La discusión del Presupuesto nacional 2027 se retomará en los próximos días en la Cámara de Diputados con tres diferencias centrales entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas. La oposición reclama garantizar los recursos para las prestaciones por discapacidad, aumentar las partidas para las universidades nacionales y destinar fondos al transporte del interior.

El oficialismo descartó tratar el proyecto el 18 de noviembre y ahora apunta a conseguir dictamen el 17 y llevarlo al recinto el 25. El plazo para firmar dictámenes vence el 20 de noviembre. Si el Gobierno no logra avanzar dentro de ese calendario, podría incluir el proyecto en sesiones extraordinarias a partir del 1 de diciembre.

Las conversaciones estarán encabezadas por el presidente de Diputados, Martín Menem; el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni; y el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch. Los tres participaron de la última reunión con los dialoguistas, que terminó sin acuerdo y obligó a postergar la firma del dictamen.

Los bloques aliados sostienen que parte de sus pedidos podría atenderse con fondos de la Jurisdicción 91, que reúne unos $14 billones destinados a cubrir contingencias financieras. El oficialismo, por su parte, busca preservar el equilibrio fiscal previsto en el proyecto.

Qué reclama cada bloque

Uno de los planteos compartidos por los dialoguistas es la rebaja del Impuesto a los Combustibles. Los legisladores cuestionan que la recaudación no se destine a los fines previstos, entre ellos el mantenimiento de las rutas nacionales y la asignación del 2,55% al Fondo Compensador del Transporte del Interior.

La UCR, que tiene al mendocino Lisandro Nieri como principal negociador, también pide eliminar cuatro artículos del proyecto y aumentar el financiamiento universitario. La iniciativa del Ejecutivo contempla $7,3 billones para las universidades nacionales, mientras que los rectores reclaman elevar esa partida a $11 billones.

El PRO busca garantizar los fondos de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, reducir del 21% al 10,5% el IVA para los huevos y sus derivados y establecer un mecanismo que asegure el cumplimiento de los plazos y las tarifas de las obras en rutas nacionales. En el oficialismo consideran que la discusión por los fondos porteños puede encauzarse en una negociación entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri.

Los bloques provinciales reclaman que se ejecuten las obras públicas ya acordadas y que aumenten los recursos para cubrir los déficits de las 13 cajas jubilatorias provinciales que no fueron transferidas a la Nación. El Ejecutivo prevé destinarles $503.000 millones, una cifra que las provincias consideran insuficiente.

En paralelo, los gobernadores de Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe y Córdoba piden que Diputados retome el debate de la Ley de Biocombustibles, que quedó frenado por un planteo de legisladores bonaerenses.

Qué proyecta el Presupuesto 2027

El proyecto estima gastos consolidados por $216 billones y recursos por $219,3 billones, con aumentos del 25,3% y del 26,2%, respectivamente, respecto de la base de comparación utilizada por el Gobierno. Los servicios sociales concentrarían alrededor de $150,9 billones, mientras que los servicios de la deuda pública demandarían $18,6 billones.

El Ejecutivo proyecta una inflación del 21,3% para 2027 y un dólar de $1.847 a fin de año, con un promedio anual de $1.728. También estima que el consumo privado crecerá un 3,4% y el público, un 0,6%.

El presidente Javier Milei participó este viernes del encuentro de fin de año de la Sociedad Rural Argentina (SRA), donde volvió a ratificar su intención de avanzar hacia la eliminación definitiva de las retenciones al sector agropecuario. Durante su discurso, defendió el rumbo económico de su gestión, elogió a los empresarios y cuestionó las políticas implementadas por los gobiernos anteriores.

La actividad se desarrolló en el predio ferial de Palermo y contó con la presencia del titular de la entidad, Nicolás Pino, además de dirigentes rurales, productores y representantes del sector privado.

Uno de los momentos centrales de su intervención llegó cuando se refirió a los derechos de exportación y aseguró que su administración continuará trabajando para reducirlos progresivamente.

“Con las retenciones, las cuales nosotros hemos ido bajando, nuestro plan de largo es que desaparezcan”, afirmó el mandatario, lo que generó aplausos entre los presentes.

De esta manera, Milei reiteró una de las principales promesas de su gestión hacia el campo, aunque no estableció una fecha concreta para alcanzar las retenciones cero.

Durante su exposición, el Presidente destacó especialmente el papel del sector privado en la generación de riqueza y empleo, al considerar que los empresarios son protagonistas fundamentales del desarrollo económico.

“Mi máxima admiración a los empresarios, porque son los que verdaderamente cambian el mundo. Así que gracias a ustedes por ponerle el hombro a la Argentina”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que quienes arriesgan su capital para desarrollar actividades productivas merecen un reconocimiento especial.

“A alguien que arriesga lo suyo para resolverle problemas a los demás no le encuentro otro nombre más que héroe”, manifestó.

También resaltó la importancia de la producción agropecuaria argentina en el abastecimiento mundial de alimentos y aseguró que los integrantes del sector contribuyen a alimentar a unos 500 millones de personas.

En otro tramo del discurso, Milei defendió las medidas económicas impulsadas desde su llegada a la Casa Rosada. Según afirmó, su administración consiguió reducir impuestos por el equivalente a casi cuatro puntos del Producto Bruto Interno (PBI), al tiempo que avanzó en la eliminación de regulaciones y restricciones económicas.

Asimismo, reivindicó el equilibrio fiscal como uno de los pilares centrales de su programa económico y descartó la posibilidad de modificar esa política.

“No vamos a negociar el equilibrio fiscal”, remarcó.

El mandatario también rechazó la devaluación como herramienta para mejorar la competitividad y consideró que ese tipo de medidas perjudica los salarios, el ahorro y el valor de las empresas.

Más allá de las cuestiones vinculadas con el campo, Milei sorprendió con un anuncio relacionado con la empresa estadounidense Tesla, encabezada por el empresario Elon Musk.

“El 20 de noviembre Tesla inaugura en Argentina”, aseguró el Presidente, aunque no brindó mayores precisiones sobre las características de la apertura.

El mandatario aprovechó la oportunidad para recordar sus conversaciones con Musk y destacar su capacidad de innovación.

En ese sentido, comparó al empresario con figuras históricas como Thomas Edison y Leonardo da Vinci, a quienes mencionó como ejemplos de creatividad y desarrollo tecnológico.

En el tramo político de su intervención, Milei volvió a cuestionar a las administraciones anteriores y sostuvo que las políticas económicas aplicadas durante décadas fueron responsables del deterioro productivo del país.

“Los que fracasaron por cien años ahora nos quieren decir cómo hacer las cosas. Porque pueden cambiar las personas, pero siguen repitiendo el mismo modelo decadente”, expresó.

Finalmente, el jefe de Estado ratificó que su Gobierno continuará avanzando con reformas estructurales, una menor carga impositiva y la apertura de nuevos mercados, al considerar que esas medidas permitirán mejorar la competitividad de la economía argentina.

Epígrafe: Javier Milei participó del encuentro de fin de año de la Sociedad Rural Argentina junto a su presidente, Nicolás Pino, y reiteró su compromiso de eliminar las retenciones a largo plazo.

Santiago Peña, el presidente de Paraguay, solicitó este viernes 6 de noviembre una prórroga de 72 horas para preparar y ejercer su defensa en el juicio político que se le sigue a raíz del colapso del Ueno Bank, hecho que dejó a millones de ahorristas sin posibilidad de acceder a su dinero.

