La baja de encajes bancarios anunciada por el Banco Central a partir del 1 de abril, con la eliminación del recargo transitorio de 5 puntos, permitirá a los bancos recuperar parte de la liquidez que tenían inmovilizada a partir de abril. La medida apunta a reducir la intervención del BCRA en el sistema financiero.

De todos modos, el nivel de encajes en Argentina sigue siendo elevado si se lo compara con otros países de América Latina. Todavía persiste una fuerte regulación de los encajes y queda un largo camino por recorrer en desregulación bancaria.

Con la eliminación del adicional de 5 puntos, los encajes sobre los depósitos a la vista disminuirán aproximadamente del 50% al 45%. Esto significa que, por cada $100 que un banco recibe en cuentas corrientes o cajas de ahorro, debe inmovilizar cerca de $45. En cualquier comparación con países de América Latina, ese número sigue resultando alto.

Comparación internacional

Para dimensionar el nivel de intervención del BCRA en el sistema financiero argentino, basta observar lo que sucede en la región. En Brasil, uno de los países con mayores restricciones en su sistema financiero, el encaje ronda el 20%. En México y Colombia se sitúa en torno al 10%. En Perú, cerca del 6 en moneda local. En Chile, el porcentaje oscila entre 4% y 5 por ciento.

Incluso en economías más dolarizadas como Uruguay, los niveles son notoriamente inferiores a los de Argentina.

Aun después de la baja, en términos estructurales y técnicos, el sistema financiero argentino mantiene encajes bancarios entre tres y cinco veces superiores al promedio de América Latina. Este nivel de regulación afecta de modo significativo la operatoria crediticia, encarece el financiamiento y tiene impactos directos en el nivel de actividad económica.

Considerando además que el sistema financiero nacional es chico, debido a la tradicional desconfianza de los ahorristas frente a antecedentes de confiscación de depósitos, los encajes elevados limitan todavía más el acceso al crédito privado. Además, el Estado absorbe buena parte del escaso crédito bancario colocando bonos a las entidades financieras.

El sistema financiero argentino termina siendo reducido por la falta de confianza de los ahorristas ante prácticas estatales de confiscación y porque los bancos destinan el poco crédito disponible a la compra de bonos del Tesoro en vez de canalizarlo al sector privado.

Impacto de la baja en el crédito

El interrogante principal ahora es si la reducción de 5 puntos en los encajes bancarios se traducirá en mayor financiamiento para el sector privado. Se estima que este recorte podría incrementar en un 6% el crédito al sector privado, tomando como referencia el stock vigente al momento de la decisión.

Sin embargo, existe la duda respecto al destino de los fondos liberados: podrían destinarse tanto al otorgamiento de nuevos créditos como a la compra de bonos indexados por inflación, dado el contexto previsto para los próximos meses.

Suena extraño esperar un notable incremento en los préstamos a las familias, considerando que la mora en los créditos a hogares representa el 10,6% de la cartera de los bancos. Además, la morosidad en préstamos personales pasó del 3,5% en enero de 2025 al 13,2% en enero de 2026, y en el caso de las tarjetas de crédito, del 2% en enero de 2025 subió al 11% en enero de 2026.

Un posible escenario es que, si bajan las tasas de interés, los bancos refinancien deudas familiares a tasas más bajas. Un comportamiento similar puede darse con las empresas, aunque su nivel de mora es sustancialmente menor.

Perspectiva sobre tasas, inflación y consumo

El impacto sobre la economía real podría ser más limitado de lo previsto inicialmente. Es probable que se observe cierta baja en las tasas de interés y una leve expansión del crédito, aunque no sería esperable un fuerte crecimiento del consumo.

Otro factor relevante es que, si la demanda de moneda no aumenta, la baja de encajes podría trasladarse a los precios, manteniendo la tasa de inflación en torno al 3% o haciendo que el descenso de la inflación sea más lento de lo deseado por las autoridades para agosto.

