El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este lunes una medida de alto impacto para la costa atlántica. Según informó el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, el complejo Punta Mogotes será transferido al Municipio de General Pueyrredon. Esta determinación surge "por una decisión política" del gobernador Axel Kicillof, orientada a jerarquizar el tradicional paseo marplatense.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario detalló que el traspaso se hará efectivo una vez que finalicen las tareas de infraestructura proyectadas. En este sentido, se anunció la apertura de una licitación pública para ejecutar obras de modernización integral. Augusto Costa explicó que la medida contempla que la administración local reciba el predio "una vez que concluyan las obras" previstas "en un nuevo esquema licitatorio".

Al respecto, el ministro subrayó: “La definición política del gobernador Axel Kicillof es que este camino concluya con el traspaso del complejo a la ciudad de Mar del Plata, una vez que terminen las obras previstas en el pliego licitatorio, para que la ciudad reciba un complejo renovado, moderno y en pleno funcionamiento”. Asimismo, destacó que existe "una definición política de trabajar junto al Municipio" durante todo el proceso de transición y renovación del complejo.

El plan de renovación busca revertir el estado actual del sector. Según el titular de la cartera productiva, "el complejo requiere transformaciones y una visión de futuro que permita darle a Mar del Plata un balneario en las condiciones que se merece". Para ello, el próximo paso administrativo será el llamado a licitación para las nuevas concesiones de los balnearios. "Vamos a hacer un llamado público para la adjudicación de las nuevas concesiones", adelantó el funcionario.

Finalmente, se llevó tranquilidad a los trabajadores del sector. El ministro aseguró que se prorrogarán los contratos vigentes para asegurar la operatividad. “El complejo va a permanecer abierto y operativo durante todo el proceso licitatorio, con protección del empleo y preservando todas las fuentes laborales”, concluyó Augusto Costa.

Ante el crecimiento de la morosidad de las familias bonaerenses para afrontar gastos básicos como alimentos o servicios de luz, la diputada provincial del bloque UCR + Cambio Federal, Silvina Vaccarezza, ingresó un proyecto de ley para incorporar un marco normativo referido a la regulación de las cobranzas por parte de empresas a personas sobreendeudadas.

En este sentido, el texto ingresado en la Cámara baja provincial establece una modificación del artículo dos del Código Provincial de los Derechos de Consumidores y Usuarios. El objetivo es añadir a las personas sobreendeudadas dentro de la categoría de consumidores hipervulnerables, para que queden alcanzadas por las políticas de protección del Ejecutivo para ese sector.

“Mientras que la mora en el sector de las empresas se situó en un 2,9%, un reciente informe del Banco Central indicó que el nivel de irregularidad en las familias escaló al 11,2%. Esta disparidad evidencia que han debido recurrir al crédito no como una herramienta de inversión, sino como un ingreso complementario para cubrir necesidades básicas”, sostuvo la diputada bonaerense.

Según planteó Silvina Vaccarezza en su iniciativa parlamentaria, se presumirá la condición de hipervulnerabilidad de pleno derecho para quienes perciban ingresos mensuales inferiores a tres salarios mínimos, es decir, $1.089.000 a valores de mayo, y cuya deuda exigible supere el 35% de sus ingresos netos. No obstante, el articulado aclara que no se considerará condición de sobreendeudamiento si se verifica que las deudas reclamadas tienen origen en inversiones comerciales, actividades empresariales o en la adquisición de bienes suntuarios o de lujo.

“El proyecto no pretende incentivar el incumplimiento, sino garantizar que el recupero de deudas se realice bajo principios de trato digno y respeto a la privacidad, evitando que el pasivo financiero se convierta en una causa de exclusión social permanente”, puntualizó la legisladora en los fundamentos del texto.

En esa línea, la diputada también bregó para que en los derechos de consumidores y usuarios se establezcan procedimientos eficaces para la prevención y resolución de conflictos, en sintonía con los derechos al trato digno, a la información y a la protección de los intereses económicos.

De ese modo, aquellas personas humanas o jurídicas que, siendo acreedoras, ejerzan su actividad comercial en el ámbito de la provincia, no podrán reiterar comunicaciones que hostiguen al deudor en mora como método de cobranza. Tampoco podrán realizar notificaciones en teléfonos comunes en el ámbito laboral del sujeto reclamado, ni difundir a través de los medios de comunicación nóminas de deudores o requerimientos de pago sin mediar orden judicial.

Es preciso mencionar que la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires sancionó en 2019 una ley para regular la actividad de las empresas que realizan reclamos extrajudiciales a través de agentes de cobranzas, otorgando garantías a los consumidores que sufren amenazas y hostigamientos al no cumplir con sus obligaciones de pago.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó este sábado su última obra en la Feria del Libro, donde lanzó duras críticas a la política económica del Gobierno nacional y analizó la vigencia del pensamiento keynesiano en el contexto actual.

"Si Keynes viera lo que está pasando hoy en la Argentina, se vuelve a morir", sentenció el mandatario provincial durante su exposición en la Sala José Hernández del predio de La Rural, para presentación de “De Smith a Keynes, Siete lecciones de historia del pensamiento económico”.

Kicillof utilizó la figura del economista británico para contrastar con las teorías que sostiene el presidente Javier Milei, a quien acusó de implementar un modelo que "no tiene pies ni cabeza".

