La sociedad todavía no había superado el estupor por el escándalo parlamentario de la Ley Ómnibus, cuando la diputada de La Libertad Avanza, Rocío Bonacci, presentó un proyecto para derogar la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). 

El Eco Multimedios habló con Rocío Liébana, de Mala Junta e integrante de la Campaña por el Derecho al Aborto, para conocer la opinión del movimiento que el 8 de Marzo saldrá a la calle. Y ahora más que nunca.

Retrocesos

“Nosotros venimos denunciando el ataque de la derecha desde antes de que fueran gobierno. Es un perfil claramente misógino y antifeminista, así que estamos en estado de alerta desde el día uno”, contó Liébana. 

Desde el movimiento ven la iniciativa de Bonacci como “una jugada espontánea” de reacción frente al retroceso de la Ley Ómnibus, mediante la cual buscan poner un punto de debate “para dispersar el gran hecho político” que fue lo sucedido en el Congreso.

Tras conocer la noticia del proyecto, las representantes de la Campaña se pusieron a analizar “horrorizadas” los puntos de la propuesta de la legisladora liberal que “retrocede en muchísimos debates, e incluso es más regresivo que el marco normativo que había previo a la IVE”.

El despegue del Ejecutivo

Liébana resaltó el hecho de que la iniciativa no fuera presentada desde el Ejecutivo. De hecho, el vocero presidencial Manuel Adorni salió a aclarar en su habitual conferencia de prensa diaria que se trata de “una discusión legislativa, no es parte de la agenda del Presidente (Javier Milei), no ha sido una decisión del Presidente y no ha sido impulsado de ninguna manera por el Poder Ejecutivo”.

"Esas son cosas que cambian el sentido", sostuvo Liébana.

El documento presentado en Diputados fue acompañado por los legisladores Benedit Beltrán, María Fernanda Araujo, Lilia Lemoine, Manuel Quintar y el presidente del bloque libertario, Oscar Zago.

No obstante, Lemoine también se despegó. “Pusieron mi nombre porque dije que iba a acompañar pero que no era momento ahora y me metió igual. Es muy dañino", aseguró la legisladora.

Recordemos que el proyecto de IVE, más allá de que fue un logro histórico de la Campaña, se presentó desde el Ejecutivo. “Eso da un sentido de fortaleza y de trabajo interior -inclusive del poder legislativo- que hace pensar cuál factible es que avance un proyecto”, aseguró la militante feminista.

“Una desprolijidad más”

Ante esto, el balance que realizan es que hay una clara demostración de que “cuando se creen que los espacios legislativos se pueden comprar, hay una cuestión que tiene que ver con el acervo y el conocimiento parlamentario que no se compra. Y eso quedó demostrado”. 

“Es una desprolijidad más de este gobierno y la posibilidad de la diputada Bonacci de presentar un proyecto de ley como cualquiera, pero tiene poca posibilidad de que eso tenga incidencia en el debate”, reflexionó Liébana. 

“Claramente, la presidencia se corrió de ese debate, porque al igual que nosotras, hoy el punto de necesidad y urgencia no es este tema, sino el hambre, la desocupación y las políticas de ajuste”, afirmó.

El proyecto

La ley 27.610 reconoce el derecho de las mujeres y personas con otras identidades de género personas gestantes a interrumpir su embarazo hasta la semana catorce, inclusive, del proceso gestacional. 

Fuera de este plazo, la persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo solo si el mismo fuera resultado de una violación o si estuviera en peligro la vida o la salud de la persona gestante.

La iniciativa de la diputada libertaria propone cambiar el artículo 88 y establece que “será reprimida con prisión de uno a tres años, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible”.

A su vez, plantea que “el juez podrá disponer que se exceptúe de la pena a la mujer en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior, y la naturaleza del hecho”.

Los números de la interrupción del embarazo en Tandil

Durante 2023 se practicaron en todo el sistema público de salud de Tandil 287 interrupciones voluntarias y legales del embarazo (IVE/ILE), prácticamente el doble que en 2021, cuando se realizaron 147.

