Agostina Páez, la argentina retenida en Brasil en el marco de una causa por injurias raciales, fue detenida este viernes en la ciudad de Río de Janeiro. El arresto se produjo 48 horas después de que el Ministerio Público Fiscal solicitara su prisión preventiva, a pesar de que la mujer se encontraba aislada en un departamento y bajo vigilancia con tobillera electrónica.

Según confirmó su abogado a Infobae, Páez, de 29 años, fue detenida cerca del mediodía y trasladada a una comisaría de la ciudad. Horas antes, la Justicia brasileña había rechazado el habeas corpus presentado por su defensa, en el que solicitaba autorización para regresar a la Argentina y continuar el proceso judicial desde su país.

La imputación es por el delito de injuria racial, figura que en la legislación brasileña está equiparada al racismo y contempla penas de dos a cinco años de prisión, sin posibilidad de excarcelación bajo fianza. Desde el 14 de enero, la joven tiene prohibido salir de Brasil: primero le retuvieron el pasaporte, luego fue obligada a colocarse una tobillera electrónica y, aunque su documento nacional fue devuelto, la restricción de egreso del país sigue vigente.

El expediente quedó a cargo del juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de la Comarca de Río de Janeiro, quien deberá definir los próximos pasos del proceso.

La situación personal de Páez se agravó en los últimos días luego de que tres personas ingresaran al departamento donde se alojaba, lo que motivó su mudanza por razones de seguridad. Su familia expresó una profunda preocupación por su estado anímico y evalúa viajar a Brasil para acompañarla, en medio de amenazas y un clima de creciente tensión. “La pobre está aterrada. ‘Papi, me quieren matar aquí’, me dijo recién”, relató su padre, Mariano Páez.

La Embajada de la República Argentina en Brasil le ofreció asistencia legal, aunque aclaró que no intervendrá en el proceso judicial.

El pedido de prisión preventiva tomó por sorpresa a la joven, quien al enterarse de la solicitud llamó llorando a su abogado, Sebastián Robles. Fuentes cercanas indicaron que Páez se encontraba angustiada y preocupada por la decisión que pudiera adoptar la Justicia brasileña.

La argentina está acusada de haber realizado comentarios y gestos racistas hacia empleados de un restaurante de Río de Janeiro, donde se encontraba de vacaciones con amigas. Tras ese episodio, se le impusieron medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salir del país y la colocación de la tobillera electrónica.

En su presentación, el Ministerio Público Fiscal argumentó que, pese a las medidas alternativas a la prisión, “dichas medidas no han demostrado ser suficientes para neutralizar el peligro procesal existente”. Desde el entorno de Páez consideran exagerado el pedido de detención y cuestionan el momento en que se decidió avanzar con esa medida.

Su defensor sostuvo que el delito imputado tiene un fuerte peso cultural en Brasil y consideró que el caso podría estar siendo utilizado como ejemplificador. “Ella se sometió al debido proceso, tiene la tobillera, no puede salir del país. Estamos en una situación donde no existen los peligros procesales”, afirmó. Y agregó que agravar la situación podría implicar una pena anticipada y una posible vulneración de derechos internacionales.

La Dra. Fernanda Menéndez forma parte de los abogados del Programa Acceder, una política pública municipal que brinda asesoramiento jurídico gratuito a víctimas de violencia, y es quien acompaña a la familia de Milagros Quenaipe, la joven asesinada en la madrugada del 31 de agosto.

A poco más de tres meses del trágico hecho, la abogada dialogó con El Eco de Tandil y brindó detalles del presente de la causa. Adelantó que el próximo 26 de diciembre está pautada la pericia psicológica y psiquiátrica que determinará la imputabilidad del acusado. Pero también hizo referencia que la carátula actual del caso –lesiones y homicidio simple-, podría cambiar con la incorporación de la alevosía, pero en principio no cabría la figura de femicidio.

Informó además que la familia de la víctima convoca a una nueva marcha para el sábado 20 de diciembre a las 18 en la esquina de Rodríguez y España, con el objetivo de recordar a Milagros.

Cabe recordar, Milagros Quenaipe –de 18 años-, fue asesinada durante la madrugada del 31 de agosto en la esquina de Rodríguez y Uriburu. El acusado por el caso es Wilson Sánchez –de 23 años-, quien antes había atacado a otro joven, y fue detenido horas después en un domicilio de calle Alem al 1300. Desde entonces, la familia Quenaipe mantiene un sostenido reclamo por justicia.

-Usted representa y acompaña a la familia Quenaipe desde que sucedió el caso…

-Sí, desde el primer momento a ellos los acompaña el Municipio y el Municipio tiene un programa que se llama Acceder, que es para víctimas de violencia. Yo estoy dentro de cuerpo de abogados del Acceder y del listado de abogados me eligieron a mí.

-¿Acompañan en casos de cualquier tipo de violencia?

-Sí, cualquier tipo de violencia. Está dirigido a la violencia de género, pero es para cualquier tipo de violencias. Hay una normativa, la ordenanza dice cuáles son específicamente los delitos que cubre este patrocinio. Son abusos, homicidios, femicidios, entre otros.

-A poco más de tres meses del asesinato de Milagros ¿En qué estado está la causa hoy?

-La causa hoy está en la investigación penal preparatoria. Es la primera parte de la investigación, donde se van recabando todas las pruebas, que ya hay un montón.

Y ahora lo que estamos esperando es el resultado de la pericia psicológica y psiquiátrica que se va a hacer este 26 de diciembre. Tenían fecha para el 28 de noviembre, pero por temas de logística de la unidad –porque lo tienen que trasladar de la unidad 44 de Batán a la Asesoría Pericial de Azul- se complicó un poco en el tema de los móviles. Entonces, el 28 se vio frustrada la pericia y pusieron nueva fecha para el 26.

-¿Qué determinaría exactamente esa pericia?

-Lo que se intenta determinar con la pericia es si él es imputable o inimputable. Entonces una vez que esté determinado eso, el fiscal va a requerir la elevación a juicio, donde ya lo que dice es que ya juntó la prueba y tiene la suficiente como para decir que esta persona a tal día y tal hora, cometió este delito. Y pone la calificación legal que se le enrostra.

-Actualmente “Homicidio simple”…

-Actualmente está como lesiones y homicidio simple. Lesiones porque el atacante atacó primero a otro chico y después a Milagros. Pero esta calificación va a cambiar muy probablemente.

Si bien no encuadra dentro del delito de femicidio porque había atacado a otra persona antes de sexo masculino, no tenía que ver con una relación que tuviera con ella, no tenía que ver con que la atacó a ella por ser mujer, o porque tenía bronca contra las mujeres. Eso no lo sabemos, pero al haber atacado un varón a antes y ya venir de disturbios previos, y no tener ningún tipo de relación ni nada absolutamente con Milagros, no cabría la figura de femicidio.

Sí se ve claro en el video que por la forma en que ataca a Milagros, Milagros está totalmente desprevenida y no tiene ninguna posibilidad de defensa. Entonces sí cabría una alevosía y eso también a hace que la pena suba. Si es homicidio simple sería de 8 a 25 años, y con alevosía la pena en expectativa es perpetua.

-¿La causa avanza a ritmo normal?

-Sí. En un primer momento fue todo muy rápido.

En las causas en general sucede esto como que al principio se van encontrando con un montón de pruebas y después entra como en una meseta, que son los tiempos normales de pedir la pericia, de que pongan fecha de pericia.

