La Lista 8 “Alternancia”, liderada por el abogado olavarriense Luciano Capelli, logró un contundente triunfo en los comicios para la renovación de autoridades del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul. En una jornada marcada por la participación de los profesionales del derecho, la nómina ganadora superó a la Lista 1 “Integración”, que postulaba a la presidencia a Elda Donatelli.

El resultado consolidó el predominio de este espacio a nivel regional, ya que la agrupación se impuso en las ciudades que concentran la mayor cantidad de abogados matriculados, tales como Tandil, Olavarría, Azul y Bolívar. El apoyo también se replicó en las localidades de Laprida y General Alvear, permitiendo a la conducción electa proyectar su gestión con un fuerte respaldo geográfico.

En el plano local, la elección volvió a exhibir un escenario de marcada paridad, aunque finalmente se ratificó el rumbo de la votación anterior. En Tandil, la Lista 8 obtuvo su segundo triunfo consecutivo sobre la Lista 1, que en esta ciudad estuvo liderada por el expresidente de la institución, Gastón Argeri. Este desenlace reafirmó la tendencia que se había manifestado inicialmente durante las elecciones de medio término celebradas en el año 2024.

A partir de la oficialización de estos resultados, Tandil contará con una renovada presencia dentro de los cuadros técnicos y políticos del colegio departamental. Entre los profesionales electos para integrar el consejo directivo se encuentran María Luz Hidalgo, quien asumirá como primera consejera titular, y Lucila María Larsen, quien fue designada como primera consejera suplente.

Asimismo, la representación tandilense se extendió al Tribunal de Disciplina, un órgano clave para el ejercicio ético de la profesión. En dicho cuerpo, Gabriel Gullón resultó electo como juez titular, mientras que María José Tosetto ocupará el cargo de jueza suplente. Estas designaciones refuerzan el peso de los matriculados locales en la estructura de control y gestión de la abogacía regional.

Además de las nuevas incorporaciones, el esquema institucional mantendrá la vigencia de otros referentes de la ciudad que ya desempeñaban funciones en distintas áreas. En el consejo directivo continuarán Romina Maineri, como consejera titular, y Manuel Marañón, en su rol de consejero suplente. Por su parte, Fabián Gutiérrez permanecerá como juez suplente del tribunal disciplinario y Guillermo Pérez Cambet seguirá al frente de la dirección de la Caja Previsional de la Abogacía de la Provincia de Buenos Aires.

Desde el espacio ganador destacaron que este triunfo no solo representa un aval a la conducción de Luciano Capelli, sino que también ratifica la sintonía institucional existente con la Asociación de Abogados de Tandil. Según indicaron, la entidad local se encuentra alineada con la propuesta de “Alternancia” desde el año 2024, lo que permite una mayor fluidez en la gestión de servicios y beneficios para los colegiados serranos. Con este nuevo proceso electoral, la Lista 8 alcanzó su tercer éxito en las urnas frente a su principal competidora en el ámbito departamental.

La abogada argentina Agostina Páez, acusada de racismo en Brasil, publicó un video sobre su prisión domiciliaria tras el episodio donde realizó gestos simulando un mono en un bar de Ipanema.

“Día 44 presa en Brasil”, fue el título del material audiovisual que difundió en su cuenta de la red social TikTok grabado desde su alojamiento.

“La verdad que me siento muy del o…, este fin de semana para mí ha sido crucial, la he pasado muy mal: he pasado los tres días empastillada porque mis niveles de ansiedad iban cada vez más altos”, contó la joven santiagueña de 29 años, quien detalló su estado emocional y remarcó que se sentía muy sola durante el proceso.

En la filmación, Páez documentó su rutina diaria y las dificultades para enfrentar la situación. “Es muy difícil tener que ser yo sola la que se da fuercita y decirse ‘arriba ese velorio’, Agostina, dale, levantate de la cama”, agregó mientras mostraba cómo se las arreglaba para bajar al restaurante del complejo donde se hospedaba mientras utilizaba una tobillera electrónica dispuesta por la Justicia brasileña.

“Voy a ir así, sin que se me vea la tobillera obviamente, no vaya a ser que me reconozcan”, señaló en la grabación, donde también admitió haber descuidado su alimentación producto de la depresión.

“Me puse lentes porque estoy sensible y lloro por todo. La estoy pasando del orto, pero bueno, consecuencias de reacciones. No hay que reaccionar de la forma que yo he reaccionado, de eso me arrepiento”, reflexionó la abogada.

