El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires inhabilitó de manera preventiva la licencia de conducir de un motociclista que realizaba maniobras temerarias en calles y rutas transitadas. La medida fue adoptada tras el análisis de material audiovisual publicado por el propio conductor en sus redes sociales, donde exhibía sus acciones como una forma de entretenimiento.

La investigación, llevada adelante por la Subsecretaría de Seguridad y Política Vial, permitió identificar diversas conductas de extrema peligrosidad. Entre ellas, se destaca la circulación sobre una sola rueda, el zigzagueo entre vehículos y maniobras en las que el conductor se paraba sobre la motocicleta mientras esta se encontraba en movimiento.

A partir de estas actuaciones, el organismo resolvió disponer la suspensión preventiva de la licencia hasta el año 2099. Esta sanción implica que, de mantenerse vigente, el conductor no podrá volver a utilizar legalmente su permiso para circular durante más de 70 años.

Desde el Gobierno bonaerense enfatizaron que la vía pública no es un espacio destinado a realizar desafíos o acrobacias, advirtiendo sobre el riesgo que este tipo de conductas representa para la seguridad vial. Al respecto, desde el Ministerio de Transporte señalaron:

Conducir implica hacerse responsable de cada decisión y de quienes comparten la vía pública.

La cartera provincial aseguró que continuará interviniendo ante situaciones en las que los conductores realicen maniobras que puedan poner en peligro la integridad de terceros, reafirmando su compromiso con la seguridad en las rutas y calles.

El platense Pablo Nicoletti fue electo como presidente de la Convención del radicalismo bonaerense, el órgano encargado de definir la estrategia electoral de la fuerza. Con este nombramiento, se completó la normalización institucional del partido tras una jornada de debate en La Plata que reunió a cerca de 2.000 dirigentes de las ocho secciones electorales.

El acto, desarrollado en el club Atenas, contó con la presencia del nuevo presidente del Comité Provincia, Emiliano Balbín, el senador Maximiliano Abad y el presidente del Comité Nación, Leonel Chiarella. Durante el encuentro, los referentes hicieron hincapié en la necesidad de fortalecer la identidad del partido con miras a las elecciones de 2027. 

“La unidad no es el objetivo, es la herramienta. Que se nos escuche discutiendo qué hacer con la provincia y no quién ocupa qué lugar, porque hay muchas familias que la están pasando mal”, señalaron.

Al respecto, Emiliano Balbín sostuvo que la prioridad debe ser fortalecer al radicalismo y recuperar la cercanía con los problemas de los bonaerenses. En la misma línea, el dirigente remarcó: “Queremos el poder para gobernar. Queremos gobernar para transformar. Y queremos transformar para que esta Provincia sea la provincia donde todos quieran vivir”.

Sin embargo, la jornada no estuvo exenta de tensiones. Un sector minoritario, nucleado en el espacio denominado Construir y referenciado en el exintendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, anunció que no reconocerá la conducción de la Convención. La ruptura se produjo debido a desacuerdos en el reparto de cargos dentro de la Junta Electoral, lo que motivó la salida de dirigentes como el presidente del Foro de Intendentes, Maximiliano Suescún.

Pese a la fractura, el sector disidente mantiene su participación en el Comité Provincia, donde conservan la vicepresidencia primera y otros seis lugares en la conducción. Por su parte, el diputado Diego Garciarena minimizó la salida y convocó a los dirigentes a retomar el diálogo para definir la estrategia electoral del radicalismo hacia el 2027.

En una ceremonia llevada a cabo el pasado viernes 7 de agosto en la sede central de la institución, se realizó el acto de asunción de las nuevas autoridades del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires para el período 2026-2028. Durante el evento, Guillermo Aníbal Longhi prestó juramento para continuar desempeñándose como presidente de la entidad.

El estrado contó con la presencia de destacadas figuras, entre ellas el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena; el procurador general de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia bonaerense, Julio Marcelo Conte-Grand; y el asesor general de Gobierno bonaerense, Santiago Pérez Teruel. Asimismo, participaron diversas autoridades del orden nacional y provincial.

En representación del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Maiques, asistió el subsecretario de Asuntos Registrales, Gonzalo Miguel Estévez. También estuvieron presentes el senador bonaerense de La Libertad Avanza, Matías De Urraza, y el diputado bonaerense de Fuerza Patria, Ricardo Lissalde. La jornada reunió a representantes de organismos como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Unidad de Información Financiera, la Dirección Nacional de Migraciones, el Honorable Senado bonaerense, la Escribanía General de Gobierno, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, el Registro de la Propiedad bonaerense y el Consejo Federal del Notariado Argentino.

Durante el acto, se hicieron llegar salutaciones y adhesiones por parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Sergio Gabriel Torres; el intendente de La Plata, Julio César Alak; el presidente del bloque de senadores bonaerenses del PRO, Pablo Petrecca; el gerente de Movilización de Recursos de UNICEF Argentina, Martín Giménez Rébora; y el expresidente del Colegio, Néstor Pérez Lozano.

Al finalizar la ceremonia, Guillermo Longhi brindó un discurso donde destacó el compromiso, la responsabilidad, el esfuerzo compartido, el diálogo y el trabajo en equipo como pilares fundamentales de su gestión.

“Conducir el Colegio constituye un servicio y una responsabilidad institucional, no sólo con el notariado sino con la sociedad toda”, manifestó.

El presidente reelecto remarcó la necesidad de fortalecer la labor institucional, mejorar los servicios y garantizar una administración transparente del patrimonio, con el objetivo de consolidar al organismo como una entidad moderna e innovadora. “La institución está por encima de los dirigentes”, afirmó.

Finalmente, Guillermo Longhi concluyó su intervención subrayando “la importancia de sostener una gestión basada en la honestidad, el trabajo comprometido, el respeto, la construcción de consensos y el trabajo en equipo”.

La situación de la seguridad pública en diversos municipios del interior de la provincia de Buenos Aires ha generado un fuerte reclamo en la Legislatura bonaerense. El diputado de la UCR–Unión Cívica Radical, Valentín Miranda, presentó un proyecto en la última semana manifestando su profunda preocupación por las deficiencias que atraviesan las fuerzas policiales en materia de recursos humanos, equipamiento, insumos y financiamiento.

El eje central del reclamo se enfoca en la práctica de derivar a efectivos formados en municipios del interior hacia el Conurbano bonaerense por un periodo de tres años. Según el legislador, en la mayoría de los casos, estos agentes no regresan a sus ciudades de origen una vez cumplido el plazo, lo que genera un perjuicio directo para las localidades más pequeñas.

