Hay silencios que cuidan. De hecho, son necesarios. Cuando una persona atraviesa una situación de violencia por motivos de género, preservar su identidad, respetar sus tiempos y evitar cualquier exposición innecesaria es una condición básica para que pueda hablar. Sin ese cuidado, muchas veces la denuncia ni siquiera sería posible.

Pero no todos los silencios cumplen esa función. Hay otros que, casi sin advertirlo, empiezan a proteger algo distinto. Y ahí es donde vale la pena detenerse. Porque una cosa es cuidar a quien denuncia y otra muy diferente es que ese mismo silencio termine preservando el prestigio, la autoridad o el lugar de poder de quien fue señalado. La diferencia parece pequeña, pero cambia por completo el sentido de la discusión. No se trata de reclamar escraches ni condenas anticipadas. Tampoco de desconocer el derecho de cualquier persona a defenderse o a que los hechos sean investigados con todas las garantías. Pero el debate nunca pasó por ahí.

La pregunta es otra. ¿Qué hacen las organizaciones, los medios, las universidades, los sindicatos o los movimientos sociales cuando una denuncia alcanza a alguien que ocupa un lugar de reconocimiento? ¿Qué decisiones toman? ¿Qué comunican esas decisiones, incluso cuando creen que no están diciendo nada?

Hace poco volvió a discutirse a partir de un caso ampliamente conocido. Un periodista, columnista y especialista en política internacional, sobre quien pesan múltiples denuncias públicas por violencia de género, fue convocado nuevamente para analizar la coyuntura internacional. El ejemplo no importa por sí mismo, sino porque dejó al descubierto un mecanismo que aparece una y otra vez. Bastó que algunas mujeres señalaran la contradicción para que la conversación cambiara de eje. Las denuncias dejaron de ocupar el centro de la escena. También quedó en un segundo plano la responsabilidad ética de quienes habían decidido ofrecerle ese espacio. En cambio, comenzaron a repetirse otros argumentos: que era una voz importante, que sabía mucho del tema, que su trayectoria era indiscutible, que una cosa eran las denuncias y otra muy distinta su capacidad profesional. Y, casi sin darse cuenta, el foco dejó de estar donde había empezado.

No deja de llamar la atención que eso ocurra con tanta frecuencia. Cuando quien es denunciado tiene prestigio, una larga trayectoria o un lugar ganado dentro de un espacio, la conversación cambia. Se empieza a hablar de sus libros, de sus investigaciones, de su experiencia, de su inteligencia o de su capacidad profesional. Como si todo eso pudiera ubicarse en un plano completamente separado de las violencias denunciadas. Con otras vulneraciones de derechos no suele hacerse el mismo ejercicio.

Difícilmente alguien proponga entrevistar a una persona condenada por corrupción para hablar de transparencia institucional. Resulta evidente que una invitación nunca es un acto neutro. Elegir una voz también implica construir legitimidad. Sin embargo, cuando las denuncias tienen que ver con violencia por motivos de género aparecen los matices. "Hay que separar la obra del autor. -  "No podemos perder una voz tan importante. - Lo relevante es lo que viene a explicar. No confundamos la vida privada con la capacidad profesional.” Son frases que se escuchan una y otra vez. Y vale la pena preguntarse por qué aparecen justamente en estos casos. ¿Por qué algunas violencias parecen admitir excepciones y otras no?

Tal vez porque, aunque hace décadas se afirma que la violencia de género constituye una violación a los derechos humanos, todavía cuesta asumir todas las consecuencias de esa afirmación. Se repite en documentos, protocolos y discursos institucionales. Pero cuando ese principio entra en tensión con una figura prestigiosa o con un dirigente importante, empiezan las excepciones. Ahí aparece una jerarquía silenciosa de derechos. No hace falta que nadie la enuncie. Se expresa en las decisiones que se toman, en los debates que se postergan y en aquello que siempre parece poder esperar un poco más. Ese mecanismo no pertenece solamente al periodismo.