Al mismo tiempo, la relajación de los encajes podría moderar la caída del dólar en un escenario de inflación en alza y afectar el tipo de cambio real. Si la evolución del tipo de cambio se traslada o no al Índice de Precios al Consumidor dependerá de múltiples variables. Con el actual nivel de encajes bancarios, la caída del salario real y un tipo de cambio retrasado, las perspectivas de crecimiento son limitadas.

La semana pasada, el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la inflación de febrero, que se ubicó en el 2,9%, similar a la de enero, y mencionó que hay un reacomodamiento de los precios relativos. En la red social X, al comentar el Índice de Precios al Consumidor de febrero, publicó : “la economía argentina todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos, tras más de dos décadas de acumular distorsiones que generaron estancamiento del nivel de actividad y el empleo y una tendencia inflacionaria creciente”.

Comparto ese párrafo de Caputo en términos conceptuales, porque en materia de tarifas de los servicios públicos (luz, gas, agua, combustibles, transporte público, etc.) el kirchnerismo hizo un verdadero desastre populista que fue financiado con subsidios, los cuales se pagaron con emisión monetaria y consumo del stock de capital de la infraestructura: rutas destrozadas que luego fueron mejoradas en el gobierno de Macri, el sistema energético, los trenes que chocaban, se sacrificaron 10 millones de cabezas de ganado para mantener artificialmente barato el asado de los domingos, entre otros ejemplos.

Comparto el párrafo, pero no para explicar el problema inflacionario, menos en un gobierno en el que Javier Milei cita reiteradamente la frase del economista premio Nobel Milton Friedman: “la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”.

Primero, aclaro qué son los precios relativos en economía: son la relación entre el precio de un bien o servicio respecto al precio de otro bien o servicio. Por ejemplo: cuántos kilos de carne hay que dar a cambio de un kilo de trigo o pan. Si el kilo de carne vacuna tiene un precio de $10.000 y el kilo de pan un precio de $2.000, el precio relativo es cinco. Hay que entregar cinco kilos de pan para intercambiarlos por cada kilo de carne vacuna.

La influencia en el consumo

Los precios relativos cambian constantemente en una economía libre, porque reflejan las valoraciones de las personas por los bienes.

En un momento, las personas valoran un bien, pero al consumirlo, su utilidad marginal disminuye y pasa a demandar otro bien, dejando de consumir menos del primero. El ejemplo clásico es el de la pizza: si tengo hambre, la primera porción la como con muchas ganas, la segunda también, la tercera con un poco menos de interés, la cuarta menos aún, la quinta ya no la quiero y la sexta la rechazo. A medida que consumo porciones, baja la utilidad marginal.

Esto sucede con cualquier bien: tras consumirlo, la demanda disminuye y aumenta por otro producto. Así, baja el precio del primero y sube el del segundo. Ese movimiento constituye un cambio en los precios relativos, que es lo que permite asignar de manera eficiente los recursos productivos.

Cabe destacar que los precios relativos también pueden ser distorsionados por los gobiernos, como ocurrió con el kirchnerismo y en otros períodos con controles de precios, tipo de cambio fijo o tarifas de servicios públicos.

Diferencia de conceptos

Una cosa es un cambio en los precios relativos y otra muy distinta es la inflación, que ocurre cuando todos los precios suben al mismo tiempo porque la oferta monetaria supera la demanda de dinero. En ese caso, no estamos solo frente a un cambio en los precios relativos, sino ante un problema inflacionario, donde también pueden modificarse los precios relativos.

Hay que tener en claro que la inflación es la emisión de moneda por parte del Banco Central más allá de lo que demanda el mercado, y el cambio de precios relativos se da cuando varían los precios de un bien respecto a otro, lo cual no necesariamente genera inflación.

Ya van nueve meses consecutivos con aceleración del aumento del Índice de Precios al Consumidor del Indec, o bien algunos meses repitiendo la variación cercana a tres por ciento. Existe una tendencia alcista que, muy probablemente, se mantenga en marzo.

Si solo existiera un problema de precios relativos, algunos bienes y servicios subirían y otros bajarían, siempre y cuando la cantidad de dinero en el mercado y la demanda se mantuvieran constantes. Es decir, el nivel general de precios no aumentaría.

