La CGT definió este lunes, junto con las CTA y la UTEP, un plan de lucha escalonado contra el plan económico del presidente Javier Milei, que incluirá una serie de protestas sectoriales durante los próximos meses y que podría desembocar en un paro general.

La decisión fue adoptada durante una reunión realizada en la sede de la central obrera, donde algunos sectores impulsaban la convocatoria inmediata a una huelga nacional. Sin embargo, finalmente se optó por avanzar con un esquema de movilizaciones progresivas inspirado en el modelo implementado por el movimiento sindical francés durante las protestas contra la reforma laboral impulsada por el presidente Emmanuel Macron.

La estrategia contempla paros y protestas escalonadas por sectores, con el objetivo de sostener el conflicto en el tiempo y mantener una presencia permanente de distintos gremios en las calles.

El cronograma comenzará el jueves 22 de julio, con una movilización junto a los jubilados. Luego, el 7 de agosto, las centrales sindicales participarán de la tradicional marcha por el Día de San Cayetano, junto a organizaciones sociales, una convocatoria que también prevén repetir durante la próxima reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Además, durante la tercera semana de agosto está prevista una movilización al Ministerio de Economía para rechazar el programa económico del Gobierno y, especialmente, cuestionar la política de endeudamiento impulsada por la administración nacional y el ministro Luis Caputo.

El plan de acción también contempla la participación de las organizaciones sindicales en la Semana Social convocada por la Comisión Episcopal para los días 4, 5 y 6 de septiembre en la ciudad de Córdoba, así como darle continuidad a las protestas en el marco de la visita que realizará el papa León XIV a la Argentina durante noviembre.

En ese contexto, los dirigentes sindicales mantienen abierta la posibilidad de convocar a un paro general, una medida que continuará en discusión mientras avanza el cronograma de movilizaciones.

El Gobierno nacional confirmó que Manuel Adorni, quien ya no desempeña funciones públicas, continúa bajo custodia oficial. La medida, que constituye uno de los beneficios habituales de los funcionarios, fue ratificada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante su segunda conferencia de prensa brindada en la Casa Rosada.

Ante las consultas del periodismo acreditado sobre la continuidad de este esquema de protección, el funcionario fue contundente al señalar que la decisión responde a criterios de resguardo personal. “Por motivos de seguridad por ahora se mantiene [la custodia de Adorni]”, reveló Ravier.

Cabe recordar que, en su carta de renuncia, el exvocero y exjefe de Gabinete había manifestado que atraviesa una situación de "hostigamiento" y "ensañamiento". Estas declaraciones se producen en el marco de la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Durante el intercambio con la prensa, también se consultó al vocero sobre la posibilidad de que la administración nacional estuviera llevando adelante una auditoría interna para detectar nuevas irregularidades en la gestión de Manuel Adorni. Al respecto, Adrián Ravier aclaró que el asunto se encuentra bajo la órbita del Poder Judicial.

En ese sentido, el vocero enfatizó que no existe un mecanismo paralelo dentro del Gobierno para investigar estas cuestiones. “No es que tenemos nosotros internamente en Casa Rosada un mecanismo aparte del que ya está llevando adelante la Justicia. No hay un mecanismo aparte nuestro”, concluyó.

La senadora bonaerense del monobloque UCR, Nerina Neumann Losada, presentó esta semana un proyecto de ley con el objetivo de aumentar de manera progresiva la coparticipación que reciben los municipios de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa surge en un contexto de deterioro de las transferencias provinciales, las cuales registraron durante el primer trimestre de 2026 su peor marca desde 2020.

“Hay reformas que ya no pueden esperar. Si queremos mejores municipios, tenemos que darles mejores herramientas”, manifestó Neumann Losada.

El proyecto propone modificar el primer artículo de la Ley N°10.559 para elevar el porcentaje de coparticipación del 16,14% actual al 20% del total de los ingresos que percibe la Provincia. Esto incluye conceptos como Ingresos Brutos no descentralizados, Impuesto Inmobiliario Urbano, Impuesto a los Automotores, Impuesto de Sellos, Tasas Retributivas de Servicios y Coparticipación Federal de Impuestos.

La propuesta contempla una aplicación gradual: las comunas recibirían el 17% el primer año, el 18% el segundo, el 19% el tercero y alcanzarían el 20% a partir del cuarto ejercicio. Según la legisladora, esta metodología permitiría ordenar la transición fiscal y evitar un impacto brusco en las cuentas provinciales. 

“Aumentando los recursos que la Provincia debería coparticipar no solo daríamos a los municipios una mayor autonomía, también lograríamos tener una importante masa de recursos públicos más cercanos a los vecinos, desburocratizando su utilización y agilizando obras con mecanismos de contralor más directos”, indicó.

La senadora advirtió que los jefes comunales deben realizar “extensas jornadas de gestión” para destrabar fondos, por lo que la descentralización permitiría planificar y ejecutar obras a nivel local. La presentación se produjo poco antes de que el gobernador Axel Kicillof anunciara el envío de fondos a 16 intendentes mediante convenios de leasing con el Banco Provincia, en medio de tensiones por la disponibilidad del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM).

El proyecto también incluye una reforma al artículo 34° del Decreto-Ley N°6.769/58 para que los presupuestos municipales incluyan un Plan de Obras Públicas con un piso mínimo de recursos, escalonado hasta llegar al 12% de la coparticipación provincial neta. Esta iniciativa se suma a otro proyecto impulsado por la bancada de Unión y Libertad, liderada por Sergio Vargas, que propone elevar la coparticipación al 21% e incorporar recursos de la explotación de juegos de azar.

Tras definir las metas parlamentarias, la Casa Rosada se prepara para retomar el vínculo con los gobernadores e intentar conseguir los respaldos necesarios para las próximas reformas que pretende aprobar en el Congreso. Desde que Diego Santilli asumió como jefe de Gabinete, dando inicio a una nueva etapa de la administración libertaria, se han registrado contactos con mandatarios locales, aunque con pocos avances concretos en las negociaciones.

