Desde la ciudad de Tornquist, donde las temperaturas descienden considerablemente durante el otoño, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se refirió a la posible eliminación del subsidio de Zona Fría. A través de un video difundido en sus redes sociales, el mandatario provincial manifestó su preocupación ante el avance de esta medida impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

“Estamos ante una situación muy complicada porque el Gobierno de Javier Milei quiere quitar el subsidio de Zona Fría de la provincia de Buenos Aires y de todo el país”, sostuvo el Gobernador de la Provincia. Según detalló, el beneficio alcanza a cerca de un millón trescientos mil hogares en territorio bonaerense, lo que representa a unos cinco millones de personas.

En su mensaje, Kicillof advirtió sobre las consecuencias económicas que tendría la aprobación de este cambio en el Senado. Al respecto, señaló: “Si esto se aprueba en el Senado (lo que estas familias tendrán) será un aumento tarifario de hasta el 100% en el gas. Y ocurre cuando estamos ante una situación donde buena parte de las familias en la provincia de Buenos Aires, más allá de su condición económica, está con complicaciones, está endeudada, no puede pagar alquiler, alimentos, combustible, pero tampoco tarifas, luz y gas”.

El mandatario enfatizó que el régimen vigente responde a las condiciones climáticas reales de la región. “Quiero decir que es Zona Fría lo que tenemos en provincia de Buenos Aires y eso es lo que está afectando el Gobierno de Milei”, afirmó.

Finalmente, el gobernador reiteró sus críticas hacia la gestión nacional, a la que acusó de profundizar el ajuste. En declaraciones previas, Axel Kicillof había calificado al proyecto como una medida que “cuando pensábamos que había llegado al límite de crueldad, el Gobierno nacional vuelve a castigar al pueblo, esta vez con la modificación del régimen de Zona Fría, un proyecto que descarga aun más sobre la gente el peso de un ajuste que cada día está más lejos de ser para la casta”.

El expresidente Mauricio Macri eligió Mendoza como escenario para enviar una señal política de alto contenido estratégico: el objetivo del PRO es reposicionarse como un actor propio en la nueva etapa política argentina, con la mirada puesta en el mediano plazo y, especialmente, en el horizonte electoral de 2027.

En una visita breve, el exmandatario combinó gestos de respaldo al rumbo del gobierno de Javier Milei con advertencias sobre los riesgos que, a su juicio, podrían condicionar el éxito del proceso de transformación. Durante su discurso en el encuentro regional “Próximo Paso – Cuyo”, realizado en el hotel Hilton de Guaymallén, Macri sostuvo que el PRO fue un actor clave en el respaldo inicial a la gestión nacional, pero subrayó la necesidad de consolidar el cambio: “Lo que se discute es si el cambio adquiere la suficiente fuerza para que el populismo no lo vuelva a destruir”.

El líder del PRO también expresó su preocupación por las tensiones internas dentro del oficialismo. “Si la energía se te va con la fisura interna, no podés llevar adelante el cambio”, advirtió. Asimismo, al referirse al clima social en la provincia, señaló: “Se respira esperanza”, aunque matizó que “algunos argentinos empiezan a dudar, pero los cambios llevan tiempo”.

Durante la jornada, el expresidente estuvo acompañado por la exvicepresidenta Gabriela Michetti y el dirigente Fernando de Andreis. Fue recibido por referentes locales, entre ellos el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, a quien definió como “una joya”. Además, mantuvo reuniones reservadas con el intendente de la capital mendocina, Ulpiano Suarez, y con el gobernador Alfredo Cornejo.

La visita estuvo marcada por una estrategia de exposición controlada, que incluyó la cancelación de una conferencia de prensa prevista. Con este paso por Mendoza, Macri buscó mantener un equilibrio: apoyar el rumbo del Gobierno sin diluir la identidad del PRO y construir una alternativa propia hacia el futuro.

El bloque de concejales de Fuerza Patria presentó un proyecto de ordenanza que busca declarar la emergencia del servicio de transporte público de pasajeros en el partido de Tandil. La medida, que planteó un plazo de vigencia de 12 meses, apunta a dotar al Ejecutivo de herramientas para enfrentar la crisis que atraviesa el sector, marcada por la eliminación de los subsidios y el incremento de los costos operativos.

La propuesta legislativa surge en un contexto complejo para las seis líneas que operan en la ciudad y que aún aguardan definiciones sobre una serie de plantes. Según los fundamentos del proyecto, el sistema de transporte local se encuentra en una situación de “estado crítico” derivada del “sostenido” aumento en los insumos básicos como combustibles, repuestos y seguros, sumado al impacto de los acuerdos salariales del sector.

Entre los considerandos, señala que el transporte público de pasajeros constituye un “servicio público esencial” para garantizar el “derecho a la movilidad, el acceso al trabajo, la educación, la salud, el comercio y demás actividades cotidianas de la comunidad”.

La propuesta se enceuntra en análisis y se suma a los ejes de discusión que ocupan actualmente la agenda de la Comisión de Transporte que preside Luján Fiego. Por un lado, el pedido que elevó la Cámara de Transporte para definir un esquema de emergencia que reduzca frecuencias en una estrategia que implique el menor impacto posible a los usuarios.

Por otro, el pedido de aumento de emergencia impulsado por la entidad que nuclea a las seis empresas del sector y, finalmente, la definición de una nueva metodología para las futuras actualizaciones tarifarias, dado que la ordenanza que aplicó ajustes para la primera parte del año tuvo su última escala en mayo.

El impacto de las políticas nacionales

Entre los argumentos que sustentan el proyecto, repasaron el rol del Estado nacional en el financiamiento del sistema. El texto subrayó que la eliminación del denominado “Fondo Compensador del Interior” por parte del Gobierno nacional despojó a los municipios de recursos que anteriormente asistían financieramente a las empresas prestatarias.

En simultáneo, plantearon que el Estado nacional “continúa percibiendo el impuesto a los combustibles líquidos” contemplados en la Ley 23.966 y normativa complementaria, tributo cuya recaudación se encuentra “vinculada al sostenimiento de políticas de infraestructura y compensación del transporte público”.

Asimismo, los autores de la iniciativa calificaron como “insuficiente” el régimen transitorio de subsidios puesto en marcha por el Gobierno bonaerense. En este sentido, el bloque opositor remarcó que la falta de políticas nacionales de fomento obligó a diversos municipios de la provincia de Buenos Aires a recurrir a la declaración de emergencia como recurso para “preservar” la continuidad de la prestación y proteger las fuentes laborales vinculadas al sector.

También expone la “preocupación institucional” ante la “falta de políticas nacionales” en materia de financiamiento del transporte público.

Los artículos

En su artículo primero, la propuesta de Fuerza Patria declara la emergencia del servicio público de transporte urbano de pasajeros en el partido de Tandil por el plazo de 12 meses contados a partir de la promulgación, y establece que el Departamento Ejecutivo podrá prorrogarla “ad referéndum” del Concejo Deliberante “en caso de mantenerse las condiciones que llevaron a su declaración inicial”.

En el siguiente punto, indica que la declaración de emergencia tendrá por objeto “garantizar la continuidad, regularidad, accesibilidad y sostenibilidad del servicio público de transporte urbano de pasajeros preservando el interés público comprometido y el acceso de los vecinos al sistema de movilidad urbana”.

A través del artículo tercero del proyecto de ordenanza, faculta al Departamento Ejecutivo, durante el período de emergencia, a adoptar “medidas extraordinarias, transitorias y excepcionales” tendientes a asegurar la prestación del servicio”.

Y enumera ente las posibilidades de acción la “readecuación y/o modificación de frecuencias y horarios de manera temporal interviniendo en el pliego de bases y condiciones del transporte público; la instrumentación de “mecanismos excepcionales de compensación económica, reasignación de partidas y asistencia financiera destinados a garantizar la continuidad del servicio” o la implementación de “medidas de reorganización operativa y administrativa” orientadas a la eficiencia y sostenibilidad del sistema.

En tanto, las facultades otorgadas “deberán ejercerse respetando los principios de razonabilidad, publicidad, transparencia, continuidad del servicio y protección de los derechos de los usuarios”, señala el artículo cuarto.

