La percepción de que el sistema internacional atraviesa una etapa de grave debilidad institucional frente a conflictos armados y un peligroso espiral armamentista ha vuelto al centro del debate diplomático. La incapacidad de organismos globales y regionales para incidir en crisis recientes –sea la guerra en Ucrania, Gaza o Irán– ha alimentado la idea de que los mecanismos creados en Dumbarton Oaks (1944), destinados primordialmente a mantener la paz y la seguridad internacionales mediante medidas colectivas, ya no logran cumplir plenamente su función.

El símbolo principal de esa parálisis es Naciones Unidas. Aunque su arquitectura institucional fue diseñada para evitar conflictos globales, el funcionamiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas –donde las potencias con derecho a veto pueden bloquear resoluciones de cumplimiento obligatorio– ha demostrado ser un obstáculo recurrente cuando las crisis involucran intereses estratégicos de los grandes actores. La resolución 2817 (2026), impulsada por Bharein sobre los ataques de Irán en el Golfo Pérsico, es un ejemplo.

La situación no es muy distinta en el plano regional. Organismos como la Liga árabe o la Organización de Cooperación Islámica, por solo citar instituciones relacionadas con los conflictos en Medio Oriente, han emitido tenues llamados diplomáticos a la moderación, pero sin vocación de intervenir imponiendo soluciones. Los enfrentamientos armados entre algunos de sus miembros, sumados a antagonismos históricos y estratégicos, pone a dichas entidades al borde de la irrelevancia.

Algo similar ocurre con agrupamientos que buscan representar a países del Sur Global. El Movimiento de Países No Alineados y los BRICS (recientemente ampliado) reúnen a Estados con visiones divergentes sobre seguridad internacional que pone en evidencia los límites diplomáticos que enfrentan ante crisis complejas. Las declaraciones que en ocasiones emiten hasta parecen cargar con una inercia más propia del pasado que del siglo XXI.

La misma aporía institucional se manifiesta en otros foros diplomáticos más amplios como el G20. Un ejemplo está relacionado con la decisión de Estados Unidos de excluir a Sudáfrica de la próxima Cumbre. China y otras potencias emergentes se han limitado a expresiones genéricas de solidaridad que rayan con la indiferencia por la ausencia de Sudáfrica en Miami 2026.

El trasfondo de este panorama de fragilidad institucional multilateral estaría transmitiendo un proceso de cambio profundo en el equilibrio global. Tras el final de la Guerra Fría, el orden internacional parecía orientarse hacia un sistema relativamente estable. Sin embargo, el ascenso principalmente de China y la reaparición de rivalidades estratégicas han impulsado un escenario global más fragmentado, en el que los intereses nacionales parecen pesar más que la acción colectiva a través de organizaciones multilaterales.

El resultado es un sistema internacional menos protegido por reglas compartidas y en el que el multilateralismo no desaparece del todo, pero queda más expuesto a la lógica del poder. En ese marco, la política internacional actual se está pareciendo cada vez más a un partido de rugby sin árbitro, en el que todos siguen jugando, pero sin disciplina y donde ya no hay límite para los tackles altos, cargas contra jugadores en el aire o indefensos. Por eso, el desafío del siglo XXI no es solo evitar nuevas guerras, sino reconstruir el espíritu y el respeto por un orden normativo internacional capaz de prevenirlas y contenerlas.

La ola de descontento social en Irán ha ido recrudeciendo a lo largo del país desde diciembre de 2025 y permite especular sobre las consecuencias del paulatino descaecimiento del régimen teocrático. El detonante ha sido la grave crisis económica y el desplome del rial. La diáspora iraní incluso pronostica la posibilidad del fin de más de cuatro décadas de un régimen que combinó autoritarismo religioso, ambiciones regionales, la negación del Estado de Israel y una política exterior abiertamente antioccidental. Su colapso abriría la posibilidad de transformar a Irán de un actor ideológico disruptivo en un Estado más previsible, menos doctrinario y más integrado a la comunidad internacional.

El impacto inmediato sería el debilitamiento del llamado “Eje de la Resistencia”, una red de milicias y grupos paramilitares liderados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), en particular las Fuerza Quds, y utilizados por Teherán para proyectar poder y desestabilizar la región. La reducción del apoyo y financiamiento iraní a estas agrupaciones criminales no solo aliviaría conflictos en el Líbano, Siria, Irak, Yemen y Gaza, sino que disminuiría de manera significativa los riesgos de terrorismo transnacional, atentados indirectos y escaladas asimétricas que durante años se han expandido en distintas regiones del mundo, incluyendo América Latina y el Caribe.