Según trascendió, antes del acto del 9 de julio que se realizará en Tucumán, podría concretarse un encuentro importante entre las autoridades nacionales y varios gobernadores. En su primer día de gestión, Diego Santilli recibió en su oficina a Raúl Jalil, Leandro Zdero, Juan Pablo Valdez, Carlos Sadir, Alfredo Cornejo, Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck, Marcelo Orrego, Claudio Vidal, Osvaldo Jaldo, Rogelio Frigerio, Jorge Macri y Martín Llaryora para coordinar la agenda de trabajo.

Uno de los puntos centrales del debate es la modificación de la ley de Zonas Frías, iniciativa que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. El proyecto busca volver al régimen previo a 2021, limitando el subsidio al gas a la Patagonia, el departamento de Malargüe y la Puna, mientras que en otras provincias se aplicaría un descuento del 30% para hogares vulnerables.

“Todavía no tenemos cerrado los acuerdos con ellos, estamos trabajando en eso”.

Así lo manifestó un integrante de la mesa política del oficialismo. Por otro lado, la agenda legislativa también incluye la eliminación de las PASO y la ampliación de la inocencia fiscal, prioridades establecidas por el presidente Javier Milei. La estrategia para estas iniciativas será definida este miércoles, a partir de las 17:00, en un cónclave que será encabezado por Diego Santilli.

La disputa entre el Gobierno nacional y la administración bonaerense de Axel Kicillof sumó un nuevo capítulo luego de que la gestión de Javier Milei presentara una demanda ante la Corte Suprema de Justicia contra la decisión de la Provincia de transferir al Instituto de Previsión Social (IPS) los aportes jubilatorios de unos 20.000 trabajadores de empresas estatales bonaerenses.

La medida fue establecida mediante el artículo 59 de la Ley de Presupuesto 2026, aprobada por la Legislatura bonaerense, que dispone que las empresas estatales de la Provincia realicen los aportes patronales al IPS en lugar de la Anses. De esta manera, millones de pesos mensuales que hasta ahora ingresaban al sistema previsional nacional pasarán a financiar la caja jubilatoria provincial.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, defendió la decisión y sostuvo que "creemos que es lo que corresponde porque son empresas estatales de la provincia de Buenos Aires y que, por lo tanto, corresponde llevar adelante los aportes en la Caja Provincial para luego jubilarse con la jubilación provincial".

En respuesta, el Gobierno nacional promovió una acción de inconstitucionalidad contra la Provincia y el IPS, al considerar que la medida invade competencias federales, afecta el financiamiento de la Anses y genera un conflicto entre ambos sistemas previsionales.

Bianco cuestionó la presentación judicial y afirmó que la demanda "busca dificultar la gestión en la provincia". Además, aseguró que el Ejecutivo nacional "no se quiere quedar sin los fondos", aunque remarcó que la postura "va en contra de toda la doctrina que siempre mantuvo la Anses". En ese sentido, señaló que, en antecedentes similares, el organismo previsional nacional avaló que empresas y organismos provinciales realizaran sus aportes a las cajas jubilatorias de cada jurisdicción.

La decisión alcanza a distintas empresas estatales bonaerenses, entre ellas ABSA, prestadora del servicio de agua y cloacas en 95 municipios; Aubasa, concesionaria de la Autopista Buenos Aires-La Plata y de las rutas hacia la Costa Atlántica; Centrales de la Costa, Ceamse, Bagsa y otras firmas vinculadas al sector energético.

En paralelo, la medida también enfrenta cuestionamientos de otros sectores. La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA) presentó una demanda ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense para que se declare la inconstitucionalidad del mismo artículo, al considerar que obliga a los establecimientos educativos privados a transferir al IPS los aportes previsionales de docentes y personal auxiliar.

De acuerdo con estimaciones de esa entidad, el eventual traspaso podría involucrar entre 50.000 y 55.000 trabajadores del sector educativo privado, entre docentes, auxiliares y personal no docente.

La Justicia federal avanza en una investigación sobre presuntos hechos de corrupción en la Obra Social de los Peones Rurales y Estibadores de la República Argentina (Osprera), entidad que se encuentra bajo intervención desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. La causa se centra en el desvío de fondos multimillonarios hacia una empresa sospechada de ser una cáscara vacía, cuyo principal accionista es Sergio Aguirre, socio formal del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El juez Sebastián Casanello ordenó la declaración indagatoria de Aguirre, quien deberá presentarse en los tribunales el 13 de agosto a las 12 del mediodía. Junto a él, también fueron convocados los interventores de la obra social, en el marco de una pesquisa impulsada por el fiscal Guillermo Marijuán.

Según la investigación, los interventores de Osprera habrían desviado al menos 260 millones de pesos a cuentas de la firma HTech Innovation, propiedad de Aguirre. El fiscal Marijuán sostiene que en estas maniobras habría tenido una injerencia fundamental Eduardo Lule Menem, primo de Martín Menem y actual subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia.

De acuerdo con el expediente, la primera interventora, Virginia Montero, fue quien inició la contratación con la firma de Aguirre, mientras que su sucesor, Marcelo Petroni, renovó el vínculo. La empresa, que había sido inscripta ante el Estado en abril de 2024, facturó un total de 262 millones de pesos exclusivamente a la obra social.

El juez Casanello, al aceptar los pedidos de indagatoria, dictó un embargo de 920 millones de pesos sobre los bienes de todos los acusados. En su resolución, el magistrado señaló:

Debe señalarse que el caso presentado por la fiscalía supone un actuar interesado por parte de quien cumplía funciones públicas y un obrar infiel que generó pérdidas a unos y ganancias indebidas a otros.

Los imputados deberán responder ante la Justicia por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta. La investigación busca determinar la responsabilidad de los funcionarios y empresarios en el manejo de los fondos de los trabajadores rurales.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, volvió a cuestionar a la Casa Rosada por el recorte de fondos a la provincia de Buenos Aires. En su habitual conferencia de prensa realizada este lunes desde Gobernación, el funcionario solicitó una vez más que el Gobierno nacional reciba a Diego Santilli en audiencia y que active los avales necesarios para acceder a financiamiento internacional destinado a obras de infraestructura.

El ministro confirmó que, hasta el momento, el Gobierno de Javier Milei no respondió al pedido de audiencia ni otorgó los avales requeridos para proyectos clave, entre ellos el plan de saneamiento de efluentes cloacales para La Plata, Berisso y Ensenada. 