Luego, agrega que las decisiones y medidas adoptadas en el marco de las facultades enumeradas en el artículo tercero “deberán previamente trabajarse en la mesa de emergencia del transporte público de pasajeros”.

Entonces, el artículo sexto, crea la mesa de emergencia del transporte público de pasajeros, que estará integrada por un representante del Departamento Ejecutivo; un representante de cada bloque político del Concejo Deliberante; representantes de las empresas prestatarias; y representantes de trabajadores del sector”. El espacio tendrá “carácter consultivo y de seguimiento” de las medidas adoptadas durante la emergencia.

El artículo séptimo establece que el Ejecutivo “deberá remitir al Concejo, mientras dure la declaración de emergencia, de forma bimestral, un informe detallado”.

El documento deberá contemplar datos respecto de la situación económica y financiera del sistema; la evolución de costos operativos; las medidas adoptadas en el marco de la emergencia; las modificaciones de recorridos, frecuencias y horarios implementadas; y los recursos provinciales y nacionales gestionados y/o recibidos.

Finalmente, el último artículo, autoriza al Ejecutivo “a efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias” para el cumplimiento de la ordenanza propuesta.

Más considerandos

El proyecto de ordenanza incorpora entre los considerandos que el “aumento permanente” de combustibles, repuestos, seguros, mantenimiento de unidades y costos salariales torna “imprescindible” la adopción de “medidas extraordinarias” que permitan sostener el funcionamiento del sistema.

Además, apunta a que resulta “deber indelegable” del Estado municipal garantizar “condiciones mínimas de continuidad, regularidad y universalidad en la prestación del servicio” y justifica que la declaración de emergencia permitirá adoptar mecanismos “excepcionales, ágiles y transitorios” tendientes a preservar la prestación del servicio, proteger las fuentes laborales vinculadas al sector y evitar una afectación mayor a los usuarios del sistema.

La crisis del transporte público de pasajeros continúa en la agenda legislativa. Esta semana, después de dos encuentros, la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante buscó destrabar el conflicto en medio de un debate que, hasta aquí, presenta tres ejes que exigen una resolución.

En diálogo con El Eco de Tandil, la concejal y presidenta del espacio legislativo, Luján Fiego (Acción Tandilense - La Libertad Avanza), realizó un balance de la situación y adelantó que para la semana que viene podría haber avances concretos en la discusión.

A más datos, abordaron detalles del pedido que elevó la Cámara de Transporte para definir un esquema de emergencia que reduzca frecuencias en una estrategia que implique el menor impacto posible a los usuarios.

Por otro, mantuvieron en análisis un pedido de aumento de emergencia impulsado por la entidad que nuclea a las seis empresas del sector y, finalmente, la definición de una nueva metodología para las futuras actualizaciones tarifarias, dado que la ordenanza que aplicó ajustes para la primera parte del año tuvo su última escala en mayo.

Asimismo, durante los encuentros analizaron los estudios de costos remitidos tanto por la entidad empresarial como por el Departamento Ejecutivo, herramienta que es utilizada como insumo para contrastar datos.

Mientras que las empresas plantearon un escenario de urgencia, el estudio de costos presentado arrojó un boleto medio a 2.421 pesos y el informe oficial de la Municipalidad incorporó una serie de variables basados en los datos que otorga la SUBE, como la cantidad de pasajeros, kilómetros recorridos, entre otros.

En virtud de ambos informes, la tarifa de mayo, fijada en 1.695 pesos, representa un “número de equilibrio” que permite, en términos generales, cubrir los costos operativos, aunque sin margen para la rentabilidad empresarial o la reinversión en unidades.

La presidenta de la comisión ratificó su postura al señalar que la discusión no debería agotarse en el valor del boleto exclusivamente mientras los vecinos padecen deficiencias en la prestación diaria.

Para la concejal, el debate debe incluir una mejora en las frecuencias, la limpieza de las unidades y la puesta en funcionamiento efectiva de las herramientas tecnológicas de información al pasajero, que hoy presentan fallas.

“Entendemos que hay que tomar una medida extraordinaria, distinta de lo habitual, creo que eso es unánime”, sentenció.

El proyecto de emergencia

Durante la última jornada los concejales también abordaron un expediente presentado por el espacio Fuerza Patria que propuso declarar la emergencia en el transporte público. Esta medida, de carácter excepcional, implicaría un cambio en la dinámica ya que otorgaría al Ejecutivo la facultad de fijar las tarifas de forma directa, circunstancia que le corresponde al Concejo Deliberante.

Fiego afirmó que “nunca se declaró la emergencia”, pese a que fue una solicitud que ya se había propuesto en anteriores oportunidades y aclaró que “lo que hemos hecho es darle la facultad con alguna consideración para el aumento de tarifas” para que se produzca de manera automática.

“En el momento en que vos declarás la emergencia, no tiene nada que ver el Concejo Deliberante con las decisiones”, advirtió la edil, subrayando que su bloque aún analiza las implicancias de ceder esa potestad al Ejecutivo local.

Hacia una definición

El consenso todavía parece lejano, aunque la concejal destacó que el clima de trabajo en la comisión fue constructivo. A diferencia de encuentros anteriores, Fiego valoró que existe una voluntad mayoritaria de avanzar hacia una solución que evite la paralización del servicio.

“Creo que estamos un poco más avanzados, por lo menos no estamos estancados como otras veces. Creo que tenemos principios de acuerdo”, dijo y planteó que, sobre esa base, existen “medidas que son urgentes y otras que son importantes para las que tenemos un poco más de tiempo, pero están relacionadas y no podemos desconocerlas”.

El próximo martes será un día clave, ya que se espera que el espacio legislativo tome una definición sobre el nuevo esquema. “Creo que el martes va a haber una primera definición”, anticipó.

“Entendemos la urgencia, pero el trabajo de la comisión está siendo bueno”, destacó y sumó como argumento que la nueva tarifa lleva 20 días de vigencia. Por eso, reconoció que “este momento, que es complejo, tiene que permitirnos seriamente analizar el tema del transporte público y no lo puede hacer el Concejo solamente”, sino que “tiene que estar el Ejecutivo, las empresa y SUMO”.

La posibilidad de alcanzar una unanimidad es baja, según admitió la presidenta de la comisión debido a las diferentes visiones sobre cómo debe financiarse el sistema.

Fiego concluyó que para el transporte en Tandil “históricamente todos los contextos son adversos”, por eso el debate debe ir más allá de la tarifa. “Sabemos que es un problema que tiene muchas aristas y caminos que confluyen en la tarifa. Estamos tratando de generar otros diálogos y respuestas que el vecino y la empresa necesita”, cerró.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió este viernes anular las elecciones sindicales de la seccional Campana de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), realizadas entre el 2 y el 4 de marzo, así como la elección nacional de autoridades llevada a cabo el 18 de marzo. El tribunal dispuso, además, la intervención judicial del gremio.

La Sala VIII del tribunal, integrada por los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, fundamentó la decisión en la falta de garantías de una elección confiable, segura y transparente en el proceso electoral de la localidad bonaerense. Según el fallo, la mecánica adoptada para el resguardo y recuento de votos durante los tres días de votación destruyó la objetividad del proceso y vulneró los principios de libertad y democracia sindical.

El conflicto tuvo su origen en la denuncia presentada por la Lista Naranja, encabezada por Angel Derosso, que representó a la oposición en la UOM Zárate-Campana. La agrupación impugnó el proceso ante la Junta Electoral el 3 de marzo, solicitando que la elección se realizara en una sola jornada. Sin embargo, la junta, alineada con Abel Furlán, extendió los comicios a 3 días y mantuvo las urnas bajo su custodia unilateral.

La custodia unilateral de las urnas sin controles efectivos ni intervención de los fiscales de todas las listas sepultó cualquier presunción de legitimidad y transparencia del comicio.

El tribunal consideró que las autoridades no notificaron formalmente a la oposición sobre el rechazo a sus pedidos y calificó como inaceptable e irrazonable la medida de permitir que los apoderados opositores pernoctaran en la sede para custodiar las urnas. Al invalidar la elección en Campana, la justicia determinó que el impacto fue directo en la conformación del Colegio Electoral que eligió a Abel Furlán como secretario general nacional, declarando nulo también dicho proceso.

