El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó la creación e implementación del Asistente Virtual de Infracciones BA, una herramienta digital destinada a facilitar la consulta de multas de tránsito, el detalle de las actas y la generación de cupones de pago a través de WhatsApp.

La medida fue dispuesta por el Ministerio de Transporte bonaerense y busca incorporar un nuevo canal de atención ciudadana, complementario al sitio oficial de consulta sobre las multas de tránsito. El servicio permitirá realizar consultas tanto con el número de DNI como con el dominio del vehículo y estará disponible las 24 horas, durante los 365 días del año.

Según establece la resolución publicada este viernes 6 de noviembre de 2026 en el Boletín Oficial, el asistente funcionará exclusivamente mediante WhatsApp Business, asociado a un número telefónico oficial de la Provincia y verificado por Meta. Su acceso será difundido únicamente a través de los canales oficiales del Gobierno bonaerense, con el objetivo de evitar suplantaciones de identidad y posibles maniobras fraudulentas.

La herramienta utilizará la información registrada en el Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito (SACIT), la plataforma donde se encuentran las actas, su estado procesal y los dispositivos habilitados para constatar infracciones.

En materia de seguridad, la disposición establece que el asistente no solicitará claves, contraseñas, nombres de usuario, códigos ni datos bancarios o financieros. Para realizar las consultas solo será necesario ingresar el DNI o la patente, mientras que la dirección de correo electrónico será opcional y se utilizará para enviar el acta o el cupón de pago.

Además, el tratamiento de los datos personales deberá ajustarse a la Ley Nacional 25.326 de Protección de Datos Personales y la información estará alojada en servidores propios del Gobierno provincial.

La resolución también aclara que las respuestas del asistente tendrán carácter exclusivamente informativo y orientativo, por lo que no modificarán los procedimientos administrativos ni afectarán el derecho de defensa de las personas presuntamente infractoras.

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires pondrá en marcha un nuevo régimen de información digital obligatoria destinado a los empleadores de toda la provincia. La medida, formalizada a través de la Resolución 260/2026 y firmada por el ministro Walter Correa, fue publicada este viernes 6 de noviembre en el Boletín Oficial con el propósito de fortalecer los controles sobre las condiciones laborales y detectar irregularidades de manera más eficiente.

El sistema, denominado Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos (F.U.T.U.R.O.), contará con una etapa de uso voluntario a partir de diciembre de 2026, mientras que su obligatoriedad entrará en vigencia en enero de 2027. La normativa alcanza a todos los empleadores con domicilio legal o fiscal en el territorio bonaerense, así como a aquellos que exploten establecimientos en la provincia o tengan personal bajo su dependencia realizando tareas en dicha jurisdicción.

A través del Portal de Trabajo de la cartera, los empleadores deberán presentar mensualmente una declaración jurada que incluya el período de liquidación, el monto total de los salarios abonados y el detalle pormenorizado de los conceptos remunerativos, no remunerativos e importes netos. 

Asimismo, será obligatorio informar el método utilizado para el control de la jornada laboral y adjuntar los recibos de sueldo junto a los comprobantes de acreditación bancaria.

La resolución también exige la presentación de documentación respaldatoria en casos de acuerdos individuales, plurindividuales o colectivos que regulen jornadas, compensaciones de horas extraordinarias, bancos de horas o descansos compensatorios. El incumplimiento, la omisión de datos o la presentación de información falsa habilitará al Ministerio de Trabajo a aplicar sanciones conforme a la Ley provincial 10.149, su decreto reglamentario y el Pacto Federal del Trabajo.

Según los fundamentos de la medida, el nuevo instrumento permitirá verificar de manera más eficiente el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos laborales, incluso antes de realizar inspecciones presenciales en los establecimientos.

Entre los aspectos que buscará fiscalizar el Ministerio figuran el cumplimiento de las jornadas de trabajo y los descansos mínimos, el pago de salarios, la entrega de recibos de haberes y las acreditaciones bancarias. La información también permitirá detectar posibles pagos parciales o fuera de término, omisión de conceptos remunerativos y subfacturación salarial.

La cartera laboral apunta, además, a avanzar en inspecciones virtuales con mayor automatización, mejorar la planificación de los operativos y generar estadísticas para fortalecer las políticas públicas de trabajo y empleo.

El F.U.T.U.R.O. se incorporará a las herramientas digitales que ya utiliza el Ministerio, entre ellas el domicilio electrónico, el Portal de Trabajo y el Sistema de Trabajo Digital Bonaerense (SITRADIB), destinado a la presentación de documentación laboral obligatoria. La implementación del nuevo formulario será gratuita y se realizará a través de esa plataforma.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó los proyectos de Presupuesto, Ley Impositiva y Financiamiento para 2027, con gastos totales estimados en $58,65 billones, recursos por $56,5 billones y un pedido de autorización de endeudamiento por el equivalente a US$1.000 millones.

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, mantuvo una primera reunión en la Legislatura para explicar los lineamientos del paquete, que deberá ser debatido por diputados y senadores. La propuesta busca garantizar las políticas esenciales, sostener la protección social y la inversión pública, fortalecer la producción y preservar la sostenibilidad de las cuentas provinciales.

En materia tributaria, la iniciativa contempla mantener sin cambios las alícuotas de Ingresos Brutos y Sellos y no aplicar incrementos reales en los impuestos patrimoniales.

El proyecto también propone mantener la declaración de emergencia económica para la Provincia y los 135 municipios, una herramienta que permite agilizar procedimientos administrativos y la gestión de recursos.

“No hay nada que nos indique que tengamos un 2027 mejor; vemos un contexto más adverso. Y la economía argentina está transitando a una situación de recesión para este año”, sostuvo López.

El Presupuesto estima un superávit económico de $1,79 billones, aunque prevé un déficit primario de $205.029 millones y un resultado financiero negativo de $2,15 billones, equivalente al 0,5% del Producto Bruto Geográfico (PBG).

Para elaborar las estimaciones, la administración bonaerense utilizó los parámetros macroeconómicos del proyecto de Presupuesto nacional: una inflación del 18% para 2027 y un dólar a $1.848 en diciembre.

Entre las partidas prioritarias, la inversión de capital alcanzará los $4,05 billones, con un incremento nominal del 26% respecto del presupuesto anterior. Ese monto comprende obras hidráulicas, infraestructura universitaria, intervenciones en hospitales y centros de atención primaria, mantenimiento de rutas provinciales y construcción de viviendas.