“Sin lugar a dudas, esta práctica genera un gran malestar y preocupación en los intendentes del interior. Entre quienes se jubilan y quienes poseen licencia médica, año a año se pierden efectivos que luego no se recuperan, generando un perjuicio directo a pequeñas y medianas localidades del interior”, manifestó Miranda.

Esta problemática ha sido planteada ante la Gobernación por jefes comunales de distintos espacios políticos. Entre ellos, los intendentes de Bolívar, Eduardo Bucca, y de General Alvear, Ramón Capra, iniciaron gestiones para repatriar a policías oriundos de sus distritos. En la misma línea, el intendente radical de Magdalena, Lisandro Hourcade, cuestionó el costo que asumen los municipios en la formación y logística de los efectivos.

“Los jefes comunales del interior destinan recursos en transporte y la logística para la formación de los policías y después terminan trabajando en La Costa o el Conurbano y nunca regresan al pueblo”, declaró el legislador.

El proyecto de Valentín Miranda también advierte que esta situación se agrava por la escasez de recursos derivada de la caída en la recaudación y en las transferencias provinciales, obligando a muchos distritos a destinar fondos propios o crear tasas de seguridad para cubrir gastos operativos. Ante este escenario, el diputado exhortó al Ministerio de Seguridad de la Provincia a implementar un plan integral de manera urgente: “Es necesario garantizar una distribución adecuada y equitativa de recursos humanos, materiales y financieros que permita mejorar las condiciones de seguridad de los vecinos de cada distrito”.

La discusión sobre el modelo de seguridad ha vuelto a instalarse en la agenda política, con varios intendentes impulsando una mayor autonomía y la posibilidad de que las policías locales vuelvan a depender de las administraciones municipales. Este debate, que forma parte de la reforma de la Ley de Seguridad impulsada por el oficialismo, ha ganado terreno tanto en las comisiones parlamentarias como en la interna del gobierno provincial.

El kicillofismo dio este viernes el primer paso en la Legislatura bonaerense para intentar eliminar el límite a las reelecciones de los intendentes. La comisión de Legislación General del Senado, presidida por el senador Germán Lago, fue convocada para el próximo martes con el objetivo de comenzar a analizar un proyecto que restablece la posibilidad de que los jefes comunales puedan ser reelegidos de manera indefinida.

La iniciativa que comenzará a debatirse fue presentada por la senadora Ayelén Durán, integrante del espacio Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el armado político que respalda al gobernador Axel Kicillof. Se trata del único proyecto con estado parlamentario que propone eliminar la restricción vigente para los intendentes.

Días atrás, el propio Kicillof había manifestado públicamente su apoyo a la eliminación del límite de mandatos consecutivos, una postura que también fue respaldada por la vicegobernadora Verónica Magario. El impulso al tratamiento legislativo representa la primera traducción concreta de esa posición política.

La estrategia del oficialismo es asumir como propio el proyecto de Durán y avanzar con su discusión, aunque todavía no existe certeza de que reúna los votos necesarios para ser aprobado en la Cámara alta. Más allá del resultado legislativo, el objetivo político es enviar una señal de respaldo a los intendentes alineados con el gobernador, quienes desde hace tiempo reclaman avanzar con una modificación que también despierta interés entre dirigentes de la oposición.

El debate, sin embargo, también expone diferencias dentro del propio peronismo. La senadora Malena Galmarini, referente del massismo, presentó notas ante la Secretaría Legislativa y la comisión para solicitar que el expediente sea girado a la comisión de Reforma Política, que ella preside, al considerar que es el ámbito correspondiente para discutir este tipo de iniciativas.

Desde el entorno de Lago sostienen que el reglamento no obliga a realizar ese cambio, por lo que la convocatoria para el martes continúa vigente.

Detrás de la discusión reglamentaria aparece una disputa política más profunda. Mientras el kicillofismo impulsa la eliminación del límite a las reelecciones, el massismo mantiene una postura contraria. En tanto, La Cámpora no rechaza de plano la iniciativa, aunque condiciona su apoyo a una negociación política con el gobernador.

En la oposición tampoco existe una posición unificada. Dentro de la UCR conviven posturas diversas, mientras que La Libertad Avanza no descarta negociar el tema si se incorpora al debate la implementación de la boleta única de papel para las elecciones bonaerenses, aunque públicamente sus dirigentes niegan esa posibilidad.

La legislación actual impide que los intendentes elegidos en 2019 y reelectos en 2023 puedan volver a presentarse como candidatos en las elecciones de 2027. En esa situación se encuentran 80 jefes comunales de distintos espacios políticos.

Del total, 51 pertenecen a Unión por la Patria, 16 a la UCR, 7 al PRO, 5 a fuerzas vecinales y uno a La Libertad Avanza, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien dejó el PRO para alinearse con el presidente Javier Milei.

La norma que limitó las reelecciones también alcanzó a los legisladores provinciales. Sin embargo, el proyecto impulsado por Ayelén Durán únicamente modifica la situación de los intendentes y no contempla cambios para diputados y senadores bonaerenses. Sobre ese punto existe otra iniciativa, presentada oportunamente por Teresa García, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados provincial.

Un reciente relevamiento realizado por el Observatorio de Tierras del Conicet arrojó datos precisos sobre la propiedad rural en territorio bonaerense. Según el informe, existen 289.802 hectáreas en manos de propietarios extranjeros distribuidas en 28 partidos. Considerando que estos distritos suman en conjunto 3.530.118 hectáreas, la superficie extranjerizada representa el 8,21% del total.

El fenómeno presenta marcadas diferencias entre los municipios. Mientras algunos distritos registran niveles cercanos al límite del 15% fijado por la Ley de Tierras Rurales, otros muestran porcentajes considerablemente menores. El caso más llamativo es Campana, donde 11.935 hectáreas de un total de 23.743 pertenecen a propietarios extranjeros, lo que equivale al 50% de toda su superficie. Detrás aparece Zárate, con 25% de extranjerización y 12.003 hectáreas en manos foráneas.

En un segundo escalón se ubican Juárez, con 13% (67.951 hectáreas); Exaltación de la Cruz, Almirante Brown y Presidente Perón, con 12%; y Ezeiza, con 11%. Con un 10% aparecen Leandro N. Alem, Moreno, Florencio Varela, Esteban Echeverría y La Plata, mientras que Ramallo, Marcos Paz y Monte registran un 8%.

En el otro extremo del ranking figuran los partidos con menor incidencia de tierras extranjerizadas, todos con alrededor del 6% de su superficie: Guaminí, General Villegas, General Alvarado, Villa Gesell, General Lavalle, Arrecifes, San Vicente y Avellaneda. También se ubican cerca de ese nivel Balcarce, General Pueyrredón, General Rodríguez y Merlo, con porcentajes del 7%.

