El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires aprobó el cuadro tarifario que aplicará Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa) en la Ruta Provincial Nº 6. La medida, oficializada en el Boletín Oficial, habilita el inicio del cobro de peajes en tres cabinas estratégicas del corredor vial que conecta la Ruta Provincial 215 con la Ruta Nacional 12.

La resolución establece que las tarifas comenzarán a regir desde este viernes 26 de junio, aunque el cobro efectivo se implementará hacia finales de año. Los valores serán ajustados cada tres meses mediante un Coeficiente de Variación Tarifario (CVT), calculado sobre la base de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El contrato de concesión de la Ruta 6, aprobado en 2016 mediante el Decreto Nº 855, ya contemplaba un cuadro tarifario que nunca llegó a implementarse. Según argumentó Aubasa, la adecuación actual busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la concesionaria, sostener la calidad de las prestaciones y preservar las condiciones de seguridad vial.

La Resolución 475/26 de la cartera que lidera Gabriel Katopodis dispone la puesta en marcha de peajes en San Vicente, Las Heras y Cardales. En estos puntos, se aplicará una tarifa diferenciada para hora pico y otra para el resto del día. Los vecinos que acrediten domicilio en dichas localidades contarán con una bonificación del 30 por ciento.

En San Vicente y Las Heras, los valores serán de 1.608,81 pesos en hora pico y 1.287,05 pesos el resto del día. En Cardales, la tarifa bonificada será de 3.217,62 pesos y 2.574,10 pesos, respectivamente.

El sistema de cobro será mediante Free Flow, lo que implica la ausencia de barreras físicas. El control se realizará a través de pórticos con cámaras y sensores que identificarán los vehículos, siendo obligatorio contar con TelePase. La implementación está prevista para octubre, una vez instalado el sistema tecnológico.

El esquema fue sometido a una audiencia pública el 29 de diciembre de 2025 en La Plata. Durante el proceso, el representante de la Defensoría del Pueblo bonaerense sostuvo que “la actualización propuesta resultaba necesaria frente a los niveles de inflación registrados en los últimos años”.

La Ruta Nº 6 atraviesa 12 municipios a lo largo de 180 kilómetros, conectando las terminales portuarias de La Plata y Campana, lo que la convierte en un corredor logístico fundamental para el transporte de cargas.

La provincia de Buenos Aires busca ampliar su plan de infraestructura renovable mediante la licitación de tres nuevos parques solares distribuidos en distintos municipios. Estos proyectos se sumarán a otros cinco que ya se encuentran en construcción, con el propósito de mejorar la calidad del servicio eléctrico y dar respuesta efectiva a los consumos estacionales.

De los ocho proyectos previstos, cinco ya están en ejecución en las localidades de Alberti, 16 de Julio (Azul), Pehuen-Có (Coronel Rosales), Pipinas (Punta Indio) y San Cayetano. En los parques de San Cayetano y Pehuen-Có, se incorporan sistemas de almacenamiento mediante baterías, lo que permite atender demandas específicas de la red eléctrica. 

En total, estas cinco obras suman una potencia fotovoltaica de 3,5 MW y 2.900 kWh de almacenamiento, aumentando la disponibilidad de energía en zonas con restricciones de abastecimiento.

A estas intervenciones se sumarán tres nuevos emprendimientos en Castilla (Chacabuco), Marisol (Coronel Dorrego) y Gorchs (General Belgrano), los cuales se encuentran actualmente en proceso de licitación. 

El Parque Solar Castilla contará con una potencia de 400 kWp y será operado por la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco, permitiendo reforzar el abastecimiento en una zona ubicada en punta de línea.

Por su parte, el Parque Solar Marisol dispondrá de una potencia de 200 kWp asociada a un sistema de almacenamiento de 1.500 kWh. 

En tanto, el de Gorchs tendrá una potencia de 400 kWp y un sistema de acumulación de 1.600 kWh, lo que ayudará a aliviar las limitaciones en una red caracterizada por extensas líneas de distribución y una alta demanda de usuarios rurales e industriales.

Las iniciativas forman parte del Plan de Generación Distribuida Solar que impulsa la Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos junto con el Foro Regional Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires (Freba), a través del Programa Provincial de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida (Proinged). El plan busca brindar soluciones en localidades situadas en puntas de línea, donde cualquier falla en el trayecto previo interrumpe el suministro.

Con la entrada en operación de estas instalaciones durante 2027, la provincia alcanzará un total de 34 parques solares en funcionamiento y una potencia fotovoltaica instalada de 12 MWp. En su conjunto, estos desarrollos generarán alrededor de 21.000 MWh anuales, energía equivalente al consumo de aproximadamente 7.000 hogares bonaerenses, evitando además la emisión de más de 11.000 toneladas de dióxido de carbono por año.

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dio un paso histórico en el proceso de modernización del Poder Judicial al poner en consulta pública un proyecto de reglamento destinado a regular el desarrollo y uso responsable de herramientas de inteligencia artificial (IA) en los tribunales bonaerenses. Además, dispuso la creación de una Comisión de Gobernanza y Uso de Inteligencia Artificial que tendrá a su cargo la supervisión y seguimiento de la iniciativa.

La medida busca establecer un marco institucional y jurídico para la incorporación progresiva de sistemas de IA en la administración de justicia, garantizando que su utilización se realice de manera segura, ética y respetuosa de los derechos fundamentales.

El proyecto, que permanecerá abierto a observaciones y sugerencias hasta el próximo 7 de agosto, constituye una experiencia inédita en el ámbito judicial argentino. Bajo la premisa de que “la función jurisdiccional es indelegable e insustituible”, la Corte busca evitar que las herramientas tecnológicas sustituyan el razonamiento humano en la toma de decisiones judiciales.

Según la resolución, magistrados, funcionarios, empleados judiciales, colegios profesionales, universidades y cualquier persona interesada podrán participar de la consulta pública a través de un formulario disponible en el sitio web oficial del máximo tribunal.

La Suprema Corte destacó que la inteligencia artificial ya se utiliza en distintos sistemas judiciales del mundo para tareas vinculadas a la gestión de expedientes, análisis de datos, sistematización de jurisprudencia y atención de usuarios. Sin embargo, advirtió que estas tecnologías también presentan riesgos, como la reproducción de sesgos, errores en los resultados o la generación de información inexacta.