En particular, se proyectan $729.449 millones para vialidad y $728.994 millones para obras de agua potable, desagües pluviales, suelos y drenajes.

El paquete también contempla inversiones no salariales por $2,32 billones en promoción y asistencia social, $2,26 billones en salud, $1,98 billones en seguridad y servicio penitenciario y $1,93 billones en educación.

Dentro de la asistencia alimentaria, el Servicio Alimentario Escolar (SAE) tendrá una partida de $901.575 millones, con una cobertura prevista de 2,6 millones de niños, niñas y adolescentes.

Uno de los puntos centrales de la negociación legislativa será la autorización para tomar deuda por el equivalente a US$1.000 millones. Según explicó el ministro, alrededor de US$850 millones están vinculados con vencimientos de bonos externos correspondientes a compromisos asumidos por el Gobierno anterior.

“Se trata de un programa orientado fundamentalmente a refinanciar obligaciones existentes”, señaló López.

La propuesta incluye el fortalecimiento del Programa de Letras y la creación de un Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad, que se integrará con el 8% de los recursos obtenidos mediante el endeudamiento autorizado.

De acuerdo con el esquema presentado, esos fondos deberán destinarse a seguridad. La condición aparece como uno de los asuntos que deberán discutirse con los intendentes, que pretenden contar con recursos de libre disponibilidad.

“Este tema es uno de los ejes que siempre plantean los jefes comunales”, reconoció el titular de Economía.

La presentación oficial también expone una mejora en los indicadores de deuda respecto de 2019. Según los datos difundidos, la relación entre deuda y PBG pasó del 9% al 5% en el segundo trimestre de 2026. Por su parte, el peso de los intereses sobre los recursos totales, que era del 8% en 2019, se proyecta en el 3% para 2027.

El Gobierno bonaerense volvió a incorporar al proyecto un Fondo de Recupero de Deudas del Estado nacional, destinado a canalizar recursos provenientes de reclamos administrativos y judiciales.

La Provincia calcula en $20,7 billones la deuda acumulada de la Nación hasta octubre de 2026. El reclamo reúne fondos para obras públicas comprometidas, transferencias vinculadas a Anses, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal bonaerense y el Fondo de Compensación al Transporte, entre otros conceptos.

Los recursos que eventualmente se recuperen quedarán afectados a las finalidades establecidas en las normas que les dieron origen. Según se informó en la presentación, pese a las tres reuniones realizadas en el ámbito de la Corte Suprema, hasta el momento no hubo una respuesta favorable del Gobierno nacional a esos reclamos.

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, presentará este jueves los principales lineamientos del Presupuesto 2027 ante la Legislatura provincial. La exposición abrirá una negociación que involucrará tanto a sectores de la oposición como a los distintos espacios del peronismo, en un escenario atravesado por la discusión de las candidaturas para el próximo año.

La presentación está prevista para las 10 en el Anexo de la Cámara de Diputados, donde los legisladores conocerán las proyecciones de recursos y gastos para el último ejercicio de la actual gestión del gobernador Axel Kicillof.

Además de las previsiones presupuestarias, se espera que López brinde precisiones sobre el proyecto de Ley Fiscal Impositiva y las eventuales autorizaciones de endeudamiento que solicitará el Ejecutivo para sostener el funcionamiento del Estado provincial.

El debate se desarrollará en medio de las tensiones por los recursos que recibe Buenos Aires del Gobierno nacional, un factor que condiciona la planificación de las cuentas y las posibilidades de financiamiento de la administración bonaerense.

Uno de los puntos centrales será la distribución de las partidas destinadas a salud, educación, seguridad e infraestructura, junto con las previsiones de inversión pública para el próximo año.

También tendrán especial relevancia los recursos y la asistencia previstos para los municipios, un capítulo que suele ocupar un lugar destacado en las negociaciones entre el Ejecutivo, los bloques legislativos y los intendentes.

La discusión combinará así las necesidades de financiamiento de la Provincia con las demandas de los distritos y los posicionamientos políticos de las distintas fuerzas, cuando comienza a tomar forma el escenario electoral de 2027.

El Gobierno bonaerense había decidido a fines de agosto postergar el envío del Presupuesto y de la Ley Impositiva, a la espera de conocer las proyecciones económicas nacionales.

La propuesta nacional fue presentada a mediados de septiembre y contempló una inflación del 18 por ciento, un dólar a 1.847 pesos y un crecimiento del producto bruto interno del 4 por ciento. Esas variables constituyen una referencia para la elaboración de las cuentas provinciales.

La exposición de López permitirá conocer las previsiones de la administración bonaerense y dará paso al debate legislativo sobre los recursos, los gastos y las herramientas financieras para afrontar el próximo ejercicio.

La Provincia de Buenos Aires oficializó este miércoles 4 de noviembre de 2026 la reglamentación de la Ley 15.618, la cual dispone estrictas medidas de seguridad para la instalación, sujeción y mantenimiento de diversos elementos recreativos y deportivos. La normativa, publicada en el Boletín Oficial, tiene como objetivo central prevenir accidentes y proteger la integridad física de niños, niñas y adolescentes en todo el territorio bonaerense.

El decreto abarca a todos los establecimientos públicos y privados, sin importar su forma jurídica, que cuenten con instalaciones como arcos deportivos, aros de básquet, postes de redes de vóley y juegos de plaza. Aunque la norma no enumera categorías específicas como clubes o escuelas, los incluye bajo la definición general de establecimientos alcanzados por la medida.

Entre las disposiciones más relevantes, se destaca la obligatoriedad de contar con sistemas de sujeción, anclaje o contrapeso, ya sean permanentes o removibles, para aquellos arcos de fútbol, hockey y handball que superen los 20 kilos de peso. Del mismo modo, los aros de básquet con pie deberán disponer obligatoriamente de un sistema de contrapeso.

La reglamentación también exige que, en caso de utilizar elementos removibles, las instituciones garanticen un espacio adecuado para su almacenamiento o, en el caso de los arcos, su aseguramiento en posición horizontal. Asimismo, se deberán instalar protectores acolchonados en pisos, columnas, paredes y postes para amortiguar impactos en las áreas deportivas y recreativas.

La normativa asigna roles específicos a los organismos provinciales. La Dirección General de Cultura y Educación, a través de los Consejos Escolares, junto a los ministerios que tengan bajo su órbita espacios públicos, deberán implementar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la ley.