La publicación se conoció a diez días de su regreso a la Argentina, luego de haber pasado más de dos meses bajo custodia. Páez brindó, además, una entrevista donde aseguró que no dimensionó el alcance de sus actos y explicó que su reacción se produjo en medio de una discusión por una cuenta mal cobrada.

“Los vi agarrarse los genitales. No fue por su color de piel. Vi a una persona agarrarse los genitales, me salió hacer eso”, concluyó sobre el origen de su imputación.

La letrada todavía espera el fallo definitivo del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro ya que el juez interviniente debe dictaminar una condena o una absolución. NA

La abogada Agostina Páez, acusada de injuria racial en Brasil, emprende hoy su regreso a la Argentina. La medida se concreta luego de que la Justicia del país vecino aceptara el habeas corpus presentado por su defensa, permitiéndole esperar el fallo definitorio del juez junto a su familia y allegados.

Fuentes vinculadas a la causa confirmaron que el arribo de Páez al Aeroparque Internacional Jorge Newbery está previsto para este miércoles, pasadas las 19.00. De esta manera, la joven volverá a pisar suelo nacional tras permanecer casi tres meses retenida en territorio brasileño con el uso obligatorio de una tobillera electrónica.

El vuelo que traslada a la profesional partió desde la ciudad de Río de Janeiro a las 15.55. Según se informó, su regreso definitivo a su provincia natal, Santiago del Estero, se producirá recién el próximo jueves 2 de abril. El avance en su situación procesal se dio este martes, cuando se confirmó que la abogada abonó la caución fijada en más de 18.500 dólares, lo que derivó en el retiro del dispositivo de monitoreo y la autorización para salir del país.

El caso alcanzó una gran repercusión tanto en Argentina como en Brasil. El proceso se desarrolla en un marco de endurecimiento de las leyes contra actos de discriminación en el país limítrofe, donde este tipo de conductas son tipificadas como delitos graves y conllevan penas severas.

Esta semana, probablemente el miércoles, Joaquín Mogaburu, el hasta ahora subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, será reemplazado por Leonardo Szuchet, abogado penalista que ya ocupó un cargo en esa área de Gobierno durante la presidencia de Mauricio Macri.

Mogaburu era uno de los últimos hombres que integraban cargos de importancia en el Ministerio de Justicia durante la gestión del renunciado Mariano Cúneo Libarona. Había asumido el cargo hace solo tres meses, el 10 de diciembre, en reemplazo del exjuez Alberto Baños. Con la llegada de Szuchet se completarían los cambios introducidos por Mahiques tras la renuncia de su Cúneo Libarona.

Mogaburu era un funcionario de absoluta confianza del ex secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien a su vez reportaba dentro de las filas oficialistas al asesor Santiago Caputo. En tanto que Szuchet fue el jefe de gabinete del por entonces secretario de Derechos Humanos Claudio Abruj, quien actualmente es titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

No se confirmó si también se va a concretar el cambio de sede del organismo, que hoy tiene funciona en el predio de la exESMA, y según trascendió se mudaría a un edificio en el barrio de San Telmo, más precisamente a Cochabamba 54, donde hasta principios de 2020 funcionó el disuelto Ministerio de la Mujer, creado en tiempos de Alberto Fernández y cerrado poco después de asumir por Javier Milei.

Agostina Páez, la abogada argentina acusada de racismo en Brasil se mostró muy angustiada ante los medios de comunicación después de que se conociera el revés judicial que la obliga a quedarse entre 10 y 15 días más en Río de Janeiro.

La argentina enfrenta una causa por injuria racial después de haber hecho gestos inapropiados a los empleados de un bar en Ipanema y que la situación haya quedado registrada en las cámaras de vigilancia del lugar.

En los últimos días se creía que Páez podría volver al país el fin de semana. “Estoy desesperada, desbordada, sufriendo un montón, no sé qué tanto más voy a sufrir aquí. Cada vez menos esperanza. Estoy muy angustiada ”, expresó ante los medios.

Cuando parecía que Páez iba a volver a Argentina después del largo proceso judicial que enfrentó en Brasil, el juez Guilherme Schilling Pollo Duarte determinó que se debían mantener las medidas cautelares y el monitoreo electrónico, por lo cual la joven debería permanecer aproximadamente dos semanas más en Río de Janeiro.

La decisión fue en contra de la opinión de la propia fiscalía y de la querella, que ya habían prestado su conformidad para que Páez regresara a Argentina. “El juez en vez de revocar las cautelares y dejarla salir, prefirió esperar al fallo ”, explicó la abogada de la joven Carla Junqueira.

La letrada agregó que el magistrado "quiere estudiar un poco más las inconsistencias de los relatos para fallar. Ayer definió que prefiere esperar que presentemos los alegatos finales y fallar, y que haya el depósito de una caución para que pueda regresar a la Argentina”.