Si se observa la cantidad de hectáreas y no el porcentaje, el ranking cambia considerablemente. El partido con mayor superficie en manos extranjeras es Juárez, con 67.951 hectáreas, seguido por General Villegas (38.658 hectáreas), Balcarce (26.841), Guaminí (24.947) y Leandro N. Alem (16.113). En tanto, La Plata registra 6.375 hectáreas extranjerizadas, mientras que en municipios densamente urbanizados como Avellaneda, Merlo o Moreno las cantidades son mucho menores debido a su reducida extensión territorial.

El Observatorio de Tierras fue creado por investigadores y docentes vinculados al Programa Interdisciplinario de Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y al Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias. La iniciativa surgió en el marco del debate reabierto por el Gobierno nacional sobre una eventual modificación de la Ley de Tierras Rurales (26.737) y de la Ley Nacional de Glaciares (26.639).

Según los investigadores, la información recopilada en los últimos años muestra un escenario “preocupante”. A nivel nacional, alrededor del 5% del territorio argentino, unos 13 millones de hectáreas, está en manos extranjeras. Sin embargo, advierten que “el dato nacional oculta situaciones mucho más críticas cuando se analizan provincias y departamentos específicos, especialmente aquellos donde existen recursos estratégicos como agua dulce, minerales o corredores logísticos”.

En ese contexto, el informe señala que 36 departamentos argentinos ya superan el límite de extranjerización previsto por la Ley de Tierras, mientras que en cuatro de ellos —Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta)— la participación extranjera supera el 50%. También menciona casos como Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes) y Campana, en la provincia de Buenos Aires, todos ubicados sobre la hidrovía del río Paraná, donde la propiedad extranjera supera ampliamente el 30%.

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, a través de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, anunció que la quinta edición del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA) contará con una inversión histórica de 3.500 millones de pesos. Estos recursos, asignados a la provincia por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), reafirman el compromiso de la gestión del gobernador Axel Kicillof con la ciencia y la innovación como ejes del desarrollo productivo y social.

Desde su creación, el programa se consolidó como una herramienta clave para el entramado científico. Con más de 1.300 proyectos presentados en sus cinco convocatorias, el FITBA demuestra la capacidad de los científicos de la región para generar soluciones concretas que mejoran la calidad de vida de los bonaerenses. Actualmente, la última edición se encuentra en etapa de evaluación, con resultados previstos para las próximas semanas.

En esta oportunidad, el programa otorgará Aportes No Reembolsables (ANR) que pueden alcanzar hasta 150 millones de pesos por proyecto, cubriendo hasta el 80 por ciento del costo total de cada iniciativa. El porcentaje restante debe ser aportado por las instituciones beneficiarias o los adoptantes. Este esquema busca fomentar la colaboración entre el sector científico y el productivo, permitiendo que empresas, cooperativas, organismos públicos y municipios accedan a desarrollos tecnológicos a medida.

Una de las novedades más relevantes de esta edición es la incorporación de una línea específica destinada a fortalecer las capacidades de las instituciones públicas de ciencia y tecnología, así como de las universidades nacionales y provinciales. El objetivo es potenciar su capacidad para brindar servicios tecnológicos de alta calidad a las pymes industriales, un sector estratégico para la economía provincial.

La distribución de los fondos se organiza de la siguiente manera: la Línea A, enfocada en el Desarrollo Productivo, otorga hasta 46 millones de pesos por proyecto; las Líneas B y C, orientadas a Desafíos Provinciales y Gobiernos Locales, ofrecen hasta 23 millones de pesos; y la Línea D, de Fortalecimiento de Capacidades, alcanza los 150 millones de pesos por iniciativa.

El balance desde el inicio del programa en 2022 es significativo. La Provincia financió 284 proyectos de desarrollo tecnológico, impactando directamente en 184 mipymes y cooperativas, además de fortalecer 100 políticas públicas en 68 municipios bonaerenses. En total, el FITBA movilizó a más de 3.000 integrantes de equipos científicos y ha invertido, a valores actuales, más de 10.000 millones de pesos en el sistema científico-tecnológico.

Bajo la conducción del ministro Augusto Costa, la cartera productiva continúa impulsando estas herramientas para fomentar la sustitución de importaciones de insumos estratégicos y la adopción de tecnologías de vanguardia.

La incorporación de inteligencia artificial, el uso de nanotecnología y el diseño de maquinaria avanzada son solo algunos ejemplos de cómo el FITBA logra transformar el conocimiento académico en competitividad industrial y soluciones para la gestión pública.

El diputado provincial del bloque de la UCR – Unión Cívica Radical, Valentín Miranda, presentó en las últimas horas un pedido de informes dirigido al gobierno de Axel Kicillof ante el creciente aumento de los casos de triquinosis en el interior bonaerense.

Según advirtió el legislador, a partir de los datos del Boletín Epidemiológico que publica el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, los casos de triquinosis sufrieron un aumento exponencial al pasar de 91 sospechosos en 2025 a 331 este año.

“Estos números reflejan las noticias que recibimos a diario en los distintos partidos de nuestro territorio y las que aparecen en los medios periodísticos”, señaló el legislador.

En ese marco, Miranda solicitó al Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense que informe los motivos que originan la situación actual, a fin de poder colaborar en las herramientas legislativas necesarias para hacer frente al avance de la enfermedad parasitaria. A su vez, el legislador pidió conocer los recursos humanos y materiales destinados a la estrategia para el control y fiscalización de los establecimientos faenadores y otros elaboradores de chacinados.

La triquinosis es una enfermedad parasitaria transmitida al ser humano por el consumo de carne de cerdo o animales silvestres crudos o mal cocidos que contienen larvas del parásito Trichinella. Al respecto, el diputado recalcó que el programa de abordaje territorial y las campañas de prevención son esenciales, dado el origen de la enfermedad y su evolución estacional vinculada a la faena casera en épocas invernales.

Finalmente, el legislador requirió al Ejecutivo provincial conocer la cantidad de establecimientos productores de chacinados existentes en suelo bonaerense, tanto a nivel industrial como doméstico, y cuáles se encuentran debidamente habilitados.

Buscamos en definitiva datos para colaborar en la prevención y control de la propagación de la enfermedad en beneficio de nuestros coterráneos.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil dictó una sentencia que obliga a los propietarios de dos perros de raza Bull Terrier a indemnizar a un vecino de un barrio privado ubicado en Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar. El fallo de la Sala L confirmó la responsabilidad de los dueños por las lesiones provocadas a la víctima, fijando una compensación económica de 2.700.000 pesos, más los intereses correspondientes.

