El actor pasará las noches en prisión y podrá salir durante el día, según informaron fuentes cercanas a la causa que es llevada adelante por el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región, que a su vez, rechazó los planteos que presentó la defensa de Darthés y así avanzó con la disposición.

Asimismo, el fallo indica que los hechos por los que se denuncia al intérprete fueron probados y que no corresponde volver a discutirlos en esta instancia.

Fardín, por su parte, realizó un extenso descargo a través de redes sociales en donde sostuvo: “Ganamos otra vez”, al tiempo en que agradeció a sus abogados -Carla Junqueira y Martín Arias-, seres queridos, amigos y a quienes atestiguaron sobre el hecho, así como su par, Calu Rivero.

“A todas las personas que me escriben, me cuentan sus historias, se cruzan en la calle y se les pianta una lagrima. Nos curamos entre todas”, señaló y también se mostró agradecida a su “vieja” porque “soy hija de sus batallas” y a su actual pareja, Nicolás Riera “por enseñarme que el traje de guerrera puede descansar”.

El mismo tribunal ya había dictaminado la condena en junio de 2024, sin embargo, los representantes legales de Darthés alegaron diversos recursos que finalmente, no tuvieron lugar sobre la denuncia que fue iniciada en diciembre de 2018.

Fardin afirmó que fue abusada sexualmente en Nicaragua durante una gira de la tira juvenil Patito Feo en 2009, cuando era menor de edad. En ese momento, Darthés tenía 45 años y la víctima 16.

El actor de Dulce amor y Los ricos no piden permiso, entre otras novelas, afirmó siempre ser inocente, viajó a Brasil, de donde es oriundo, y el juicio continuó en ese país. NA

Los testimonios fueron brindados ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 50, a cargo del juez Manuel Bruniard, y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 1, que conduce el fiscal Pablo Turano, que recibirá los informes psicológicos para formalizar un llamado a indagatoria.

Al menos dos de los jóvenes repitieron una frase que, según denunciaron, Porcel les decía habitualmente: “A mí me gustan los pibes que tienen códigos, los que saben cuándo callarse”.

Los chicos, que tenían entre 13 y 14 años al momento de los hechos, describieron tocamientos durante supuestos “masajes” con aceites que culminaban con manoseos en sus genitales.

Los damnificados relataron que el señalado les proporcionaba alcohol y dinero sin el consentimiento de sus padres, en reuniones organizadas por él mismo.

De acuerdo al expediente judicial, las víctimas denunciaron otras expresiones del acusado, tales como “vos te tenés que dejar tocar por un millonario para tener plata, te tenés que dejar”.

El implicado habría dicho a uno de los menores: “Vos sos mi heredero en todos los negocios, yo te voy a dejar todo a vos”.

Uno de los chicos describió además tocamientos en un campo ubicado en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, al que Porcel invitaba a los compañeros de sus hijos.

Durante 2024 fueron siete los adolescentes que llevaron sus relatos a la Justicia y luego se sumaron tres casos más, a la vez que la décima denuncia se formalizó el 19 de diciembre pasado.

Las medidas de prueba se concretaron tras un pedido de las familias para que se habilite la feria judicial y la fiscalía avance con la instrucción de la causa.

La querella está unificada en manos del abogado Pablo Gianotti, mientras que la defensa del empresario es llevada adelante por Roberto Rallin.

El juez Bruniard deberá decidir si acusa formalmente los delitos de abuso sexual agravado a Porcel y si toma alguna medida contra él mientras avanza la investigación.

El acusado, que hasta no fue indagado ni imputado, formó parte de Oh! Buenos Aires, un holding uruguayo que tenía la concesión del shopping del ex Buenos Aires Design en Recoleta.

Además, está vinculado a una firma agropecuaria fundada por su familia y estuvo al frente de la empresa Campazu S.A., con proyectos en Nordelta y Punta del Este.

Los denunciantes son alumnos del Colegio Palermo Chico, donde también asisten los cuatro hijos de Porcel. NA

La Justicia de Bahía Blanca condenó a un hombre a la pena de 30 años de prisión por haber abusado de su nieta durante gran parte de la infancia. Según la causa, los hechos ocurrieron entre el 2015 y agosto de 2023, cuando la víctima tenía entre 5 y 12 años y su madre la dejaba al cuidado de su padre y su núcleo familiar porque tenía que trabajar.

De acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales, los hechos ocurrieron en dos domicilios donde residía el hombre -abuelo de la menor- en Bahía Blanca, en distintas oportunidades y de manera reiteradas, aprovechando diversas situaciones para tocar a la niña en sus partes íntimas, mostrarle videos pornográficos y accederla de manera carnal, valiéndose de la inmadurez sexual y la corta edad de la niña.

El hombre fue condenado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por la convivencia, en concurso con abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y por la convivencia, y abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, todos estos delitos en concurso real con corrupción de menores.

Un megaoperativo buscó desbaratar redes de abuso sexual infantil, grooming y ciberpedofilia en la provincia de Buenos Aires. El mismo involucró 117 allanamientos simultáneos en 73 localidades del territorio bonaerense, atacando de manera integral los delitos vinculados al acoso en línea y la distribución, tenencia o producción de material de abuso sexual infantil (MASI).

La acción denominada Operación Protección de las Infancias VI fue coordinada por los fiscales referentes en la temática del Ministerio Público bonaerense, bajo la supervisión del Procurador General Julio Conte-Grand. También participaron fuerzas especializadas en cibercrimen de la provincia, la Policía Federal Argentina, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y la Prefectura, reflejando un esquema de articulación interinstitucional clave para cubrir un territorio tan extenso y diverso como el bonaerense.

El procedimiento incluyó la intervención en domicilios particulares, instituciones y hasta tres unidades carcelarias, donde los investigados ya se encontraban privados de la libertad por delitos de abuso sexual infantil intrafamiliar. La causa apuntó a esclarecer no solo casos de distribución y consumo de material de abuso infantil, sino también eventuales casos de producción y acoso activo a menores a través de redes sociales y plataformas digitales.

De un total de 112 personas investigadas, 103 fueron hombres y 9 mujeres, con la particularidad de haberse encontrado tres menores de 16 años que compartieron material de abuso sexual infantil. En cuanto al rango etario advertido, osciló entre los 13 a los 62 años.

Respecto de los involucrados, se advirtió que cuatro trabajan en contacto directo con infancias y/o adolescencias, mientras que otros dos pertenecen a fuerzas de seguridad. Además, se identificaron 40 menores de edad convivientes con los involucrados.

Los allanamientos tuvieron lugar en departamentos judiciales de todo el conurbano bonaerense y el interior provincial. Entre las localidades se encontraron Avellaneda, Lanús, Azul, Bahía Blanca, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Moreno, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana, entre otras. 