En respuesta, la abogada presentó un habeas corpus para destrabar la salida del país de su representada. “Es un remedio jurídico contra un acto coactivo. No nos da otra", explicó. Además, anticipó que si el Tribunal rechaza el habeas corpus, irá a la Corte Suprema: “El derecho a la libertad es una de las garantías fundamentales de la Constitución”.

Aunque parece poco tiempo, el alargamiento de la estadía en Brasil, donde Agostina fue objeto de un gran escrutinio público, resulta perjudicial para la acusada, que está hace dos meses en Río de Janeiro. “Para una persona que está acá privada de su libertad, con su padre... es mucho. Vamos a presentar los habeas corpus porque más allá de una cuestión logística, jurídicamente no haría tanta diferencia“, detalló Junqueira.

La postergación del regreso no cambia el fondo del acuerdo al que se llegó. “Hay alegatos finales presentados por fiscalía que piden que la pena mínima de dos años sea reemplazada por trabajos comunitarios y reparación del daño moral a las víctimas. El que va a definir es el juez. Confiamos en el poder judicial de Brasil, que va a hacer el proceso justo”, explicó la abogada.

Además, criticó el trato que le dieron a su representada en el país vecino: “Salió en los medios brasileros que el reemplazo de una pena por una eventual reparación de daños podría significar algún tipo de impunidad. Eso generó en la fiscalía una sensación de que no hay credibilidad en el sistema de justicia de Brasil. Yo lo veo al revés: el sistema judicial no está para responder a clamores sociales sobre lo que es o no impunidad. La Justicia tiene que aplicar la legislación”.

En la misma línea contó que la fiscal incluyó en su documento que “no pueden contaminar la sociedad con la sensación de impunidad”.

“No son legisladores que tienen que responder a la sociedad. Cambiar una decisión o postergar la revocación de cautelares, que ya son efectivamente desproporcionadas, para responder a lo que piensa la sociedad, eso sí es una falta de credibilidad de la Justicia”, argumentó la abogada y cerró: “Si vamos a responder al clamor público, entonces la ahorcamos en plaza pública. La ponemos acá y listo”.

El juicio contra Agostina Páez, la abogada argentina acusada de realizar gestos racistas dentro de un boliche en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, comenzará este martes.

Fuentes del caso informaron a que la parte acusatoria, la fiscalía y la querella expondrán sus conclusiones en la primera audiencia en el Tribunal Penal N°37, a cargo del juez Guilherme Schilling Pollo Duarte.

Páez se encuentra detenida con prisión domiciliaria por tres hechos de injuria racial, un delito que prevé una pena máxima de 15 años y no es excarcelable.

El conflicto que derivó en su detención se originó, según la versión de la imputada, por una discusión sobre una cuenta mal cobrada mientras vacacionaba con amigas.

La joven de 29 años, representada por la letrada Carla Junqueira, consignó que se retiró del lugar a los gritos tras un cruce con los mozos, pero su gesto discriminatorio quedó registrado en un video que se volvió viral y sirvió como prueba fundamental para la justicia brasileña.

En un video que publicó la oriunda de Santiago del Estero en sus redes sociales, consideró el hecho como “una reacción muy grave” y añadió: “Por eso quiero pedir disculpas públicamente, algo que quería hacer anteriormente y, por recomendación de mi defensa anterior, no lo hice”.

Este martes 3 de febrero se conmemora, como cada año, el Día Internacional del Abogado. La jornada busca reconocer la labor de los hombres y mujeres de leyes que trabajan para construir un mundo más justo, defendiendo los derechos de los ciudadanos tanto en procesos judiciales como administrativos, además de brindar asesoramiento legal.

Esta celebración internacional se realiza en honor al profesional que ejerce la defensa jurídica y el consejo en materias legales, destacando su rol fundamental en el funcionamiento de la justicia y el respeto por el Estado de Derecho.

En nuestro país la celebración es distinta. El Día del Abogado y la Abogada en Argentina se conmemora cada 29 de agosto, fecha que fue establecida en 1958 por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).

Este día fue elegido en homenaje a Juan Bautista Alberdi, una de las principales figuras políticas del siglo XIX y uno de los pilares del pensamiento jurídico argentino. Alberdi nació en 1810 en San Miguel de Tucumán, y su legado sigue siendo fundamental en la historia del Derecho en Argentina.