Como que ya no depende tanto del fiscal, sino de que la Asesoría Pericial tenga fecha, de que esas fechas se cumplan. Todo lo que son pericias físicas, de ropa, de órganos, tardan porque lamentablemente los recursos no son muchos.

Pero va bastante rápido. La realidad es que no hay mucho para discutir en este caso, está claro. A la persona se la detuvo desde el primer momento.

-Hizo mención a que la pericia determina la imputabilidad. ¿Hay alguna expectativa de que el acusado sea inimputable?

-No, hasta ahora no hay ninguna no hay ningún indicio de que sea inimputable. Eso lo determinan los peritos, pero no tenemos conocimiento de ningún indicio que este diga lo contrario

-Estás acompañando a la familia…

-Sí, con la familia. Con César y su pareja Yanina, y con Andrea la mamá de Milagros. También tengo contacto con la Fiscalía, tuve reuniones con el doctor Boreán,  y con el instructor, que están trabajando seriamente con el caso y muy bien.

-A partir del Programa Acceder, cualquier vecino puede contar con asesoramiento judicial en casos de violencia…

-En este caso, actuamos como particular damnificado. Generalmente cuando una víctima va a declarar, le informan que puede acercarse a la Secretaría de Género y ahí le informan sobre el Programa. Hay que cumplir ciertos requisitos económicos para entrar, y que el delito del cual fueron víctimas entre dentro de los que marca la ordenanza. Lesiones graves, amenazas, homicidios, femicidios, abuso sexual.

Consultado sobre sus inicios, sorprendió al revelar que su primer contacto con el sector no fue desde los códigos, sino desde el estrado de un rematador. "En realidad, mis orígenes no son como abogado, sino como martillero público", confesó. Esa experiencia en remates judiciales le permitió conocer "la trastienda" del derecho y le dio una base práctica fundamental que, años más tarde, lo llevaría a especializarse en Derecho Inmobiliario, un campo con pocos expertos en la región.

Pablo Acosta subrayó la constante evolución de la legislación desde la reforma del Código Civil y Comercial en 2015, que transformó un derecho estático en uno mucho más dinámico. Esta realidad, afirmó, exige una capacitación permanente.

"Siempre digo que aquel que no estudia cada día, es menos abogado. Hoy se requiere constante capacitación, si no, quedas afuera del mercado".

El "fenómeno Tandil" y las nuevas formas de inversión

El especialista calificó el crecimiento de la ciudad como un "fenómeno digno de estudiar" y una "ciudad empujante" donde las nuevas construcciones, especialmente edificios de categoría, son una constante.

En este marco, advirtió sobre las nuevas modalidades de inversión como el fideicomiso. Si bien lo describió como una "figura espectacular y ágil", alertó sobre sus riesgos. "No es una sociedad, sino un contrato donde el capital ya no queda en cabeza del emprendedor", explicó. El peligro, señaló, reside en una mala administración por parte del fiduciario (el administrador), que puede dejar a los inversores sin los recursos para finalizar la obra, generando situaciones indeseadas.

Pablo Acosta ofreció una serie de recomendaciones esenciales para cualquier persona que esté por realizar una operación inmobiliaria:

Asesoramiento Profesional: Lo primero que hay que hacer es ir a ver a un abogado o un escribano. Preventivamente, se pueden evitar grandes dolores de cabeza.

Verificación del Dominio: Es crucial solicitar un informe de dominio en el Registro de la Propiedad para confirmar quién es el titular y si el inmueble posee embargos o inhibiciones. "Mucha gente desconoce estar inhibida, a veces por deudas tributarias", advirtió.

Diferenciar Reserva de Seña: Explicó que la reserva es un compromiso inicial para negociar, mientras que la seña tiene más fuerza legal. Si la seña es "penitencial", permite el arrepentimiento con una penalidad económica (quien la dio, la pierde; quien la recibió, debe devolver el doble).

Planificación a Futuro: Aclaró conceptos como el usufructo, que permite donar una propiedad a los hijos reservándose el derecho de uso y goce de por vida. También recordó que la figura conocida como "bien de familia" hoy se denomina "régimen de protección a la vivienda".

Pablo Acosta concluyó reafirmando la importancia de la consulta preventiva como la herramienta más eficaz para garantizar la seguridad jurídica en uno de los pasos más importantes en la vida de una familia: la compra de una vivienda.

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, evalúa presentarse como "imputado colaborador" —figura del arrepentido— en la causa que investiga un presunto pedido de coimas, aseguró a su entorno que "teme por su vida" y borró todos los mensajes que intercambió con el presidente Javier Milei y su hermana Karina antes de entregar sus teléfonos a la Justicia.

En base a un artículo del periodista Hugo Alconada Mon para el diario La Nación, el exfuncionario oscila entre la furia y la decepción con el Gobierno y transmitió una dura advertencia a sus allegados: "Si yo hablo, armo un quilombo padre".

El artículo detalla que desde el Gobierno le habrían enviado un emisario para ofrecerle los servicios de los estudios de abogados de Santiago Viola y de los Anzorreguy, ambos ligados a la familia Menem, pero que Spagnuolo los rechazó. Consultados por La Nación, ambos abogados negaron haber tenido contacto con el exfuncionario.

Desde el entorno de Spagnuolo apuntan contra otro exdirectivo de la Andis, Daniel Garbellini, como el responsable de las licitaciones bajo sospecha, y señalan al consultor Fernando Cerimedo como el posible autor de las grabaciones que desataron el escándalo.

Finalmente, la publicación revela el momento en que se habría roto la relación de Spagnuolo con el Presidente. Luego de que el exdirector de la Andis le transmitiera supuestas inquietudes a la ministra Sandra Pettovello y esta se lo contara a Milei, Karina Milei le habría comunicado que no iba a hablar más directamente con su hermano.

La abogada María Natalia Martinenghi cuenta con estudios jurídicos en Tandil y Buenos Aires, y se encuentra en proceso de expansión, habiendo tramitado la matrícula para ejercer oficialmente en otras provincias.

Asiduamente, concurre a programas televisivos para brindar detalles vinculados a su actividad:

“Estoy como panelista en el programa de ‘Yuyito’ González y también trabajo en América TV. Desde mi trabajo me he vinculado con algunas personas del medio artístico, algunas famosas como Pamela David, Fabián Cubero, Alejandra Maglietti, Mica Viciconte, Hernán Drago y algunos participantes de Gran Hermano. No soy abogada oficial de ellos, pero los asesoro. En algunos casos, puedo asistirlos pero no representarlos de manera oficial porque para trabajar en distintas provincias tengo que matricularme. Entonces, en esos casos, lo que hago es asesorarlos sin intervenir en ninguna causa”.

Respecto a los contenidos que vuelca en sus apariciones televisivas, la abogada tandilense destacó que “me refiero a distintas cuestiones como derechos del niño o, en separaciones, la cuota alimentaria, la distribución de alimentos, el régimen comunicacional y demás. Se presentan casos como el de Wanda Nara, que es de los más conocidos. También soy asesora suya, aunque ella tiene su abogada que la representa oficialmente. A la televisión llegué hace mucho tiempo, por tener gente conocida del ambiente y moviéndome con managers, que hoy son amistades mías. Mi presencia allí ha repercutido de manera positiva en mi carrera profesional”.

Continuando en esa línea, Martinenghi destaca que “la gente me consulta mucho, cuando salgo del canal tengo varias llamadas, de provincias como Tucumán, Mendoza y Neuquén. Respondo a esas consultas sin cargo, me siento obligada porque son temas delicados, como gente a la que no le permiten ver a su hijo o no le pasan el dinero correspondiente. Son casos en los que puedo dar una mano pero no intervenir. En algunas provincias, como Mendoza, he avanzado en la matriculación y estoy a punto de obtenerla”.