Peña presentó una nota dirigida al presidente del Congreso, Basilio Núñez, en la que señaló que la notificación recibida para formular su defensa no le otorgaba la antelación necesaria. El mandatario afirmó que presentarse esta mañana a las diez, como está estipulado, resultaba insuficiente para garantizar los estándares de un Estado de derecho: "Claramente al tratarse de un proceso del cual puede surgir una sanción, aplican las garantías del debido un proceso, ente ellos, contar con el tiempo suficiente para elegir un abogado de confianza y ejercer el derecho a la defensa. Sin dudas, resulta insuficiente un plazo inferior a 12 horas para que un proceso cumpla los estándares de un Estado de Derecho".

En un mensaje a través de la red social X, Peña añadió: "Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles".

Desde el entorno del Congreso, Basilio Núñez dijo en conversación con Radio Mitre que la decisión política sobre el trámite tiene un plazo de 12 horas y que la intención mayoritaria es acelerar la definición institucional para brindar tranquilidad a la población. Núñez indicó que la tendencia en la Cámara alta es rechazar el pedido de prórroga y continuar con el juicio político: “Somos 45 senadores. Si 23 me dicen ‘tenemos que continuar’, uno está sujeto a esa mayoría; queremos cortar esto de raíz”.

La apertura del juicio político contra Peña se precipitó luego de que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad la acusación para someterlo a destitución, mientras que un pedido similar contra el vicepresidente Pedro Alliana fue desestimado. Horas antes, una reunión bicameral destinada a tratar la renuncia presentada por el mandatario fracasó por falta de quórum, lo que impidió aceptar la dimisión y habilitó a la Cámara alta a avanzar y a designar a los fiscales acusadores.

La crisis institucional se desató tras la intervención del Banco Central del Paraguay al Ueno Bank, luego de detectar una grave insuficiencia de capital y un pronunciado deterioro en sus índices de solvencia. La medida congeló las operaciones del banco y dejó sin acceso a sus depósitos a cerca de tres millones de ahorristas —cerca de la mitad de la población del país—. Además, se bloquearon unos US$850.000.000 en fondos administrados por la entidad, de los cuales cerca de US$380.000.000 corresponden al Instituto de Previsión Social, que administra fondos jubilatorios.

El escándalo escaló por los vínculos del mandatario con el grupo económico al que pertenece la firma, de la que fue accionista hasta 2025, y porque había designado al frente del Banco Central a Carlos Carvallo, exdirectivo de la entidad que renunció esta semana. A raíz de estos hechos, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación penal contra Peña para determinar eventuales responsabilidades en la supervisión de la entidad y en la asignación de recursos públicos. En la Cámara de Diputados se argumentó la existencia de un conflicto de intereses y la vulneración de la confianza pública.

Pese a que el Ejecutivo promulgó una ley para fijar la devolución de fondos en un plazo máximo de cinco días hábiles, la respuesta institucional no detuvo el malestar social: por tercera noche consecutiva, cerca de cinco mil manifestantes se concentraron ante el Congreso en Asunción y en localidades como Ciudad del Este para protestar, y allí se registraron choques con las fuerzas de seguridad.

La crisis derivó en la renuncia del ministro del Interior, Enrique Riera, y en el quiebre del apoyo del oficialista Partido Colorado, cuyo titular, Horacio Cartes, respaldó el juicio político. Aunque Peña presentó formalmente su dimisión para intentar desactivar el proceso, la falta de quórum impidió aceptar su salida; en consecuencia, deberá afrontar el juicio político que la Cámara alta podría continuar hoy a las diez, según señalaron voces del Congreso.

En el marco de su quinta sesión ordinaria del año, el Senado bonaerense avanzó con el proyecto de ley destinado a frenar la venta de tierras a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, presentada por el titular de la bancada peronista, Sergio Berni, obtuvo media sanción con el objetivo de limitar la titularidad extranjera y reforzar el control sobre zonas consideradas estratégicas.

El proyecto propone la creación del Régimen Provincial de Protección al Dominio sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. Esta normativa fija un límite del 15 por ciento de titularidad extranjera, tanto sobre la superficie rural total de la provincia como en cada municipio. Asimismo, establece que una misma nacionalidad no podrá concentrar más del 30 por ciento del cupo permitido, fijando un máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero dentro de la denominada Zona Núcleo.

Según lo expuesto por el senador, la medida busca resguardar recursos mediante un registro provincial de tierras rurales, protegiendo áreas como cuencas hídricas, humedales, zonas costeras y cinturones hortícolas. El texto también incluye mecanismos para identificar a los beneficiarios finales de sociedades y fideicomisos, evitando que estructuras societarias eludan las restricciones.

“No podemos permitir que la falta de regulación termine poniendo en riesgo el control sobre áreas esenciales para la producción de alimentos, el acceso al agua y el desarrollo de nuestra Provincia”, manifestó Berni.

De acuerdo con los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales, actualmente existen 834.421 hectáreas en manos extranjeras, lo que representa el 2,89 por ciento de la superficie rural bonaerense. No obstante, existen disparidades territoriales significativas, con casos como Zárate, donde el porcentaje alcanza el 24,8 por ciento, y Campana, que llega al 50,2 por ciento.

La presentación del proyecto ocurre tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de revocar el fallo que había frenado la aplicación del artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el presidente Javier Milei derogó la Ley de Tierras Rurales (26.737), aunque el máximo tribunal decidió posteriormente dar marcha atrás con su postura.

La iniciativa es un objetivo central para los legisladores de Fuerza Patria. En la Cámara de Diputados, el titular del bloque, Facundo Tignanelli, presentó una moción de preferencia para acelerar el tratamiento de una propuesta de similar naturaleza. Dado que el peronismo cuenta con mayoría en el Senado, se estima que el proyecto será girado a la Cámara baja para su pronta resolución.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves que se presentará para ejercer su defensa en el juicio político que avanza en su contra, en medio de la crisis desatada por el cierre de Ueno Bank, que dejó a miles de ahorristas sin poder acceder a sus depósitos.

El pronunciamiento se conoció luego de que el mandatario presentara su renuncia y la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad avanzar con el proceso. La sesión del Congreso que debía resolver la aceptación de su dimisión no pudo completarse por falta de quórum, lo que mantuvo abierta la incertidumbre sobre su continuidad. 

“Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República”, expresó Peña en un mensaje publicado en la red social X.

En su declaración, reconoció que el país atraviesa “horas de preocupación e incertidumbre” y sostuvo que rendir cuentas constituye una responsabilidad frente a la ciudadanía.

“Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia”, manifestó. También aseguró que aportará la información que le sea requerida.

“La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley”, agregó.

Uno de los puntos centrales del mensaje estuvo dirigido a los clientes afectados por la crisis bancaria. Peña reclamó que las medidas para recuperar los depósitos avancen con independencia del desenlace del proceso político.

“Quiero dejar algo muy claro: el pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que la discusión sobre su permanencia en la Presidencia no debe paralizar las soluciones que necesitan las familias.

El mandatario señaló que su prioridad fue impulsar, dentro de la ley y en coordinación con las instituciones responsables, las acciones necesarias para que los afectados recuperen sus ahorros.

“Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra”, remarcó.

Finalmente, pidió preservar “la calma y la paz” y afirmó que los reclamos deben ser atendidos con respeto, información clara y acciones concretas.

“Mi suerte personal no está por encima del Paraguay. Cualquiera sea el resultado de este proceso, actuaré con responsabilidad y respeto a la Constitución”, concluyó.

Epígrafe: Santiago Peña anunció que ejercerá su defensa en el juicio político y reclamó que se avance con la devolución de los depósitos a los ahorristas.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la denuncia por presunto lavado de dinero contra autoridades de la AFA debe ser investigada por la Justicia nacional de instrucción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay.