Para el gobernador, la actual administración nacional intenta aplicar recetas que el propio Keynes refutó hace casi un siglo. "Estamos ante un experimento que ignora el rol del Estado en la generación de demanda y en la regulación de los ciclos económicos. El resultado es esta recesión profunda que estamos viviendo", señaló ante un auditorio colmado de seguidores y referentes académicos.

"Acá lo que se necesita es cuidar el trabajo, el salario, a los jubilados, a quienes tienen una discapacidad, es garantizar la educación y la salud", resaltó Kicillof.

En ese sentido, se preguntó “¿por qué no invierten los empresarios?”, y respondió: “No por el riesgo Kuka sino por el riesgo del desastre que está haciendo”.

Kicillof defendió la intervención estatal como herramienta para garantizar el empleo y la producción, y aseguró que la teoría de Keynes fue la respuesta necesaria a las crisis del liberalismo a ultranza. "Hoy en Argentina se pregona una libertad que es, en realidad, la libertad de los poderosos para aplastar a los que menos tienen", agregó.

El mandatario estuvo acompañado por el economista y ex viceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis. Durante el panel junto a Diego Giacomini, Alejandro Bercovich y Candelaria Botto, se debatió sobre la necesidad de retomar las banderas del desarrollo con inclusión frente a lo que Kicillof describió como un "ajuste salvaje" que afecta principalmente a las provincias y a los sectores más vulnerables de la sociedad.

El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, se diferenció del pedido para incrementar la asistencia financiera a los municipios que vienen realizando jefes comunales del oficialismo y la oposición. El mandatario nicoleño planteó que “los municipios pueden sostenerse por sí mismos”, marcando una distancia clara respecto al reclamo generalizado.

La controversia surge tras un encuentro entre autoridades legislativas de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores con representantes de 68 intendentes. En dicha reunión, se acordó redactar un proyecto de ley para mejorar el manejo de fondos transferidos por la Provincia. Las comunas aducen que, debido al efecto combinado de la caída de la recaudación, el recorte de transferencias nacionales y el aumento de las demandas sociales, sus tesoros están exaustos y requieren un rescate urgente.

Sin embargo, Santiago Passaglia sostiene una visión opuesta. “En San Nicolás administramos bien los recursos y por eso continuamos haciendo obra pública para mejorarle la calidad de vida a nuestros vecinos. Y no la vamos a frenar, gobierne quien gobierne el país y la provincia”, sentenció el intendente. El dirigente cuestionó la postura de muchos jefes comunales frente al escenario económico actual y agregó que las gestiones deben estar “orientadas a los resultados y no a la queja permanente”.

En el discurso del jefe comunal aparecen tres objetivos básicos de gestión: el equilibrio fiscal, la autonomía municipal y la continuidad de la obra pública incluso en un contexto de ajuste. Estas declaraciones tienen un fuerte contenido político, ya que apuntan contra el manejo de sus colegas, quienes en algunos casos ya hablan de revisión de contratos y dificultades para afrontar futuras negociaciones salariales.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) puso en marcha un operativo para facilitar el acceso a exenciones impositivas destinadas a jubilados y pensionados que registran deudas en el Impuesto Inmobiliario.

La iniciativa se desarrolla en conjunto con el Instituto de Previsión Social (IPS) y municipios de toda la provincia, mediante cruces de datos y acciones territoriales para identificar y acompañar a quienes cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

A partir del trabajo articulado entre organismos, ARBA detectó inicialmente alrededor de 17 mil personas con beneficios previsionales que acumulan en conjunto 798 millones de pesos en deudas del tributo inmobiliario y que, sin embargo, podrían acceder a exenciones.

El esquema alcanza a contribuyentes con ingresos familiares de hasta dos haberes mínimos, titulares de una única propiedad cuya valuación fiscal no supere los 6 millones de pesos y que no estén inscriptos en Ingresos Brutos.

Con el objetivo de agilizar el proceso, ARBA llevará adelante operativos casa por casa junto a los municipios, además de jornadas especiales de atención para gestionar de forma simple la exención.

El beneficio incluye tanto deudas de hasta cinco años como obligaciones futuras, lo que representa un “alivio significativo” para quienes se encuentran en situación de mora sin haberlo buscado, según comunicaron desde la agencia bonaerense.

En paralelo, ARBA solicitará formalmente a Anses una nómina de jubilados y pensionados con domicilio en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de analizar su situación fiscal e identificar a quienes podrían acceder a la exención sin saberlo, facilitándoles el trámite en caso de cumplir con los requisitos.

El director de ARBA, Cristian Girard, destacó que “estamos trabajando para simplificar trámites y garantizar que quienes tienen derecho a una exención puedan acceder sin obstáculos. En un contexto económico complejo, donde las políticas de (Javier) Milei impactan con fuerza sobre los ingresos, es fundamental acompañar a un sector que históricamente ha demostrado un alto compromiso con el cumplimiento tributario”.

Y agregó que “los jubilados pertenecen a una generación que culturalmente tiene incorporado el cumplimiento fiscal como un valor”, por lo que “adeudar impuestos representa para ellos una carga moral y económica significativa”.

Por eso, "desde el Estado tenemos la responsabilidad de acercarles herramientas concretas que alivien su situación y les permitan regularizarse de manera justa”.