Sobre la presencia en la ciudad, agregó: “Con una colega, tenemos un estudio en Capital Federal, pero el principal es en Tandil, está ubicado en Pinto 928. Con la mayoría de los demás abogados de la ciudad tengo una buena relación. Aunque aquéllos que tienen mucha experiencia de pronto quieren atropellarte desde la cantidad de años que tienen en la profesión, ahí es donde chocamos. A mí no me importan esos datos, sino que considero que se debe acatar la ley. Como abogada, tengo un carácter bastante fuerte y me planto cuando me quieren imponer determinadas cosas, en parte es por eso que me llaman tanto para participar en la televisión. No tengo filtros y mi personalidad llama mucho la atención”.

En cuanto a los juzgados de la ciudad, Martinenghi mencionó que “tengo un buen concepto sobre ellos. En otros lugares, como Morón, no me pasa lo mismo. El de Tandil funciona bastante rápido, también estaría bueno que se abra otro. En su momento, fue algo reclamado por nosotros, fundamentalmente para atender un tema como la violencia de género. En divorcios, sucesiones y demás, funciona bien”.

Por último, Martinenghi explicó que “hay temas que son sensibles, es por eso que yo no trabajo sobre la parte penal, sólo sobre lo civil. Pero, igualmente, participo en una mesa intersectorial de violencia de género. Mi enfoque va más sobre lo que es violencia sobre los niños, siempre trabajando hasta dónde puedo llegar. Cuando se pasa a la parte penal, ya dejo el caso en manos de colegas. Intervengo mientras todo tiene que ver con lo civil”.

 Contacto

Los interesados en contactar a la doctora María Natalia Martinenghi pueden hacerlo acercándose a su estudio de Pinto 928, a través del 2494-636345 o en Instagram (dra.marianataliamartinenghi.)

El próximo viernes, desde las 17, en la sede de la Cámara Empresaria (Mitre 856) se llevará a cabo una jornada académica denominada “Actualidad del Derecho Público Nacional y Provincial”, organizada por el Municipio de Tandil, el Instituto del Derecho Público del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, el Colegio de Magistrados y Funcionarios Departamental y la Asociación de Abogados local.

El encuentro contará con reconocidos disertantes en la materia, como Daniel Pulvirenti, María Ventura Martínez y el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA) Daniel Fernando Soria.

La jornada será no arancelada para matriculados del Colegio de Abogados (con matrícula activa), del Colegio de Magistrados y Funcionarios Departamentales y asociados de Tandil.

El encuentro es auspiciado por el Instituto de Estudios Judiciales (SCBA) y los interesados deberán inscribirse previamente en la página web del Colegio: www.colegioabogadosazul.org.ar.

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley el proyecto que regula y simplifica los procesos judiciales para el reclamo de alimentos, que limitan  el acceso a la Justicia de niñas, niños y adolescentes y sus madres.

En detalle, la Provincia presentó dos iniciativas para garantizar el pago de la Obligación Alimentaria y agilizar el proceso judicial de reclamo a los deudores. Ambos proyectos fueron aprobados por el Senado bonaerense y uno se transformó en ley en la última sesión celebrada el jueves.

El proyecto aprobado establece que la falta de pago de la obligación alimentaria por parte de los progenitores contribuye a la aparición de formas de sobreendeudamiento de los hogares monomarentales. Esta problemática se suma a la sobrecarga de cuidados que afrontan las mujeres, derivada de la falta de pago de la obligación alimentaria que las aleja de la posibilidad de acceder al empleo formal y registrado.

Entre las reformas que introdujo el nuevo marco legal se encuentra establecer parámetros para determinar el monto de la obligación alimentaria, como el Índice de Crianza elaborado por el Indec; incorporar herramientas eficaces para obtener una respuesta rápida, ágil y flexible en un plazo razonable; reducir el litigio en favor de una resolución rápida y pacífica de los conflictos; fortalecer la autonomía en el proceso de toma de decisiones de las mujeres como usuarias del servicio de justicia. 

Asimismo, busca reducir los obstáculos que enfrentan quienes crían a sus hijos. En ese sentido, admite legalmente el uso de aplicaciones de mensajería instantánea (como WhatsApp) para notificar la demanda de alimentos. El cambio surge a partir de la imposibilidad de notificar en domicilio, hecho que restringe el acceso a la justicia.

También establece plazos para dar respuesta a la prueba de informes utilizados para determinar el monto de la cuota alimentaria y el nivel de vida del demandado. En concreto, cinco días para entidades privadas y siete para públicas y fija multas e intereses cuando los progenitores no se presentan a las audiencias judiciales sin adecuada justificación porque entorpecen el proceso.

En diálogo con el ciclo radial Último Bondi (104.1 Tandil FM, EcoTV y El Eco Streaming) la abogada Alejandra Serrano Gandolfo celebró la aprobación de un nuevo marco regulatorio y aseguró que se trata de una “buena novedad pensando en la gente que va a acceder en un mejor servicio de justicia”.

Un cambio positivo

La profesional especializada en derecho de familia abordó el tema, al que calificó como un “cambio sumamente positivo” en esta “guerra cotidiana que tenemos contra la violencia de género”, y enumeró los puntos de relevancia aprobados por la Legislatura bonaerense.

Al enfocarse en los principales aspectos sobre las disposiciones vinculadas a la cuota alimentaria, que “muchas veces es un camino largo y frustrante”, planteó en primer lugar que fija el modo en que se realiza el cálculo del monto de la cuota. “Cuando no hay un  ingreso estable, quedaba al arbitrio del juez y el parámetro era el Salario Mínimo Vital y Móvil”, contextualizó.

Ahora, con estos cambios, el cálculo tendrá como punto de partida el Índice Crianza, que presenta un valor “más realista” y pondera las tareas de cuidado según el rango etario del menor. A modo de ejemplo expuso que, para un niño de 12 años, tiene una referencia que parte de los 480 mil pesos.

En segundo lugar, destacó que existía una cuestión vinculada trámite en cuanto a su extensión a partir de la existencia de la etapa conciliatoria, que es previa a dar conocimiento al juez del reclamo alimentario.

En muchos casos “agiliza” el proceso, pero en otros, “ante la negativa del alimentante de hacer aportes o presentarse en el proceso, ralentizaba el reclamo”. Ahora, los demandantes podrán optar por transitar por la etapa previa o no, con lo cual habilita a que se agilice el trámite.

Por otro lado, Serrano Gandolfo apuntó que se incluirá al moroso alimentario en el registro “ante el inmediato incumplimiento”. A partir de la reforma, se lo intima a pagar ante la primera falta denunciada. “Antes había que esperar tres cuotas antes de pedir la inscripción”, comparó.

En el cuarto punto aludió a la multa por la incomparecencia. “Muchas veces el deudor alimentario se manifiesta con una impunidad tal que ni siquiera se presenta en el expediente o en las audiencias en las que se los cita. Antes existían unas multas que oscilaban entre los 70 mil y 1,4 millones y hoy aumenta  a entre 350 mil a siete millones de pesos más intereses”, repasó.

Más detalles 

En quinto lugar, la abogada se centró en la decisión de acortar los plazos para la respuesta de los informes solicitados a organismos públicos o privados. Entonces, antes eran 20 días hábiles para oficinas públicas y para privadas 10. Ahora se redujo a siete y cinco, respectivamente. 