En el transcurso del operativo se identificaron 40 menores de edad convivientes con los involucrados, lo que obligó a la inmediata intervención de organismos de protección y resguardo.

El uso de la inteligencia artificial por parte de algunos investigados para crear contenido abusivo digital fue una de las alarmas encendidas en la fiscalía, ya que es una señal de cómo las redes de ciberpedofilia se adaptan y actualizan sus métodos.

La dimensión tecnológica del operativo fue clave. Se incautaron 81 computadoras, 191 dispositivos de almacenamiento, 211 teléfonos celulares y un arma de fuego. Además, se realizaron 32 procesos de preanálisis y visualización sobre los equipos electrónicos secuestrados para detectar evidencia y proteger las cadenas de custodia.

Diego García, denunciado por abuso sexual con acceso carnal en 2021, fue condenado en 2025 a ocho años y seis meses de prisión. Aunque Estudiantes de La Plata le rescindió el contrato inmediatamente después de conocerse la acusación, el volante continuó su carrera profesional en Peñarol hasta que recibió el veredicto.

Tras la condena, García deberá regresar a la Argentina para cumplir con el arresto domiciliario dispuesto por las autoridades judiciales. Además, permanecerá controlado mediante una tobillera electrónica hasta que la sentencia quede firme.

La denunciante, jugadora de hockey de Estudiantes, declaró ante la fiscalía que el futbolista —quien en ese momento también integraba el plantel profesional del club— la siguió hasta el baño durante una fiesta organizada por el equipo y la atacó sin mediar palabra.

El hecho derivó en la inmediata rescisión del contrato de García por parte de Estudiantes, que además acompañó activamente a la víctima durante el proceso judicial.

El club de La Plata tomó distancia del jugador acusado y brindó apoyo a la denunciante desde el primer momento. Así lo destacó el abogado de la víctima durante uno de los alegatos previos a la sentencia: “Los dirigentes y el cuerpo de asistencia social se acercaron a la casa de la familia y estuvieron presentes en todo momento”, sostuvo.

La condena impuesta en 2025 marca un punto final a un proceso judicial que tuvo repercusiones en el ámbito deportivo y que obligará al jugador a cumplir su pena bajo estrictas medidas de control mientras avanza la instancia de apelaciones.

Una mujer de 47 años fue víctima de una violación en una vivienda de Mar del Plata y por el hecho detuvieron a un feriante, que ya había estado preso y condenado por abuso sexual.

El hecho ocurrió el miércoles 22 de este mes por la noche en una casa de Almirante Brown al 8800. De acuerdo con el diario La Capital, el exconvicto había conocido a la víctima en la feria de Plaza Rocha, en las calles Luro y Dorrego, a la que ambos asistían para atender distintos puestos.

Conforme con los datos obtenidos, ambos acordaron encontrarse en la vivienda del hombre. La mujer desconocía que éste había salido de la cárcel tras cumplir una condena a nueve años de prisión por abuso sexual. Según la reconstrucción, el agresor comenzó a preparar la cena mientras le convidó a la víctima con una bebida alcohólica. Entonces, según su testimonio posterior, ella se descompuso y sufrió mareos. Luego, se descompensó.

Cuando recobró la conciencia, explicó la mujer, el hombre la había violado. Si bien La Capital evita mayores detalles, para el fiscal y los especialistas que examinaron la situación, “la víctima fue abusada sexualmente de manera salvaje”.

Después del ataque, el hombre llevó a la damnificada a la casa de su hermana. De hecho, el contacto entre ambos en la Plaza Rocha había sido dos meses atrás por intermedio de esta, quien tiene un puesto. Desde ahí, al otro día el agresor trasladó a la víctima a su casa de Rosales al 6000, donde volvió a violarla.

Cuando se recuperó parcialmente, la mujer pidió ayuda y fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde hizo la denuncia formal ante el destacamento allí ubicado.

El resonante suceso de inseguridad del mes pasado del que resultara víctima una mujer de nacionalidad oriental en su domicilio en El Cerrito tuvo una definición procesal para el sindicado como el autor del robo y abuso. Quedó confirmada la prisión preventiva por lo que aguardará preso hasta que se sustancie el juicio, tiempo en que se resolverá su situación procesal penal.

Como se informó, la policía logró detener en su domicilio a un hombre acusado de cometer un violento ataque contra una mujer en su vivienda luego de lograr la reconstrucción del trayecto que realizó a pie desde un lugar a otro gracias al aporte de las cámaras de  seguridad públicas, más el reconocimiento que la propia damnificada realizó del sospechoso, a la postre identificado como Leonardo Alberto Lili (34).

Una vez recopilado el material probatorio incriminante para con el nombrado, el fiscal Damián Borean pidió la prisión preventiva, lo cual fue avalada por el Juzgado de Garantías.

Sobre el detalle de los hechos, se confió de lo que se desprende de la instrucción judicial que entre finales del mes de junio al 3 de julio del corriente año, el acusado trabajaba como pintor y albañil en la casa de calle Martín Fierro 138, donde reside una pareja, sobre quienes se apoderó de dinero en efectivo.

Asimismo, el 4 de julio, entre las 0 y 1.45 aproximadamente, el señalado accedió al interior de la vivienda donde se hallaba su moradora. Una vez adentro se dirigió a la habitación de la víctima. Allí, agredió físicamente a la nombrada, tomándola fuertemente del cuello con una de sus manos, mientras que con la otra le tocó las partes íntimas. En dicho ataque también utilizó un arma blanca o cuchilla con la que le causó una herida a la mujer en el mentón.

En dicha agresión física la víctima se desvaneció, tras lo cual el violento se apoderó de la bombacha de color rosa que tenía colocada, varios cuchillos y elementos de cocina, todos nuevos, de origen chino. Una vez muñido del botín, se retiró del lugar con el paradero luego identificado por las cámaras y el seguimiento policial.

A la hora de las pruebas en su contra, se detalló sobre el hallazgo en su casa de calle Necochea 71 del dinero que había sustraído, el cual fue reconocido por la damnificada en cuanto a la discriminación de los billetes y la forma en que este dinero se encontraba acondicionada.

A la vez, el resto de los obreros que trabajaban en las refacciones en la casa reconocieron al imputado como integrante de la cuadrilla que trabajaba y tenía llave para ingresar a la propiedad.

También, el indicio incriminante dado por la circunstancia de haber sido aprehendido momentos inmediatamente posteriores de cometido el ilícito, luego de ser interceptado por personal policial que se encontraba realizando vigilancia encubierta sobre su domicilio, cuando éste salía de su domicilio pretendiendo descartarse de ropa interior tipo boxer y una remera de hilo calado de mujer color negra que llevaba en una bolsa tipo residuo; sumado a llevar también consigo en el interior del bolsillo izquierdo de su chaleco otra bolsa de nylon transparente conteniendo una bombacha femenina color rosa con manchas hemáticas, la cual fuera reconocida sin dudas como de su propiedad por la víctima.