Por su parte, los municipios actuarán como autoridad de aplicación, siendo responsables de la verificación periódica de las condiciones de seguridad. Entre sus funciones, deberán establecer mecanismos de habilitación y certificación emitidos por profesionales matriculados, además de coordinar acciones con asociaciones deportivas y entidades intermedias. 

Finalmente, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, mediante la Subsecretaría de Deportes, brindará asistencia técnica a los municipios para la correcta aplicación de esta normativa.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó una actualización en el valor de las multas de tránsito para el último bimestre del año. Según la resolución oficial, el incremento en el valor de la unidad fija (UF) es del 2,5 por ciento, pasando de 2281 pesos a 2340 pesos para los meses de noviembre y diciembre.

Esta modificación responde directamente al valor del litro de nafta Premium en la estación del Automóvil Club ubicada en La Plata, combustible que ha registrado incrementos significativos a raíz del conflicto en Medio Oriente, aunque con una tendencia más moderada en las últimas semanas. Se estima que, con el inicio de la temporada de verano en enero, podría aplicarse un nuevo ajuste en los montos.

Debido a esta actualización, las sanciones económicas por diversas faltas han sufrido modificaciones. Entre las más severas, conducir alcoholizado, pasar un semáforo en rojo, circular a contramano o hacerlo con la VTV vencida, pueden derivar en multas que oscilan entre los 702.000 y los 2.340.000 pesos.

En el caso del exceso de velocidad, el rango de penalización se sitúa entre los 351.000 y los 2.340.000 pesos. Por otro lado, negarse a realizar un test de alcoholemia conlleva las sanciones más elevadas, con valores que van desde 1.170.000 hasta 2.808.000 pesos.

Otras faltas, como el mal estacionamiento, la falta de uso de cinturón de seguridad o casco, y la carencia de documentación obligatoria, presentan valores menores, situándose entre los 117.000 y los 234.000 pesos.

– Exceso de velocidad: entre $351.000 y $2.340.000 (entre 150 y 1.000 UF)

– No utilización de cascos en las motos o cinturones de seguridad en el vehículo: entre $117.000 y $234.000 (entre 50 y 100 UF)

– Pasar un semáforo en rojo: entre $702.000 y $2.340.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Circular a contramano: entre $702.000 y $2.340.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por girar a la izquierda en zonas prohibidas: entre $702.000 y $2.340.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Mal estacionamiento: entre $117.000 y $234.000 (entre 50 y 100 UF)

– Conducir alcoholizado: entre $702.000 y $2.340.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Negarse a realizar un test de alcoholemia: entre $1.170.000 y $2.808.000 (entre 500 y 1.200 UF).

– Por circular con la VTV vencida: entre $702.000 y $2.340.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por manejar sin contar con la edad reglamentaria: entre $702.000 y $2.340.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por manejar sin habilitación: entre $702.000 y $2.340.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por circular sin la documentación: entre $117.000 y $234.000 (entre 50 y 100 UF)

– Por circular sin cobertura de seguro: entre $702.000 y $2.340.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por circular sin el comprobante del seguro: entre $117.000 y $234.000 (entre 50 y 100 UF)

– Por circular con exceso de ocupantes: entre $117.000 y $234.000 (entre 50 y 100 UF).

El Senado de la provincia de Buenos Aires prevé tratar este jueves el proyecto que crea una empresa pública de medicamentos, una de las iniciativas impulsadas por la gestión de Axel Kicillof en materia sanitaria. El oficialismo buscará darle media sanción, mientras que la propuesta para integrar el sistema de salud bonaerense deberá esperar ante los cuestionamientos de los intendentes.

La iniciativa que llegará al recinto contempla la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. El Gobierno provincial tendrá el 99 por ciento del capital social, mientras que el uno por ciento restante podrá quedar en manos de actores públicos o privados.

El objetivo es que la Provincia pueda investigar, desarrollar, producir, comprar, vender y distribuir medicamentos e insumos sanitarios. Entre las actividades previstas también aparecen la elaboración de vacunas, productos médicos, equipamiento, ingredientes farmacéuticos activos e insumos odontológicos.

La propuesta apunta a priorizar el abastecimiento de los hospitales provinciales y municipales. Desde el Ejecutivo sostienen que contar con una herramienta propia de producción y comercialización permitiría reducir los costos de adquisición y mejorar las condiciones de compra frente a los proveedores privados.

Sin embargo, el proyecto llegará al debate con el rechazo anticipado de distintos sectores opositores. Las bancadas de Unión y Libertad, el PRO, La Libertad Avanza y Hechos–UCR Identidad adelantaron que votarán en contra.

Entre sus objeciones, señalaron que la creación de la sociedad ampliaría la estructura burocrática y el gasto estatal. También cuestionaron que exista una justificación suficiente para constituir una nueva empresa destinada a la producción de medicamentos.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, confirmó que la iniciativa farmacéutica será tratada este jueves. En cambio, el proyecto para integrar el sistema de salud provincial, denominado Sipba, continuará su recorrido legislativo y será enviado a la Comisión de Presupuesto, donde recibirá aportes de los senadores.

En este caso, los reparos también surgieron dentro del peronismo. El Frente Renovador y el kirchnerismo trasladaron las inquietudes de los intendentes, principalmente por el impacto económico que podrían tener algunas de las obligaciones previstas para las comunas.

Uno de los puntos más discutidos es el artículo 43, que establece que los municipios deberán “armonizar” los salarios de sus médicos con las paritarias provinciales. Los jefes comunales advierten que la exigencia no precisa cómo se financiará el gasto adicional que podría implicar esa equiparación.

El texto también dispone que deberán comunicar al Consejo Regional de Salud (Coresa) y al Congreso Provincial de Salud (Cosapro) cada vez que decidan “hacer uso de otras modalidades de personal o reconocer salarios superiores a los que fija esta normativa”.

Otra de las diferencias se concentra en la distribución de los fondos sanitarios. La propuesta otorga prioridad a los municipios que integren la Red Bonaerense de Atención y Cuidados en Salud para acceder a recursos de programas provinciales y nacionales.

Ante ese esquema, los intendentes reclaman que la ley contemple al Coeficiente Único de Distribución (CUD) como criterio para repartir el dinero. El cuestionamiento apunta a que el proyecto original no define con suficiente claridad cómo se asignarán las partidas.

De esta manera, el oficialismo buscará avanzar con la empresa de medicamentos, mientras mantiene abiertas las negociaciones por la reforma sanitaria. El financiamiento de los salarios municipales y los criterios de distribución de recursos serán dos de los ejes que deberá resolver para destrabar esa discusión.

