuela la Carta Democrática por la ruptura del orden constitucional. Una medida drástica que también le cabe a la Nicaragua de Daniel Ortega, uno de los pocos aliados de Maduro en la región, con sus 561 muertos y 4.578 heridos desde el comienzo de la represión en abril de 2018, según datos de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh).

El éxodo de venezolanos, al igual que el de nicaragüenses, no cesa. El Carné de la Patria (burda copia de la libreta de racionamiento cubana) contribuye al control estatal de los ciudadanos en Venezuela. El reconocimiento del fracaso del modelo productivo de Chávez, una de las pocas autocríticas de Maduro, tampoco atenúa el malestar. La oposición política, siempre dividida, poco y nada ha logrado en su afán de enderezar la situación. De seguir el modelo de Cuba, que maneja varios estratos de la burocracia estatal y los servicios de inteligencia venezolanos, la ecuación de Maduro es simple: expulsa a los descontentos y contenta a los suyos mientras libra una guerra mundial ficticia. La cortina de humo del fiasco y de la corrupción.

(*) Periodista, dirige el portal de información y análisis internacional El Ínterin, y es columnista en la Televisión Pública Argentina.

Detrás de los destrozos provocados por el movimiento de los chalecos amarillos en Francia, a raíz del incremento de los impuestos sobre los combustibles y de su consecuencia inmediata, la pérdida del poder adquisitivo, subyacía una estrategia de Emmanuel Macron vinculada con el cambio climático. Pretendía potenciar alternativas para rebajar las emisiones de dióxido de carbono (CO2), el principal gas de efecto invernadero, en paulatino y preocupante aumento. En 2018, las emisiones crecieron alrededor del 2,7 por ciento. Un récord en la historia de la humanidad que, más allá del resultado económico, hipoteca tanto el presente como el futuro.

Macron gastó la bala de plata con el intento de desalentar el consumo de combustibles fósiles por medio del aumento de los impuestos. La ira de la calle contra la llamada tasa al carbono llevó todo a foja cero mientras la COP24 (la cumbre del clima para aplicar las reglas del Acuerdo de París de 2015) debatía en la ciudad polaca de Katowice cómo instrumentar políticas ambientales viables. Sólo en ese país, Polonia, mueren 50.000 personas por año por respirar el aire más contaminado de Europa. El compromiso final reclama la necesidad de “cambios urgentes y sin precedente” para evitar que la temperatura del planeta aumente más de dos grados a finales de siglo.

La victoria de los chalecos amarillos, celebrada elípticamente por Donald Trump tras haberse apartado del “defectuoso” Acuerdo de París porque “eleva el precio de la energía para los países responsables mientras encubre a algunos de los más contaminantes del mundo” echó por la borda la oportunidad de Macron de demostrarles a sus pares que podía tomar decisiones difíciles si de combatir el calentamiento global se trataba. La claudicación, más allá del balazo en el bolsillo, va a contramano de la convicción del 94 por ciento de los franceses sobre la responsabilidad humana en ese fenómeno y del 73 por ciento sobre su impacto perjudicial, según la Encuesta Social Europea.

La retirada de Trump del Acuerdo de París tuvo como correlato en Francia el eslogan “Make our Planet Great Again” y la creación del Alto Consejo para el Clima. Una forma de contrarrestar del otro lado del Atlántico la reducción de fondos para la investigación climática en organismos federales de Estados Unidos. La violencia en París y otras ciudades dejó en un segundo plano las alarmas ambientales. La duda: ¿cómo ponerles precio a las emisiones, de modo de desalentarlas? Sólo el 12 por ciento de las emisiones del planeta están gravadas, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El combustible en Francia no sólo mueve vehículos. También se utiliza para la calefacción hogareña, sobre todo en las zonas rurales. Macron, elegido en mayo de 2017, pretendía cobrar impuestos para reducir el déficit, más allá de su discurso ecologista. La supresión del impuesto a las grandes fortunas, así como otras medidas impopulares, derivó en las protestas. Un reflejo de la fractura social en la cual Macron se ganó a pulso el mote de presidente de los ricos. Cuando asumió el gobierno, según el centro de investigación Pew Research Center, el mundo pensaba que los problemas primordiales eran el terrorismo, asociado al Daesh, ISIS o Estado Islámico, y el cambio climático. El primero subsiste. El segundo se ha visto relegado por los ciberataques y los refugiados.