La fecha varía según cada país, muchas veces asociada a juristas destacados o hitos históricos locales:

El abogado Nicolás Payarola, conocido por haber representado a Wanda Nara, fue detenido este jueves en su casa del barrio Golf Club de Nordelta por la Policía Bonaerense, acusado de once hechos de estafa a sus propios clientes, según confirmaron fuentes del caso. Su indagatoria está prevista para mañana viernes.

En la investigación aparecen seis víctimas identificadas, entre ellas María Macarena Posse, hija de Gustavo Posse, exintendente de San Isidro. También figura como imputada Sofía Ferrarazo, pareja de Payarola.

La detención se concretó luego de una investigación dirigida por el fiscal Cosme Iribarren, con trabajo de la Superintendencia AMBA Norte I de la Policía Bonaerense, a cargo del comisario general Lucas Borge, y con una orden avalada por el Juzgado de Garantías N°3 de San Isidro.

Al cierre de esta nota los allanamientos continuaban, incluido un procedimiento en Beccar realizado por personal de la Comisaría 4°. Entre las medidas solicitadas por Iribarren, se pidió el secuestro de documentación vinculada a Wanda Nara.

El fiscal, a cargo de la UFI Benavidez, investiga a Payarola por los delitos de defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo. La situación del abogado se agrava porque, en paralelo, la Justicia porteña lo había procesado en junio pasado por engañar al campeón del mundo Gonzalo “Cachete” Montiel y a su familia, con un embargo de $810 millones.

Iribarren detectó que ambos expedientes se cruzan: Juan Marcelo, padre de “Cachete”, figura como una de las víctimas en la causa de San Isidro.

Según la acusación, Payarola habría intentado ofrecerle a la familia Montiel un campo de 132 hectáreas en La Pampa perteneciente a otro cliente al que también habría engañado. Además, habría propuesto entregarles una camioneta Toyota Hilux de un denunciante de la causa de Benavidez y un yate que sería propiedad de la suegra de otra víctima.

Por otra parte, el abogado había obtenido una eximición de prisión a mediados del año pasado y luego debió pagar una fianza de $40 millones.

En representación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Guillermo Torremare fue abogado querellante en el juicio La Huerta. No fue el primer proceso vinculado al accionar del terrorismo de Estado en el que trabajó, ya que posee una vasta experiencia en otras causas y mega-causas. 

Tras la lectura de las sentencias dialogó con El Eco de Tandil y brindó un primer balance de lo ocurrido en el Aula Magna. Si bien hizo hincapié en la necesidad de conocer los fundamentos, también sostuvo que algunas penas fueron “desproporcionadas por bajas”, y estimó que “la única posibilidad legal” para comprender las absoluciones fue que parte de los crímenes no fueron considerados de lesa humanidad, por lo que estarían prescriptos. 

Destacó que La Huerta fue un caso particular por haber sido el ámbito donde se juzgaron hechos cometidos en ciudades pequeñas o intermedias, adelantó que presentarán un recurso a Casación, y que “es imposible sustraerse a un clima de época” para analizar los fallos. Entre otros aspectos expresó que en el marco del proceso judicial se reconocieron crímenes de lesa humanidad cometidos en la Base Aérea de Tandil.

“Las condenas que se hicieron, nosotros las esperábamos. De las penas menores, las que fueron de entre 5 y 10 años, esperábamos que fueran mayores. Hay un imputado que se comprobó que violó a una mujer prisionera y se le dio una pena de seis años de prisión. Esto es una pena absolutamente desproporcionada por baja. Pero nuestra sorpresa de ayer fue por la cantidad de absoluciones”, expresó.

-Por su dimensión, por su amplitud geográfica, el de La Huerta fue un juicio particular…

-Sí, esta es una de las tantas causas que hay, que es una mega causas por la cantidad de víctimas, por la cantidad de imputados, por la cantidad de hechos, por la cantidad de lugares que han funcionado como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio.

De modo que es una causa muy particular en ese sentido. Y que al mismo tiempo, tiene la rareza de juzgar hechos producidos, no en las grandes en las grandes ciudades del país sino en ciudades pequeñas o relativamente pequeñas.

-Si bien la etapa del juicio tomó casi tres años, fue un proceso más extenso, ¿Cómo fue ese proceso?

-Este juicio tiene más de diez años, porque hubo toda una instancia de instrucción, que se realizó ante un Juzgado Federal, y, una vez que esa instrucción estuvo concluida se pidió la elevación de la causa a juicio, que fue esta última etapa de tres años. Se realizaron inspecciones oculares a los lugares donde se cometieron los delitos, y se escucharon una gran cantidad de testigos. Después se produjeron los alegatos, y después lo que ocurrió el viernes 24, la lectura de la sentencia.