El episodio ocurrió el 18 de agosto de 2022, cuando el damnificado transitaba por las calles internas del complejo habitacional acompañado por su perro, un Schnauzer mini. En ese momento, fue sorprendido por los dos animales, que habían salido de un lote cercano. Según consta en la demanda, el hombre resultó herido en una de sus manos al intentar resguardar a su mascota durante el ataque, mientras otros vecinos intentaban intervenir para controlar la situación.

El informe pericial ratificó que los perros se encontraban sueltos al momento del incidente. Como consecuencia, la documentación médica acreditó que la víctima sufrió una fractura del quinto metacarpiano de la mano derecha, lo que requirió una intervención quirúrgica para la colocación de material de osteosíntesis. Actualmente, el hombre presenta una incapacidad física parcial y permanente del 11 por ciento, derivada de las secuelas funcionales y la cicatriz de la operación.

Por otro lado, el tribunal decidió eximir de responsabilidad al consorcio del country. Los magistrados evaluaron que la entidad cumplió con las obligaciones previstas en su reglamento interno, habiendo advertido y sancionado previamente a los propietarios que permitían que sus animales circularan sin supervisión.

El marcado aumento en los casos de triquinosis en la provincia de Buenos Aires, que alcanzó los 212 registros oficiales, motivó la presentación de un pedido de informes parlamentario. La iniciativa busca que el gobierno de Axel Kicillof brinde explicaciones sobre la estrategia de control y fiscalización epidemiológica que se está implementando ante el brote.

El proyecto fue impulsado por el diputado Valentín Miranda, integrante de la UCR, quien tomó como referencia los datos del Boletín Epidemiológico N° 28. Según el informe, en la provincia se contabilizan 212 casos confirmados y 313 sospechosos notificados, lo que representa un salto significativo frente al reporte previo, que indicaba 46 confirmados y 91 reportados.

A lo largo de la presentación, Valentín Miranda interroga sobre las causas del brote y solicita información técnica detallada respecto a los motivos que originaron el incremento interanual de la enfermedad. Asimismo, el legislador requiere un desglose de los operativos de control realizados durante 2025 y 2026 en criaderos de cerdos, establecimientos faenadores, elaboradores de chacinados y locales comerciales, incluyendo el detalle de las sanciones y clausuras aplicadas.

La solicitud también pone el foco en las acciones concretas desplegadas tras el brote detectado en la Unidad Penitenciaria N° 49 de Junín, donde personas privadas de la libertad resultaron afectadas por el consumo de chacinados de elaboración casera.

Finalmente, el diputado reclama verificar el cumplimiento de las campañas públicas de prevención y conocer el plan de trabajo conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Salud, los 135 municipios y los sectores productores. 

Al respecto, Valentín Miranda sostuvo: "Los números del propio Ministerio de Salud demuestran un franco aumento de la enfermedad. Buscamos datos concretos para colaborar desde la Legislatura en la prevención y control del avance de la triquinosis, protegiendo la salud de todos los bonaerenses".

El gobierno de la provincia de Buenos Aires emitió una advertencia este jueves para solicitar el retiro de los comercios del Squeezy Dumpling, un juguete blando con forma de empanada asiática que se comercializa dentro de una vaporera. La cartera, liderada por el ministro Augusto Costa, exigió el retiro inmediato del producto al calificarlo como altamente tóxico.

Según se informó oficialmente, el juguete contiene altos niveles de benceno, un componente peligroso para la salud que puede ingresar al organismo por inhalación o contacto directo con la piel. Ante esta situación, las autoridades provinciales anunciaron que llevarán adelante inspecciones y aplicarán multas a quienes incumplan con la medida para proteger a la población.

En el marco de la proximidad del Día del Niño, desde la Provincia responsabilizaron al gobierno nacional por la situación, aludiendo a una falta de controles y a la desregulación de las importaciones. Al respecto, el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguiar, sostuvo:

Esta inacción deliberada por parte del Estado Nacional, que ya había sido advertida por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, ocasiona una total vulnerabilidad hacia los más pequeños.

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete había denunciado a finales de julio que una partida de este producto fue retirada del Reino Unido al detectarse una concentración de benceno cuatro veces superior a la permitida. Por su parte, la ANMAT confirmó las irregularidades el 28 de julio y ordenó el retiro del mercado. Actualmente, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial trabaja en los procedimientos necesarios para retirar el juguete y fiscalizar los comercios.

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, cuestionó las recientes declaraciones del presidente Javier Milei sobre la reducción de los salarios del sector público y aseguró que esa política se extendió también a los trabajadores del ámbito privado.

A través de una serie de publicaciones en su cuenta de X, Girard sostuvo que el Gobierno nacional utilizó el salario como una herramienta para contener la inflación mediante el freno a las negociaciones paritarias.

"Esto era la motosierra", afirmó al citar al Presidente, y consideró que las consecuencias de esa estrategia se reflejaron en la destrucción del empleo formal, el crecimiento del trabajo precario y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

"Menos derechos, menos ingresos: más motosierra", resumió el funcionario bonaerense.

Girard también vinculó la caída de los salarios con el aumento del endeudamiento de las familias. Según expresó, la pérdida de ingresos obligó a millones de personas a recurrir a tarjetas de crédito y préstamos para afrontar gastos cotidianos.

En ese sentido, sostuvo que la posterior suba de las tasas de interés y la flexibilización de las regulaciones financieras profundizaron el problema, impulsando un incremento de la morosidad que, según indicó, ya afecta a más de seis millones de personas.

"Motosierra para quienes trabajan, beneficios para quienes hacen negocios con la necesidad de la gente", afirmó.

Por último, el titular de ARBA recordó una respuesta del gobernador bonaerense Axel Kicillof al presidente Milei: "Si millones de argentinos tienen ese problema, no es un problema microeconómico. Es un problema de tu Gobierno".

El nivel de morosidad en las cuotas de las instituciones educativas de gestión privada en la provincia de Buenos Aires alcanzó un promedio del 11 por ciento durante el primer cuatrimestre del año. Según informó el secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Educación Privada de la provincia de Buenos Aires (Aiepba), Martín Zurita, la cifra presenta variaciones geográficas significativas, con picos que llegan al 14 por ciento en el conurbano, mientras que en el interior del territorio bonaerense el índice se ubica en torno al 8 por ciento.

Martín Zurita calificó la cifra como alta, al compararla con los registros históricos del sector, que históricamente se situaban alrededor del 4 por ciento. El referente de la entidad señaló que la situación actual es consecuencia de múltiples factores, entre los que destacó el contexto socioeconómico y la relación directa con la informalidad laboral.

