El juez federal Sebastián Casanello dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario sobre Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial y actual diputado bonaerense, en el marco de una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito. La medida adopta diversas diligencias solicitadas por el fiscal Guillermo Marijuan, quien busca esclarecer el origen de los bienes del legislador.

La investigación se centra en puntos específicos, tales como la obtención de un crédito hipotecario, la adquisición del 50 por ciento de un vehículo y un aumento patrimonial estimado en un 84 por ciento en el transcurso de un año. El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano y recayó en el Juzgado Federal N° 6, actualmente subrogado por el juez Sebastián Casanello, quien también requirió las declaraciones juradas a la Oficina Anticorrupción.

La denuncia advierte sobre posibles inconsistencias en el patrimonio declarado por Francisco Adorni, quien ingresó a la función pública como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa. Posteriormente, fue promovido al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF) y, en las últimas elecciones, obtuvo una banca en la Cámara de Diputados bonaerense integrando el bloque de La Libertad Avanza.

En un dictamen de 19 páginas, el fiscal Guillermo Marijuan aclaró que la investigación se limitará exclusivamente al patrimonio de Francisco Adorni. Por su parte, las menciones realizadas sobre el jefe de Gabinete no formarán parte de este proceso, dado que ya existe una causa en curso bajo la órbita del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni.

Entre las medidas dispuestas, se solicitó información detallada a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA). Asimismo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) deberá requerir a las entidades financieras datos sobre activos, transferencias, plazos fijos y cajas de seguridad a nombre del imputado.

Finalmente, el fiscal cursó oficios a Migraciones para conocer los movimientos internacionales del legislador y al Banco Provincia para obtener precisiones sobre un crédito hipotecario de 60.000.000 de pesos. También intervendrán la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Unidad de Información Financiera (UIF) para confeccionar un informe integral sobre la situación financiera y societaria de Francisco Adorni.

Al menos 500 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires participan desde la madrugada de este martes en un megaoperativo de saturación antinarco en el barrio Ejército de los Andes, conocido popularmente como Fuerte Apache, en la localidad de Ciudadela. El procedimiento incluye 14 allanamientos en búnkers de drogas, el despliegue de 30 móviles y el apoyo de un helicóptero que sobrevoló la zona desde las primeras horas del día.

Las acciones policiales fueron impulsadas tras un violento enfrentamiento ocurrido la semana pasada, que dejó un saldo de tres personas heridas. Entre los afectados se encuentra un vecino de 68 años que recibió un disparo en una pierna sin tener relación con el conflicto, además de dos jóvenes de 23 y 30 años con antecedentes penales que permanecen bajo investigación en el marco de la causa.

La investigación judicial está a cargo de la fiscal Fabiana Ruiz, titular de la Fiscalía N°2 de San Martín. En el lugar también colaboran efectivos de la Gendarmería Nacional, quienes mantienen su presencia habitual en el complejo habitacional del partido de Tres de Febrero. Según trascendió, el tiroteo original involucró más de 30 disparos y estaría vinculado a disputas territoriales entre bandas narco por el control de los puntos de venta.

“Me levanté por los helicópteros. Fue todo un quilombo. Se cagan a tiros y yo no puedo laburar. El año pasado hubo un megaoperativo, pero la verdad que no sirvió de mucho porque estamos igual. Ya me acostumbré. De chiquito ya me crié con los tiros, así que ya es costumbre, pero da miedo, obviamente”, relató un vecino en diálogo con la señal TN.

Hasta el momento, los resultados finales del operativo se desconocen, ya que las fuerzas de seguridad continúan trabajando en los distintos sectores del barrio. Los investigadores buscan desarticular las estructuras criminales que generaron la escalada de violencia en la zona durante los últimos días y secuestrar material estupefaciente vinculado a las organizaciones denunciadas.

El miércoles al mediodía, el Parque Tecnológico Miguelete, ubicado en Villa Maipú, partido de San Martín, fue el escenario de un masivo encuentro entre empresarios y referentes pyme. La convocatoria, impulsada por subgerentes, directores y jefes de departamento del INTI, surgió como respuesta a la eliminación de 1.000 servicios técnicos y el cierre de áreas estratégicas como el Servicio Argentino de Calibración y el Sistema de Metrología Legal.

La situación del organismo es crítica, ya que las autoridades anunciaron que en los próximos días se concretarán más de 700 despidos. Esta cifra se suma a un recorte del 30% del personal que el instituto ha sufrido desde el inicio de la actual gestión, entre retiros voluntarios y bajas de contratos. A pesar de que se intentó impedir la actividad mediante la presencia de gendarmes y el bloqueo de accesos, la gran concurrencia permitió que el encuentro se desarrollara con normalidad.

Durante la jornada, Marco Meloni, vicepresidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), destacó la importancia del desarrollo tecnológico para la movilidad social: "Muchos países que admiramos, admiramos cómo crecen, cómo crece la gente, cómo pasan de la pobreza a la clase media, la movilidad que tienen, es porque también tiene un mercado de capitales, porque también tiene una parte financiera, pero están totalmente apoyados en el desarrollo tecnológico, industrial y social, y eso se hace con educación y con centros como el INTI multiplicados por todo el país".