El Gobierno bonaerense autorizó un llamado a licitación pública por un monto estimado de $4.199 millones para actualizar la infraestructura de almacenamiento y procesamiento de información del Centro de Procesamiento de Datos provincial, ubicado en Manuel B. Gonnet, en el partido de La Plata.

La contratación, impulsada por el Ministerio de Gobierno, apunta a modernizar el equipamiento utilizado por los organismos públicos y avanzar en el desarrollo de una nube provincial que permita alojar sistemas y administrar recursos tecnológicos de manera centralizada.

El presupuesto estimado asciende a 2.771.629,70 dólares, equivalentes a $4.199.018.995,50. La apertura de ofertas fue fijada para el 18 de noviembre, a las 11, a través del portal de compras de la Provincia.

Según los fundamentos de la resolución, la actualización permitirá fortalecer los servicios de infraestructura tecnológica que utilizan las distintas dependencias bonaerenses y ampliar la capacidad para alojar sistemas transversales y críticos de la administración pública.

El proyecto contempla también la puesta en operación de un centro de datos modular en La Plata, diseñado con criterios de eficiencia energética y mínimo impacto ambiental.

Además de mejorar los servicios tecnológicos de las áreas provinciales, la iniciativa abre la posibilidad de extender esa asistencia a los municipios.

Entre los objetivos técnicos se encuentran aumentar la capacidad de procesamiento de información, ampliar los entornos virtualizados y sumar almacenamiento para los sistemas críticos del Estado.

La propuesta busca avanzar hacia una nube provincial robusta, escalable y segura, con capacidad para incorporar servicios de infraestructura, plataformas y software. También pretende facilitar la automatización de procesos y sostener tanto las cargas de trabajo tradicionales como las nuevas herramientas tecnológicas.

La contratación incluye la provisión del equipamiento y un servicio bonificado de soporte, mantenimiento de hardware y software y garantía durante 36 meses.

La asistencia técnica deberá estar disponible las 24 horas, todos los días del año, e incluirá la transferencia de conocimientos al personal provincial encargado de operar los equipos.

El plazo de entrega será de 90 días corridos para los primeros renglones de la contratación y de 15 días para los restantes, una vez certificada la entrega del equipamiento inicial.

El procedimiento se realizará mediante licitación pública y contempla una modalidad de pago anticipado del 100 por ciento.

El nuevo pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el próximo trimestre, que abarca de noviembre de 2026 a enero de 2027, anticipa que un tercio de la provincia de Buenos Aires registrará lluvias por encima de los valores habituales. El informe, que contempla la influencia del fenómeno conocido como Súper Niño, sugiere una tendencia hacia eventos de precipitación localmente intensos, especialmente en el centro y noreste del país.

En lo que respecta al territorio bonaerense, la zona afectada comprende la franja que se extiende del noroeste al sudoeste, incluyendo diversas localidades de la costa atlántica. Según indica el relevamiento, se prevén lluvias superiores a las normales en una treintena de distritos. Cabe destacar que, de acuerdo a los registros históricos, el promedio mensual suele situarse entre los 200 y 300 milímetros.

El informe identifica a los municipios que deberán mantener una mayor atención ante estos fenómenos climáticos: General Villegas, Ameghino, Pinto, Tejedor, Rivadavia, Pehuajó, Trenque Lauquen, Pellegrini, Hipólito Hirigoyen, Daireaux, Tres Lomas, Salliqueló, Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Puan, Tornquist, Pringles, Dorrego, Monte Hermoso, Bahía Blanca, Rosales, Villarino, Patagones, Tres Arroyos y San Cayetano. 

El resto de la provincia también presentaría niveles elevados de precipitaciones, aunque con una intensidad menor a la región mencionada.

En cuanto a las temperaturas, la mayor probabilidad de registros inferiores a lo normal abarca toda la franja central del país. Esta señal es más marcada sobre Córdoba, el sudoeste de Santa Fe, el este de San Luis, el este de La Pampa y el oeste de la provincia de Buenos Aires. En estas zonas, el promedio habitual para los meses de verano se ubica entre los 20 y 22 grados.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional aclararon que esta proyección no implica tres meses de frío sostenido ni excluye la ocurrencia de jornadas con calor intenso, ya que el pronóstico trabaja sobre promedios estacionales. Al respecto, el organismo precisó: “Esta previsión debe ser considerada sobre el valor medio del trimestre”.

En conclusión, aunque el balance general del período tienda a resultar más fresco de lo esperado según los parámetros climatológicos, el SMN enfatiza que pueden presentarse días con temperaturas altas dentro del trimestre analizado.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, brindó detalles exclusivos sobre el operativo que prepara la Provincia de Buenos Aires para acompañar la visita del Papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, el lunes 9 de noviembre, y la misa que encabezará en la Basílica de Luján, el miércoles 11 a las 10 horas. Para esta última jornada, el Gobierno prevé un despliegue de más de 85 postas de cuidado, 51 puestos sanitarios y más de 15.000 voluntarios, además de efectivos policiales, bomberos y personal de Defensa Civil.

“Nuestra responsabilidad es garantizar el traslado de Su Santidad, que va a llegar desde la Capital Federal hasta Don Orione, atravesando los distintos barrios del Conurbano bonaerense”, explicó Alonso sobre la primera actividad del Pontífice, la cual tendrá carácter cerrado y estará reservada a la Iglesia. Durante el recorrido, los fieles podrán acercarse a las rutas para saludar al Papa, bajo un dispositivo de seguridad específico.

El principal operativo se concentrará en Luján, donde se espera la llegada de cientos de miles de peregrinos desde el martes 10 de noviembre. La Provincia abrirá a las 16 las puertas del parque de la ciudad para organizar el ingreso. El Papamóvil circulará desde la rotonda del Tótem hasta la Basílica, donde se ubicará un altar frente al templo. 

“Tenemos previstas más de 85 postas de cuidado. Desde los grandes estacionamientos que van a tener seguridad, cada un kilómetro va a haber un puesto sanitario”, precisó el funcionario. Además, habrá pantallas y sistemas de audio para que los asistentes puedan seguir la celebración desde sectores alejados. “Hasta el que esté parado en la rotonda del Tótem va a poder escuchar la misa”, aseguró Alonso.