Con dichos elementos, entonces, se resolvió convertir en prisión preventiva la detención de Luli (39), por considerarlo autor penalmente responsable en la comisión de los delitos de “Hurto” y “Robo agravado por haber sido cometido mediante el empleo de arma -punzocortante y por haber causado con la violencia ejercida sobre la víctima lesiones graves en concurso ideal con abuso sexual simple”.

Desde la Justicia de la provincia de San Juan investigan a un preso tandilense que se encuentra en la Unidad 7, el penal de varones del SPB con asiento en Azul, por un caso de amenazas agravadas.

Este lunes, en horas de la mañana, policías del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Seccional Primera local habían allanado la celda que el recluso ocupa en esa unidad carcelaria, siendo incautado su teléfono celular durante aquella diligencia.

Además, en el marco de ese nuevo sumario penal que lo involucra, el interno fue notificado de que había sido ordenada su detención, cautelar dispuesta por la magistrada Ana Carolina Parra desde el Juzgado de Garantías del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción de la Provincia de San Juan.

Fuentes policiales y judiciales identificaron al recluso como Juan Marcos Tejo, quien figura con domicilio en Tandil y tiene actualmente 27 años de edad.

El  joven había sido detenido en noviembre de 2023, investigado en aquel entonces como el presunto autor de una violación sucedida meses antes, hecho que tuvo como víctima en la vía pública a una adolescente menor de edad.

Amenazas a una joven

La nueva investigación penal que involucra al preso se había iniciado desde una fiscalía perteneciente al Poder Judicial de la provincia de San Juan a fines de julio del año pasado.

En aquel entonces se recibió en una fiscalía la denuncia de una joven, quien dio cuenta de una serie de episodios intimidatorios que sufriera por redes sociales por parte del tandilense que está preso en la Unidad 7 de Azul.

A través de esa presentación la víctima relató que había conocido a Tejo por redes durante la pandemia, en el año 2020.

Declaró también que ambos formaban parte de un grupo de WhatsApp en el que había alrededor de cincuenta personas; y que cada uno de ellos enviaba sus perfiles de Instagram para seguirse.

En ese contexto, Tejo y la joven que después lo denunciaría empezaron a seguirse por IG, red social donde comenzaron a charlar, refiriéndole el preso que en aquella época él residía en Tandil.

A través de esas comunicaciones que ambos mantenían también comenzaron a intercambiar fotos en las que los dos estaban desnudos o en ropa interior. Pero una vez que se decretó el fin de la pandemia, la joven relató que dejaron de mantener diálogo por redes sociales.

Siempre de acuerdo con la denuncia que hiciera, Tejo volvió a contactarla en noviembre de 2023 por redes. Para aquel entonces la denunciante, como estaba en pareja y “se había acercado a la Iglesia”, le refirió que no tenía intenciones de seguir dialogando con él.

Meses más tarde, en marzo del año pasado, el recluso insistió con retomar el contacto, por lo que le envió una foto suya desnudo, ya cuando estaba privado de la libertad por ese caso de abuso sexual que le atribuyen como cometido en perjuicio de una adolescente en Tandil. Un hecho que data como ocurrido en septiembre de 2023, cuando esa chica tenía 15 años.

Al recibir aquella foto, la joven volvió a decirle que no siguiera contactándola, por lo que -se menciona en las actuaciones penales- Tejo le expresó textualmente: “No pasa nada, vos confiá en mí. Acordate que tengo una carpeta con fotos tuyas y no te gustaría que la vieran otras personas”.

Ante aquella intimidación, la víctima terminó enviándole una foto suya.

Pero el 26 de julio del año anterior esa mujer volvió a sufrir otro episodio similar por parte de Tejo.

Una vez más, aquel día el preso le mandó una foto suya y le pidió más imágenes de ella. Y la amenazó nuevamente: “Te pido eso, si no le tendré que mostrar la conversación a tu novio de hace unos meses. Vos elegís”, le advirtió.

Una vez más, por miedo, la joven le mandó una foto y le pidió que no volviera a molestarla, contacto mediante el cual Tejo le dijo que estaba preso “cumpliendo condena por abuso de menores”.

Al día siguiente, el 27 de julio del año pasado, nuevamente el recluso le escribió por WhatsApp. Le pidió perdón y le refirió: “Quiero que busquemos nuestro camino juntos con Cristo”.

La joven le respondió que la noche anterior él la había amenazado, por lo que volvió a pedirle que no la molestara más y le dijo que iba a bloquearlo.

Aquello no impidió que un día después Tejo siguiera hostigándola desde la cárcel, cuando volvió a llamarla y a mandarle mensajes de texto donde le recriminaba que lo había eliminado “de todos lados”.

Ese día el recluso la amenazó de nuevo, diciéndole a la joven que tenía el IG de su novio y que si no lo desbloqueaba esas fotos de ella que él tenía se las iba a enviar a toda su familia.

El dato

Exhorto mediante desde la Justicia de San Juan, la diligencia realizada el pasado lunes en la celda de la Unidad 7 donde Tejo está preso había sido dispuesta por Juan José Suárez, el titular del Juzgado de Garantías 3 con asiento en el Palacio de Justicia de Azul.

Una escena de terror, una real pesadilla, vivió una mujer de 41 años, el jueves por la tarde, en la zona de avenida Avellaneda y Sandino, cuando un joven de 17 años ingresó al comercio donde trabaja, la privó de su libertad, la golpeó, abusó de ella y manifestó su intención de violarla. El agresor se encontraba alojado en el hogar convivencial Los Peques, ubicado en Sandino 122, hacia donde huyó una vez que la víctima fue liberada por un cliente que llegó al comercio.

María José Álvarez, de 41 años, le contó lo sucedido a El Eco de Tandil para alertar a los vecinos de la zona, sobre todo a otras mujeres, pero además con el fin de denunciar la falta de contención del menor que se encontraba bajo una medida de abrigo en el hogar Los Peques.

Aún en shock pasado un día del cruento ataque, aún conmovida y muy dolorida por las violentas agresiones, la trabajadora compartió un pormenorizado relato de su agonía del jueves, que comenzó cerca de las 18 y se extendió durante unos diez minutos, en horario diurno y en una zona de la ciudad muy transitada, a pocas cuadras del centro. 

“Necesito que esto se sepa de inmediato porque fue terrible”, explicó María José y explicó que “es mi interés alertar a los vecinos de la zona, sobre todo a las chicas. Está el club Independiente enfrente, hay dos gimnasios”.

