En la fría tarde de ayer, decenas de personas se convocaron en la Glorieta de la Plaza Independencia para brindar su apoyo a Juan Rosso, el docente de teatro que atraviesa un proceso judicial como presunto responsable de cometer un abuso contra un menor de 4 años en un jardín de infantes de la ciudad.  

La jornada cultural contó con la presencia de familiares, docentes y allegados al joven de 31 años, que está bajo arresto domiciliario y privado de su libertad desde octubre de 2019. 

En este contexto, diferentes artistas prestaron su tiempo y arte para amenizar el feriado con acrobacias en telas, y la presentación de una murga que aportó su ritmo y música a la gélida tarde. Antes de que cayera el día, marcharon por las calles céntricas con cánticos y palmas. 

Asimismo, tanto en el espacio púbico como en las manos de los concurrentes, se multiplicaron las banderas, carteles y pancartas con leyendas como “Juan es inocente. Verdad, justicia y respeto”; “Con los chicos no, con los docentes tampoco”; y “Libertad a Juan”; entre otras consignas.

El juicio 

Cabe destacar que el martes se inició el debate oral y público para esclarecer el hecho, presidido por un Tribunal conformado por los jueves Carlos Pocorena, José Alberto Moragas y Florencia Giombini.  

En la primera audiencia, el fiscal José Ignacio Calonje formuló la acusación por “Abuso sexual gravemente ultrajante” y en la misma dirección actuó el particular damnificado, en la figura del abogado Juan Carlos O’Brien.

Por su parte, la defensora de Rosso, la doctora Patricia Perelló, expuso que va a demostrar que los hechos nunca sucedieron y alegó por la inocencia de su cliente, además de cuestionar el accionar los operadores de Justicia en torno a la investigación penal. 

De esta manera, en esta instancia inicial declararon los padres del menor implicado, quienes efectuaron la denuncia en julio de 2019, y también subieron al estrado las docentes, auxiliares y administrativas de la institución educativa.

El derrotero legal continuará hoy con la exhibición de las declaraciones en Cámara Gesell de los niños y el testimonio de los peritos psicológicos que intervinieron. El martes 31 de mayo será la última audiencia y las partes deberán exponer sus alegatos para que, finalmente, el cuerpo de magistrados emita un veredicto. 

Una Justicia “justa” 

En diálogo con este medio, Martín Rosso, padre del docente acusado, se mostró conmovido por el apoyo recibido a lo largo de estos casi tres años y habló de su expectativa en torno al desenlace de la causa. También evidenció su conformidad con el desenvolvimiento y la contundencia de la letrada a cargo de la defensa de su hijo.  

“Es una realidad que proliferan estas denuncias falsas a docentes a lo largo y ancho del país, y para nosotros es muy importante que la comunidad acompañe y esté.  En estos momentos que empezó el juicio es importante que Juan sienta el apoyo y que estamos todos con él. Siempre me llaman para preguntarme por Juan, van a visitarlo, están todos muy presentes y se sienten parte de este calvario que estamos viviendo”, expresó el también docente universitario, de larga trayectoria en la Unicen. 

Asimismo, Rosso padre sostuvo que “a toda la comunidad le hace bien venir y sentir que estamos todos por una causa justa, que es defender a un docente injustamente denunciado”.

“Esperamos que la Justicia sea justa y vea las incongruencias y falacias cometidas durante todo  el proceso. Ahora lo que queda es esperar estos dos últimos días y que el Tribunal realmente se exprese favorablemente a Juan, porque no hay elementos para decir que el hecho haya ocurrido”, cerró. 

Casi tres años después, se abrirá el último capítulo del caso que involucra al docente de teatro acusado de cometer un abuso sexual en un jardín de infantes de la ciudad.

De esta manera, Juan Martín Rosso, de 31 años,  se someterá a tres jornadas de debate oral los próximos 24, 26 y 31 de mayo de 2022, ante un tribunal ad hoc conformado por los jueces Carlos Pocorena, José Alberto Moragas y Virginia Florencia Giombini, que deberán valorar las evidencias y testimonios aportados por las partes para establecer un veredicto.  