Como consecuencia, el fallo ordenó el cese inmediato de Abel Furlán y de todos los funcionarios electos. La justicia designó al doctor Alberto Biglieri como interventor, otorgándole un plazo de 180 días para convocar a nuevos comicios que garanticen la transparencia y seguridad del sufragio.

La disputa política por el régimen de Zona Fría sumó un nuevo capítulo luego de que la Oficina de Respuesta Oficial del gobierno nacional difundiera un duro comunicado contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien acusó de “mentir nuevamente” al cuestionar los cambios impulsados por la administración de Javier Milei.

En el texto, el Ejecutivo nacional sostuvo que la ampliación del régimen realizada en 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández y promovida por el entonces diputado Máximo Kirchner, fue “fraudulenta” porque incorporó “zonas de clima templado y templado cálido” que, según el comunicado, “no eran zonas frías”.

Entre los ejemplos mencionados por Nación aparecieron ciudades como Tandil y Mar del Plata. “Le llamaron ‘zona fría’ a lo que no era zona fría. Lo hicieron con fines electorales para ganar votos en zonas que no eran frías”, señalaron desde el Gobierno.

La administración libertaria argumentó que el esquema “era insostenible y profundamente injusto”, ya que se financiaba mediante un recargo en las facturas de gas de todos los usuarios del país. Según cifras oficiales, el régimen demandaría unos 485 mil millones de pesos anuales.

En esa línea, el Gobierno sostuvo que con la modificación “1,69 millones de hogares de altos ingresos dejan de recibir un subsidio que nunca debieron tener”, mientras que “1,8 millones de hogares que realmente lo necesitan siguen recibiéndolo”.

FALSO. EL GOBERNADOR KICILLOF MIENTE NUEVAMENTE.El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires se queja por una corrección que pone fin al despilfarro impulsado por Máximo Kirchner en 2021: la ampliación fraudulenta del régimen de “Zona Fría” que incluyó zonas de clima templado… https://t.co/jxRwKpeIFx

Más allá de la discusión política, los registros climáticos muestran que Tandil presenta durante otoño e invierno temperaturas considerablemente bajas en comparación con otras regiones bonaerenses.

De acuerdo con estadísticas climáticas, julio registra en Tandil una temperatura mínima promedio de 3,9 grados centígrados, mientras que junio promedia 5,3 grados y agosto 5,2 grados.

Además, distintos relevamientos climáticos indican que durante las olas de frío las marcas térmicas pueden descender varios grados bajo cero. Incluso, existen registros históricos de hasta -11,6 grados en julio de 1995.

Los informes meteorológicos también describen a Tandil como una ciudad con inviernos “fríos y ventosos”, con frecuentes heladas y mínimas que habitualmente rondan entre los 2 y 3 grados durante los meses más crudos del año.

El debate sobre la continuidad del régimen de Zona Fría volvió así a instalarse con fuerza en municipios del interior bonaerense, donde el consumo de gas aumenta de manera significativa durante los meses de bajas temperaturas.

Los intendentes radicales bonaerenses, entre ellos el jefe comunal Miguel Lunghi, expresaron su “profunda preocupación y rechazo” ante el avance de un proyecto del Gobierno nacional que propone eliminar el Régimen de Zona Fría y con ello los beneficios tarifarios del gas para usuarios residenciales del interior bonaerense.

El pronunciamiento emitido por el Foro de Intendentes Radicales de la Provincia de Buenos Aires, titulado “El ajuste no puede llegar también a la calefacción de los bonaerenses”, advierte que la iniciativa tendría un impacto directo en miles de familias de municipios del interior, especialmente durante los meses de mayor consumo invernal. En ese sentido, remarcan que la medida afectaría de manera particular a trabajadores, jubilados y sectores medios.

En el comunicado, los jefes comunales sostuvieron: "Los Intendentes Radicales de la Provincia de Buenos Aires expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante el avance del proyecto impulsado por el Gobierno Nacional que propone desmantelar el Régimen de Zona Fría y eliminar beneficios tarifarios para millones de usuarios residenciales de gas del interior bonaerense".

También alertaron sobre las consecuencias sociales de una eventual eliminación del régimen: "De aprobarse esta medida, miles de familias de nuestras comunidades sufrirán aumentos significativos en las facturas de gas justo en los meses de mayor consumo, afectando especialmente a trabajadores, jubilados, sectores medios y vecinos de localidades donde el invierno obliga durante meses a calefaccionarse para poder vivir".

Uno de los ejes centrales del documento es la defensa del concepto de Zona Fría como una política de equidad territorial. Al respecto, señalaron: "La denominada “Zona Fría” no es un privilegio político ni un subsidio discrecional. Es el reconocimiento de una realidad climática concreta que atraviesa gran parte del interior de la Provincia de Buenos Aires y de la Argentina".

Los intendentes radicales también cuestionaron el enfoque del Gobierno nacional en materia tarifaria y federalismo fiscal. "Resulta preocupante que el Gobierno Nacional vuelva a tomar decisiones desde una mirada centralista y puramente fiscal, desconociendo las diferencias climáticas y territoriales que existen en el país. No se puede gobernar la Argentina ignorando que hay ciudades donde el gas es un servicio esencial para atravesar el invierno y no un gasto opcional", declararon.

En otro tramo del comunicado advirtieron sobre el impacto económico en los hogares y la economía regional: "Mientras se habla de equilibrio fiscal, millones de argentinos del interior vuelven a quedar expuestos a tarifas cada vez más difíciles de afrontar, en un contexto de caída del consumo, pérdida del poder adquisitivo y fuerte deterioro de las economías locales. El ajuste no puede seguir recayendo siempre sobre las mismas comunidades y sobre sectores que ya vienen realizando enormes esfuerzos para sostener sus hogares, sus comercios y sus actividades productivas".

Finalmente, el Foro de Intendentes Radicales de la Provincia reclamó a los legisladores nacionales de la provincia que intervengan para frenar cualquier intento de modificación del régimen. "Por ello, solicitamos a los Legisladores Nacionales de la Provincia de Buenos Aires que rechacen cualquier intento de eliminación o reducción del Régimen de Zona Fría y defiendan una tarifa diferencial justa para los distritos donde las condiciones climáticas hacen indispensable el uso intensivo del gas durante gran parte del año", subrayó.

"Defender la Zona Fría es defender el federalismo, la equidad territorial y el derecho de millones de bonaerenses a acceder a servicios esenciales en condiciones razonables", concluyeron.

El documento lleva la firma de intendentes de distintos distritos bonaerenses, entre ellos Miguel Lunghi por Tandil, junto a jefes comunales de ciudades como Balcarce, Rauch, Lincoln, Saladillo y Trenque Lauquen, entre otras localidades del interior de la Provincia.

Tras la realización de la Marcha Federal de Salud en Buenos Aires, con diversas réplicas en distintos puntos del territorio, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, cuestionó con dureza la respuesta de la administración central. El funcionario aseguró que "frente a una crisis sanitaria cada vez más profunda, la única respuesta que encuentran es atacar al IOMA y politizar la discusión para no hablar de los problemas reales que atraviesa todo el sistema de salud".

En este sentido, el titular de la cartera sanitaria sostuvo que el sistema de salud en la Argentina atraviesa un escenario crítico como consecuencia directa de las medidas económicas impulsadas por el gobierno nacional. Al respecto, advirtió que "todos los sectores están siendo afectados: hospitales públicos, obras sociales, clínicas privadas, trabajadores de la salud, jubilados y pacientes".

Asimismo, el funcionario recordó que la CGT denunció recientemente que una gran parte de las obras sociales ya no logra cubrir el 80% del Programa Médico Obligatorio (PMO). En paralelo, las empresas de medicina prepaga incrementaron sus cuotas más de un 400% desde el inicio de la actual gestión, mientras que más de 742.000 personas perdieron su cobertura médica debido a la pérdida de empleo o la imposibilidad de afrontar las cuotas.

