Por Fernando Izquierdo, de esta Redacción

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Cada 29 de agosto se celebra en Argentina el Día del Abogado en homenaje al nacimiento de Juan Bautista Alberdi, jurista y autor intelectual de la Constitución Nacional de 1853. La fecha fue establecida en 1958 por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).

El doctor Pablo Acosta, especializado en Derecho Inmobiliario, dialogó con El Eco de Tandil sobre diversas cuestiones vinculadas a la profesión:

-¿Qué significa ser abogado en una ciudad como Tandil?

-Estar muy cerca de la gente y de sus problemas concretos. Tandil tiene una característica particular: nos conocemos, hay vínculos profesionales de muchos años y uno termina acompañando a las personas en cuestiones que muchas veces son muy importantes para sus vidas.

En mi caso, además, elegí especializarme en Derecho Inmobiliario, que tiene mucho que ver con la actividad económica de la ciudad. Detrás de una propiedad, de una compraventa, de una sucesión o de un desarrollo inmobiliario siempre hay una historia, una inversión, una familia. Y el abogado tiene que entender no solamente la cuestión jurídica, sino también esa realidad.

-¿En qué medida cambió el ejercicio de la profesión en los últimos diez años?

-Muchísimo. Primero, por la tecnología. Hoy un abogado ya no puede trabajar como trabajaba hace diez o quince años. La información está disponible permanentemente, los expedientes son digitales, las comunicaciones son inmediatas.

Pero también cambió el cliente, que llega mucho más informado, consulta, busca, compara. Y eso nos obliga a tener una formación mucho más amplia.

Creo que, hoy, ser abogado no es solamente saber Derecho. Hay que saber gestionar, comunicarse, utilizar herramientas tecnológicas y, fundamentalmente, entender qué necesita realmente el cliente.

-¿Qué es lo más difícil de ser abogado en la Argentina de hoy?

-Creo que una de las cosas más difíciles es trabajar con incertidumbre. Incertidumbre económica, cambios legislativos, cambios en los criterios judiciales y, muchas veces, procesos que llevan demasiado tiempo.

Y hay algo más: el abogado trabaja con los problemas de otras personas. Cuando alguien viene al estudio porque tiene un conflicto familiar, una propiedad en discusión o una sucesión, no está trayendo solamente un expediente. Está trayendo una preocupación.

Por eso creo que una parte muy importante de nuestra profesión es saber escuchar.

-¿Cómo cree que ve la gente a los abogados?

-Hay una mirada bastante contradictoria. Por un lado, existe cierta desconfianza hacia los abogados. Pero cuando una persona tiene un problema serio, busca inmediatamente a un abogado.

Y eso también es responsabilidad nuestra. Tenemos que recuperar y fortalecer la confianza. Ser claros, explicar las cosas en un lenguaje que el cliente pueda entender y no generar falsas expectativas.

-¿Qué le diría a un joven que está por empezar la carrera de Derecho?

-Que estudie. Que lea mucho. Que no se quede solamente con lo que le enseñan en la facultad.

Y que tenga paciencia. El Derecho es una profesión que se construye con los años. La experiencia no se compra y tampoco se puede acelerar demasiado.

Y, sobre todo, que encuentre un área que realmente le interese.

-¿Cuál es la rama del Derecho que más lo interpela hoy?

-Sin ninguna duda, el Derecho Inmobiliario. Es el área en la que más me he desarrollado y en la que hoy concentro gran parte de mi actividad profesional.

Me interesa porque es un Derecho muy concreto. Tiene que ver con propiedades, contratos, compraventas, sucesiones, desarrollos, inversiones, conflictos entre propietarios. Y además tiene una relación muy fuerte con otras ramas del Derecho.

Me gusta esa combinación entre el conocimiento jurídico y la realidad económica y patrimonial de las personas.

-¿Por qué eligió especializarse en Derecho Inmobiliario?

-Se fue dando con el ejercicio profesional. Uno empieza trabajando en distintas áreas y, con el tiempo, descubre dónde puede aportar más.

En mi caso fui encontrando en el Derecho Inmobiliario un campo enorme para desarrollar. Y, además, tengo una formación vinculada al ámbito inmobiliario y registral que me permitió profundizar esa especialización.

Hoy creo que la especialización es fundamental. Ya no alcanza con decir “soy abogado”. Hay que poder decir qué problema jurídico uno sabe resolver particularmente bien.

-¿Qué particularidades tiene ejercer el Derecho Inmobiliario en una ciudad como Tandil?

-Tandil tiene una actividad inmobiliaria muy importante y además tiene una característica que a mí me resulta muy interesante: combina una ciudad que crece con una comunidad donde los vínculos personales siguen teniendo mucho peso.

Hay operaciones inmobiliarias, desarrollos, alquileres, sucesiones, conflictos de propiedad, cuestiones de medianería, condominios. Y muchas veces los problemas jurídicos aparecen cuando las cosas no fueron correctamente planificadas desde el principio.

Por eso creo que en Derecho Inmobiliario es fundamental trabajar antes de que aparezca el conflicto. El mejor abogado muchas veces es el que evita que el problema ocurra.

-¿La Justicia llega tarde?

-Muchas veces, sí. Y cuando la Justicia llega tarde, en algunos casos deja de ser una solución efectiva.

Hay procesos que, por su propia naturaleza, necesitan tiempo, pero también hay situaciones en las que el paso del tiempo termina agravando el conflicto.

Creo que uno de los grandes desafíos es lograr una Justicia más rápida, pero también más eficiente. No se trata solamente de resolver rápido; hay que resolver bien y en un tiempo razonable.

-¿Qué es lo que más lo frustra del sistema judicial actual?

-Cuando el sistema pierde de vista que detrás de cada expediente hay una persona.

A veces el expediente se transforma en un número, en un trámite, y se pierde de vista el problema concreto que llevó a esa persona a recurrir a la Justicia.