La morosidad promedia el 11 por ciento, con picos que llegan al 14 por ciento en el conurbano.

Ante este escenario, las instituciones han comenzado a implementar estrategias para contener la situación, tales como la aplicación de planes de pago y la gestión de becas, aunque el margen de acción es limitado. No todas las escuelas tienen la misma espalda económica y financiera, advirtió el dirigente, quien además subrayó que muchos establecimientos atraviesan problemas financieros derivados de la actualización de aranceles y el impacto de las paritarias docentes.

Otro desafío estructural que enfrenta el sector es la baja en la natalidad. Según explicó Martín Zurita, en los últimos cinco años nacieron 400 mil niños menos, lo cual impacta directamente en la matrícula del sistema educativo. Esta tendencia, lejos de revertirse, amenaza con profundizarse, afectando tanto los ingresos de las instituciones como la estabilidad de la planta de personal docente y no docente.

El cielo presenta un aspecto gris oscuro en gran parte del territorio nacional, en una jornada marcada por la inestabilidad climática que impacta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a toda la Provincia y a gran parte del centro y norte de Argentina. Hacia el final del día, se espera la llegada del Pampero desde el sur, el cual traerá una masa de aire más seca y, fundamentalmente, muy fría.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves una serie de alertas de nivel naranja y amarillo que alcanzan a 11 provincias por tormentas de variada intensidad, acompañadas por un aviso por fuertes vientos en 16 jurisdicciones. Tras las primeras precipitaciones registradas durante la mañana en el territorio bonaerense y la Capital Federal, el organismo técnico anticipa un paulatino desmejoramiento hacia el mediodía y la tarde.

El aviso naranja, que implica riesgo de fenómenos peligrosos para la población y la infraestructura, rige para sectores de Buenos Aires (incluido el AMBA), Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Corrientes. En estas zonas se prevén ráfagas muy intensas, actividad eléctrica frecuente y acumulaciones de agua que podrían rondar entre los 50 y 80 milímetros. La nómina de regiones bajo alerta naranja incluye al AMBA y a un amplio sector bonaerense, que va desde La Plata, Berisso y Ensenada al este, cruza toda la provincia y llega a Carhué por el sudoeste.

Asimismo, se encuentran bajo alerta naranja las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis y La Pampa. En estos sectores se esperan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de caída puntual de granizo y temporales de corta duración.

A la par de las lluvias, el organismo meteorológico dispuso un aviso por vientos del sector sur con velocidades constantes de entre 30 y 50 km/h y marcas extremas que podrían superar los 80 km/h en amplias zonas del país. Ante este escenario, las autoridades aconsejan evitar la circulación innecesaria en la vía pública, retirar objetos que puedan ser arrastrados por las corrientes de aire y mantenerse alejados de arbolados y postes de cableado eléctrico.

El resto del territorio bonaerense, además de prácticamente todo el centro y el norte del país, permanecen bajo una alerta amarilla por vientos fuertes. Tras el paso de este temporal, de cara al fin de semana, se dará un fuerte descenso de las temperaturas, que volverán a mínimas cercanas a los 5 grados y máximas no mucho más elevadas que los 10 grados en territorio bonaerense.

Al respecto, el meteorólogo Leonardo De Benedictis precisó en el sitio especializado Meteored que entrará una masa de aire frío que “estabilizará rápidamente las condiciones meteorológicas desde el viernes en prácticamente todo el país, dando paso además a un nuevo período con temperaturas bajas y probables heladas sobre amplios sectores del centro y norte argentino”.

El diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Juan Osaba, presentó una iniciativa en la Legislatura provincial con el objetivo de modificar la normativa de tránsito vigente. El proyecto busca establecer que las deudas por multas, tributos o tasas administrativas no funcionen como un impedimento para que los ciudadanos puedan tramitar o renovar la licencia de conducir en la provincia de Buenos Aires.

La propuesta legislativa plantea que, si bien el Estado debe mantener los mecanismos legales para reclamar los montos adeudados, estos no deben ser utilizados como una traba administrativa para el acceso al registro. Al respecto, Juan Osaba expresó a través de sus redes sociales:

La licencia de conducir es para manejar, no para recaudar. Por eso presenté un proyecto para que las multas no impidan renovar el registro. Si una deuda corresponde, que el Estado la cobre por la vía legal, pero que deje de tomar de rehén a los bonaerenses para agrandar la caja.

El texto del proyecto propone modificar el artículo 8 de la ley provincial de tránsito, prohibiendo que las autoridades encargadas de expedir las licencias o los municipios exijan un libre deuda como condición para iniciar, obtener o renovar el documento. Asimismo, la medida dispone que las actas de infracción y los expedientes sin sentencia firme tampoco podrán ser un obstáculo para el otorgamiento del registro.

El legislador argumentó que la exigencia actual fue incorporada mediante el Decreto provincial 532/2009, firmado por el entonces gobernador Daniel Scioli, y consideró que dicha reglamentación excede lo previsto por la ley nacional y provincial. Según el diputado, esta práctica vulnera el principio de jerarquía normativa y convierte la habilitación para conducir en una herramienta de recaudación.

Finalmente, el proyecto aclara que se mantendrá el régimen para quienes posean sanciones firmes de inhabilitación. La emisión de la licencia continuará condicionada a que el solicitante no registre prohibiciones definitivas dictadas por los organismos competentes para circular en la provincia de Buenos Aires o en el resto del país.

Senadores del Frente Renovador impulsan un proyecto de ley con el objetivo de que todos los municipios de la provincia de Buenos Aires incorporen cartelería en sus accesos indicando la distancia en kilómetros hasta Puerto Argentino, en las Islas Malvinas. La iniciativa, presentada por la senadora bonaerense Malena Galmarini, busca combinar el reclamo de soberanía con políticas de prevención en seguridad vial.

La propuesta establece la creación de una campaña provincial de concientización que abarque la identidad nacional y la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. De aprobarse la normativa, los ingresos a las localidades deberán contar con carteles de diseño unificado que incluyan la distancia al archipiélago y mensajes orientados al cuidado de la vida en las rutas.

El proyecto designa al Ministerio de Transporte bonaerense como la autoridad de aplicación, organismo que tendrá a su cargo el financiamiento integral de la medida, evitando trasladar costos a las administraciones municipales. De esta forma, el Ejecutivo provincial deberá coordinar la colocación de la señalética en los 135 distritos.

“Las Malvinas forman parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestro futuro. No queremos que sean una causa que se recuerde solamente cada 2 de abril; queremos que estén presentes todos los días, en cada ciudad y en cada ruta de la provincia de Buenos Aires”, manifestó Galmarini.