Esta particularidad del cuerpo de magistrados constituido  ad hoc se dio a partir de que el Tribunal Oral Criminal 1 con asiento en Tandil, a cargo del doctor Guillermo Alberto Arecha, se excusara de juzgar la causa. Por ese motivo, se  convocó especialmente al juez correccional Carlos Pocorena; al titular del Juzgado de Garantías 1 local, el doctor Moragas; y a la magistrada Giombini, del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que preside el Juzgado de Garantías del Joven  1 de Tandil, para desentrañar el caso.

El imputado arriba a esta instancia como presunto responsable del delito de “Abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de realización agravado por ser cometido por persona encargada de la educación en los términos del artículos 119 párrafos segundo y cuarto inciso b) del Código Penal”, según la acusación formulada por el fiscal José Ignacio Calonje, titular de la Fiscalía de Delitos Especiales del Departamento Judicial de Azul, a cargo de la investigación. 

“Los hechos nunca ocurrieron”  

En contacto con El Eco de Tandil, la abogada defensora de Rosso, la doctora Patricia Perelló, señaló que el acusado eligió ser juzgado por un tridente de jueces mas no por un jurado y, pese a que en instancias previas solicitaron la nulidad de la elevación a juicio, la patrocinante legal se mostró satisfecha con la posibilidad de ir a un debate oral para que se ventilen y diluciden los hechos. 

“Los jueces van a valorar las pruebas y para nosotros es clarísimo que los hechos nunca sucedieron; eso va a quedar demostrado en el debate, aún cuando la inversión de la carga de la prueba no existe porque es  el fiscal el que  tiene que probar que los hechos  ocurrieron y que Juan (Rosso) los cometió. Nosotros decimos que eso nunca pasó y  que Juan no cometió ningún delito, es lo que sostuvimos siempre”, explicó la letrada. 

Al respecto, Perelló indicó que durante el juicio “se van a dilucidar muchas cosas que no se han dilucidado y muchas que  sí, pero creo que no fueron interpretadas correctamente por los operadores de la Justicia que actuaron sobre este tema. Hay desconocimiento, esto no se trata  de juzgar un hurto o una estafa, es un tema muy particular sobre el que no hay que tener prejuicios, pero sí hay que tener mucho conocimiento”.

Además, aseguró que hay una preocupación fehaciente por parte del Estado por la proliferación de denuncias de abuso contra docentes, sobre todo de áreas especiales como teatro y música, que quedan en el ojo de la tormenta. 

“Esta tendencia  es una locura”, calificó la abogada y reiteró que lo que se sostiene desde la acusación es “imposible” que hubiese ocurrido. 

“Ni siquiera es probable, es imposible, por eso tenemos interés en que se celebre este juicio para que quede todo claro y, obviamente, vamos por la absolución”, declaró. 

La detención

En un primer momento, la fiscalía interviniente en ese entonces, al mando de Marcos Eguzquiza -después pasó a Calonje por una cuestión de competencia institucional-, calificó el hecho como abuso simple, pero a posteriori la jueza de Garantías Stella Maris Aracil cambió la carátula y gravó aún más el hecho. 

La figura de “Abuso sexual gravemente ultrajante” precipitó la detención del imputado, quien fue apresado en octubre de 2019 y permaneció casi un año en el penal de Barker. 

Luego se le concedió la morigeración de prisión y desde 2020 cumple con el arresto domiciliario; en estas circunstancias Rosso arriba al juicio oral.

En tal sentido, Perelló dictaminó que “no es un problema de si es o no un abuso simple o agravado, la cuestión es si hay posibilidad material de que los hechos ocurrieran o no, y la verdad es que no la hay”. 

El caso 

Ahora, con la fecha de juicio confirmada para fines de mayo, se ventilarán los eventos presuntamente ocurridos en el Jardín de Infantes 901 de Tandil el 2 de julio de 2019. En ese entonces, los padres de un menor de 4 años que asistía al establecimiento, radicaron una  denuncia penal en la Comisaría de la Mujer y la Familia contra Rosso por supuestamente abusar del niño en el baño de la institución educativa.

El caso generó un gran revuelo social y mediático, hubo retrasos  en la recolección de pruebas y en la realización de las cámaras Gesell a los menores involucrados, y un largo derrotero judicial, además de diferentes marchas y manifestaciones  de cada una de las partes.