En ese sentido, el futuro reglamento apunta a mejorar la eficiencia de los procesos judiciales y administrativos, facilitar el acceso a la justicia mediante la reducción de barreras tecnológicas, lingüísticas y geográficas, y brindar herramientas de apoyo a la labor jurisdiccional sin reemplazar la intervención humana.

El texto establece de manera expresa que ningún sistema de inteligencia artificial podrá asumir la toma de decisiones judiciales, la valoración de pruebas ni la elaboración de los fundamentos jurídicos que sustentan sentencias o resoluciones.

Asimismo, aclara que el uso de estas herramientas no exime a jueces, funcionarios ni agentes de la responsabilidad sobre el contenido, la validez y la legalidad de los actos en los que intervengan sistemas de IA. Por el contrario, deberán ejercer un control sustantivo y documentado sobre los resultados obtenidos.

Entre las disposiciones más relevantes, la Corte prohibió a sus integrantes utilizar chatbots de acceso gratuito o comercial, como ChatGPT, para procesar información judicial sensible o vinculada a investigaciones en curso.

La decisión se fundamenta en la necesidad de proteger datos personales y evitar que información confidencial pueda ser utilizada para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial fuera del control institucional.

De esta manera, la Suprema Corte bonaerense busca avanzar en la incorporación de nuevas tecnologías al sistema judicial, pero bajo reglas claras que preserven la transparencia, la seguridad de los datos y el rol irremplazable de las personas en la administración de justicia.

El gobernador Axel Kicillof envió al Senado un proyecto de ley para regular la actividad de los trabajadores de plataformas digitales. La iniciativa busca establecer un marco de protección para quienes realizan tareas de reparto de bienes o traslado de personas mediante aplicaciones, un sector que ha crecido de manera sostenida en los últimos años y que, según plantea el Ejecutivo, presenta elevados niveles de informalidad y precarización laboral.

El proyecto no modifica la discusión sobre si los trabajadores son empleados en relación de dependencia o autónomos, sino que busca fijar un piso mínimo de derechos y condiciones de seguridad. La presentación del texto reactivó las objeciones de las principales empresas del rubro, entre ellas Rappi, PedidosYa, Uber, Didi y Cabify, que ya habían expresado reparos frente a iniciativas similares en el pasado.

Entre las principales medidas, el proyecto encomienda al Poder Ejecutivo la creación de una aplicación móvil con un botón de pánico para situaciones de riesgo físico y un botón de emergencia sanitaria. Además, se creará el Registro de Trabajo Mediante Plataformas Digitales, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Trabajo bonaerense. La inscripción será obligatoria para todas las empresas que operen en la provincia.

La normativa establece que las compañías deberán suministrar información detallada sobre la cantidad de trabajadores, su situación contractual, horas trabajadas e ingresos medios. Asimismo, se dispone la creación de una cobertura obligatoria de accidentes personales, que deberá ser contratada por las empresas y cubrirá, como mínimo, casos de muerte accidental, invalidez y asistencia médica.

Otro de los aspectos destacados es la incorporación de la figura de las tiendas invisibles, establecimientos que operan a puertas cerradas para preparar productos vendidos mediante aplicaciones. Tanto estas instalaciones como las plataformas deberán contar con paradores habilitados que garanticen condiciones mínimas de higiene, sanitarios, acceso a agua potable y espacios de descanso para los trabajadores.

En los fundamentos, el gobierno bonaerense señala que la propuesta toma como referencia los avances impulsados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de protección social y transparencia algorítmica. El Ejecutivo pone especial énfasis en la alta exposición a siniestros viales que enfrentan repartidores y choferes, sosteniendo que las empresas deben asumir responsabilidades concretas sobre la integridad física de quienes prestan el servicio.

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires puso en consulta pública un proyecto de reglamento para el desarrollo y uso responsable de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito judicial. Como parte de esta iniciativa, se creó una Comisión de Gobernanza y Uso de Inteligencia Artificial, la cual tendrá a su cargo la supervisión del proceso.

Esta medida se enmarca en un plan de modernización tecnológica que busca establecer un marco institucional y jurídico para la incorporación progresiva de sistemas de IA, garantizando su utilización de manera segura, ética y respetuosa de los derechos fundamentales. El proyecto, que representa un paso sin precedentes para la justicia del país, estará sometido a una consulta participativa hasta el 7 de agosto.

Bajo la premisa de que “la función jurisdiccional es indelegable e insustituible”, el tribunal busca evitar que las herramientas tecnológicas reemplacen el razonamiento humano en la toma de decisiones judiciales. Según la resolución publicada, magistrados, funcionarios, agentes judiciales, colegios profesionales, universidades y demás interesados pueden presentar observaciones y sugerencias a través de un espacio específico habilitado en el sitio web de la Suprema Corte.

El tribunal destacó que la inteligencia artificial ya es utilizada en distintos sistemas judiciales del mundo para tareas como la gestión de procesos, el análisis de datos, la sistematización de jurisprudencia y la atención de usuarios. Sin embargo, advirtió sobre los riesgos asociados a estas tecnologías, entre ellos la posibilidad de reproducir sesgos, generar errores o producir contenidos inexactos.

Entre los objetivos del futuro reglamento figuran la mejora de la eficiencia en los procesos judiciales y administrativos, el fortalecimiento del acceso a la justicia mediante la reducción de barreras tecnológicas, lingüísticas y geográficas, y el apoyo a la labor jurisdiccional sin reemplazar el razonamiento ni la decisión humana.

La resolución subraya que la función jurisdiccional es “indelegable e insustituible” y establece que bajo ninguna circunstancia podrá delegarse en sistemas de inteligencia artificial la toma de decisiones judiciales, la valoración de pruebas o la elaboración del razonamiento jurídico que sustenta sentencias o resoluciones. Asimismo, dispone que el uso de estas herramientas no exime a jueces, funcionarios o agentes de la responsabilidad por el contenido, validez y legalidad de los actos en los que intervengan sistemas de IA, debiendo ejercer un control sustantivo y documentado sobre los resultados obtenidos.