En materia de asistencia médica, el funcionario de Axel Kicillof adelantó que habrá hospitales intermedios y un shock room para emergencias. Respecto al tránsito, se han dispuesto estacionamientos en las rutas 7, 5, 47 y 192, así como en localidades como Jáuregui, Cortínez, Colonia Cabré y Open Door. “Allí van a poder estacionar los colectivos, los micros y peregrinar entre tres, cuatro, cinco kilómetros, pequeñas caminatas para llegar caminando a Luján”, explicó.

El ministro recomendó el uso del tren como alternativa principal, señalando que se reforzarán las frecuencias hasta Mercedes y el servicio de la línea San Martín hasta Open Door. “La mejor forma de llegar a Luján es en tren”, sostuvo, aclarando que desde Open Door hasta la Basílica hay una caminata de media hora.

En paralelo, el Gobierno nacional coordina las actividades oficiales. Este lunes 2 de noviembre, una delegación del Vaticano se reunirá en el Palacio San Martín con el secretario de Culto, Agustín Caulo, y el subsecretario de Despliegue Territorial del Ministerio de Seguridad, Héctor Cajida, para ajustar los detalles logísticos. 

La agenda del Papa comenzará el domingo 8 de noviembre con su llegada desde Montevideo y el encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, para luego continuar con actividades en Claypole, Buenos Aires, Córdoba y, finalmente, el cierre en Luján el miércoles 11 de noviembre.

El Concejo Deliberante de Zárate aprobó recientemente una ordenanza que establecía la obligatoriedad para los gauchos de utilizar un chaleco reflectante al desplazarse por caminos rurales durante la noche. La medida, impulsada por el bloque del peronismo y otros espacios de la oposición, también contemplaba que los aperos de los caballos debieran contar con elementos reflectantes.

La disposición, que regía entre la puesta y la salida del sol, generó un inmediato rechazo por parte de las entidades tradicionalistas del distrito. Los referentes del sector argumentaron que la vestimenta impuesta no guarda relación con la indumentaria típica del gaucho ni con las costumbres de los trabajadores rurales que utilizan caballos para sus labores diarias.

Asimismo, los tradicionalistas sostuvieron que no existen registros de accidentes en caminos rurales que justifiquen la implementación de esta norma, a pesar de que muchos jinetes circulan en horarios nocturnos por la realización de faenas o para llegar a tiempo a festivales tradicionales.

Ante la fuerte controversia generada, el intendente Marcelo Matzkin mantuvo un encuentro con representantes de las entidades tradicionalistas. Tras la reunión, el jefe comunal se comprometió a vetar la ordenanza, con el objetivo de que la iniciativa sea revisada y posteriormente impulsada con modificaciones por parte de los ediles.

El Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires manifestó su rechazo a la reforma de la Ley de Salud Mental (N°26.657), recientemente aprobada por el Senado nacional, la cual modifica los criterios de atención, internación y seguimiento de personas con padecimientos mentales y adicciones. El pronunciamiento tuvo lugar durante una jornada realizada en Necochea bajo la consigna Rumbo al Congreso Provincial ColPsiBA 2027.

El titular de la entidad, Pablo Della Savia, convocó a defender una concepción integral de la salud mental, vinculada de manera inseparable con los derechos humanos y las condiciones de vida de la población. “No hay salud mental sin derechos, salud mental es también llegar a fin de mes, salud mental son condiciones sociales que permitan la creación y la continuidad de un proyecto de vida digno”, recalcó el representante durante el encuentro.

En su intervención, Della Savia advirtió sobre el crecimiento de la demanda de atención y la complejidad de los padecimientos en el actual contexto. “La profundidad de la crisis de salud mental no habilita que cualquiera pueda hacer cualquier cosa”, señaló al defender las incumbencias profesionales. Asimismo, cuestionó las respuestas que responsabilizan exclusivamente a las personas por sus padecimientos, argumentando que esto puede profundizar la culpa cuando existen condicionantes económicos y sociales.

“El trabajo de las y los psicólogos no puede desentenderse de los problemas económicos, laborales y sociales que atraviesan la vida cotidiana, sin esas condiciones no se puede pensar en psicologizar el padecimiento producto de las mismas situaciones”, agregó el titular del Colegio de Psicólogos bonaerenses.

La normativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei permite que los profesionales médicos puedan disponer de una internación involuntaria ante situaciones de riesgo grave. El proyecto habilita que un solo médico, preferentemente psiquiatra, pueda indicar dicha medida, además de ampliar el alcance de las adicciones tratables dentro del sistema, incluyendo la ludopatía.

En el marco del Mes de la Salud Mental, el presidente del Colegio de Psicólogos bonaerenses puso el foco en el crecimiento de los suicidios en el país. Según datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), durante 2025 se contabilizaron 5.209 muertes por esta causa, lo que representa un 22,6% más que el año anterior. “El suicidio no es predecible, pero sí prevenible. La prevención empieza con medidas comunitarias dirigidas a toda la comunidad, tenga o no riesgo suicida”, sostuvo el especialista.

El informe destaca que la tasa de suicidios alcanzó los 11,8 casos cada 100.000 habitantes en 2025, superando el promedio mundial de 9,1 informado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ante este panorama, Della Savia concluyó: “Necesitamos políticas públicas concretas, inversión en salud mental, profesionales capacitados y trabajo comunitario y territorial. El suicidio es un problema de salud pública que debe abordarse tanto desde la prevención como desde la posvención, con dispositivos adecuados y la inversión presupuestaria necesaria”.

La prioridad de paso por la derecha dejó de ser la regla general en determinadas situaciones en la provincia de Buenos Aires. Con la promulgación de la Ley 15.657, que modifica el Código de Tránsito, se incorporaron de manera expresa distintas excepciones, entre ellas la preferencia de los vehículos que circulan por avenidas frente a quienes llegan desde una calle lateral.

La reforma busca resolver una controversia que durante años generó interpretaciones diferentes en los tribunales y que tuvo consecuencias en numerosos litigios por siniestros viales.

En una entrevista con el ciclo Tandil Despierta (EcoTV y 104.1 Tandil FM), los abogados Martín Pedro y Martín Zubeldía habían explicado los antecedentes de la modificación y los principales aspectos que deberán considerar los conductores.

Según detallaron, el cambio apunta a definir con mayor claridad qué ocurre cuando se encuentran una avenida y una calle. “Hoy, esta nueva ley, lo que hace es establecer específicamente que la avenida tiene prioridad de paso por sobre quien circula por la derecha”, explicó uno de los profesionales.