En tanto, en octubre de 2021, mediante una resolución dictada por  la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul, con los votos de los jueces Carlos Paulino Pagliere (h) y Damián Pedro Cini, se resolvió rechazar por improcedente la recusación del fiscal Ignacio Calonje, se desestimó el  planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio, y se rechazó la solicitud de sobreseimiento de Juan Martín Rosso peticionado por sus defensoras Patricia Perelló y Mariana Fardín, confirmando por tanto la elevación a juicio de la causa. 

El planteo de la defensa 

El recurso de la defensa de Rosso apunta a que la fiscalía no valoró prueba esencial, útil y pertinente que acredita la inexistencia de los hechos, citando las declaraciones testimoniales del personal docente, administrativo y de limpieza del jardín de infantes donde trabajaba el imputado; todos los que daban cuenta de que el hecho no podría haber ocurrido, y –en el mismo sentido– el informe de la inspectora de nivel inicial que luego de realizar una investigación exhaustiva concluyó en igual dirección. 

La estrategia también se orientará a señalar que no se merituó el informe médico de guardia ni la pericia medica realizada, elementos objetivos que, al decir de las letradas,  descartan cualquier tipo de lesión o irritación en la zona genital de la presunta víctima. 

Asimismo, Perelló señaló la importancia de los informes técnicos psicológicos respecto a las testimoniales en Cámara Gesell y las razones plasmadas en estos para cuestionar la forma de su realización y las conclusiones a las que arribaron. 

Por otra parte, la Asociación Pensamiento Penal, entidad que nuclea a jueces, abogados y miembros del Poder Judicial, presentó en 2020 un informe bajo la figura "Amigos del Tribunal" que pondera que hubo "malas prácticas" en la investigación y que “el instrumento para recibir la declaración testimonial de los niños no es el validado por la comunidad científica”. 

Mediante resolución dictada ayer la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul, con los votos de los jueces Carlos Paulino Pagliere (h) y Damián Pedro Cini, resolvió rechazar por improcedente la recusación del fiscal Ignacio Calonje, desestimó el  planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio, y rechazó la solicitud de sobreseimiento de Juan Martín Rosso peticionado por sus defensoras Patricia Perelló y Mariana Fardín, confirmando por tanto la elevación a juicio de la causa.

La resolución al momento no se encuentra firme, pudiendo ser impugnada ante el Tribunal de Casación.

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El Ministerio Público Fiscal interpondrá un recurso de casación, por lo tanto la resolución que había adoptado la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul no está firme y Juan Martín Rosso seguirá en prisión, en la Unidad 37 de Barker. El mismo camino tomará el particular damnificado Juan Carlos O’Brien, el abogado que representa a los denunciantes.

Ante la impugnación de la resolución de la Cámara de Azul y la reserva de interponer un recurso en Casación, el Juzgado de Garantías le comunicó al Servicio Penitenciario la suspensión del otorgamiento de la pulsera electrónica a Juan Martín Rosso.

De este modo, el profesor de teatro seguirá cumpliendo la prisión preventiva en el penal, al aguardo de que se expida el Tribunal de Casación Penal de La Plata.

El profesor de teatro se encuentra imputado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser el autor el encargado de la educación, por los hechos que habrían ocurrido el 1 de julio de 2019, entre las 13 y las 16, en uno de los baños del Jardín de Infantes 901 “René Favaloro” de esta ciudad.

Rosso, que se encuentra detenido desde el 21 de octubre pasado, había sido beneficiado con la prisión domiciliaria con monitoreo de pulsera electrónica. Entre los argumentos de la medida que le había concedido la Cámara azuleña pesaron los apoyos de la comunidad universitaria y de ONGs, además de las garantías ofrecidas por el padre del imputado Martín Rosso y el decano de la Facultad de Arte Mario Valiente, y la fianza de sus abogadas Patricia Perelló y Mariana Fardín. 

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamental de Azul resolvió otorgar la morigeración de la prisión preventiva para Juan Martín Rosso, el profesor imputado en la causa por el presunto abuso sexual a un niño de cuatro años en el Jardín de Infantes 901 que habría ocurrido el 1 de julio pasado.

De este modo, el tribunal de alzada hizo lugar al planteo de la abogada defensora, Patricia Perelló, y benefició al docente con la domiciliaria mediante monitoreo electrónico.