Finalmente, la Corte le prohibió a sus integrantes el uso de chatbots de acceso gratuito o comercial, tales como ChatGPT, para tratar información judicial sensible o investigaciones en curso, ante el riesgo de que esos datos personales sean utilizados para entrenar modelos futuros fuera del control institucional.

El Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires abrió la Convocatoria 2026 para acceder a financiamiento destinado a la formulación de Planes de Manejo, Planes de Conservación o Planes de Manejo y Conservación de bosques nativos ubicados en predios incorporados al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos bonaerense.

La medida se enmarca en la Ley Nacional N.º 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y en la Ley Provincial N.º 14.888, que regula la conservación y el manejo sostenible de estos ecosistemas en territorio bonaerense. Según la resolución, los interesados tendrán un plazo de 60 días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial para presentar las solicitudes de financiamiento.

Los fondos estarán destinados a la elaboración de proyectos técnicos que permitan desarrollar planes orientados a la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los bosques nativos. La normativa también aprueba los formularios de presentación, los criterios técnicos para la distribución de los recursos y el modelo de convenio que deberán suscribir los beneficiarios antes de recibir el desembolso económico.

Entre los requisitos establecidos, se dispone que los proyectos deberán ser elaborados y firmados por profesionales inscriptos en el Registro de Profesionales de Bosques Nativos del Ministerio de Ambiente. Asimismo, las presentaciones deberán incluir toda la documentación exigida, ya que aquellas que resulten incompletas serán rechazadas.

La resolución contempla además que los predios con predominio de bosques clasificados en categoría II (amarillo) y menor proporción de áreas de categoría I (rojo) podrán presentar un único Plan de Manejo y Conservación para todo el establecimiento, respetando las restricciones de uso correspondientes a las zonas de máxima protección.

Los beneficiarios deberán formular y presentar los planes definitivos en un plazo máximo de 12 meses desde la transferencia efectiva de los fondos. En caso de demoras justificadas, podrán solicitar una prórroga excepcional ante la cartera ambiental.

 La iniciativa busca fortalecer la protección y el manejo sostenible de los bosques nativos de la provincia, promoviendo la conservación de los recursos naturales y el acceso a herramientas de asistencia técnica y financiera para propietarios y productores alcanzados por la normativa.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la puesta en marcha del Programa de Unidades de Almacenamiento de Energía en Baterías. Esta iniciativa tiene como objetivo principal incorporar sistemas de almacenamiento eléctrico en puntos estratégicos de la red provincial, buscando mejorar la calidad del servicio y mitigar los riesgos asociados a las restricciones estructurales del sistema de transporte de energía.

La medida, impulsada a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, propone fortalecer la confiabilidad del sistema mediante la instalación de centrales que permitan acumular energía durante los períodos de baja demanda y liberarla en los momentos de mayor consumo. Según se informó, esta tecnología permitirá brindar soluciones transitorias mientras avanzan las obras de ampliación de la red de transporte.

La necesidad de esta implementación responde al crecimiento constante de la demanda eléctrica. Es habitual que, durante el verano, las olas de calor y el elevado consumo deriven en cortes de suministro que afectan a familias y comercios. En este sentido, el Gobierno nacional también avanza en una estrategia similar de almacenamiento eléctrico.

El programa busca, además, reemplazar de manera progresiva a los equipos de generación eléctrica distribuida que funcionan con gasoil, los cuales se utilizan actualmente para reforzar el suministro en situaciones críticas. La iniciativa será financiada mediante recursos del Adicional de Costo de Generación Distribuida (ACGD), componente que integra una subcuenta específica del Fondo de Inversiones en Transporte de la Provincia de Buenos Aires (FITBA).

La normativa establece el marco operativo para la compra, operación y mantenimiento de estos sistemas. La resolución encomienda a la empresa estatal Buenos Aires Energía S.A. (BAESA) la gestión necesaria para la adquisición e instalación de los equipos, ya sea de forma directa o a través de terceros.

Finalmente, la Dirección Provincial de Energía será la encargada de definir la localización de las baterías, identificando los puntos donde el sistema de transporte presenta mayores déficits.

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, brindó este lunes una conferencia de prensa en la Gobernación en la que cuestionó la política económica del Gobierno nacional y aseguró que los principales indicadores muestran un escenario de caída del empleo, retracción del consumo y deterioro de la actividad productiva.

Durante su exposición, el funcionario sostuvo que los datos oficiales contradicen los discursos que destacan una recuperación económica y advirtió que no existen señales de una mejora generalizada para los próximos meses.

"Los resultados son realmente muy preocupantes", afirmó Bianco, quien señaló que los indicadores de consumo, producción e ingresos de la población continúan mostrando retrocesos. Además, sostuvo que los beneficios del actual modelo económico se concentran en pocos sectores con escaso impacto en la generación de empleo y en la economía cotidiana de las familias.

El ministro detalló que en marzo cerraron 2.011 empresas y aseguró que, desde la asunción del presidente Javier Milei, ya desaparecieron cerca de 26.500 firmas en todo el país, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

En materia laboral, indicó que durante marzo se perdieron 27.513 puestos de trabajo y que la cifra acumulada desde diciembre de 2023 alcanza casi los 540.000 empleos.

"No es una situación coyuntural, sino claramente estructural", sostuvo Bianco al remarcar que marzo representó la octava caída del empleo en los últimos diez meses.

También señaló que el salario mínimo vital y móvil volvió a registrar una baja real durante abril y acumula una caída del 39,3% desde el inicio de la gestión libertaria. A ello sumó el aumento de la morosidad en los hogares, que alcanzó el 12%, mientras que la morosidad total del sector privado llegó al 7,2%.

Respecto de la actividad económica, Bianco afirmó que algunos sectores que habían mostrado señales de recuperación volvieron a registrar caídas durante los últimos meses.

Entre los datos presentados destacó que la construcción cayó un 4% en el último mes y acumula una retracción del 22,3% desde el inicio de la actual gestión nacional.

La industria manufacturera retrocedió un 2,1% en el último registro y se encuentra cerca de un 5% por debajo de los niveles de 2023.

Otro de los sectores señalados fue la producción automotriz, que registró una caída interanual del 21,5%, mientras que la industria metalúrgica presenta una utilización de la capacidad instalada del 39,8%, el nivel más bajo desde la pandemia.