También atraviesa organizaciones populares, sindicatos, universidades, partidos políticos, cooperativas y tantos otros espacios que construyeron su identidad alrededor de la defensa de la igualdad y los derechos humanos. Quizá por eso resulte más difícil advertirlo. Porque nadie espera encontrar esas contradicciones en lugares que hicieron de la justicia social una bandera. Sin embargo, es precisamente ahí donde la discusión se vuelve indispensable.

No alcanza con tener protocolos o declaraciones de principios si, llegado el momento de decidir, el peso de una trayectoria termina condicionándolo todo. Hay una diferencia enorme entre cuidar a una víctima y cuidar una estructura de poder. La primera obligación no admite discusión. La segunda merece ser discutida. Preservar la identidad de quien denuncia no impide revisar responsabilidades institucionales, preguntarse qué lugar debe ocupar quien fue denunciado o debatir qué mensajes transmiten las decisiones que se toman. Confundir esas dos cuestiones termina produciendo un efecto paradójico: una política pensada para cuidar puede convertirse, sin querer, en una política de inmovilidad.

Quienes integran organizaciones saben que estas discusiones nunca son cómodas. No se debate sobre personas desconocidas, sino sobre compañeros, dirigentes, referentes o personas con las que se compartieron años de trabajo, de militancia y de vínculos. Tal vez por eso resulte tan difícil sostener los mismos principios cuando el conflicto aparece de este lado.

Pero justamente ahí se juega la coherencia.

No es suficiente con denunciar las violencias que ejercen otros. Lo verdaderamente difícil es sostener el mismo estándar cuando la violencia interpela a quienes comparten las propias ideas, la historia común o los espacios de pertenencia. Es allí donde los principios dejan de ser una declaración y empiezan a convertirse en una forma de actuar.

La perspectiva de género no es un documento institucional, ni en una declaración bien escrita. Se demuestra cuando orienta decisiones concretas. Cuando obliga a hacerse preguntas incómodas sobre personas a las que se respeta, sobre espacios que se sienten propios y sobre relaciones que sería más fácil no revisar.

Implica discutir poder, privilegios, lealtades y formas de construir autoridad. También implica aceptar que ninguna organización está exenta de reproducir las mismas desigualdades que denuncia. Asumir esa posibilidad no debilita los proyectos colectivos; por el contrario, los fortalece, porque los vuelve más honestos y más coherentes con los valores que dicen sostener.

Quizá de eso se trate. De entender que la igualdad deja de ser una consigna cuando empieza a orientar las decisiones, incluso las más difíciles. Porque, si la perspectiva de género no es capaz de interpelar también los propios espacios, corre el riesgo de quedarse en el plano del discurso. Y los discursos, por sí solos, nunca transformaron la realidad.

Por Soledad Restivo | Lic. en Comunicación Social especialista en Comunicación Institucional.

En un Aula Magna colmada de sobrevivientes, familiares, organismos de derechos humanos, estudiantes y representantes de la comunidad, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata dió lectura a la sentencia del Juicio “La Huerta”, que investigó los delitos de lesa humanidad cometidos en 14 centros clandestinos de detención del centro y sudeste bonaerense durante la última dictadura cívico-militar.

El fallo dictó ocho condenas, entre ellas cuatro penas de prisión perpetua contra Héctor Martínez Salgado, Román Valdecantos, Osvaldo Héctor Repetto y Alejandro Guillermo Duret, por crímenes cometidos en el circuito represivo de la Subzona 12.

Por primera vez fueron juzgados los jefes de las secciones Operaciones e Inteligencia de la Base Aérea Militar de Tandil, lo que constituye un antecedente relevante en el proceso de memoria, verdad y justicia en la región. Además, el Tribunal condenó a Martín Carlos Luzuriaga a 10 años y 6 meses de prisión, Luis Ernesto Benítez a 6 años y 9 meses, Roberto Jorge Casares a 6 años, y José Luis Álvarez a 5 años de prisión.

En tanto, 27 imputados fueron absueltos, y los fundamentos del fallo se conocerán el 19 de diciembre.

El Tribunal también determinó que los hechos juzgados constituyen delitos de lesa humanidad, subrayando especialmente los ocurridos en la localidad de Azul la noche del golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976, cuando fueron secuestrados sindicalistas y militantes gremiales en el marco del inicio del terrorismo de Estado.