Pidió a los vecinos, sobre todo a las mujeres, que estén en alerta pero además consideró importante que la comunidad conozca que está el hogar Los Peques en la zona, que aloja a menores de edad con problemáticas que no estarían contenidos por los adultos a cargo.

“Yo estaba ordenando el depósito en mi trabajo. Sentí la puerta, me asomé y vi que entró un chico, que yo ya conocía porque en otra oportunidad había estado en el local junto con una de las empleadas de este hogar de contención, entonces ya lo tenía de vista, sabía quién era”, relató la víctima.

La mujer precisó que lo saludó, cuando “él amaga como a querer abrazarme y me dice ‘vení, dame un beso’. Ahí es cuando yo digo que no, que se calme, entro en shock. Empezó a golpearme salvajemente”. Entonces el joven, con expresiones groseras, le confesó su intención de violarla.

La víctima describió que los golpes fueron brutales, en la cara y el cuerpo, pero además “me metió la mano entre la ropa” y ante su resistencia, “me empujó contra todos los muebles” del local.

En tanto, en un momento de la lucha, el joven quedó tirado en el piso y ella amagó a salir corriendo del comercio, pensando en pedir auxilio porque sabía que había gente en el club Independiente que podría escucharla. “En ese segundo pensé si abro la puerta y grito, alguien me va a escuchar”, pero “no llegué a la puerta, me agarró antes, de los pelos y me llevó arrastrando de los pelos hasta el depósito”, añadió y aclaró que esa pesadilla transcurrió en un lapso de 10 minutos, en los que “nunca dejó de pegarme, de darme contra todo lo que podía”.

María José Álvarez afirmó que “en todo momento intenté defenderme, así que lo arañé, no sé si llegué a pegarle o no. Me quiso estrangular en un momento”.

Todavía muy conmovida, explicó que en el instante estaba como rehén en el depósito del comercio, el joven detuvo las agresiones, como en un estado de shock. “Ahí le digo, ‘pibe, mirá lo que me hiciste, mirá lo que te hiciste a vos, estás todo lastimado, ¿por qué hiciste una cosa así?. Y todo el tiempo me preguntaba ‘me vas a denunciar, me vas a denunciar’. Entonces me dice ‘lo que pasa es que mi mamá se murió, yo estoy solo”, replicó.

En ese momento, la trabajadora le contestó que su madre también había fallecido pero no por eso atacaba a otras personas. “Me pedía un cuchillo para matarse”, confió y añadió que ella intentaba convencerlo para que se fuera del local.

“En eso siento la puerta otra vez. Era un cliente. Empecé a llorar con fuerza, hasta que logré que me salieran las palabras y pedí ayuda. Este chico se asoma y cuando abre la cortina (del depósito), me ve a mí tirada, este otro pibe sale corriendo, se escapa. El muchacho este sale a pedir ayuda”, repasó sobre la tremenda situación que transitó el jueves.

Mientras el cliente llamaba a la policía, el agresor se fugó corriendo hacia el hogar convivencial. “Nunca tuvo la intención de robar. Él sabía a lo que iba, a eso, porque me lo dijo. Me golpeó, me quiso estrangular, me dio piñas, me dio con todo lo que tuvo, me arrastró de los pelos”, insistió.

Tras el pedido de auxilio, la policía y una ambulancia del SAME arribaron al comercio. “La misma chica de la policía me dijo que en los últimos días habían ido varias veces (a la zona) por llamados particularmente por esta persona, por cosas que tenían que ver con él, y siempre pasa lo mismo: entra por una puerta y sale por otra del hogar, que supuestamente es de contención pero obviamente no lo contienen nada”.

Tras el rescate, la trasladaron a la Guardia del Hospital, dio aviso a los dueños del comercio y a una compañera de trabajo que, agradeció, “estuvo conmigo en todo momento”.

Ya en el centro asistencial, “me hicieron una placa, porque la parte golpeada más notoria es la cara pero estoy golpeada por todos lados. Después me fui a la Comisaría de la Mujer a hacer la denuncia pertinente y ahora estoy en el Sanatorio”, precisó ayer, mientras esperaba que le confirmaran si quedaría internada.

Según le manifestaron, el agresor es un chico de 17 años, a quien le faltan meses para cumplir 18, que sale y entra del hogar todo el tiempo. “La oficial me dijo que vienen con este chico de una corrida de muchas situaciones”, explicó María José Álvarez.

Y lamentó que “sabiendo incluso que estaba en riesgo y que estaba poniendo en riesgo a los demás, igual andaba en la calle”, por lo cual puso el foco en la gestión de la institución de contención.

Por otra parte, señaló que “del hogar no se comunicaron conmigo ni con los dueños del local como para ofrecer su ayuda. Se lavaron las manos completamente. Cuando yo estaba en la Guardia, a dos pasos y medio estaba el borrego este con el director del hogar y un abogado, pero jamás se acercaron a mí para preguntarme nada, o a ofrecerme ayuda, o a nada, que eso también es lo que indigna”, expresó con angustia.

Fuentes policiales confirmaron que la víctima radicó la denuncia, por lo que el caso está judicializado, con intervención de la UFI 18.

En paralelo, confirmaron que el menor sindicado como el autor del ataque a la mujer permanece internado en el área de Salud Mental del Municipio, a la espera de la resolución que pueda tomar la Justicia.

La Justicia investiga un caso escalofriante ocurrido en los últimos días en un boliche de la localidad de Mar del Plata. El pasado sábado 28 de junio, un joven de 26 años denunció que fue salvajemente golpeado y vejado por vía sexual para luego ser abandonado en la vía pública. Por el hecho aún no hay sospechosos identificados.

La investigación, a cargo el fiscal Alejandro Pellegrinelli, apunta a que el brutal ataque se dio luego de que se desatara un conflicto dentro de un local bailable ubicado en la rotonda de Monseñor Zabala y Beruti.

Según informa el medio La Capital de Mar del Plata, el grupo de agresores, por causas que todavía se intentan determinar, trasladó a la víctima hasta el baño del local donde fue agredido de forma brutal. El joven sufrió fracturas en distintos huesos sumado a politraumatismos a causa de los golpes, y además fue abusado sexualmente con un objeto romo aún no determinado. Esa acción le produjo lesiones internas en la zona intestinal.

Los agresores, cuyas identidades se desconocen, dejaron a la víctima en la vereda fuera del boliche. Los investigadores de la causa sospechan que lo hicieron para simular que había sufrido un accidente sobre la avenida de la circunvalación local.

La víctima fue asistida y trasladada a un centro de salud cercano. Luego fue derivado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde fue intervenido quirúrgicamente. Con el transcurso de los días, su cuadro evolucionó y los especialistas decidieron derivarlo al área de terapia intermedia en donde actualmente se encuentra alojado a la espera de volver a ser trasladado a otro centro de salud privado.