La medida se inscribe en una política más amplia de ARBA orientada a fortalecer la equidad tributaria, promoviendo el acceso a beneficios previstos por ley y evitando que sectores vulnerables acumulen deudas por falta de información o dificultades en la gestión de trámites.

El clima adverso persiste en gran parte de la provincia de Buenos Aires, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes diversas alertas por fenómenos climáticos extremos. En la zona de la Costa Atlántica, la advertencia escaló a nivel naranja debido a la previsión de ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, acompañadas por abundantes precipitaciones.

Según el informe del organismo, el área afectada por el nivel naranja durante este viernes comprende el litoral desde Patagones hasta Necochea. Además de los vientos intensos de los cuadrantes sur y sudoeste, se esperan lluvias con valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros. Para el sábado, el fenómeno se desplazará hacia el norte, afectando el tramo entre Necochea y Pinamar inclusive, aunque centrado principalmente en el factor eólico, lo que provocará un marcado descenso de la temperatura.

A este panorama se sumó una alerta por crecida emitida por el Servicio de Hidrografía Naval (SHN). El aviso detalla que la costa entre Mar del Plata y Santa Teresita registrará niveles de marea de un metro treinta centímetros por encima de los valores habituales. En el puerto de Mar del Plata, se estima que el mar alcance una altura de 2,80 metros, motivo por el cual las autoridades recomendaron no acercarse a la zona costera.

Ante la severidad del temporal, el intendente Agustín Neme oficializó la suspensión de clases para este viernes en todo el partido de General Pueyrredon. Desde el municipio se instó a la población a extremar recaudos, evitar la circulación innecesaria por la vía pública y asegurar objetos sueltos en balcones.

La medida de interrumpir la actividad escolar se replicó en otros distritos. En Necochea y Quequén se suspendió el turno mañana, mientras que en Monte Hermoso y Coronel Rosales la suspensión alcanzó a todos los niveles y turnos. Por su parte, en Bahía Blanca, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense informó que la interrupción de clases presenciales rige a partir del turno tarde, siguiendo las disposiciones de Defensa Civil.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó una medida clave para el funcionamiento del Astillero Río Santiago (ARS). Mediante un decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial, se autorizó a las autoridades del ente administrador a suscribir y aprobar contratos comerciales, convenios y actos jurídicos vinculados a la actividad industrial y naval, con el propósito de alcanzar una mayor agilidad operativa y administrativa.

La normativa alcanza al presidente del organismo y, en caso de vacancia temporal, al vicepresidente. Asimismo, se estableció que ante la ausencia de ambos, las facultades podrán ser ejercidas por el gerente general. Actualmente, el ente funciona bajo el liderazgo interino de Gonzalo Ibendahl, tras cumplirse nueve meses de la renuncia de Pedro Wasiejko.

Según se detalla en la norma, las autorizaciones comprenden la firma de acuerdos para el desarrollo, explotación y comercialización de actividades propias de la industria naval y metalúrgica. También se incluyen convenios relacionados con maquinaria, equipos y servicios específicos del sector, en un contexto marcado por la disputa política sobre el futuro de las empresas estatales y la presión sobre la industria.

El decreto también habilita a los responsables del astillero a gestionar, regularizar o disponer de materiales y bienes abandonados, declarados como rezago o que representen riesgos ambientales y de seguridad para el establecimiento. Por otro lado, se facultó al ente a impulsar actuaciones judiciales y arbitrales, tanto en el país como en el exterior, bajo la intervención de la Fiscalía de Estado.

En este marco, las autoridades podrán avanzar en acuerdos procesales como allanamientos, desistimientos, conciliaciones o transacciones, siempre bajo la legislación vigente, buscando regularizar la situación patrimonial y operativa de la institución.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que este jueves 7 de mayo vence la cuota 3 del Impuesto Automotor, indicando que las y los contribuyentes que se encuentren al día podrán acceder a un descuento del 10% por pago en término, independientemente del medio de pago utilizado.

Desde el organismo recordaron que este año comenzó a implementarse un nuevo esquema de vencimientos para el tributo, que permite abonarlo en hasta 10 cuotas. Según indicaron, la medida busca otorgar mayor previsibilidad financiera a las personas contribuyentes.

Para efectuar el pago, ARBA habilitó distintas modalidades. A través de su sitio web oficial, en la sección “Pagá tus impuestos”, se puede abonar con tarjeta de crédito o generar un código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos.

Asimismo, continúa disponible la opción de pago digital mediante la aplicación Cuenta DNI, escaneando el código QR enviado por correo electrónico, válido hasta la fecha de vencimiento de cada cuota.

En tanto, quienes opten por realizar el trámite de manera presencial podrán hacerlo en entidades bancarias habilitadas o en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos, previa descarga de la boleta desde la página oficial de ARBA.

De acuerdo al Boletín Epidemiológico (BE) 16, correspondiente al periodo del 19 al 25 de abril de 2026, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires detectó un ligero aumento en los casos de Influenza A. Ante este escenario, las autoridades sanitarias remarcaron que la vacunación resulta crucial para los grupos de riesgo antes del inicio de la temporada invernal.