De acuerdo a datos provenientes del Sistema Integrado de Salud Pública (SISP) a los que accedió El Eco de Tandil, del total de intervenciones realizadas el año pasado -intervenciones enmarcadas y previstas en la Ley nacional 27.610-, 158 se llevaron a cabo en el Hospital Municipal “Ramón Santamarina”, en tanto que las otras 129 se practicaron en alguno de los Centros de Salud Comunitaria (Cesac) que tiene el Municipio.

El 8 de Marzo, a las calles

Tras conocerse la iniciativa de la diputada, la “marea verde reaccionó rápidamente y generó muchísima virulencia en redes sociales, y demostró que está activa”.

De cara al paro internacional feminista del 8 de Marzo, uno de los puntos del movimiento iba a ser justamente la defensa férrea del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

“Esto es una patada al hormiguero”, aseveró la militante de Mala Junta. Y agregó: “Había quienes decían que nos estábamos anticipando a un escenario, pero nosotras ya veíamos algunas señales de alarma para estar atentas, a la par de otros activismos sectoriales y gremiales”.

Un proyecto que apunta a los profesionales de la salud

Actualmente hay todo un entramado dentro del Sistema Integrado de Salud de Tandil, de los centros comunitarios y el hospital en sí mismo que están garantizando el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. 

“Este proyecto de ley, inclusive va contra los profesionales de la salud”, aseguró Liébana.

En sus primeros artículos, el proyecto de Bonacci modifica los artículos 85 y 86 del Código Penal de la Nación y propone penas a reclusión o prisión de entre tres a diez años para quienes “causaren un aborto” sin el consentimiento de la mujer; y penas de entre 1 a 4 años, en los casos donde exista consentimiento.

Además, plantea que “sufrirán inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo. El aborto causado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta y con el fin de evitar un peligro inminente para la vida de la madre no es punible, siempre que el peligro no pueda ser evitado por otros medios”.

Liébana advirtió que “estos intentos y estas amenazas no pasan como si nada, y van generando ciertos reparos para quienes hasta ahora venían garantizando dentro del marco normativo”. 

“Esperemos que no genere daño en ese entramado, pero la realidad es que si se ponen en juego los puestos de trabajo y hay persecución, cada vez hay más preocupaciones que atender”, sentenció.

El otro riesgo

Ante este escenario, Liébana plantea una situación “preocupante”, que tiene que ver con un sistema de salud que “claramente va a empezar a colapsar, con una cantidad enorme de población que va a dejar de poder acceder de forma privada a la salud y va a acudir al sistema público, con políticas de recorte que ponen no solo la interrupción del embarazo, sino la anticoncepción y la educación sexual integral”.

Esas, justamente, son las tres consignas de campaña que hacen al tratamiento integral de la posibilidad de pensar la sexualidad y la maternidad. 

En ese sentido, aseguró que les preocupa “la generalidad de la situación”.

“La Campaña tiene casi 18 años y estas personas no tienen ningún reparo en que quieren volver hacia la clandestinidad. Eso es tristísimo, como tantas otras medidas que toman desde un escritorio, sin poder pensar en las implicancias reales de las personas”, cerró la militante. 

En una reciente resolución del Juzgado Correccional, tras escuchar la postura de las partes y el incidente promovido a partir del planteo defensista por requerir la suspensión a juicio -con el reparo de la acusación-, el doctor Germán Pablo Cordoso, bautizado como “el doctor aborto”, irá a juicio el año entrante, por el controvertido como sensible suceso ocurrido en su consultorio en 2018, donde una joven quedó hospitalizada tras la práctica abortiva.

En efecto, según este Diario tuvo acceso, en la audiencia previa al futuro juicio por venir, la defensa solicitó a favor del imputado la suspensión del proceso, instancia que fue rechazada por el fiscal Damián Borean.

Según los argumentos del defensor particular Marcelo Argeri, se debía tener en consideración que el máximo de pena por el delito ventilado es de cuatro años, y a su vez, se agregó como prueba documental un escrito del propio Cardoso respecto de protocolo de interrupción de embarazo, más la oferta de la suma de dinero de 30 mil pesos a una institución benéfica Cáritas.

El ofrecimiento en cuestión fue rechazado por el fiscal, subrayando que se prevé la inhabilitación conjunta a cumplir en forma efectiva y que además existen circunstancias especiales que obligan a una respuesta mayor que vaya más allá de una suspensión de juicio a prueba con reglas de conducta, explicitadas en la requisitoria como agravantes.