Por su parte, Aldo Lo Russo, ceo de Baigorria, fue tajante al afirmar que "Hoy nos encontramos con una política industrial inexistente". En la misma línea, el presidente de Fundación Pro Tejer, Luciano Galfione, advirtió sobre las consecuencias de desmantelar el organismo:

“Si queremos un país con una matriz industrial diversificada, federal como la Argentina, es imposible ir a mercados mundiales sin organismos como el INTI que certifican los productos que tenemos que exportar, que les dan la garantía a otras naciones del ingreso de productos adaptados a las normativas y reconocido a nivel mundial. Sin el INTI no hay industria y sin industria no hay Nación. Ahora se nos ha dicho que el INTI no es necesario porque cualquier cosa que tenemos que hacer podemos realizarla en laboratorio privado, pero me hablan de competitividad y me hacen mandar los ensayos a un laboratorio más caro y, en muchos de los casos, esos laboratorios no existen en la Argentina. Mientras tanto, mi fábrica tiene que esperar a que vuelva el ensayo para exportar”

La directora técnica de El Balancero SRL, Fernanda Mettini, subrayó que "sin el INTI no sólo no hay industria sino que tampoco hay comercio, seguridad ni salud". Asimismo, Juan Cruz López Hamdan, fundador de Cultura Cárnica, relató su experiencia personal: "Vengo del sector ganadero y siempre tuve la convicción de agregar valor a nuestra producción. Con esa premisa creamos la marca Cultura Cárnica. Me acerqué al INTI sin tener idea del sector industrial porque no vengo de ese ámbito y sus especialistas me ayudaron a desarrollar un producto desde cero y a montar nuestra primera planta. Si todo sale bien y el INTI sigue funcionando vamos a poder terminar un nuevo producto cárnico con el objetivo de exportarlo a Estados Unidos".

Finalmente, Paul Segal, profesor de economía en IAE Business School, concluyó que el INTI cumple un rol fundamental al asesorar a las empresas para cumplir con los exigentes estándares internacionales de seguridad y calidad.

Fuentes oficiales dejaron trascender esa posibilidad a lo largo de la jornada. La intención es que el ministro coordinador, en medio de los avances de la causa judicial que indaga su posible enriquecimiento ilícito, siga siendo la voz del oficialismo.

Con el presidente Javier Milei ratificándolo en su cargo en cada oportunidad y ante diversos interlocutores, la idea de la gestión libertaria es que retome su trabajo habitual, que fue opacado también por Patricia Bullrich.

La senadora de La Libertad Avanza reclamó la semana pasada que presente su declaración jurada con el objetivo de aclarar su situación patrimonial. Desde el lado del excandidato a legislador porteño dicen que es una cuestión que sigue en trámite y que la declaración se presentará. Pero no hay una fecha concreta.

No será la única actividad oficial de Adorni: este jueves se trasladará a la provincia de Mendoza para la inauguración del Parque Solar Fotovoltaico “El Quemado”, el primer proyecto bajo el RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones) del país, ubicado en Las Heras a 53 kilómetros de la ciudad capital. En ese ámbito se mostrará con el ministro de Economía, Luis Caputo, y del titular de YPF, Horacio Marín.

El gobernador del distrito, Alfredo Cornejo, adelantó que “probablemente” el jefe de Gabinete brinde otro anuncio relacionado al RIGI. “Está muy interesado en venir”, comentó el dirigente radical.

Sobre la inauguración, el mandatario se mostró entusiasmado: “Vamos a inaugurar el que va a ser, a partir del jueves, el principal parque solar de la Argentina. Va a superar a todos los parques solares que hay en la Argentina, y va a ser en Mendoza, acá cerca, en el norte de la ciudad”, detalló.

“Este fue el primer proyecto que se otorgó por el RIGI y el primero que se terminó, y eso es una gran celebración para la energía de Mendoza”, destacó también. NA

Oficializada la convocatoria a una sesión especial para las 11 en la Cámara de Diputados, la oposición buscará hacer leña del árbol caído en torno a la crisis política que atraviesa el Gobierno por la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre quien se acumulan pedidos de informes, interpelaciones verbales y hasta una moción de censura que serán tratados en el recinto.

Los propios convocantes a la sesión admiten -en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, que los números para el quórum “están difíciles”, y por las dudas ya abren el paraguas: “Si no llegamos, igual nos sirve como ‘principio de revelación’, como dicen ellos: quedará clara la línea divisoria entre quiénes buscamos las explicaciones que el funcionario elude, y quienes se suman el juego del blindaje que propone el Gobierno”.

El pedido de sesión fue encabezado por Esteban Paulón y recibió el apoyo de otros diputados de Provincias Unidas que estamparon la firma, junto a los bloques de la Coalición Cívica, Encuentro Federal y el Frente de Izquierda. NA

La petrolera YPF confirmó que la empresa ajustará en un uno por ciento el precio de los combustibles, al tiempo que alargó el congelamiento de los mismos por 45 días más.

Así lo confirmó el CEO y presidente de la compañía, Horacio Marín, en sus redes, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

“A partir del jueves 14 de mayo, YPF ajustará el precio de los combustibles en un uno por ciento tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda. De igual manera, continuaremos aplicando el sistema de “buffer de precios” por hasta 45 días adicionales, con el propósito de no trasladar sobresaltos en el surtidor”, explicó.

Marín explicó que la empresa estatal no trasladará el impacto del petróleo internacional hacia los consumidores, en un contexto donde el crudo supera los cien dólares por barril.

El ejecutivo detalló que, mediante el “buffer” de precios, se estableció la creación de “una cuenta compensadora” que, una vez finalizado el conflicto en Medio Oriente, desde la petrolera se mantendrán constantes los precios de los combustibles “para recuperar, durante el tiempo necesario, el ingreso diferido originado por no haber incorporado el impacto de las variaciones en el Brent durante este tiempo”.