"A nivel nacional, a partir de la vigilancia universal de virus respiratorios se identificó un aumento en las detecciones de influenza y del porcentaje de positividad desde la primera semana de marzo de 2026 (SE 10). En cuanto a VSR y SARS-CoV-2, los valores se mantienen bajos", se indicó en el documento oficial.

En el territorio bonaerense, las internaciones por Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) muestran un incremento proporcional de las detecciones de Influenza A (H3N1 y sin subtipificar). En contrapartida, se registra un sostenimiento de las detecciones de Virus Sincicial Respiratorio (VSR), aunque los valores generales se mantienen bajos.

Desde el 12 de enero se lleva adelante la tercera campaña consecutiva de vacunación en gestantes contra el VSR, con un total de 60.476 dosis aplicadas hasta el momento. Esta iniciativa de inmunización se extenderá hasta el 31 de agosto del corriente año. Por otro lado, la campaña de vacunación contra la gripe, iniciada el 11 de marzo de 2026, ya alcanzó las 737.778 dosis suministradas.

Es importante destacar que la vacuna no evita la infección por el virus de influenza, pero mitiga los síntomas, evita internaciones y complicaciones, además de reducir la carga viral en la comunidad. Ante la llegada de la variante k de la influenza A (H3N2) al hemisferio sur durante el verano, el Ministerio de Salud de la Nación decidió adelantar el cronograma de inmunización en todo el país.

Los especialistas recomiendan que aquellas personas pertenecientes a grupos de riesgo que aún no se hayan vacunado durante el año lo hagan para estar protegidas. Ante la presencia de síntomas como congestión nasal, dolor de garganta, tos o fiebre superior a 37,5 grados, se debe realizar la consulta médica y, fundamentalmente, evitar el contacto con personas vulnerables para protegerlas.

En el marco de su política de control, transparencia y simplificación tributaria, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) dispuso la suspensión de cinco agentes de recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que retuvieron dinero a contribuyentes, pero no lo ingresaron en tiempo y forma a las arcas públicas.

La medida se adoptó tras detectar irregularidades en el cumplimiento de sus obligaciones, vinculadas a la falta de depósito de retenciones y percepciones ya efectuadas. En conjunto, los agentes suspendidos adeudan más de 37 mil millones de pesos al fisco bonaerense.

Desde ARBA explicaron que este tipo de conductas constituye una grave distorsión del sistema tributario, ya que “implica la apropiación indebida de recursos públicos”. Por ese motivo, además de la suspensión como agentes, se iniciaron acciones legales para recuperar los fondos adeudados y garantizar su restitución.

Asimismo, el organismo informará de manera directa a los contribuyentes que operaban con estas firmas con el objetivo de evitar que continúen siendo alcanzados por retenciones o percepciones durante el período de suspensión, brindando “mayor certeza y resguardo en sus operaciones”.

El director ejecutivo del organismo, Cristian Girard, subrayó que “cuando un agente de recaudación retiene impuestos y no los deposita incurre en una maniobra que afecta directamente los recursos públicos. Frente a estas situaciones actuamos con firmeza para resguardar la equidad y el correcto funcionamiento del sistema”.

Reorganización 

Estas suspensiones se enmarcan en un proceso más amplio de reorganización y modernización del régimen de Ingresos Brutos que ARBA viene llevando adelante en los últimos años para hacerlo “más eficiente, transparente y alineado con la capacidad contributiva de cada actor económico”.

Como parte de esa estrategia, el organismo redujo la cantidad de agentes de recaudación mediante la actualización de los montos de facturación, alivió la carga administrativa sobre pymes, y disminuyó la intensidad de los regímenes de retención y percepción, evitando la acumulación de saldos a favor.

A la par, se implementaron herramientas clave como el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos, que ya incluye a más de un millón y medio de monotributistas; la devolución exprés de créditos fiscales en 72 horas; y el sistema “Riesgo Cero, Saldos a Favor Cero”, que previene la generación de nuevos saldos a favor y mejora la previsibilidad para las empresas.

También se avanzó en la digitalización de procesos, con la incorporación de comprobantes de retención online, lo que “fortalece la trazabilidad de las operaciones y mejora los mecanismos de control”.

“Llevamos adelante una reforma integral que permitió devolver recursos al sector productivo, simplificar trámites, reducir la carga administrativa a miles de pymes mediante la reducción de la cantidad de agenes, y mejorar la administración tributaria. Pero al mismo tiempo, somos inflexibles frente a quienes incumplen y se apropian de fondos públicos”, afirmó Girard.

El senador del PRO, Juan Manuel Rico Zini, presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para crear un nuevo régimen de compensación y cesión de créditos fiscales. La iniciativa busca que los contribuyentes con saldos a favor reconocidos por la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) puedan utilizarlos para cancelar impuestos u otras obligaciones, evitando que esos fondos queden inmovilizados.

De acuerdo a lo expuesto por el legislador, la propuesta apunta a ordenar el vínculo entre el fisco provincial y los contribuyentes, ya que existen personas y empresas con créditos que no pueden aplicar de manera efectiva para saldar sus deudas tributarias. En ese sentido, Juan Manuel Rico Zini sostuvo: “El Estado no puede considerar a un bonaerense deudor en un mostrador y acreedor en otro”

El objetivo central del proyecto es que, cuando el Estado le debe a un contribuyente, ese crédito pueda emplearse de manera sencilla, transparente y bajo reglas precisas. Según explicó el senador, esto aportaría previsibilidad y sentido común al sistema. Además, se contempla la posibilidad de ceder o transferir esos créditos a terceros, de modo que puedan ser utilizados por otros contribuyentes para cancelar obligaciones con el fisco provincial.