Un elemento central de un hipotético cambio de régimen en Irán sería probablemente la redefinición del enfrentamiento chiita-sunita. El régimen teocrático convirtió esa división religiosa en una herramienta geopolítica, alimentando tensiones sectarias para expandir la influencia de la revolución islámica. Su caída limitaría la instrumentalización política del chiismo, reduciendo la intensidad del conflicto sectario y abriendo la puerta a una competencia regional más basada en intereses nacionales que en identidades religiosas. Esto podría significar un Medio Oriente potencialmente menos polarizado y propenso a conflictos confesionales.

La incidencia sobre la seguridad de Israel tendría particular relevancia. Durante décadas, el régimen iraní construyó su política exterior en torno a la confrontación con el Estado de Israel, financiando y armando a Hezbolá, Hamás y otros grupos terroristas hostiles. La eventual desaparición de ese marco ideológico confrontativo reduciría la amenaza estructural contra Israel y reforzaría la posibilidad de un entorno regional más estable, basado en la disuasión y no en la negación existencial. También facilitaría la consolidación de los Acuerdos de Abraham promovidos en la primera Administración de Donald Trump.

El polémico programa nuclear iraní constituiría otro eje clave de un escenario pos-teocrático. Un nuevo gobierno, necesitado de legitimidad internacional y recuperación económica, tendría fuertes incentivos para aceptar límites verificables al programa nuclear a través del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en particular el enriquecimiento de uranio. Para Estados Unidos y Europa, esto podría representar una oportunidad de poner fin a uno de los principales focos de proliferación de armas nucleares en el mundo y reducir los riesgos de una carrera armamentística regional o de un conflicto militar preventivo.

China, en contraste, tendría que adaptarse a un Irán menos disruptivo. Beijing es uno de los mayores compradores de petróleo iraní y estas importaciones han sido claves para la seguridad energética china. Desde el inicio de la revolución islámica ha ido aprovechando el aislamiento y las sanciones a Irán para consolidar una mayor influencia geopolítica al haber sido por momentos casi el único comprador del petróleo iraní. Un Irán más integrado a la comunidad internacional afectaría en principio la proyección de Beijing en Medio Oriente además de limitar el argumento chino de que el autoritarismo y el capitalismo de Estado son sinónimos de estabilidad en la región.

En conjunto, la eventual caída del régimen iraní reduciría principalmente los riesgos terroristas como los que sufrió la Argentina en 1992 y 1994, fortalecería el Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) además de contribuir a la seguridad de Israel y desactivar el germen de la confrontación sectaria chií-suní. Ante esas hipotéticas circunstancias, el desafío diplomático será gestionar la transición con realismo y prudencia para redefinir de forma duradera la seguridad regional y su proyección global.

El reciente anuncio del Presidente Donald Trump de que Estados Unidos “reanudaría los ensayos nucleares” tuvo el efecto de sacudir la frágil arquitectura de control de armas estratégicas de las últimas décadas. La aclaración posterior que los ensayos no incluirían detonaciones nucleares completas, sino que serían experimentos no críticos, una categoría técnica que engloba pruebas simuladas realizadas bajo tierra en el Sitio de Pruebas de Nevada, redujo la polémica ya que son herramientas que también utilizan Rusia y China y que no afectan la moratoria voluntaria de no realizar explosiones nucleares ni viola formalmente el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT).

La clarificación es concordante con los avances científicos del último medio siglo que han hecho innecesarias las pruebas nucleares subterráneas para conocer cómo funciona un arma nuclear. Tampoco para mantenerlas operativas y seguras. Las simulaciones en computadoras, experimentos subcríticos y programas de extensión de vida permiten reproducir en detalle cómo se comportan los materiales nucleares durante una detonación. “Las simulaciones en computadoras, experimentos subcríticos y programas de extensión de vida permiten reproducir en detalle cómo se comportan los materiales nucleares durante una detonación.” También reafirma la voluntad de Estados Unidos de continuar con las tres décadas de contención colectiva de no hacer pruebas de armas nucleares (salvo Corea del Norte que realizó 6 ensayos entre 2006 y 2017).

El CTBT solo prohíbe las explosiones nucleares y no los ensayos que utilizan pequeñas cantidades de material fisible (uranio y plutonio), pero sin alcanzar la masa crítica y por lo tanto no hay una reacción en cadena autosostenida, lo que evita una explosión atómica y la liberación de radiación. Sin embargo, el tema será materia de controversia ya que puede ser interpretado que contraviene el espíritu del tratado, al permitir avances tecnológicos en armas nucleares. No son ilegales per se, pero explotan un vacío del CTBT y de las normas de no proliferación al dar pie a una nueva carrera armamentista.