Y también me preocupa la cantidad de tiempo y energía que muchas veces demanda resolver cuestiones que podrían haberse evitado con una buena prevención jurídica.

-¿Qué le gustaría que cambie en la Justicia en los próximos años?

-Me gustaría una Justicia más rápida, más sencilla y más cercana.

Tenemos que aprovechar mucho más la tecnología, pero sin creer que digitalizar un expediente significa necesariamente modernizar la Justicia.

La verdadera transformación es que el ciudadano pueda obtener una respuesta adecuada en un tiempo razonable y pueda entender qué está pasando con su problema.

-¿Hay un caso que lo haya marcado como profesional y como persona?

Sí, seguramente hay varios. Pero más que un caso puntual, lo que me ha marcado son determinadas situaciones en las que uno entiende que el problema jurídico tiene una dimensión humana mucho mayor.

Por ejemplo, una sucesión puede parecer simplemente un expediente, pero para una familia significa cerrar una etapa, ordenar el patrimonio de una persona que falleció y, muchas veces, resolver conflictos que vienen de muchos años.

Eso es algo que uno aprende con la experiencia: que el abogado no trabaja solamente con normas. Trabaja con personas.

-¿Qué abogado o abogada lo inspiró a seguir esta carrera?

-Siempre hubo profesionales que uno fue tomando como referencia. Pero creo que, con los años, uno deja de tener un único modelo y empieza a rescatar cosas de distintos colegas.

Yo valoro mucho al abogado que conoce profundamente su profesión, pero que además mantiene una conducta, una forma de trabajar y un respeto por el cliente y su par, el Colega.

Al final, la verdadera inspiración profesional no está solamente en cuánto sabe un abogado, sino también en cómo ejerce.

-¿En qué áreas ejerce la docencia y qué significa para usted enseñar Derecho?

-Además del ejercicio profesional, tengo una actividad que disfruto muchísimo, que es la docencia.

Soy docente en la Universidad Tecnológica Nacional y en la Universidad Fasta. He dado materias vinculadas al Derecho Civil, Derecho Procesal y, particularmente, tengo una vinculación muy fuerte con el Derecho Inmobiliario y con la actividad profesional relacionada con el corretaje inmobiliario.

Para mí enseñar tiene algo muy especial porque te obliga a estudiar permanentemente. Cuando tenés que explicar un tema frente a un alumno, descubrís si realmente lo entendiste.

Y además hay algo que me gusta mucho: poder transmitirles a los estudiantes no solamente la teoría, sino también lo que uno aprende ejerciendo la profesión todos los días.

-¿Disfruta más el ejercicio de la profesión o la docencia?

Es difícil elegir porque son dos cosas diferentes.

La profesión tiene el desafío de resolver problemas concretos. Y en el Derecho Inmobiliario muchas veces estamos hablando del patrimonio más importante que tiene una persona.

La docencia tiene otra satisfacción: formar a alguien que mañana va a ser profesional.

Si tuviera que definirlo de alguna manera, diría que la profesión me obliga a resolver problemas y la docencia me obliga a seguir aprendiendo. Y creo que por eso disfruto de las dos.

-Si tuviera que definir la importancia de un abogado en una sola frase, ¿qué diría?

-Que un buen abogado no solamente aparece cuando existe un conflicto; muchas veces su verdadero valor está en evitar que ese conflicto ocurra. Después de tantos años de profesión, sigo creyendo que ejercer el Derecho es, fundamentalmente, ayudar a una persona a tomar una buena decisión cuando está frente a un problema.

La sucesión es un trámite que, tarde o temprano, la mayoría de las personas debe afrontar. En este marco, el abogado Pablo Acosta brindó precisiones sobre la declaratoria de herederos, a la que definió como un “acto formal emanado de un juzgado”, clave para determinar quiénes son los sucesores legítimos y de qué manera concurren en el derecho hereditario.

Durante su participación en Tandil Despierta (Eco TV y Tandil FM 104.1), aclaró que, si bien la condición de heredero se adquiere desde el momento del deceso del (causante término técnico para referirse al fallecido), la resolución judicial es el instrumento indispensable para acreditar el vínculo y avanzar con los trámites legales pendientes.

Uno de los aspectos que genera mayor confusión es la necesidad de iniciar el expediente aun cuando solo existen fondos en cuentas bancarias o bienes de menor cuantía. El profesional señaló que las entidades financieras exigen este documento para liberar el acceso a los depósitos. "Lamentablemente, en medio del dolor afectivo, desde el banco le explican a la familia que debe transitar por el proceso sucesorio", explicó.

Asimismo, advirtió sobre los riesgos de realizar maniobras por cuenta propia, como operar con la tarjeta de débito de una cuenta compartida tras el fallecimiento del titular. "Técnicamente es una irregularidad, porque la ley presume que pueden existir otros herederos", indicó. Por ese motivo, el procedimiento incluye la publicación de edictos, un mandato legal para notificar a posibles interesados y determinar quiénes integran la masa hereditaria.

Otro concepto abordado fue el estado de indivisión, que describe la situación transitoria desde el fallecimiento hasta la distribución efectiva de los bienes (adjudicación). Según detalló, esta etapa concluye con la inscripción de las hijuelas, es decir, las hijas o partes asignadas a cada sucesor.

No obstante, destacó un recurso muy utilizado cuando la finalidad es vender una propiedad: el tracto abreviado. "Muchas veces se evita inscribir el inmueble a nombre de los herederos para transferirlo directamente al comprador. De esta manera, se saltea un paso en el registro", puntualizó.

Frente a la consulta de una oyente sobre cómo beneficiar a un tercero sin parentesco directo, aclaró que existen herramientas como el testamento o la donación. En esta última opción, el titular puede reservarse el usufructo vitalicio, conservando el uso de la vivienda mientras cede la nuda propiedad.