Hasta ahora, la interpretación de la normativa había dado lugar a posiciones contrapuestas. La antigua Ley 11.430 establecía expresamente que las avenidas tenían prioridad frente a los vehículos que se aproximaban por la derecha.

Sin embargo, cuando la Provincia adhirió a la Ley Nacional de Tránsito 24.449, mediante la Ley 13.927, esa referencia dejó de aparecer de manera explícita, explicó Martín Zubeldía.

La falta de precisión sobre qué debía entenderse por una vía de mayor jerarquía abrió un debate que terminó trasladándose a la Justicia.

Los abogados señalaron que distintos fallos de la Suprema Corte bonaerense habían sostenido la prioridad de quien circulaba por la derecha, incluso cuando el otro vehículo transitaba por una avenida.

Para los entrevistados, esa interpretación podía generar situaciones de riesgo, ya que quien circulaba por una avenida debía detener completamente su marcha ante un vehículo que llegaba desde una calle lateral.

“La vía de mayor jerarquía, como es una avenida, permite hoy desarrollar una mayor velocidad, con una máxima de 60 kilómetros por hora contra una calle que tiene una velocidad máxima de 40. Este criterio jurisprudencial hacía que vos tengas que de 60 detener la marcha a cero, siendo un factor de riesgo”, agregó.

La nueva ley no elimina por completo la prioridad de paso por la derecha, sino que establece una serie de situaciones en las que debe cederse el paso.

Además de la preferencia de las avenidas y otras vías de mayor jerarquía -como autopistas, semiautopistas, rutas y carreteras-, contempla los siguientes casos: cuando existe señalización específica que establece otra prioridad; frente a vehículos ferroviarios; cuando circulan vehículos de emergencia en cumplimiento de sus funciones y con las señales de advertencia correspondientes; al ingresar a una rotonda, donde tienen prioridad quienes ya circulan dentro de ella; cuando se debe ceder el paso a peatones que cruzan o están por cruzar por una senda peatonal o un cruce habilitado.

También cuando un vehículo circula por una calle de tierra y debe ingresar a una vía pavimentada; cuando un conductor detiene completamente la marcha antes de ingresar a una encrucijada y otro vehículo llega en movimiento; cuando se realiza un giro hacia una vía transversal, respecto de los vehículos que circulan por ella; y cuando hay filas de vehículos con circulación lenta en ambas calles, situación en la que se establece un orden alternado de paso, de un vehículo por vez.

La normativa también incorpora disposiciones para zonas rurales: los peatones, ciclistas y jinetes deben ceder el paso a los demás vehículos, salvo que atraviesen sectores específicamente señalizados que les otorguen prioridad.

En las cuestas estrechas, en tanto, debe retroceder el vehículo que desciende, excepto cuando lleva acoplado o remolque.

En ausencia de esas excepciones, se mantiene la regla tradicional: tiene prioridad el vehículo que se aproxima por la derecha.

Las dudas que persisten

Aunque los abogados consideraron que la modificación representa un avance para resolver el conflicto interpretativo en torno a las avenidas, advirtieron que todavía hay aspectos que podrían generar discusiones.

En particular, señalaron que la ley no define de manera completamente objetiva qué debe considerarse una vía de mayor jerarquía.

“Todavía no se define objetivamente qué es una vía de mayor jerarquía”, plantearon durante la entrevista.

Como ejemplo, mencionaron situaciones en las que una calle de doble mano se cruza con otra arteria o sectores donde conviven calles pavimentadas, caminos de tierra y boulevares.

En ese sentido, consideraron que la legislación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ofrece una definición más precisa al establecer criterios específicos para identificar las arterias de mayor jerarquía. La reforma bonaerense, sostuvieron, “todavía falta depurar algunas de esas cuestiones, más allá del hallazgo que es este norma porque zanja toda esta interpretación que tuvieron que determinar los tribunales”.

También remarcaron la importancia de la señalización vial, tanto vertical como horizontal, para que los conductores puedan identificar con claridad quién tiene prioridad en cada intersección.

El Gobierno de la Provincia oficializó este viernes 30 de octubre una modificación en el régimen de licencias por duelo familiar para los estatales bonaerenses. La medida, que contempla hasta 45 días corridos con goce íntegro de haberes, está destinada a aquellos trabajadores que tengan hijos menores de edad o con discapacidad y deban afrontar el fallecimiento del otro responsable parental.

La normativa quedó establecida mediante la Ley 15.671, publicada en el Boletín Oficial, la cual modifica el artículo 1° de la Ley 13.459 que regula las licencias por duelo familiar para los trabajadores de los tres poderes del Estado. La reforma surgió a partir de una iniciativa de la diputada de Fuerza Patria, Lucía Iañez, la cual fue convertida en ley por el Senado bonaerense el pasado 6 de octubre.

La nueva disposición alcanza a los empleados dependientes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que tengan hijos menores de 18 años o con discapacidad, sin límite de edad en este último supuesto, y que deban asumir las responsabilidades de cuidado ante el fallecimiento de quien compartía la crianza. Los trabajadores deberán presentar la solicitud dentro de los diez días posteriores al deceso.

Uno de los cambios centrales es la incorporación del concepto de “corresponsable parental”, reemplazando las referencias al personal masculino y al fallecimiento de la madre que figuraban en la redacción anterior. Sobre este cambio, la legisladora Lucía Iañez fundamentó la necesidad de actualizar la normativa: “El convenio revisa el esquema de licencias, adoptando un enfoque de equidad de género y de no discriminación, a fin de reconocer y otorgar derechos para los distintos tipos de familias que existen”.

Durante el tratamiento parlamentario, la comisión de Legislación General de Diputados, presidida por Rubén Eslaiman, amplió los alcances del proyecto original e incorporó al artículo 1° el reconocimiento del beneficio para los trabajadores con hijos menores de 18 años o con discapacidad, sin límite de edad. Esta modificación amplió los supuestos previstos en el proyecto original de Iañez, que ponía el foco en el fallecimiento de la madre durante el parto o con posterioridad.

Asimismo, la Ley 15.671 dispone la derogación de los artículos 2° y 3° de la normativa original, con lo cual modifica parte de las disposiciones que regían hasta el momento para esta licencia especial. 