Para garantizar el control estatal y evitar la discrecionalidad, el legislador hizo hincapié en que solo podrán utilizarse aquellos créditos fiscales debidamente reconocidos por ARBA.

“Este nuevo régimen viene a poner orden a esa situación, permitiendo un uso racional de los fondos”, enfatizó el representante del PRO, quien reconoció que, si bien la provincia avanzó en compensar deudas en el impuesto sobre los Ingresos Brutos, patentes e inmobiliario, el procedimiento actual resulta engorroso.

Un aspecto central de la iniciativa es la creación de la Unidad Provincial de Compensación y Registro de Créditos, que funcionaría bajo la órbita del Ministerio de Economía bonaerense. Este organismo tendría a su cargo el registro de créditos, cesiones y transmisiones, así como la coordinación entre distintos entes para asegurar la trazabilidad de las operaciones.

Asimismo, la iniciativa prevé que los créditos fiscales puedan ser transferidos en procesos sucesorios, lo que permitiría a los herederos de un contribuyente fallecido utilizarlos o cederlos. Finalmente, el proyecto invita a los municipios bonaerenses a adherir al régimen para avanzar hacia un sistema integrado en todo el territorio. Juan Manuel Rico Zini insistió en que: “Deben existir mecanismos para permitirle a los bonaerenses pagar sus impuestos con créditos que tengan a su favor o cederlos a otro deudor del Estado para que, mediante un contrato registrado, pueda cancelar sus deudas con el fisco”.

En última instancia, el senador enmarcó la propuesta dentro de una agenda de modernización, buscando “dotar al Estado provincial y a los bonaerenses de una herramienta efectiva que aporte más previsibilidad y transparencia”.

La diputada provincial Priscila Minnaard impulsó la conformación de una comisión bicameral para abordar la situación del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), en medio de una creciente preocupación por el funcionamiento de la obra social en la provincia de Buenos Aires.

Según planteó la legisladora, el objetivo de esta herramienta legislativa es fortalecer los mecanismos de control y seguimiento sobre el organismo, en un contexto marcado por reclamos de afiliados, profesionales de la salud y entidades médicas.

El planteo se da en paralelo a una serie de cuestionamientos que se vienen acumulando en torno al IOMA, vinculados a demoras en pagos, dificultades en la cobertura de prestaciones y problemas en la continuidad de tratamientos. En ese sentido, desde distintos sectores se advirtió que la situación impacta directamente en la calidad del servicio y en la atención de los usuarios.

Minnaard remarcó que la crisis del sistema no es reciente y que requiere una respuesta estructural. En esa línea, sostuvo que resulta necesario avanzar en medidas que garanticen transparencia en la gestión y previsibilidad tanto para los afiliados como para los prestadores.

Además, cuestionó la respuesta del Ejecutivo bonaerense frente al conflicto y advirtió que, lejos de resolverse, los problemas se profundizan. La legisladora ya había señalado que el escenario actual se traduce en “afiliados desamparados, atrasos en los pagos y coberturas sin garantizar”, en el marco de una situación que calificó como crítica.

La iniciativa de crear una comisión bicameral se enmarca en una serie de acciones impulsadas desde la oposición en la Legislatura provincial, que buscan poner el foco en el funcionamiento del IOMA y exigir soluciones de fondo.

Mientras tanto, el conflicto continúa generando preocupación en distintos puntos de la provincia, con manifestaciones de afiliados y medidas de fuerza de profesionales que reclaman regularización de pagos y mejoras en las condiciones de trabajo.

Durante la presentación de los avances del programa Mercados Bonaerenses, el ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, cuestionó con dureza el proceso de ajuste que el Gobierno nacional aplica sobre el INTA. El funcionario denunció un “desfinanciamiento persistente” que se traduce en una caída presupuestaria del 36% para 2025 en comparación con 2023, con proyecciones aún menores para el ejercicio de 2026.

En este marco, Rodríguez confirmó que la administración provincial solicitó formalmente la cesión de las tierras del organismo que están siendo transferidas al Estado nacional. Al respecto, el ministro subrayó la importancia de mantener estos espacios bajo la órbita productiva y científica: “A nosotros sí nos interesa desarrollar investigación, innovación y tecnología aplicada al sector agropecuario”.

Asimismo, el titular de la cartera agraria criticó la apertura de retiros voluntarios en el INTA, señalando que implican un costo fiscal superior a los 100 mil millones de pesos. Para el ministro, esta medida resulta contradictoria en un contexto de supuesta falta de recursos. “Esto no es solo una discusión presupuestaria, es una discusión sobre el modelo de desarrollo y el rol de la ciencia y la tecnología en la Argentina”, sentenció.

La preocupación provincial también se extendió al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), donde los despidos provocaron que 29 estaciones dejaran de registrar datos durante la noche. Rodríguez advirtió que esta situación compromete la seguridad pública y la generación de alertas tempranas. “Estamos perdiendo series de datos de más de 100 años, lo que implica una pérdida irreparable de información”, manifestó.