Finalmente, enfatizó la importancia de buscar asesoramiento profesional ante conflictos familiares o situaciones complejas como la ocupación indebida de inmuebles. El estudio jurídico e inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, ubicado en Alem 790, atiende de lunes a viernes de 9 a 12, con turnos previos al 2494-496138.

El debate sobre la propiedad privada y la agilidad en los procesos judiciales cobró relevancia tras la reciente media sanción en el Senado a un proyecto que busca implementar el denominado desalojo exprés. El abogado Pablo Acosta, en diálogo con Tandil Despierta (Eco TV y Tandil FM 104.1), explicó los fundamentos de esta iniciativa y cómo podría transformar la dinámica del mercado inmobiliario actual.

Según detalló el letrado, el desalojo, técnicamente conocido como lanzamiento, es una herramienta jurídica que permite a los locadores recuperar su inmueble ante situaciones de falta de pago, vencimiento de contratos u ocupaciones indebidas. El proyecto propone una vía procesal sumarísima; es decir, un trámite legal más rápido para restituir la tenencia del bien.

Acosta señaló que el principal motor de esta iniciativa es la preocupación de muchos propietarios que, ante el temor a litigios burocráticos y lentos, decidieron retirar sus inmuebles de la oferta de alquileres. “La gente ha retirado propiedades del mercado por el hecho de que, en determinadas circunstancias, los inquilinos se quedan en el lugar y después, si hay que proceder a un desalojo, es una cuestión lenta que genera perjuicios irreparables”, sostuvo.

Pablo Acosta enfatizó que, en la mayoría de los casos, los arrendadores no son grandes inversores, sino personas que dependen de ese ingreso para complementar haberes ajustados. “No se trata de inversores multimillonarios, como a veces se interpreta. Generalmente es el esfuerzo de toda una vida para darle un poco de oxígeno a una jubilación”, aclaró.

Respecto a la operatividad de la medida, explicó que el proceso se inicia con una intimación fehaciente. Una vez notificado el incumplimiento, el ocupante cuenta con un plazo de 10 días para desocupar el inmueble. De no hacerlo, se activa la vía judicial, donde el demandante debe acreditar la verosimilitud de su derecho. “El ámbito probatorio es muy acotado, a diferencia de los procesos actuales que son más amplios y lamentablemente se dilatan. Hoy por hoy, un desalojo puede llevar de dos a tres años”, advirtió.

El especialista calificó la iniciativa como “un avance”, aunque reconoció que presenta aspectos discutibles. “Por un lado, va a fomentar que aparezcan más propiedades en alquiler, pero por el otro, veo como punto negativo que aquel inquilino que por alguna razón no pueda pagar quedará un tanto más vulnerable”, analizó.

Asimismo, subrayó que la problemática de fondo requiere soluciones estructurales, como el fomento de planes de vivienda y construcción, dado que el acceso a la casa propia es una dificultad creciente. No obstante, remarcó que, ante situaciones de mala fe, la aplicación estricta de la ley es fundamental para brindar seguridad jurídica.

Finalmente, aclaró que, de convertirse en ley, la norma abarcará todo tipo de inmuebles, tanto residenciales como comerciales. Sobre su aplicación temporal, estimó que, siguiendo los principios del Código Civil, no tendrá carácter retroactivo para los contratos en curso de ejecución, aunque habrá que esperar el texto definitivo que surja de la Cámara de Diputados.

Para consultas sobre el tema, el estudio jurídico inmobiliario Pablo Acosta y Asociados (Alem 790) atiende de 9 a 12. Teléfono de contacto: 2494-496138.

Un abogado quedó detenido tras ser acusado de organizar una estafa piramidal millonaria desde una oficina ubicada en Ituzaingó, en el oeste del Gran Buenos Aires. Junto con un colega que permanece prófugo, el hombre está señalado por haber engañado a un grupo de ahorristas por más de 1 millón de dólares.

La organización operaba desde un edificio en el Complejo Thays, en Parque Leloir, donde supuestamente estaba radicada Avalon Capital Futures Investments, una empresa que prometía ganancias en moneda extranjera a los inversores. Los dueños de la presunta firma son Ángel Elías Gómez y Juan Ignacio Lombardo. Al primero lo detuvieron este jueves y sobre el segundo, detalla Primer Plano Online, pesa una orden de captura emitida por el Juzgado de Garantías N° 3 de Morón. Por disposición de la jueza Laura Pinto, hubo un allanamiento en su casa de un barrio privado, pero no lo encontraron.

La investigación, que lleva adelante el fiscal Lucio Rivero, comenzó por las denuncias que hicieron las víctimas de la operatoria. Según explicaron fuentes del caso, los estafadores alentaban a que sus potenciales clientes entregaran dinero en efectivo, que luego redundaría en sustanciales ganancias dolarizadas a través de supuestas inversiones en la Bolsa de Comercio y en criptomonedas. Para darle mayor seriedad al proyecto, los socios decían ser miembros de la Cámara de Comercio Argentina.

“Lo que hacían los estafadores los primeros dos o tres meses era pagar ese supuesto interés como para mantenerlos enganchados y lograr que hicieran otra inversión mayor. A partir de ahí, dejaban de pagar, los pateaban diciendo que la Bolsa no rindió bien, y después ya dejaban de atender a la gente, se borraban del mapa básicamente”.

De acuerdo con la información que brindaron desde la Fiscalía Descentralizada 2 de Ituzaingó al sitio de noticias locales La Ciudad, hasta el momento se informó sobre cinco hechos de estafa reiterada en concurso real. Sin embargo, sospechan que las personas afectadas sean más debido a que en los operativos se secuestraron varias carpetas con contratos. Los registros encontrados muestran inversiones que van desde los 50.000 hasta los 350.000 dólares.