El tribunal, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, además ordenó a González Charvay que se inhiba de investigar hechos vinculados a la compra de un inmueble ubicado en la localidad de Villa Rosa, donde la denuncia menciona la existencia de autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, una pista de entrenamiento equino, un helipuerto e instalaciones deportivas.

La mansión implicada en la denuncia está valuada en aproximadamente veinte millones de dólares, según consta en el expediente presentado ante la Corte.

En paralelo, la Corte determinó que las causas penales relacionadas con los balances falsos presentados por la AFA queden radicadas en el fuero nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esas investigaciones comprenden denuncias que señalan la omisión en la registración de ingresos por el contrato con Tourprodenter LLC, donde se estiman movimientos cercanos a U$S 400 millones y que fueron señalados por el denunciante Guillermo Tofoni.

En ese tramo de la resolución, la Corte rechazó el planteo del juzgado federal de Campana para quedar con esas causas y dio la razón al juez de la Cámara Penal ordinaria, Ignacio Rodríguez Varela, que la había reclamado para su fuero. El Máximo Tribunal remitió al dictamen del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que había señalado criterios jurisprudenciales sobre cuándo la confección de un balance falso puede integrarse con hechos de administración fraudulenta y justificar la competencia del fuero ordinario.

El dictamen de Casal sostuvo que, cuando la registración contable irregular constituye el medio para cometer el fraude o para ocultar el perjuicio del delito contra la propiedad, la investigación corresponde al juzgado criminal del fuero ordinario por su competencia más amplia. Según el Procurador, esa situación se presenta en el caso, porque la omisión denunciada en los balances de la AFA se relaciona con los movimientos de dinero atribuibles a la actividad del agente comercial exclusivo Tourprodenter LLC, que constituye el núcleo de la imputación por administración fraudulenta.

Por otra parte, la Corte falló a favor de la Inspección General de Justicia al mantenerla como órgano de control de la AFA en lo no penal. La disputa se originó en la resolución 140/2026 de la IGJ, mediante la cual el organismo denegó a la AFA la inscripción de la reforma estatutaria que buscaba cambiar su domicilio a un predio de Pilar y pasar al control de la provincia de Buenos Aires. Como consecuencia, la IGJ también denegó la cancelación de la inscripción de la AFA para que quedara bajo la jurisdicción provincial.

La decisión de la IGJ había sido cuestionada por la AFA ante la justicia, y la Corte confirmó la vigencia del control de la Inspección General de Justicia sobre la asociación en el ámbito no penal.

Con estas resoluciones, la Corte Suprema ordenó la continuidad de las investigaciones en las jurisdicciones que consideró competentes y complicó la estrategia de unificación de causas que buscaban los acusados, entre ellos Claudio Tapia y Pablo Toviggino, al dispersar la tramitación entre diferentes fueros.

Fuentes: resolución de la Corte Suprema y dictamen del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, tal como consta en el expediente referido.

Tras su ausencia en la inauguración oficial y en la cena ofrecida por los reyes Felipe y Letizia, el presidente Javier Milei brindó este jueves su discurso en la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid. El mandatario, que arribó al Palacio Real cerca de las 9 junto al canciller Pablo Quirno, enfatizó sus marcadas diferencias con el gobierno español durante su exposición.

En el encuentro, del que participan España, Portugal, Andorra y representantes de 19 países de Latinoamérica, Javier Milei saludó al Rey Felipe VI y mantuvo un frío intercambio con el presidente español, Pedro Sánchez. Posteriormente, se ubicó junto al presidente de Chile, José Antonio Kast.

Durante su discurso, que se extendió por siete minutos, el jefe de Estado argentino citó al economista Salvador de Madariaga y Rojo para fundamentar su postura: “El socialismo es fascista en política. El fascismo es socialista en economía. Ambas doctrinas concentran en manos de una minoría el control de las decisiones y hacen de la dependencia económica un instrumento de dominación política. La máxima fascista: ‘Todo en el Estado, nada fuera del Estado’, describe a los estados socialistas”.

El presidente continuó su alocución profundizando en su análisis sobre las corrientes políticas: “Esta equivalencia entre socialistas y fascistas no es casual. Comparten el odio por el libre mercado, adoran la intervención del Estado, nacionalizan empresas, regulan la economía, controlan los medios de comunicación y se dedican a esparcir propaganda y adoctrinamiento. Es más: que los fascistas estén a la derecha de la extrema izquierda no hace que dejen de ser socialistas y que alguien que está en la derecha no es extrema derecha, sino que está mostrando la posición de la extrema izquierda”.

En otro tramo de su intervención, Javier Milei hizo referencia a la situación regional y a la responsabilidad de los gobernantes: “Como dije días atrás aquí acá en Madrid: esta es la pretensión que sigue viva en agendas que se denominan progresistas y que ganan terreno en Europa. Por eso quiero señalar ante los jefes de Estado la responsabilidad que nos corresponde. La libertad se defiende, sobre todo con los límites que cada uno acepta para su propio poder”.

Finalmente, el mandatario destacó que las elecciones recientes en Chile, Colombia y Perú impulsan una "rebelión democrática" contra el paternalismo. Asimismo, agradeció el respaldo de la Cumbre Iberoamericana al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. Se prevé que esta tarde el presidente y su comitiva regresen a Buenos Aires para preparar la recepción del papa León XIV.

La regulación del transporte de pasajeros mediante aplicaciones digitales volvió a ocupar un lugar en la agenda de la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante.

Luego de recibir la respuesta del Ejecutivo al proyecto de ordenanza, los integrantes del espacio legislativo se reunieron ayer y acordaron analizar las observaciones y avanzar en posibles modificaciones al articulado, con el objetivo de lograr una normativa que permita ordenar una actividad que ya funciona en Tandil.

El presidente de la comisión, Federico Sánchez Chopa (Acción Tandilense – La Libertad Avanza), confirmó a El Eco Multimedios que la respuesta escrita llegó el lunes por la mañana, aunque su contenido ya había trascendido públicamente un día antes, y agregó que los informes elaborados por la Secretaría de Protección Ciudadana y la Dirección de Control Urbano Vehicular plantearon una serie de recomendaciones para adecuar la iniciativa.

“Cada uno de nosotros las estudiaremos dentro de nuestros bloques y traeremos la semana siguiente una apreciación, una explicación de las modificaciones, si las vemos necesarias o no”, repasó el concejal.

De todos modos, anticipó que el tratamiento podría demorarse algunos días debido al calendario de la próxima semana, que incluye feriados por la visita del papa León XIV.

Por ese motivo, consideró que el proyecto difícilmente llegue a la sesión prevista para el jueves próximo, ya que deberán discutir el martes en comisión los cambios que eventualmente se incorporen, día en que también será la reunión de Labor Parlamentaria, ya que el miércoles no habrá actividad.

“Nuestra intención es tratar, lo antes posible, de tener la ordenanza lista, que se pueda aprobar en el recinto para su promulgación”, afirmó.

Entre los principales planteos del Ejecutivo surge la necesidad de mantener las regulaciones específicas de taxis y remises, pero adecuarlas para que también puedan incorporar herramientas digitales.

En ese sentido, propuso conservar la Ordenanza 8.113, que establece las condiciones de funcionamiento de las agencias de remises, y modificar la 8.612 para habilitar el uso de aplicaciones en el servicio de taxis.

También recomendó revisar el Registro Municipal de Prestadores para contemplar tanto a personas humanas como jurídicas, distintas formas de utilización de los vehículos y la posibilidad de realizar trámites mediante representantes acreditados.

En cuanto a los conductores, sugirió revisar algunas exigencias documentales para evitar duplicaciones y contemplar las diferentes modalidades de contratación.