A más argumentaciones, Borean no prestó la conformidad, fundado en la necesidad de obtener en el caso por parte de su Ministerio una respuesta estatal de mayor entidad que la simple suspensión del proceso a prueba, valorando la naturaleza del hecho en cuestión y los agravantes posibles, que le permiten avizorar la imposición de una pena privativa de libertad que no permita la condicionalidad de su ejecución.

En ese tren, el juez Carlos Alberto Pocorena avaló la postura del Ministerio Público Fiscal y rechazó la petición defensista, dando por concluida la instancia y fijando fecha para mediados del año entrante para celebrar el juicio oral y público en el que, finalmente, se develará la suerte procesal del médico imputado.

El caso

Como oportunamente se informó, cuando en pleno debate por la despenalización del aborto marcaba la agenda política nacional, en la ciudad se realizaba un allanamiento en el consultorio del “doctor aborto”, cuando estaba realizando la práctica médica clandestina a una joven que tenía un  embarazo de 16 semanas.

Tras el delicado procedimiento policial, la justicia resolvió la instrucción penal que se había iniciado en torno a los protagonistas. La joven fue absuelta por el delito, en tanto que el médico afrontará el debate a realizarse en el Juzgado Correccional 1.

Tal se informó, la acusación a Cardoso señala que  previo acuerdo y recibiendo la suma de 30 mil pesos, aproximadamente a las 9 del 3 de julio de 2018, en el interior de su consultorio de calle 4 de abril 1188, realizó prácticas abortivas sobre una joven con el consentimiento de ésta. Que así causó a interrupción del embarazo y la consecuente muerte del feto gestado.

Como segundo hecho imputable, se detalló en la acusación que en el interior de dicho consultorio médico,  en circunstancias en que la policía llevaba adelante el allanamiento y secuestro (entre otras cosas, de teléfonos celulares del imputado), el doctor intentó sustraer al menos uno de sus dos teléfonos celulares personales, los que -con su contenido y sus comunicaciones estaban destinados a servir de prueba en la citada causa ante la fiscalía y tribunales competentes y, en ese momento, estaban confiados a la custodia de los mencionados funcionarios policiales intervinientes que debía secuestrarlos en cumplimiento de la orden judicial aludida.

Los hechos que se tienen por demostrados y endilgados a Cardoso, encontraron basamento probatorio en lo aportado por los testigos oportunamente incorporados al expediente, más los informes médicos y demás elementos que oportunamente se secuestraron en el procedimiento en el consultorio.

En una reciente resolución del Juzgado de Garantías, a pedido de la fiscalía y sin objeciones de parte de la defensa, fue sobreseída la joven que se practicó un aborto con el controvertido médico Cardoso, quien aguarda por el juicio en el que se definirá su situación procesal, acusado del delito de “aborto con consentimiento de la mujer en concurso real con sustracción de medios de prueba en grado de tentativa”.

Como oportunamente se informó, a principios de julio del año pasado, cuando el debate por la despenalización del aborto marcaba la agenda política nacional, en la ciudad se realizaba un allanamiento en el consultorio del “doctor aborto”, cuando estaba realizando la práctica médica clandestina a una joven que tenía un  embarazo de 16 semanas. Tras el delicado procedimiento policial, ahora la justicia resolvió la instrucción penal que se había iniciado en torno a los protagonistas. La joven fue absuelta por el delito, en tanto que el médico afrontará el debate a realizarse en el Juzgado Correccional 1, con fecha a confirmar.

Afuera, un grupo Pro Vida, rezaba y había intentado convencer a la mujer de que desistiera de su decisión. El dramático suceso tuvo su final investigativo y el controvertido médico va a juicio.

El allanamiento llevó varias horas, se secuestró medicación, dinero, aparatos e instrumental médico, que a la postre fueron peritados para determinar si se utilizaban para efectuar abortos clandestinos.

La joven, en tanto,  fue trasladada al Hospital Ramón Santamarina, donde se la examinó y quedó internada en el piso común del área de ginecología. Según el parte médico, estaba estable y lúcida y quedó asentado en el expediente judicial que efectivamente había secuelas de un aborto.