De esta manera, la compañía busca reducir el impacto del traslado total hacia los combustibles. Desde que inició la guerra, el precio de los mismos subió más del 23 por ciento, y se estima un incremento restante del 15 sobre los precios finales. NA

Promediando el debate en el plenario conjunto de las comisiones de Energía y Combustibles, y Presupuesto y Hacienda, el presidente de comisión cabecera, el libertario Facundo Correa Llano, anunció que se había alcanzado un dictamen de mayoría con 46 firmas (LLA, Innovación Federal, PRO, MID y en disidencia parcial la UCR, Producción y Trabajo e Independencia), con algunas modificaciones menores respecto del texto original.

Con el nuevo régimen, según especificó en su exposición la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, perderían el subsidio 1,6 millones de usuarios, mientras que lo conservarán 1,8 millones de usuarios inscriptos en el programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), quienes tendrán un “descuento superior al 75 por ciento” sobre el consumo de gas en los meses de invierno.

El descuento también alcanza a hogares socioeconómicamente vulnerables (con ingresos de hasta tres canastas básicas por familia tipo, actualmente 4.3 millones de pesos), portadores del Certificado Único por Discapacidad (CUD), veteranos de Malvinas y beneficiarios del Registro Nacional de Barrios Populares, lo que hace a un total de nueve millones de beneficiarios.

Durante su intervención, Tettamanti defendió la iniciativa que el oficialismo buscará aprobar en una sesión prevista para el 20 de mayo, junto a la ley Hojarasca y la adhesión argentina al tratado de cooperación internacional de patentes (PCT)

Sobre la alícuota del 7,5 por ciento de recargo en las facturas de gas que se utiliza como fuente de financiamiento desde que entró en vigencia la ley del 2021, Tettamanti señaló que ya no alcanza para costear la política pública, y advirtió que si la no se modifica la norma, habría que llevar dicho impuesto al 11,5 por ciento.

Al abrir el debate a los diputados miembros de las comisiones intervinientes, hubo posiciones encontradas.

Laura Rodríguez Machado (LLA) aseguró que en el 2021 “se metió la política” para desvirtuar el sentido de una política pública que focalizaba los subsidios en las zonas que necesitaban la ayuda del Estado por su condición climática.

“En el 2021 se metió la política. Lejos de aplicar la zona a quienes verdaderamente necesitaban esta ayuda por parte del Estado, decidió extender la mancha geográfica” sin ningún tipo de distinción entre quienes lo requerían y quiénes no, consideró la cordobesa.

Recordó que cuando se presentó el proyecto de ley durante el Gobierno del Frente de Todos, el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, alertó que se estaba impulsando un “subsidio para ricos”.

Según dijo Rodríguez Machado, “Córdoba es el símbolo de la arbitrariedad de esta ley” porque se estableció que los municipios de la capital para abajo, “que son los más ricos de la provincia”, recibieran el subsidio por zona fría.

“Los que tienen pileta climatizada y sauna terminan son subsidiados por los más pobres”, lamentó.

A su turno, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, recordó que la ley del 2021, que ahora La Libertad Avanza y algunos de sus aliados ponen en tela de juicio, había recibido 190 votos afirmativos, muchos de los cuales habían sido emitidos por diputados que en la actualidad se referencian en el oficialismo.

Mencionó en ese sentido al actual secretario de Desregulación de la Nación, Alejandro Cacace, al exsecretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales Omar de Marchi, a Sebastián García de Luca, a Silvia Lospennato, a Mario Negri, al actual gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, a Luis Petri y al gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

“Fue más de ustedes que nuestro el proyecto”, ironizó el santafesino.

En tanto, Silvana Giudici (LLA) recordó que “irresponsablemente Alberto Fernández incorporó al régimen de zonas frías 3.431.000 personas, subiendo la tasa en la factura a los 47 millones de argentinos”.

“De esas zonas ampliadas, el 60 por ciento de la población tiene ingresos superiores a cuatro millones de pesos. Es falso que se les quita el beneficio a los sectores vulnerables. Solo dejamos de subsidiar a los countrys y grandes mansiones de zonas muy acomodadas”, subrayó. NA

El Gobierno nacional amplió el alcance del programa Tribuna Segura y habilitó la posibilidad de impedir el ingreso a los estadios de fútbol a personas que estén inscriptas en registros de deudores alimentarios morosos. La decisión fue oficializada mediante la Resolución 429/2026 del Ministerio de Seguridad, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La normativa modifica el artículo 2 de la Resolución 354/2017, que establece los criterios para aplicar la denominada restricción de concurrencia administrativa en espectáculos futbolísticos. A partir de este cambio, también podrá prohibirse el acceso a quienes se encuentren registrados como incumplidores de obligaciones alimentarias, de acuerdo con la normativa vigente en cada jurisdicción.

El texto oficial señala que la restricción se mantendrá mientras continúe vigente la situación que le dio origen, es decir, hasta que la persona regularice su deuda y deje de figurar en el registro correspondiente.

El programa Tribuna Segura fue creado con el objetivo de reforzar los controles en los accesos a los estadios y prevenir episodios de violencia en el fútbol argentino. El sistema permite verificar la identidad de los asistentes y detectar a personas con prohibiciones vigentes para concurrir a eventos deportivos.

Hasta ahora, el mecanismo contemplaba restricciones para personas imputadas, procesadas o condenadas por delitos cometidos en el marco de espectáculos deportivos, así como para quienes hubieran protagonizado hechos violentos o representaran un riesgo para la seguridad pública.

También alcanzaba a quienes participaran en disturbios en la vía pública o en manifestaciones que alteraran el orden, incluso fuera del ámbito de los estadios.