Por otro lado, el funcionario trazó un panorama crítico sobre la economía general, destacando un fuerte deterioro en el consumo. Según los datos presentados, las ventas en supermercados cayeron un 9,3% en 2025 respecto a 2023, mientras que en el inicio de 2026 la retracción se profundizó hasta alcanzar el 12,1%. Esta crisis afecta productos esenciales como la leche, con un descenso del 10,4%, y carnes vacunas. “La caída de los ingresos, tanto salariales como de las jubilaciones, está impactando de manera muy fuerte en el consumo de alimentos”, reveló.

Frente a este escenario, Rodríguez ponderó el crecimiento del programa Mercados Bonaerenses, una iniciativa impulsada por la gestión de Axel Kicillof desde 2020. Actualmente, el sistema cuenta con 123 municipios adheridos, 237 puntos de comercialización y más de 43.000 ferias realizadas. Además, participan más de 2.500 productores, permitiendo ofrecer precios entre un 20% y un 25% más bajos que en las grandes cadenas.

Finalmente, el ministro vinculó el éxito de estas ferias con la situación económica de los vecinos. “La gente camina y va al mercado, pero en busca de mejores precios”, concluyó, remarcando que la expansión del programa responde a una demanda creciente en un contexto donde los ingresos resultan insuficientes.

El Procurador General, Dr. Julio Conte-Grand, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Sergio Gabriel Torres, el Ministro de Seguridad, Eduardo Javier Alonso, el Ministro de Salud, Nicolás Kreplak y el presidente del CUCAIBA, Francisco Leone, suscribieron un acuerdo de cooperación para optimizar los procesos de ablación y trasplante, garantizando la celeridad judicial y el respeto a las investigaciones penales.

Con el objetivo estratégico de salvar vidas y dotar de mayor previsibilidad a los procesos judiciales, se formalizó la aprobación del Protocolo de Actuación Integral en Procesos de Ablación de Órganos y/o Tejidos en Casos de Muerte Traumática.

Esta iniciativa surge de un trabajo articulado entre la Procuración General, la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio de Seguridad y el CUCAIBA, en busca de mejorar la coordinación entre los distintos actores involucrados.

El nuevo protocolo armoniza lo establecido por la Ley Justina, Ley Nacional N° 27.447, y la Ley Provincial N° 15.419, con el Código Procesal Penal bonaerense. Su finalidad es resolver la histórica tensión entre la necesidad médica de una ablación inmediata y la preservación de pruebas en investigaciones de muertes violentas o sospechosas de criminalidad.

A través de esta normativa, se establecen plazos estrictos y responsabilidades claras para magistrados, fiscales, peritos médicos y fuerzas de seguridad.

Entre los puntos más destacados, se establece la prioridad y celeridad, ya que el Juez de Garantías deberá resolver la autorización de ablación en un plazo máximo de cuatro horas. También se fija la intervención fiscal, con un plazo de dos horas para que el Agente Fiscal emita su opinión sobre la viabilidad del procedimiento, asegurando que no se comprometa el examen autopsiano posterior. Además, se refuerza la coordinación pericial, garantizando que las autopsias de donantes tengan prioridad absoluta en las morgues policiales y facilitando la entrega del cuerpo a sus familiares sin demoras innecesarias.

Para el MPBA, este protocolo representa un avance fundamental en la gestión de las Investigaciones Penales Preparatorias, ya que la participación temprana del médico legista y la comunicación fluida con el CUCAIBA permiten actuar con sensibilidad humana sin descuidar el rigor técnico-científico.

El acuerdo marco incluye además un compromiso de capacitación permanente para todos los operadores involucrados, con el objetivo de que tanto el personal policial como los instructores judiciales y el personal sanitario compartan criterios y procedimientos estandarizados que reduzcan los tiempos de respuesta.

Con esta firma, la Provincia de Buenos Aires se posiciona a la vanguardia en materia de procuración de órganos, destacando que la coordinación interinstitucional es clave para garantizar el derecho a la salud de los pacientes en lista de espera y el acceso a la justicia para toda la sociedad.

El Procurador General, Dr. Julio Conte-Grand, el Ministro de Seguridad, Eduardo Javier Alonso, y el Ministro de Salud, Nicolás Kreplak, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para el intercambio de información relacionada con suicidios.

El objetivo de este acuerdo consiste en establecer un mecanismo tripartito de cooperación técnica y coordinación para consolidar la información oficial vinculada con suicidios en el territorio de la provincia de Buenos Aires, con las siguientes finalidades exclusivas: obtener un perfil epidemiológico del fenómeno, mejorar la calidad, cobertura, integridad y oportunidad de las estadísticas oficiales y contribuir al diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas de prevención en la materia.

Es importante señalar que las muertes por suicidio constituyen una problemática compleja, con implicancias sanitarias, sociales, jurídicas y de seguridad pública, que requiere políticas públicas orientadas a un abordaje integral e intersectorial.

Un alto jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fue denunciado por violencia de género y quedó desafectado de sus funciones, tras un episodio ocurrido en el sur del conurbano bonaerense.

El hecho tuvo lugar en la localidad de El Pato, partido de Berazategui, donde la denunciante —una subteniente de la misma fuerza— acusó a su pareja, el comisario general Gastón Ghe, quien se desempeñaba como superintendente de Seguridad Vial.