El funcionario también expresó preocupación por los indicadores vinculados al consumo.

Según explicó, el consumo masivo cayó un 4,7% en abril respecto del mes anterior y acumula una baja del 3,3% en el primer cuatrimestre del año.

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas descendieron un 1,2% interanual en mayo, mientras que el consumo de carne registra una caída acumulada del 11,1% en lo que va de 2026.

A su vez, las ventas de indumentaria retrocedieron un 7% entre marzo y abril y las ventas en supermercados muestran una baja del 3,7% interanual y del 10% respecto de los niveles registrados al inicio del actual gobierno.

En otro tramo de la conferencia, Bianco se refirió a los fondos que, según la administración bonaerense, el Gobierno nacional adeuda a la Provincia y que en varios casos son objeto de reclamos judiciales ante la Corte Suprema.

El ministro aseguró que la deuda acumulada asciende a 26,7 billones de pesos, una cifra que, según indicó, equivale a más de la mitad del presupuesto anual bonaerense.

Dentro de ese monto incluyó transferencias previsionales no realizadas por la ANSES, compensaciones pendientes del Consenso Fiscal, fondos educativos, programas de salud, convenios de asistencia financiera y partidas destinadas a obras públicas paralizadas o abandonadas.

Entre los conceptos más importantes figuran 2,5 billones de pesos correspondientes a la deuda previsional de la ANSES, 1,2 billones por compensaciones del Consenso Fiscal, 1,6 billones por obras públicas y 9,6 billones vinculados a obras paralizadas o abandonadas.

En un tono crítico hacia la administración nacional, Bianco comparó la deuda con uno de los recientes escándalos políticos que involucran al vocero presidencial Manuel Adorni.

"Los 26,7 billones de pesos equivalen a 37.187 pendrives de Adorni", afirmó el ministro, en referencia al hallazgo de dispositivos de almacenamiento que, según indicó, contendrían el equivalente a 500.000 dólares cada uno.

Para ejemplificar la magnitud de la deuda, sostuvo que con esos recursos podrían adquirirse 292.664 patrulleros, unas 124.186 ambulancias o construirse 22.250 edificios escolares en territorio bonaerense.

La presentación se produjo en medio de la creciente disputa entre la Provincia y la Nación por la distribución de recursos y la continuidad de obras públicas consideradas estratégicas por la administración de Axel Kicillof, que reclama una solución a los fondos adeudados para sostener programas, infraestructura y servicios esenciales.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó este lunes un Plan de Gestión del Riesgo Climático que contempla una inversión de 1,3 billones de pesos con el objetivo de prevenir y mitigar los efectos de fenómenos meteorológicos extremos, ante la posibilidad de que se registre un nuevo evento de “El Niño” en los próximos meses.

La iniciativa fue anunciada por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, quien explicó que el programa fue diseñado a partir de informes de organismos especializados y centros internacionales que anticipan para la región períodos de lluvias intensas, inundaciones y temperaturas anómalas asociadas al calentamiento del océano Pacífico.

“Las probabilidades de un evento extremo vinculado a El Niño son hoy muy ciertas”, señaló el funcionario, al tiempo que destacó la decisión del gobernador Axel Kicillof de coordinar recursos y acciones entre los distintos ministerios y los municipios bonaerenses para afrontar la situación.

Según el informe oficial, desde que existen registros solo se produjeron tres eventos de gran magnitud de El Niño: los de 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016, todos con importantes consecuencias en materia de inundaciones y daños productivos.

El plan provincial se apoya en tres ejes principales: el fortalecimiento del monitoreo hidrometeorológico, la implementación de medidas preventivas y el desarrollo de obras de infraestructura orientadas a la adaptación al cambio climático.

En materia de monitoreo, la Provincia prevé reforzar los sistemas de información y coordinación con organismos especializados. Entre las herramientas se encuentran el Comité de Gestión del Riesgo y Emergencia (CORE), la Mesa de Riesgo Hídrico y los informes elaborados por la Autoridad del Agua sobre humedad del suelo y precipitaciones acumuladas.

El segundo componente contempla tareas de limpieza y mantenimiento de arroyos, reparación de caminos afectados por anegamientos y la elaboración de planes de contingencia frente a olas de calor, con el objetivo de garantizar el suministro de agua potable y energía eléctrica ante posibles interrupciones.

Sin embargo, el grueso de la inversión estará destinado a obras estructurales. El programa incluye 135 intervenciones y siete estudios vinculados a drenajes urbanos y defensas costeras, con una inversión cercana a los 285 mil millones de pesos.

Entre las obras destacadas figuran la ampliación del Canal Maldonado en Bahía Blanca, defensas costeras en distintos puntos de la provincia, trabajos en San Antonio de Areco, intervenciones en las cuencas de los ríos Reconquista y Matanza-Riachuelo, obras en el río Luján y el avance del Plan Maestro del Río Salado.

Además, se proyectan diez iniciativas destinadas a fortalecer la resiliencia del sector agropecuario frente a inundaciones y sequías, con una inversión adicional de 245 mil millones de pesos.

Durante la presentación, Katopodis también cuestionó al Gobierno nacional por la demora en la aprobación de créditos internacionales y reclamó una mayor coordinación para enfrentar emergencias climáticas.

El ministro sostuvo que la administración de Javier Milei mantiene una actitud discriminatoria hacia la provincia de Buenos Aires y recordó el caso de Bahía Blanca, afectada por severos eventos meteorológicos.

“Se sacaron una foto y abandonaron a los bahienses”, afirmó el funcionario, quien aseguró que la Nación prometió fondos para asistir a la ciudad que finalmente no fueron enviados.

Asimismo, insistió en la necesidad de conformar una mesa de trabajo conjunta para abordar las emergencias climáticas y advirtió sobre la importancia de prorrogar créditos internacionales destinados a obras estratégicas en el río Salado, el río Areco, la región Capital y la cuenca del río Luján.

Según datos difundidos por la Provincia, mientras el Gobierno nacional aprobó 18 préstamos para diez provincias por un total de 1.973 millones de dólares, Buenos Aires no recibió financiamiento dentro de ese esquema.