Con esta nueva disposición, el Gobierno incorpora al sistema nacional una herramienta que ya funcionaba en algunas provincias y ciudades del país, con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones alimentarias mediante una sanción que afecta el acceso a actividades recreativas y deportivas.

Dos ciudadanos de nacionalidad boliviana fueron detenidos por transportar 321 kilos de cocaína en una avioneta narco luego de protagonizar un tiroteo contra la Gendarmería y una persecución en la localidad santafesina de Villa Eloísa.

Fuentes policiales informaron que efectivos de Gendarmería Nacional llevaron a cabo un operativo en esa zona rural, donde se concretó el arresto de ambos extranjeros, identificados como José Carlos Roca López y Yamil Silvestre Zabala Núñez, piloto y copiloto.

A través de una investigación encabezada por la Procunar y la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, el juez federal Eduardo Rodríguez Da Cruz ordenó el operativo por el presunto vínculo de estos sospechosos con el narco Brian Bilbao.

El fin del procedimiento era continuar con el esclarecimiento de una supuesta organización encargada de realizar vuelos clandestinos para el traslado de drogas en la provincia de Santa Fe.

La pesquisa se inició con un seguimiento desde la localidad de Roldán hasta un campo ubicado en Villa Eloísa, donde los gendarmes observaron tres vehículos vinculados al expediente, mientras aterrizaba una avioneta en un espacio rural no habilitado, al tiempo que detectaron bidones utilizados para el repostaje de combustible.

Al momento de intentar tomar los datos personales, los implicados efectuaron disparos contra las autoridades y emprendieron la fuga en dos camionetas Fiat Strada hasta que atropellaron al cabo Pablo Ezequiel Miranda, quien sufrió una fractura de base de cráneo y sangrado frontoparietal, motivo por el que fue trasladado al sanatorio Laprida de Rosario. NA

García Furfaro es considerado “prima facie, coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de, al menos, 70 personas, así como en las lesiones gravísimas de -al menos- dos. y graves de -al menos- 41 personas, en concurso ideal con el delito de lesiones leves de, al menos, una persona, también en calidad de coautor”.

“Estas víctimas se agregan a las 20 fatales que ya fueran atribuidas al resolver el procesamiento en el mes de septiembre de 2025”, remarcaron los allegados a la investigación sobre los lotes 31.202 Y 31.244.

En este sentido, se resolvió mantener la inhibición general de bienes y el embargo contra el acusado, al tiempo que también se extendió el procesamiento con prisión preventiva y las mismas medidas para Diego Hernán García, hermano de Ariel.

A su vez, Nilda Furfaro, señalada como partícipe necesaria por el mismo ilícito, continuará detenida bajo la modalidad de arresto domiciliario, mientras que el juez federal Ernesto Kreplak determinó esas pautas para José Antonio Maiorano, Horacio Antonio Tallarico, Rodolfo Antonio Labrusciano, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio, Javier Tchukran, Adriana Iúdica, Dayana Astudillo Bolívar, Rocío del Cielo Garay, Edgardo Sclafani, María Victoria García y Wilson Daniel Pons.

“La causa comprende 13 personas procesadas, 90 víctimas fatales, 44 víctimas no fatales, 42 querellantes además del Ministerio Público Fiscal. Asimismo, el expediente cuenta con más de 400 legajos e incidentes en trámite, lo que arroja un aproximado de 600 cuerpos, sin contar las históricas clínicas analizadas”, explicaron las fuentes ante la consulta de NA.

Se estima que se distribuyeron en el país más de 300 mil ampollas de fentanilo de la empresa HLB Pharma y de acuerdo a la información oficial, se lograron recuperar todos los lotes infectados.

Hasta ahora se registraron muertes en Córdoba, Santa Fe, Rosario, La Plata y Capital Federal, pero el temor en otras provincias no cesa.

Las pericias por parte del Cuerpo Médico Forense confirman por el momento que, de los casos analizados, la administración del opioide contaminado “fue clave en el desenlace fatal de 114 pacientes”, aunque hasta el momento se confirmaron la muerte de 90 pacientes. NA

La abogada Victoria Scoccia, que representa a Sandra O., la mujer que fue detenida y ahora imputada por supuesto “exhibicionismo público”, en donde se la acusa de haber tenido relaciones sexuales con otro pasajero -Mauricio C.-, en un avión; sostuvo que su clienta “no tuvo nada que ver con el evento”.

El desenlace ocurrió durante un vuelo de la aerolínea comercial Copa Airlines, de la que, tal como indicó el parte policial, la tripulación realizó la denuncia y manifestaron “que habría una mujer y un hombre con sus prendas bajas en el interior del avión e hicieron exhibiciones”.

Sin embargo, en declaraciones radiales, la abogada inició: “Lo que se dice es absolutamente falso y no ocurrió de la manera en que se viraliza a través de los distintos medios, incluso internacionales, en lugares como Estados Unidos, Panamá y Uruguay, por nombrar sólo algunos de los países”.

“No es cierto todo lo que se dijo”, sostuvo la letrada al tiempo en que buscó no “ahondar” en el detalle de la causa ya que “la investigación corre por otro lado”. No obstante, Scoccia insistió: “El hecho no ocurrió y mi clienta se vio involucrada en una situación totalmente falsa que no es tal como se relata en los medios”.

Scoccia descartó que haya habido menores de edad involucrados durante el hecho y remarcó: “Ratifico que mi clienta no tuvo nada que ver en el hecho que se le imputa. No está involucrada. No niega el hecho, pero ella no está involucrada, no tuvo absolutamente nada que ver”.