Tal se preveía de acuerdo a lo que marca el Código Penal respecto a la pena en expectativa por el delito endilgado (de 1 a 4 años de prisión), el médico Cardoso recuperó su libertad al día siguiente, tras ser notificado del delito endilgado y negarse a declarar.

Por el hecho, el fiscal Damián Borean le imputó el delito de “Aborto consentido”, figura que contempla una pena en expectativa de uno a cuatro años, lo que resulta excarcelable. Una vez anoticiado de la imputación en su contra, y pasadas las horas, se resolvió la libertad del acusado. Entre las medidas solicitadas, se peticionó que el médico no pueda irse del país, que conforme un domicilio y acuda a la sede de fiscalía al momento de ser citado. Además de continuar procesado por el delito citado, también el ministerio público ordenó que se libren actuaciones al Colegio de Médicos, ente que podrá evaluar y consecuentemente resolver sobre la conducta del matriculado. Incluso se diligenció que se verifique la habilitación del consultorio donde Cardoso trabaja y realizó la práctica abortiva.

Sobre la libertad al médico cuestionado, también se sopesó el estado de salud. Según trascendió, Cardoso es insulino dependiente, lo cual requiere un seguimiento farmacológico, al igual que padecer un colesterol alto.

Ya sustanciada la causa, el fiscal ya había solicitado la elevación a juicio de las actuaciones respecto del imputado German Pablo Cardoso, como así también se pidió el sobreseimiento total de la joven involucrada, cuya situación procesal penal quedó ahora resuelta por el juez José Alberto Moragas.

La acusación

Tal se informó, la acusación a Cardoso señala que  previo acuerdo y recibiendo la suma de 30 mil pesos, aproximadamente a las 9 del 3 de julio de 2018, en el interior de su consultorio de calle 4 de abril 1188, realizó prácticas abortivas sobre una joven con el consentimiento de ésta. Que así causó a interrupción del embarazo y la consecuente muerte del feto gestado.

Como segundo hecho imputable, se detalló en la acusación que en el interior de dicho consultorio médico,  en circunstancias en que la policía llevaba adelante el allanamiento y secuestro (entre otras cosas, de teléfonos celulares del imputado), el doctor intentó sustraer al menos uno de sus dos teléfonos celulares personales, los que -con su contenido y sus comunicaciones estaban destinados a servir de prueba en la citada causa ante la fiscalía y tribunales competentes y, en ese momento, estaban confiados a la custodia de los mencionados funcionarios policiales intervinientes que debía secuestrarlos en cumplimiento de la orden judicial aludida.

Los hechos que se tienen por demostrados y endilgados a Cardoso, encontraron basamento probatorio en lo aportado por los testigos oportunamente incorporados al expediente, más los informes médicos y demás elementos que oportunamente se secuestraron en el procedimiento en el consultorio.

Cuando el debate por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo estaba en plena ebullición, con la aprobación de la Ley por parte de la Cámara de Diputados pero al aguardo de la decisión de Senadores -que finalmente daría marcha atrás al proyecto-, en la cuidad sucedía una dramática situación sanitaria y con derivaciones policiales que ahora tuvo su correlato judicial.

Más precisamente, una denuncia motorizaba un procedimiento policial y un allanamiento en el consultorio de un médico mientras se encontraba practicando un aborto clandestino.

No se trataba de cualquier médico, sino de uno muy conocido dentro y fuera de esta localidad. Es sabido por todos que en el consultorio situado en 4 de Abril al 1100 se llevaban adelante abortos hace años. Y de hecho, el 26 de marzo de este año en una entrevista con el suplemento dominical La Vidriera de El Eco de Tandil, el médico en cuestión, Germán Cardoso,  habló sobre las prácticas abortivas que llevaba adelante con total naturalidad. Tiempo atrás, más precisamente en el año 2011, el canal televisivo Telefé le realizó una cámara oculta a raíz de lo cual estuvo algunos días detenido por ese mismo motivo.

En esta oportunidad, es una denuncia “anónima” al 101 derivó en el allanamiento al consultorio, y la posterior aprehensión del médico.

En el procedimiento, se encontró a una joven a la que le habían practicado un aborto y se encontraba sedada.