Con una inversión récord y un enfoque integral, el Gobierno bonaerense busca anticiparse a los posibles efectos de un nuevo ciclo de El Niño y reforzar la capacidad de respuesta ante fenómenos climáticos cada vez más frecuentes e intensos.

Un Tribunal del Trabajo resolvió un caso de alto impacto en el ámbito laboral de La Plata al reconocer como accidente de trabajo por ocasión un episodio sufrido por un empleado durante su jornada. Como consecuencia de las graves secuelas de salud que padece el trabajador, la ART fue condenada a abonar una indemnización millonaria.

La causa fue iniciada por el abogado Matias Martínez, quien presentó una demanda por daños y perjuicios contra la empresa y la aseguradora. Según el expediente, el trabajador ingresó a la firma en 2009 y, desde 2021, cumplía turnos rotativos que, según su planteo, afectaron su vida familiar y le generaron un cuadro de estrés.

El hecho ocurrió el 24 de noviembre de 2021, cuando César Fernández se encontraba en la planta y comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho, mareos y malestar general. Al acudir a la enfermería del establecimiento, la encontró cerrada. Ante la ausencia de una ambulancia, fue trasladado en un remis hacia el Sanatorio Argentino, donde sufrió una descompensación cardíaca en el trayecto. El episodio derivó en una grave afectación neurológica, cuadriparesia y la necesidad de asistencia permanente.

Si hubiera recibido la atención adecuada y oportuna, las consecuencias podrían haber sido sustancialmente menores.

La representación legal del trabajador enfatizó que existieron fallas en la respuesta ante la emergencia. Por su parte, el Tribunal consideró que el caso debía ser calificado como accidente laboral por ocasión, al entender que las circunstancias en las que ocurrió —bajo organización del empleador y sin asistencia médica— agravaron el desenlace.

En la resolución, los jueces condenaron a la aseguradora a pagar una suma de 285.980.239,88 pesos, más intereses, lo que eleva el monto total liquidado a 351.246.415,17 pesos. Asimismo, se estableció el pago mensual de una prestación por gran invalidez. Desde la representación del trabajador destacaron que el fallo sienta un precedente al ampliar la protección laboral: “No solo deben repararse los daños causados directamente por el trabajo, sino también aquellos que se agravan porque la circunstancia de que el infortunio ocurrió en el trabajo y justamente esta circunstancia de hallarse en el trabajo fue lo que agravó las consecuencias dañosas y perpetuas que soportó el trabajador”.

La diputada bonaerense de Fuerza Patria, Ayelén Rasquetti, presentó un proyecto en la Legislatura provincial con el objetivo de modificar la Ley 10.342. La propuesta busca habilitar a los municipios de la provincia de Buenos Aires a otorgar permisos de uso sobre las banquinas de rutas y caminos provinciales, permitiendo así aprovechar suelos ociosos y generar nuevos recursos para las administraciones comunales.

Actualmente, la normativa vigente permite a los municipios conceder permisos sobre las franjas linderas a las rutas, pero excluye de manera expresa a las banquinas, al considerarlas espacios reservados para la seguridad vial. El proyecto propone incluir a estos terrenos como susceptibles de ser cedidos, siempre que exista una autorización previa de la Dirección de Vialidad bonaerense. Además, se contempla la creación de un Registro de Usufructuarios de Banquinas Municipales para fiscalizar su utilización.

Al respecto, la legisladora señaló que la exclusión actual genera una problemática doble. “Por un lado, el desperdicio de recursos productivos, miles de hectáreas lineales de suelo fértil y apto permanecen en un estado de total abandono, desaprovechamiento y ociosidad. Por otro, la pérdida de chance fiscal, se priva de manera sistémica a los municipios de una fuente legítima de recaudación de tasas, cánones o derechos de ocupación derivados de la explotación regulada de estos espacios de dominio público”, remarcó Rasquetti.

La diputada indicó que estos terrenos podrían destinarse a explotaciones agrícolas de baja escala, siembra de forrajes, forestación, parquización o instalación de infraestructura de servicios.

“La ociosidad actual de estas tierras representa una oportunidad perdida. Su puesta en valor permitirá que los municipios administren y perciban de manera directa los recursos derivados de dichos permisos. Esto no solo dinamizará el empleo local en los sectores rurales y semiurbanos, sino que fortalecerá las finanzas municipales en un contexto donde se requiere optimizar la recaudación fiscal autónoma”, sostuvo la líder del Frente Renovador.

Sobre la seguridad vial, Rasquetti aclaró que la propuesta no busca desatender esta prioridad, sino actuar como un sistema de promoción y fiscalización. “Se garantizará mediante dictámenes técnicos precisos qué sectores específicos son aptos para el otorgamiento de permisos, resguardando rigurosamente las zonas de escape, las distancias de frenado y la visibilidad de los conductores en las rutas provinciales”, fundamentó.

Finalmente, la legisladora destacó que los recursos obtenidos deberán destinarse a obras de infraestructura comunitaria, mantenimiento de redes viales internas y políticas de seguridad ciudadana local. 

Cabe recordar que, en mayo de este año, el diputado Alejandro Acerbo presentó una iniciativa similar para otorgar mayor autonomía a los municipios en la administración de estos espacios, proponiendo extender los permisos de uno a tres años y destinar un tercio de los fondos recaudados al mantenimiento de los caminos.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó el pasado viernes la ceremonia de promesa de lealtad a la bandera nacional por parte de alumnos y alumnas de primaria de San Jorge, una pequeña localidad rural de 260 habitantes en el municipio de Laprida. El acto se realizó en la Plaza San Martín del pueblo, ubicado a 50 kilómetros de la ciudad de Laprida, donde toda la comunidad educativa local y las familias se reunieron para acompañar a los estudiantes que cursan el 4° grado en las escuelas primarias N°2 y N°19.

Durante la jornada, el mandatario estuvo acompañado por la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; el intendente local, Alfredo Fisher; y la directora de la Escuela Primaria Nº2, Nidia Sisti.

“Es una enorme alegría hacer esta celebración tan importante hoy en San Jorge, un pequeño pueblo rural de Laprida, para dar visibilidad y poner en valor el esfuerzo diario de cientos de localidades y parajes del interior bonaerense”, expresó el gobernador.