“Lo que motivó la detención es que hubo una situación arriba de la aeronave y hay un involucrado de sexo masculino que es por quien se le atribuye lo ocurrido, falsamente, a mi clienta, pero ella no tuvo absolutamente nada que ver en el evento”, cerró la abogada. NA

El Gobierno nacional amplió el programa Tribuna Segura y habilitó la posibilidad de restringir el ingreso a estadios de fútbol a personas inscriptas en registros de deudores alimentarios. La medida, que ya regía en algunas jurisdicciones, ahora se incorpora al sistema de control a nivel nacional.

La decisión fue oficializada a través de la Resolución 429/2026 del Ministerio de Seguridad de la Nación, publicada en el Boletín Oficial. El documento dispone la modificación del artículo dos de la Resolución Nº 354/2017, que establece los criterios para aplicar la restricción de concurrencia administrativa en espectáculos futbolísticos.

Entre los cambios incorporados, se establece que también podrá impedirse el ingreso a quienes “se encontrare[n] (…) inscripto[s] en un Registro Público de Alimentantes Morosos, o su equivalente, de conformidad con la normativa local”. El texto precisa que la restricción se mantendrá “mientras continúe vigente la situación que le dio origen”.

El programa Tribuna Segura fue creado para controlar el acceso a los estadios y prevenir hechos de violencia en el fútbol. De acuerdo con la normativa, contempla el control de acceso e ingreso, sumado a la fiscalización de entrada a estadios de fútbol durante los encuentros.

Hasta el momento, el sistema permitía restringir la entrada a personas imputadas, procesadas o condenadas por delitos vinculados a espectáculos deportivos, así como a quienes hubieran protagonizado conductas violentas o generaran riesgos para la seguridad pública. La nueva resolución incorpora a ese esquema a quienes incumplen con el pago de obligaciones alimentarias, en línea con normativas ya existentes en distintas jurisdicciones.

El hantavirus mantiene su vigencia en el territorio nacional según los datos revelados por el último Boletín Epidemiológico Nacional. En las últimas dos semanas se notificó un nuevo caso correspondiente a una persona con residencia en la provincia de Buenos Aires, elevando el total de la temporada 2025-2026 a 102 confirmados.

De acuerdo al informe que publicó la Agencia Noticias Argentinas, la región Centro del país concentró el 54 por ciento de los registros, con 43 casos localizados principalmente en territorio bonaerense. Por otro lado, la tasa de incidencia más alta se ubicó en la región del NOA, donde se contabilizaron 36 casos, de los cuales el 83 por ciento pertenecen a Salta.

Respecto al brote detectado en el crucero MV Hondius, el reporte oficial correspondiente a la semana epidemiológica 17 de 2026 confirmó que se identificaron ocho casos a bordo, de los cuales seis fueron confirmados y dos permanecen como probables. Lamentablemente, tres de las personas afectadas fallecieron a causa de la enfermedad.

Las pruebas de PCR y secuenciación genómica efectuadas en laboratorios de referencia de Sudáfrica y Suiza ratificaron que los casos corresponden a la cepa Andes, con presencia habitual en el sur de Argentina y Chile. Si bien la ANLIS Malbrán determinó que la secuencia del virus tiene un alto grado de parentesco con cepas detectadas en 2018 en Neuquén, el origen del brote aún no pudo ser confirmado de forma fehaciente.

Actualmente, el Ministerio de Salud de la Nación continúa realizando la investigación epidemiológica en articulación con las autoridades sanitarias provinciales involucradas y fortalece la cooperación internacional mediante el envío de insumos y asistencia técnica a los países afectados.

Por segunda semana consecutiva, las autoridades detectaron el aterrizaje de una aeronave cargada con estupefacientes en la provincia de Santa Fe. En esta oportunidad, el operativo se desarrolló este martes al mediodía en una zona rural de Villa Eloísa, a unos 100 kilómetros de Rosario, donde se incautaron 321 kilos de cocaína.

El procedimiento, llevado adelante por efectivos de la Gendarmería, derivó en una persecución con características cinematográficas. Según las investigaciones, tres hombres aguardaban el cargamento en una pista clandestina acondicionada para el descenso. Al verse sorprendidos por el operativo cerrojo de las fuerzas federales, los sospechosos iniciaron una huida en la que una camioneta Strada embistió a un gendarme.

El agente herido fue asistido inicialmente en un centro de salud de Cañada de Gómez y posteriormente trasladado a Rosario, donde permanece internado con una fractura de cráneo. En tanto, las dos camionetas utilizadas para el escape fueron halladas incendiadas en una zona rural entre las rutas 15 y 178. Se presume que los implicados continuaron la fuga en un automóvil Gol Trend.

Durante el rastrillaje en la zona, fueron detenidos dos hombres de nacionalidad boliviana que se encontraban a pie y carecían de documentación de ingreso al país. Los investigadores suponen que se trataría del piloto y el copiloto de la aeronave. Este hecho se suma al ocurrido el cinco de mayo en Vera, donde se secuestraron 442 kilos de droga y fueron arrestadas ocho personas.

La investigación se encuentra bajo las directivas del fiscal Matías Scilabra de la PROCUNAR y su titular, Diego Iglesias, con la colaboración de Procelac. Las autoridades analizan posibles vínculos de este cargamento con la organización de Brian Bilbao, también conocido como “Barba” o “Patoruzec”, un capo narco detenido en noviembre pasado en Exaltación de la Cruz.

Brian Bilbao figuraba dentro de los diez delincuentes más buscados de la provincia, y por quien el gobierno santafesino ofrecía 40 millones de pesos. Aunque fue capturado tras el aterrizaje de una avioneta en Pergamino, su nombre volvió a surgir en el marco de este nuevo tráfico aéreo de estupefacientes en el sur santafesino.