Los allanamientos que derivaron en la detención de Ángel Elías Gómez ocurrieron en el Buenos Aires Golf Club de Bella Vista, en las oficinas del Complejo Thays y en un domicilio de la calle Rodríguez Flores de Villa Ariza. Entre el material secuestrado encontraron carpetas con la inscripción Avalon Capital y tarjetas que identificaban a Juan Ignacio Lombardo como Founder & CEO. También se llevaron tres vehículos de alta gama, incluyendo un Mercedes Benz SLK 350, un Mini Countryman Cooper S y una camioneta Dodge RAM 1500.

En tanto, el fiscal Lucio Rivero solicitó informes al Banco Central, la Agencia de Recaudación (ARCA) y la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre la composición de la cuestionada firma y dictó la inhibición preventiva de los bienes de ambos acusados.

El doctor Gastón Argeri, abogado, hizo hincapié en la importancia de la prevención legal en la vida cotidiana. Según el especialista, muchas de las complicaciones que llegan a los estudios jurídicos podrían evitarse con una consulta profesional antes de formalizar cualquier tipo de acuerdo.

En el marco de una entrevista brindada a Plataforma Magazine, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, el letrado destacó que, aunque muchas veces las decisiones se toman bajo una carga emocional —como ocurre en las relaciones de pareja o en la compra de bienes compartidos—, es imperativo reconocer que detrás de cada vínculo existe un contrato.

"Todo lo llevamos al lado del amor, que está bien porque una familia nace del amor, pero es un contrato. Vos te estás casando con alguien o vas a convivir con alguien, estás generando un contrato", explicó Argeri.

Uno de los puntos centrales de la charla fue la problemática recurrente en la compraventa de vehículos. Argeri señaló que es común que las personas completen formularios sin asesoramiento, omitiendo detalles fundamentales sobre los pagos o la naturaleza del documento firmado. 

Esta falta de formalidad genera conflictos posteriores cuando las partes deben acreditar la operación o realizar transferencias.

Asimismo, el abogado recordó una responsabilidad legal que suele pasarse por alto: la denuncia de venta. "Cuando uno vende un vehículo tiene que hacer la denuncia cuando sos titular registral, porque si no, ya está dicho por la Corte provincial, que es responsable también el titular de dominio, aunque lo haya vendido, por no haber hecho la denuncia", advirtió.

Otro escenario de riesgo frecuente es la construcción de viviendas en terrenos que pertenecen a familiares, como suegros o padres. 

Argeri fue enfático al señalar que, ante una ruptura o un cambio en la situación patrimonial del titular del inmueble, quien invirtió su dinero y trabajo en la mejora puede enfrentar serias dificultades para recuperar su capital. 

"Es del titular de dominio. Después habrá que hacer los planteos correspondientes por un enriquecimiento o un mejoramiento que se hizo sobre esa propiedad", detalló.

En cuanto a los condominios, el profesional subrayó la necesidad de entender qué implica ser copropietario. "Lo importante cuando uno va a participar de un condominio es saber qué responsabilidades tenemos, qué obligaciones y cómo lo vamos a utilizar", indicó. 

Además, aclaró que, si bien el derecho a la propiedad es fundamental, cualquier intento de excepción o uso particular del suelo debe ser canalizado a través de los organismos correspondientes para garantizar su validez legal.

Hacia el final de la entrevista, el doctor Argeri reflexionó sobre la cultura de la consulta tardía. "A los abogados nos vienen con cosas ya firmadas, ya resueltas, ya para modificar. ¿Cómo querés que modifique y retrotraiga todo si ya pagaste todo o ya pagaste la mitad?", cuestionó.

El especialista concluyó que el costo de una consulta preventiva es ínfimo en comparación con los dolores de cabeza y las pérdidas económicas que surgen cuando un contrato está mal redactado o no contempla las normativas vigentes, como ocurre actualmente con las leyes de locación.

"Es importante poder hacerse frecuente de un profesional del derecho para poder consultarle y decirle: 'tengo este problema o mi hijo va a encarar esto, ¿está bien o está mal?'", finalizó.

La Lista 8 “Alternancia”, liderada por el abogado olavarriense Luciano Capelli, logró un contundente triunfo en los comicios para la renovación de autoridades del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul. En una jornada marcada por la participación de los profesionales del derecho, la nómina ganadora superó a la Lista 1 “Integración”, que postulaba a la presidencia a Elda Donatelli.

El resultado consolidó el predominio de este espacio a nivel regional, ya que la agrupación se impuso en las ciudades que concentran la mayor cantidad de abogados matriculados, tales como Tandil, Olavarría, Azul y Bolívar. El apoyo también se replicó en las localidades de Laprida y General Alvear, permitiendo a la conducción electa proyectar su gestión con un fuerte respaldo geográfico.

En el plano local, la elección volvió a exhibir un escenario de marcada paridad, aunque finalmente se ratificó el rumbo de la votación anterior. En Tandil, la Lista 8 obtuvo su segundo triunfo consecutivo sobre la Lista 1, que en esta ciudad estuvo liderada por el expresidente de la institución, Gastón Argeri. Este desenlace reafirmó la tendencia que se había manifestado inicialmente durante las elecciones de medio término celebradas en el año 2024.

A partir de la oficialización de estos resultados, Tandil contará con una renovada presencia dentro de los cuadros técnicos y políticos del colegio departamental. Entre los profesionales electos para integrar el consejo directivo se encuentran María Luz Hidalgo, quien asumirá como primera consejera titular, y Lucila María Larsen, quien fue designada como primera consejera suplente.

Asimismo, la representación tandilense se extendió al Tribunal de Disciplina, un órgano clave para el ejercicio ético de la profesión. En dicho cuerpo, Gabriel Gullón resultó electo como juez titular, mientras que María José Tosetto ocupará el cargo de jueza suplente. Estas designaciones refuerzan el peso de los matriculados locales en la estructura de control y gestión de la abogacía regional.