Sobre las plataformas, las observaciones apuntan a analizar las obligaciones vinculadas con la información, la trazabilidad de los viajes y la atención de reclamos, teniendo en cuenta los sistemas que ya utilizan y la normativa vigente.

Otro de los aspectos señalados es el régimen sancionatorio. El Ejecutivo propuso revisar las penalidades para evitar “superposiciones” con otras normas, establecer una relación proporcional entre las infracciones y las sanciones e incorporar instancias previas a una eventual exclusión definitiva del registro.

Además, planteó reconsiderar el alcance de las responsabilidades atribuidas a empresas, agencias y plataformas, y definir qué áreas municipales tendrán a su cargo la administración del registro y la fiscalización de la actividad.

Por su parte, la Dirección de Control Urbano Vehicular propuso prohibir el transporte de pasajeros en motocicletas mediante aplicaciones, independientemente de su cilindrada.

“El objetivo es darle un marco regulatorio a una actividad que se está llevando adelante y que puedan trabajar”, resaltó.

Desde ese enfoque, Sánchez Chopa sostuvo que uno de los puntos centrales del proyecto es establecer condiciones de competencia entre las distintas modalidades de transporte.

En ese sentido, consideró que las exigencias actuales para los remises son más “restrictivas” que las previstas para las aplicaciones, lo que genera diferencias en el funcionamiento de cada servicio.

“Lo que nosotros buscamos es darle las mismas posibilidades de competencia a todos”, expresó y agregó que, por las obligaciones vinculadas con tasas municipales, habilitaciones y el sostenimiento de locales de atención al público, los remises parten de una posición diferente frente a las nuevas alternativas.

El concejal recordó que representantes del sector ya participaron de reuniones en la comisión y dejaron asentado su posicionamiento ante el debate. Por eso, anticipó que el tema volverá a discutirse cuando se retomen las reuniones, a partir de las observaciones recibidas.

Al debate se sumó el planteo que hicieron la semana pasada más de 100 conductores de la plataforma Uber que operan actualmente en Tandil. A través de una nota presentada en la Municipalidad, reclamaron avances en la regulación del servicio ya que la falta de un marco normativo los obliga a circular con precaución, evitar controles de tránsito y tomar recaudos para no ser identificados mientras trabajan.

El edil consideró que esta medida agilizó el análisis de la propuesta por parte del Gobierno comunal, por lo que celebró la rapidez con la que llegó la respuesta. “No es común recibir una devolución en dos semanas. Bienvenido sea, porque nos da la posibilidad de volver a discutir acá y rediseñar algunos artículos”, enfatizó.

Según detalló, el proyecto original, presentado en 2022, tenía un objetivo “completamente diferente”. A partir de esa base, desde el bloque trabajaron en una nueva propuesta que busca establecer requisitos comunes para quienes quieran prestar el servicio a través de estas plataformas.

“Tenemos que generar las condiciones para que la gente pueda trabajar y pueda hacerlo dentro de un marco de lo que uno busca, que es una convivencia en sociedad”, sostuvo.

Sánchez Chopa mencionó el crecimiento “muy rápido” que tuvo “en el último año” en la ciudad y también señaló que la regulación apunta a brindar garantías a los choferes y a los usuarios.

“Queremos asegurarnos de poder estar cumpliendo mínimamente las condiciones de seguridad que necesita una persona que se sube a un vehículo y que sepa dónde se está subiendo”, aseguró.

Con las observaciones en manos de los distintos bloques, la comisión deberá definir ahora qué modificaciones incorpora al texto.

La intención es alcanzar una versión definitiva que pueda ser tratada en el recinto y, una vez promulgada y publicada en el Boletín Oficial, permita avanzar con la implementación del marco regulatorio.

El debate sobre las reelecciones indefinidas de los intendentes bonaerenses volvió a cobrar fuerza en la Legislatura, marcando una clara división entre las posturas del Ejecutivo provincial y los referentes nacionales de La Libertad Avanza. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, calificó la normativa actual como una ley proscriptiva y abogó por avanzar con el proyecto presentado por la senadora Ayelén Durán, del Movimiento Derecho al Futuro.

En efecto, en una conferencia de prensa, consultado sobre el debate a cielo abierto, el jefe de Gabinete bonaerense Carlos Bianco puso al mismísimo Miguel Ángel Lunghi como ejemplo de por qué el Gobierno de Axel Kicillof defiende la eliminación de los límites a las reelecciones de los intendentes bonaerenses.

El ministro de Gobierno provincial sostuvo que el jefe comunal radical de Tandil fue reelegido durante años por su gestión y por la cercanía con los vecinos, y no por prácticas clientelistas.

Durante una conferencia de prensa en La Plata, Bianco mencionó dos casos de intendentes que, según su interpretación, lograron sostener el respaldo electoral a lo largo del tiempo: el peronista Mario Secco, de Ensenada, y el radical Miguel Lunghi, de Tandil.

Al referirse al argumento de que la permanencia prolongada en el poder puede favorecer el clientelismo político, el funcionario respondió que los vecinos también pueden respaldar a un intendente por los resultados de su administración.

Sobre Lunghi, Bianco destacó que los tandilenses lo siguen eligiendo por su cercanía con la comunidad y por su gestión municipal. Lo utilizó así como un ejemplo que trasciende las diferencias partidarias para fundamentar su postura.

Bianco fue categórico al cuestionar la legislación vigente, que limita las reelecciones consecutivas de los intendentes.

“Una ley donde se limita el mandato de los intendentes es definitivamente proscriptiva”.

El ministro argumentó que las constituciones nacional y bonaerense establecen límites para los mandatos presidenciales y de gobernador, pero no imponen esa misma restricción a los intendentes. Por eso, consideró que la limitación municipal debería eliminarse.

La discusión tiene una consecuencia concreta para Tandil: la posibilidad de que Lunghi pueda presentarse nuevamente en 2027 y buscar un séptimo mandato, algo que la normativa actual no le permite si se mantienen los criterios vigentes para computar sus períodos.

El proyecto que respalda Bianco fue presentado por la senadora bonaerense Ayelén Durán, del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio político de Kicillof. La iniciativa propone eliminar el límite de mandatos y permanece pendiente de resolución legislativa.

En síntesis, Bianco no solamente defendió una modificación legal: utilizó el caso de Lunghi, un intendente radical, para sostener que la continuidad en el gobierno debe quedar en manos de los votantes y no estar condicionada por un límite legal de mandatos.

La discusión, de todos modos, sigue abierta y la eventual habilitación de nuevas candidaturas depende de que la Legislatura bonaerense apruebe los cambios correspondientes.

Desde el Frente Renovador de la provincia de Buenos Aires, en tanto, se ratificó el rechazo al proyecto de reelecciones indefinidas de intendentes en territorio bonaerense y reabrió la tensión con el grupo de jefes comunales que respaldan el armado de Axel Kicillof.

Con la firma del presidente del partido a nivel provincial, Rubén Eslaiman, el massismo defendió a través de un comunicado el principio de la “alternancia” política para el “fortalecimiento de la democracia”.

De mantenerse la legislación actual, 82 intendentes bonaerenses (53 del PJ, 17 radicales, cinco libertarios, tres macristas y cuatro vecinalistas) quedarán impedidos de postularse en las próximas elecciones.

Intendentes bonaerenses impedidos de postularse por fuerza política

Fuerza política

“En 2016, el Frente Renovador le puso un límite a la permanencia en el poder en la provincia de Buenos Aires. Diez años después, mientras algunos buscan atajos para atornillarse a la silla, nuestra posición sigue siendo la misma”, reafirmó Eslaiman.