El peso de la expansión monetaria en la actualidad

Como se registran aumentos en el nivel general de precios desde junio de 2025, el problema está en la oferta monetaria. De hecho, M1 creció el 33,6% entre el 27 de febrero de 2026 y el 27 de febrero de 2025, y el IPC aumentó el 33,1% en ese período.

El dato es que el dinero transaccional crece al mismo ritmo que el IPC en el año, lo que indicaría que la demanda de dinero no aumenta y, ante la mayor oferta monetaria, los precios suben; suben por aumento de la oferta monetaria y no por un cambio en los precios relativos.

Otra forma de analizarlo es tomando el incremento del IPC entre febrero de 2026 y mayo de 2025, cuando se rompió la tendencia a la baja del índice; el aumento fue del 23%. En el mismo período, M1 subió el 12,4%, lo que sugiere una caída en la demanda de dinero.

El problema de la suba de la tasa de inflación no se debe a un cambio de precios relativos, sino a una cuestión monetaria. O bien la expansión monetaria muestra que no sube la demanda de dinero o, en el segundo caso, la demanda de dinero estaría cayendo.

Los indicadores oficiales muestran tasas de crecimiento interanual positivas y el Gobierno presenta estos números como evidencia de que la economía entró en una etapa de expansión. Sin embargo, una pregunta clave es cuánto de ese crecimiento refleja una mejora genuina y cuánto responde simplemente a un efecto estadístico producto de la recesión previa. Es decir, 2025 comparado con el nivel de actividad en el pozo de del año anterior.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec, muestra que la economía creció el 4,4% en 2025 en comparación con el año anterior. A primera vista se trata de una cifra que luce como una recuperación de la actividad. Pero la interpretación de ese número exige mirar los datos en detalle.

El primer elemento a considerar es la base de comparación. Durante 2024 la economía sufrió una caída importante como consecuencia del ajuste fiscal vía la licuación del gasto, la reducción del ingreso real, la paralización de la obra pública y la contracción del crédito. Sectores como la construcción, el comercio y la industria registraron descensos muy marcados.

Cuando la actividad cae con fuerza, cualquier recuperación posterior tiende a generar tasas de crecimiento interanual elevadas, aunque el nivel de actividad siga siendo bajo en términos históricos.

En otras palabras, crecer después de una recesión profunda no necesariamente implica que la economía haya entrado en una fase de expansión sostenida. Por ejemplo, si bajo del piso 10 al piso 5, bajo el 50%. Pero si subo del piso 5 al piso 10 subo el 100%. Las estadísticas pueden engañar si no se las analiza en profundidad.

El peso del agro y los sectores en la recuperación

Un segundo aspecto relevante es la composición sectorial del crecimiento. Los datos del EMAE muestran que el sector agropecuario fue uno de los principales motores de la expansión durante 2025.

La mejora climática respecto de la sequía previa permitió recuperar los niveles de producción agrícola y aumentar las exportaciones. En términos estadísticos, el agro explica una parte importante del crecimiento total del EMAE.

Sin embargo, el comportamiento del sector agropecuario suele depender en gran medida de factores climáticos y no necesariamente refleja cambios estructurales en el funcionamiento de la economía. La recuperación después de una mala cosecha genera tasas de crecimiento elevadas, pero ese efecto puede ser transitorio.

El 96% del 3,5% de crecimiento interanual, diciembre 2025 versus diciembre 2024, lo explican 3 rubros: Agricultura 1,91%, Impuestos 0,92% e Intermediación financiera 0,52%, el resto de los sectores productivos aportan poco al crecimiento de la economía o bien tuvieron caídas.

El otro tema es que dentro del EMAE se incluye el rubro “Impuestos netos de Subsidios” que es un componente contable que permite pasar del valor agregado a precios básicos al producto a precios de mercado. No es un sector productivo, sino que es un ajuste fiscal estadístico que forma parte de la medición del PBI.

Es decir, agrega al valor generado por los sectores productivos los impuestos indirectos menos los subsidios asociados a la producción y a los productos. Este rubro puede crecer, aunque la actividad productiva no crezca. Por ejemplo, si sube la recaudación de impuestos indirectos suben retenciones o el IVA aumenta y bajan subsidios económicos.