En el punto seis, la posibilidad de acreditar el caudal económico del alimentante con prueba indiciaria, es decir, pruebas distintas a las tradicionales como el recibo de sueldo o la demostración de bienes registrable.

En este caso, se amplía el trabajo del abogado para indagar en la búsqueda de información con el cliente “para ver si se puede acreditar, por ejemplo, que tiene un pasar económico al que no accedería de otro modo que teniendo ingresos altos”.

Entre ellos, citó viajes, participación a eventos, inscripciones a competencias deportivas, gastos con tarjeta de crédito, billeteras virtuales o nivel de vida en condiciones de la vivienda. “Con poder hacer un informe socioambiental se va a tener una pauta del caudal económico, que tendrá que ser valorada por el juez”, resaltó. “Antes esos indicios estaban, pero había una exigencia mayor en la prueba”, indicó.

Por otro lado, Serrano Gandolfo señaló que otro avance clave al incorporar el uso de la tecnología para la notificación de la demanda cuando los medios tradicionales no lo logran. “Es unos de los más importantes porque achica los tiempos”, resaltó. 

Y, por último, hizo alusión a la fijación inmediata de alimentos provisorios como primera respuesta del juez ante el planteo de la presentación judicial.  

Unifica, agiliza y acorta

-¿Cómo recibió este tema la comunidad judicial?

-En general, creo que es una buena novedad pensando en los justiciables, es decir, en la gente que va a acceder a un mejor servicio de justicia con criterios unificados y plazos más ágiles en todo el territorio bonaerense.

-¿Hay muchos casos de reclamo de cuota alimentaria en Tandil?

-Sí, y de espera de cuota alimentaria y de espera de alimentos provisorios muchísimos casos. A veces uno es la cara ante el cliente y es difícil explicarle posibles medidas después y después decirle por qué no las tomó. Esto unifica, agiliza y acorta y nos da la tranquilidad de pensar en que habrá respuestas más oportunas. 

Una crisis 

-A partir del femicidio ocurrido el domingo, ¿cuál es su perspectiva con respecto a lo que está ocurriendo en Tandil?

-Creo que estamos en medio de una crisis en lo que tiene que ver con la violencia de género en Tandil. Es un llamado a los operadores judiciales a la toma de conciencia. Volviendo a la violencia económica, creo que no hay una total dimensión de lo que implica esta variable, que permite el control de una persona, de sus tiempos, el sometimiento, la codependencia. Muchas veces las víctimas vuelven por esta circunstancia y necesidad imperiosa de alimentar a los hijos. Veo que falta tomar dimensión  de la importancia de estas alertas del control mediante la economía. Muchas veces las respuestas llegan tarde y parece que falta un poco más de trabajo en la prevención. Estamos viendo que también hay respuestas que están llegando tarde y es para revisar algunas intervenciones.

Marco legal propuesto

Ambas iniciativas presentadas por la Provincia fueron redactadas en el marco de la Mesa de Trabajo sobre Obligación Alimentaria, creada tras la presentación del informe “Incumplimiento de la obligación alimentaria en la Provincia de Buenos Aires: Un problema estructural que profundiza las desigualdades de género” en 2022, tomando también iniciativas de la senadora Sofia Vannelli y la diputada Lucía Iáñez.

El Informe sobre Incumplimiento de la Obligación Alimentaria presentado por el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, elaborado desde la Subsecretaría de Políticas de Género, a cargo de Lucía Portos, da cuenta de las desigualdades de género en las crianzas en hogares monomarentales: 7 de cada 10 mujeres no reciben aportes del progenitor de sus hijas e hijos.

El actual sistema de determinación y ejecución de la obligación alimentaria se encuentra centrado en el Poder Judicial, donde las respuestas que reciben las mujeres por parte de esta institución son deficientes y fragmentadas.

El 65 por ciento de las mujeres bonaerenses no recibe la obligación alimentaria de parte del padre de sus hijos o sólo la percibe en forma esporádica. Cabe mencionar que este fenómeno se da en todas las clases sociales.

La problemática en torno a la demora en las designaciones de magistrados en la Justicia local generó alerta. La Asociación de Abogados y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Tandil (Amafutan) llevan adelante gestiones con el objetivo de encontrar estrategias conjuntas para acelerar la cobertura de las vacantes de los jueces en el ámbito de la ciudad.

En concreto, el lunes pasado, en la sede de la dependencia que nuclea a los abogados, se celebró un intercambio encabezado por su titular, Gabriela Maña, con el diputado nacional por Buenos Aires, Rogelio Iparraguirre, y que contó con la participación de los doctores José Zárate y Francisco Blanc.

“Nos estamos ocupando de las vacantes de Tandil”, adelantó la presidenta de la entidad en diálogo con el ciclo radial La Mañana de El Eco (104.1 Tandil FM, EcoTV y El Eco Streaming), en relación a los encuentros con actores políticos que previamente mantuvo con el secretario de Legal y Técnica del Municipio Javier López.

“Tuvimos muy buena respuesta de ambos”, dijo y resaltó el compromiso asumido para llevar adelante las gestiones necesarias ante las dependencias bonaerenses “para que estos jueces se designen lo más rápido posible”.

La urgencia se debe a la falta de cobertura de cargos en el Juzgado Civil –que lleva más de dos años vacante-, en el Tribunal Oral Criminal, en el Laboral y en la Fiscalía del Fuero Penal Juvenil. “Necesitamos celeridad en esto”, enfatizó. 

Estado de situación 

En declaraciones radiales, Maña explicó que “se producen las vacantes por jubilación o fallecimiento” y actualmente esos cargos sin designar son cubiertos por otros magistrados del mismo fuero o de otros para que puedan funcionar.

A modo de ejemplo, expuso que hay tres juzgados civiles de los cuales dos están funcionando y hay uno que está vacante. Entonces, además de cubrir sus dependencias, “tienen que cubrir la que está vacante, con lo que ello implica”.

Todo este escenario “va desmejorando el servicio de justicia porque no se pueden ocupar de todo”, lamentó.

Por otro lado, la presidenta de la Asociación de Abogados indicó que el Tribunal Oral Criminal “ahora se quedó sin los tres jueces” en un proceso que comenzó hace cuatro años cuando se jubiló el primer magistrado “y después siguieron los otros dos”.

En tanto, al Tribunal Laboral le falta un juez por el fallecimiento de uno de sus integrantes hace un par de años y “nos falta un fiscal juvenil”.

“En breve los jueces se van a ir jubilando porque están en edad de hacerlo. Es muy preocupante porque nos vamos a quedar sin jueces en Tandil”, advirtió la abogada.

Detalló que este esquema genera demoras, además del desgaste en los funcionarios judiciales que asumen el trabajo de otras dependencias más aún en una ciudad donde la cantidad de litigios es “muy grande”, por lo que se torna “bastante complejo” el escenario.

“A la larga, esto va a ir desmejorando el sistema de justicia, que es lo que no queremos porque después no vamos a tener las sentencias en tiempo. No queremos que nos vuelva a pasar como en otras épocas” en las que pasaban “meses o años sin sentencia”, advirtió.

El procedimiento

Sobre el procedimiento en la provincia de Buenos Aires se inicia cuando los concursantes realizan un examen y el proceso de selección que finalmente integrarán las ternas que se elevan al Poder Ejecutivo está a cargo del Consejo de la Magistratura. Luego, pasa al Gobernador que selecciona a su candidato de los tres y el expediente se gira a la Cámara de Senadores para su aprobación.