Al respecto, el funcionario expresó: “No se nos ponen a disposición los avales para que nosotros podamos tomar el financiamiento que corresponde a la realización de obras públicas muy necesarias en la provincia de Buenos Aires, cosa que no se podría responder con ese latiguillo que inventó en algún momento Milei, como cosa simpática de no hay plata”.

Sobre el mecanismo de solicitud, Carlos Bianco detalló que el financiamiento se gestiona mediante organismos internacionales y solo requiere de una autorización formal por parte del Ejecutivo nacional. 

En este sentido, sostuvo: “El financiamiento que obtiene la provincia de Buenos Aires negociando con organismos internacionales y que solo requiere por parte del Gobierno nacional una notita que diga: ‘doy el aval para que la provincia de Buenos Aires pueda tomar este financiamiento y ejecutarlo en su provincia’”.

El ministro explicó que esta gestión no presenta impedimentos técnicos, ya que el endeudamiento solicitado se encuentra por debajo del 8 por ciento del total del Presupuesto provincial. Por lo tanto, aseguró que no existen inconvenientes financieros ni de grado de endeudamiento que justifiquen la negativa.

Finalmente, Carlos Bianco calificó la postura de la administración libertaria como una “decisión política” que trasciende a funcionarios como Luis Caputo, Diego Santilli, Manuel Adorni o Guillermo Franco. Según el ministro, existe una voluntad de desfinanciar a la provincia de Buenos Aires, lo cual se evidenció con el recorte de transferencias no automáticas, el impacto en el Fondo Compensador al Transporte del Interior y la interrupción de diversos programas nacionales de salud y educación. “Es una decisión política de ajustar no a la provincia de Buenos Aires, al gobernador, es ajustar a los bonaerenses”, concluyó.

El Gobierno nacional inició una semana marcada por la expectativa ante el reencuentro entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Ambos mandatarios confirmaron, por separado, su asistencia a la vigilia por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, que se desarrollará este miércoles 8 de julio en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

La invitación formal fue extendida por el gobernador Osvaldo Jaldo a todos los mandatarios provinciales del país. Ante la relevancia del evento, el Ministerio de Seguridad provincial ha dispuesto un operativo que contará con más de 2.000 efectivos policiales en el microcentro tucumano con el objetivo de resguardar al presidente y a toda su comitiva oficial.

El cronograma de actividades contempla que, a la medianoche y mediante cadena nacional, se emita un mensaje oficial, se interprete el Himno Nacional y se proceda a la firma de las actas protocolares por parte de los funcionarios presentes en el Salón de Jura.

Por su parte, Victoria Villarruel ha optado por mantener un perfil estrictamente institucional. Desde su entorno ratificaron que el viaje responde a la invitación oficial cursada a todas las autoridades nacionales, evitando brindar declaraciones públicas sobre el vínculo con el presidente Javier Milei.

Este nuevo encuentro se produce tras el acto por el Día de la Bandera en la ciudad de Rosario, donde la distancia entre ambos fue evidente. En aquella oportunidad, la titular del Senado fue ubicada en el sector de las autoridades provinciales, aislada del núcleo duro oficialista. Incluso, durante la entonación del Himno Nacional, quedó de espaldas al presidente.

Al finalizar aquel evento, la vicepresidenta calificó de "maleducados" a los funcionarios que evitaron saludarla. Además, cuestionó la presencia del por entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras las investigaciones vinculadas a un presunto enriquecimiento ilícito.

La imagen positiva del presidente Javier Milei registró una recuperación en los últimos dos meses al trepar del 36% al 40%, en contraposición con una marcada caída de los principales referentes del kirchnerismo, según reveló la última encuesta de la consultora Atlas Intel y Bloomberg.

El estudio privado, que es seguido de cerca por los inversores de Wall Street, señala que en el mismo período el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sufrió un fuerte deterioro en su consideración pública, cayendo del 46% al 38%. Esta tendencia decreciente también alcanza a la ex mandataria Cristina Kirchner.

Este repunte en los niveles de aprobación del jefe de Estado coincide con el Índice de Confianza del Consumidor que elabora Poliarquía junto a la Universidad Di Tella, el cual interrumpió la tendencia negativa y experimentó en junio una mejora del 6,4%, consolidando su segundo incremento mensual consecutivo y la mayor suba desde noviembre pasado.

De acuerdo con analistas del mercado, el cambio de tendencia en el humor social responde de manera directa a factores económicos vinculados al bolsillo de los ciudadanos. Luego de meses complejos que impactaron en la gestión, las proyecciones de las consultoras privadas coinciden en que la inflación de junio habría quebrado el piso del 2%, encadenando su tercera baja consecutiva.

En paralelo, los salarios comenzaron a mostrar signos de recomposición en términos reales, acompañados por un incremento del 1% mensual en el ingreso disponible de las familias durante mayo, según las mediciones de la consultora Empiria. En el frente de la actividad económica, si bien los datos del Indec reflejaron un inicio de año rezagado, el Índice General de Actividad de Orlando Ferreres arrojó una suba del 0,7% en mayo, con balances positivos en ocho de los 11 sectores evaluados.

Frente a este panorama, entidades como Balanz corrigieron al alza sus estimaciones de crecimiento para el total de 2026, elevándolas del 2,7% al 3%, traccionadas principalmente por los sectores de la energía, el agro y la minería. A fin de blindar este proceso de estabilización, el ministro de Economía, Luis Caputo, concretó la refinanciación hasta 2028 de una línea de créditos del tipo repo con bancos internacionales por un total de 6.000 millones de dólares.

El bloque de La Libertad Avanza trabaja en la búsqueda de consensos con las fuerzas opositoras para concretar una sesión en el Senado durante la próxima semana. La agenda legislativa contempla el tratamiento de proyectos sobre propiedad privada, la denominada Ley Hojarasca y la aprobación de 30 pliegos judiciales.

Si bien existían intenciones de sesionar este miércoles, la vicepresidenta Victoria Villarruel citó a Labor Parlamentaria para el miércoles a las 12, lo que postergaría el encuentro en el recinto para los días 15 y 16 de julio. Esta instancia refleja las diferencias internas con la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien buscaba adelantar el debate.