Este pronunciamiento político sucede luego de las explosivas declaraciones del intendente de Ensenada, Mario Secco, quien apuntó directamente contra Sergio Massa, a quien tildó de “mamarracho” y criticó que quienes se beneficiaron del trabajo territorial de los intendentes ahora cuestionen sus reelecciones.

“No hay un respeto sobre algunos que opinan, como vamos a decir, como Massa. Como algunos que opinan que los intendentes no tienen que ser electos. ¿Quién sos, Dios? ¿Sos Dios? ¿Ahora sos el dueño del circo?”, despotricó.

Secco, uno de los intendentes fundadores del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) calificó la normativa que limita los mandatos, impulsada en su momento por un acuerdo entre Massa y María Eugenia Vidal, como una “ley trucha” e “inconstitucional”.

Desde el massismo, sin embargo, ratificaron su posición y aclararon que “no es una bandera que estén levantando ahora”, sino una “postura histórica” sostenida “con coherencia”.

“La Ley 14.836 nació de un proyecto impulsado por el Frente Renovador y fijó un máximo de dos mandatos consecutivos para intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares. Desde entonces, cada intento de correr ese tope persiguió el mismo fin: que nada cambie para quienes ya están”, indicaron.

Según expresaron, “los mandatos eternos debilitan las instituciones”, mientras que “la alternancia fortalece la democracia, renueva la política y les devuelve a los bonaerenses el derecho a elegir”.

“Queremos a los jóvenes involucrados en la política y sólo es posible con renovación. Promovemos una política con reglas claras y límites sanos: sí a la transparencia, no a la concentración de poder”, concluyó el Frente Renovador bonaerense.

En el kicillofismo consideran que el restablecimiento de las elecciones indefinidas de intendentes podría ser funcional al objetivo de mantener el control de la provincia y apuntalar el proyecto presidencial del peronismo.

No obstante, La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y otros bloques opositores rechazan la iniciativa, al igual que el massismo, por lo que los votos no están garantizados.

La Comisión de Deportes del Senado de la Nación dio dictamen favorable al proyecto de Ley Joaquín, que propone establecer medidas de seguridad para las instalaciones y los equipamientos utilizados en la práctica deportiva, con especial atención a la protección de niños y adolescentes.

La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, donde fue aprobada por unanimidad, quedó en condiciones de ser tratada por el pleno del Senado para su sanción definitiva.

El encuentro de comisión fue convocado por su presidente, el senador nacional por la provincia de Buenos Aires Maximiliano Abad, quien destacó el impulso de las familias que acompañan el proyecto y expresó su expectativa de que pueda convertirse en ley en la próxima sesión.

“¿Hay algo más importante que la seguridad de nuestros hijos? ¿Hay algo más necesario que la práctica del deporte en todas las edades? Con el empuje de muchas familias tratamos en el Senado el proyecto de Ley Joaquín”, sostuvo el legislador.

En ese sentido, remarcó que “la dirigencia tiene que estar siempre un paso adelante para prevenir desenlaces que se podrían haber evitado”.

El proyecto contempla el correcto anclaje de arcos, aros y postes, la protección de columnas y estructuras, y la realización de controles técnicos para garantizar condiciones adecuadas en los espacios donde se desarrollan actividades deportivas.

Su alcance comprende clubes, escuelas y espacios públicos. Además, prevé la coordinación de la Subsecretaría de Deportes de la Nación y la designación de autoridades de aplicación en cada jurisdicción.

El objetivo es establecer condiciones de prevención y mantenimiento que permitan reducir los riesgos asociados al uso de equipamiento deportivo, especialmente cuando se trata de estructuras que pueden desplazarse o caer si no están debidamente sujetadas.

La iniciativa lleva el nombre de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años que murió al ser golpeado por un arco de fútbol que no estaba correctamente sujetado.

A partir de ese hecho, su familia impulsó el proyecto para transformar su historia en una herramienta de prevención y evitar que otras familias deban atravesar una tragedia similar.

Durante el tratamiento en comisión, Abad agradeció el acompañamiento de los senadores y destacó especialmente el compromiso de la familia de Joaquín y de las demás familias que promovieron la propuesta.

El avance del proyecto nacional se produjo en paralelo con una novedad en la provincia de Buenos Aires, que este miércoles reglamentó la Ley 15.618, destinada a reforzar la seguridad de instalaciones deportivas y recreativas.

La normativa bonaerense establece medidas para la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos deportivos, aros de básquet, postes de redes de vóley y juegos de plaza, entre otros elementos.

Con el propósito de prevenir accidentes y proteger la integridad física de niños y adolescentes, la regulación también asigna un rol clave a los municipios bonaerenses en su implementación.

El proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad consiguió un amplio respaldo en las comisiones del Senado y quedó encaminado para su tratamiento en la sesión prevista para el 19 de noviembre.

La propuesta, que cuenta con media sanción de Diputados, busca mantener los principales beneficios de la emergencia en discapacidad y darles carácter permanente, para evitar que su continuidad dependa de nuevas prórrogas.

El dictamen reunió el acompañamiento de La Libertad Avanza, el bloque Justicialista, el PRO, la UCR y bloques provinciales, en el ámbito de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, presididas por Agustín Monteverde y Alicia Kirchner, respectivamente.

Entre los principales puntos figuran la compatibilidad entre la pensión por discapacidad y el empleo registrado, la actualización de los aranceles de las prestaciones, la cobertura de salud y las garantías de financiamiento del sistema.

Coincidencias para sostener las prestaciones

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó el entendimiento alcanzado y sostuvo que “el objetivo de superar la emergencia le ha dado a este Congreso un rol de encontrar una salida y no la pelea permanente”.

La senadora puso especial énfasis en la posibilidad de mantener una actividad laboral sin perder automáticamente la pensión, al considerar que el trabajo favorece la integración y la autonomía.

“Si hay algo que ayuda a superar los problemas que puede tener una familia con personas con discapacidad es que puedan trabajar y ser integradas en la totalidad de sus posibilidades”, afirmó.

También valoró la continuidad de los beneficios para los empleadores que contraten trabajadores por tiempo indeterminado, el régimen de empleo protegido y la cobertura sanitaria.

Desde el bloque Justicialista, Juliana Di Tullio explicó los motivos del acompañamiento: “Vamos a acompañar este dictamen para que haya certezas y para que el 31 de diciembre la emergencia en discapacidad no se caiga”.

“Vale la pena seguir peleando porque a las personas con discapacidad y a sus familias no se las lleva puestas nadie”, añadió.

La continuidad de las prestaciones constituye uno de los reclamos de los bloques aliados al Gobierno ante el vencimiento de la emergencia, establecida por una ley que la oposición consiguió sancionar el año pasado y que fue vetada por el presidente Javier Milei.

Pensiones compatibles con el trabajo

El texto reproduce buena parte del esquema de beneficios de la Ley 27.793, aunque elimina su carácter de emergencia y transitoriedad. La intención es establecer un régimen permanente y de orden público.

Uno de sus ejes es la compatibilidad entre la pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70 por ciento del haber jubilatorio mínimo, y el empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.

El beneficio alcanza a titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La iniciativa también conserva el principio de nomenclador único y establece la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones, de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria, vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Además, garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad.

Financiamiento, auditorías y deudas con prestadores

En materia presupuestaria, el proyecto dispone que la asignación del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior.

Asimismo, contempla auditorías periódicas mediante el cruce de información entre la Anses, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys) y el Registro Nacional de las Personas (Renaper). Esos procedimientos deberán respetar el principio del debido proceso inclusivo.