Al respecto, el ministro bonaerense explicó: "El sistema público está absorbiendo una demanda cada vez mayor. Hoy el 50% de las personas que se atienden en hospitales públicos tiene algún tipo de cobertura, pero no puede utilizarla plenamente por la crisis del sistema que acota prestaciones y no da respuesta".

Por otra parte, Kreplak cuestionó la eliminación de políticas sanitarias clave, como el programa Remediar, que durante 24 años garantizó el acceso a medicamentos básicos a cerca de 20 millones de personas. Sobre este punto, afirmó: "Hoy, uno de cada cuatro jubilados no toma todos los medicamentos que necesita porque no puede pagarlos".

Con respecto a la movilización, el funcionario provincial consideró que la marcha reflejó una problemática extendida a nivel nacional. "En todo el país las y los trabajadores salieron a la calle. Le decimos basta al gobierno de Milei. La salud está organizada, organizaciones de pacientes, universidades, gremios, hospitales y distintos actores del sistema que ven cómo se deteriora el acceso a la atención y a los tratamientos, y no nos da lo mismo", expresó.

El ministro también respondió a los cuestionamientos de funcionarios nacionales sobre el funcionamiento del IOMA, señalando que "intentan instalar falsedades para desviar la discusión porque no tienen respuestas serias frente a la crisis que generaron". En esa misma línea, agregó: "Lo que sucede con el IOMA no excede a la situación que atraviesa el conjunto de las obras sociales y del sistema de seguridad social argentino. La diferencia es que, aun en este contexto, el IOMA sigue aumentando prestaciones y sosteniendo cobertura".

Al respecto, detalló que entre los años 2023 y 2025 la obra social bonaerense incrementó un 40% las consultas ambulatorias, un ocho por ciento las prácticas de diagnóstico por imágenes, un 27% la cobertura de medicamentos de alto costo y un 16% las autorizaciones de prótesis.

El funcionario argumentó que el deterioro de la economía impactó directamente en el financiamiento: "Muchísimas personas dejaron de poder sostener segundas coberturas, o coberturas duplicadas y comenzaron a utilizar más el IOMA". A su vez, remarcó que "hoy el funcionamiento del IOMA se sostiene con los aportes de los empleados provinciales, porque los municipales, que también tienen IOMA, generan mensualmente un déficit cercano a los $10.000 millones para la obra social, debido al congelamiento y deterioro salarial de muchos de los municipios".

Finalmente, Kreplak vinculó esta situación con el desfinanciamiento que sufre la Provincia debido a la deuda del Estado nacional, la cual, según indicó, supera los $20 millones de millones. Al respecto, aseveró: "La deuda de Nación con la Provincia ya supera los $ 20 millones de millones. Mientras recortan recursos, medicamentos y programas sanitarios, después intentan responsabilizar a las provincias por las consecuencias de ese ajuste".

Para concluir, el ministro planteó que el debate actual supera lo estrictamente presupuestario. "lo que está en discusión ya no es solamente una cuestión cuantitativa. Lo que está en discusión es si la salud va a seguir siendo un derecho para nuestro pueblo o si cada persona va a tener que arreglárselas sola frente a la enfermedad", sostuvo. "Mientras el gobierno nacional ajusta y abandona políticas públicas esenciales, en la Provincia de Buenos Aires seguimos sosteniendo prestaciones, ampliando cobertura y defendiendo el derecho a la salud", finalizó.

Un grupo de legisladores bonaerenses de La Libertad Avanza (LLA) se presentó este jueves en la sede central del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), ubicada en la calle 46 entre 12 y 13 de la ciudad de La Plata. Allí ingresaron de manera formal un pedido de acceso a la información pública para conocer en detalle la situación financiera, administrativa y prestacional de la obra social de la provincia de Buenos Aires.

El documento presentado por mesa de entrada solicita informes específicos sobre la deuda con prestadores médicos, la interrupción de servicios esenciales, los reclamos judiciales en curso, el estado de las áreas de discapacidad y salud mental, los copagos, los convenios vigentes y la ejecución presupuestaria del organismo. 

Asimismo, la presentación recopila diversos proyectos de ley, resoluciones y pedidos de informes que fueron impulsados en ambas cámaras legislativas durante los últimos períodos de sesiones.

Desde el espacio político argumentaron que la medida responde a la inactividad en el ámbito legislativo bonaerense. "La iniciativa fue resuelta en el marco de la parálisis legislativa que sufre el Congreso provincial ante la interna partidaria que transita el oficialismo en la Provincia y que no permite tratar temas urgentes como el de la crisis de IOMA que está dejando a miles de bonaerenses sin la atención que deberían recibir por los aportes que realizan mes a mes con sus haberes", comunicaron.

El titular del bloque de senadores provinciales de LLA, Carlos Curestis, se refirió al impacto de esta situación en los afiliados y expresó: "Estamos hablando de una obra social que administra recursos públicos de más de dos millones de bonaerenses y que hoy atraviesa una crisis prestacional por la ineficiencia del Gobierno provincial. Lo que pedimos es transparencia, información y respuestas concretas para miles de afiliados que todos los días encuentran más dificultades para acceder a atención médica".

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Diputados por el mismo espacio, Juanes Osaba, apuntó directamente contra la gestión del gobernador bonaerense y señaló: "Los bonaerenses no pueden seguir siendo postergados por la mala administración de IOMA. Hoy presentamos un documento para que el gobernador Axel Kicillof reciba y responda de manera urgente a nuestros requerimientos ante las preocupantes demoras de pago a los prestadores médicos, la grave deficiencia en el servicio de salud y la absoluta falta de transparencia sobre el destino de los fondos públicos que se desvían hacia la pauta publicitaria".

La comitiva que asistió a la sede de la obra social estuvo integrada por los senadores Carlos Curestis, Analía Balaudo, Diego Valenzuela, Matías de Urraza y Luciano Olivera. En representación del bloque de diputados, concurrieron Juanes Osaba, Analía Corvino, Ramón Vera, Pablo Morillo, Maximiliano Bondarenko, Geraldine Calvella, Luis Ontiveros, Mariela Vitale, Fernanda Coithino, Carla Pannelli, Florencia Retamoso y Oriana Colugnatti.

El jefe comunal de Tandil participó de una emisión especial del ciclo radial para celebrar los 500 programas al aire, oportunidad que aprovechó para compartir una mirada reflexiva y por momentos crítica sobre la actualidad del país. Lunghi se mostró preocupado por la desacreditación de la clase política y la profundización de la brecha que separa a los dirigentes de las necesidades de la sociedad.

Para el mandatario tandilense, la democracia argentina atraviesa un momento de caída, evidenciado por la baja participación electoral y el surgimiento de figuras que capitalizan el hartazgo social. Durante la charla, sostuvo que el país no logrará salir adelante si no existe un acuerdo de unidad nacional que trascienda las ideologías partidarias. “El que grita no convence”, enfatizó al referirse al estilo confrontativo que predomina en la escena nacional, asegurando que es necesario sentarse a dialogar y respetar las instituciones para generar previsibilidad en la población.

En su análisis de la coyuntura, Lunghi recordó una anécdota personal de su juventud cuando visitó al expresidente Arturo Illia en Martínez, poco después de haber sido derrocado. El intendente destacó una frase que marcó su carrera política: “Cuando un presidente habla todos los días, el país anda muy mal”. Bajo esa premisa, cuestionó la actual dinámica de comunicación gubernamental, señalando que el uso intensivo de las redes sociales y la exposición constante restan tiempo a la tarea fundamental de gobernar con planificación.

Lunghi también se refirió a la actual gestión nacional y al modelo económico propuesto, señalando que, si bien es necesario alcanzar el déficit cero, el ajuste no debe recaer exclusivamente sobre los sectores productivos y la educación. Defendió la auditoría de las universidades, asegurando que la transparencia es fundamental y está contemplada en la ley, pero advirtió que el desfinanciamiento de instituciones como la Unicen pone en riesgo el futuro del conocimiento y el desarrollo tecnológico que tanto beneficia a ciudades como Tandil.

Finalmente, remarcó la necesidad de contar con estructuras partidarias fuertes y programas de gobierno claros. Según su visión, el éxito electoral de opciones externas a la política tradicional es una respuesta al fracaso de los partidos tradicionales en ofrecer soluciones concretas.