El fiscal Pellegrinelli comenzó a investigar el hecho y un testigo, que se encontraba aquella noche en el boliche marplatense, declaró que había visto al grupo de hombres atacar a la víctima. En un comienzo, trascendió la información de que el enfrentamiento podía haberse desencadenado por un entredicho vinculado a la rivalidad entre los clubes Aldosivi y Alvarado, pero dicha versión no fue confirmada oficialmente.

En el contexto de un procedimiento fiscalizado por el Ministerio de Seguridad Nacional, la Policía Federal Argentina (PFA) arrestó en la provincia de Buenos Aires a un sujeto sobre el cual pesaba un pedido de captura, acusado de presunto abuso sexual de su hijo menor de edad.

El hecho tuvo su génesis cuando una mujer denunció que su hijo de 2 años, había sido víctima de reiteradas violaciones, todas ellas cometidas por el propio padre del niño y en ocasiones en que éste quedaba encargado de la guarda del menor.

Iniciada la correspondiente causa, el Juzgado de Garantías N°2 de Azul a cargo del doctor Federico Barberena, ordenó la detención del sospechoso. Sin embargo, el mismo a sabiendas de su situación procesal, se dio a la fuga y su paradero se tornó un enigma.

Debido a ello, la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N°6 del Departamento Judicial de esa localidad, a cargo de la doctora María Paula Serrano, convocó a la División Unidad Operativa Federal Azul de la PFA con la finalidad de que el personal localice y lleve a cabo su respectiva captura.

En consecuencia, los uniformados de la citada dependencia desplegaron exhaustivas tareas de inteligencia, fruto de las cuales lograron establecer que el imputado se hallaría oculto en una vivienda ubicada en la localidad de Las Flores.

Atento a lo expuesto y con la anuencia del juzgado interventor, los servidores públicos desarrollaron un discreto operativo en las inmediaciones del inmueble, concretando así la detención del implicado sobre la vía pública, en el cruce de las calles Moreno y Las Heras.

El detenido, de nacionalidad argentina y 39 años de edad, quedó a disposición del magistrado interventor por el delito de “Abuso sexual gravemente ultrajante agravado por su comisión por ser el ascendente y por encontrarse encargado de la guarda”, sumado al delito de “Corrupción de menores agravada”.

La Sub DDI Tandil informó que durante el fin de semana realizó un allanamiento positivo en el marco de una investigación por grooming. La medida tuvo resultados positivos, ya que se logró secuestrar material de interés para la pesquisa, que se había originado por la denuncia de la madre de una menor de 15 años.

De acuerdo con la información confirmada, el operativo de requisa tuvo lugar en un domicilio de Montiel al 1200 de esta ciudad, en el marco de una causa caratulada “Captación por medios tecnológicos de menor de edad con fines sexuales (groomoning)”.

La instrucción penal preparatoria está a cargo de la UFI 22 de Azul, encabezada de firma interina por el doctor David Carballo, y el Juzgado de Garantías 2, también bajo el interinato del doctor Juan José Suárez, otorgó la orden de allanamiento.

En la diligencia, que tuvo resultados altamente positivos, personal policial de la Sub DDI Tandil secuestró equipos de telefonía celular, una notebook, un CPU, discos externos, pendrive y otros elementos de interés para la causa.

Según se informó, en la denuncia que dio inicio a la causa judicial, la madre de una menor de 15 años expuso que a su hija le escribía mensajes un masculino mayor de edad. Por medio de la aplicación WhatsApp, el hombre  le solicitaba a la adolescente que le enviara fotos y videos de sus partes íntimas y en ropa interior.

A raíz de esta denuncia, personal de la Sub DDI Tandil en conjunto con la UFI interviniente, realizaron tareas investigativas en forma encubierta y lograron establecer la identidad del masculino mayor de edad, con el fin de poder solicitar las medidas judiciales correspondientes.

El fiscal federal adjunto Carlos Fioriti pidió que un enfermero acusado de abusar sexualmente de una paciente en el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (Inareps), en Mar del Plata, sea condenado a catorce años de prisión. El instructor penal realizó su alegato ante el Tribunal Oral Federal en el marco del juicio que se le siguió a Rubén Omar Rivas (54) por un hecho ocurrido en agosto de 2021, cuando le habría propinado tocamientos en los genitales a una mujer que había sufrido un ACV, y luego la habría obligado a hacerle lo propio a él, según recuerda el diario La Capital.

Rivas llegó al debate en calidad de detenido y fue acusado también por vejaciones a otros dos pacientes, entre 2017 y 2018. Para Fioriti, el enfermero debe ser condenado a catorce años de prisión por haber sido autor del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haberse cometido por una persona encargada de la guarda de la víctima, en concurso real con el delito de vejaciones en dos hechos, los que concurren realmente entre sí”. En ese sentido, además de la pena mencionada, solicitó que se le dicte la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En la jornada inicial del juicio, la propia mujer había asegurado que en agosto de 2021, mientras se hallaba internada, fue sometida por Rivas durante un procedimiento de higienización e hisopado. En ese marco, dijo que por haber sufrido un ACV no podía resistirse y que, además, también sufrió tocamientos cuando le colocaba sopapas para un electrocardiograma.

La denunciante pidió declarar sin siquiera la presencia virtual del imputado. Ese día, Fioriti no fue trasladado a a la sala del tribunal y siguió la audiencia por videollamada, pero al momento de la declaración de la mujer debió apartarse de la cámara por pedido expreso de ella, que no quería verlo.

El otro caso que se le imputa al enfermero se remonta a los años 2017 y 2018 y tuvo como víctimas a dos jóvenes que “se encontraban afásicos, sin posibilidad de reaccionar o defenderse”. De acuerdo con la teoría del caso, los malos tratos consistían en “bañarlos con agua fría, decirles expresiones humillantes, arrojar agua sobre sus traqueotomías, pegarles y revolearlos sobre sus camas”.

El profesor de danzas de la agrupación folklórica “Nicasio Maciel Arbolito” de la localidad bonaerense de Rauch, Walter Alejandro Atucha, de 41 años, fue detenido en las últimas horas, acusado de abuso sexual. Además, Atucha se negó a prestar declaración este lunes, durante la audiencia realizada en la sede de la UFI N°13, a cargo del fiscal Adrián Peiretti, en los Tribunales de Azul.

Según confirmaron fuentes judiciales a La Nueva Verdad de Rauch, Atucha permanecerá transitoriamente privado de la libertad en la Estación de Policía Comunal de Benito Juárez, mientras se aguarda la disponibilidad de un cupo en una unidad carcelaria de la región, donde permanecerá alojado en calidad de detenido y mientras dure el proceso judicial.