Por aquellas tensas horas, desde la Policía no se dio a conocer de dónde provino la denuncia, pero en un primer momento se comentaba que la misma podría haber surgido de un grupo de personas que estaba rezando el rosario en la puerta del consultorio.

De acuerdo a la información que se pudo obtener más luego, era habitual que ese grupo de personas, que pertenecen a distintas iglesias de la ciudad, se encontraban en la puerta del consultorio rezando, sobre todo desde que se dio inicio al debate para la legalización de la práctica.

En ese delicado contexto, aquel mediodía de julio de 2018, estaban rezando cuando llegó la joven que tenía turno para realizarse el aborto, en ese momento se acercaron a ella antes de que ingresara al consultorio e intentaron convencerla de que no interrumpiera su embarazo. No obstante, la joven continuó con su decisión e ingresó al consultorio mientras que las personas siguieron rezando en la puerta.

El allanamiento

El allanamiento llevó varias horas, se secuestró medicación, dinero, aparatos e instrumental médico, que a la postre fueron peritados para determinar si se utilizaban para efectuar abortos clandestinos.

La joven fue trasladada al Hospital Ramón Santamarina, donde se la examinó y quedó internada en el piso común del área de ginecología. Según el parte médico, estaba estable y lúcida y quedó asentado en el expediente judicial que efectivamente había secuelas de un aborto.

El acusado en libertad

Tal se preveía de acuerdo a lo que marca el Código Penal respecto a la pena en expectativa por el delito endilgado (de 1 a 4 años de prisión), el médico Cardoso recuperó su libertad al día siguiente, tras ser notificado del delito endilgado y negarse a declarar.

Por el hecho, el fiscal Damián Borean le imputó el delito de “Aborto consentido”, figura que contempla una pena en expectativa de uno a cuatro años, lo que resulta excarcelable. Una vez anoticiado de la imputación en su contra, y pasadas las horas, se resolvió la libertad del acusado. Entre las medidas solicitadas, se peticionó que el médico no pueda irse del país, que conforme un domicilio y acuda a la sede de fiscalía al momento de ser citado. Además de continuar procesado por el delito citado, también el ministerio público ordenó que se libren actuaciones al Colegio de Médicos, ente que podrá evaluar y consecuentemente resolver sobre la conducta del matriculado. Incluso se diligenció que se verifique la habilitación del consultorio donde Cardoso trabaja y realizó la práctica abortiva.

Sobre la libertad al médico cuestionado, también se sopesó el estado de salud. Según trascendió, Cardoso es insulino dependiente, lo cual requiere un seguimiento farmacológico, al igual que padecer un colesterol alto.

Ya sustanciada la causa, el fiscal ahora solicitó la elevación a juicio de las actuaciones respecto del imputado German Pablo Cardoso, como así también se pidió el sobreseimiento total de la joven involucrada.

La acusación

Se desprende de la acusación que Cardoso, previo acuerdo y recibiendo la suma de 30 mil pesos, aproximadamente a las 9 del 3 de julio de 2018, en el interior de su consultorio de calle 4 de abril 1188, realizó prácticas abortivas sobre una joven con el consentimiento de ésta. Que así causó a interrupción del embarazo y la consecuente muerte del feto gestado.

Como segundo hecho imputable, se detalló en la acusación que en el interior de dicho consultorio médico,  en circunstancias en que la policía llevaba adelante el allanamiento y secuestro (entre otras cosas, de teléfonos celulares del imputado), el doctor intentó sustraer al menos uno de sus dos teléfonos celulares personales, los que -con su contenido y sus comunicaciones estaban destinados a servir de prueba en la citada causa ante la fiscalía y tribunales competentes y, en ese momento, estaban confiados a la custodia de los mencionados funcionarios policiales intervinientes que debía secuestrarlos en cumplimiento de la orden judicial aludida.

Cardoso no pudo consumar su cometido ilícito por causas ajenas a su voluntad, habida cuenta de que, a instancias de personal policial -que había advertido su actuar ilícito- y de la fiscalía, debió restituir el aparato celular que había tomado para sí y colocado en su morral.