Sin embargo, advirtió que gobernar sin equipos consolidados y sin diálogo legislativo conduce a una parálisis que afecta directamente a los municipios, que son el primer mostrador de atención a las demandas sociales.

Uno de los puntos más firmes del discurso de Lunghi fue el reclamo por una verdadera autonomía municipal. El intendente utilizó ejemplos técnicos para ilustrar cómo el sistema actual perjudica a las administraciones locales, mencionando que la Ley Orgánica de las Municipalidades es obsoleta. Explicó que Tandil, con sus 160 mil habitantes, tiene los mismos límites para compras directas que una localidad de diez mil habitantes, lo que ralentiza la gestión y encarece los procesos administrativos en un contexto inflacionario.

El mandatario comparó la situación de la provincia de Buenos Aires con Córdoba y con países limítrofes como Uruguay y Paraguay. Señaló que en esos lugares los municipios o departamentos tienen la capacidad de gestionar créditos internacionales de forma directa para obras de infraestructura, sin tener que pasar por el "embudo" de la Cancillería, el Ministerio del Interior y los ministerios de Economía nacional y provincial. Esta dependencia política y administrativa impide, según Lunghi, que Tandil acceda a financiamiento para proyectos vitales.

En este sentido, reveló las gestiones iniciadas ante el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe  para obtener diez millones de dólares destinados a una planta de tratamiento de residuos.

"Nadie nos da audiencia en la Nación", se quejó, explicando que el proyecto del biodigestor, que obtuvo el primer premio en Cammesa, se encuentra frenado por la falta de avales y la burocracia centralista. Para el Intendente, los municipios deberían ser controlados por tribunales de cuentas locales elegidos por la gente, garantizando una supervisión más cercana y efectiva.

La falta de respuestas por parte del Gobierno nacional y provincial obliga a la Municipalidad de Tandil a financiar con recursos propios obras que originalmente tenían convenios externos. Lunghi detalló que el Municipio termina "bancando" los certificados de obra para que las empresas no se retiren, a la espera de un reembolso de la Provincia que muchas veces llega tarde y licuado por la inflación. Esta situación, afirmó, es insostenible a largo plazo y requiere una reforma profunda que devuelva poder de decisión a los distritos.

Tandil ha registrado un crecimiento exponencial del 20 por ciento en los últimos diez años, lo que representa un desafío constante para la prestación de servicios básicos. Lunghi reconoció que este desarrollo genera tensiones en la infraestructura urbana, especialmente en lo que respecta a la red de agua y cloacas.

El jefe comunal explicó que, aunque se están realizando inversiones, la demanda habitacional y el dinamismo de la ciudad muchas veces superan la capacidad de respuesta inmediata del Estado municipal.

En relación a las inundaciones que han afectado a ciertos sectores tras lluvias intensas, el Intendente fue didáctico al explicar el funcionamiento hidráulico de la ciudad. Sostuvo que el Dique del Fuerte no es una represa de retención de agua, sino que su nivel debe ser controlado para permitir el desagote. Afirmó que Tandil necesita un tercer dique de contención en la zona de la Curva de Marchini para regular el ingreso de agua al entubamiento de la calle Saavedra, una obra de gran envergadura que debería ser financiada por la Provincia o la Nación.

A pesar de las críticas de algunos sectores, el mandatario defendió la gestión de los desagües pluviales y las obras de infraestructura que se proyectan, como la inversión de 2.700 millones de pesos para mejorar el drenaje en los barrios Arco Iris, San Juan y Tucumán.

Lunghi destacó que la geografía serrana de Tandil hace que el agua baje con mucha velocidad, y que la única solución técnica definitiva es la creación de retardadores o nuevos diques secos que frenen el caudal antes de que ingrese a la zona urbana densamente poblada.

La construcción en las zonas serranas es un tema de constante debate en la opinión pública local. Lunghi recordó que el Plan de Desarrollo Territorial (PDT), sancionado en el 2007, fue una herramienta pionera para regular el uso del suelo y proteger el patrimonio natural. Sin embargo, aclaró que la mayoría de las tierras en las sierras son de propiedad privada y que el Estado no puede impedir el derecho a construir si se respetan los indicadores urbanísticos establecidos en la normativa vigente.

No obstante, Lunghi admitió que el PDT debe ser revisado y actualizado tras 20 años de vigencia, ya que la ciudad se ha transformado radicalmente. Esta reforma, adelantó, se realizará con la participación de los colegios profesionales de arquitectos, ingenieros y agrónomos, buscando un consenso que permita un crecimiento ordenado hacia el norte de la Ruta 226, preservando el paisaje serrano como el principal activo turístico y ambiental de Tandil.

Lunghi participó de un encuentro con Kicillof

El Sistema Integrado de Salud Pública es, para Lunghi, el pilar fundamental de su administración. Durante la entrevista, detalló que el 42 por ciento del presupuesto municipal se destina al área sanitaria, una cifra que genera debates internos en su gabinete debido a la necesidad de fondos para otras áreas como Obras Públicas. Sin embargo, el intendente defendió esta inversión alegando que la salud de los tandilenses es "innegociable", especialmente en un contexto donde las obras sociales y prepagas atraviesan una crisis terminal.

El mandatario brindó cifras impactantes sobre la actividad de los hospitales municipales: más de 360 mil consultas y casi cuatro mil operaciones anuales. Señaló que el municipio enfrenta una deuda de 3.500 millones de pesos por parte de las obras sociales que no abonan los servicios prestados a sus afiliados en el sistema público. "Nosotros no le cerramos la puerta a nadie", afirmó, destacando que el hospital recibe a pacientes que, aun teniendo cobertura, no encuentran respuesta en el sector privado debido a la falta de convenios o el cobro de copagos excesivos.

Pese a los logros, advirtió que el sistema está llegando a un punto de saturación financiera. La desregulación de los precios de los medicamentos y las prótesis ha disparado los costos operativos de los hospitales. Como ejemplo, mencionó que una inyección trombolítica para tratar infartos pasó de costar 2,4 millones de pesos a más de siete millones en pocos meses. Para Lunghi, es urgente rediscutir el sistema de salud a nivel nacional para evitar que la carga recaiga exclusivamente en los municipios.

El expresidente Mauricio Macri volvió a marcar posición sobre el escenario político nacional y respaldó el rumbo económico impulsado por el presidente Javier Milei, aunque reclamó mayor equilibrio dentro del oficialismo y cuestionó las declaraciones del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Durante un encuentro partidario del PRO, Macri destacó las medidas económicas adoptadas por la administración libertaria y sostuvo que el país atraviesa un proceso de transformación que debe sostenerse en el tiempo. Sin embargo, aclaró que su espacio no dejará de señalar errores cuando los considere necesarios.

“Si el PRO calla, lo que logramos es que el populismo avance un paso”, afirmó el exmandatario, quien también advirtió sobre los riesgos de ocultar conflictos internos o decisiones equivocadas dentro del oficialismo.

Las declaraciones llegaron en medio de tensiones entre sectores de La Libertad Avanza y el PRO, luego de que Martín Menem afirmara que una eventual candidatura presidencial de Macri en 2027 podría “hacerle un favor al kirchnerismo” al dividir el espacio opositor.

En respuesta, dirigentes del PRO salieron a respaldar al expresidente y reclamaron reciprocidad por parte del Gobierno nacional. Entre ellos, el diputado Cristian Ritondo cuestionó las declaraciones de Menem y remarcó el apoyo que el macrismo le brindó a Milei desde el inicio de su gestión.

El cruce se da en un contexto de crecientes tensiones dentro del oficialismo, marcado por disputas públicas entre distintos sectores de La Libertad Avanza y diferencias entre referentes cercanos a Karina Milei y al asesor presidencial Santiago Caputo.

A pesar de las diferencias políticas, Macri insistió en respaldar el programa económico libertario y sostuvo que el país necesita consolidar estabilidad y previsibilidad para sostener la recuperación.

En una nueva jornada del juicio oral por la Causa Cuadernos, el encargado del edificio ubicado en la esquina de Uruguay y Juncal, en el barrio porteño de Recoleta, se desdijo de sus declaraciones previas. Julio César Silva, quien trabaja en el inmueble desde 1989, compareció como testigo ante el Tribunal Oral Federal 7 y negó haber presenciado un movimiento constante de bolsos y valijas en el departamento de la expresidenta Cristina Kirchner.