El Senado abrirá este miércoles el debate de la reforma electoral que tiene como punto central la eliminación de las PASO para definir los candidatos electivos al Congreso Nacional y a la presidencia, en medio de una fuerte tensión entre el oficialismo y los bloques dialoguistas.

El tratamiento se iniciará a las 16 en la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Agustín Coto, con el informe que dará la asesora del gobierno nacional y ex titular de la Dirección Nacional Electoral, Luz Landivar. La apertura del debate se realiza en medio de las diferencias entre la La Libertad Avanza y los sectores dialoguistas, que rechazan la quita de las primarias y pretendían tratar primero la ley de Ficha Limpia, propuesta que había sido avalada inicialmente por la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich.

Fuentes parlamentarias del oficialismo señalaron que el objetivo es "arrancar el partido y comenzar a negociar" los puntos donde no hay acuerdo. El oficialismo necesita consensos con el PRO, la UCR y los bloques provinciales, ya que se requiere una mayoría absoluta de 37 votos en el Senado y 129 en la Cámara de Diputados.

Uno de los ejes centrales es la implementación de la Ficha Limpia, por la cual no podrán ser candidatos a cargos electivos aquellos dirigentes condenados en segunda instancia por delitos dolosos. Asimismo, se propone que cada alianza o partido político elija su propio sistema de elecciones para definir postulaciones, eliminando la obligatoriedad de las primarias.

En cuanto a los requisitos, los candidatos a presidente deberán contar con el aval del 0,1 por ciento del padrón electoral, mientras que para el Congreso Nacional será del 0,5 por ciento de cada distrito. Además, los partidos deberán estar reconocidos en diez distritos y contar con un mínimo de afiliados para mantener su personería nacional.

Respecto a la economía de la política, el proyecto elimina el financiamiento del Estado a las campañas y aumenta del dos al 35 por ciento el tope de aporte privado. También se establece que no habrá más publicidad gratuita en los medios de comunicación y se elimina el debate obligatorio de candidatos presidenciales.

Finalmente, la iniciativa busca modificar la ley de Boleta Única de Papel para permitir la incorporación del tilde de boleta completa e incluir las elecciones provinciales en caso de que los comicios sean simultáneos.

El Gobierno Nacional respondió a los rectores, docentes y estudiantes que se movilizaron para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. Desde la administración central calificaron a la cuarta Marcha Federal Universitaria como una movilización de carácter "opositor" y desmintieron las acusaciones por falta de pago.

A través de un comunicado firmado por La Libertad Avanza, la gestión del presidente Javier Milei sostuvo que se pretende "instalar" en la sociedad un discurso en el que se busca "desfinanciar" las universidades públicas o bien "cerrarlas".

Al respecto, desde el sector oficial señalaron que el Gobierno Nacional ha cumplido con sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento. En ese sentido, destacaron que en el Presupuesto 2026 la partida destinada a las instituciones creció y pasó a 4,8 billones de pesos.

Por otra parte, las autoridades recordaron que durante el mandato del ex presidente Alberto Fernández se transferían los fondos a las universidades "hasta con cuatro meses de atraso" y con una inflación del 211,4 por ciento anual. En contraste, indicaron que actualmente esos pagos se realizan de forma mensual y con una inflación anual del 31,5 por ciento.

Respecto a la normativa reclamada, el comunicado detalló que la Ley de Financiamiento Universitario nació suspendida en su ejecución en virtud de lo establecido en la Ley de Presupuesto N° 24.629. Según explicaron, esto se debe a que los responsables de su sanción no determinaron en el Congreso de la Nación las fuentes de su financiamiento, debido a que su aplicación equivale a un gasto total de 1,9 billones de pesos.

Finalmente, desde el Ejecutivo subrayaron que el presidente y su equipo no van a salirse del compromiso "inquebrantable" de sostener el equilibrio fiscal. En esta línea, rechazaron cualquier cambio en el presupuesto porque eso "implicaría más impuestos" o mayor "emisión monetaria" y, por consiguiente, generaría "más inflación y más pobreza".

En una semana marcada por la conflictividad social, el presidente Javier Milei decidió profundizar el rumbo económico con un nuevo decreto de ajuste fiscal de 1,47 billones de pesos, equivalente al 1,6 % del PBI. La medida se conoció apenas uno de los días previos a la Marcha Federal Universitaria, confirmando la voluntad del Ejecutivo de avanzar con el recorte pese a las manifestaciones en las calles.

Mientras una multitud se concentraba frente a la Casa Rosada, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezaba la mesa política para retomar la iniciativa en el Congreso de la Nación. La orden directa fue sostener el proyecto de reforma electoral sin modificaciones. Esta postura generó cortocircuitos con la senadora Patricia Bullrich, quien buscaba negociar con bloques aliados como el PRO y la UCR para separar la iniciativa de "Ficha Limpia".

Las diferencias entre Karina Milei y Patricia Bullrich se han vuelto recurrentes. Según trascendió, la hermana del mandatario bloqueó la designación de Diego Valenzuela en un cargo clave del Ministerio de Seguridad, bajo la órbita de Alejandra Monteoliva. En este contexto, Patricia Bullrich intentó bajar el tono a las versiones sobre el temperamento del presidente en las reuniones de gabinete, señalando que tiene una emocionalidad importante.