El viernes se leyó solo la parte dispositiva de las sentencias, pero el 19 de diciembre nos van a dar a conocer los fundamentos. Así que, la verdad es que hasta que conozcamos los fundamentos, es muy difícil hacer una evaluación profunda de la certeza o no de lo del veredicto que se dio a conocer ayer.

Hasta no ver los fundamentos no tenemos elementos para criticarlo abiertamente, pero sí tenemos algunas presunciones claras en función del resultado que nos permiten afirmar que es erróneo en muchas de las absoluciones.

-Hubo 8 condenas y 27 absoluciones. ¿Qué balance hacen a partir de esta decisión del tribunal?

-Las condenas que se hicieron, nosotros las esperábamos. Pero de las penas menores, las que fueron de entre 5 y 10 años, esperábamos que fueran mayores. Hay un imputado que se comprobó que violó a una mujer prisionera y se le dio una pena de seis años de prisión. Esto es una pena absolutamente desproporcionada, por baja. 

Pero nuestra sorpresa de ayer fueron la cantidad de absoluciones. Y en eso, en principio veo dos cosas. Primero, hay una parte de esas absoluciones que no las entiendo, porque yo había había visto en el proceso que de muchas de las personas absueltas fue acreditada su responsabilidad en muchos de los hechos juzgados, a través de varias declaraciones testimoniales. De modo que vamos a ver cuáles son los fundamentos, pero, en principio, hay algo que no estoy comprendiendo en su totalidad.

Y después hay otra cuestión que tiene que ver con algunas situaciones vinculadas a casos en los cuales las víctimas fueron trabajadores agremiados, denunciados por las empresas, caso Fabi, Losa, o Loma Negra. Por esas denuncias hubo participación del Ministerio de Trabajo, que estaba intervenido por militares, y a esas víctimas se las detuvo, se las torturó, se las mantuvo mucho tiempo privadas de libertad, y luego se las liberó con grave perjuicio, porque quedaron sin trabajo. La mayoría tuvo que irse de la localidad en la que vivían con sus familias y con un daño tremendo. 

Esas cuestiones, que fueron varias en esta causa La Huerta, no fueron entendidas como juicios de lesa humanidad, sino que fueron entendidas como delitos comunes, por lo que están prescriptos y por lo tanto, la única posibilidad legal es la absolución de las personas imputadas. Vamos a ver los fundamentos, pero entendemos que esto es lo que ha sucedido.

Es un error grosero que a los casos de represión a trabajadores agremiados no se los considerara como delitos de lesa humanidad sino como delitos comunes y en consecuencia se resolvió su prescripción. Esa persecución a los trabajadores fue parte del plan represivo de la dictadura.

-¿Cómo continúa esto?

-El día 19 de diciembre se darán a conocer los fundamentos. A partir de ahí, las partes tenemos diez días hábiles para presentar recursos de casación, esto es impugnar la sentencia pidiendo un resultado diferente. Eso se presenta ante la Cámara Federal de Casación Penal. Esos diez días se van a prorrogar, porque justo nos va a tocar la feria judicial del mes de enero, así que en febrero se van a estar presentando los recursos.

Obviamente, yo tengo plena certeza que vamos a recurrir esta sentencia y también entiendo que los defensores de las personas que fueron condenadas también van a recurrir intentando morigerar penas.

-Más allá del balance sobre condenas y absoluciones, el Tribunal reconoció los crímenes cometidos en Tandil y en toda la Sub Zona 12. ¿Qué lugar le otorga a ese reconocimiento? Luego de la lectura de las sentencias, algo que se escuchó fue que “en Tandil la dictadura ocurrió”…

-Sí, claro, yo no tengo ninguna duda. Una de las primeras cosas que hizo la dictadura fue parcelar el país, de manera que no hubiera un solo metro cuadrado de territorio nacional que no quedara bajo la órbita de la actuación militar.

Ese discurso inicial del presidente del Tribunal fue un explícito reconocimiento a esa violencia. Y que la verdad es que no se condice ese discurso inicial con el resultado del juicio, con las 27 absoluciones. Por eso, la primera manifestación que tuve fue de sorpresa.

-Entre otros, se comprobaron crímenes cometidos en la Base Aérea de Tandil. La cronista del Juicio, Soledad Restivo, hizo mención a ese punto en un artículo que escribió tras conocerse las sentencias…

- Efectivamente, esos hechos quedaron demostrados en el juicio y son los que justificaron dos de las peticiones perpetuas, a Valdecantos y Martínez Salgado.

Estas fueron las primeras veces que se juzgaron los hechos ahí ocurridos. Se juzgaron y se llegó a las máximas condenas. Así que, en definitiva lo que ocurrió fue precisamente el reconocimiento de crímenes de lesa humanidad en la Base Aérea.