La legisladora subrayó que el objetivo es que el reclamo de soberanía esté presente en la vida cotidiana y no se limite a conmemoraciones oficiales. Al respecto, Galmarini destacó la doble función de la cartelería: “Cada cartel será mucho más que una señal. Será un recordatorio permanente de que las Malvinas fueron, son y serán argentinas, pero también un mensaje para cuidar la vida de quienes transitan nuestras rutas. La memoria y la seguridad vial pueden caminar juntas porque ambas expresan el compromiso del Estado con la comunidad”.

La iniciativa prevé que la instalación de cada cartel se realice mediante actos públicos que cuenten con la participación de centros y asociaciones de veteranos de la Guerra de Malvinas, autoridades provinciales, municipales y representantes de la comunidad. Según los impulsores, esto permitirá reforzar el reconocimiento a quienes combatieron en el conflicto bélico de 1982.

Finalmente, al fundamentar la propuesta, la senadora remarcó que el proyecto busca trascender las diferencias partidarias. “La causa Malvinas trasciende cualquier diferencia política. Es una bandera que nos une como argentinos. Con esta propuesta queremos que cada bonaerense, cada familia y cada persona que recorra nuestras rutas recuerde que las Malvinas siempre estuvieron cerca, que son parte de nuestra identidad y que cuidar la vida también es una forma de construir patria”, concluyó Malena Galmarini.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, volvió a expresar su rechazo a la modificación de la Ley de Tierras que impulsa el Gobierno nacional dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La administración bonaerense sostuvo que la nueva versión de la iniciativa, que eleva del 15% al 25% el límite de tierras rurales que pueden quedar en manos extranjeras en cada provincia, representa "una trampa".

La encargada de fijar la posición oficial fue la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, quien cuestionó la nueva redacción del proyecto al sostener que, aunque aumenta el porcentaje permitido a nivel provincial, elimina los límites que actualmente rigen en departamentos y municipios, lo que podría favorecer una mayor concentración de tierras en zonas específicas.

"Nos quieren vender que cedieron. Es una trampa", afirmó la funcionaria al referirse a la versión más reciente del proyecto, que el oficialismo nacional modificó en busca de conseguir los apoyos necesarios para avanzar con su tratamiento en el Senado.

Según explicó Vilar, la legislación vigente establece un tope del 15% para la titularidad o posesión de tierras rurales por parte de extranjeros en tres niveles: nacional, provincial y departamental. En cambio, el nuevo proyecto fija un límite del 25% únicamente sobre la superficie total de cada provincia, eliminando las restricciones locales.

La ministra sostuvo que ese cambio permitiría que determinados departamentos concentren una gran cantidad de tierras en manos extranjeras sin que la provincia en su conjunto alcance el límite establecido. Como ejemplo, mencionó el caso de Puerto Libertad, en Misiones, donde una empresa chilena posee cerca del 75% de las tierras.

Vilar también advirtió que el criterio provincial no protege adecuadamente áreas donde se concentran recursos estratégicos como el agua, el litio, los glaciares o las principales zonas productivas. En ese sentido, citó el caso del departamento Los Lagos, en Neuquén, donde se ubican localidades como Villa La Angostura y sectores del Nahuel Huapi, que representan apenas una pequeña porción del territorio provincial.

La funcionaria trasladó el mismo razonamiento a los salares de litio de Jujuy, Salta y Catamarca, al señalar que la eliminación del límite departamental permitiría avanzar sobre regiones clave sin necesidad de adquirir grandes porcentajes del territorio provincial.

Además, Vilar cuestionó otros aspectos del proyecto impulsado por el Gobierno nacional. Entre ellos mencionó la derogación de la protección especial para lagos, ríos y cuerpos de agua permanentes, la posibilidad de comprar tierras en zonas de frontera, la eliminación del límite de 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo y la desaparición del tope del 30% por nacionalidad de origen.

No obstante, el texto mantiene algunas restricciones, como la prohibición para que Estados extranjeros adquieran tierras rurales y la obligación de obtener autorizaciones especiales para determinadas operaciones vinculadas con empresas estatales extranjeras o ubicadas en zonas de seguridad de frontera.

La provincia de Buenos Aires realizará el Censo Hortiflorícola 2026, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y el Ministerio de Economía, con el objetivo de relevar las unidades productivas dedicadas a la horticultura y la floricultura en todo el territorio bonaerense.

El anuncio fue realizado por el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, y el ministro de Economía, Pablo López, quienes destacaron la importancia de contar con información actualizada sobre una actividad estratégica para la producción, el abastecimiento interno y la seguridad alimentaria de la Provincia.

Javier Rodríguez destacó que el relevamiento tendrá un objetivo que excede la generación de estadísticas: “Hay una doble tarea de valorar a esos productores y de visibilizar a una producción que muchas veces está invisibilizada”.

Por su parte, Pablo López destacó la importancia de recuperar información oficial sobre el sector y del trabajo conjunto entre ambos ministerios: “Con mucha satisfacción presentamos el Censo Hortiflorícola bonaerense, que será el primero de su tipo en 20 años, y permitirá contar con información oficial actualizada del sector, con el objetivo de diseñar políticas públicas específicas que redunden en mejoras concretas para la producción y comercialización hortiflorícola. Celebramos el trabajo conjunto de los equipos de los Ministerio de Economía y Desarrollo Agrario, cuya colaboración permitirá tener un diagnóstico preciso de la situación de este sector productivo”.

En ese sentido, López remarcó además la articulación con los gobiernos locales y los distintos sectores de la economía bonaerense: “Seguimos trabajando como nos indica nuestro gobernador Axel Kicillof, en coordinación junto a los municipios y a cada sector económico de la provincia para brindar las mejores herramientas que fomenten el desarrollo productivo bonaerense”.

El operativo censal comenzará el 1 de septiembre de 2026 y se extenderá durante 60 días, con la posibilidad de realizar un mes adicional para completar aquellos casos en los que no se haya obtenido respuesta. Se estima que existe producción hortiflorícola en más de cien municipios bonaerenses y el relevamiento permitirá conocer en profundidad las características productivas, técnicas y socioeconómicas de la actividad.

El censo relevará las unidades con producción hortiflorícola de toda la provincia y contará con censistas organizados por segmentos censales que realizarán el trabajo de campo. La estructura operativa estará integrada por 147 censistas y 26 supervisores, además de coordinadores, jefaturas zonales, capacitadores, analistas y un especialista en sistemas de información geográfica.

La actividad hortiflorícola constituye un componente central del entramado productivo bonaerense. Se desarrolla en más de cien municipios y tiene un rol fundamental tanto en el abastecimiento del mercado interno como en la generación de trabajo y producción.