En ese caso el EMAE puede mostrar crecimiento explicado parcialmente por “impuestos netos de subsidios” y no por mayor producción real, algo que suele aparecer en las descomposiciones del indicador.

El EMAE diciembre 2025 versus diciembre 2024, sin incluir Impuestos y Subsidios, mostró un crecimiento da 2,56%, siendo el sector agropecuario el que explica casi todo el crecimiento interanual.

Industria, comercio y construcción: panoramas dispares

El fuerte crecimiento interanual del sector agropecuario en el EMAE de diciembre de 2025 tiene una causa muy clara: la cosecha de trigo excepcionalmente alta, que elevó los niveles de producción y rindes respecto de diciembre de 2024. Otros sectores muestran un desempeño mucho más moderado.

La industria manufacturera, por ejemplo, tuvo una leve baja luego de la fuerte caída del año anterior. Algo similar ocurre con el comercio, donde el consumo sigue mostrando debilidad.

La construcción constituye otro ejemplo de una mínima recuperación. Después de haber sido uno de los sectores más afectados por la recesión, comenzó a mostrar algunas señales de mejora, pero el nivel de actividad todavía es mínimo.

El mercado laboral y la sustentabilidad del repunte

Otro indicador relevante es el empleo. Las recuperaciones económicas genuinas suelen estar acompañadas por aumentos significativos del empleo formal. Los datos disponibles muestran que la creación de empleo de acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo, todavía no muestran mejoras en la creación de puestos de trabajo, por el contrario, sigue la caída.

El panorama muestra que la economía efectivamente dejó atrás la recesión aguda de 2024, pero todavía no muestra señales claras de haber ingresado en un proceso de crecimiento sostenido.

Esto no quiere decir que la recuperación respecto a 2024 no haya existido, sino que su magnitud puede ser menor de lo que sugieren los números agregados o, dicho de otra forma, el promedio. 

El avance entre el Mercosur y la Unión Europea para alcanzar un acuerdo comercial reactiva la discusión sobre supuestos dilemas. Se mencionan conceptos como “pérdida de soberanía”, “industria en riesgo” o “apertura indiscriminada”, aunque el verdadero problema radica en otro aspecto: la economía argentina enfrenta dificultades profundas porque permanece cerrada, sobrerregulada y sometida a una fuerte presión estatal. El acuerdo no genera estos problemas; simplemente los evidencia.

Existen sectores y países dentro de la Unión Europea que también presentan objeciones, entre ellos Francia, Austria, Irlanda y productores agrícolas. Estos últimos dependen de subsidios en sus respectivos países, los cuales recibirán USD 452.000 millones a través de la Política Agraria Común durante el período 2021-2027.

La Unión Europea representa un mercado de aproximadamente 450 millones de habitantes, con alto ingreso per cápita y normas relativamente estables. Para un país como la Argentina, que lleva décadas sin crecimiento sostenido, acceder a ese mercado bajo condiciones previsibles debería ser un objetivo estratégico. Sin exportaciones no existe crecimiento, y sin integración internacional, las exportaciones carecen de sustentabilidad.

La única salida viable para la Argentina es a través de las exportaciones, lo que exige inversiones capaces de incrementar la productividad y permitir la competencia. Estas inversiones, a su vez, se traducirán en nuevos empleos y mejores ingresos reales.

Proceso progresivo

Desde la perspectiva económica, el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea contempla una reducción gradual de aranceles, con plazos extensos y asimetrías aceptadas para los países del Mercosur. No implica una apertura súbita, sino un proceso progresivo que permite la adaptación de los sectores productivos.

Durante años, Argentina recurrió al proteccionismo en reemplazo de una política económica sensata. El resultado es evidente: una industria costosa, con escasa innovación y dependiente de subsidios implícitos que cargan sobre los consumidores. Cuando se plantea un acuerdo comercial serio, queda claro que el obstáculo principal no es la competencia externa, sino los costos internos: una estructura impositiva distorsiva, regulaciones laborales rígidas, infraestructura deficiente e inestabilidad macroeconómica.