En vísperas de las elecciones europeas de 2019, los verdes pretenden capitalizar un filón que no contemplan los partidos de ultraderecha. Tanto Alternativa para Alemania (AfD) como Trump y Jair Bolsonaro, que tiene en sus manos la vital selva del Amazonas, creen que el cambio climático es una suerte de ardid. Que las lluvias sean diluvios en India, que un huracán arrase diques y represas en Estados Unidos o que un tifón barra islas enteras en Filipinas no es más que un castigo divino. El hombre no tiene arte ni parte. En una década, 21 millones de personas se vieron forzadas a abandonar sus hogares por desastres naturales. El triple de los desplazados por las guerras en todo el mundo.

En India, tras la peor sequía en 140 años, el número de los suicidios de agricultores creció en forma proporcional con el aumento de la temperatura, según la Universidad de California. La inseguridad alimentaria pasó a ser un daño colateral en las guerras de Siria y Yemen. En sociedades esencialmente agrícolas, como las africanas, un estudio estimaba en 2013 que la violencia interpersonal aumentaba un 4 por ciento y los conflictos intergrupales un 14 por ciento “por cada variación de una desviación típica en el clima hacia temperaturas más cálidas o lluvias más extremas”.

Las pérdidas por las olas de calor, las sequías, las inundaciones, los huracanes y los incendios forestales, calculadas por las compañías de seguros como los principales riesgos del planeta, desvirtuaron la ligazón entre la fortaleza de la economía y las emisiones de CO2 procedentes de los combustibles fósiles y de la industria. En los últimos años, el crecimiento del PBI mundial se concentró en un 60 por ciento en China, Estados Unidos, Europa e India. La temperatura de la Tierra está 1,1 grado centígrado por encima del promedio preindustrial. Algo nunca visto. De llegar a 1,5 o 2, la situación sería dramática. Estamos en el umbral.

(*) Periodista, dirige el portal de información y análisis internacional El Ínterin, y es columnista en la Televisión Pública Argentina.

El Brexit avanza a los tumbos. Con más bajas que altas en el gobierno de la primera ministra británica, Theresa May, enfrentada tanto con sus filas, las conservadoras, como con las laboristas de Jeremy Corbyn, desconfiados del borrador de 585 páginas labrado en Bruselas. La salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) tiene fecha establecida, el 29 de marzo de 2019, pero siembra un tendal de dudas: desde los controles fronterizos entre Irlanda del Norte, miembro del Reino Unido, e Irlanda, miembro de la UE, hasta el destino de los territorios de ultramar, entre los cuales se encuentran las islas Malvinas.

Sin mencionarlas, el gobierno británico se atajó en julio de 2018 sobre “las dependencias de la Corona, Gibraltar [para el cual el borrador fija una cooperación especial con España] y los demás territorios de ultramar” durante el Brexit. Con el documento Legislación para el Acuerdo de Salida entre el Reino Unido y la Unión Europea procura aventar temores. Las autoridades británicas, dice, “están colaborando estrechamente con estos gobiernos para asegurar que sus prioridades sean tenidas en cuenta durante las negociaciones para la salida con la UE, la instrumentación y la relación futura”.

Se trata de un proceso inédito, tan incierto como su desenlace. “No hay marcha atrás”, según la primera ministra May. Si no hay vuelta atrás, como tampoco puede haberla en la exigencia legítima de Argentina de su soberanía tras la usurpación de las Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur, los espacios marítimos circundantes y el sector antártico argentino, en 1833, puede abrirse una ventana de oportunidad. O, acaso, entornarse. Todo depende de la estrategia del gobierno de Mauricio Macri, más proclive a la conciliación que a la confrontación.