Además de las nuevas incorporaciones, el esquema institucional mantendrá la vigencia de otros referentes de la ciudad que ya desempeñaban funciones en distintas áreas. En el consejo directivo continuarán Romina Maineri, como consejera titular, y Manuel Marañón, en su rol de consejero suplente. Por su parte, Fabián Gutiérrez permanecerá como juez suplente del tribunal disciplinario y Guillermo Pérez Cambet seguirá al frente de la dirección de la Caja Previsional de la Abogacía de la Provincia de Buenos Aires.

Desde el espacio ganador destacaron que este triunfo no solo representa un aval a la conducción de Luciano Capelli, sino que también ratifica la sintonía institucional existente con la Asociación de Abogados de Tandil. Según indicaron, la entidad local se encuentra alineada con la propuesta de “Alternancia” desde el año 2024, lo que permite una mayor fluidez en la gestión de servicios y beneficios para los colegiados serranos. Con este nuevo proceso electoral, la Lista 8 alcanzó su tercer éxito en las urnas frente a su principal competidora en el ámbito departamental.

La abogada argentina Agostina Páez, acusada de racismo en Brasil, publicó un video sobre su prisión domiciliaria tras el episodio donde realizó gestos simulando un mono en un bar de Ipanema.

“Día 44 presa en Brasil”, fue el título del material audiovisual que difundió en su cuenta de la red social TikTok grabado desde su alojamiento.

“La verdad que me siento muy del o…, este fin de semana para mí ha sido crucial, la he pasado muy mal: he pasado los tres días empastillada porque mis niveles de ansiedad iban cada vez más altos”, contó la joven santiagueña de 29 años, quien detalló su estado emocional y remarcó que se sentía muy sola durante el proceso.

En la filmación, Páez documentó su rutina diaria y las dificultades para enfrentar la situación. “Es muy difícil tener que ser yo sola la que se da fuercita y decirse ‘arriba ese velorio’, Agostina, dale, levantate de la cama”, agregó mientras mostraba cómo se las arreglaba para bajar al restaurante del complejo donde se hospedaba mientras utilizaba una tobillera electrónica dispuesta por la Justicia brasileña.

“Voy a ir así, sin que se me vea la tobillera obviamente, no vaya a ser que me reconozcan”, señaló en la grabación, donde también admitió haber descuidado su alimentación producto de la depresión.

“Me puse lentes porque estoy sensible y lloro por todo. La estoy pasando del orto, pero bueno, consecuencias de reacciones. No hay que reaccionar de la forma que yo he reaccionado, de eso me arrepiento”, reflexionó la abogada.

La publicación se conoció a diez días de su regreso a la Argentina, luego de haber pasado más de dos meses bajo custodia. Páez brindó, además, una entrevista donde aseguró que no dimensionó el alcance de sus actos y explicó que su reacción se produjo en medio de una discusión por una cuenta mal cobrada.

“Los vi agarrarse los genitales. No fue por su color de piel. Vi a una persona agarrarse los genitales, me salió hacer eso”, concluyó sobre el origen de su imputación.

La letrada todavía espera el fallo definitivo del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro ya que el juez interviniente debe dictaminar una condena o una absolución. NA

La abogada Agostina Páez, acusada de injuria racial en Brasil, emprende hoy su regreso a la Argentina. La medida se concreta luego de que la Justicia del país vecino aceptara el habeas corpus presentado por su defensa, permitiéndole esperar el fallo definitorio del juez junto a su familia y allegados.

Fuentes vinculadas a la causa confirmaron que el arribo de Páez al Aeroparque Internacional Jorge Newbery está previsto para este miércoles, pasadas las 19.00. De esta manera, la joven volverá a pisar suelo nacional tras permanecer casi tres meses retenida en territorio brasileño con el uso obligatorio de una tobillera electrónica.

El vuelo que traslada a la profesional partió desde la ciudad de Río de Janeiro a las 15.55. Según se informó, su regreso definitivo a su provincia natal, Santiago del Estero, se producirá recién el próximo jueves 2 de abril. El avance en su situación procesal se dio este martes, cuando se confirmó que la abogada abonó la caución fijada en más de 18.500 dólares, lo que derivó en el retiro del dispositivo de monitoreo y la autorización para salir del país.

El caso alcanzó una gran repercusión tanto en Argentina como en Brasil. El proceso se desarrolla en un marco de endurecimiento de las leyes contra actos de discriminación en el país limítrofe, donde este tipo de conductas son tipificadas como delitos graves y conllevan penas severas.

Esta semana, probablemente el miércoles, Joaquín Mogaburu, el hasta ahora subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, será reemplazado por Leonardo Szuchet, abogado penalista que ya ocupó un cargo en esa área de Gobierno durante la presidencia de Mauricio Macri.

Mogaburu era uno de los últimos hombres que integraban cargos de importancia en el Ministerio de Justicia durante la gestión del renunciado Mariano Cúneo Libarona. Había asumido el cargo hace solo tres meses, el 10 de diciembre, en reemplazo del exjuez Alberto Baños. Con la llegada de Szuchet se completarían los cambios introducidos por Mahiques tras la renuncia de su Cúneo Libarona.

Mogaburu era un funcionario de absoluta confianza del ex secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien a su vez reportaba dentro de las filas oficialistas al asesor Santiago Caputo. En tanto que Szuchet fue el jefe de gabinete del por entonces secretario de Derechos Humanos Claudio Abruj, quien actualmente es titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

No se confirmó si también se va a concretar el cambio de sede del organismo, que hoy tiene funciona en el predio de la exESMA, y según trascendió se mudaría a un edificio en el barrio de San Telmo, más precisamente a Cochabamba 54, donde hasta principios de 2020 funcionó el disuelto Ministerio de la Mujer, creado en tiempos de Alberto Fernández y cerrado poco después de asumir por Javier Milei.

Agostina Páez, la abogada argentina acusada de racismo en Brasil se mostró muy angustiada ante los medios de comunicación después de que se conociera el revés judicial que la obliga a quedarse entre 10 y 15 días más en Río de Janeiro.

