Un llamado alertó a las 8:40 a los servicios de emergencias de Tandil de una amenaza de bomba en la Escuela Secundaria N°1 “Lucio Mansilla”, ubicada en Fugl y Azcuénaga.

Se hicieron presentes en el lugar una dotación del Cuartel Central de Bomberos y efectivos policiales que realizaron los procedimientos de rutina para este tipo de eventos y dieron aviso a la División de Explosivos para poder trabajar en el establecimiento una vez desalojado el mismo de alumnos, docentes y autoridades.

El Gobierno ya decidió sacrificar crecimiento en pos de equilibrar las cuentas y mantener a raya al impredecible dólar, capaz de arruinar cualquier plan económico, como se demostró en el pasado.

El FMI lo confirmó esta semana: la economía argentina caerá también en este año electoral, aunque menos que en 2018: 1%.

Recién volvería al terreno positivo en el 2020, ya con un nuevo gobierno en el poder, que deberá hacer frente a los exigentes vencimientos previstos para 2022/2023.

La administración de Mauricio Macri es consciente de que tener tasas cercanas al 60%, elevar las tarifas a la estratósfera, aumentar la presión impositiva y eliminar subsidios, sólo se puede traducir en un dramático aumento de la pobreza.

Sólo en la Ciudad de Buenos Aires hay 120.000 pobres más que un año atrás, y la clase media dio un fuerte paso atrás, según surge del último informe de la Dirección de Estadística y Censos porteña para el tercer trimestre de 2018.

Y ahí no está incluido el último trimestre del 2018, un año para el olvido, ya que en ese período la pobreza creció aún más.

El 21% de los habitantes porteños -639.000- se ubican por ingreso debajo de la línea de pobreza, y de ese total 198.000 son indigentes, es decir, no llegan a cubrir la canasta básica de alimentos.

Otro dato dramático afecta a la clase media, principal clientela electoral de la alianza gobernante: en un año las personas en ese estrato social cayeron en forma dramática de 1.689.000 a 1.494.000.

Uno de los pocos datos positivos que puede extraer el gobierno del 2018 es la reversión del signo negativo de la balanza comercial.

Tras la fuerte devaluación, el déficit comercial del año pasado bajó a la mitad como consecuencia de la mejora de las exportaciones y la caída de las importaciones.

La balanza comercial, un dato clave para la cuenta de dólares, rondaría un saldo favorable de US$ 7.000 millones en este 2019.

El regreso de dólares comerciales explica que el Banco Central haya salido a comprar US$ 340 millones en lo que va del año.

Esto, además de mantener calma la cotización de la divisa, una de las variables más sensibles para el bolsillo de los argentinos, se reforzará a partir de abril, cuando se empiecen a liquidar los dólares de la cosecha gruesa, con campaña récord en trigo y una muy buena de soja.

El sector agropecuario aportará divisas por unos US$ 28.000 millones de dólares este año.

Las reservas del Banco Central cerrarán enero en los US$ 66.400 millones.

Son US$ 41.000 millones más de lo que recibió el gobierno a fines de 2015.

Si la liquidación de divisas engrosa las reservas en su totalidad, el BCRA alcanzaría los US$ 95.000 millones a mediados de año, un nivel récord.

Habrá que tener en cuenta como juegan en esos números los US$ 57.100 millones que terminará poniendo el FMI.

Sería una señal de tranquilidad para los acreedores, ya que estarían cubiertos los compromisos financieros hasta casi todo 2020.

Pero que ese engranaje funcione requerirá convencer a la sociedad de que se necesitan cuatro años más de gobierno de Macri, un desafío que por ahora aparece muy complicado.

Para el Gobierno, el déficit cero y el dólar tranquilo se consolidan como los principales pilares económicos de la estrategia oficial para el año electoral.

Pero poco hacen por poner un plato de comida en la mesa de los millones de argentinos de a pie, que vieron como en tres años se deterioró su situación personal, por una fuerte pérdida de poder adquisitivo que alcanza en muchos casos niveles dramáticos.

Las alzas en las tarifas de gas, electricidad y transporte impactarán a pleno sobre la inflación del primero cuatrimestre, por lo que 2019 arrancará con una fuerte presión inflacionaria, en un escenario recesivo.

Las subas en los precios regulados son una muy mala noticia para los usuarios, que vienen de soportar una fuerte pérdida de poder adquisitivo durante 2018, el peor año en una década.

El Gobierno buscó concentrar todos los anuncios en medio de las Fiestas, sin tener en cuenta que los ajustes irán aplicándose con distintos impactos entre enero y abril, y persistirá el desgaste político.

A estas fuertes subas se sumarán alzas en las prepagas desde febrero y ajustes en el servicio de Aysa que acumularán 44%.

Será otro combo difícil de digerir para la clase media, que observa una riesgosa pérdida de ingresos y aparece también golpeada en el plano de los emprendimientos, ya que las pymes sufrieron duros golpes a lo largo del año.

Las subas de tarifas y una tasa de interés en niveles altísimos configuran un combo perfecto para consolidar la recesión en un año electoral.

Apenas el sector financiero arroja crecimiento en el Estimador Mensual de Actividad Económica, con 21 meses consecutivos de saldo positivo.

No es una buena señal que sólo crezca el negocio financiero en cualquier país que busque ponerse camino al desarrollo.

Las finanzas aportan sólo el 3% del empleo cuando la industria -cumplió cinco meses de caída- representa el 15%, un nivel similar al comercio, cuyas ventas vienen cayendo al 10% mensual.

Para colmo, la devaluación derrumbó los números de la construcción, un sector que había tenido un muy buen primer semestre.

La caída de casi 5% en el consumo privado durante el tercer trimestre de 2018 explica en buena medida lo mal que está la economía.

En este escenario impredecible, el Gobierno buscará el año próximo avanzar con una reforma laboral que es rechazada de plano por la CGT.

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, será el encargado de intentar reducir los costos laborales que tiene la Argentina con el objetivo de “mejorar la competitividad”.

Los empresarios se quejan de que el país tiene una legislación laboral que se quedó en la primera parte del siglo XX, pero los gremios creen que los cambios buscan achicar aún más el poder adquisitivo de los salarios.

Entre los papers que maneja el equipo de Sica se buscan reducir las regulaciones y penalizaciones que terminan impidiendo nuevas formas de contratación y generación de empleo.

El Gobierno quiere sacar el año próximo la ley de blanqueo laboral, porque considera que será clave para que las pymes puedan generar trabajo.Mientras tanto, en enero se acordaría una suba del salario mínimo que viene siendo reclamada por la central obrera.

La devaluación empobreció a los argentinos, y el Producto Bruto apenas rozará los US$ 450.000 millones en el 2018.

Esto hará que la proporción de la deuda suba hasta casi el 90% de la riqueza que genera la economía, lo cual agita el riesgo de default para el 2020.

Un escenario inquietante que todavía no parece haber alcanzado su peor momento.