-Con respecto a las sentencias, ¿Qué lugar le corresponde al “clima de época”, al “clima político”?

- Es imposible sustraerse a un clima de época en el cual los máximos gobernantes, y hablo del presidente y la vicepresidenta de la Nación, tienen reiteradamente expresiones negacionistas. No obstante eso, yo creo que esas expresiones no son compartidas por la inmensa mayoría de la sociedad argentina.

-La justicia es otro poder...

-La justicia es un poder del Estado que está compuesto por magistrados probos y honestos, y otros que son más sensibles a estos vientos políticos. No obstante, hasta no ver los fundamentos de la sentencia no voy a tener expresiones que permitan presumir que los magistrados se han dejado llevar por estos por estos vientos políticos o por este clima de época que existe.

El juez Santiago Carlos Bignone, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 39 de la Ciudad de Buenos Aires, ordenó el embargo preventivo de 810 millones de pesos sobre los bienes y cuentas de Nicolás Agustín Payarola, exabogado y representante legal del futbolista Gonzalo Montiel, en el marco de una investigación por defraudación y administración infiel.

La causa se centra en la presunta apropiación de más de 700.000 dólares pertenecientes al jugador de River Plate y la Selección Argentina, que fueron entregados al abogado para supuestas inversiones inmobiliarias y financieras que nunca se concretaron. El juez dictó el procesamiento de Payarola pero sin prisión preventiva.

Según el expediente judicial, entre marzo y octubre de 2023, Payarola se ganó la confianza de la familia Montiel tras representarlos en una causa penal anterior. A partir de allí, convenció al jugador y su entorno de participar en un emprendimiento ficticio bajo el nombre de M&A Desarrollos Inmobiliarios, donde él centralizaba la gestión del dinero sin rendición de cuentas ni respaldo documental válido.

Entre las maniobras documentadas se encuentran:

Además, el juez identificó certificaciones apócrifas, maniobras de presión emocional y simulaciones de reuniones técnicas para legitimar las operaciones. Una parte del dinero fue entregada incluso a través de Marina Lema, empleada del estudio jurídico de Payarola.

El embargo, calculado en pesos por el Banco Nación, busca garantizar eventuales indemnizaciones, honorarios y daños económicos y morales. La causa sigue su curso y, mientras tanto, la familia Montiel reclama la restitución total de los fondos sustraídos, de los cuales sólo 148.800 dólares habrían sido devueltos hasta ahora.

El caso se perfila como uno de los más resonantes en el ámbito deportivo y judicial argentino en los últimos años, por el volumen de dinero involucrado, la exposición pública de la víctima y el nivel de confianza vulnerado.

La abogada penalista María Raquel Hermida Leyenda falleció en la madrugada del domingo en la Ciudad de Buenos Aires a causa de una afección cardíaca, mientras se encontraba internada en el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (CEMIC). Tenía 63 años. Según informó el periodista Ángel de Brito, la causa de muerte fue una sepsis, una grave complicación causada por una infección que desencadena una reacción extrema del sistema inmunológico.

Hermida Leyenda fue una figura destacada en la lucha por los derechos de las mujeres en el ámbito judicial. A lo largo de su carrera, representó a víctimas de violencia de género y llevó adelante causas de alto impacto mediático y social. Entre ellas, defendió a la actriz Calu Rivero en la denuncia por acoso sexual contra Juan Darthés, y representó a Nahir Galarza, condenada a prisión perpetua por el asesinato de su novio Fernando Pastorizzo.

Nacida el 19 de diciembre de 1961 en el centro porteño, era hija de inmigrantes españoles. Cuando su familia decidió regresar a España, ella optó por quedarse en Argentina, donde estudió Derecho en la Universidad Católica Argentina (UCA). Tras recibirse, comenzó su carrera como secretaria de la Mujer en la obra social de ASIMRA, desde donde impulsó el tratamiento del acoso sexual laboral, una problemática casi inexistente en la agenda pública de ese entonces.

Su perfil combativo y su perspectiva de género la convirtieron en una figura reconocida también en los medios de comunicación, donde participaba con frecuencia defendiendo sus causas con firmeza. Muchas de las sentencias que obtuvo marcaron precedentes en la Justicia argentina.

Uno de sus casos más resonantes fue la defensa de Nahir Galarza entre 2020 y 2022. Aún después del fallo condenatorio, Hermida Leyenda siguió acompañando a la joven desde la Red de Contención, un colectivo feminista que también la apoyó en su denuncia por abuso contra su padre. La abogada denunció haber sido perseguida y amenazada por su implicancia en ese caso. En una entrevista con TN, aseguró que el padre de Galarza, un policía de Entre Ríos, la había mandado a seguir. Incluso llegó a advertir públicamente que su vehículo había sido manipulado, luego de que fallaran los frenos antes de una audiencia clave.