La argentina enfrenta una causa por injuria racial después de haber hecho gestos inapropiados a los empleados de un bar en Ipanema y que la situación haya quedado registrada en las cámaras de vigilancia del lugar.

En los últimos días se creía que Páez podría volver al país el fin de semana. “Estoy desesperada, desbordada, sufriendo un montón, no sé qué tanto más voy a sufrir aquí. Cada vez menos esperanza. Estoy muy angustiada ”, expresó ante los medios.

Cuando parecía que Páez iba a volver a Argentina después del largo proceso judicial que enfrentó en Brasil, el juez Guilherme Schilling Pollo Duarte determinó que se debían mantener las medidas cautelares y el monitoreo electrónico, por lo cual la joven debería permanecer aproximadamente dos semanas más en Río de Janeiro.

La decisión fue en contra de la opinión de la propia fiscalía y de la querella, que ya habían prestado su conformidad para que Páez regresara a Argentina. “El juez en vez de revocar las cautelares y dejarla salir, prefirió esperar al fallo ”, explicó la abogada de la joven Carla Junqueira.

La letrada agregó que el magistrado "quiere estudiar un poco más las inconsistencias de los relatos para fallar. Ayer definió que prefiere esperar que presentemos los alegatos finales y fallar, y que haya el depósito de una caución para que pueda regresar a la Argentina”.

En respuesta, la abogada presentó un habeas corpus para destrabar la salida del país de su representada. “Es un remedio jurídico contra un acto coactivo. No nos da otra", explicó. Además, anticipó que si el Tribunal rechaza el habeas corpus, irá a la Corte Suprema: “El derecho a la libertad es una de las garantías fundamentales de la Constitución”.

Aunque parece poco tiempo, el alargamiento de la estadía en Brasil, donde Agostina fue objeto de un gran escrutinio público, resulta perjudicial para la acusada, que está hace dos meses en Río de Janeiro. “Para una persona que está acá privada de su libertad, con su padre... es mucho. Vamos a presentar los habeas corpus porque más allá de una cuestión logística, jurídicamente no haría tanta diferencia“, detalló Junqueira.

La postergación del regreso no cambia el fondo del acuerdo al que se llegó. “Hay alegatos finales presentados por fiscalía que piden que la pena mínima de dos años sea reemplazada por trabajos comunitarios y reparación del daño moral a las víctimas. El que va a definir es el juez. Confiamos en el poder judicial de Brasil, que va a hacer el proceso justo”, explicó la abogada.

Además, criticó el trato que le dieron a su representada en el país vecino: “Salió en los medios brasileros que el reemplazo de una pena por una eventual reparación de daños podría significar algún tipo de impunidad. Eso generó en la fiscalía una sensación de que no hay credibilidad en el sistema de justicia de Brasil. Yo lo veo al revés: el sistema judicial no está para responder a clamores sociales sobre lo que es o no impunidad. La Justicia tiene que aplicar la legislación”.

En la misma línea contó que la fiscal incluyó en su documento que “no pueden contaminar la sociedad con la sensación de impunidad”.

“No son legisladores que tienen que responder a la sociedad. Cambiar una decisión o postergar la revocación de cautelares, que ya son efectivamente desproporcionadas, para responder a lo que piensa la sociedad, eso sí es una falta de credibilidad de la Justicia”, argumentó la abogada y cerró: “Si vamos a responder al clamor público, entonces la ahorcamos en plaza pública. La ponemos acá y listo”.

El juicio contra Agostina Páez, la abogada argentina acusada de realizar gestos racistas dentro de un boliche en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, comenzará este martes.

Fuentes del caso informaron a que la parte acusatoria, la fiscalía y la querella expondrán sus conclusiones en la primera audiencia en el Tribunal Penal N°37, a cargo del juez Guilherme Schilling Pollo Duarte.

Páez se encuentra detenida con prisión domiciliaria por tres hechos de injuria racial, un delito que prevé una pena máxima de 15 años y no es excarcelable.

El conflicto que derivó en su detención se originó, según la versión de la imputada, por una discusión sobre una cuenta mal cobrada mientras vacacionaba con amigas.

La joven de 29 años, representada por la letrada Carla Junqueira, consignó que se retiró del lugar a los gritos tras un cruce con los mozos, pero su gesto discriminatorio quedó registrado en un video que se volvió viral y sirvió como prueba fundamental para la justicia brasileña.

En un video que publicó la oriunda de Santiago del Estero en sus redes sociales, consideró el hecho como “una reacción muy grave” y añadió: “Por eso quiero pedir disculpas públicamente, algo que quería hacer anteriormente y, por recomendación de mi defensa anterior, no lo hice”.

Este martes 3 de febrero se conmemora, como cada año, el Día Internacional del Abogado. La jornada busca reconocer la labor de los hombres y mujeres de leyes que trabajan para construir un mundo más justo, defendiendo los derechos de los ciudadanos tanto en procesos judiciales como administrativos, además de brindar asesoramiento legal.

Esta celebración internacional se realiza en honor al profesional que ejerce la defensa jurídica y el consejo en materias legales, destacando su rol fundamental en el funcionamiento de la justicia y el respeto por el Estado de Derecho.

En nuestro país la celebración es distinta. El Día del Abogado y la Abogada en Argentina se conmemora cada 29 de agosto, fecha que fue establecida en 1958 por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).

Este día fue elegido en homenaje a Juan Bautista Alberdi, una de las principales figuras políticas del siglo XIX y uno de los pilares del pensamiento jurídico argentino. Alberdi nació en 1810 en San Miguel de Tucumán, y su legado sigue siendo fundamental en la historia del Derecho en Argentina.

La fecha varía según cada país, muchas veces asociada a juristas destacados o hitos históricos locales:

El abogado Nicolás Payarola, conocido por haber representado a Wanda Nara, fue detenido este jueves en su casa del barrio Golf Club de Nordelta por la Policía Bonaerense, acusado de once hechos de estafa a sus propios clientes, según confirmaron fuentes del caso. Su indagatoria está prevista para mañana viernes.