En este sentido, Javier Rodríguez destacó que "Buenos Aires es la provincia que más productores hortícolas tiene. Y también más productores florícolas. Es decir que cuando consideramos algo que para nosotros es fundamental, los productores y las productoras, y lo analizamos a nivel de las provincias, estamos en el primer lugar”.

El ministro señaló además que esta característica adquiere especial relevancia dentro de la concepción de desarrollo productivo que impulsa la Provincia. “Un verdadero desarrollo agropecuario requiere una producción con productores y una producción con productores requiere también considerar la multiplicidad de producciones que hay en la provincia”, sostuvo.

Buenos Aires cuenta con más de 50 mercados concentradores, mientras que las exportaciones del complejo hortícola alcanzan los 260 millones de dólares. Entre los principales productos de exportación se encuentran la papa, el ajo y la cebolla.

El territorio provincial concentra la producción en distintas regiones hortícolas, entre ellas La Plata-AMBA, el Sudeste, el Valle Bonaerense del Río Colorado y el Norte, además del resto del territorio bonaerense.

Para Javier Rodríguez, la actividad tiene además una importancia territorial que excede su dimensión estrictamente productiva: “Tanto la producción hortícola que involucra a miles de productores y que por otro lado involucra también a más de un centenar de municipios tiene una importancia crucial cuando hablamos precisamente de la cantidad de productores, cuando hablamos precisamente del desarrollo de cada uno de los territorios, de cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires”.

El Censo Hortiflorícola 2026 permitirá actualizar la información disponible sobre el sector luego de 20 años desde el último censo hortiflorícola realizado en la provincia de Buenos Aires.

Durante este período se produjeron transformaciones sustanciales en la actividad, tanto en términos geográficos como productivos y socioeconómicos. Entre los cambios se encuentran el crecimiento de los cultivos bajo cobertura o invernaderos, las transformaciones socioeconómicas de los productores, el desarrollo de nuevos cultivos y la incorporación de nuevas prácticas productivas, además de la difusión de la agroecología.

Javier Rodríguez remarcó: “Hay una doble tarea de valorar a esos productores y de visibilizar a una producción que muchas veces está invisibilizada”.

El relevamiento permitirá contar con información para evaluar las transformaciones y la reconfiguración que atravesó el sector durante las últimas dos décadas.

El censo permitirá obtener datos actualizados sobre las principales variables estructurales y coyunturales del sector hortícola y florícola. En particular, se relevará información sobre la identificación de las explotaciones, el régimen de tenencia de la tierra y el tipo jurídico, la superficie y el tipo de actividad, el uso de la tierra a campo y bajo cubierta, las especies cultivadas y la superficie sembrada, los canales de comercialización, el manejo y los sistemas de riego, la maquinaria, los equipos y vehículos utilizados, la mano de obra y la población vinculada a la explotación, los servicios de maquinaria, las características del productor, el asesoramiento técnico y el asociativismo.

El período de referencia del relevamiento será del 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026. El operativo se realizará mediante entrevistas personales de los censistas con los productores o informantes calificados, utilizando un instrumento de captura móvil. Los censistas contarán además con la cartografía correspondiente a sus segmentos y los productores recibirán un certificado de cumplimiento censal.

Javier Rodríguez destacó que el objetivo es que el relevamiento permita conocer no solamente la producción primaria, sino también aportar información para comprender la dinámica de las cadenas hortícolas y avanzar en el agregado de valor. “El censo está pensado no solo en la producción primaria, sino en comprender también la dinámica de las cadenas hortícolas aportando información que es fundamental”.

Uno de los principales objetivos del Censo Hortiflorícola será generar un diagnóstico que permita diseñar, implementar, realizar el seguimiento y evaluar políticas y programas destinados al desarrollo del sector hortícola y florícola.

Javier Rodríguez sintetizó los objetivos del relevamiento en tres ejes: generar información, visibilizar la producción y optimizar las políticas públicas.

“El primero, por supuesto, es tener información fidedigna sobre las variables fundamentales de la producción hortiflorícola, cantidad de productores, superficies, cultivos, prácticas, manejos que se usan, mecanismos de comercialización”.

Y agregó: “Creo que hay un segundo objetivo que es fundamental, que es visibilizar la producción. Es ponerle valor, es ponerla en la escena pública” y sumó que “el tercer objetivo claro es el de, en función de esto, mejorar, optimizar las políticas públicas que ya venimos llevando adelante”.

Entre las políticas mencionadas por el ministro se encuentran las vinculadas a los mercados mayoristas, la agricultura familiar y las inversiones para el desarrollo de proyectos de mayor escala en horticultura y floricultura.

El relevamiento estará acompañado por una Comisión Asesora del Censo Hortiflorícola, de carácter ad honorem y no vinculante, integrada por técnicos y especialistas, representantes de entidades del sector hortiflorícola, universidades y organismos nacionales, provinciales y municipales.

Una estructura territorial para relevar toda la provincia

Para llevar adelante el operativo, el territorio bonaerense será dividido en cinco zonas: Noroeste, Centro, AMBA, Este y Sur. Cada una se subdividirá en segmentos censales, con aproximadamente 150 segmentos en toda la provincia.

La estructura censal estará conformada por un coordinador técnico, una coordinadora interinstitucional, una coordinadora administrativa, cinco jefes o jefas zonales, dos capacitadores, tres analistas, un especialista GIS, 26 supervisores y 147 censistas.

La metodología permitirá realizar un barrido territorial para identificar las explotaciones hortiflorícolas y relevar sus principales características.

El trabajo previo incluyó, además de los antecedentes del censo realizado hace 20 años, un relevamiento específico en el municipio de La Plata y el análisis de información proveniente de experimentos e imágenes satelitales.

El censo tendrá como unidad de análisis a las Explotaciones Hortiflorícolas (EHF), entendidas como aquellas dedicadas a la obtención de productos hortícolas y/o florícolas destinados al mercado.

Se contemplarán explotaciones de producción hortícola exclusiva, establecimientos de producción florícola exclusiva y unidades de producción mixta, que combinen horticultura y floricultura o estas actividades con otras producciones.

Para ser considerada una Explotación Hortiflorícola a efectos censales, deberá cumplir tres condiciones: contar con una superficie mínima de 500 metros cuadrados (0,05 hectáreas) destinada a producción hortiflorícola ubicada en la provincia y destinada al menos parcialmente a la comercialización; tener una dirección que asuma la gestión integral y los riesgos económicos de la actividad; y utilizar recursos productivos durables y/o parte de la mano de obra de manera común entre sus parcelas.