De acuerdo a la reconstrucción del caso, todo comenzó el 3 de mayo, cuando efectivos policiales acudieron al domicilio tras un llamado por un conflicto de pareja. En esa primera intervención, la fiscalía dispuso actuaciones por “averiguación de ilícito”, sin adoptar medidas inmediatas.

Sin embargo, horas más tarde se produjo una nueva intervención, esta vez con participación de la Prefectura Naval Argentina. La mujer denunció que el jefe policial se presentó en su casa en estado de ebriedad, con una importante suma de dinero, y que la situación derivó en un forcejeo, amenazas de muerte e incluso manifestaciones de intención de suicidio por parte del acusado.

A partir de estos hechos, la Fiscalía especializada en violencia de género de Berazategui inició una causa por “lesiones y amenazas en concurso real”, y el expediente fue derivado a la comisaría de la Mujer y la Familia correspondiente.

En paralelo, se dispuso la desafectación inmediata del comisario y la apertura de actuaciones administrativas en el ámbito de Asuntos Internos de la fuerza. La medida también generó una serie de cambios en la estructura de la Policía Bonaerense, con nuevos nombramientos en áreas clave.

La investigación continúa en manos de la Justicia, mientras el caso vuelve a poner el foco sobre situaciones de violencia de género dentro de las fuerzas de seguridad.

La senadora bonaerense de Fuerza Patria, Malena Galmarini, ingresó un proyecto de ley para prohibir la publicidad y el sponsoreo de sitios de apuestas en entornos deportivos y comunitarios de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa tiene como objetivo principal prevenir conductas de juego problemático y preservar la función social de los clubes como instituciones de bien común.

De este modo, la propuesta impulsada por Malena Galmarini establece la prohibición, en un perímetro de 100 metros, del patrocinio en cartelería y la utilización de nombres o marcas comerciales de juegos de azar para identificar instalaciones y predios. Asimismo, la restricción alcanza a las indumentarias de los clubes, impidiendo el uso de logotipos o señas identificatorias de estas empresas.

“El objeto no es prohibir la industria del juego ni su publicidad en términos generales, sino proteger un espacio específico y especialmente sensible: el entorno deportivo comunitario, frecuentado por niñas, niños, adolescentes y familias”, puntualizó la legisladora del Frente Renovador.

El ámbito de aplicación de la norma incluye a polideportivos municipales y estadios de fútbol profesional y amateur. Según precisó la senadora, la exposición a la publicidad en el contexto deportivo funciona como el principal vector de naturalización del juego como práctica cotidiana entre los jóvenes.

En caso de aprobarse, la autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Deportes de la provincia, que articulará con los establecimientos en coordinación con la subsecretaría de Defensa del Consumidor y el Organismo provincial de Niñez y Adolescencia. Los municipios estarán a cargo de la fiscalización, mientras que el Instituto Provincial de Lotería y Casinos colaborará en los aspectos técnicos.

En cuanto a las sanciones, el proyecto prevé desde apercibimientos hasta penas de entre 500 y 50.000 unidades de multa, que actualmente equivalen a $2215 cada una. Asimismo, el Ejecutivo provincial podrá efectuar la suspensión o revocación de licencias vinculadas a la actividad publicitaria del operador anunciante.

La legisladora indicó que naciones como España, Italia, Países Bajos y Bélgica ya han prohibido el patrocinio de casas de apuestas en equipos deportivos. A nivel nacional, la Unión Argentina de Rugby prohibió por autorregulación el ingreso de estas marcas en sus campeonatos en 2024. Cabe recordar que el massismo ya había llevado esta propuesta al Congreso de la Nación hace dos años, a través de la diputada Micaela Morán.

Actualmente, varios clubes de la Primera División cuentan con casas de apuestas como principales sponsors, siendo los casos más destacados Boca y River. Incluso el campeonato 2024 se disputa bajo el nombre “Torneo Betano”. Ante esta situación, el diputado bonaerense Carlos Puglelli pidió que todos los bloques de la Legislatura lleguen a un acuerdo para redactar un megaproyecto que reúna las principales propuestas contra la ludopatía online.

En el marco de una compleja situación financiera, el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, presentó un programa de alivio fiscal orientado a jubilados bonaerenses que registran deudas impositivas.

La iniciativa busca regularizar la situación de 17.057 beneficiarios que mantienen deudas en el Impuesto Inmobiliario Edificado por un monto global de 798 millones de pesos. Según detalló el funcionario, la medida contempla la condonación de deudas retroactivas de hasta cinco años y la exención de pagos hacia el futuro. “Hay jubilados que no saben que tienen este beneficio y acumulan deuda. Vamos a ir casa por casa para ayudarlos a hacer el trámite”, declaró Girard.

Para acceder al beneficio, los interesados deben cumplir con requisitos específicos: poseer ingresos familiares de hasta dos haberes mínimos (aproximadamente 760.638 pesos), ser titulares de una única propiedad con una valuación fiscal menor a seis millones de pesos y no estar inscriptos en Ingresos Brutos.

El plan se llevará a cabo mediante un trabajo conjunto con los municipios y el Instituto de Previsión Social (IPS). El objetivo es ampliar el alcance actual, que ya beneficia a 35.051 personas en todo el territorio provincial. Cristian Girard destacó que se solicitará a la Anses un listado de jubilados con domicilio en la provincia para profundizar las acciones de comunicación directa y jornadas de atención. “Queremos desendeudarlos y eximirlos del pago hacia adelante”, afirmó.