En la investigación aparecen seis víctimas identificadas, entre ellas María Macarena Posse, hija de Gustavo Posse, exintendente de San Isidro. También figura como imputada Sofía Ferrarazo, pareja de Payarola.

La detención se concretó luego de una investigación dirigida por el fiscal Cosme Iribarren, con trabajo de la Superintendencia AMBA Norte I de la Policía Bonaerense, a cargo del comisario general Lucas Borge, y con una orden avalada por el Juzgado de Garantías N°3 de San Isidro.

Al cierre de esta nota los allanamientos continuaban, incluido un procedimiento en Beccar realizado por personal de la Comisaría 4°. Entre las medidas solicitadas por Iribarren, se pidió el secuestro de documentación vinculada a Wanda Nara.

El fiscal, a cargo de la UFI Benavidez, investiga a Payarola por los delitos de defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo. La situación del abogado se agrava porque, en paralelo, la Justicia porteña lo había procesado en junio pasado por engañar al campeón del mundo Gonzalo “Cachete” Montiel y a su familia, con un embargo de $810 millones.

Iribarren detectó que ambos expedientes se cruzan: Juan Marcelo, padre de “Cachete”, figura como una de las víctimas en la causa de San Isidro.

Según la acusación, Payarola habría intentado ofrecerle a la familia Montiel un campo de 132 hectáreas en La Pampa perteneciente a otro cliente al que también habría engañado. Además, habría propuesto entregarles una camioneta Toyota Hilux de un denunciante de la causa de Benavidez y un yate que sería propiedad de la suegra de otra víctima.

Por otra parte, el abogado había obtenido una eximición de prisión a mediados del año pasado y luego debió pagar una fianza de $40 millones.

En representación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Guillermo Torremare fue abogado querellante en el juicio La Huerta. No fue el primer proceso vinculado al accionar del terrorismo de Estado en el que trabajó, ya que posee una vasta experiencia en otras causas y mega-causas. 

Tras la lectura de las sentencias dialogó con El Eco de Tandil y brindó un primer balance de lo ocurrido en el Aula Magna. Si bien hizo hincapié en la necesidad de conocer los fundamentos, también sostuvo que algunas penas fueron “desproporcionadas por bajas”, y estimó que “la única posibilidad legal” para comprender las absoluciones fue que parte de los crímenes no fueron considerados de lesa humanidad, por lo que estarían prescriptos. 

Destacó que La Huerta fue un caso particular por haber sido el ámbito donde se juzgaron hechos cometidos en ciudades pequeñas o intermedias, adelantó que presentarán un recurso a Casación, y que “es imposible sustraerse a un clima de época” para analizar los fallos. Entre otros aspectos expresó que en el marco del proceso judicial se reconocieron crímenes de lesa humanidad cometidos en la Base Aérea de Tandil.

“Las condenas que se hicieron, nosotros las esperábamos. De las penas menores, las que fueron de entre 5 y 10 años, esperábamos que fueran mayores. Hay un imputado que se comprobó que violó a una mujer prisionera y se le dio una pena de seis años de prisión. Esto es una pena absolutamente desproporcionada por baja. Pero nuestra sorpresa de ayer fue por la cantidad de absoluciones”, expresó.

-Por su dimensión, por su amplitud geográfica, el de La Huerta fue un juicio particular…

-Sí, esta es una de las tantas causas que hay, que es una mega causas por la cantidad de víctimas, por la cantidad de imputados, por la cantidad de hechos, por la cantidad de lugares que han funcionado como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio.

De modo que es una causa muy particular en ese sentido. Y que al mismo tiempo, tiene la rareza de juzgar hechos producidos, no en las grandes en las grandes ciudades del país sino en ciudades pequeñas o relativamente pequeñas.

-Si bien la etapa del juicio tomó casi tres años, fue un proceso más extenso, ¿Cómo fue ese proceso?

-Este juicio tiene más de diez años, porque hubo toda una instancia de instrucción, que se realizó ante un Juzgado Federal, y, una vez que esa instrucción estuvo concluida se pidió la elevación de la causa a juicio, que fue esta última etapa de tres años. Se realizaron inspecciones oculares a los lugares donde se cometieron los delitos, y se escucharon una gran cantidad de testigos. Después se produjeron los alegatos, y después lo que ocurrió el viernes 24, la lectura de la sentencia.

El viernes se leyó solo la parte dispositiva de las sentencias, pero el 19 de diciembre nos van a dar a conocer los fundamentos. Así que, la verdad es que hasta que conozcamos los fundamentos, es muy difícil hacer una evaluación profunda de la certeza o no de lo del veredicto que se dio a conocer ayer.

Hasta no ver los fundamentos no tenemos elementos para criticarlo abiertamente, pero sí tenemos algunas presunciones claras en función del resultado que nos permiten afirmar que es erróneo en muchas de las absoluciones.

-Hubo 8 condenas y 27 absoluciones. ¿Qué balance hacen a partir de esta decisión del tribunal?

-Las condenas que se hicieron, nosotros las esperábamos. Pero de las penas menores, las que fueron de entre 5 y 10 años, esperábamos que fueran mayores. Hay un imputado que se comprobó que violó a una mujer prisionera y se le dio una pena de seis años de prisión. Esto es una pena absolutamente desproporcionada, por baja. 

Pero nuestra sorpresa de ayer fueron la cantidad de absoluciones. Y en eso, en principio veo dos cosas. Primero, hay una parte de esas absoluciones que no las entiendo, porque yo había había visto en el proceso que de muchas de las personas absueltas fue acreditada su responsabilidad en muchos de los hechos juzgados, a través de varias declaraciones testimoniales. De modo que vamos a ver cuáles son los fundamentos, pero, en principio, hay algo que no estoy comprendiendo en su totalidad.