En su discurso, Kicillof enfatizó la importancia de la presencia estatal en el territorio. “Aquí, en localidades pequeñas y lejanas de las grandes ciudades, la igualdad de oportunidades se construye con un Estado presente para mejorar los accesos, crear trabajo y poner en valor la salud y la educación pública. Por eso, a pesar de un Gobierno nacional que busca asfixiarnos, nosotros seguimos consolidando las políticas públicas para que nadie tenga que abandonar su comunidad en busca de un futuro mejor”, agregó.

Sobre la figura de Manuel Belgrano, el gobernador sostuvo: “Manuel Belgrano creó nuestra bandera en un acto de rebeldía para forjar una identidad propia y defender a nuestro pueblo en circunstancias extremas. Hoy, en tiempos donde se asiste a una disputa profunda sobre nuestra soberanía, venimos a recordarle a quien esté confundido que la lealtad se la hemos prometido única y exclusivamente a una sola bandera, que es la celeste y blanca”.

Por su parte, Flavia Terigi destacó el significado de la jornada: “Estamos celebrando a uno de los símbolos más importantes de nuestra identidad y nos llena de orgullo poder acompañar a los chicos y chicas en este momento tan significativo: la promesa de lealtad a la bandera es también un compromiso con el país, con sus valores y con el futuro”.

El intendente Alfredo Fisher subrayó la relevancia de la visita: “Hoy es un día histórico porque es la primera vez que un Gobernador visita San Jorge: en los distritos pequeños es imprescindible una presencia fuerte del Estado para que la comunidad se desarrolle”.

En el marco de la visita, se firmó un convenio para la compra de equipamiento para el Centro Universitario Municipal, en el marco del Programa Puentes, que incluye computadoras, impresoras, un microscopio binocular, kits de iniciación robótica y pantallas interactivas.

Finalmente, Kicillof puso en funcionamiento el nuevo frigorífico municipal tras una inversión de 1.929 millones de pesos y entregó al distrito un camión con caja abierta para la gestión de residuos. Acompañaron al gobernador los ministros Carlos Bianco, Javier Rodríguez, Gabriel Katopodis y Nicolás Kreplak.

El mercado hipotecario de viviendas, que había experimentado una marcada expansión durante 2025, comenzó a mostrar signos de estancamiento este año. Según datos del Colegio de Escribanos, durante el mes de mayo se registraron 910 ventas mediante créditos hipotecarios sobre un total de 9.068 actos, lo que representa una caída interanual del 54% en el uso de esta herramienta financiera.

Esta tendencia negativa también se refleja en la comparación mensual, con una disminución de 11 puntos respecto a abril. Al respecto, el presidente del Colegio de Escribanos bonaerense, Guillermo Longhi, manifestó: “Los números registrados en mayo representan un llamado de atención. Por un lado, muestran un dato objetivo, que es la caída en la cantidad de hipotecas, una variable clave para el funcionamiento del mercado”.

En el acumulado de los primeros cinco meses de 2026, se contabilizaron 5.687 operaciones con hipotecas, un 32% menos que en el mismo período del año anterior. Longhi añadió que existe un factor importante relacionado con el ánimo y la confianza de los inversores, sobre el cual deberán trabajar todos los actores del mercado y las autoridades para sostener el nivel de actividad observado desde agosto de 2024.

Si bien los especialistas sostienen que las condiciones para adquirir una propiedad son favorables, las restricciones de financiamiento y los requisitos de ahorro previo, que exigen contar con al menos un 25% del valor del inmueble, limitan el acceso de gran parte de la clase media.

En términos generales, durante mayo se concretaron 9.068 compraventas en la provincia de Buenos Aires, un 23% menos que las 11.790 registradas en el mismo mes de 2025. En lo que va de 2026, el total de operaciones alcanzó las 44.294, apenas un 3% por debajo del año anterior. Actualmente, solo el 13% de las ventas se realizan mediante créditos hipotecarios, una cifra significativamente menor al 24% alcanzado en 2017.

La senadora bonaerense Mónica Macha anunció la presentación de un proyecto de ley con el objetivo de modificar la Ley de Violencia Familiar (N° 12.569). La iniciativa busca incorporar la violencia digital como una forma específica de violencia de género, otorgando mayores herramientas de protección ante agresiones cometidas mediante tecnologías de la información y la comunicación.

La propuesta, que será dada a conocer en La Plata junto a especialistas y familiares de víctimas, contempla el reconocimiento de la afectación a la identidad digital y define a la violencia digital como toda conducta que, a través de medios electrónicos, afecte la dignidad, intimidad, reputación o seguridad de las personas.

“Desde los feminismos y transfeminismos tenemos un gran desafío porque no estamos habitando una época de cambio, se trata de un cambio de época. No solo debemos defender nuestra agenda, sino que además debemos tramar estrategias, porque una sociedad libre de violencias se construye desde la macropolítica”, dijo.

El proyecto detalla medidas concretas de protección, tales como el cese de hostigamientos, la prohibición de contacto, la eliminación de contenidos en redes sociales y la realización de peritajes informáticos. La legisladora subrayó la necesidad de respuestas rápidas frente a problemáticas como la violencia sexual en internet y la difusión no consentida de imágenes.

En este sentido, la senadora remarcó: “La violencia por motivos de género anida en nuestra sociedad. Es un problema estructural que atraviesa todas las clases sociales. Y esa violencia no es exclusiva de un espacio físico. Los territorios digitales le dieron a los varones violentos una vía rápida, sencilla y con cierta impunidad para ejercer violencia contra las mujeres, por eso sostenemos que lo virtual es real y también es político”.

La iniciativa se suma a una agenda impulsada desde 2022, que incluye antecedentes como la Ley Olimpia y el proyecto de Ley Ema, este último promovido también por la diputada Mayra Mendoza. Esta propuesta busca integrar contenidos de ciudadanía digital en la Ley Provincial de Educación N° 13.688, promoviendo capacitaciones obligatorias para docentes y protocolos de actuación ante situaciones de riesgo en el ámbito escolar.