El acuerdo no se limita al intercambio de bienes. Abarca servicios, inversiones, compras públicas y normativas regulatorias. Esto suele interpretarse como una cesión de soberanía, aunque en realidad implica lo opuesto: restringir la discrecionalidad del poder político. En un país donde las reglas se modifican según necesidades fiscales, compromisos internacionales actúan como un ancla institucional.

En definitiva, este acuerdo permitiría ajustar las reglas locales a los estándares del mundo desarrollado. Si bien la Unión Europea hoy no representa el paradigma del liberalismo económico, ofrece mayor previsibilidad normativa que la que existe dentro del Mercosur. De igual manera, Estados Unidos actualmente no encarna el liberalismo ni en el plano político ni en el económico.

Respecto a la implementación, el acuerdo requiere varias etapas:

> Firma política entre Mercosur y la Unión Europea, ya alcanzada técnicamente.> Revisión legal del texto en ambos bloques.> Aprobación por parte del Consejo y el Parlamento Europeo.> Ratificación por los parlamentos nacionales de los países miembros.> Aplicación gradual, con cronogramas de desgravación que en ciertos casos superan los diez años.> La integración, de este modo, se encamina a través del gradualismo y un proceso extenso.El Mercosur no logró mejorar la productividad de la economía argentina, mientras el mundo avanza hacia la conformación de grandes bloques comerciales. Permanecer al margen no significa proteger la economía, sino condenarla a mercados pequeños, inestables y con bajo poder adquisitivo. Argentina ya experimentó la autarquía, cuyos resultados fueron estancamiento, inflación crónica y deterioro del salario real.

Aunque resultan preferibles tratados de libre comercio entre Argentina y otros países o bloques, el acuerdo Mercosur–Unión Europea puede constituir el primer paso hacia una mayor integración internacional.

Chile comprendió que el Mercosur no ofrecía ventajas y optó por no sumarse, manteniendo la apertura económica iniciada en la década de 1980. Según la Subsecretaría de Relaciones Económicas de Chile, actualmente cuenta con 34 acuerdos comerciales, la mayoría de ellos de libre comercio.

Perú dispone de 12 tratados de libre comercio con diferentes países y bloques, entre ellos la Unión Europea.

Otra alternativa es el tratado de libre comercio con Estados Unidos que, hasta ahora, no ha pasado de los anuncios. Sin embargo, el acuerdo con la Unión Europea no debería excluir un eventual tratado de libre comercio con Estados Unidos.

Naturalmente, el acuerdo no sustituye las reformas internas. Sin una reducción de impuestos, sin modernización laboral y sin estabilidad macroeconómica, los beneficios serán limitados. Sin embargo, rechazar el acuerdo bajo el argumento de la falta de reformas constituye un error. Siguiendo el caso chileno, la apertura internacional puede iniciarse con un arancel único, al tiempo que el Estado avanza en reformas estructurales que permitan a las empresas competir.

En este caso no se implementará un arancel único, pero la apertura gradual a productos europeos brinda el margen necesario para encarar transformaciones estructurales.

El acuerdo Mercosur–Unión Europea no es una solución mágica, sino una herramienta. Obliga a cuestionar las causas por las que Argentina carece de competitividad y a analizar quién asume el costo de mantener un modelo cerrado. Rechazarlo significa, otra vez, elegir el camino ya transitado hacia el fracaso.

La cuestión central no radica en la conveniencia del acuerdo, sino en si Argentina está dispuesta a abandonar la comodidad de la autarquía y afrontar, finalmente, el desafío de competir a nivel global:

>  Sin exportaciones no hay crecimiento sostenido.> El acuerdo evidencia los límites del modelo cerrado.> El gradualismo permite el tiempo necesario para reformas internas.

El Gobierno analiza un proyecto para que los dólares guardados debajo del colchón, en cajas de seguridad o depositados en el exterior puedan ser usados para comprar cualquier tipo de productos.

Es más, resultaría conveniente que quienes tienen depósitos en el exterior pudieran utilizarlos para adquirir bienes en Argentina sin necesidad de traerlos al país o, si el comprador prefiere, transferirlos directamente.