Es importante aclarar que este beneficio no comprende cualquier fallecimiento familiar, sino exclusivamente aquellos casos en los que el trabajador pierda al corresponsable parental y reúna las condiciones establecidas por la legislación. Al mismo tiempo, la nueva medida no implica una extensión automática al personal municipal ni a los empleados del sector privado, que cuentan con regímenes laborales diferentes.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires introdujo modificaciones significativas en el Marco Regulatorio Eléctrico con el objetivo principal de fomentar la generación de energía limpia. A partir de esta nueva medida, las cooperativas y las sociedades de economía mixta que cuentan con concesiones municipales están habilitadas para generar electricidad mediante fuentes renovables con el fin de abastecer a sus propios asociados y usuarios.

La reforma incorpora formalmente la figura del “autogenerador comunitario” a la Ley 11.769. Según lo establecido, estas entidades podrán producir electricidad siempre que destinen la energía, de manera total o parcial, a cubrir la demanda dentro de su área de concesión. Asimismo, la nueva normativa permite que dos o más concesionarios municipales se asocien para desarrollar proyectos de autogeneración comunitaria de manera conjunta.

En los casos donde el objetivo sea la comercialización de los excedentes de energía, las entidades deberán organizarse como sociedades anónimas, conforme a la normativa nacional vigente.

La modificación también precisa que la generación de energía renovable realizada por estos concesionarios será considerada como parte del servicio público de distribución, quedando bajo las disposiciones de la legislación provincial y sus reglamentaciones. La normativa define a los autogeneradores comunitarios como concesionarios municipales que producen electricidad exclusivamente a partir de fuentes renovables, previa autorización de la autoridad de aplicación. 

Además, la reforma amplía los alcances de la Ley 14.838, que promueve la generación de energía renovable en territorio bonaerense. A partir de ahora, las cooperativas y sociedades de economía mixta que sean titulares de centrales de generación destinadas a atender la demanda de sus asociados podrán acceder a los beneficios previstos en dicha ley.

Finalmente, el Poder Ejecutivo dispuso que se promoverán líneas de crédito especiales a través del Banco Provincia. Estos préstamos contarán con financiación a largo plazo y bajas tasas de interés, destinados específicamente a los autogeneradores comunitarios para la adquisición de componentes y equipos de origen nacional necesarios para las centrales de generación de energía renovable.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires promulgó la Ley 15.657, que introduce cambios significativos en el Código de Tránsito provincial. A partir de su publicación este viernes 30 de octubre en el Boletín Oficial, se establece que los vehículos que transitan por autopistas, semi-autopistas, rutas, carreteras y avenidas cuentan con prioridad de paso sobre aquellos que se incorporan desde calles de menor jerarquía.

La iniciativa, impulsada por la diputada Silvina Vaccarezza (UCR-Cambio Federal), fue sancionada en el Senado bonaerense el pasado 6 de octubre. La norma incorpora el artículo 28 quater a la Ley 13.927, con el objetivo de ordenar las reglas de prioridad en bocacalles y cruces. 

Si bien la regla general de ceder el paso a quien llega por la derecha se mantiene, la nueva legislación enumera diez excepciones clave.

Entre las disposiciones principales, se destaca que, antes de ingresar o cruzar una vía de mayor jerarquía, el conductor siempre deberá detenerse. Asimismo, la prioridad se pierde ante señalización específica, frente a trenes o ante vehículos de emergencia que circulen con sus señales de advertencia. 

También se debe ceder el paso a peatones en sendas peatonales, a vehículos dentro de rotondas y, en el caso de calles de tierra, a quienes transitan por vías pavimentadas.

Según explicó la autora de la ley, la iniciativa busca solucionar un vacío legal existente desde el año 2009. Este escenario provocaba fallos contradictorios en la Justicia, ya que la norma anterior permitía mayores velocidades en vías principales, pero no especificaba la pérdida de prioridad para quienes circulaban por calles menores.

“Esta ley busca brindar mayor claridad a los conductores. Tener reglas claras también es una forma de contribuir a una convivencia vial más segura”, señaló Vaccarezza. En esa misma línea, aseguró que el objetivo es “otorgar claridad y seguridad jurídica ante un vacío legal existente”.

En declaraciones a Radio Provincia, la diputada enfatizó que, con la nueva normativa, el conductor que circula por calles secundarias debe detenerse, dado que en rutas, autopistas y avenidas se circula a velocidades más elevadas. Con esta modificación, la Provincia se adecúa a los lineamientos que ya rigen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El texto legal también establece que pierde la prioridad quien detiene por completo la marcha antes de entrar al cruce si otro vehículo llega en movimiento, y que quien gira hacia una calle transversal debe dejar pasar a los que circulan por ella. En bocacalles con filas lentas en ambas vías, se aplicará un sistema de paso alternado de a un vehículo por vez. 

Finalmente, en zonas rurales, peatones, ciclistas y jinetes deberán ceder el paso, salvo en sectores debidamente señalizados, mientras que en cuestas estrechas deberá retroceder quien desciende, a menos que transporte un acoplado o remolque.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires avanzó en la implementación del Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas, una iniciativa conocida como el RIGI bonaerense, mediante la firma de un convenio con la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra). El objetivo central es promover la identificación, vinculación y desarrollo de proveedores locales en el territorio.

El acuerdo fue aprobado por una resolución de la Subsecretaría de Industria y PyMEs del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. Esta medida apunta a fortalecer el Registro de Desarrollo de Proveedores Bonaerenses, el cual fue creado en el marco de la Ley 15.510.

El convenio establece mecanismos de cooperación y articulación institucional entre la Provincia y Adimra. La entidad metalúrgica, que agrupa a 60 cámaras y alcanza a más de 20.000 empresas en todo el país, aportará su capacidad técnica para colaborar en la difusión de potenciales proveedores y en acciones de vinculación del entramado industrial.

El Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas fue reglamentado mediante el Decreto 2731/2025. Al momento de su presentación, el gobernador bonaerense Axel Kicillof indicó que el objetivo era “generar producción y trabajo” vinculados a la industrialización, para inversiones desde los 50 millones de dólares.

Los proyectos beneficiarios serán segmentados en tres grupos según el monto de la inversión:

- Inversiones de hasta 50 millones de dólares: beneficios por 5 años y 30% de exención impositiva.

- Inversiones de entre 50 millones y 200 millones de dólares: beneficios por 4 años y 25% de exención impositiva.

- Inversiones mayores a 200 millones de dólares: beneficios por 3 años y 20% de exención impositiva.