Los hechos que se tienen por demostrados y endilgados a Cardoso, encontraron basamento probatorio en lo aportado por los testigos oportunamente incorporados al expediente, más los informes médicos y demás elementos que oportunamente se secuestraron en el procedimiento en el consultorio.

El relato de una escena dramática

Del expediente al que este Diario tuvo acceso, se detalla el testimonio directo e incriminante del hermano de la joven, quien ratificó lo vivido con el médico acusado y de cierta manera detalló los dramáticos momentos vividos junto a su hermana.

Él supo relatar ante los judiciales que hacía una semana que había tomado conocimiento por propios dichos de su hermana que estaba embarazada y que llevaba 16 semanas de gestación.

Contó que su hermana estaba muy desesperada ya que no quería tener ese bebe en virtud de que la misma se encontraba sin trabajo y no iba a poder mantenerlo bajo ningún punto de vista. Que es así que ella misma a través de la red social de Facebook se contacta con un grupo de mujeres llamadas “Mujeres Unidas”,  las que están a favor del aborto, para posteriormente contactarse con una página llamada “Médicos por el derecho a decidir” y es en ese lugar es donde pudo contactarse con un médico de esta ciudad llamado Cardoso.

Que revelaron a través de internet que efectivamente existía un médico con esos datos y por ello que posteriormente telefónicamente su hermana se contactó con éste médico, quien para prestarle sus servicios le solicitaba una tarifa de 40 mil pesos para realizarle el aborto.

El hermano detalló que al día siguiente él se contacta con Cardoso y le manifiesta que no llegaban a juntar ese dinero, y es por ello que se ponen de acuerdo en que debían abonarle la suma de 30 mil pesos en efectivo. Tal es así que le realizaron una transferencia bancaria desde su provincia de origen la que formalizó un amigo depositándole la suma de 5 mil pesos y el resto se lo entregaron en mano cuando llegaron al consultorio. El testigo reseñó que arribaron en colectivo a esta ciudad y tomaron un café en la Terminal, y siendo aproximadamente las 8 ambos fueron hasta el consultorio de Cardoso. Al llegar a la puerta observaron la presencia de dos hombres que estaban en la puerta, lo que les llamó la atención ya que ambos se encontraba rezando.

Su hermana comenzó a hablar con uno de ellos y estos se ofrecieron desinteresadamente a llevarlos tomar algo, ya que lo mismos pertenecen a una agrupación llamada “Salvemos las dos vidas”.

Estando a la espera reciben un llamado por parte del médico que les informa que ya se encontraba en el consultorio y ante ello unas de la chicas perteneciente al grupo Pro Vida decidió llevarlos hasta el lugar donde ingresó él junto a su hermana y siendo recibido por Cardoso.

La joven,  previo diálogo que mantuvieron con el doctor, le hizo la entrega de los 25.000 pesos, discriminados en dos billetes de pesos para luego ser trasladada hasta una sala contigua, mientras él permaneció en la sala de espera, ya que Cardoso le ordenó que no entrara.

Añadió que desde el interior el médico cerró con llave y puso la música más fuerte, pero a pesar de ello quién habla comenzó a escuchar gritos de dolor de su hermana, cuando en un momento sintió que golpearon desde la vereda y es por ello que salió el médico y abrió la puerta de calle siendo que estos eran policías.

El testigo reseñó que antes de abrir la puerta, el médico le dijo que había terminado con su hermana y que solo tenía que esperar que se despertara.

En ese instante fue que ingresó la policía y cuando observó que su hermana se despertó pero estaba como ida y “balbuceaba”,  decidió llamar a la ambulancia para que su hermana fuera trasladada hasta el Hospital porque no se la veía bien.

El hermano dijo desconocer quién pudo haber llamado a la policía para que concurra al consultorio al momento de practicarse el aborto.

Ayer a la tarde, tandilenses embanderados bajo la defensa de las dos vidas se acoplaron a la manifestación nacional en apoyo al médico rionegrino declarado culpable por negarse a realizar un aborto. La concentración tuvo lugar en la esquina de Sanatamarina y Belgrano a las 17, desde donde partieron en caravana por el centro de la ciudad y terminaron en las inmediaciones del Hospital Ramón Santamarina.