El senador provincial del PRO, Juan Manuel Rico Zini, cuestionó al gobierno de Axel Kicillof por el manejo de la información sobre el estado de los establecimientos educativos. La polémica surgió tras un comunicado del Consejo Escolar de La Matanza, distrito conducido por Fernando Espinoza, que busca centralizar los pedidos de datos, relevamientos e informes sobre la infraestructura escolar.

A través de sus redes sociales, el legislador respaldó la herramienta digital Radar PBA, lanzada hace un mes por el PRO bonaerense para relevar en tiempo real los problemas edilicios en la provincia de Buenos Aires. Al respecto, el senador sostuvo: “La educación bonaerense necesita más transparencia y más control ciudadano, no más burocracia ni menos información”.

El comunicado del organismo distrital, firmado por su titular Alejandro Fabio Sosa, solicitó a los equipos directivos que extremen los recaudos antes de suministrar documentación por canales informales. Ante esto, Rico Zini planteó que la prioridad de la provincia debería ser resolver los problemas edilicios y no dificultar el acceso a la información. El legislador remarcó que los vecinos tienen derecho a saber qué ocurre en cada establecimiento y a exigir respuestas.

Desde el PRO bonaerense interpretaron la medida como un intento de limitar el relevamiento independiente que impulsa el espacio liderado por el expresidente Mauricio Macri. Según explicaron, la plataforma permite que familias y consejeros escolares documenten las deficiencias que afectan a las escuelas.

La Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires aprobó este viernes un nuevo mecanismo destinado a estimar el consumo de agua y el vertido de efluentes en aquellos emprendimientos urbanísticos privados que no cuentan con las habilitaciones y permisos exigidos por la normativa vigente.

Esta medida permitirá calcular y cobrar el Canon por el Uso del Agua y la Tasa de Inspección de Funcionamiento y Control de Calidad de Efluentes (TIFyCCE) a los desarrollos que utilicen recursos hídricos sin haber regularizado su situación administrativa. 

La resolución, dictada por el directorio de la ADA, establece fórmulas específicas para determinar los caudales de explotación y de vertido en barrios cerrados, countries y otros conjuntos inmobiliarios privados que han incumplido con las previsiones de la Ley Provincial N° 12.257, la cual regula el uso y aprovechamiento del recurso hídrico.

Según los fundamentos de la norma, la Provincia busca fortalecer las herramientas de control sobre un sector que ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años y que, en numerosos casos, administra de manera privada servicios vinculados al abastecimiento de agua y al tratamiento de efluentes. 

La resolución se apoya también en la reciente actualización del régimen de cánones dispuesta por el Decreto N° 3233/25, que modificó la fórmula utilizada para determinar los montos a pagar por el uso del agua pública, incorporando variables vinculadas a la disponibilidad del recurso, el tamaño de los establecimientos y las categorías de usuarios.

Entre los argumentos de la medida, la Autoridad del Agua señaló que los relevamientos realizados en distintos emprendimientos urbanísticos privados evidencian que una parte significativa de ellos opera sistemas propios de provisión de agua o tratamiento de efluentes. Asimismo, advirtió que una porción importante del territorio urbanizado de la provincia corresponde a este tipo de desarrollos, lo que hace necesario reforzar los mecanismos de regulación y control.

Para estimar los consumos y vertidos en aquellos casos donde no exista información declarada o disponible, la autoridad utilizará parámetros vinculados a la demanda hídrica prevista en la planificación urbana. Entre las variables consideradas figuran la superficie de las unidades funcionales, los metros cuadrados construidos, los espacios verdes, las piscinas y otros usos característicos de cada emprendimiento.

La determinación de esos datos se realizará mediante relevamientos de imágenes satelitales, una metodología que permitirá efectuar estimaciones indirectas y actualizar periódicamente la información disponible. 

Con esta medida, la Provincia busca ampliar la capacidad de fiscalización sobre los desarrollos inmobiliarios privados y asegurar el cobro de los cánones y tasas vinculados al aprovechamiento de los recursos hídricos y al control de los efluentes que generan.

La senadora del Frente Renovador, Malena Galmarini, manifestó su profundo malestar ante la falta de convocatorias a sesiones ordinarias por parte de la vicegobernadora Verónica Magario. El reclamo se produjo tras una reunión de la comisión de Reforma Política y Régimen Electoral del Senado bonaerense, llevada a cabo en el Salón Antonio Cafiero.

“Hice todo lo que pude para acercar posiciones y sesionar, te diría que me rendí. Todo lo que se me ocurría, opciones para un lado, opciones para el otro. Me parece una vergüenza que no sesionemos hace siete meses", dijo.

La legisladora de Fuerza Patria cuestionó la inactividad del recinto y señaló que, a pesar del parate, la intención de la comisión es anticipar el debate de proyectos clave, como la Boleta Única de Papel (BUP) y la ampliación de los plazos electorales. Sobre este punto, Galmarini advirtió: “Si no se discuten las cosas, nos pasan lo que nos pasó el año pasado, que llegamos todos con la lengua afuera y con la gente cansada de no saber cuándo y qué vota. Tenemos que llegar al 31 de diciembre ya con las reglas puestas”.

El estancamiento parlamentario también responde a una falta de acuerdos internos en el oficialismo. La senadora señaló que existe una demora en la oficialización de recambios de autoridades, específicamente en torno a la vicepresidencia segunda de la Cámara alta, cargo que le correspondería a Galmarini tras ceder la presidencia de la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos al legislador Emmanuel González Santalla. Sin embargo, la actual ocupante del cargo, Ayelén Durán, no ha mostrado intenciones de moverse.

Al respecto, Galmarini reflexionó sobre la dinámica política: “A mí me pusieron en una comisión que nadie quería agarrar, porque claramente es una comisión de mucha discusión. Yo estaba en Legislación General, entre otras cosas porque sabía que era un lugar para trabajar mucho y que a mí me divierte trabajar. Me parece que es difícil que se cumplan los acuerdos entre nosotros y con los de enfrente”.

Finalmente, la senadora envió un mensaje al interior del oficialismo al afirmar que los dirigentes deben dejar de pegarse por debajo del cinturón y cumplir con la palabra dada. Mientras tanto, los asesores parlamentarios comenzarán a estudiar las iniciativas sobre la Boleta Única de Papel y la propuesta de la Junta Electoral, que busca establecer plazos específicos para la presentación de alianzas, listas y boletas antes de los comicios.