Durante su declaración, Silva sorprendió al tribunal al retractarse de lo que había afirmado en 2018 ante el fallecido juez federal Claudio Bonadio en los tribunales de Comodoro Py. En aquella oportunidad, el testigo había asegurado que veía al exsecretario privado Daniel Muñoz con bolsos y valijas casi semanalmente. Sin embargo, en esta ocasión fue categórico:

"Cometí un delito, firmé eso sin leerlo"

El testigo relató que conoció a Muñoz cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia y que este continuó asistiendo al edificio de Recoleta incluso después de que el matrimonio se mudara a la Quinta de Olivos. Según explicó, su tarea habitual consistía en entregarle una caja con cartas y peticiones dirigidas a los mandatarios. En ese contexto, Silva reveló un detalle de tinte personal: le entregó a Muñoz un pedido para que consiguiera empleo para sus dos hijas, quienes terminaron trabajando en dos ministerios durante 12 años, hasta la asunción del expresidente Mauricio Macri.

Al ser consultado sobre la dinámica del edificio, el encargado detalló que su horario laboral era de siete a 13 y de 17 a 21, y aclaró que desde su vivienda no tenía visibilidad directa del acceso principal, sino únicamente de la puerta de servicio. Asimismo, confirmó que Muñoz poseía llaves de los dos accesos y que solía ingresar de manera apresurada con un portafolio o un bolso de mano.

La tensión en la audiencia aumentó cuando se le leyó su declaración del 14 de agosto de 2018, en la que constaba que entre 2007 y 2010 había visto movimientos semanales de bolsos y valijas junto a dos o tres personas. Silva interrumpió la lectura del juez Germán Castelli para reiterar que firmó disconforme y bajo presión:

"Cuando declaré me repitieron un montón de veces, y volvían para atrás y yo no me sentí bien, cómodo"

Ante las preguntas de la fiscal general Fabiana León, el testigo ratificó que solo vio a Muñoz con un bolso "en una oportunidad, o dos".

La investigación judicial había señalado históricamente a este domicilio como un centro de acopio de recaudación ilegal. De hecho, la causa cuenta con la confesión del exsecretario de Obras Públicas, José López, quien detalló que en 2007 se realizó una entrega de una valija con cerca de ocho millones de dólares en dicha propiedad. Sin embargo, el testimonio actual de Silva debilita una de las piezas clave de la acusación original sobre el movimiento diario en el edificio de Recoleta.

El expresidente Mauricio Macri analizó el panorama político actual y se refirió al estilo de conducción del presidente Javier Milei, a quien describió bajo un concepto particular. Durante una charla realizada en la Universidad Austral, el exmandatario sostuvo que el libertario posee "un liderazgo emocional" y afirmó que "él se ve como un profeta", tras lo cual advirtió que "hay que tener un equilibrio".

La disertación de Macri tuvo lugar en un panel académico en el que también participaron los expresidentes Julio María Sanguinetti, de Uruguay, y Felipe González, de España. En ese marco, el referente del PRO abordó diversos temas de la agenda nacional e internacional.

Al ser consultado sobre el exmandatario estadounidense Donald Trump y su vínculo con la Argentina, Macri estableció comparaciones entre su propia gestión de gobierno y la administración actual de Milei. "La gran diferencia entre el anterior y este es que Trump está entre la finitud de la vida", señaló.

Asimismo, recordó el rol que desempeñó el líder republicano durante la crisis económica de 2018. "Él jugó un rol importante en 2018 con la ida al Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero después no supo lograr que el FMI entienda el programa", expresó Macri.

Finalmente, respecto al posicionamiento actual del dirigente norteamericano, concluyó: "A este Trump no le importó más nada. Él decidió hacer algo y lo hizo con mucho menos que con lo del FMI, pero con más simbolismo".

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pidió que "no subestimen" al presidente Javier Milei, tras las insinuaciones surgidas desde el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo que sugerían que los primos Menem le mienten al mandatario. La fuerte interna se desató durante el fin de semana en la red social X, exponiendo diferencias entre el sector de Santiago Caputo y el ala que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En declaraciones radiales, el legislador nacional desmintió de forma categórica las acusaciones. "No solamente es una falsedad absoluta. Ayer vi circulando una estupidez que decían que Menem tenía un perro. La foto estaba creada con IA", se defendió, y agregó de manera contundente: "No subestimen al Presidente".

La polémica creció luego de que el militante digital Daniel Parinisi, conocido en las redes sociales como "El Gordo Dan", publicara un video afirmando que la cuenta anónima @PeriodistaRufus era manejada por el propio titular de la Cámara baja, una versión que también sostiene el sector de Santiago Caputo.

Ante este escenario, el vicepresidente de La Libertad Avanza respaldó su gestión y su lealtad al jefe de Estado. "Si alguien pensara que le miento no me hubiera dado la enorme responsabilidad de conducir la cámara de diputados. Ayer, a pesar del ruido de los medios, se trabajó con absoluta tranquilidad y sacamos las leyes que había que sacar", argumentó.

Asimismo, Martín Menem reveló que el sábado se comunicó directamente con el presidente para aclararle que la situación se debió a un enlace compartido por un colaborador de su espacio, el cual fue manipulado por "algún pícaro". En esa línea, insistió: "Si el Presidente pensara eso yo ya no estaría acá. La única manera de contestar es con resultados. Me he enfocado en eso. Mi ámbito es el legislativo".

Por otra parte, el diputado descartó tener aspiraciones electorales propias por fuera del proyecto de reelección de Javier Milei. "Tengo mandato hasta el 10 de diciembre. Todas las especulaciones corren por cuenta de gente que tiene cierta mala fe", precisó.

Finalmente, confirmó su asistencia a la reunión de Gabinete del lunes y al encuentro de la mesa política previsto para el martes, donde volverá a coincidir con el asesor presidencial. "Nos vamos a ver las caras con absoluta normalidad. Siempre se generan roces en política. Cualquier dificultad se arregla en el vestuario, no a cielo abierto. Todos los que estamos ahí, jugamos y pateamos para el otro arco. Como diría Bilardo: 'el fútbol es fácil'", concluyó.

Luego de un extenso debate de más de 11 horas de sesión, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que reduce el alcance del régimen de subsidios por zona fría. La iniciativa cosechó 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones, marcando un triunfo legislativo para el oficialismo.

Para alcanzar este resultado, el oficialismo contó con el respaldo de los bloques del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia, y Producción y Trabajo. Dentro de este esquema de aliados, la excepción estuvo representada por los tres diputados de Elijo Catamarca, alineados con el gobernador Raúl Jalil, quienes optaron por abstenerse.

Por otro lado, se registró el voto favorable de la diputada monobloquista Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), quien previamente se había manifestado en contra de la reducción del beneficio. Asimismo, los diputados Karina Maureira (La Neuquinidad) y José Luis Garrido (Por Santa Cruz) acompañaron la propuesta oficialista siguiendo las directivas de sus respectivos gobernadores.

En el arco opositor, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron de manera unificada en contra del proyecto. A este rechazo se sumaron nueve diputados de Provincias Unidas, incluyendo representantes de Córdoba y Santa Fe, provincias afectadas por el recorte del subsidio. También votaron en contra el diputado puntano Jorge Fernández (Primero San Luis) y la diputada cordobesa Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba).

La sorpresa de la jornada la dio el diputado puntano Claudio Álvarez, quien fue el único integrante de Innovación Federal en votar en contra, diferenciándose de su bloque debido al impacto de la medida en su provincia. En tanto, el interbloque de Provincias Unidas se dividió: cuatro diputados votaron a favor, al igual que Nicolás Massot (Encuentro Federal).

Finalmente, en la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro se abstuvo, mientras que la diputada Mónica Frade prefirió no emitir su voto para evitar fijar postura. Una determinación idéntica tomó el diputado Miguel Pichetto (Encuentro Federal).