El proyecto sobre propiedad privada, diseñado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, incluye modificaciones sustanciales. En la versión número 13 del dictamen, se mantiene la prohibición para que empresas extranjeras adquieran tierras y se establecen requisitos para zonas fronterizas. La normativa también regula desalojos y expropiaciones, contemplando un desalojo exprés de tres días para ocupaciones ilegales y un plazo de 10 días hábiles para inquilinos con demoras en sus pagos.

En cuanto a la Ley Hojarasca, el oficialismo busca derogar cerca de 70 normas consideradas obsoletas. Entre ellas, se destaca la ley 20.120, que permitía el ingreso policial a reuniones privadas, y la ley 20.983, que imponía cupos de interés turístico en medios de comunicación.

Finalmente, la agenda incluye la ratificación de 30 pliegos judiciales. Entre los casos destacados figura la prórroga del mandato del camarista Víctor Pesino y la designación de Juan Rodriguez Ponte para el juzgado de Lomas de Zamora, magistratura que tendrá a su cargo la causa que involucra al exintendente Martín Insaurralde y a Jésica Cirio.

El Departamento Ejecutivo oficializó una nueva actualización de las tasas municipales que comenzó a regir el 1 de julio, con un incremento general del 4,79% sobre la mayoría de los tributos comunales y aumentos diferenciales de hasta el 20% para determinadas tasas.

La medida fue establecida mediante el Decreto Nº 2099/2026, firmado por el intendente Miguel Lunghi y el secretario de Economía y Administración, Raúl Moyano, en cumplimiento de los mecanismos de actualización previstos en la Ordenanza Impositiva.

La actualización sigue el índice de inflación

En los fundamentos del decreto se recordó que el artículo 139 de la Ordenanza Impositiva habilita al Departamento Ejecutivo a actualizar periódicamente los valores de las tasas municipales tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Para esta oportunidad, el cálculo arrojó un índice del 4,79%, porcentaje que fue aplicado a los valores correspondientes al cuarto bimestre del año y que rige desde el 1 de julio.

El incremento alcanza a la mayor parte de las tasas, derechos, contribuciones y multas municipales, aunque existen excepciones previstas por la propia Ordenanza Impositiva.

Algunas tasas aumentaron por encima de la inflación

Además del ajuste general, el decreto aplicó los incrementos diferenciales autorizados por el artículo 139 bis de la Ordenanza Impositiva.

En ese marco, la Tasa por Conservación de la Red Vial aumentó un 15% respecto del bimestre anterior.

Ese mismo porcentaje se aplicó a sus tributos accesorios, entre ellos la Tasa Complementaria de Protección Ciudadana, con excepción de la Tasa para la Salud, y a la Tasa por Servicios Sanitarios, junto con el Fondo de Extensión de Red de Gas Domiciliaria y el Fondo Especial de Obras Sanitarias.

Por su parte, la Tasa para la Salud, que se cobra como adicional tanto de la Tasa Retributiva de Servicios Públicos como de la Tasa por Conservación de la Red Vial, recibió un incremento del 20% respecto del tercer bimestre del año.

De esta manera, mientras la mayoría de los tributos evolucionaron de acuerdo con la inflación medida por el IPC, estos conceptos registraron incrementos superiores porque ya habían sido autorizados expresamente por el Concejo Deliberante al sancionar la Ordenanza Impositiva vigente.

Nuevos anexos y continuidad de un beneficio

El decreto también aprobó los nuevos anexos de la Ordenanza Impositiva con los valores actualizados de los distintos tributos municipales.

En particular, quedaron incorporados los anexos correspondientes a: los valores generales de las tasas, la Tasa por Habilitación de Comercios e Industrias, los mínimos y unidades económicas de la Tasa Unificada de Actividades Económicas y los anticipos correspondientes al Régimen Simplificado.

Asimismo, el Ejecutivo prorrogó para el quinto bimestre de 2026 la aplicación del inciso 8 del artículo 2 de la Ordenanza Impositiva vigente, manteniendo la continuidad de esa disposición tributaria.

El mecanismo continuará durante el año

La actualización forma parte del esquema de incrementos automáticos previsto en la Ordenanza Impositiva 2026, que permite adecuar periódicamente los valores de las tasas municipales de acuerdo con la evolución de la inflación.

En paralelo, la propia normativa autorizó aumentos diferenciales para algunos servicios específicos, principalmente aquellos vinculados con la conservación de caminos rurales, los servicios sanitarios y el financiamiento del sistema público de salud, por considerar que presentan estructuras de costos distintas al resto de los tributos municipales.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, inauguró este sábado la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza en la provincia de Misiones y afirmó que uno de sus principales objetivos es construir el camino para que el presidente Javier Milei sea reelecto en las elecciones de 2027.

El acto se desarrolló en el hotel Julio César, en la ciudad de Posadas, y contó con la participación del presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente de La Libertad Avanza, Martín Menem; el titular del partido en Misiones y legislador provincial, Adrián Núñez; y los diputados nacionales Diego Hartfield y Maura Gruber.

Durante su discurso, Karina Milei agradeció el respaldo recibido por los misioneros y destacó el crecimiento del espacio político desde su llegada al Gobierno nacional.

"Hemos venido muchas veces a contarles nuestras ideas, a pedirles el apoyo, a pedirles el voto. Les decíamos que necesitábamos tener más gente en el Congreso. Y ese esfuerzo se materializó en las elecciones del año pasado. Por eso, principalmente, gracias por tanto apoyo", expresó.

La funcionaria sostuvo que la puesta en marcha de la Escuela de Dirigentes forma parte del proceso de consolidación territorial de La Libertad Avanza en todo el país y remarcó que el objetivo es ampliar la presencia del partido en cada provincia.

"La estamos poniendo en marcha para llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina y seguir llenando todo el país de violeta", afirmó.

En ese contexto, Karina Milei hizo una definición política de cara al futuro electoral y aseguró: "Mi gran objetivo para este año es empezar a construir todo el camino para que el presidente Javier Gerardo Milei, mi hermano, sea reelecto en 2027".

Por su parte, Martín Menem destacó el trabajo realizado por la secretaria general de la Presidencia en la organización nacional del partido y valoró los resultados obtenidos por el oficialismo desde su llegada al poder.