La cuestión tiene también el potencial para enturbiar la próxima Conferencia de Examen del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), prevista para 2026. El riesgo de que se inicie un ciclo de pruebas – aunque sean solo simuladas – podría ser un factor adicional de dificultad para la adopción de un documento final al ser un retroceso frente al compromiso de desarme nuclear del artículo VI del TNP. “El tema podría convertirse en un campo de reproches por la incoherencia de las potencias nucleares, que exigen disciplina de contención nuclear a los demás mientras se reservan el derecho de seguir modernizando y ampliando los arsenales nucleares.”

Mientras tanto, la red global de monitoreo del CTBT – con sus estaciones sísmicas, hidroacústicas, infrasónicas y de radionúclidos – permanece en guardia. El tejido científico tiene la capacidad de detectar cualquier explosión en cualquier lugar del planeta como ocurrió al identificar una señal en la zona del Atlántico Sur donde desapareció el submarino ARA San Juan en 2017. Cada dato que el CBTO registra, cada temblor que analiza es una afirmación de la voluntad de la comunidad internacional de no volver atrás. La tecnología hoy no solo sirve para desarrollar armas, sino también para impedir que vuelvan a usarse.

Estados Unidos no es el único que realiza experimentos subcríticos, pero sí de los pocos que lo hace público. Aunque los ensayos subcríticos podrían realizarse sin publicidad, Washington suele utilizar experimentos técnicos como instrumentos de estrategia y política. El anuncio reafirma ante Rusia y China que mantiene la capacidad y fiabilidad de su arsenal nuclear, tranquiliza a aliados dependientes del paraguas nuclear estadounidense y legitima ante la opinión pública la inversión en modernización en un mundo donde la percepción de fuerza es tan importante como la fuerza misma.

A pesar de que nada indica que Estados Unidos vaya más allá que la reactivación de los experimentos nucleares subcríticos, el anuncio de la Casa Blanca es un símbolo de tiempos geopolíticos inciertos. Por ello, es hora de reconocer que la credibilidad nuclear no solo depende de la fiabilidad del arsenal sino también de la credibilidad diplomática. Un mundo que carga con las cicatrices de la era nuclear del siglo XX necesita más diplomacia y menos kilotones.

En los últimos años, el ciberespacio se ha consolidado como un nuevo dominio de confrontación geopolítica y los ciberataques han pasado de ser incidentes aislados a convertirse en una amenaza sistémica con alcance global. Esta forma de conflicto permite afectar infraestructuras, redes financieras o instituciones democráticas sin cruzar el umbral de una guerra convencional. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo ha planteado como una amenaza creciente a la seguridad internacional y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), lo reconoce como un ámbito operativo de defensa.

La digitalización de los sistemas críticos ha creado oportunidades, pero también nuevas vulnerabilidades. El uso de armas cibernéticas puede paralizar una red eléctrica, interrumpir la atención médica o bloquear el funcionamiento de bancos o gobiernos. Algunos Estados o grupos vinculados a ellos han sido acusados de patrocinar actividades para espiar, sabotear o desestabilizar a gobiernos rivales. A través de estos ataques es posible alterar procesos electorales, robar información estratégica o generar incertidumbre económica. Este tipo de guerra híbrida pone en tensión las normas tradicionales del derecho internacional y la diplomacia.

El impacto no se limita a las potencias más relevantes del sistema internacional. América Latina también está expuesta a ataques cibernéticos de terceros Estados o de grupos criminales. Según FortiGuard Labs, Argentina ha recibido, en el primer semestre del 2025, más de 1.600 millones de intentos de ciberataques. El PAMI en el 2023 sufrió la filtración de aproximadamente 1,6 millones de archivos de datos médicos. Entre otros ejemplos, en el 2025 se pusieron a la venta 600 mil estudios clínicos de un proveedor médico. También la Comisión de Valores fue blanco de un incidente que dejó inactiva diversas plataformas y Fabricaciones Militares recibió un ataque ransomware con robo de gigabytes de información sensible.

Frente a estas amenazas, resulta destacable el Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad 2025-2027 que articula los esfuerzos entre Nación, Provincias, sector privado y judicial para fortalecer capacidades de prevención, detección e investigación. El Mercosur, por su parte, impulsa la cooperación mediante una Agenda Digital común y la OEA, entre otras actividades, se encuentra desarrollando marcos legales armonizados para proteger la seguridad digital.