Maña indicó que en el caso del Juzgado Civil “está en la decisión del Gobernador, en el Criminal hay dos ternas y en el Laboral recién se tomaron los exámenes”.

“El apuro que tenemos es que se vaya moviendo todo en el corto plazo para poder llegar a la designación del juez”, enfatizó.

Luego, supuso que podría existir una cuestión presupuestaria o política, pero analizó que también hay otros departamentos judiciales que pugnan por sus designaciones. Por eso, “hay que hacer fuerza para que tengamos nuestros jueces porque si no se las llevan otros departamentos”, concluyó.

Con una amplia convocatoria, el  Colegio fue sede de un nuevo acto de jura donde nuevos profesionales se comprometieron a ejercer de manera responsable su profesión.

El doctor Leandro Prat, en representación del Consejo Directivo, sostuvo: “En estos tiempos de la virtualidad para nosotros es muy importante poder vernos cara a cara, poder saludarnos, y poder encontrarnos en este momento tan importante para ustedes y sus familias”. Asimismo, destacó “queremos que empiecen a transitar el camino de la profesión de la mejor manera posible por eso arbitraremos los medios necesarios para que eso suceda”.

A su vez, el secretario del Consejo Directivo expresó: “Es muy lindo ver cómo la profesión que hemos elegido nosotros en algún tiempo anterior ustedes lo hagan al día de hoy. Por eso esperemos que el Colegio nos encuentre trabajando de manera mancomunada y conjunta en beneficio de la colegiación”.

Acto seguido, la presidenta del C.A.A., María Fernanda Giménez, enfatizó: “Queremos que esto sea un puntapié inicial para vincularse con el Colegio, porque acá hay colegas que también han tenido probablemente las dudas que tienen ustedes hoy al momento de empezar a trabajar sobre algo. Queremos que las dudas que tengan las canalicen por acá y que sean los mejores profesionales”.

En esa misma línea, la Dra. Giménez mencionó: “También queremos que piensen la profesión más allá de lo estrictamente académico o laboral y proyectarla como una retribución a la sociedad, porque somos parte de una sociedad que apostó por nuestra formación, sobretodo de quienes estudiamos en Universidades Públicas”. 

El C.A.A le da la bienvenida a los nuevos matriculados y matriculadas: Facundo Darretche, Federico Salvatierra, Teresita Anahí Daza, Aldana Lamanna, Joaquina Sarthou, Florencia Zabala, María Paula Alem, Jimena Disalvo, Santiago Varela.

El pasado martes 25 de abril la doctora Marisa Herrera realizó la presentación de la obra Código Civil y Comercial Comentado, Edición actualizada 2022, de Ediciones SAIJ – INFOJUS en el Aula Magna de la UNICEN.

Herrera es abogada, egresada con Diploma de Honor de la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA), doctora en Derecho, especialista en Derecho de Familia por la misma casa de estudios e Investigadora del CONICET.

Conjuntamente con ella, participaron de la exposición Camila Santoro, miembro representante de Quórum y titular de la Delegación Tandil de la  Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Laura Giosa, actual decana de la Facultad de Derecho de la Unicen, María Fernanda Giménez, en su carácter de presidenta del Colegio de Abogados de Azul, y Luz Laici, directora nacional del Sistema Argentino de Información Juridica (SAIJ).

La actividad fue organizada por Quórum, con el acompañamiento de la Facultad de Derecho – UNICEN, el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul e INFOJUS. 

Quórum es un espacio conformado por profesionales que ejercen la abogacía de manera liberal, orientado a la búsqueda de una mejora continua del ejercicio profesional y a la construcción de una abogacía socialmente más activa, inclusiva, humanizada y abierta a la comunidad.

Al finalizar la exposición, y evacuadas las preguntas de los asistentes, se procedió al sorteo de las ediciones comentadas del  Código Civil y Comercial de la Nación impresos por al Editorial SAIJ - Infojus entre el público. También se hizo donación de ejemplares a la Facultad de Derecho de la Unicen, al Colegio Público de Abogados de Azul y a la Asociación de Abogados de Tandil.

El jury de enjuiciamiento al que está siendo sometido el suspendido fiscal de San Isidro Claudio Scapolán, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita integrada también por policías y abogados que entre 2013 y 2015 robaba cargamentos de droga secuestrada a narcotraficantes para luego venderla, continuará este martes con los alegatos de las partes.

Fuentes judiciales precisaron que "ya terminaron de declarar en tres audiencias que se desarrollaron de 9 a 19 todos los testigos propuestos por las partes" y adelantaron que el martes se llevarán a cabo los alegatos y, dentro de los cinco días posteriores, se dictará el veredicto y la sentencia en la que se determinará la absolución del fiscal o su remoción del cargo.

Scapolán fue suspendido de su cargo el 22 de diciembre pasado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, por nueve votos contra uno, a partir de la acusación hecha por el Procurador de la Corte Bonaerense Julio Conte Grand, y se dispuso el embargo del 40 por ciento de su sueldo.

En la primera audiencia del jury -que comenzó el 28 de marzo en el edificio Anexo del Senado bonaerense, en las calles 7 y 49 de la capital bonaerense-, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado ratificó lo investigado por su juzgado contra Scapolán.

"Los elementos que yo tuve en cuenta (para procesar a Scapolán) fueron los dichos de los arrepentidos, de los letrados que en los distintos casos intervinieron, los movimientos de los celulares de los policías involucrados y dónde activaban celdas, como así también el análisis de la activación de celdas de los celulares usados por el fiscal Scapolán y sus secretarios también imputados en el expediente, las filmaciones, los videos obtenidos", precisó.

La magistrada federal aludió a "los dichos de imputados que fueron víctimas de distintas conductas extorsivas o de armados de causas", elementos que la "convencieron de que había elementos suficientes para procesar al fiscal Claudio Scapolán y a sus secretarios en base a los delitos por el cual se dictó el auto de procesamiento".

El jurado está presidido por la presidenta de la Cámara Primera en lo Civil y Comercial de La Plata Ana María Bourimborde (ya que los jueces de la Suprema Corte y de Casación se excusaron por haber intervenido en alguna etapa del proceso).

Además, lo integran los conjueces legisladores Senador Juan Pablo Allan (Juntos), Diputado Daniel Andrés Lipovetzky (Juntos), Diputado Walter Carusso (Espacio Abierto Juntos), Senadora Sofía Vanneli (Frente Renovador -Todos) y Diputada María Eugenia Brizzi (Juntos) y los conjueces abogados Carlos Fernando Valdez, Héctor Benito Mendoza Peña, Carlos Garavaglia, José Manuel Del Cerro y Juan Emilio Spinelli.

La primera denuncia contra el fiscal fue realizada en 2016 por la exdiputada Elisa Carrió y, posteriormente, por la jueza Arroyo Salgado, quien tenía a su cargo la investigación en la que fue procesado Scapolán.

Al momento de ser procesado, el 1 de octubre del año 2021, la magistrada también trabó sobre los bienes del fiscal un embargo por dos mil millones de pesos.

En esa resolución, la jueza procesó a Scapolán por un total de diez delitos: jefe de una asociación ilícita, instigador de falso testimonio agravado, uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público reiterada, sustracción de medio de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada, cohecho pasivo agravado por su condición de agente fiscal, extorsión, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. (Télam)

El acceso a la salud suele ser uno de los derechos más vulnerados, que requiere de intervenciones eficaces y rápidas para restituirle lo que le corresponde al paciente. En este marco, la efeméride marca que el 7 de abril se celebró el Día Mundial de la Salud y una buena forma de reivindicar este aspecto fundamental de la vida humana, es conocer cuáles son los derechos que asisten a los usuarios de las obras sociales y prepagas. 