"Todo el esfuerzo que hemos hecho desde 2023 a la fecha valió la pena y eso se vio reflejado en cada uno de los logros que fueron aprobados en el Congreso", sostuvo.

Además, convocó a los nuevos dirigentes libertarios a capacitarse para defender el proyecto político del Gobierno nacional.

"Empiecen a formarse con las ideas del presidente. Para que el país salga adelante tenemos que sostener este modelo", señaló.

Además del lanzamiento formal de la Escuela de Dirigentes, Karina Milei mantuvo un encuentro con referentes provinciales para avanzar en la organización territorial de La Libertad Avanza en Misiones y fortalecer la estructura partidaria de cara a los próximos desafíos electorales.

El juez federal Ariel Lijo resolvió prohibir la salida del país del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, en el marco de la causa en la que se lo investiga por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. La medida fue adoptada a partir de un dictamen presentado por el fiscal Gerardo Pollicita y se conoce mientras la investigación avanza sobre el origen de su patrimonio.

A partir de esta decisión, Adorni deberá solicitar una autorización expresa de la Justicia en caso de querer viajar al exterior. La restricción responde a la posibilidad de una eventual fuga y es considerada un paso previo a un posible llamado a declaración indagatoria, que podría concretarse en los próximos días ante las inconsistencias detectadas durante la investigación.

La resolución judicial se conoció además en medio de versiones que indican que el exfuncionario tendría previsto radicarse en Punta del Este, en Uruguay.

La investigación pone la lupa sobre distintos movimientos patrimoniales realizados por Adorni durante su paso por la función pública. Entre los aspectos analizados figuran numerosos viajes dentro y fuera del país, la compra de propiedades, las refacciones efectuadas en una vivienda ubicada en el barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, así como diferencias patrimoniales reflejadas en sus últimas declaraciones juradas.

El expediente también contempla distintos gastos corrientes que habría realizado mientras ocupaba un cargo público, algunos de los cuales, según la investigación, habrían sido abonados con tarjetas de crédito pertenecientes a sus secretarias.

Uno de los elementos que dio un fuerte impulso a la causa fue la declaración testimonial del constructor Matías Tabar, quien estuvo a cargo de las reformas en la vivienda del exfuncionario. Ante la Justicia, aseguró haber cobrado 245 mil dólares en efectivo y sin registrar por los trabajos realizados en esa propiedad.

A ese testimonio se sumó la difusión de una serie de audios atribuidos a Adorni, en los que mantiene una conversación con Tabar antes de que este declarara ante la fiscalía.

En uno de esos mensajes, el exjefe de Gabinete le expresa: "Mati, querido, ¿qué hacés? Escuchame. Te tengo que hablar hace como diez, quince días. Yo este finde voy a ir a Indio, así que si querés hablamos ahí, que voy a estar más tranquilo. Por el tema del 4 de mayo. Nada, obviamente te voy a dar todo el soporte que necesites y despreocupate, como hice con todos. Eso está de más decírtelo, pero contás con todo, todo, todo lo que yo te puedo ayudar. Es una boludez, pero bueno, para que vos te quedes tranquilo y para que todos nos quedemos tranquilos".

Los investigadores analizan el contenido de esas comunicaciones en el marco de la causa, mientras continúa la recolección de pruebas para determinar si existió un incremento patrimonial injustificado y si se configuraron otros posibles delitos vinculados a la investigación.

En el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, la Justicia le prohibió al ex jefe de Gabinete libertario, Manuel Adorni, salir del país sin autorización previa. La medida fue dictada por el juez federal Ariel Lijo, quien hizo lugar al pedido del fiscal Gerardo Pollicita, descartando al mismo tiempo el pedido de detención presentado por dos de los denunciantes.

Según indicaron fuentes judiciales, el fiscal Pollicita, quien conduce la investigación sobre el patrimonio del exfuncionario, emitió un dictamen en el que, si bien descartó peligro de fuga o entorpecimiento de la causa, solicitó que el exvocero notifique previamente cualquier salida del territorio nacional. El objetivo es que la Justicia “evalúe la pertinencia y razonabilidad” de cada viaje.

La decisión judicial se fundamenta en versiones periodísticas que surgieron tras la renuncia de Manuel Adorni a la coordinación del Gabinete de ministros del presidente Javier Milei, las cuales indicaban que el exfuncionario habría deslizado a su entorno intenciones de mudarse a Uruguay. Esta resolución constituye la primera medida restrictiva impuesta al platense desde el inicio de la causa y alcanza exclusivamente a él, excluyendo a su esposa, Bettina Angeletti, quien también se encuentra bajo investigación.

Respecto al pedido de detención, el fiscal desestimó la solicitud al considerar que Manuel Adorni no posee antecedentes penales, cuenta con bienes en el país y mantiene un lugar de residencia habitual donde reside su núcleo familiar, factores que disipan el riesgo de fuga alegado por los denunciantes.

En las próximas semanas, el exjefe de ministros deberá prestar sus primeras explicaciones formales en Comodoro Py. El fiscal prepara actualmente un requerimiento de justificación patrimonial que permitirá determinar si existen inconsistencias en lo declarado por el investigado. Se estima que dicho estudio contable, a cargo de la Dirección de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI), estaría finalizado antes de la feria judicial de invierno, que comienza en menos de tres semanas. Si las explicaciones no logran desarmar las sospechas, la próxima instancia procesal para el ex vocero presidencial será un llamado a declaración indagatoria.

El bloque del PRO definió los temas prioritarios que impulsará en el Congreso, marcando una diferencia con la agenda del Gobierno, que busca sancionar la reforma electoral con el objetivo de eliminar las elecciones primarias para el 2027, año en el que el presidente Javier Milei buscará su reelección.

Desde el espacio político manifestaron que no existe una posición unificada respecto a la eliminación de las PASO, debido a que dichos comicios permiten la participación en alianzas inclusivas con el Gobierno. Además, aún no se han expedido sobre la propuesta oficial para establecer colectoras.

“En julio, el bloque de senadores del PRO va a trabajar para que el Senado trate una agenda con reformas concretas”.