Argentina y Gran Bretaña acordaron el 13 de septiembre de 2016 “remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico” de las Malvinas, “incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”. El comunicado, llamado Foradori-Duncan por Carlos Foradori, entonces secretario de Relaciones Internacionales, y su par británico, Alan Duncan, también siembra dudas. Era martes y 13: permite que los isleños estrechen vínculos con países vecinos por medio de vuelos regulares y supedita el reclamo de la soberanía a la Declaración Conjunta del 19 de octubre de 1989.

¿Es un trancazo para la discusión de fondo? La resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, aprobada en 1965, reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. En ese ámbito, el Comité Especial de Descolonización insta cada año a las partes a dialogar. Gran Bretaña se opone. En 1974 hubo una propuesta británica de condominio con salvaguardias y garantías para los isleños. Perón la aceptó. Murió días después. Su viuda no se creyó capaz de llevarla adelante.

El estatus jurídico de las Malvinas, “territorio británico de ultramar”, determinado por el Tratado de Lisboa en 2007, debería dejar de tener valor legal a partir del Brexit. Obedeció en aquel momento, tras el traspié que sufrió el proyecto de Constitución Europea en 2004, a la llamada disciplina comunitaria. El Fondo Europeo para el Desarrollo previó para el período 2014-2020 una ayuda para las islas de seis millones de euros que, en principio, debería interrumpirse un año antes.

El gobierno británico deberá apuntalar la economía de las islas con subvenciones a la pesca, enfocada especialmente en las exportaciones a España. La producción de carne, vital en las áreas rurales, ha tenido como principales destinatarios a Francia, España, Bélgica y Grecia, así como al Reino Unido. La UE, cuyas importaciones representan el 70 por ciento del PBI de las Malvinas, no se verá obligada a favorecer los intereses de un país que deja de ser miembro.

Gran Bretaña, más allá de la economía, teme que, tras el divorcio, sus ahora pares comunitarios le quiten el respaldo en la Asamblea General de la ONU. En junio de 2017, una abstención inesperada permitió referir para consulta a la Corte Internacional de Justicia en La Haya el estatus de las islas Chagos, archipiélago de más de 50 islas en el Océano Índico que la República de Mauricio reclama como parte de su territorio. Sus habitantes fueron expulsados por el Reino Unido entre 1965 y 1973. La isla más grande, Diego García, alberga una base militar de Estados Unidos. Un socio estratégico imprevisible en la era Trump.

(*) Periodista, director del portal de información y análisis internacional El Ínterin, y columnista en la Televisión Pública Argentina.

Donald Trump no pudo con Donald Trump. En su primera prueba electoral después de haber ganado la presidencia en 2016, los republicanos mantuvieron la mayoría de número en el Senado, pero perdieron el control de la Cámara de Representantes. Un riesgo para Trump, expuesto a la posibilidad de que los demócratas inicien investigaciones y exijan comparecencias por cualquiera de sus desatinos: desde sus dudosas declaraciones impositivas, los negocios familiares y su affaire con la actriz porno Stormy Daniels hasta la obstrucción de la justicia en la pesquisa sobre el vínculo entre su campaña y Rusia, a cargo del fiscal Robert Mueller.

Un eventual impeachment queda lejos: requeriría el apoyo de dos tercios del Senado. El reequilibrio de fuerzas refleja la polarización de la sociedad. Pocas veces tan marcada. Las grandes ciudades votaron por los demócratas y las regiones rurales se inclinaron por los republicanos. O, en realidad, por preservar el lema America First de Trump. La economía marcha viento en popa, pero no influyó tanto como otros factores. En el Congreso habrá más mujeres y diversidad racial y religiosa que nunca. Demócratas y republicanos ven la realidad con prismas diferentes. Los de CNN y los de Fox News, diametralmente opuestos a la hora de evaluar si el vaso está medio vacío o medio lleno.