A pedido de los bloques aliados, se incorporó una cláusula transitoria con un cronograma para pagar las compensaciones adeudadas a los prestadores. También se fijó un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma.

Vigo anticipó pedidos de cambios

Pese al amplio consenso, la senadora cordobesa Alejandra Vigo cuestionó la falta de participación de los organismos y sectores involucrados y adelantó que solicitará modificaciones.

“Este proyecto de ley no fue tratado con los responsables en el tema de discapacidad. Empezando por Estado nacional, que es la autoridad de aplicación y debe procurar los fondos, y siguiendo por las organizaciones del COFEDIS que tampoco fueron consultadas”, señaló.

Con el dictamen obtenido, el próximo paso será el debate en el recinto. El oficialismo buscará convertir la propuesta en ley el 19 de noviembre, antes de que finalice la vigencia de la emergencia.

La situación del Hospital Garrahan volvió a generar un cruce entre el Gobierno nacional y sectores gremiales. Ante las denuncias de desfinanciamiento y congelamiento de personal, el Ejecutivo rechazó los cuestionamientos y defendió la administración del establecimiento pediátrico.

La respuesta se conoció este miércoles, en la previa del acto convocado para este jueves a las 13 frente al hospital, donde los trabajadores prevén denunciar nuevos recortes. Desde el oficialismo atribuyeron la protesta a motivaciones políticas vinculadas con el próximo año electoral.

Uno de los principales argumentos del Gobierno estuvo relacionado con los salarios. Según señalaron fuentes del Ejecutivo, los haberes del personal acumularon un incremento global superior al 80% durante el último año.

En particular, sostuvieron que la suba del 61% registrada en noviembre del año pasado fue posible por el ordenamiento de las cuentas del hospital. De esa manera, rechazaron que el aumento hubiera sido consecuencia de las medidas de fuerza y los reclamos sindicales.

De acuerdo con la explicación oficial, el saneamiento financiero permitió destinar recursos a obras, salarios y equipamiento, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y la atención de los pacientes.

El Ejecutivo también negó que exista un congelamiento en la incorporación de trabajadores. Las fuentes gubernamentales afirmaron que el hospital “contrata personal cuando lo necesita” y sostuvieron que la dotación de cada área resulta adecuada para garantizar la atención.

Esa postura contradice los planteos de los sectores gremiales que impulsan la convocatoria, entre cuyos reclamos figuran las restricciones en materia de personal y el financiamiento del establecimiento.

En cuanto a las condiciones edilicias, desde el Gobierno aseguraron que recibieron un hospital con deterioro económico y de infraestructura. Mencionaron la existencia de camas y equipos con más de 30 años de antigüedad y atribuyeron esa situación a la falta de inversiones de administraciones anteriores.

Si bien defendieron las mejoras realizadas por la actual conducción, reconocieron que la recuperación demanda tiempo y afirmaron que “no se puede revertir en pocos años lo que no hizo ninguna gestión anterior”.

Otro de los ejes de la respuesta oficial fue la representatividad de la Junta Interna de ATE. Según las cifras aportadas por el Gobierno, el sindicato cuenta con unos 380 afiliados dentro del hospital, lo que equivaldría a menos del 10% de la planta.

Sobre esa base, las fuentes del Ejecutivo cuestionaron que la organización se pronuncie en nombre de la totalidad de los trabajadores y pusieron en duda el alcance del respaldo a la protesta.

Finalmente, negaron faltantes de insumos médicos y medicamentos básicos. Desde la administración nacional sostuvieron que todos los pacientes reciben la cobertura necesaria y rechazaron las denuncias de desabastecimiento.

Con posiciones enfrentadas sobre los recursos, la dotación de personal y las condiciones de funcionamiento, el conflicto tendrá una nueva instancia pública este jueves, cuando se concrete la convocatoria frente al establecimiento.

Epígrafe: El Hospital Garrahan quedó en el centro de un nuevo cruce entre el Gobierno nacional y sectores gremiales, que convocaron a un acto para este jueves.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó el pasado martes 3 de noviembre un encuentro en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en Avellaneda, donde se reunió con más de 30 decanos de facultades de todo el país. Durante la jornada, el mandatario provincial llamó a “ponerle fin a la pesadilla” del gobierno de Javier Milei.

El mandatario destacó la necesidad de construir un próximo gobierno que articule, coordine e intercambie experiencias de forma permanente con el sistema universitario argentino. Sobre el vínculo entre la gestión provincial y las casas de altos estudios, Kicillof señaló: “Esta articulación, que beneficia tanto a la Provincia como a las universidades, se volvió aún más importante en los últimos años, en los que tuvimos que afrontar un contexto mucho más complicado”.

El gobernador bonaerense añadió que “desde la llegada de Milei, el escenario es crítico”. En este sentido, advirtió que, en un mundo que atraviesa transformaciones geopolíticas y tecnológicas, la Argentina está ajustando en educación y ciencia, desaprovechando oportunidades para el futuro. Al respecto, el mandatario afirmó: “Nuestra tarea es ponerle fin a esta pesadilla y empezar una nueva etapa que ponga al país a la altura de los desafíos internacionales, con políticas industriales, desarrollo científico y una firme defensa de nuestra soberanía”.

Según detallaron desde la UTN, el encuentro tuvo como objetivo generar un espacio de diálogo para fortalecer los vínculos y el trabajo conjunto. Además, se otorgó el título de Doctor Honoris Causa a Adolfo Pérez Esquivel.

Por su parte, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, subrayó la preocupación del distrito ante las políticas nacionales que castigan al sector industrial. “Por eso tenemos el enorme desafío de volver a tener un Gobierno nacional que vincule el conocimiento universitario con una mirada productiva“, sostuvo el jefe comunal.

En representación del ámbito académico, el rector de la UTN, Rubén Soro, remarcó que la universidad pública no es un gasto, sino una inversión social, productiva, científica y democrática. “En tiempos donde se cuestiona el rol del Estado, la Argentina necesita de un verdadero plan de fortalecimiento de la educación superior: no hay investigación sostenida sin financiamiento, ni sistema universitario de calidad si los salarios docentes y no docentes se derrumban día a día”, concluyó el rector.

De la actividad participaron decanos de diversas regiones del país, entre ellos Luis Garaventa, Alejandro Staffa, Guillermo Olivetto, Diana Bohn, Martín Eduardo Herlax, Fabián Andrés Avid, Federico Olivo Aneiros, Raúl Retrive, Enrique Vera, Carlos Salvador, Fabio Romani, José Nieto, Fernando Scholtus, José Balacco, Patricia González, Alejandro Carrere, Oscar David, Brian Moschen, Walter Gustavo Morales, Rubén Ciccarelli, Alberto Toloza, Nicolás Avetta, Ángel Ismael Quiles, Sebastián Puig y Alejandro Toffolo.

El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Competitividad Financiera, una iniciativa que reúne más de 225 artículos y plantea modificaciones en instrumentos de ahorro, crédito e inversión. Entre sus principales puntos aparecen la negociación de valores mediante blockchain, los pagarés ajustables por inflación o dólar y la posibilidad de que los comercios negocien los cupones de tarjetas de crédito para anticipar el cobro de sus ventas.

La propuesta, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, ya tiene estado parlamentario. Para su tratamiento fue girada a las comisiones de Legislación General, que actuará como cabecera, Pequeñas y Medianas Empresas, Finanzas y Presupuesto y Hacienda.

Según sus fundamentos, busca eliminar restricciones al desarrollo de actividades económicas y profesionales, promover la competencia y fortalecer la seguridad jurídica. Para ello, propone cambios en el Código Civil y Comercial y en las leyes de Mercado de Capitales, Cheques, Tarjetas de Crédito, Warrants, Financiamiento Productivo e Impuesto a las Ganancias, entre otras normas.