El anuncio se produce en un escenario de fuerte contracción de los recursos fiscales. El titular de la agencia advirtió que la recaudación “está en niveles de pandemia sin el virus” debido al deterioro de la actividad económica nacional y provincial.

El esquema tributario bonaerense se apoya fuertemente en Ingresos Brutos y Sellos, que representan el 80 por ciento de los ingresos. Al respecto, el funcionario explicó la sensibilidad de estos tributos ante la crisis: “Para que se hagan una idea, 3 de cada 4 pesos son sobre Ingresos Brutos, que tiene que ver con las ventas. Cuanto menos actividad, menos ingresos”.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció una inversión de $1,8 mil millones para realizar obras de gas en escuelas de los 135 distritos, con el objetivo de mejorar las condiciones edilicias y asegurar espacios seguros para estudiantes y trabajadores de la educación.

La iniciativa se enmarcó en un plan de intervención que buscó optimizar las instalaciones de gas y realizar pruebas de seguridad en los establecimientos educativos, en la antesala de la temporada de bajas temperaturas. Según se informó oficialmente, las tareas permitieron garantizar ambientes adecuados para el desarrollo de las actividades pedagógicas.

Entre los trabajos previstos se incluyeron la renovación de redes de gas, adecuación de calefactores, pruebas de hermeticidad, instalación de nuevos artefactos y puesta a punto de sistemas existentes. Estas acciones se definieron a partir de relevamientos técnicos realizados por los Consejos Escolares en cada distrito.

Desde la cartera educativa provincial señalaron que las intervenciones priorizaron a aquellas instituciones con mayores necesidades o que requerían adecuaciones estructurales, con el foco puesto en garantizar condiciones seguras de calefacción durante el invierno.

En ese sentido, la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, destacó que la inversión permitió que las escuelas “ingresaran a la temporada de mayores fríos en buenas condiciones de seguridad y comodidad”, y remarcó que mejorar los sistemas de calefacción también implicó cuidar a estudiantes, docentes y auxiliares.

Con esta medida, el Ejecutivo bonaerense dio continuidad a un esquema de trabajo sostenido en infraestructura escolar, orientado a fortalecer la educación pública mediante obras y mantenimiento en todo el territorio provincial.

El diputado de Unión, Renovación y Fe, Martín Rozas, redactó un proyecto para establecer un régimen regulatorio integral para los cuidadores domiciliarios en la provincia de Buenos Aires. El objetivo de la iniciativa es ordenar una tarea extendida en el sistema de salud que actualmente carece de un marco normativo claro.

En principio, el legislador concibe a los cuidadores domiciliarios como trabajadores que brindan asistencia socio-sanitaria de baja complejidad a personas en situación de dependencia, como adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas o personas con discapacidad. Para defender su planteo, Martín Rozas sostuvo que "resulta necesario distinguir al cuidador domiciliario de otros empleos", al señalar que su tarea incluye un acompañamiento integral en la vida diaria.

El representante de la cuarta sección remarcó que esa especificidad requiere una regulación propia, distinta a la que rige para el personal de casas particulares. El proyecto del oriundo de General San Martín establece como uno de sus ejes centrales la profesionalización de la actividad para mejorar la calidad de las prestaciones y promover la formalización del trabajo de cuidado, que presenta altos niveles de precariedad.

Asimismo, el legislador subrayó que la falta de regulación expone a los trabajadores a "los vaivenes y la precarización del mercado laboral de servicios". En ese sentido, planteó que "es una incorporación necesaria al ordenamiento jurídico provincial, a los fines de reconocer una actividad en el ámbito de la salud, invisibilizada".

Ante ese escenario, el esquema propuesto crea un Registro Provincial Único, público y obligatorio, que concentrará la información de todos los cuidadores habilitados para ejercer en el territorio bonaerense. Esta herramienta permitirá relevar datos de manera periódica y otorgar una matrícula habilitante personal e intransferible.

El articulado fija requisitos concretos para la inscripción, entre los que se incluyen la mayoría de edad, la ausencia de antecedentes penales, la acreditación de formación específica y aptitudes psicofísicas certificadas. Al mismo tiempo, establece que tanto empleadores como prestadores deberán inscribir a los trabajadores, lo que apunta a cerrar espacios de informalidad.

En cuanto a las funciones, la norma detalla que los cuidadores deberán asistir en tareas básicas como higiene, alimentación y administración de medicación bajo indicación profesional. No obstante, la iniciativa incorpora derechos para los trabajadores, como la posibilidad de negarse a realizar tareas ajenas a su función y la percepción de honorarios acordes a los valores de obras sociales y prepagas.

En relación con el sistema de salud, la propuesta establece que el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y las empresas de medicina prepaga deberán contratar únicamente a cuidadores inscriptos. Finalmente, Martín Rozas argumentó que la aprobación permitirá "crear un marco normativo que jerarquice la actividad, pero que ante todo la legalice creando un estándar mínimo de derechos".

Cabe precisar que el planteo retoma antecedentes legislativos, como la media sanción obtenida en 2019 por una iniciativa similar de la entonces diputada Vanesa Zuccari.