A la salida de la audiencia, la mezcla de emociones osciló entre la satisfacción parcial por las perpetuas y la indignación por las absoluciones masivas. Carlos Fernando Díaz, presidente de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos del Centro Sur de la Provincia de Buenos Aires, expresó:

“No coincido en que sea una sentencia pobre, creo que es una sentencia maliciosa, malintencionada. Están buscando la inmunidad de los acusados por edad. Esto es impunidad judicial. Hay acusados con una carga probatoria importante que han sido absueltos. Sabíamos que podía haber algunas absoluciones, pero jamás imaginamos que de 35 acusados solo 8 resultaran condenados. El criterio del tribunal fue la absolución; la condena fue la excepción, y con penas muy leves.

Díaz también advirtió sobre la lentitud y la desidia judicial que obstaculizan los procesos por delitos de lesa humanidad: “Hoy en la Argentina hay 75 causas listas para ser elevadas a juicio. Pero de 90 tribunales federales, solo hay un promedio de ocho audiencias semanales. Esto se llama impunidad judicial. Buscan eso, y lo están logrando. Mientras tanto, los acusados mueren impunes y las víctimas sin ver justicia. Esta justicia es muy, muy injusta.”

Las querellas y organismos de derechos humanos alertaron sobre dos aspectos del fallo que resultan especialmente preocupantes en el contexto actual: primero, las absoluciones de imputados sobre los cuales existían pruebas contundentes de su participación y responsabilidad penal en delitos de lesa humanidad, lo que genera perplejidad y deja entrever un patrón de impunidad que puede ser interpretado como señal de tolerancia hacia violaciones graves de derechos fundamentales; segundo, la exclusión de los casos de represión a trabajadores agremiados —detenidos, torturados y perseguidos por su actividad sindical— de la categoría de delitos de lesa humanidad, tratándolos como delitos comunes y resolviendo su prescripción, lo que no solo contradice la historia del terrorismo de Estado sino que también envía un mensaje peligroso sobre la impunidad para actos de represión política y laboral en la actualidad.

El abogado querellante Guillermo Torremare, representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), subrayó ese punto “Las perpetuas las esperábamos, pero las absoluciones en esa cantidad impresionan. El Tribunal consideró prescriptos los hechos vinculados a trabajadores perseguidos en fábricas como Fabi, Loma Negra, Losa o Molinos Cañuelas. Eso es un error conceptual terrible: esas persecuciones fueron parte del plan sistemático de represión y, por lo tanto, son delitos de lesa humanidad.”

Una de las decisiones más cuestionadas fue la condena al exmilitar Roberto Jorge Casares, sentenciado a seis años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo período, por resultar coautor penalmente responsable del delito de violación agravada por el uso de la fuerza e intimidación. la pena resulta notoriamente baja para la gravedad de los hechos y se aparta de los estándares actuales de juzgamiento en delitos sexuales, más aún en el contexto del terrorismo de Estado, donde la violencia sexual contra las mujeres fue una práctica sistemática.

Caceres, además fue absuelto por los delitos que damnificaron a Carlos Alberto Moreno, Martín de Urquiza, José Vignau, Héctor Diez, Alberto Casemajor y Mirta Noemí de la Canal.

El Juicio “La Huerta” permitió reconstruir las tramas locales del terrorismo de Estado en la región y visibilizar las complicidades civiles, militares y eclesiásticas. Su desarrollo en una universidad pública, con presencia sostenida de la comunidad educativa, convirtió cada audiencia en un ejercicio de memoria viva. Aunque el fallo dejó un sabor agridulce, la jornada marcó un nuevo punto de partida en la larga lucha por justicia. La sentencia —con sus límites y contradicciones— vuelve a interpelar al Poder Judicial, pero también reafirma la vigencia de una sociedad que no renuncia a la memoria. En el Aula Magna, una vez más, se sostuvo y fortaleció el pacto democrático de la ciudadanía argentina. Y hoy, más que nunca, la sociedad vuelve a decir con fuerza: ¡Nunca Más!