Germán Ferreiro Marzari y Marianela Mastrosimono son abogados y se dedican especialmente a atender casos de vulneración en las prestaciones de salud. En esta línea, también asesoran con respecto a la salud en el ámbito del trabajo; medicina laboral, accidentes de trabajo, comisiones médicas e instancias judiciales.

Habitualmente trascienden casos tanto de empresas de medicina prepaga, como de obras sociales, que incumplen en reiteradas oportunidades con los servicios que deben brindar y los usuarios aceptan estas circunstancias sin saber que tienen vías legales disponibles para reclamar. 

Las leyes vigentes 

En conversación con El Eco de Tandil, los letrados explicaron que existe un marco legal del derecho a la salud, que lo reconoce como un derecho fundamental de todos los seres humanos por encima de los derechos individuales, como un derecho colectivo. Su protección se encuentra reflejada en la Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales a los que Argentina ha adherido. 

Asimismo, existen diversas leyes nacionales y provinciales que aseguran el acceso al sistema de salud y regulan, por ejemplo, el sistema de salud pública y el de Obras Sociales y Medicina Prepaga. 

A modo de ejemplo, las leyes de Obras Sociales y de Salud Pública que regulan los derechos del paciente, la historia clínica y el consentimiento informado, la normativa de reproducción médicamente asistida, el Programa de Asistencia Integral para pacientes con HIV, Cáncer y Patologías Multirresistentes, entre tantas otras, que constituyen una regulación muy importante el Plan Médico Obligatorio (PMO).

De esta manera, el marco normativo conforma un piso mínimo de cobertura, aunque es habitual ampliar las prestaciones mediante presentaciones judiciales.

Al respecto, cabe destacar que el Programa Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE Res.201/02 Ministerio de Salud de la Nación) es aquel que establece las prestaciones básicas esenciales que deben garantizar las obras sociales y agentes del seguro a toda la población beneficiaria. Entre sus alcances indica la cobertura que deben brindar obligatoriamente: Atención Primaria de la Salud; Atención Secundaria; Internación; Salud mental; Rehabilitación; Odontología; Medicamentos y Coseguros.

Además, establece el listado que las obras sociales y agentes del seguro de salud se encuentran obligados a brindar según condiciones que se establecen. Finalmente, habla de los medicamentos que deben cubrir en forma obligatoria, las monodrogas e indica el porcentaje del que debe hacerse cargo la mutual.

Partiendo de dicha base, Ferreiro expuso que “la gente normalmente viene  a vernos por falta de prestación, de cobertura de medicamentos, de especialidades, cirugías. A veces las obras sociales no brindan la cobertura con el profesional o la entidad elegida por el paciente y derivan a otros efectores”. Asimismo, remarcó que también abundan las consultas en materia de tratamientos de fertilidad, a partir de la legislación vigente, que es relativamente nueva y tiene sus particularidades.

En estos casos, por ejemplo, las prestadoras obligan a los médicos a agotar todas las posibilidades e ir primero por los procedimientos de baja complejidad antes de pasar a tratamientos más complejos. El problema es que en determinados casos se sabe que la persona debe recurrir directamente a un tratamiento de alta complejidad para tener éxito y ahí es cuando se necesita el asesoramiento profesional para garantizar el derecho, sin tener que atravesar innecesariamente el derrotero previo.  

Cuándo reclamar 

En paralelo, Marianela acotó que las empresas y mutuales aprovechan el desconocimiento de los afiliados para limitar los tratamientos en general y dilatar los tiempos. En contrapartida, el usuario necesita una resolución inmediata del problema y lo atraviesan múltiples inquietudes en  una carrera contra el tiempo, porque la salud no puede esperar.

“Son personas que necesitan ser escuchadas y contenidas bajo  un enfoque de trabajo profesional y humano. No hay casi profesionales que se dediquen exclusivamente a esto y el cliente ya viene con una carga emocional que no es cualquier cosa, han atravesado un montón de instancias y he visto cómo de tantas trabas burocráticas se los consume el sistema”, reflexionó. 

Ante la falta de conocimiento del paciente, muchas veces las prestadores deniegan la cobertura y la persona no sabe –ni tiene por qué hacerlo- que tiene vías legales para reclamar y lograr que se le restituya el derecho.

“Hay un marco amplio que establece qué cosas se cubren y cuáles no. Muchas veces las entidades alegan que existe un periodo de carencia pero en realidad la cobertura tiene vigencia desde el día uno que el afiliado es dado de alta, entonces no corresponde ese abuso y es algo que se puede exigir”, detallaron.

Asimismo,  indicaron que atienden casos de prestaciones denegadas dentro del PMO aunque haya un encuadre legal activo que obliga a las prestadoras a brindar el servicio e inclusive se puede reclamar por prestaciones más innovadoras no especificadas en dicho encuadre, que data de 2003. 

En tal sentido, Ferreiro ponderó que “por la vía judicial se puede lograr el reconocimiento igual, aunque les hayan dicho que eso no está en la ley se puede conseguir si se justifica que es necesario, pese a que sea una práctica que no está expresamente regulada”. 

Por falta o denegación de prestaciones, denegación de cobertura en procedimientos médicos, incluyendo los quirúrgicos, mediaciones denegadas, retrasos en las prestaciones la primera vía de reclamo es la intimación por carta documento. En numerosas ocasiones la problemática  se resuelve de este modo, sin llegar a judicializar una medida.

De no mediar una respuesta favorable, el canal más efectivo para demandar el cumplimiento de una prestación es la acción de amparo, un recurso legal que responde a la celeridad que las cuestiones de salud ameritan. Así, en un plazo de 48 horas a una semana el juez debe expedirse para subsanar  la urgencia y obligar al prestador a garantizar el servicio de salud. 

Y si bien no todos los reclamos tienen asidero, los letrados aconsejan consultar y asesorarse antes de desestimarlo. "Ante la duda, consulten. La gente  a veces dice que después le reintegran los pagos y les devuelven nada. También hay casos que quizás no son viables, pero es siempre mejor consultar y evacuar dudas”, sostuvo la doctora Mastrosimono, quien además enfatizó en la importancia de darle una vuelta de tuerca a la relación abogado-cliente para ofrecer un tratamiento amable y contenedor, que a la vez resuelva el problema de manera efectiva. 

Los doctores Germán Ferreiro Marzari y Marianela Mastrosimono atienden en Roser 1470. Se los puede contactar al 0249 – 154518786 (llamadas y Whatsapp) y a la dirección de correo electrónico estudiomastrosimonoferreiro@gmail.com

El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (Colproba), con sede en la ciudad de La Plata, sufrió un robo millonario durante el fin de semana por delincuentes que aparentemente planearon el golpe, ya que se produjo en medio de un corte de energía que dejó anuladas las alarmas, informaron fuentes policiales.El hecho fue descubierto cuando llegó el primer empleado del establecimiento situado en la calle 14, entre 46 y 47, de la capital bonaerense, a metros del Palacio de Justicia y en pleno centro de La Plata, y notó que faltaban las computadoras y televisores.Según fuentes policiales, si bien forzaron la puerta de entrada, los delincuentes actuaron conociendo el edificio y las instalaciones, e iniciaron el robo el viernes y lo terminaron un día después, cuando sustrajeron una millonaria suma en pesos, además de 20 computadoras y televisores.Los voceros explicaron que en el edificio hubo servicio eléctrico hasta el viernes a las 14 horas, por lo que sospechan que los ladrones habrían desactivado los fusibles que cargan el sistema de alarmas el viernes y concretaron el robo durante el fin de semana, ya sin el sistema de seguridad activado.Los peritos de la Policía Científica buscaron en las últimas horas indicios de los delincuentes en las cámaras de seguridad, tanto particulares como municipales.Los investigadores creen que se trata de un grupo de criminales "no improvisados" y que por la cantidad y dimensiones de los objetos robados actuaron en grupo y con alguna camioneta o vehículo de porte.La denuncia fue radicada en la comisaría primera de La Plata y tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción 9 de Autores Ignorados del departamento judicial de la capital provincial.