Uno de los ejes es el reconocimiento legal de la emisión, el registro y la negociación de valores mediante blockchain. La iniciativa incorpora el principio de “neutralidad tecnológica”, con el objetivo de que la validez de los títulos no dependa de su soporte.

En ese marco, contempla la denominada tokenización, un mecanismo que permite representar digitalmente activos o derechos y facilitar su negociación.

También propone habilitar pagarés cuyo monto pueda ajustarse por índices objetivos y verificables, como la inflación o el dólar. El cambio apunta a ampliar su utilización en operaciones de mayor plazo.

A su vez, crea el pagaré producto o en especie, que permitiría comprometer la entrega de bienes fungibles, como granos o minerales.

El proyecto amplía los bienes y derechos que pueden utilizarse como garantía mediante el régimen de prenda con registro. La propuesta incluye activos digitales, derechos de propiedad intelectual, participaciones societarias y flujos de fondos futuros.

Con esta modificación, se busca que empresas cuyo valor está concentrado en desarrollos tecnológicos o bienes intangibles cuenten con más herramientas para obtener financiamiento.

Además, contempla una prenda flotante sin límite temporal, que permitiría garantizar operaciones con mercadería que se renueva, sin individualizar cada producto. También elimina la exigencia de contar con la conformidad del primer acreedor para constituir una segunda prenda.

Otra de las modificaciones alcanza a los cupones generados por las ventas con tarjeta de crédito, que pasarían a funcionar como títulos ejecutivos y podrían endosarse y negociarse en el mercado de capitales.

El objetivo oficial es que los comercios puedan anticipar esos ingresos mediante el descuento de los cupones, con la expectativa de acceder a mejores condiciones de financiamiento. Las tasas efectivas dependerían de las condiciones del mercado.

Para los ahorristas, la iniciativa habilita que los certificados de depósitos a plazo fijo superiores a 365 días puedan endosarse y negociarse en mercados secundarios, bajo la competencia de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

De esta manera, el titular podría vender el instrumento antes de su vencimiento sin cancelar el depósito original. El precio de esa operación dependería de las condiciones de negociación.

El texto propone modificar 109 artículos de la Ley de Mercado de Capitales. Además de la neutralidad tecnológica, incorpora la inclusión financiera como principio y promueve la simplificación de trámites y el uso de herramientas digitales.

También crea la figura del Agente de Custodia, Registro y Pago y plantea cambios en la estructura de la CNV, que dejaría de ser un ente autárquico descentralizado para convertirse en un organismo desconcentrado del Ministerio de Economía, con autonomía funcional y financiera.

En materia de financiamiento para pequeñas y medianas empresas, el proyecto busca facilitar la negociación directa de instrumentos mediante plataformas informáticas, sin la intervención obligatoria de un agente de liquidación y compensación.

La propuesta amplía, además, los instrumentos que podrían operarse por esa vía. Junto con las facturas de crédito electrónicas, incluye cheques, pagarés, warrants, letras de cambio y otros títulos electrónicos.

Otro apartado prevé derogar el decreto de 1943 que regula las sociedades de capitalización y ahorro, lo que abre un capítulo de discusión sobre el régimen utilizado para este tipo de operaciones.

En el plano tributario, la iniciativa propone equiparar el tratamiento de los Cedear en el impuesto a las Ganancias con el de la inversión directa en las acciones extranjeras que representan.

El argumento oficial es evitar diferencias impositivas que favorezcan la canalización del ahorro hacia activos del exterior.

Por otra parte, amplía el alcance de los beneficios para los fondos comunes de inversión inmobiliarios, al eliminar la restricción vinculada con la vivienda social e incorporar otras viviendas y créditos hipotecarios.

También contempla que, cuando se aporte un terreno a un fideicomiso, pueda diferirse el pago de Ganancias hasta la liquidación de las cuotapartes recibidas.

Desde Unión por la Patria anticiparon su oposición general al proyecto y cuestionaron tanto su extensión como el alcance de las modificaciones.

El presidente del bloque, Germán Martínez, advirtió sobre la presencia de “varios caballos de Troya” y sostuvo que, detrás de la reforma del mercado de capitales, se impulsa un impuesto a la renta financiera.

La discusión deberá avanzar ahora en las comisiones de Diputados, donde se analizarán los cambios propuestos y las posiciones de los distintos bloques. Las modificaciones forman parte de un proyecto y requieren aprobación del Congreso para convertirse en ley.

En el marco de un viaje oficial atravesado por las fricciones políticas con el Gobierno español, el presidente Javier Milei partirá este martes a las 23 (hora argentina) rumbo a España para participar de una nueva edición de la Cumbre Iberoamericana, que se desarrollará en Madrid entre el 4 y el 5 de noviembre.

Uno de los datos políticos más salientes del itinerario es que no está prevista una audiencia con el rey Felipe VI, jefe de Estado español. El pedido del Gobierno argentino no habría prosperado en medio de la mala relación que Milei mantiene con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El vínculo diplomático entre ambos países atraviesa un momento de tensión luego de las recientes declaraciones de Sánchez, quien volvió a cuestionar al mandatario argentino por permitir, según planteó, la injerencia de potencias extranjeras en el diseño de sus políticas.

De acuerdo con el cronograma informado por la Casa Rosada, la comitiva presidencial realizará el miércoles 4 a las 8.30 una escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria. Allí, Milei será recibido por el cónsul argentino Luis María Sobrón. Media hora después, el vuelo continuará hacia Madrid, donde se prevé que arribe a las 13.

Durante su primera jornada en la capital española, el Presidente mantendrá a las 18.30 (hora argentina) un encuentro político con Santiago Abascal, titular del partido Vox, con quien sostiene un vínculo cercano.

Milei estuvo en España entre el 19 y el 21 de octubre, pero no logró reunirse con Abascal. La visita se produce a pocas semanas de las elecciones españolas para renovar el Poder Ejecutivo, previstas para el 29 de noviembre.

Las actividades multilaterales se concentrarán el jueves 5 de noviembre. Desde las 5, Milei participará de la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno, en la Galería de las Colecciones Reales.

Concluida la sesión, el vuelo oficial ARG-01 emprenderá el regreso a la Argentina a las 17. La comitiva realizará una nueva escala técnica en Canarias y tiene previsto arribar al país el viernes 6 a las 7.30.

La senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, calificó como “positivo” el anuncio para aliviar la situación de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs). Además, aseguró que la suspensión de embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es un tema que planteó “durante mucho tiempo”.

“Es mirarlas a la cara y decirles: queremos llegar antes de que sea tarde. Lo planteé durante mucho tiempo porque, con cada empresario que hablaba, nos repetía lo mismo: los embargos están matando a las empresas”, publicó en sus redes sociales.

En la misma línea, sostuvo que “apoyar a quienes crean riqueza, invierten y generan trabajo es fundamental”, en un momento que describió como “difícil” para el proceso de estabilización. “Hacen falta medidas concretas que ayuden a mover la economía, sin volver a las recetas del gasto descontrolado ni al plan platita”, agregó, en referencia a la gestión del exministro Sergio Massa.

El anuncio fue realizado este martes por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la 32ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA). La medida dispone que, desde hoy y hasta mayo de 2027, queden paralizadas las ejecuciones fiscales y los embargos de ARCA sobre las PyMEs.

El objetivo es “dar alivio financiero y mejorar la liquidez del sector”. Además, se extenderá hasta 18 cuotas el plan de facilidades para regularizar deudas fiscales.