Y después hay otra cuestión que tiene que ver con algunas situaciones vinculadas a casos en los cuales las víctimas fueron trabajadores agremiados, denunciados por las empresas, caso Fabi, Losa, o Loma Negra. Por esas denuncias hubo participación del Ministerio de Trabajo, que estaba intervenido por militares, y a esas víctimas se las detuvo, se las torturó, se las mantuvo mucho tiempo privadas de libertad, y luego se las liberó con grave perjuicio, porque quedaron sin trabajo. La mayoría tuvo que irse de la localidad en la que vivían con sus familias y con un daño tremendo. 

Esas cuestiones, que fueron varias en esta causa La Huerta, no fueron entendidas como juicios de lesa humanidad, sino que fueron entendidas como delitos comunes, por lo que están prescriptos y por lo tanto, la única posibilidad legal es la absolución de las personas imputadas. Vamos a ver los fundamentos, pero entendemos que esto es lo que ha sucedido.

Es un error grosero que a los casos de represión a trabajadores agremiados no se los considerara como delitos de lesa humanidad sino como delitos comunes y en consecuencia se resolvió su prescripción. Esa persecución a los trabajadores fue parte del plan represivo de la dictadura.

-¿Cómo continúa esto?

-El día 19 de diciembre se darán a conocer los fundamentos. A partir de ahí, las partes tenemos diez días hábiles para presentar recursos de casación, esto es impugnar la sentencia pidiendo un resultado diferente. Eso se presenta ante la Cámara Federal de Casación Penal. Esos diez días se van a prorrogar, porque justo nos va a tocar la feria judicial del mes de enero, así que en febrero se van a estar presentando los recursos.

Obviamente, yo tengo plena certeza que vamos a recurrir esta sentencia y también entiendo que los defensores de las personas que fueron condenadas también van a recurrir intentando morigerar penas.

-Más allá del balance sobre condenas y absoluciones, el Tribunal reconoció los crímenes cometidos en Tandil y en toda la Sub Zona 12. ¿Qué lugar le otorga a ese reconocimiento? Luego de la lectura de las sentencias, algo que se escuchó fue que “en Tandil la dictadura ocurrió”…

-Sí, claro, yo no tengo ninguna duda. Una de las primeras cosas que hizo la dictadura fue parcelar el país, de manera que no hubiera un solo metro cuadrado de territorio nacional que no quedara bajo la órbita de la actuación militar.

Ese discurso inicial del presidente del Tribunal fue un explícito reconocimiento a esa violencia. Y que la verdad es que no se condice ese discurso inicial con el resultado del juicio, con las 27 absoluciones. Por eso, la primera manifestación que tuve fue de sorpresa.

-Entre otros, se comprobaron crímenes cometidos en la Base Aérea de Tandil. La cronista del Juicio, Soledad Restivo, hizo mención a ese punto en un artículo que escribió tras conocerse las sentencias…

- Efectivamente, esos hechos quedaron demostrados en el juicio y son los que justificaron dos de las peticiones perpetuas, a Valdecantos y Martínez Salgado.

Estas fueron las primeras veces que se juzgaron los hechos ahí ocurridos. Se juzgaron y se llegó a las máximas condenas. Así que, en definitiva lo que ocurrió fue precisamente el reconocimiento de crímenes de lesa humanidad en la Base Aérea.

-Con respecto a las sentencias, ¿Qué lugar le corresponde al “clima de época”, al “clima político”?

- Es imposible sustraerse a un clima de época en el cual los máximos gobernantes, y hablo del presidente y la vicepresidenta de la Nación, tienen reiteradamente expresiones negacionistas. No obstante eso, yo creo que esas expresiones no son compartidas por la inmensa mayoría de la sociedad argentina.

-La justicia es otro poder...

-La justicia es un poder del Estado que está compuesto por magistrados probos y honestos, y otros que son más sensibles a estos vientos políticos. No obstante, hasta no ver los fundamentos de la sentencia no voy a tener expresiones que permitan presumir que los magistrados se han dejado llevar por estos por estos vientos políticos o por este clima de época que existe.

El juez Santiago Carlos Bignone, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 39 de la Ciudad de Buenos Aires, ordenó el embargo preventivo de 810 millones de pesos sobre los bienes y cuentas de Nicolás Agustín Payarola, exabogado y representante legal del futbolista Gonzalo Montiel, en el marco de una investigación por defraudación y administración infiel.

La causa se centra en la presunta apropiación de más de 700.000 dólares pertenecientes al jugador de River Plate y la Selección Argentina, que fueron entregados al abogado para supuestas inversiones inmobiliarias y financieras que nunca se concretaron. El juez dictó el procesamiento de Payarola pero sin prisión preventiva.

Según el expediente judicial, entre marzo y octubre de 2023, Payarola se ganó la confianza de la familia Montiel tras representarlos en una causa penal anterior. A partir de allí, convenció al jugador y su entorno de participar en un emprendimiento ficticio bajo el nombre de M&A Desarrollos Inmobiliarios, donde él centralizaba la gestión del dinero sin rendición de cuentas ni respaldo documental válido.

Entre las maniobras documentadas se encuentran:

Además, el juez identificó certificaciones apócrifas, maniobras de presión emocional y simulaciones de reuniones técnicas para legitimar las operaciones. Una parte del dinero fue entregada incluso a través de Marina Lema, empleada del estudio jurídico de Payarola.

El embargo, calculado en pesos por el Banco Nación, busca garantizar eventuales indemnizaciones, honorarios y daños económicos y morales. La causa sigue su curso y, mientras tanto, la familia Montiel reclama la restitución total de los fondos sustraídos, de los cuales sólo 148.800 dólares habrían sido devueltos hasta ahora.

El caso se perfila como uno de los más resonantes en el ámbito deportivo y judicial argentino en los últimos años, por el volumen de dinero involucrado, la exposición pública de la víctima y el nivel de confianza vulnerado.