La medida forma parte de las disposiciones adoptadas por el juez de Garantías Juan José Suárez, quien el pasado sábado ordenó la detención del acusado. La misma fue efectivizada por agentes de la Sub DDI Las Flores, Policía Comunal y de la Mujer y la Familia de Rauch, en el marco de la causa que investiga el delito de “Abuso Sexual con Acceso Carnal Agravado”.

Atucha fue detenido en su casa del barrio FOMUVI y trasladado, primero a la seccional local, y posteriormente a una alcaidía de la DDI en Azul.

Las víctimas que radicaron las denuncias contra Atucha fueron dos adultos y un menor de edad. Ante esto, la Justicia del Departamento Judicial Azul avanzó en la recolección de pruebas, que fueron determinantes para ordenar la captura.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires condenó a 25 años de prisión a Fredy Junior Arturo Zea Ricardo por haber abusado y explotado sexualmente a tres mujeres entre 2017 a 2020, a quienes engañó con falsas promesas laborales para obligarlas a prostituirse.

A partir de la pandemia, también las obligó a tener sexo virtual delante de webcams en diferentes departamentos del barrio porteño de Retiro. Es la primera condena por trata con explotación por medios digitales.

El tribunal consideró a al hombre de 38 años de ser “autor de los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual agravada en concurso real con abuso sexual agravado reiterado contra tres mujeres”, misma línea por la que había ido la fiscalía durante la etapa de alegatos.

Desde el Ministerio Público Fiscal detallaron que la pena de 25 años fijada por la jueza María Gabriela López Iñiguez y sus colegas Guillermo Costabel y Luciano Gorini, es tan solo dos años menor a los que habían pedido los fiscales.

El juicio comenzó el 4 de octubre del año pasado y a lo largo de diez audiencias declararon 21 testigos y se exhibieron los videos de las Cámaras Gesell de dos de las víctimas, ya que la primera no llegó a declarar porque en 2021 decidió quitarse la vida ante el tormento vivido.

Una de las medidas que ordenó el Tribunal es la extracción de testimonios para investigar la posible participación de otras personas en los hechos.

Asimismo, dispuso “embargar un inmueble del padre de Zea Ricardo, ubicado en la localidad bonaerense de Ezpeleta, por haber sido utilizado como instrumento del delito y como el sitio donde el condenado se ocultó”.

Zea Ricardo captó a la primera víctima, a través de un anuncio en un diario en el cual “solicitaban modelos sin experiencia para una supuesta campaña publicitaria”. Fue así como, desde mediados de 2017 y hasta el 4 de septiembre de 2020, “el hombre la acogió con la finalidad de explotarla sexualmente trasladándola hacia distintos departamentos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Durante años fue forzada a mantener relaciones sexuales con clientes y recién en septiembre de 2020 esta víctima logró escapar.

Aun así, el 15 de diciembre de 2021, antes de que el acusado fuera detenido, decidió quitarse la vida tras estar bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico, como consecuencia de todos los sucesos.

La segunda víctima fue captada en noviembre de 2017 y la sometió hasta febrero de 2018. En esta ocasión la joven también fue contactada a través de la publicación de un anuncio, mediante el cual “solicitaban modelos para realizar fotos publicitarias de lencería”.

En cuanto a la tercera víctima, conoció al imputado en un boliche de zona sur del conurbano bonaerense que ambos frecuentaban. “Luego de conversar sobre las aspiraciones laborales que tenía la víctima, Zea Ricardo le prometió brindarle trabajo como promotora”.

La investigación se inició en febrero de 2018, fecha en que la segunda víctima logró escapar del departamento donde se encontraba cautiva. En septiembre de 2020, se produjo la huida de otra de las damnificadas, por lo que se inició una nueva pesquisa, la cual se sumó a la primera.

Después de la detención del imputado, la tercera víctima lo reconoció, se acercó a denunciarlo y se presentó como querellante. NA

El reconocido actor francés Gérard Depardieu, famoso por su participación en títulos como Cyrano de Bergerac, Astérix y Obélix y Novecento (1900), se encuentra actualmente en el banquillo de los acusados en un juicio en el que se le acusa de dos agresiones sexuales. A sus 76 años, el actor enfrenta serias denuncias que podrían afectar su carrera y reputación.

Este lunes, Depardieu llegó al tribunal correccional de París, acompañado de su abogado Jéremie Assous, después de que la vista, inicialmente prevista para octubre de 2024, fuera retrasada por problemas de salud del actor. La defensa del actor calificó las acusaciones como una "campaña de calumnias" y "totalmente falsas". El juicio comenzó a las 13:45, con un retraso de 15 minutos respecto a la hora establecida.

Las denuncias que motivaron el juicio provienen de dos mujeres que formaban parte del equipo de rodaje de la película Les Volets Verts. Una de ellas, una ayudante de dirección de 34 años, acusó a Depardieu de tocamientos en el trasero y en el pecho. La otra denunciante, una escenógrafa de 54 años, aseguró que el actor la inmovilizó y manoseó frente a su propio guardaespaldas. Las dos mujeres decidieron denunciar estos hechos tras la filmación de la película, acusando al actor de un comportamiento inapropiado y violento.

Anouk Grinberg, actriz que también participó en el rodaje de Les Volets Verts, declaró:

“No hay duda de lo que hizo. Es también el juicio de una sociedad ciega ante la violencia contra las mujeres.”Grinberg también criticó al director de la película, Jean Becker, a quien tildó de "cobarde" por proteger a Depardieu a sabiendas de las agresiones cometidas.

Este juicio no es el único al que se enfrenta Gérard Depardieu. A lo largo de los años, el actor ha sido acusado por al menos 20 mujeres de diferentes actos de violencia sexual. Entre ellas, destaca la denuncia de la periodista española Ruth Baza, quien relató en 1995 cómo el actor la asaltó durante una entrevista. El testimonio de Baza y de otras mujeres fue recopilado en un documental emitido este miércoles en el programa de investigación Secrets d'Actualité. El documental, titulado Depardieu: la chute ("Depardieu: la caída"), profundiza en cómo las acusaciones de agresión sexual han eclipsado la meteórica carrera del actor.

En diciembre de 2023, otro documental emitido por France 2 reveló a 16 denunciantes adicionales, sumando aún más gravedad al caso.

Aunque algunas de las denuncias contra Depardieu han sido archivadas por prescripción de los hechos, otras siguen abiertas. Uno de los casos más mediáticos es el de Charlotte Arnauld, quien denunció haber sido violada por el actor en 2018. Esta acusación ha llevado a la Fiscalía a considerar la apertura de un nuevo proceso judicial contra el actor.