El proyecto de ley de readecuación del régimen de "Zona Fría" tiene como eje central la reducción del alcance geográfico del esquema de subsidios por consumo de gas, acotando el beneficio a hogares de la Patagonia, Malargüe y la Puna, consideradas de frío extremo.

Los objetivos que persigue la iniciativa, de acuerdo a la letra del proyecto, son "la reducción del déficit fiscal, la normalización financiera del sistema energético y ordenamiento de las cuentas públicas".

Con el nuevo régimen de Zona Fría del Gobierno nacional, según especificó la semana pasada la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, perderán el subsidio 1.600.000 usuarios, mientras que lo conservarán 1.800.000 de usuarios inscriptos en el programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), quienes tendrán un "descuento superior al 75%" sobre el consumo de gas en los meses de invierno.

La política seguirá vigente para hogares socioeconómicamente vulnerables (con ingresos de hasta tres canastas básicas por familia tipo, actualmente 4.3 millones de pesos), hogares con al menos un integrante con Certificado Único por Discapacidad (CUD), titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur y beneficiarios del Registro Nacional de Barrios Populares.

A partir de los cambios en el régimen de Zona Fría, se subsidiará el metro cúbico de consumo de gas natural y no la totalidad de la factura -que incluye el cargo fijo-, como sucede hasta ahora.

La Cámara de Diputados de la Nación otorgó este miércoles media sanción al proyecto del Gobierno de Javier Milei que recorta los subsidios al gas natural para las denominadas Zonas Frías, una medida que tendrá impacto directo en ciudades como Tandil, incorporadas al régimen en la ampliación aprobada en 2021.

La votación terminó con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones, luego de intensas negociaciones del oficialismo con gobernadores del norte del país, a quienes se les prometieron compensaciones mediante subsidios a la energía eléctrica en las denominadas “zonas cálidas”. El Gobierno estima que la reforma permitirá un ahorro fiscal de 272.099 millones de pesos.

Actualmente, los usuarios residenciales de Tandil acceden a descuentos de entre el 30 y el 50 por ciento en las facturas de gas por formar parte del régimen de Zona Fría.

Con la modificación aprobada en Diputados, ese beneficio dejaría de otorgarse automáticamente por ubicación geográfica y pasaría a estar limitado exclusivamente a los hogares incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Decreto 943/2025.

Podrán acceder al subsidio los hogares con ingresos mensuales de hasta tres Canastas Básicas Totales para un “hogar 2” del INDEC, lo que actualmente equivale a aproximadamente 4,4 millones de pesos para una familia tipo integrada por dos adultos y dos menores.

También conservarán el beneficio, sin importar el nivel de ingresos, los hogares que cuenten con un integrante con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP o con una Pensión Vitalicia para Veteranos de la Guerra de Malvinas. En los casos de personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), la inclusión quedará sujeta a una evaluación de la Secretaría de Energía.

El proyecto restringe la bonificación de hasta el 50 por ciento de la tarifa de gas a las regiones históricamente alcanzadas por el régimen: la Patagonia, Malargüe, en la provincia de Mendoza, y la región de la Puna.

En cambio, las provincias y ciudades incorporadas a partir de la ampliación de 2021 —entre ellas gran parte de la provincia de Buenos Aires y Tandil— quedarán sujetas al nuevo criterio socioeconómico.

La iniciativa también establece que el subsidio se calculará únicamente sobre el precio del gas y no sobre el total de la tarifa, lo que podría reducir aún más el monto del descuento.

Además, prorroga hasta 2045 el régimen de promoción para inversiones en energías renovables e incorpora un mecanismo para regularizar las deudas que las distribuidoras eléctricas mantienen con CAMMESA.

Tras obtener media sanción en Diputados, el proyecto será girado al Senado, donde continuará el tratamiento legislativo y se espera una fuerte discusión entre las provincias afectadas por la reducción del beneficio.

De convertirse en ley, miles de hogares de Tandil podrían dejar de recibir los descuentos automáticos que actualmente alivian el costo de las facturas de gas durante los meses de bajas temperaturas.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la denominada “Ley Hojarasca”, un proyecto promovido por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que busca eliminar un conjunto de leyes y disposiciones consideradas en desuso o superadas por el paso del tiempo.

La iniciativa obtuvo 138 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones, por lo que ahora deberá ser tratada en el Senado. Según explicó Sturzenegger, el objetivo es derogar normas dictadas desde 1864 hasta la actualidad que, a criterio del Gobierno, perdieron utilidad práctica, fueron reemplazadas por nuevas tecnologías o estaban dirigidas a organismos y empresas estatales que ya no existen.

Entre las disposiciones que quedarían sin efecto figuran la ley que establecía el denominado “carnet de mochilero”, regulaciones sobre el control de palomas mensajeras, la autorización para el funcionamiento de la televisión color y una norma impulsada por Domingo Faustino Sarmiento en el siglo XIX que otorgaba un premio a quienes descubrieran minas de carbón.

Sin embargo, desde la oposición advirtieron que el proyecto también contempla la derogación de leyes de mayor relevancia, como las vinculadas a la promoción de la producción pública de medicamentos y la que otorgaba al Instituto Geográfico Militar la exclusividad en la validación de mapas del territorio argentino.

La sesión comenzó a las 10.23 con el respaldo de bloques aliados como el PRO, la UCR, el MID y representantes provinciales, lo que permitió alcanzar el quórum con 129 legisladores presentes.

Además de debatir la “Ley Hojarasca”, el oficialismo logró impedir que prosperara la convocatoria impulsada por la oposición para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por el crecimiento de su patrimonio.

También se buscaba citar a los ministros Luis Caputo y Sandra Pettovello por presuntos incumplimientos relacionados con la ley de financiamiento universitario.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, solicitó interrumpir la sesión para dar tratamiento a esos temas. Tras un extenso debate reglamentario, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, habilitó la votación, que terminó con 131 votos en contra y 111 a favor, frustrando así la iniciativa opositora.

“La Justicia tiene que investigar, pero el jefe de Gabinete tiene que darle explicaciones a los argentinos”, sostuvo la diputada Cecilia Moreau. Por su parte, Esteban Paulón aseguró que la oposición insistirá con el pedido: “Hoy, mañana o el miércoles que viene va a haber una convocatoria de sesión. Adorni va a tener que explicar sus bienes”.

La interpelación constituye el paso previo a una eventual moción de censura, mecanismo incorporado a la Constitución Nacional en la reforma de 1994 y que nunca fue utilizado. Para prosperar, requiere el respaldo de dos tercios de los miembros de ambas cámaras del Congreso.

El gasto público nacional registró una fuerte caída de casi diez puntos en comparación con el Producto Bruto Interno (PBI) en los últimos nueve años. Ante este escenario, el Gobierno nacional considera que el margen para continuar con el recorte presupuestario es cada vez más estrecho, lo que plantea un posible agotamiento de la denominada "motosierra" y abre paso a la necesidad de sostener el superávit mediante un incremento en la recaudación impositiva.

Esta perspectiva fue sugerida por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien afirmó que el nivel de erogaciones del Estado ya se equipara con los registros de la década de 1990. Durante una entrevista en el ciclo Economía de Quincho, el funcionario nacional señaló:

"El aumento de la recaudación tiene que venir por formalización y crecimiento económico. Si mantenés el gasto constante, como nuestro caso, vas a tener un superávit más alto".

A pesar del optimismo oficial, diversos analistas económicos ponen en duda una rápida recuperación de la recaudación. Según advierten, el Palacio de Hacienda podría requerir una nueva ronda de ajustes en el gasto para consolidar el equilibrio fiscal. Los datos procesados por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), bajo la dirección de Nadin Argañaraz, detallan que en abril el gasto primario del Gobierno nacional representó el 14,1% del Producto, lo que equivale a una reducción de cinco puntos porcentuales respecto al momento del traspaso de mando presidencial.

La contracción es aún más pronunciada al analizar la última década. En el año 2017, el gasto público alcanzó el 24% del tamaño total de la economía. Posteriormente, la gestión de Mauricio Macri lo redujo al 18,7%, mientras que durante el mandato de Alberto Fernández volvió a subir hasta un techo del 23,6%, iniciando luego un camino descendente que se aceleró de manera notable con la llegada de Javier Milei a la presidencia.