El censo se desarrollará bajo el marco de la Ley Provincial 14.998, que establece al Ministerio de Economía, a través de la Dirección Provincial de Estadística, como órgano rector del Sistema Estadístico Provincial.

La normativa establece la obligatoriedad de brindar la información solicitada, que tendrá carácter de declaración jurada. Al mismo tiempo, garantiza el secreto estadístico: los datos suministrados son estrictamente secretos y su divulgación se realizará exclusivamente con fines estadísticos, asegurando la no identificación directa o indirecta de los informantes.

Javier Rodríguez también destacó la necesidad de que productores, organizaciones, municipios, universidades y organismos técnicos se involucren activamente en el relevamiento para garantizar que el resultado represente efectivamente la dimensión de la actividad en la provincia. “Para nosotros está claro que son actores y son sujetos productivos, lo importante es poder mostrarlo, poder visibilizarlo y poder modificarlo y ese es el objetivo que tiene este censo”,  expuso.

En esa línea, convocó a los distintos actores del sector a participar del operativo: “Esta es la manera de visibilizar al sector, esta es la manera de poder decir en la provincia de Buenos Aires que somos tantos miles”.

De esta manera, la Provincia busca construir una radiografía actualizada de la producción hortiflorícola bonaerense, conocer las transformaciones que atravesó el sector durante los últimos 20 años y contar con información precisa para fortalecer las políticas públicas destinadas a una actividad estratégica para la producción, el trabajo y el abastecimiento de alimentos.

La diputada de Fuerza Patria, Sofía Vannelli, presentó nuevamente una iniciativa con el objetivo de que la provincia de Buenos Aires incorpore a sus padrones electorales a los detenidos y desaparecidos durante la última dictadura militar. La propuesta busca establecer la categoría de “elector ausente por desaparición forzada”, en el marco de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que rigen en la Argentina.

El proyecto propone modificar la Ley Electoral bonaerense para que el Registro Electoral identifique a aquellas personas que cuenten con una sentencia de ausencia con presunción de fallecimiento, acompañada por una resolución o certificado que reconozca la desaparición forzada. Asimismo, la medida alcanzaría a los casos detectados por la Secretaría de Derechos Humanos u organismos competentes, aun cuando no se hubiera promovido la reconversión judicial de dicha declaración.

“La iniciativa busca institucionalizar en el padrón electoral de la provincia de Buenos Aires y en los centros de votación un reconocimiento permanente a quienes, siendo ciudadanos con derecho al voto, fueron privados de su libertad y de su existencia legal por el accionar estatal represivo”, señaló Vannelli.

De acuerdo con el texto, la identificación de los desaparecidos debería mantenerse de forma permanente en el padrón hasta que se comunique oficialmente el fallecimiento posterior a la identificación de restos. La condición no podrá ser eliminada por el paso del tiempo ni por razones de edad, ya que el padrón pretende funcionar como un “testimonio histórico” para la sociedad y las futuras generaciones.

En cuanto a la implementación durante los comicios, la legisladora propone que el padrón impreso identifique a los desaparecidos mediante un sombreado o resaltado distintivo. Además, se plantea la colocación de cartelería en cada establecimiento de votación con la nómina de las personas ausentes por desaparición forzada correspondientes al distrito o institución electoral.

“La identificación de electores ausentes por desaparición forzada responde a una exigencia ética de reparación histórica. Es un aporte mínimo pero trascendental para que el Estado bonaerense asuma su responsabilidad de ‘asegurar la verdad a registrar en la memoria colectiva’, brindando testimonio de las circunstancias que afectaron a sus ciudadanos”, se indicó.

La diputada destacó que esta medida recupera antecedentes nacionales que permitieron evitar que los formalismos civiles del pasado oculten la verdad histórica. Finalmente, el proyecto subraya que realizar el acto de votar en presencia de los nombres de quienes fueron desaparecidos refuerza el compromiso ciudadano con el Nunca Más y vincula el ejercicio democrático con la defensa de los Derechos Humanos.

El bloque de senadores de La Libertad Avanza presentó una iniciativa en el Senado bonaerense con el objetivo de modificar la Ley 11.825, la cual regula la venta de bebidas alcohólicas en todo el territorio provincial. La propuesta busca flexibilizar restricciones vigentes, específicamente en lo relativo al horario permitido para la comercialización minorista y la prohibición actual que pesa sobre las estaciones de servicio y sus anexos.

El proyecto propone modificar el primer artículo de la norma para establecer que la prohibición de venta, expendio, suministro minorista y entrega a domicilio de bebidas alcohólicas rija desde las 23:00 hasta las 10:00 durante todo el año. Actualmente, la ley prohíbe estas operaciones desde las 21:00 hasta las 10:00, con una excepción estacional entre el 1 de diciembre y el 30 de abril, cuando la restricción comienza a las 23:00.

Asimismo, la reforma del segundo artículo de la legislación apunta a eliminar la prohibición que impide a las estaciones de servicio vender alcohol. De aprobarse, la restricción continuaría vigente únicamente para kioscos, polirrubros y la venta ambulante, mientras que las tiendas de conveniencia en estaciones de servicio quedarían habilitadas para comercializar estos productos.

“El Estado no puede seguir sosteniendo prohibiciones que ya no responden a una necesidad real y que terminan generando obstáculos para quienes producen, invierten y trabajan dentro de la ley. Muchas de las restricciones vigentes fueron concebidas hace casi treinta años, en un contexto económico, comercial y social completamente distinto al actual”, explicaron los senadores libertarios en el escrito.

Desde el espacio que responde al presidente Javier Milei, argumentan que las estaciones de servicio funcionan como comercios formalmente habilitados y sometidos a controles, por lo que la prohibición actual genera una desventaja competitiva. Además, sostienen que la medida podría generar “miles de puestos de trabajo en la provincia de Buenos Aires”.

El proyecto destaca que la incorporación de nuevos canales formales de comercialización generaría un efecto positivo en la recaudación pública. “Esto no sólo fortalece las finanzas de la provincia de Buenos Aires, sino que también repercute favorablemente en los municipios que participan de esos recursos a través del régimen de coparticipación”, destaca el texto.

La bancada aclaró que la propuesta no implica una flexibilización en las políticas de prevención del consumo indebido, manteniendo el régimen de restricciones horarias y la prohibición de compra para menores de edad. Asimismo, confirmaron que no se realizan cambios en la política de Alcohol Cero al Volante.

Cabe recordar que en enero de 2025, el entonces diputado Guillermo Castello presentó una iniciativa similar para desregular la actividad nocturna, cuestionando las restricciones del Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas (REBA) y calificando las normativas vigentes como “irrazonables, ineficaces y generadoras de corrupción”.