Si las acusaciones actuales resultan en una condena, Gérard Depardieu podría enfrentar hasta cinco años de prisión y una multa de 75.000 euros.

Ayer, la Justicia tomó intervención por la denuncia presentada por un hombre que dijo ser testigo de presuntos abusos que sufrió una mujer que se encontraba alojada en un geriátrico de la ciudad. 

El testimonio del denunciante vino acompañado de videos que el propio testigo logró capturar cuando el hombre señalado realizaba como mínimo conductas inapropiadas que llevarían a especular con abusos sexuales contra una mujer de avanzada edad que se encontraba postrada en una cama ortopédica del geriátrico ubicado en calle Chacabuco al 200. 

El hogar de residencia Los Cedros, habilitado por Provincia, ayer fue allanado por disposición judicial, procedimiento que procuró recopilar pruebas tendientes a acreditar los dichos del denunciante. 

Por el caso intervinieron distintas áreas municipales, principalmente en el área de Desarrollo Humano, más precisamente el área de Discapacidad, donde se recepcionó primigeniamente la acusación y se acompañó al denunciante a declarar en la sede judicial, desde donde más luego se motorizaron las acciones de una investigación que recién comienza pero que permitió recopilar información importante que acreditarían los dichos imputables. 

De lo que trascendió de la pesquisa en cabeza del fiscal Marcos Eguzquiza, ayer se ordenaron distintas diligencias en procura de sumar elementos que permitan acreditar la denuncia recibida por un hombre que, según trascendió, era residente en el geriátrico y al advertir actitudes sospechosas del hombre señalado, decidió aguardar que perpetrara el dudoso accionar y lo grabó, imágenes que quedaron en poder de la fiscalía y que permitirían considerar la conducta del imputado como plausibles de reproches penales.

Según se confió, desde el área municipal también se aportó la presencia de un médico, quien realizó un diagnóstico tanto de la víctima como del resto de los internos (seis), para corroborar el estado de su salud y sobre la posibilidad de determinar algún acto abusivo padecido. 

Se consignó sobre la víctima, que se trata de una mujer de avanzada de edad, que se encuentra inmovilizada por una discapacidad física, en una cama ortopédica.

Sobre los actos abusivos, se especula a través de los dichos y las filmaciones que el denunciante pudo realizar, que el agresor aprovechaba cuando la dueña del lugar se retiraba para realizar el aberrante accionar.

Sobre el imputado, se trata de hombre mayor de 74 años, pareja de la responsable del Hogar, quien oficiaba como colaborador del geriátrico en tareas que hacen a la limpieza o menú del lugar.  

La Justicia dispuso la exclusión del geriátrico como la restricción de acercamiento, hasta tanto se sustancia y avanza de la investigación y eventual imputación penal contra el señalado. 

Participación del Municipio

Tras la presentación de la denuncia, desde el Municipio acompañaron el accionar de la Justicia a lo largo de la jornada a través de la presencia de personal de áreas como la Dirección de Discapacidad y Adultos Mayores, de Bromatología, Habilitaciones e Inspección General y del Sistema Integrado de Salud.

En ese sentido, según informaron fuentes consultadas, se comunicaron con los familiares de la residente y se ordenó su traslado al Hospital Municipal “Ramón Santamarina” debido a los cuidados que requiere por su condición de salud.

Asimismo, mantuvieron un diálogo con los familiares de seis residentes con el propósito de notificarles lo ocurrido. Incluso, informaron que una mujer se acercó a retirar a su madre al tomar conocimiento sobre la situación denunciada.

Asimismo, señalaron que uno de los residentes no cuenta con red afectiva, por lo que tomaron contacto con otra residencia de adultos mayores para concretar su traslado, que se hizo efectivo durante el trascurso de la jornada.

Finalmente, desde el Municipio indicaron a este Diario que informaron a la Provincia sobre lo sucedido en la residencia.

Un lamentable episodio de inseguridad se registró el pasado domingo 22 de diciembre por la madrugada en la zona de la Sociedad Rural, a la salida del egreso del Colegio Sagrada Familia, donde una joven de 20 años denunció que intentaron abusarla.

Verónica, la madre de la adolescente, relató los hechos en diálogos con Tandil Despierta, que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, y resaltó la pésima atención que recibió su hija en el Hospital.

Según contó, ocurrió minutos antes de las 6 de la mañana cuando la joven volvía caminando de la Rural a su casa, que queda a tan solo dos cuadras.

“Cuando llegó a la esquina, había un individuo parado con la capucha puesta. Pero cuando lo vio, él se agachó para atarse los cordones para que no le viera la cara. Ella se abrió para doblar, para no pasarle tan cerca, y cuando pasó, él la corrió desdes atrás, la agarró y le tapó la boca y la nariz", comenzó contando.

El sindicado la arrastró hasta una casa y la llevó atrás de un pilar, pero siempre estando él por detrás y ella por delante, por lo que nunca pudo verle la cara.

Forcejearon hasta que, en un momento, ella lo mordió y logró que le sacara la mano de la boca. Fue entonces cuando pudo gritar y alertar a los residentes. Una vecina, al oírla, levantó las persianas y el agresor salió corriendo.

Para poder soltarse y escapar, la joven le dijo “llevate el celular, pero soltame”. Así, el malviviente huyó con el dispositivo móvil.

Una vez con su familia, gritaba que la ayudaran, que la habían querido matar porque la habían asfixiado. Estaba lastimada, con el cuello con visibles marcas y con heridas en las orejas y las piernas.

“Llamé a la Policía, per llegó media hora más tarde. Ellos llamaron a la ambulancia, porque como estaba con tanta crisis y había sido un intento de abuso, tenía que llevarla al Hospital”, expresó y agregó: “Vino la ambulancia y el enfermero me dijo que no, que fuéramos por cuenta propia porque teníamos movilidad. La ambulancia no la quiso llevar”.

Una vez dentro del nosocomio, vivieron momentos desagradables y Verónica denunció malos tratos por parte de quienes los atendieron.

“La hicieron pasar sola. No tuvo ninguna contención emocional, no la revisaron, le dieron un clonazepam para que se calmara y una doctora o enfermera le dijo ‘si venís de un egreso, obviamente que estas borracha y no te acordás de lo que pasó’”, sostuvo.

Añadió que la psicóloga no la atendió porque, por el horario, estaba durmiendo: “Una falta de respeto total. Una falta de empatía”.

Tras lo ocurrido con su hija, y dialogando con los vecinos a través de las aplicaciones de mensajería instantánea, se enteró de que en la zona habían ocurrido, por lo menos, otros cinco hechos similares.

“La gente dijo que no fue el primer caso. Hubo otros en días anteriores. Pero siempre de madrugada, a primera hora, a la salida de los boliches y los bailes”, refirió.