En un comunicado difundido a través de redes sociales, el bloque detalló que impulsará la reforma de la ley de Salud Mental, la ley de Propiedad Privada, el agravamiento de las penas por falsas denuncias y el tratamiento de Zona Fría. Asimismo, señalaron:

“Además, impulsaremos la reforma electoral, la desregulación del Estado, el tratamiento de acuerdos judiciales y el fortalecimiento de la legislación contra la criminalidad ambiental. Porque el cambio también se construye desde el Congreso”.

Respecto al proyecto de propiedad privada, que cuenta con 12 cambios en el articulado sobre venta de tierras a extranjeros, se espera que sea incluido en la sesión prevista para el 15 de julio, tras la reunión de Labor Parlamentaria del 8 de julio a las 12.

Por su parte, el bloque de diputados, presidido por Cristian Ritondo, fijó como prioridades la sanción de Ficha Limpia, la Ley de Desalojo, el combate a la usurpación de tierras, la reforma del Código Penal, el agravamiento de penas para homicidios de menores de 18 años en ocasión de robo y la reforma del financiamiento de los partidos políticos. Cabe destacar que varios de estos puntos ya se encuentran contemplados en proyectos de reforma electoral o de propiedad privada que el Gobierno busca tratar de forma integral.

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, lanzó duras críticas contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, durante una entrevista televisiva realizada el jueves por la noche. El dirigente riojano cuestionó el paso del mandatario provincial por el Ministerio de Economía durante el segundo mandato de la expresidenta Cristina Kirchner y sostuvo que debería quedar imposibilitado de ocupar funciones estatales.

En el marco de un año electoral clave, donde el peronismo podría posicionar a Axel Kicillof como una figura central frente a La Libertad Avanza, Martín Menem buscó cuestionar su trayectoria nacional. Al respecto, el legislador afirmó: “No dijo nada, en realidad. Tendría que estar inhabilitado para ejercer cargos públicos. Fue el peor ministro de Economía de la historia. Argentina puso el cepo con este tipo”.

Por otra parte, el titular de la Cámara baja defendió el rumbo de la administración de Javier Milei y trazó un paralelismo con el gobierno de su tío, el fallecido Carlos Menem. Según aseguró, el exmandatario “estaría orgulloso del gobierno actual”, reforzando su alineamiento con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En relación con la estructura del Ejecutivo, Martín Menem respaldó la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete tras la salida de Manuel Adorni, definiéndolo como “un jugadorazo” y un “político de raza”. Asimismo, buscó restar importancia a las tensiones internas dentro de la cúpula libertaria.

“Pensar distinto en una mesa de cinco o seis no es interna, es normal. Intercambiamos opiniones, avanzamos, el Gobierno avanza”, manifestó.

De cara a las próximas elecciones, el referente oficialista aseguró que la estrategia será mostrar la gestión de Javier Milei como bandera principal. “Nosotros vamos a mostrar gestión, no importa quién esté enfrente”, remarcó.

Acerca de la situación económica, el diputado pronosticó que la inflación se ubicará por debajo del 2 por ciento en los próximos días y destacó indicadores como el superávit fiscal y la baja del riesgo país como “señales” del rumbo oficial.

Finalmente, admitió que la mejora aún no alcanza a todos los sectores, pero enfatizó: “Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, va a llegar más temprano que tarde”, aunque advirtió que el éxito depende de que “la política no joda”.

La Corte Suprema le puso un punto final a uno de los frentes que las defensas de Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez mantenían abiertos en la causa Vialidad: la discusión sobre cómo se recalcula el decomiso que pesa sobre los condenados, que en apenas tres años multiplicó por ocho su valor original.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti descartaron los recursos por considerarlos inadmisibles, en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, y de ese modo habilitaron a que avance la ejecución por 685.000 millones de pesos sobre el patrimonio de todos los responsables, alcanzando ya a 111 bienes que están siendo tasados.

El expediente que se conoció en la tarde del jueves tiene su origen en el fallo que dictó el Tribunal Oral Federal N°2 el 6 de diciembre de 2022, luego de un juicio que se extendió casi tres años. Ese tribunal condenó a la entonces vicepresidenta a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al considerarla responsable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la adjudicación de 51 obras viales en Santa Cruz durante el período 2003-2015.

Las mismas penas, con variaciones según su rol en la maniobra, recayeron sobre el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas, José López, y el ex administrador de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, entre otros ex funcionarios provinciales. Aquella sentencia ya incluía una cifra de decomiso: casi 85 mil millones de pesos, calculados en base a los sobreprecios de las obras, los acuerdos entre empresas para direccionar las licitaciones y los perjuicios derivados de trabajos abandonados.

Pero el propio fallo advertía que ese número debía actualizarse una vez que la condena quedara firme, algo que ocurrió recién en junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó los últimos cuestionamientos de fondo presentados por las defensas y por la fiscalía. Fue a partir de ese momento que el Cuerpo de Peritos Contadores del máximo tribunal, con la intervención de especialistas propuestos tanto por las defensas como por el Ministerio Público, recalculó el monto tomando como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor entre noviembre de 2022 y mayo de 2025.

El resultado fue una cifra que ronda los 685 mil millones de pesos —exactamente 684.990.350.139,86 pesos—, ocho veces superior a la fijada originalmente. Ese salto fue lo que las defensas intentaron frenar, primero ante el propio tribunal oral y después ante la Cámara Federal de Casación Penal, que confirmó el número actualizado.

Los abogados de Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, argumentaron que la cifra original tenía un carácter provisorio y objetaron que se utilizara el IPC como parámetro de ajuste. Por su parte, la representante de Báez, Yanina Nicoletti, cuestionó que fuera el Tribunal Oral Federal N°2 —y no el N°4, que ya lo había condenado en la causa conocida como Ruta del Dinero K— el que tuviera competencia para ejecutar el decomiso. Ninguno de esos argumentos logró conmover a los jueces de la Corte.

Con este pronunciamiento, todos los condenados quedan obligados a responder de forma solidaria por el monto total, aunque en la práctica es Fernández de Kirchner quien conserva bienes de valor significativo: el patrimonio de Báez ya fue liquidado en el marco de la quiebra de Austral Construcciones y de la condena por lavado de dinero.