El caso de Leandro Rodríguez Lastra, médico toco-ginecólogo del hospital Moguillansky de la ciudad de Cipolletti, es lo que dio origen a la movilización que se replicó en varias ciudades del país. De acuerdo a la explicación del grupo ProVida tandilense, este doctor fue acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público y declarado culpable en primera instancia en un juicio llevado a cabo el pasado 21 de mayo. A raíz de su caso todos los ginecólogos de Cipolletti se inscribieron como objetores de conciencia. Lo mismo hicieron sus colegas de todo el Alto Valle, Cinco Saltos, Catriel, Allen y Gral Roca.

Cerca de las 18 las bocinas se empezaron a oir por la calle Paz y la fila de autos decorados con banderas y globos celestes y blancos, encabezados por la médica clínica Soledad Saravia que los guió desde el inicio en bicicleta, arribó a la puerta del nosocomio local. Allí los manifestantes se agruparon y cantaron el Himno Nacional Argentino bajo el mensaje “Tandil defiende la vida” plasmado en una bandera y con volantes con la foto del médico acusado por no querer practicar un aborto en Cipoletti.

Como ya es un clásico, estas convocatorias atraen a familias enteras que a pesar del frío se acercaron hasta con sus hijos más pequeños. En esta oportunidad, alrededor de 50 personas se unieron en defensa del médico condenado por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras ser acusado de haber impedido un aborto no punible a una joven embarazada producto de una violación en 2017. Además, en la ocasión también hicieron hincapié en el apoyo a los doctores y profesionales de la salud quienes, “honrando su juramento hipocrático, rechazan la práctica del aborto y proponen otras vías para ayudar a la mujer”.

Preocupación como madre y médica

Para Soledad Saravia, médica clínica y mamá de Simona, una joven con síndrome de down, el tema del aborto es “tristísimo” y a nadie debería alegrar. “Como profesional me parece que no nos deberían obligar, entonces pedimos que no nos exijan ir contra nuestro juramento hipocrático que lo hemos hecho tan seriamente todos cuando nos recibimos”, apuntó.

Además, hizo referencia al caso del médico rionegrino advirtiendo que ahora se encuentran ante una situación que es política. “Es cierto que toda la vida la gente hizo abortos, como se hacen otras cosas que no son legales”, admitió, pero lo que no acepta es que todos deban hacer lo mismo si va en contra de sus convicciones personales.

En el caso que se efectivice la sentencia a Rodríguez Lastra, indicó que se profundizaría la situación de vulnerabilidad porque muchos trabajan en un sistema de salud estatal. “No puede ser así, además la Ley salió negativa el año pasado y a eso no lo podemos desconocer”, recordó.

Entonces, la preocupación de los grupos ProVida está girando en torno a que, en caso de que la condena quedara firme, los médicos objetores de conciencia de todo el país se verían obligados o bien a abandonar su cargo en el hospital público; o bien a tomar decisiones en su práctica profesional que ya no tengan que ver con salvar a sus pacientes, sino con el cumplimiento de leyes o protocolos aunque éstos pongan en grave riesgo la salud de las personas.

“Soy mamá de Simona, que tiene síndrome de down, que es una de las causas primordiales en todos los países donde se practican los abortos y eso me parece un horror. Después tuve dos hijos más y para mi tenerla es un placer”, enfatizó. Vale recordar que su hija forma parte de “Las Lionas”, el seleccionado de hockey inclusivo que hace poco estuvo visitando la ciudad gracias a sus gestiones, y para el año que viene planea realizar el encuentro de familias en Tandil.

“En este país el aborto es ilegal”

Por su parte, la referente del movimiento ProVida en la ciudad, Julieta Bosch, explicó que consideran que la causa no tiene ningún fundamento y que la única finalidad es amedrentar a los médicos para que no se declaren objetores de conciencia y se sientan obligados a realizar los abortos sí o sí.

“Lo que está pasando es un efecto totalmente contrario, porque a raíz de este juicio, todos los profesionales de la salud de la zona de Cipoletti se declararon objetores de conciencia”, aseveró. Asimismo, mencionó otro agravante, asegurando que estos mismos expertos han decidido dejar el sistema de salud público para pasarse al privado para no correr riesgos.