En una sociedad partida al medio hasta la propia tropa de Trump se ha rebelado. Más de 20 legisladores de su partido tiraron la toalla. Decidieron retirarse. No reincidir. La derrota de los republicanos en Estados del Medio Oeste como Michigan, Kansas y Wisconsin, así como la elección en Colorado del primer gobernador gay, trazan un mapa no necesariamente uniforme. El sistema de pesos y contrapesos, volcado por Madison, Hamilton y Jay en el libro El Federalista, publicado en 1780, fundamenta el equilibrio y la separación de poderes. Fija un límite que Trump se ha visto tentado a transgredir.

Trump no pudo con la historia. Las elecciones de medio término de 1994 en Estados Unidos cambiaron en forma drástica el curso del gobierno de Bill Clinton. La llamada revolución republicana, encabezada por Newt Gingrich, aprovechó la fallida reforma del sistema de salud y los escándalos de corrupción en la Casa Blanca y en el Congreso para imponerse en las legislativas y ganar una docena de gobernaciones. Entre ellas, la de Texas. La de George W. Bush, cuya presidencia, marcada en 2001 por la voladura de las Torres Gemelas, también sufrió un cimbronazo. Fue en las elecciones de medio término de 2006, fatales para el ala dura de su gobierno. La del vicepresidente Dick Cheney.

Fatales también resultaron para Barack Obama las elecciones de medio término de 2010. Las primeras después de la resonante victoria de 2008. “Ha sido una paliza”, admitió tras la derrota frente a los republicanos. Frente al Tea Party, en realidad. Una constelación de ultraconservadores que, en defensa de los valores, rechazó la agenda de Obama. El sacudón y el reconocimiento de los errores, como ocurrió con Clinton y con Bush, les permitieron enderezarse y ser reelegidos dos años después. Esa es la esencia de las elecciones de medio término: sintonizar con la ciudadanía después de un par de años en la burbuja de la Casa Blanca.

La campaña más cara de la historia también ha sido una de las más agresivas. Trump, en el centro de la controversia, llamó “la peor escoria del mundo” a los hondureños, guatemaltecos y salvadoreños que marcharon hacia México con la intención de ingresar en Estados Unidos. La inminente invasión de extranjeros indocumentados, supuestamente alentada por los demócratas, iba a ser facilitada por candidatos a gobernador que, según Trump, pretendían suprimir el derecho de portar armas emanado de la Segunda Enmienda de la Constitución. Fake news (noticias falsas), a tono con su léxico. Una autoridad estatal no tiene potestad federal.

El partido del presidente, republicano como el de Trump y el de Bush o demócrata como el de Obama y el de Clinton, ha perdido bancas en el Congreso en casi todas las elecciones de medio término desde 1789. Las de 2018 tuvieron un componente especial: el temperamento de Trump, desentendido de su partido, y la rara participación en la campaña de un ex presidente, Obama. ¿Un revival a la inversa de 1858, cuando los demócratas del presidente James Buchanan fueron aplastados por el partido de los nuevos republicanos de Abraham Lincoln? La fractura derivó entonces en la Guerra de Secesión, entre 1861 y 1865.

Un disparate hoy, más allá de los crímenes de odio y de los frustrados atentados con paquetes bombas contra Obama, Hillary Clinton y otros demócratas. Un invento de la prensa, según Trump. Su versión 2018 no dista de la versión 2016. Nunca dejó de estar en campaña. De avanzar los demócratas, ha dicho con argumentos menos sólidos que el viento, Estados Unidos estaba en vías de convertirse en la Venezuela de Nicolás Maduro y en un paraíso de narcos, asesinos y violadores. Lo peor de lo peor, como supo entonarse en su momento contra los mexicanos en su afán de amurallar la frontera sur. Su mejor aliado ha sido el miedo, parteaguas de una sociedad de por sí dividida.

(*) Periodista, dirige el portal de información y análisis internacional El Ínterin, y es columnista en la Televisión Pública Argentina.