Jueces y abogados de todo el país elegirán el próximo martes a sus representantes en el Consejo de la Magistratura, en la primera renovación luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la ley que regula la integración y el funcionamiento del organismo en diciembre pasado.

Unos 2.700 jueces del fuero federal y nacional y unos 160 mil abogados de todo el país estarán en condiciones de elegir cuatro representantes en un escenario muy permeado por la política nacional.

De hecho, tanto en el estamento de jueces como de abogados, se presentan tres listas definidas por su distancia o cercanía con el oficialismo y la oposición.

Entre los jueces, la lista Celeste que agrupa a los magistrados más cercanos al Gobierno volvió a elegir como cabeza de lista al camarista penal Alberto Lugones, último presidente del Consejo antes de la composición actual que preside el titular de la Corte, Horacio Rosatti.

La candidatura de Lugones fue objetada por su contrincante de la lista “Compromiso Judicial” (independiente), el camarista comercial Eduardo Machín, en la convicción de que no podía presentarse a un nuevo período porque la reelección no está contemplada para los consejeros.

Lugones apeló su impugnación ante la jueza electoral María Servini, que terminó dándole la razón al considerar que, como se trata de un nuevo Consejo tras el cambio de composición ordenado por la Corte, se debe considerar como un primer período y no una reelección.

Machín apeló la decisión de Servini ante la Cámara Nacional Electoral y recurrió a la Corte con un per saltum para evitar la postulación de Lugones pero la segunda instancia electoral dijo que la impugnación se había presentado fuera de término y el tribunal supremo no tomó el salto por instancia y no parece que vaya a hacerlo de aquí al martes.

Tercera opción

Como tercera opción, entre la propuesta de Lugones y Machín, competirá la Lista Bordó -más cercana a la oposición-, llevando como cabeza de lista al juez de la poderosa Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña.

Entre los abogados, los aprestos para los comicios no fueron más sencillos; por el contrario, atravesaron una zona de turbulencia cuando Elisa Carrió, la líder de la Coalición Cívica, parte de Cambiemos, objetó -aunque sin nombrarlo- al actual consejero abogado, Carlos Matterson.

“La designación como integrante del Consejo de la Magistratura de una persona (Matterson) que representa los intereses y negocios de (Daniel) Angelici y el juego es una violación a la República y al modelo de justicia que se pretende llevar como bandera. Es imprescindible que recapaciten”, dijo Carrió en su cuenta de Twitter.

Por los cuestionamientos de Carrió, la coalición opositora decidió bajar a Matterson y designar en su lugar a Alberto Maques, actual presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad.

Maques será el suplente de Miguel Piedecasas, exconsejero que busca volver con el apoyo de la UCR, en la lista “Abogacía por una justicia independiente” que lleva como segunda candidata a la actual consejera y exfuncionaria en la AFIP durante el macrismo, Jimena de la Torre.

En la propuesta oficialista, “Compromiso con la Constitución”, hubo consenso para que la encabece el abogado laboralista y exdiputado, Héctor Recalde, secundado por Adriana Coliqueo.

Como tercera opción, la actual consejera y decana de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora, María Fernanda Vázquez, presentó la lista “Nueva Abogacía Federal”.

Semanas atrás, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) consagró por unanimidad a Guillermo Tamarit como su representante ante el Consejo de la Magistratura.

Tamarit, abogado y doctor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, fue elegido por los veinte integrantes del Consejo Interuniversitario y a partir de noviembre asumirá uno de los veinte lugares del Consejo de la Magistratura.

El abogado platense se sumará al estamento técnico de la Academia junto a Hugo Galderisi, secretario académico de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), para reemplazar a Diego Molea, rector de esa misma universidad.

Ambos asumirán el 20 de noviembre junto a los representantes de los abogados, jueces y legisladores, en la primera renovación del Consejo de la Magistratura con su composición de veinte miembros.

El Consejo cierra con esta elección un año más que agitado, en el que la Corte declaró inconstitucional el balance entre consejeros “técnicos” (abogados, jueces y académicos) y “políticos” (legisladores y el representante del Poder Ejecutivo) y se convocaron, con la del martes, a dos elecciones en menos de seis meses. (Por Felipe Celesia. Télam)

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense realizó, en la jornada de ayer, el acto de licitación del edificio del Polo Judicial de Tandil. El nuevo edificio alojará a todos los juzgados, tribunales y dependencias que actualmente se encuentran dispersos en distintos puntos de la ciudad y estará emplazado en el predio del Poder Judicial, sobre la manzana comprendida por 9 de julio, Uriburu sur, Uriburu norte y Alem. El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak, destacó que “es una obra muy relevante que la comunidad de Tandil esperaba desde hace varios años, con un objetivo claro que es mejorar el servicio de justicia en una localidad tan relevante".

La nueva estructura responde a la necesidad de ampliar la infraestructura edilicia del Departamento Judicial Azul, en la sede de Tandil. Dicho proyecto estará destinado a alojar el fuero Civil y Administrativo de la delegación, con sus respectivas instituciones vinculadas y dependencias de la Corte. "El proyecto se enmarca en un programa de necesidades planteado y consensuado por las autoridades del Poder Judicial de la Provincia, de modo tal que permita el perfecto ajuste entre las necesidades programáticas y las características naturales del terreno", aseveró Alak.

La apertura de sobres correspondientes a la licitación para la construcción del nuevo edificio judicial en Tandil se llevó a cabo en La Plata, con la presencia del ministro Alak; el diputado nacional Rogelio Iparraguirre; el subsecretario de Obras Públicas de la Provincia, Diego Benítez, y el secretario de la Corte, Néstor Trabucco. 

Como cada 29 de agosto, hoy se conmemora en Argentina el Día del Abogado, debido al nacimiento de Juan Bautista Alberdi, fecha establecida en 1958 por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). En Tandil, en noviembre pasado, la Asociación de Abogados, que nuclea a 310 socios activos y 43 vitalicios, está conducida por Gabriela Maña, elegida mediante el voto en una disputa electoral que tuvo la participación de tres listas.

Maña ya venía siendo parte de la asociación, ocupando distintos cargos en varias gestiones, por lo que conoce el funcionamiento interno de la institución.

Desde 1993 cuando se recibió, en la ciudad de La Plata, abrazó esta profesión que eligió entre las carreras que estaban en auge en ese momento, y no ha dejado de ejercer. Mientras estudiaba en la facultad estuvo trabajando en el Instituto de Previsión Social (IPS) y una vez graduada, retornó a la ciudad para ejercer la profesión junto al doctor Pey. Luego comenzó a realizar su propio camino dentro de la abogacía, abriendo su estudio para ejercer civil y comercial, mientras que su hermano, Juan Pablo se dedicó a todo lo relacionado con el derecho laboral.