Al respecto, Nadin Argañaraz explicó las dificultades de continuar por la vía del ajuste: "Cada vez es menor el margen de recortar el gasto, más de la mitad está indexado, como jubilaciones, pensiones y AUH. Como eso está creciendo en términos reales, el Gobierno viene reduciendo aún más el gasto no indexado, básicamente transferencias a provincias, subsidios, obra pública, salarios, universidades, entre otros".

Por su parte, la consultora Outlier coincidió en la tendencia de la última década y analizó la reconfiguración interna de las partidas del Estado nacional. De acuerdo con sus estimaciones, actualmente existe un gasto de capital casi nulo, al igual que las transferencias a las provincias y los subsidios económicos. En contrapartida, se observa una mayor participación de las jubilaciones, el gasto social (como asignaciones universales, programas sociales y PAMI) y los gastos de funcionamiento.

Para que el Gobierno nacional logre cumplir con la meta fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que prevé un superávit del 1,4% del PBI, desde Outlier estiman que "será necesario que mejore el desempeño de la recaudación, haya nuevos ajustes explícitos del gasto y/o se sumen nuevas fuentes extraordinarias". En esa línea, señalaron que el rubro de los planes sociales se perfila como el foco más viable para nuevos recortes.

Finalmente, un informe de la consultora LCG consideró viable alcanzar el objetivo de superávit, aunque planteó interrogantes sobre "la magnitud y la composición del esfuerzo fiscal necesario para alcanzarla". Según sus proyecciones, la menor recaudación derivada de la aplicación de la Reforma Laboral, la devolución de fondos de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la baja de impuestos anunciada deberán compensarse con nuevas reducciones en partidas que ya han sufrido severos ajustes.

La Armada Argentina y Estados Unidos firmaron una Carta de Intención para desarrollar un programa de cooperación militar orientado al fortalecimiento de las capacidades de vigilancia y control de los espacios marítimos argentinos. La iniciativa, impulsada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, tendrá una duración de cinco años e incluye la provisión de dos aviones nuevos para patrullaje y drones.

El acuerdo, suscripto en la Base Aeronaval Comandante Espora y confirmado por el gobierno argentino y la Embajada de Estados Unidos, que encabeza Peter Lamelas, contempla la transferencia de tecnología, entrenamiento especializado, provisión de sistemas de vigilancia y la incorporación de nuevas plataformas aéreas destinadas al patrullaje marítimo del Atlántico Sur.

El principal componente de la iniciativa es la provisión de dos aeronaves Textron B-360ER MPA completamente nuevas, configuradas específicamente para misiones de vigilancia marítima, control oceánico y reconocimiento aeronaval. Ambas llegarán equipadas a la Armada Argentina en el marco de la asistencia estipulada por la Sección 333 del Departamento de Defensa de Estados Unidos, reconocida oficialmente como Building Partnership Capacity. La primera aeronave tiene previsto su arribo para diciembre de este año y la segunda para mediados de 2027.

Este programa autoriza al gobierno estadounidense a entrenar, equipar y transferir capacidades a fuerzas armadas extranjeras para enfrentar desafíos de seguridad compartidos. En el caso argentino, el objetivo central es ampliar las capacidades de control sobre el Mar Argentino y fortalecer los sistemas de vigilancia sobre la Zona Económica Exclusiva, mejorando el control de las aguas jurisdiccionales.

Los Textron B-360ER MPA son aviones turbohélice de patrulla marítima de mediano alcance, desarrollados sobre la plataforma Beechcraft King Air 360ER. Según el detalle técnico, incluirán sensores infrarrojos, radar de búsqueda de superficie, sistemas AIS para identificación automática de buques, comunicaciones satelitales, enlaces de datos y sistemas integrados de comando y control.

El aspecto geopolítico del acuerdo se vincula con la necesidad de combatir la depredación del caladero argentino por flotas pesqueras extranjeras que operan en el límite de la milla 200, en particular buques procedentes de China. Fuentes oficiales aclararon que las aptitudes de monitoreo estarán dedicadas exclusivamente a aguas bajo control argentino y no incluyen el área en disputa con el Reino Unido alrededor de las Islas Malvinas.

Además, el acuerdo prevé la modernización de capacidades existentes, como la modificación de un avión Beechcraft B-200M Cormorán de la Armada Argentina, que ahora cuenta con una cámara multiespectral Wescam MX-10 de alta definición. La cooperación también contempla vehículos aéreos no tripulados para los patrulleros oceánicos y un simulador destinado a las aeronaves P-3C Orión recientemente incorporadas.

La ceremonia de firma contó con la participación del almirante Juan Carlos Romay por la Armada Argentina, y del contraalmirante Brandon Sardiello, representante de la IV Flota estadounidense.

Tras la rúbrica, la Embajada de Estados Unidos difundió el lanzamiento del programa en sus redes sociales bajo el lema: "Más fuertes juntos. Más seguros juntos. Estados Unidos y Argentina están lanzando el Protecting Global Commons Program para fortalecer la seguridad marítima en el Atlántico Sur".

La representación diplomática añadió que la asociación comienza con la entrega de una cámara especializada y que "se expandirá durante los próximos cinco años con equipamiento avanzado, entrenamiento de élite y apoyo para interceptar y neutralizar amenazas marítimas". En sintonía, el Comando Sur de los Estados Unidos replicó el anuncio destacando el programa como un instrumento clave para la seguridad regional.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, visitó la Catedral de la ciudad de Rosario para participar en una misa en conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento de su padre, Eduardo Villarruel, militar veterano de Malvinas que murió en 2020 por complicaciones derivadas del Covid-19. En esta visita, la funcionaria fue abordada por distintos medios periodísticos, quienes le consultaron acerca de la interna que atraviesa el partido La Libertad Avanza (LLA) y sobre la situación patrimonial del jefe de gabinete, Manuel Adorni, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

En primer lugar, la vicemandataria buscó distanciarse de las disputas partidarias y remarcó su rol institucional. "Yo no participo de ninguna pelea, desarrollo mi labor en el Senado de la Nación y las explicaciones las tiene que dar el Presidente, su hermana o el resto de las personas que estén mencionadas. Yo no tengo nada más que decir que hablar por mis hechos, que son dirigir el Senado de la Nación y ahorrar el dinero de los argentinos", sostuvo de manera categórica.

Ante las críticas provenientes de diversos sectores de la coalición de gobierno y la consulta puntual sobre la situación de Manuel Adorni, la titular del Senado de la Nación intentó inicialmente evitar la polémica. "Yo me mantengo siempre con mucho respeto hacia la sociedad y hacia todos los sectores. Si a mí me lo llegaran a faltar, igualmente no voy a responder con faltas de respeto. Siempre creo que la convivencia en sociedad debe ser basada en el respeto, así que de eso tienen que preguntarle a Adorni", expresó.

Sin embargo, ante la repregunta sobre qué opinión le merece el jefe de gabinete, la vicepresidenta fue contundente: "No sé, que estamos esperando todos la declaración jurada de Adorni". Asimismo, evitó pronunciarse sobre si el funcionario debería dar un paso al costado y renunciar a su cargo.

Por su parte, la senadora Patricia Bullrich también se refirió al escándalo que salpica al jefe de gabinete y exigió que el ministro coordinador presente su declaración jurada sin demoras. En declaraciones ofrecidas al periodista Eduardo Feinmann en el canal A24, la titular de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado enfatizó la necesidad de dar respuestas rápidas a la ciudadanía.

La senadora recordó la exposición del funcionario en el Congreso de la Nación y señaló que, dado que el propio jefe de gabinete afirmó tener una explicación para sus gastos, la presentación de los documentos debe ser inmediata. Según argumentó, el plazo para realizar el trámite ya se encuentra abierto, por lo que no tiene sentido esperar hasta el 30 de julio.

La ex ministra de seguridad advirtió que demorar la entrega de la documentación "empantana" la gestión del Gobierno y concluyó que, una vez que se concrete la presentación, el presidente de la Nación deberá tomar una decisión al respecto. Finalmente, la legisladora indicó que prefiere mantener en el ámbito privado las conversaciones que mantiene con el mandatario nacional.