Según sus palabras, a raíz de este caso en una semana solamente en la provincia de San Juan 1600 médicos decidieron declararse objetores de conciencia, mientras que garantizó que en Tandil todos los trabajadores del departamento de ginecología y obstetricia lo son.

“El juez, en vez de sentenciar considerando lo que sabe el médico, pone por encima una ley provincial de dudosa legitimidad, sin priorizar la sabiduría del profesional que tomó una determinada decisión en dicho momento, que era imposible realizar un aborto”, explicó.

Por otro lado, la expectativa está puesta en que el fallo pueda reverse en segunda instancia logrando un “sentido común”, ya que si llegara a sentar precedente sería muy peligroso para todos.

Tal como describió, Rodriguez Lastra está con la matrícula bloqueada, cobrando la mitad de su sueldo y sin una sentencia firme. “Esta es una situación de injusticia total en un país donde el aborto es ilegal, así que resulta un disparate”, determinó.

Los hechos, el caso y la ley provincial

Leandro Rodríguez Lastra fue acusado de negarle un aborto no-punible contemplado por la ley provincial actual a una joven que había sido violada, por lo que fue declaro culpable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La pena puede ser de hasta dos años de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer su profesión.

El caso produjo conmoción el año pasado mientras se debatía el proyecto de ley que buscaba legalizar la interrupción voluntaria del embarazo (ILE). Comenzó en enero de 2017 cuando la joven, víctima de violación, se presentó en el hospital de la localidad rionegrina de Fernández Oro porque creía que estaba embarazada. Le dieron turno de análisis de sangre para fines de marzo, aunque ya en ese momento manifestaba su intención de abortar. Semanas después, el 2 de abril de 2017, la mujer fue derivada a la guardia del hospital de Cipolletti donde la atendió Rodríguez Lastra, que se desempeñaba como jefe del servicio de ginecología. Según contó el médico, la joven declaró que había ingerido una droga abortiva proporcionada por una ONG. En ese marco, le aplicó un medicamento para revertir el cuadro, fue internada y debió parir.

Según el detalle que brindó Julieta Bosch, Rodriguez Lastra y una junta médica determinaron que la práctica pondría en riesgo no solamente la vida del bebé sino de la madre, y decidieron no realizarla. Aseguró que en ese momento, no estaban al tanto de que la causa había sido una violación, por eso es que con el consentimiento de su madre, a la joven se le realizó una cesárea a las 35 semanas de gestación, el recién nacido fue dado en adopción y ella sigue un tratamiento psicológico.

Vale mencionar que el aborto no punible en Río Negro está garantizado por la ley 4796, sancionada en 2012. Las causales por las que se puede acceder son violación, peligro de vida o para la salud de la persona gestante, y atentado contra mujer idiota o demente. La ley lo permite hasta la semana 20, aunque tras la décimo segunda debe realizarse en un hospital con un determinado tipo de control.

Hoy a las 17 salió una caravana de tandilenses que defienden las dos vidas para manifestar su rechazo al fallo que da como culpable a Leandro Rodriguez Lastra, el médico rionegrino que se opuso a practicarle un aborto a una menor de edad.

Acoplados a la manifestación nacional bajo el lema “Salvar vidas no es un delito”, se movilizaron desde Sanatamarina y Belgrano hasta las puertas del Hospital municipal. Allí cantaron el Himno Nacional y alzaron volantes con la foto del doctor en su defensa.

Para Soledad Saravia, médica clínica y mamá de Simona, una joven con síndrome de down, el tema del aborto es “tristísimo” y a nadie debería alegrar. “Como profesional me parece que no nos deberían obligar, entonces pedimos que no nos exijan ir contra nuestro juramento hipocrático que lo hemos hecho tan seriamente todos cuando nos recibimos”, apuntó.

Por su parte, la referente del movimiento ProVida en la ciudad, Julieta Bosch, explicó que consideran que la causa no tiene ningún fundamento y que la única finalidad es amedrentar a los médicos para que no se declaren objetores de conciencia y se sientan obligados a realizar los abortos sí o sí.

Tal como describió, Rodriguez Lastra está con la matrícula bloqueada, cobrando la mitad de su sueldo y sin una sentencia firme. “Esta es una situación de injusticia total en un país donde el aborto es ilegal, así que resulta un disparate”, determinó.