La idea sería que José le compre un auto a Pedro y le transfiera dinero desde su cuenta en Miami a la de Pedro en Denver, por citar un ejemplo. Ese capital podría contribuir a movilizar la economía sin que quien posee los dólares enfrente el riesgo de una eventual confiscación en Argentina.

Por declaraciones del ministro Luis Caputo, surge la posibilidad de un blanqueo de facto. Es decir, la gente podría utilizar sus dólares ahorrados sin que se le exija justificar el origen de esos fondos. Se trataría, en la práctica, de un blanqueo indirecto.

El gran interrogante es si quien tiene esos dólares está dispuesto a sacarlos, teniendo en cuenta los antecedentes de confiscaciones en el país.

Habrá que ver qué incentivos ofrece el Gobierno a quienes atesoran divisas para que las usen en transacciones como las mencionadas.

Cuestiones clave a considerar

Si bien comparto la idea de que la gente pueda usar sus dólares para realizar transacciones, hay un punto macroeconómico central: si eso ocurre, la base monetaria aumentaría no por los pesos, sino por la incorporación de dólares al circuito.

El circulante pasaría a estar compuesto por pesos más dólares. Un incremento en la oferta monetaria debe estar acompañado por un aumento proporcional en bienes y servicios para evitar presiones inflacionarias.

Para lograr ese aumento en la oferta, es necesario incentivar una corriente inversora que amplíe la capacidad de producción o, en su defecto, liberalizar el comercio para que la oferta se complemente con importaciones.

Pero para atraer inversiones que desplacen la frontera de producción hacia la derecha, deben existir condiciones económicas e institucionales que generen confianza de largo plazo.

Eso lleva tiempo. Las elecciones legislativas de este año serán una señal sobre el futuro institucional, en particular sobre si el kirchnerismo queda debilitado o conserva capacidad política.

El costo de postergar las reformas

El otro punto ineludible es que sin reformas estructurales –laboral, impositiva, del Estado– la productividad seguirá siendo baja, y muchas empresas no tendrán incentivos para invertir.

Si se abre la economía para compensar con importaciones el efecto de mayor circulación monetaria, pero el tipo de cambio real sigue atrasado y no se aplican reformas, se corre el riesgo de destruir parte del aparato productivo y generar mayor desempleo.En otras palabras, que la gente pueda usar libremente dólares, yenes, reales o pesos para hacer transacciones es deseable. Pero la clave es la secuencia de implementación.

¿Se puede aumentar la oferta monetaria en dólares con un tipo de cambio atrasado sin afectar la economía real, o primero deben aplicarse reformas estructurales para permitir que la oferta responda al nuevo nivel de demanda?

Una buena idea que necesita respaldo

He insistido en otras columnas en que sería útil habilitar la competencia de monedas, siempre con la posibilidad de que quienes tienen ahorros en el exterior puedan hacer pagos desde allí sin ingresar los fondos al país. Esa masa de capital podría impulsar la economía, pero la medida solo funcionará si se da en un contexto de reformas estructurales previas.

Y hay otro punto esencial: ¿por qué la gente atesora dólares debajo del colchón, en cajas o en cuentas afuera? La respuesta es clara: Argentina ha confiscado sistemáticamente los ahorros de sus ciudadanos.

Memoria económica reciente: Se omite con frecuencia que en 1989 el plan Bonex transformó depósitos en bonos a 10 años. En 2001 se aprobó una Ley de Intangibilidad de los Depósitos y pocos meses después se impuso el corralito. Luego llegó el corralón, la pesificación asimétrica y los bonos como devolución parcial.

En 2008, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nacionalizó los fondos de las AFJP, apropiándose de los ahorros para conformar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. No solo se eliminó el sistema, sino que no se devolvieron los fondos acumulados.

Conclusión

Habrá que ver los detalles del proyecto oficial para fomentar el uso de dólares atesorados en transacciones cotidianas. Pero incluso sin conocer el texto completo, es indispensable señalar que cualquier plan que aumente la circulación monetaria debería ir acompañado de reformas estructurales. De lo contrario, una buena idea puede terminar fracasando por falta de condiciones previas.