Las empresas que exporten bienes o servicios también podrán utilizar el 100% de sus saldos a favor por IVA de exportación o reintegros para cancelar directamente compromisos tributarios y aduaneros.

“Vamos a seguir acercando propuestas y trabajando para que el rumbo económico se traduzca en progreso y para que los resultados lleguen a todos”, concluyó Bullrich.

El presidente de la Nación, Javier Milei, partirá este martes por la noche rumbo a España para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se desarrollará el 4 y 5 de noviembre en Madrid. El viaje se produce en medio de una nueva escalada de tensiones con el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, quien volvió a cuestionar públicamente al mandatario argentino en la antesala del encuentro internacional.

Esta visita del líder libertario al país europeo es la octava desde su llegada a la Casa Rosada y ocurre apenas dos semanas después de su último paso por territorio español, oportunidad en la que calificó a Sánchez de “dictador” y lanzó duras críticas contra el socialismo. En esta ocasión, ambos dirigentes deberán coincidir en las actividades institucionales de la cumbre, aunque el Gobierno español descartó una reunión bilateral para intentar recomponer las relaciones diplomáticas.

En la previa del encuentro, el presidente ibérico volvió a apuntar contra el posicionamiento internacional de los espacios de derecha durante su intervención en el foro World in Progress, realizado este lunes en el Palacio de Congresos de Cataluña. Al respecto, Sánchez afirmó: “España se gobierna desde aquí, no desde Washington, Tel Aviv, Moscú o Buenos Aires“.

Las declaraciones del líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se dieron en plena campaña para las elecciones del 29 de noviembre. Durante su exposición, el titular del Ejecutivo español también cuestionó las alianzas internacionales de los sectores conservadores, a los que acusó de utilizar la confrontación como una herramienta política. Sánchez sostuvo: “Para esa ultraderecha, el conflicto o la confrontación no es solo un medio para alcanzar el poder, es un fin en sí mismo“.

Pese a los antecedentes, la agenda de la Cumbre Iberoamericana contempla espacios institucionales en los que ambos presidentes podrían coincidir, como la ceremonia inaugural, la fotografía oficial y los plenarios de trabajo. Sin embargo, fuentes del Palacio de la Moncloa anticiparon que no habrá un encuentro bilateral.

El presidente argentino viajará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. Su agenda incluirá actividades vinculadas con la cooperación económica, la innovación, el desarrollo sostenible y los desafíos de seguridad. Esta participación marcará su primera intervención en este foro que reúne a 22 países y que en esta edición contará con la presencia de 13 jefes de Estado y de Gobierno.

Finalmente, el mandatario tampoco tendrá, en principio, una reunión privada con el rey Felipe VI, quien ejercerá como anfitrión. Según trascendió desde el Gobierno español, el monarca no incluyó al dirigente argentino en su agenda de encuentros bilaterales, a pesar de que sí mantendrá reuniones con otros representantes de la región. El soberano español encabezará la inauguración oficial este miércoles 4 de noviembre, ofrecerá una cena a las delegaciones y presidirá la sesión plenaria del jueves.

El espacio político La Libertad Avanza (LLA) reafirmó su postura inalterable respecto a la normativa que limita la reelección indefinida de los intendentes en la provincia de Buenos Aires. A través de una comunicación oficial, el titular del partido a nivel provincial, Sebastián Pareja, desestimó cualquier posibilidad de aportar votos para modificar la legislación actual, alineándose con las declaraciones del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

La controversia surgió ante versiones que sugerían que el sector libertario podría respaldar una reforma para fortalecer la candidatura a gobernador de Santilli. Sin embargo, el funcionario fue contundente al negar esta posibilidad. “Jamás vamos a apoyar la reelección indefinida de intendentes”, sentenció el jefe de Gabinete el pasado lunes.

Por su parte, Sebastián Pareja utilizó la red social X para ratificar el posicionamiento de su espacio político ante los rumores de una posible flexibilización de la norma: “Nuestra postura es clara y sin especulaciones: nunca vamos a apoyar las reelecciones indefinidas de los intendentes. Siempre lo dijimos”.

El debate se intensificó luego de que el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, calificara a la norma vigente como una “ley proscriptiva”, instando a la Legislatura a avanzar con el proyecto presentado por la senadora del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), Ayelén Durán, el cual busca eliminar el límite de mandatos para los jefes comunales.

En relación con el impacto de la ley actual, Sebastián Pareja advirtió sobre la magnitud del escenario electoral próximo: “Estamos ante un punto de inflexión: 6 de cada 10 intendentes bonaerenses no podrán competir por un nuevo mandato en 2027, si se mantiene la ley vigente. El que quiera modificar las reglas para perpetuarse en el poder, que se haga cargo con nombre y apellido y que deje de operar contra La Libertad Avanza”.

De acuerdo con los datos oficiales, son 82 los intendentes que se encuentran inhabilitados para buscar un nuevo mandato en los comicios del año próximo. La cifra se desglosa en 53 jefes comunales del PJ, 17 radicales, cinco libertarios, tres macristas y cuatro vecinalistas. Para revertir esta situación, sería necesaria una modificación de la Ley Nº15.315, aprobada durante la gestión de María Eugenia Vidal con el respaldo de Sergio Massa y el Frente Renovador.

Ante la inminente llegada del Papa León XIV a la Argentina este fin de semana, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, brindó detalles sobre la postura del Gobierno nacional frente a la visita del Sumo Pontífice. La funcionaria descartó de plano que el líder de la Iglesia Católica busque transmitir un mensaje político durante su estadía.

Este martes 3 de noviembre, en diálogo con Radio Mitre, la ministra señaló que la agenda del Papa se centrará exclusivamente en cuestiones pastorales. “Ellos no tienen la intención de dar un mensaje político: van a hablar de temas de la Iglesia que tienen que ver con lo pastoral, con la protección de los vulnerables, con la pobreza ... ¿De que otro tema hablaría la Iglesia?“, consideró Pettovello.

La funcionaria explicó que mantiene una relación fluida con el episcopado y que fueron los propios integrantes de la Iglesia quienes anticiparon la línea discursiva del Santo Padre. “Hacer cualquier interpretación política direccionada al Gobierno es no conocer al Vaticano y la labor y responsabilidad que tiene el hombre más importante del mundo”, remarcó. En ese sentido, enfatizó que “de ninguna el Papa va a venir a hacer un comentario de la política local. El problema es de los actores que quieren hacer política con una visita pastoral”.

Respecto a las versiones sobre supuestas críticas de la Iglesia hacia la administración del presidente Javier Milei, la ministra aclaró que no existen quejas sobre la labor de su cartera: "Por supuesto que saben que seguimos trabajando y la tarea no está hecha. Hay un diálogo interesante. Me escuchan y los escucho, la relación es buena y fluida". 

“No reclaman mayor atención a los vulnerables, es una generalidad hacia todos. La Iglesia dice lo que tiene que decir, como el Papa. Eso es una mala interpretación de lo que dicen. Si le preguntan a un obispo sobre la morosidad, por ejemplo, qué va a decir: ‘Uh, si, qué mal la morosidad’ y no es direccionado al Gobierno. Si la mala relación no existe, por qué seguir insistiendo con eso”, sostuvo Pettovello.

En otro orden, Pettovello se refirió a las prioridades educativas, destacando que la formación docente es fundamental y ratificando la implementación de una hora más de lengua y matemática en los colegios. La ministra también destacó el estrecho vínculo con la organización Argentinos por la Educación, entidad que colaboró en la planificación de su gestión y en la selección de equipos de trabajo, valorando su carácter apartidario y el reconocimiento recibido por el compromiso con la alfabetización inicial.