Por otro lado, la relación con Mauricio Macri atraviesa un momento de frialdad. El titular del PRO emitió un duro comunicado marcando distancias con la gestión nacional. El expresidente y el actual mandatario no mantienen encuentros desde el 31 de octubre de 2025. Ante este escenario, Mauricio Macri planea rearmar su espacio político con recorridas por el interior del país junto a su entorno cercano, como Fernando De Andreis.

El peronismo también comenzó a mover sus piezas. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, viajó a Córdoba para intentar un acercamiento con el sector que lidera Martín Llaryora. En ese marco, Carlos Bianco buscó puntos de encuentro con el peronismo cordobés, mientras que desde la CGT, Héctor Daer volvió a respaldar una eventual candidatura presidencial del gobernador bonaerense.

Sin embargo, la interna kirchnerista persiste. La diputada Teresa García y el senador provincial Sergio Berni advirtieron que si Axel Kicillof no acepta la conducción estratégica de Cristina Fernández, el espacio buscará otros candidatos para las próximas elecciones.

Desde el sector técnico, el economista Martín Rapetti, director de Equilibra Consultores, analizó la situación actual. Según el especialista, la economía atraviesa un proceso contractivo donde la recaudación tributaria cayó por nueve meses consecutivos. Martín Rapetti advirtió que el Gobierno nacional está logrando el superávit primario del 1,4 % acordado con el FMI mediante el recorte o la postergación de pagos a proveedores.

"Esa contracción del gasto tiene un efecto negativo sobre la actividad económica, porque ese gasto que no hace el gobierno es un faltante de caja para alguien".

El economista planteó que la sostenibilidad del plan podría verse afectada si los mercados perciben riesgos de cambio de régimen político, lo que impactaría en el riesgo país y la estabilidad del mercado de cambios una vez que se acerque el proceso electoral.

El juez federal Julián Ercolini procesó este martes a la ex fiscal Viviana Fein por el delito de encubrimiento agravado en el marco de la causa que investiga las irregularidades cometidas durante el inicio de la instrucción por la muerte del fiscal Alberto Nisman.

La resolución judicial sostiene que Fein, quien tuvo a su cargo la investigación en las primeras horas posteriores al hallazgo del cuerpo de Nisman en enero de 2015, incumplió con los protocolos básicos de actuación y permitió que se alterara la escena del crimen en el departamento del complejo Le Parc, en el barrio porteño de Puerto Madero.

Además del procesamiento, Ercolini ordenó un embargo preventivo de 15 millones de pesos sobre los bienes de la ex funcionaria, actualmente jubilada.

En los fundamentos del fallo, el magistrado afirmó que Fein “no preservó debidamente la escena del hecho ni recolectó todos los elementos probatorios que allí se encontraban”, lo que habría generado un perjuicio directo para el esclarecimiento del caso.

Según la resolución, las omisiones cometidas durante esas primeras horas derivaron en la pérdida o alteración de pruebas y obstaculizaron la obtención de evidencias fundamentales en un momento decisivo para la investigación.

“Las deficiencias generaron un grave perjuicio para el curso de la investigación del homicidio, dado que provocaron la pérdida y/o alteración de evidencias e impidieron reunir elementos que debían resguardarse en un momento trascendental para la recolección de pruebas”, señala el fallo al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Para la Justicia federal, ya se encuentra acreditado que Nisman, quien se desempeñaba como titular de la Unidad Fiscal AMIA, fue víctima de un homicidio, y que el accionar de Fein entorpeció de manera directa el avance de la investigación.

Nisman fue hallado muerto con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento durante el fin de semana del 17 y 18 de enero de 2015, pocos días después de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA mediante la firma del Memorándum con Irán.

La decisión de Ercolini coincidió con el pedido formulado por el fiscal Eduardo Taiano, quien tras la declaración indagatoria de Fein había solicitado su procesamiento bajo la figura de encubrimiento.

De esta manera, la Justicia avanzó sobre la actuación de la ex fiscal al considerar que las irregularidades en el manejo del lugar del hecho no constituyeron simples errores involuntarios, sino una serie de omisiones que afectaron el correcto desarrollo y el resultado de la investigación desde sus inicios.

En la movilización estuvieron presentes los titulares del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): Franco Bartolacci, quien preside la entidad, y Anselmo Torres, el vicepresidente, junto a las distintas federaciones gremiales.

También se sumaron los representantes del Frente Gremial Docente y No Docente, conformado por las principales federaciones nacionales docentes (Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, UDA, Ctera y por la Federación de no docentes (Fatun).

Los miembros de la Federación Universitaria Argentina (FUA) fueron los encargados de leer el documento en el que afirmaron que el poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los Gastos de Funcionamiento de las Universidades “no ha superado”, en ninguno de los meses de la gestión del presidente Javier Milei, “el 64 por ciento del que tenía en enero de 2023”.

“El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario 27.795 sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho”, remarcaron.

En la misma línea, indicaron que desde diciembre de 2023 “se ha perdido el equivalente a casi nueve meses de transferencias”; asimismo, manifestaron que la crisis que atraviesan las universidades “no es solo presupuestaria”, porque como ciudadanos “deben denunciar con dolor y firmeza” la “ruptura del acuerdo democrático” de la división de poderes que tenemos en la Nación.

Para finalizar, expresaron que la universidad pública y el sistema público de investigación, “son factores fundamentales de la economía del país” y, además, funcionan como recursos estratégicos para que la industria nacional pueda “competir en el mundo” y “generar puestos de trabajo con derechos, y ambientalmente sustentables”: “Todo proyecto de país necesita una universidad de excelencia que aporte desde la soberanía científica, tecnológica y de las artes a su desarrollo”, añadieron.