Además, logró la absolución de Mafalda Secreto, una mujer acusada de matar a su esposo en Pergamino, en un fallo que reconoció la legítima defensa en un contexto de violencia de género. En la causa por abuso sexual contra el exfutbolista Alexis Zárate, Hermida Leyenda insistió en la validez de los testimonios de la víctima y las pericias psicológicas, logrando que fueran tenidos en cuenta como pruebas clave.

Raquel Hermida Leyenda deja un legado de lucha por la justicia con perspectiva de género y una trayectoria que influyó tanto en la opinión pública como en los tribunales. “Se destacó en los programas por su perspectiva de género y luchó contra la violencia machista”, escribió Ángel de Brito en su cuenta de X, una de las muchas voces que hoy la recuerdan.

El próximo viernes, desde las 17, en la sede de la Cámara Empresaria (Mitre 856) se llevará a cabo una jornada académica denominada “Actualidad del Derecho Público Nacional y Provincial”, organizada por el Municipio de Tandil, el Instituto del Derecho Público del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, el Colegio de Magistrados y Funcionarios Departamental y la Asociación de Abogados local.

El encuentro contará con reconocidos disertantes en la materia, como Daniel Pulvirenti, María Ventura Martínez y el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA) Daniel Fernando Soria.

La jornada será no arancelada para matriculados del Colegio de Abogados (con matrícula activa), del Colegio de Magistrados y Funcionarios Departamentales y asociados de Tandil.

El encuentro es auspiciado por el Instituto de Estudios Judiciales (SCBA) y los interesados deberán inscribirse previamente en la página web del Colegio: www.colegioabogadosazul.org.ar.

El Colegio de Abogados celebró la primera jura de matriculados del año, un evento que marcó el inicio de la carrera profesional para más de 20 nuevos abogados. La ceremonia contó con la presencia de la presidenta,María Fernanda Giménez, quien estuvo acompañada por el vicepresidente, Marcelo Bianco y la secretaria del consejo directivo,  Romina Maineri.

Familiares y amigos acompañaron a los nuevos profesionales en este momento, donde las autoridades recibieron nuevos matriculados en la Sede del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul.

Durante el acto, la Secretaria Romina Maineri destacó la relevancia de este momento en la vida de los nuevos matriculados: “Hoy es un día muy importante porque a partir de este momento ustedes van a comenzar a poner en práctica todo ese conocimiento adquirido durante la vida universitaria. Van a poder ejercer la profesión, que es un camino muy lindo y gratificante, en el que es importante estar unidos, para defenderla de cualquier menoscabo que llegue hacia nuestros derechos y los derechos de nuestros clientes”.

Por su parte, la presidenta María Fernanda Giménez resaltó la importancia del compromiso con el Colegio y la defensa de la profesión: “Como decía Romina, hoy es un día muy importante para ustedes pero también para nosotros como dirigentes que nos toca estar casualmente en estos momentos”. En ese sentido, expresó: “Es importante que ustedes, más allá de ejercer la profesión, puedan involucrarse y desarrollar el cierto sentido de pertenencia al Colegio, porque es el que defiende a todos los abogados en los embates de los derechos del ejercicio de la profesión… hoy están pasando muchas cosas y en este contexto las instituciones son como un escudo para la defensa de nuestro ejercicio y de los derechos de nuestros ciudadanos”.

Asimismo, enfatizó la realidad particular del Colegio: “Somos uno de los colegios más chicos, somos grandes territorialmente, porque tenemos 11 localidades, muy distantes una de otra y con realidades totalmente distintas, pero en el fondo somos pocos y por eso es importante estar unidos, así podemos enfrentar desafíos, defender la profesión y siempre proponer lo que crean necesario para que el Colegio sea mejor, o que esté presente de distintas maneras en el camino profesional que comienzan hoy”.

El evento concluyó con un mensaje de bienvenida y el compromiso del Colegio de Abogados de acompañar a los nuevos/as profesionales en esta nueva etapa de su desarrollo profesional.

El C.A.A. les da la bienvenida a los nuevos matriculados y matriculadas:

De Olavarría juraron: Diaz Baudry Constanza; Pacheco Rocío; Olivera Agustín Gastón; Bravo Joaquín, Sánchez Walter Matías.