El presidente Javier Milei salió el pasado jueves al cruce de las críticas de los ex titulares del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Mercedes Marcó del Pont y Miguel Ángel Pesce, luego de que cuestionaran su intención de modificar la Carta Orgánica de la autoridad monetaria. 

A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el mandatario defendió su proyecto de reforma y lanzó duras descalificaciones contra ambos economistas. "Si estos dos analfabetos económicos se quejan es una buena señal, ya que, dado el desastre que han hecho, hacer lo opuesto es una buena intuición", escribió.

Bajo el título "Fin de la brutalidad monetaria", el presidente argumentó que la actual Carta Orgánica del Banco Central, modificada en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner, presenta un error de diseño porque asigna múltiples objetivos a un único instrumento de política económica. Para fundamentar su postura, Javier Milei citó el denominado principio de Tinbergen, según el cual cada objetivo de política económica requiere, como mínimo, un instrumento independiente para poder alcanzarlo.

En ese sentido, el jefe de Estado explicó que la política monetaria y la política fiscal deben funcionar como herramientas diferenciadas para lograr objetivos como el crecimiento económico y la estabilidad de precios. Asimismo, sostuvo que la reforma realizada en 2012 constituye una "declaración de ignorancia", ya que, según su visión, le asignó cinco objetivos distintos a la política monetaria.

"La Carta Orgánica del BCRA de 2012 es una declaración de ignorancia al asignarle a un instrumento de política económica, en este caso la política monetaria, cinco objetivos", fue el textual.

El mandatario aseguró que ese esquema contribuyó a la aceleración de la inflación durante los años posteriores y destacó que esa tendencia, según su interpretación, "se quebró desde 2024". 

En la parte final de su publicación, Milei reafirmó que uno de los pilares de su programa económico es modificar nuevamente la Carta Orgánica para que tenga un único objetivo: "Si queremos terminar para siempre con la inflación, aniquilar la reforma de 2012 volviendo a un objetivo factible (preservar el valor de la moneda) será un gran paso en la dirección correcta".

Además, anticipó que los cambios no se limitarán únicamente a ese aspecto. "La reforma no se agota en lo que se menciona en este posteo. Iremos más a fondo aún", concluyó el presidente, cerrando el mensaje con su habitual consigna: "¡VLLC!".

A través de la Secretaría Legal y Técnica, el Ejecutivo emplazó a los responsables de un desarrollo inmobiliario clandestino para que en un plazo de 48 horas retiren un portón y un muro que obstruyen el paso hacia la calle Lanza del Vasto. El organismo advirtió que, de no cumplirse la manda, la comuna procederá a la demolición de la estructura con cargo a los infractores.

Tras la exposición pública de los preservacionistas y el pedido de informes en el Concejo, la Municipalidad dio un paso en la regularización del uso del espacio público y la preservación de las normativas urbanas en áreas sensibles de la ciudad. Tras una inspección técnica, el Gobierno local notificó formalmente a los desarrolladores de un condominio que se construye sin autorización en la denominada Zona Protegida, exigiéndoles la liberación inmediata de una vía de circulación que había sido cercada de manera ilegítima.

La intervención administrativa se originó a partir de las actuaciones realizadas por el Área de Catastro, donde los técnicos verificaron una transgresión flagrante a las leyes de ordenamiento territorial. Según pudo confirmar este Diario, los inspectores detectaron la construcción de un muro de mampostería revocado, complementado con un portón corredizo, que interrumpe la libre circulación de la calle Israel. Esta estructura impedía no solo el acceso vehicular, sino también el tránsito peatonal hacia la calle Lanza del Vasto, transformando un bien de dominio público en un acceso restringido para beneficio de un privado.

La medida adoptada por la Secretaría Legal y Técnica se enmarcó en un contexto de creciente demanda de control sobre los emprendimientos que se asientan en las zonas de sierras, donde la normativa es particularmente estricta. El avance de este tipo de cerramientos sin permiso municipal generó preocupación en las autoridades locales, ya que afecta de forma directa la conectividad de los barrios y sienta un precedente peligroso para la planificación urbana de Tandil.

El informe elevado por las áreas competentes fue determinante para que el Ejecutivo emitiera la orden de retiro inmediato.

En la notificación enviada a los responsables, se dejó constancia de que la existencia de dicho portón constituye una afectación directa al dominio público municipal. El documento oficial al que tuvo acceso este Diario,  subrayó que la situación se encuentra en evidente contravención con normativas de jerarquía nacional y local, lo que motivó el establecimiento de un plazo perentorio de 48 horas para que la calzada vuelva a su estado original, bajo el apercibimiento de utilizar la fuerza pública para restituir la legalidad del sector.

El loteo en Zona Protegida no presentó planos y tiene una causa judicial: "Son obras clandestinas"

El dictamen elaborado por el cuerpo legal del Municipio se fundamentó en tres pilares normativos que garantizan la integridad de las calles como bienes comunes. En primer lugar, se invocó el Código Civil y Comercial de la Nación, el cual establece con claridad que las calles son bienes de dominio público del Estado. Por tal carácter, su uso debe estar garantizado de manera irrestricta para toda la comunidad, resultando jurídicamente imposible que un particular se apropie de una traza vial o limite su acceso mediante estructuras físicas.

Asimismo, la construcción obstruccionista vulneró los preceptos del Plan de Ordenamiento Territorial (PDT), bajo la Ordenanza 9865. Este marco normativo, que rige el crecimiento de Tandil, prohíbe terminantemente realizar cualquier tipo de obra, construcción o instalación que cierre, obstruya o desvíe de forma directa o indirecta un camino público.

El Artículo VII.26 de dicha norma es taxativo al respecto, señalando que la preservación de la red vial es una prioridad para el interés general y no puede quedar supeditada a intereses privados o desarrollos inmobiliarios no autorizados.

Por otra parte, se citó el Código de Edificación vigente, sancionado bajo la Ordenanza 5580. En este punto, el Ejecutivo recordó que toda obra realizada sin el correspondiente permiso municipal y que afecte el interés general comunitario es considerada automáticamente en contravención. Según lo previsto en el Artículo 1.3.3.6 de dicho cuerpo legal, ante órdenes de corrección o demolición no cumplidas por los particulares, el intendente y su gabinete tienen la facultad de ordenar el retiro de los elementos en falta mediante el uso de los equipos operativos de la propia Municipalidad.