Una vez que salieron del Hospital Municipal Ramón Santamarina, luego de más de una hora y media de espera para que les completaran un informe, se dirigieron a la Comisaría de la Mujer para radicar la denuncia.

Una semana más tarde, recibió un llamado telefónico de la abogada de la dependencia policial. Le notificaron que el caso había quedado en la Fiscalía N°2, “pero nada más que eso”

Mientras tanto, su hija trata de no quedarse, de salir durante el día con normalidad, pero con mucha precaución. “Y yo también, porque no sabés si es por edad o por qué”, completó.

ue confirmada la condena a seis años y seis meses de prisión para un policía que violó a una testigo a la que debía custodiar, en la localidad bonaerense de General Cerri. La Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó una queja presentada por la defensa del exoficial ayudante Sebastián Ezequiel Alfonso, condenado por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

De acuerdo con La Nueva, la defensa planteó la queja luego de que la Sala II del Tribunal de Casación Penal rechazara, el 23 de agosto del año pasado, un recurso extraordinario a su favor. La Corte no admitió la queja porque, explicó, el artículo 486 del Código Procesal Penal establece que este tipo de presentaciones deben incluir copia simple del recurso denegado, de la decisión que se pretende recurrir, de las respectivas notificaciones y de cualquier otra pieza que quien lo pida considere útil. En este caso, la defensa acompañó copia del recurso extraordinario denegado por Casación, del juicio de admisibilidad negativo y demás piezas útiles, pero “omitió hacer lo propio con relación a la notificación del imputado, cuestión que impide analizar la tempestividad de la queja en trato”.

Siempre según La Nueva, los jueces también tuvieron en cuenta que la defensa tiene diversos mecanismos para dar cumplimiento con la carga establecida en esa normativa procesal y que “tampoco individualizó la pieza en cuestión para su consulta telemática”. En consecuencia, declararon inadmisible la queja y dejaron virtualmente firme el fallo del tribunal bahiense. La resolución de la Corte fue firmada por los jueces Hilda Kogan, Sergio Torres, Daniel Soria y Mario Eduardo Kogan (subrogante).

Sebastián Ezequiel Alfonso fue detenido en noviembre de 2021. El delito que le imputaron tuvo por víctima a una mujer que declaró como testigo en la causa por la desaparición de Gabriel García Gurrea, de quien nada se sabe desde el 19 de mayo de 2020. Al poco tiempo de prestar declaración, la mujer radicó una denuncia por amenazas y daño, luego de encontrar roturas en su vivienda.

Por ello, la fiscalía dispuso una custodia dinámica durante diez días. Alfonso, el policía a cargo de la medida, aparentemente continuó el trato con la testigo una vez finalizada la diligencia. De hecho, días después la joven le habría pedido si la podía auxiliar con un medicamento y en esas circunstancias el hombre se habría presentado en su casa y se habría cometido el abuso. La mujer aseguró que fue violada, mientras que la defensa de Alfonso afirmaba que se habría tratado de una relación consentida. Aquel hecho se produjo el 13 de noviembre de 2021, consigna La Nueva.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a un hombre de 30 años condenado por abusar sexualmente en 2013 de una joven dentro de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), ubicada en el barrio porteño de Constitución. En el caso, el Ministerio Público Fiscal es representado por la Fiscalía General 8 ante los Tribunales Orales Criminales y Correccionales, a cargo de Guillermo Morosi.

En junio de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOCC) 18 -con integración unipersonal- había condenado a Matías Caccavo a seis años y tres meses de prisión tras encontrarlo responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal.

En el fallo, el juez Domingo Luis Altieri consideró probado que el 13 de agosto de 2013, en el cuarto piso de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Caccavo abordó con violencia a la joven y abusó sexualmente de ella. Ambos estaban juntos debido a que militaban en la misma agrupación universitaria y cursaban la carrera de Ciencias Políticas dentro de esa facultad.

El magistrado hizo foco en el testimonio brindado por la denunciante, quien contó cuándo conoció a Caccavo y cómo los hechos de compartir militancia y clases con él luego se tornaron en una situación de acoso y hostigamiento por parte del hombre hacia ella. 

La joven también contó que le había detallado a la coordinadora de su agrupación lo que ocurría con el objetivo de no compartir actividades y que ésta le dijo que debía poner la militancia por encima de los problemas personales. En ese marco, el día del ataque, Caccavo y la denunciante estaban pegando afiches dentro de la facultad cuando el hombre la violentó.

El juez Altieri marcó que la declaración de la joven fue respaldada por el peritaje psicológico, que dio cuenta de la verosimilitud de sus dichos, que además fueron reiterados no solo a lo largo de todo el trámite de la causa sino también en sus ámbitos privados (con sus amigos) y públicos (en la publicación de su denuncia en una red social).

“La nombrada ha sido concordante a lo largo de este proceso judicial en sostener de modo unívoco el desarrollo que tuvo el hecho que la agraviara y que se ha mantenido incólume a lo largo de este juicio”, resaltó el magistrado. Al momento de mensurar la pena, consideró como agravantes el daño causado y la falta de arrepentimiento.

Contra el fallo, la defensa presentó un recurso ante la Cámara Nacional de Casación, que en junio de 2022 rechazó el planteo. La sala 3 de ese tribunal, con el voto del juez Alberto Huarte Petite -al que adhirió el magistrado Pablo Jantus- consideró que en el fallo condenatorio se brindaron correctamente las razones por las cuales se condenó a Caccavo.

“Más allá de los esfuerzos del recurrente, el Sr. Juez de la instancia de juicio valoró razonablemente la prueba producida en el debate y la articuló de modo tal que se puede concluir, conforme las pautas de la sana crítica racional en la correcta acreditación de la materialidad del hecho y de la participación del imputado en él, sin que se hubiese demostrado arbitrariedad en su argumentación”, explicó el camarista Huarte Petite.

Marcó que “todas las situaciones que la denunciante narró, o bien fueron reconocidas por el imputado y, por ende, no fueron controvertidas (por ejemplo, el haber estado el día del hecho pegando afiches en la Facultad de Ciencias Sociales) o hallaron corroboración en otros elementos de cargo”.

“De adverso a lo sostenido por la defensa, los expertos en psicología que tuvieron contacto con la damnificada por el hecho de autos fueron explícitos, tal como razonablemente lo valoró el  a quo [el tribunal que dictó el fallo recurrido], en que aquella había sufrido un ataque sexual y no, como señaló el impugnante, una mala interpretación de su parte respecto de un acto sexual consentido”, puntualizó al rechazar el recurso y confirmar la condena. 

La defensa decidió entonces ir hasta la Corte Suprema, que consideró inadmisible el recurso extraordinario presentado. NA