De Azul juraron: Gilardi Leyes Gisele Noelia; Zirilli Yanina Eugenia; Selvaggio Nicolás Daniel; Tinta Brisa Delfina, Altamirano Alicia.

De Tandil juraron: Piñero Camila; Vitanza Lima Julieta; González Faustino; Erviti Julián; Tiscornia Matías Alejandro; Porra Matías Nicolás; Sieben Sergio Daniel.

De Benito Juárez juró: Brutti María Ines.

De La Madrid juró: Aspiroz Micaela.

De Tapalqué juró: Esmay Miguel Ángel.

De Rauch juró: Alzueta Pilar

De Bolívar juró: Valdéz Sofia.

El abogado Federico García Macchi, quien ejerce su profesión de forma independiente y es docente en la cátedra “Personas Jurídicas” en la Facultad de Derecho de la Universidad F.A.S.T.A. de nuestra ciudad, brindó a este medio una entrevista el pasado viernes.

El motivo fue aclarar algunas cuestiones e incertidumbres de interés social vinculadas a los diversos derechos y protecciones plasmadas en el plexo normativo de nuestra legislación nacional para las personas con discapacidad y, en lo particular, qué sucede al momento de pretender heredar.

“En materia sucesoria, existe el instituto de heredero legitimario, antes denominado por el derogado Código Civil como heredero forzoso, y esto es, en breves palabras, que los descendientes, ascendientes y cónyuge del difunto tienen una porción legítima del patrimonio del mismo de la que no pueden ser privados, ya sea por actos de disposición entre vivos a título gratuito como, por ejemplo, una donación o por testamento. Ello, a fin de asegurar que todos los herederos tengan garantizada su parte correspondiente en la sucesión", manifestó.

No obstante, explicó que la porción legítima no es igual en todos los casos mencionados. Para graficarlo de forma sencilla, esta porción es, respecto a los descendientes, de dos tercios –digamos un 66,66%- sobre el patrimonio total, es decir que el causante puede disponer libremente de un tercio de su patrimonio –un 33,33%- y darle el destino que considere.

En el caso de los cónyuges, únicamente cuando no existen descendientes ni ascendientes del causante, la legítima es de la mitad (50%) de los bienes de la sucesión del cónyuge difunto, ello aunque los bienes de la sucesión sean gananciales, por lo tanto la porción disponible es del 50%. En el caso de existir solo ascendientes, la legítima es de un medio, 50%.

Ahora bien, en el caso de la aplicación exclusiva del instituto de la mejora estricta al heredero descendiente o ascendiente con discapacidad, en el supuesto de los descendientes, además de la porción que puede disponer el difunto, es decir un tercio, el causante puede disponer además, de un tercio de la porción legitima, es decir, un 33,33% del 66,66% “indisponible”, exclusivamente para aplicarla como mejora estricta al heredero descendiente con discapacidad. 

En lo que respecta a los ascendientes, como vimos que la legítima es de un medio (50% del patrimonio), lo cual hace que la aplicación de este instituto es de un tercio sobre el medio mencionado.

“El articulado legal considera o conceptualiza a la persona con discapacidad como toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada, ya sea mental o física, que en relación a su edad y medio social, implica desventajas considerables para su integración, las cuales pueden ser en el ámbito familiar, educacional, social o laboral. En este sentido, lo novedoso radica en que nuestra ley ya no pone el acento en las discapacidades de las personas, sino en las barreras que la sociedad misma les coloca, y es ahí, en esa interacción, de donde surge la discapacidad. Personalmente considero notorio el gran cambio de paradigma, consistente en el distinto enfoque sobre esta cuestión”, evaluó el abogado.

La incorporación de la mejora en favor del heredero con discapacidad “resulta ser una de las más importantes incorporaciones en materia de derecho sucesorio que el Código Civil y Comercial unificado”. Determina una protección legal en favor de los discapacitados, la que se califica como “mejora estricta”. 

"La misma puede ser llevada a cabo según lo considere el causante, ya sea como mencioné anteriormente, a través de un fideicomiso, como también mediante una indivisión forzosa, estableciendo un legado de cosa cierta y determinada, alimentos, derechos de usufructo, de uso, habitación, etcétera, a lo cual depende el caso en particular, desde nuestro Estudio asesoramos y articulamos la vía más adecuada y expedita para llevarlo a cabo”, completó García Macchi.

Descripta esta cuestión, el Dr. afirmó que “es una protección realmente significante, sobre un tema sumamente amplio, complejo y delicado al cual desde el Estudio nos dedicamos, junto con Ignacio – hermano y socio del Estudio - con plena vocación y profesionalidad que merece, por lo que les agradezco haberse acercado para dialogar y transmitir esta cuestión”.