“No permitamos que los pilares de nuestras universidades trabajadores docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el País será solo un sueño. Es aquí y ahora. La universidad pública se defiende. Por más y mejor educación pública y ciencia”, concluyeron.

Debajo del escenario estuvieron el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; senadores, diputados y legisladores porteños tanto del peronismo como de las agrupaciones de izquierda, como el FIT y el Nuevo MAS.

También estuvieron representantes de la Comunidad Científica Argentina, principalmente de los sectores vinculados a la investigación, debido a que atraviesan “una situación límite”, marcada por el desfinanciamiento y la caída salarial.

La movilización, que se replicó en todo el país, contó con el apoyo de la CGT y las dos CTA, que participaron con sus respectivas columnas para exigir la “recomposición salarial para docentes y nodocentes” y la aplicación del “presupuesto para el funcionamiento de las universidades y los hospitales universitarios”. NA

La Cámara de Diputados convocó a una sesión impulsada por la oposición el jueves a las 11 para tratar proyectos en los que se pide la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aunque es difícil que puedan alcanzar el quórum.

La sesión fue solicitada por el diputado de Provincias Unidas, Esteban Paulón, acompañan con la firma otros diputados de Provincias Unidas, del Frente de Izquierda, de Encuentro Federal, de la Coalición Cívica y monobloques opositores.

El pedido de sesión especial lleva las firmas además de Paulón, de Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Pablo Juliano, Nicolás del Caño, Romina del Plá, Myriam Bregman, Néstor Pitrola, María Inés Zigarán, Mariela Coletta, Pablo Farías, Nicolás Massot y Natalia de la Sota.

Hasta la tarde, los bloques opositores que convocaron a la sesión no reunían el quórum reglamentario de 129 diputados, aunque Unión por la Patria aporte sus 93 diputados.

El temario de la sesión incluye pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni y hasta una moción de censura, pero como no tiene dictamen el objetivo es poder votar un emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento.

Paulon no puede garantizar la presencia de los 20 legisladores de su bloque Provincias Unidas, ya que más de la mitad no ayudará a alcanzar el piso necesario para habilitar el debate.

La propia presidenta del bloque, Gisela Scaglia, ya anticipó que no concurrirá a la sesión y lo mismo harán los ex Pro José Núñez y Sergio Capozzi, y la mayoría de los seis legisladores cordobeses.

Hasta ahora solo asistirían a la sesión unos 90 de UxP, 7 de Provincias Unidas, 4 de la izquierda, 2 de Encuentro Federal, Marcela Pagano de Coherencia, Natalia de la Sota de Defendamos Córdoba, y Jorge Fernández de Primero San Luis.

En cambio, no concurrirán el PRO, la UCR, Innovación Federal, Producción y Trabajo, e Independencia, según pudo saber la agencia NA.

Este pedido de sesión especial realizada la semana pasada sucede luego de que las autoridades del bloque de Unión por la Patria rechazaran las presiones de sus compañeros de ruta para convocar a una sesión, al considerar que en el contexto actual no podían permitirse dar un salto al vacío sin tener la garantía mínima del número para el quórum y los votos para aprobar los proyectos.

En el peronismo se mostraron sorprendidos y disgustados por esta convocatoria unilateral e inconsulta, según altas fuentes parlamentarias de Unión por la Patria.

Aclararon que “no firmamos porque no charlaron con nosotros y no nos convocaron a firmar”. NA

En el plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Industria y Legislación General, el oficialismo y bloques aliados avalaron con 57 firmas (cinco en disidencia del PRO) la adhesión al tratado internacional de patentes con la reserva del capítulo 2, producto del exitoso lobby que ejecutaron las cámaras del sector farmacéutico local.

Unión por la Patria presentó un dictamen de rechazo con el argumento de que la adhesión al tratado es parte de un compromiso asumido con Estados Unidos, y que no surgen elementos beneficiosos para el país.

Por su parte, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) presentó un dictamen de minoría ya que estaba en desacuerdo poner en reserva el capítulo 2, lo que catalogó como una “señal totalmente negativa para nuestros socios comerciales”.

De acuerdo a CILFA y Cooperala, el capítulo II (que se mantuvo bajo reserva) desprotegía a la industria nacional de medicamentos frente a la competencia de multinacionales, especialmente de origen estadounidense, ya que les facilitaría el patentamiento en el mercado local perjudicando la producción de genéricos por parte de los laboratorios nacionales.

Finalmente, el Gobierno resolvió dejar en reserva el capítulo II del tratado, de manera tal que Argentina adherirá al sistema internacional de patentes, pero manteniendo el control local pleno sobre los criterios de evaluación técnica y patentamiento, del mismo modo que Uruguay.

El PCT (Patent Cooperation Treaty) es un sistema internacional -al cual ya adhirieron 158 países del mundo- que permite simplificar el registro de patentes a través de un formulario de solicitud unificado.

La presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores, Juliana Santillán, destacó que el PCT “facilita el acceso de los investigadores, universidades, emprendedores y empresas en los mecanismos de protección internacional promoviendo mayores oportunidades de transferencia tecnológica e inserción competitiva en los mercados globales”.

Por su parte, el secretario de Desregulación de la Nación, Alejandro Cacace, recordó que Argentina había firmado este tratado en 1970 y recién en 1998, 28 años después, logró la media sanción del Senado.

Después de un intento infructuoso en el 2019 durante el Gobierno de Cambiemos para retomar la media sanción en la Cámara de Diputados (que no perdió estado parlamentario por tratarse de un tratado internacional), el Gobierno de Javier Milei se propuso completar la tarea. NA