El Gobierno bonaerense expresó su disconformidad ante la reciente decisión de la administración nacional de exigir que las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vinculen obligatoriamente dicho beneficio a una tarjeta SUBE registrada a su nombre. El objetivo de esta medida, según lo informado por el Ministerio de Salud, es reducir las demoras, fortalecer la seguridad para los usuarios y conductores, evitar el traslado de documentación física y minimizar el uso de papeles propensos al fraude.

A partir del 19 de junio, los beneficiarios podrán acceder al descuento del 100% en viajes de colectivos de jurisdicción nacional y trenes mediante la tarjeta SUBE, prescindiendo de la presentación física del CUD. Pese a esto, desde la Provincia tomaron distancia de la iniciativa y lanzaron una advertencia sobre la implementación del nuevo sistema.

“Para las personas que necesitan que se le facilite el día a día, suman otro trámite con tal de no reconocer derechos que llevan años negándolos”, sostuvo el ministro de transporte, Martín Marinucci.

El funcionario destacó la plena vigencia de las credenciales Pases Libres Multimodales (PLM), las cuales permiten el traslado gratuito en el transporte terrestre de las líneas 200 a 499 y en el servicio fluvial provincial. 

Al respecto, Marinucci enfatizó: “Las credenciales de PLM son un derecho que desde la provincia de Buenos Aires garantizamos desde el primer día de la gestión. Desde la asunción al frente del Ministerio agilizamos los operativos para estar presente en cada distrito y que quienes lo necesitan puedan usar el transporte para ir a sus estudios médicos, a visitar a su familia”.

Actualmente, en la provincia de Buenos Aires existen 800 mil personas con el CUD tramitado, quienes cuentan con el beneficio del PLM para viajar sin trámites adicionales ni topes mensuales por motivos de salud, educación, trabajo o recreación. Durante el año en curso, el Ministerio de Transporte ha desplegado operativos en diversos distritos, incluyendo Mar del Plata, Quilmes, Monte Hermoso, José C. Paz, Moreno, La Costa, Malvinas Argentinas, Morón, Villa Gesell y Almirante Brown, entre otros, para facilitar el acceso a estas credenciales.

El gremio docente Suteba Multicolor convocó a un paro para este jueves 18 de abril en establecimientos educativos de toda la provincia de Buenos Aires. La medida de fuerza se enmarca en una jornada de lucha nacional y podría afectar el normal dictado de clases en distintos colegios.

Desde el sector disidente informaron que la protesta se desarrollará como parte de un paro provincial, con el objetivo de visibilizar reclamos vinculados a las condiciones laborales, salariales y edilicias en el sistema educativo bonaerense.

La decisión fue adoptada durante un plenario virtual realizado el pasado viernes, del que participaron delegados de aproximadamente 30 distritos. Según informó el sector, más de 5.500 docentes votaron a favor de avanzar con esta nueva medida de fuerza.

Entre los principales pedidos, el gremio detalló que se encuentra la exigencia de un salario equivalente al valor de la canasta familiar por cargo. Asimismo, los docentes reclaman la creación de cargos faltantes, una mayor inversión en infraestructura escolar y un incremento del presupuesto destinado a educación.

“Los salarios docentes bonaerenses están en el fondo de la tabla de los salarios de los trabajadores de la educación de todo el país”, manifestaron desde el espacio al convocar a la medida de fuerza.

El pliego de demandas también incluye la defensa de las jubilaciones y el rechazo a políticas de ajuste. En ese sentido, la organización sindical planteó la necesidad de reforzar los recursos destinados al funcionamiento de las escuelas. Finalmente, otro de los puntos señalados refiere a situaciones de violencia en distintos establecimientos educativos, sobre las que reclamaron medidas específicas para su abordaje.

El paro bonaerense se realizará en el marco de una jornada nacional de lucha convocada por sindicatos y seccionales combativas de distintos puntos del país, que incluirá movilizaciones y protestas en al menos siete provincias, además de una manifestación frente al Palacio Pizzurno en la Ciudad de Buenos Aires.

Tras la medida de fuerza, desde Suteba Multicolor anticiparon que buscarán dar continuidad al plan de lucha mediante asambleas escolares, reuniones de delegados y nuevas instancias de organización. En ese marco, ya se convocó a un Plenario Provincial de Delegados para el próximo 3 de julio en La Matanza.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires oficializó la creación del Programa de Infraestructura Sostenible y Resiliente. La medida, formalizada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, busca incorporar de manera transversal criterios de sostenibilidad ambiental, resiliencia climática y gestión integral del riesgo en la planificación, ejecución y mantenimiento de obras y servicios públicos.

El objetivo central de esta iniciativa es promover un modelo de infraestructura que favorezca el desarrollo territorial equitativo, la restauración ambiental y la adaptación frente al cambio climático durante todo el ciclo de vida de los proyectos. La autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Planificación y Coordinación para el Desarrollo Territorial Sostenible, organismo encargado de implementar el programa y dictar las normas complementarias necesarias.

La resolución destaca que el programa se enmarca en los compromisos asumidos por Argentina a nivel nacional e internacional, tales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París y el Acuerdo de Escazú. Asimismo, toma como referencia la Ley General del Ambiente, la Ley de Cambio Climático y el proceso de elaboración del Plan de Respuesta Provincial al Cambio Climático.

La estructura del programa se divide en dos ejes fundamentales. El primero, denominado “Sostenibilidad en la infraestructura y los servicios públicos”, apunta a integrar estándares socioambientales en todas las etapas de las obras. Entre sus metas se encuentran el fortalecimiento de capacidades técnicas, la promoción del acceso a la información pública ambiental y la participación ciudadana, en línea con los principios de transparencia del Acuerdo de Escazú.

El segundo eje, titulado “Acción climática y gestión integral del riesgo de desastres”, tiene como propósito fortalecer la capacidad institucional para prevenir y reducir riesgos asociados a eventos climáticos extremos. Este componente incluye la generación de herramientas técnicas para evaluar la resiliencia de los proyectos, la articulación entre diversos organismos y la promoción de soluciones basadas en la naturaleza como estrategia de adaptación.