A pesar de los esfuerzos de cooperación regional, existen todavía limitaciones en la coordinación operativa como quedó en evidencia en el caso de los ataques cibernéticos a las infraestructuras públicas en Paraguay en 2024. La falta de un sistema regional unificado para la detección temprana y la respuesta conjunta retraso la contención del incidente, afectando servicios esenciales. Estos episodios subrayan la necesidad de establecer protocolos en el Mercosur para la cooperación en tiempo real, a fin de lograr una defensa regional más eficaz frente a las crecientes amenazas cibernéticas.

El World Economic Forum ha advertido que la inestabilidad geopolítica es un multiplicador de riesgo de ciberataques graves. Por lo tanto, es esencial que los Estados apliquen el derecho internacional en el ciberespacio, se comprometan a no atacar infraestructuras civiles y colaboren en la mitigación de incidentes a fin de consolidar reglas para un entorno digital libre y seguro. Un mayor equilibrio entre la diplomacia preventiva y el desarrollo tecnológico podrá contribuir a enfrentar de manera efectiva la creciente complejidad de las amenazas cibernéticas en un mundo hiperconectado.

China se ha presentado en sociedad como líder del Este Global al conmemorar el fin de la Segunda Guerra Mundial junto a Vladimir Putin de Rusia y Kim Jong Un de Corea del Norte. La simbología, similar a los desfiles militares de la época soviética, muestra a China dejando atrás definitivamente el perfil discreto, pragmático y de país emergente enfocado en desarrollos internos conforme al consejo de Deng Xiaoping de “ocultar capacidades y esperar el momento”. Con Xi Jinping en el poder (2012), China parece haber llegado a la instancia superadora anunciada por Deng en 1978.

No se trataría de una renovación táctica sino de una transformación estratégica promovida por el régimen chino. Xi Jinping ha enfatizado que el ascenso de China “es imparable” desafiando el papel predominante que ha desempeñado Estados Unidos desde 1945. En este escenario, la competencia entre ambas superpotencias deja de ser un pronóstico para convertirse en eje central de la política internacional que no solo definirá el equilibrio de poder en Asia, sino también el rumbo del orden global de las próximas décadas. La pregunta no es si la competencia entre ellos se intensificará, sino cómo lo harán y qué consecuencias traerá para la estabilidad mundial.

Por lo pronto, la nueva etapa parece romper la tradición china de mínima expansión militar al ampliar geométricamente el arsenal nuclear, expandir capacidades navales en el Indo-Pacífico, fortalecer sectores tecnológicos estratégicos, entre otros, en el control de las telecomunicaciones y en la infraestructura digital a nivel mundial. Asimismo, la fuerte inversión militar le garantiza una posición de privilegio para proteger intereses económicos y proyectarse globalmente como alternativa a un supuesto orden mundial post occidental.

En ese marco China dejaría de ser receptora del orden internacional para intentar ser arquitecta de un sistema con reglas distintas como la no injerencia en asuntos internos y proponiendo, entre otras cuestiones, enfoques diferentes en finanzas, inversiones, comercio y derechos digitales. Un ejemplo ilustrativo es la agenda del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) que busca desafiar al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional o el yuan digital (DCEP), emitido por el Banco Popular de China (BPC), que intentaría reducir la dependencia del dólar estadounidense en las transacciones internacionales.

Si bien las cuestiones de seguridad, tecnológicas y económicas sobrepasan diferencias ideológicas entre Washington y Beijing, la competencia empieza a mostrar una dialéctica narrativa en desarrollo. Las características del régimen chino, que combina autoritarismo político con capitalismo de Estado, se va mostrando como variante al modelo liberal democrático y de economía de mercado promovido por Occidente. La comparación de ambos sistemas políticos y económicos probablemente generará debates en el Sur Global en términos de crecimiento y control social que China ha sabido gestionar, aunque no sin controversia.

La polarización entre Washington y Beijing crea condiciones de mayor fragmentación internacional y estimula la diplomacia de bloques para contrarrestar rivalidades geopolíticas. En principio ese enfoque parece favorecer a China por la expansión e influencia en el Este y Sur Global (con la iniciativa BRI, Franja y Ruta, o la Organización para la Cooperación de Shanghái, OCS) aunque Estados Unidos aún conserva ventajas en las alianzas tradicionales (G7 y la actual arquitectura financiera global) y en el poder duro, por ejemplo, la OTAN, AUKUS o el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (QUAD) entre otros mecanismos de seguridad colectiva.

La competencia entre las superpotencias ha dejado de ser una disputa entre dos países para convertirse en el pulso por el futuro del orden global. ¿Entre las dudas que genera se plantea si predominará un mundo liderado por democracias liberales o se impondrá un horizonte más autoritario enfocado en desarrollos económicos? La respuesta aún está en juego, pero lo más probable es que estas circunstancias definirán la sociedad del siglo XXI.