Contó que “estuve siempre en la Asociación de Abogados porque Roberto Pey también estaba, siendo en algún momento secretaria o vocal en varias gestiones. Cuando se armó el grupo de Gastón Argeri, quien fue presidente del Colegio de Abogados de Azul y estuvo al frente de esta asociación, integré también la comisión directiva en varias oportunidades y en distintos lugares. Al recibir el ofrecimiento para ser presidenta, no lo dudé, ganando las elecciones y confirmando una forma de gestión y representatividad de los colegas”.

Al tener un amplio conocimiento de cómo es el funcionamiento interno, para la flamante presidenta ocupar el máximo cargo no le pareció difícil, aunque aclaró que “al estar como cabeza de un grupo hay que atender varias cuestiones, aunque todos los que integramos la comisión directiva trabajamos mucho”.

Al ser consultada sobre el trabajo articulado con otras áreas que conforman la Justicia, señaló que “estamos bien, hay mucho trabajo y los Juzgados se están manejando muy bien”, para luego añadir que “está faltando un Juez en el Juzgado Civil y Comercial número 3, lo que hace que la tarea recaiga en otros jueces que lo tienen que reemplazar originando demoras en los despachos. Esa demora en la Justicia, en que no estén nombrado todos los jueces en cada Juzgado, nos perjudica, por el ejemplo la falta de un juez en el Juzgado Civil y Comercial 3 como en el Tribunal de Trabajo para que se integre dicho Tribunal”.

Maña dijo que “esto es una cuestión política y depende del Consejo de la Magistratura que tuvo demoras por la pandemia, estuvo bastante tiempo parada la toma de exámenes y recién ahora se está poniendo en funcionamiento. Hace un tiempo estuvo el ministro de Justicia, hablamos sobre esta situación y todavía estamos aguardando que se produzcan los nombramientos”.

En resumen, manifestó que “con el Poder Judicial tenemos una muy buena relación, no hay grandes demoras con los expedientes. A mi criterio, estamos bien, más allá de todo lo que hay que modificar en las leyes y procedimientos que depende del Poder Legislativo que sancione nuevas leyes o decretos”.

Al aguardo de novedades

Hace un par de meses, la visita del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak, desencadenó en el anuncio de la creación en Tandil del denominado Polo Judicial. Se informó que el proceso de licitación estaba en marcha, con una inversión de 750 millones de pesos, y en ese futuro nuevo edificio estarían agrupados todos los juzgados, tribunales y dependencias judiciales que actualmente se encuentran dispersos en distintos sectores de la ciudad. Desde ese entonces, la realidad cambió rotundamente, al entrar el país en una profunda crisis política y económica. Al respecto, la presidenta de la Asociación de Abogados sostuvo que “con la gestión del doctor Gastón Argeri, cuando estuvo al frente del Colegio en Azul, se logró el Polo Judicial. Esto lo venimos trabajando con la Asociación de Magistrados de Tandil, el doctor Diego Araujo es su presidente, con quien nos une una excelente relación y hasta estamos realizando cursos y charlas en forma conjunta”. 

Detalló que “está en la ciudad de La Plata en el sector de presupuesto y una vez aprobado, se supone que se realizará. El Colegio de Abogados cambió la conducción y la relación es verdad que no es la misma que antes, entendiendo que en los últimos cuatro años había un tandilense, el doctor Argeri, y un consejo directivo que contaba con mucha experiencia en la gestión. Eso hace que surjan demoras en determinadas situaciones que se venían realizando de manera más fluida”. 

Al ser consultada sobre la ejecución del presupuesto para el Polo Judicial, refirió que “estará destinado directamente a Tandil porque depende del Ministerio de Justicia y la Suprema Corte de Justicia provincial, esperando y deseando que brinden como partida presupuestaria para poder hacerlo sea a la brevedad, en pos y beneficios de los tandilenses, los abogados que ejercemos la profesión liberal y quienes trabajan en el Poder Judicial”.

Cursos

Tras la pandemia y al permitirse la presencialidad, desde la asociación comenzaron con el dictado de distintos cursos que son de real importancia para los socios. “Para el segundo semestre tenemos proyectado realizar el curso de iniciación profesional para los jóvenes, que comienza en el mes de septiembre y dura hasta fin de año. También habrá charlas con distintos profesionales tanto de Tandil como de otras ciudades haciendo referencia a distintos temas. Son charlas abiertas para los asociados”, adelantó.

Además, se está trabajando en el denominado Club de Beneficios para los socios. “Con esto que estamos implementando buscamos que el asociado con cuota al día tenga la posibilidad de obtener descuentos en distintos tipos de prestadores de la ciudad”, explicó.

La historia

El 29 de agosto se celebra en el país el Día del Abogado, en conmemoración del nacimiento de Juan Bautista Alberdi, uno de los autores de la Constitución Argentina de 1853. Esta fecha se estableció el 19 de diciembre de 1958 por la junta de Gobierno de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), y se comenzó a adoptar bajo la presidencia de Arturo Frondizi. 

Juan Bautista Alberdi es considerado uno de los pensadores más importantes del siglo XIX. Se trata de un letrado, jurista, diputado, economista, escritor y músico, que fue el autor de Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, un texto que se consideró base para la Constitución Nacional de 1853. Nació el 29 de agosto de 1810 en San Miguel de Tucumán, y era hijo de Josefa Rosa de Aráoz de Valderrama y Salvador Alberdi, y realizó sus estudios en Tucumán, Buenos Aires, Córdoba y Uruguay, y en Chile fue donde se recibió de abogado. 

En Argentina, formó parte de la denominada “Generación del 37”, un grupo de jóvenes intelectuales opositores al gobierno de Juan Manuel de Rosas, que se consideraban “hijos” de la Revolución de Mayo. Dentro de sus miembros se encontraban Domingo Faustino Sarmiento, Juan María Gutiérrez y Esteban Echeverría, entre otros. Su enfrentamiento con Rosas derivó en su exilio en Montevideo y, tras la caída de Rosas en la Batalla de Caseros de 1852, fue cuando Alberdi escribió su libro principal, que sirvió de fuente para la Constitución Argentina sancionada al año siguiente. 

En 1855 comenzó a desempeñarse como diplomático en Europa y, tras varios años allí, en 1878 regresó a la Argentina. En ese momento, fue elegido diputado nacional por la provincia de Tucumán. Más adelante, el presidente Julio Argentino Roca lo postuló para ser embajador argentino en Francia. Sin embargo, esta propuesta no logró ser aprobada por el Congreso como consecuencia de diversos enfrentamientos políticos, motivo por el cual Alberdi decidió exiliarse en Francia, donde falleció, a los 73 años, el 19 de junio de 1884. Cinco años después, en 1889, el presidente Miguel Ángel Juárez Celman ordenó exhumar los restos de Alberdi para su repatriación. Fue sepultado en el Cementerio de la Recoleta hasta que, en 1991, se trasladaron sus restos a la Casa de Gobierno de Tucumán. Aunque nunca ejerció como abogado en Argentina, fue su defensa de la paz y el sistema republicano, además de sentar las bases para la Constitución Argentina, lo que hizo que su obra perdurara en el tiempo y que se decidiera homenajearlo estableciendo la fecha de su nacimiento como Día del Abogado.

Comisión directiva

A continuación, la comisión directiva que conduce a la Asociación de Abogados de Tandil hasta 2024.

Presidenta: Gabriela A. Maña.

Vicepresidente: Facundo Argüelles.

Secretaria: Micaela Gómez.

Tesorero: Gastón Argeri.

Vocales: Silvana Hanglin, Gabriela Martí, Gabriela Fernández, María José Tosseto y Andrés Curcio.