Asimismo, se prevén beneficios adicionales para proyectos que incrementen el empleo, permitan la sustitución de importaciones, potencien la innovación tecnológica o se localicen en zonas de bajos ingresos o parques industriales. En estos casos, se otorgará un 10% extra y 2 años más de plazo. Por otro lado, los proyectos que aumenten las exportaciones, adopten políticas de género o sostenibilidad ambiental podrán acceder a un 5% adicional de exención y 1 año más de plazo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) amplió este miércoles la alerta amarilla por tormentas, que alcanza a gran parte de la provincia de Buenos Aires e incluye a Tandil. Las condiciones de inestabilidad se concentrarán durante la tarde y la noche.

Para la ciudad, el aviso comprende lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo. Se prevén precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros.

El nivel amarillo advierte sobre fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Ante ese escenario, se recomienda evitar las salidas innecesarias, retirar o asegurar macetas y otros objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantener limpios los desagües y permanecer lejos de puertas y ventanas durante las tormentas. También se aconseja desconectar los electrodomésticos y buscar refugio en un lugar cerrado si la actividad sorprende al aire libre.

Cómo seguirá el tiempo

El panorama para los próximos días estará marcado por períodos de inestabilidad, alternados con mejoras temporarias y una recuperación progresiva de las temperaturas.

De acuerdo con el pronóstico incluido en el informe meteorológico, el jueves un anticiclón ubicado sobre el océano Atlántico favorecerá el ingreso de aire húmedo hacia la provincia. Esa circulación podría generar nubosidad baja y chaparrones aislados en el centro y el este bonaerense.

Para el viernes se anticipa un nuevo incremento de la inestabilidad, con posibilidad de tormentas en esas mismas regiones y sobre la costa. El sábado podría ofrecer una tregua, mientras que el domingo volverían a presentarse condiciones favorables para precipitaciones en el este provincial.

La evolución de estos fenómenos puede modificar el alcance y la vigencia de las advertencias, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones del SMN.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires ha convocado a una nueva licitación pública con el objetivo de adquirir medicamentos oncológicos, luego de que dos procedimientos previos quedaran desiertos por la falta de ofertas. Esta contratación, que cuenta con un presupuesto estimado de 2.925.749.915,38 pesos, busca garantizar la provisión de insumos considerados “indispensables” para los pacientes del sistema sanitario provincial.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 7946 del Ministerio de Salud, publicada este miércoles en el Boletín Oficial bonaerense. La solicitud de compra fue gestionada por el Instituto de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer, en conjunto con la Dirección de Políticas de Medicamentos.

De acuerdo con los fundamentos del expediente, los fármacos requeridos son “indispensables e insustituibles” para dar continuidad a los esquemas terapéuticos de los aproximadamente 19.000 pacientes que actualmente se encuentran bajo tratamiento en el instituto provincial por diversas patologías tumorales. Asimismo, el documento advierte que se proyecta un incremento en el padrón de personas atendidas durante los próximos meses.

La nueva convocatoria surge tras el fracaso de dos intentos previos. En primera instancia, se autorizó una licitación pública por el mismo monto que no recibió propuestas. Posteriormente, se declaró desierta una contratación directa. Ante este escenario, las autoridades decidieron realizar un nuevo llamado con modificaciones en las condiciones particulares para favorecer la concurrencia de oferentes.

El expediente detalla que las empresas Productos Roche S.A.Q. e I. y Novartis Argentina S.A., titulares de los registros de las especialidades medicinales, informaron que no se presentarían como oferentes directos. Al respecto, indicaron que la comercialización y provisión de los productos podía realizarse a través de distribuidoras y droguerías.

El proceso, identificado como Proceso de Compra N° 633-0864-LPU26, permite aumentar hasta un 100% o disminuir hasta un 20% el monto total adjudicado. La apertura de ofertas se llevará a cabo el 18 de noviembre de 2026 a las 10, a través del portal Provincia de Buenos Aires Compras (PBAC).

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires avanza con el Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático, ante un escenario de alerta por la alta acumulación hídrica y la creciente exposición a fenómenos climáticos extremos como El Niño. 

Desde 2025, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense trabaja en este plan integral para anticipar riesgos, reducir daños y fortalecer la resiliencia del territorio.

La estrategia combina el monitoreo permanente, la coordinación institucional, la ejecución de obras de infraestructura y acciones preventivas. El plan se organiza en tres ejes: medidas estructurales, acciones de anticipación y monitoreo hidrometeorológico. En este marco, se encuentran en marcha 139 obras y proyectos con una inversión estimada de 1,7 billones de pesos.

Las intervenciones incluyen la limpieza y ampliación de cauces de arroyos y ríos, microdrenaje y macrodrenaje urbano, y defensas costeras. Entre las obras destacadas se encuentran el mejoramiento del tramo medio del río Luján, la adecuación del cauce del río Areco y la refuncionalización del Canal Maldonado en Bahía Blanca. A su vez, se finalizaron la defensa del muro costanero Sur de Miramar y los desagües pluviales en la cuenca del Parque Industrial Paso del Rey, en Moreno.

La Dirección Provincial de Hidráulica implementó un sistema de contratación de horas máquina para realizar tareas de mantenimiento en diversos municipios, incluyendo 9 de Julio, Carlos Casares, Bragado, Salto, Saladillo, General Alvear, Necochea, Bahía Blanca, Guaminí, General La Madrid, Tornquist, Rivadavia, Dolores, Maipú, Pila, General Guido, General San Martín, Ituzaingó, Presidente Perón, San Vicente, Almirante Brown y Berisso.

Días atrás se presentó el Visor Meteorológico, una herramienta desarrollada a través del Sistema Inteligente de Monitoreo para la Prevención y Análisis del Riesgo Hidrometeorológico (SIMPARH) de la Autoridad del Agua (ADA). La plataforma permite monitorear en vivo información sobre precipitaciones y niveles de agua en toda la provincia.

El ministro Gabriel Katopodis encabezó la presentación de esta tecnología en la ciudad de Bragado. Actualmente, la provincia opera 43 estaciones de bombeo y busca ampliar su red de estaciones meteorológicas propias a 250 unidades para el año 2030.

Finalmente, desde la administración provincial advirtieron sobre la falta de avales por parte del Gobierno Nacional para acceder a financiamiento externo destinado a proyectos estratégicos. Según informaron, de los fondos recaudados mediante el Impuesto a los Combustibles entre 2024 y el primer semestre de 2026, la Nación solo ejecutó el 36,7 por ciento de los recursos destinados a infraestructura hídrica.