La situación del condominio en cuestión se agravó debido a su carácter de "clandestino". Al desarrollarse en una Zona Protegida y no contar con las habilitaciones correspondientes, la elevación de muros y portones sobre la vía pública fue interpretada como un desafío a la autoridad de aplicación. Fuentes consultadas por El Eco de Tandil indicaron que no es la primera vez que se detectan intentos de cerrar accesos en zonas de alta valorización inmobiliaria, lo que ha llevado a un endurecimiento de las sanciones y controles.

La intimación cursada por la Secretaría Legal y Técnica no se limitó a la orden de retiro, sino que incluyó una advertencia económica y administrativa para los propietarios. En el caso de que el portón y el muro no sean removidos en el tiempo estipulado, la Municipalidad procederá a efectuar el retiro y la demolición de la estructura de forma directa. Sin embargo, esta tarea no será gratuita para el infractor, ya que todos los gastos que la operatividad irrogue serán trasladados y reclamados legalmente a los responsables.

Esta modalidad de ejecución directa, contemplada en el Artículo VII.26.2 del Plan de Ordenamiento Territorial, busca evitar que el erario público deba costear los errores o las faltas cometidas por desarrolladores privados. Los costos de maquinaria, personal y logística para liberar la calle Israel serán liquidados y enviados al contraventor bajo la forma de cargos especiales, los cuales, de no ser abonados, podrían derivar en ejecuciones fiscales y embargos sobre las parcelas involucradas en el desarrollo.

Además del recupero de los gastos de demolición, los infractores deberán afrontar las multas y sanciones adicionales que determine el Juzgado de Faltas. La normativa edilicia vigente establece escalas punitivas elevadas para quienes construyen en contravención, especialmente cuando se trata de afectaciones al dominio público. La Secretaría de Legales enfatizó que la apertura de la calzada no exime al privado de las responsabilidades legales previas por haber levantado una estructura clandestina en un área de protección ambiental.

Finalmente, el documento recordó que la libre circulación por la calle Israel es un derecho de todos los ciudadanos y que la conectividad hacia la calle Lanza del Vasto es estratégica para la zona. La determinación del Ejecutivo municipal de actuar con celeridad en este caso responde a una política de "tolerancia cero" frente a las tomas o bloqueos de calles, una problemática que ha ido en aumento ante el crecimiento de la ciudad hacia las laderas serranas, donde la línea entre lo privado y lo público suele verse desdibujada por emprendimientos sin planos aprobados.

En medio de la intensa ola polar que mantiene temperaturas bajo cero en gran parte de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno nacional volvió a poner como prioridad el tratamiento del proyecto que modifica el régimen de Zona Fría. Por instrucción del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, inició gestiones en el Senado para reunir los votos necesarios que permitan convertir en ley la iniciativa, que ya cuenta con media sanción de Diputados.

Tras asumir su cargo, Santilli mantuvo una reunión con los jefes de bloques aliados a La Libertad Avanza junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para analizar el escenario legislativo. El proyecto contempla cambios que dejarían sin los descuentos actuales en la tarifa de gas a unos 1.240.000 hogares de 94 municipios bonaerenses.

"Tengo confianza en que se va a convertir en ley", aseguró Santilli al término del encuentro, aunque reconoció implícitamente que el oficialismo todavía no tiene garantizados los votos en la Cámara alta. "En Diputados los votos estuvieron", remarcó el funcionario al ser consultado sobre las posibilidades de avanzar con la iniciativa.

Por su parte, Bullrich sostuvo que el Gobierno continuará negociando con los distintos bloques. "Vamos a empezar a ver cuántos votos tenemos y ver si podemos sacarla porque para el Gobierno es prioritaria", afirmó.

Uno de los puntos centrales de la negociación pasa por los senadores que responden a los gobernadores del Norte Grande. Ese grupo de legisladores reclama la creación de una "zona cálida", con beneficios para afrontar el elevado consumo eléctrico durante el verano. Aunque esa propuesta no fue incorporada al proyecto, buscan obtener un compromiso del Ejecutivo antes de acompañar la iniciativa.

Cómo cambiarían los subsidios al gas

Actualmente, los usuarios incluidos en el régimen de Zona Fría reciben descuentos del 30% o del 50% sobre el total de la factura de gas. El proyecto oficial modifica ese esquema y establece que la bonificación solo se aplicará sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), uno de los tres componentes que conforman la tarifa residencial.

Los otros dos componentes, el Valor Agregado de Distribución (VAD) y el costo del transporte del gas, dejarán de contar con subsidios. Como consecuencia, las facturas aumentarían incluso en las provincias patagónicas, donde se estiman incrementos cercanos al 25%.

En el caso de los municipios bonaerenses que quedarían excluidos del régimen, el descuento se aplicaría únicamente sobre el PIST, que representa aproximadamente entre un cuarto y un tercio del valor total de la factura. De esa manera, la rebaja efectiva rondaría apenas el 15% del monto final, antes de impuestos y otros cargos.

Crecen los reclamos en la provincia

La iniciativa también generó un fuerte rechazo entre gobernadores e intendentes. Además de las críticas de los mandatarios provinciales Axel Kicillof, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, en distintos municipios bonaerenses se impulsan campañas para rechazar la medida.

Las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) y organizaciones como la Liga de Consumidores, Usuarios y Amas de Casa promovieron recolecciones de firmas en ciudades como Mar del Plata, Tandil, Olavarría, Bragado y La Costa, entre otras.

También expresaron su preocupación intendentes de distritos como Tres Arroyos, Villa Gesell, Castelli, Coronel Suárez, Saladillo, Olavarría, Bahía Blanca y Pehuajó, que atraviesan jornadas con temperaturas extremadamente bajas.

Este jueves, de hecho, varias localidades bonaerenses registraron algunas de las marcas térmicas más bajas del país. Coronel Suárez alcanzó los -4,8°C, Bolívar -4,5°C, Las Flores -3,3°C, Azul -2,2°C, Trenque Lauquen -1,6°C, La Plata -1,1°C, Junín -0,9°C, mientras que Benito Juárez y 9 de Julio registraron -0,4°C, reforzando los cuestionamientos al proyecto en medio de una de las semanas más frías del año.