Los jueces Damián Pedro Cini y Carlos Paulino Pagliere (h) resolvieron hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y “revocar la resolución impugnada disponiendo la morigeración de la prisión preventiva de Juan Martín Rosso bajo la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico”.

La medida se dispone “bajo la caución real brindada por su progenitor y la fianza personal ofrecida por sus abogadas defensoras y sujeto a la tutoría de su padre y del señor Mario Valiente (decano de la Facultad de Arte)”.

El juzgado de la instancia deberá “certificar la instalación del sistema de monitoreo electrónico y garantizar la efectiva disponibilidad de las garantías ofrecidas, todo esto sin perjuicio de las condiciones y seguridades adicionales que el a quo estime corresponder”.

Una vez notificado del fallo, el Juzgado de Garantías 2, a cargo de la doctora Stella Maris Aracil, deberá tramitar el pedido para que asigne una tobillera. Hasta tanto se complete el procedimiento para hacer efectiva la medida, el imputado continuará alojado en la Unidad Penal 37 de Barker.

Lo “justo”

La abogada Patricia Perelló calificó de “justo” lo que se resolvió el Tribunal de alzada y de “injusto que Juan Rosso estuviera desde octubre privado de su libertad”.

Horas después de conocer los alcances de la resolución, ratificó que “era lo que correspondía” y lo que “esperábamos”, ya que “la libertad se debe restringir en los casos excepcionales”.

En diálogo telefónico con El Eco de Tandil reforzó el planteo al indicar que la denuncia por el presunto abuso a un niño se presentó en julio pasado y “estuvo en libertad hasta después de mediados de octubre”, con lo cual, “si se hubiese querido escapar, podría haberlo hecho en ese momento porque la imputación era la misma”.

Además, repasó que el imputado “no tiene antecedentes penales, tiene actividad y arraigo en la ciudad”, por lo que “encarcelar por encarcelar no tiene ningún sentido”.

Entre los fundamentos que avalan el beneficio, expuso que se hizo alusión a un caso en el que “no hay peligrosidad procesal” y sostuvo que se tuvo en cuenta los “apoyos” con los que contó el imputado de distintos sectores de la comunidad tandilense, entre ellos “gremios, organismos de derechos humanos” y que las garantías ofrecidas, como la tutoría de su padre y del decano de la Facultad de Arte, la fianza personal de la abogada y su asociada, la doctora Mariana Fardín, y la casa de la familia.

El conjunto de elementos “hace que no haya ningún tipo de riesgo de fuga, que es lo único que permitiría que una persona siga detenida”.

El pedido lo tramitará el Juzgado de Garantías a instancias de lo dispuesto por la Cámara de Apelaciones de Azul, y deberá aguardarse por la asignación de una tobillera. Cuando se completen estos requisitos, “Juan Rosso irá a la casa de su padre para cumplir con el arresto domiciliario”, precisó Perelló, mientras avanza la causa penal.

“En esta etapa procesal, lo importante era que Juan Rosso volviera a su casa. Y la familia era lo que estaba esperando”, concluyó.

Instancias procesales

El 19 de noviembre, la titular del Juzgado de Garantías 2 resolvió convertir en prisión preventiva la detención de Juan Martín Rosso. El profesor de teatro había sido aprehendido el 21 de octubre pasado en Olavarría, a donde había viajado a dictar clases.

La jueza de Garantías consideró a Rosso “prima facie” autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización, agravado por ser cometido por la persona encargada de la educación en los términos del artículo 119 párrafos segundo y cuarto inciso b del Código Penal, por el hecho cometido en Tandil, el 1 de julio de 2019 del que resultó víctima el niño que entonces tenía cuatro años.

En diciembre, la Cámara de Apelaciones de Azul denegó “por improcedente” el recurso interpuesto por la defensa, a cargo en ese entonces de Leonel Calles, y decidió “confirmar la resolución impugnada en cuanto dispone la prisión preventiva de Juan Martín Rosso, por considerarlo probable autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser el autor el encargado de la educación (artículo 119 segundo párrafo y cuarto párrafo inciso B del Código Penal)”.

En enero, la abogada Patricia Perelló, que asumió la defensa de Rosso, presentó ante el Juzgado un pedido de excarcelación extraordinaria con subsidio de prisión domiciliaria para obtener la libertad del profesor.

“Ahora se ha colapsado el sistema carcelario por el abuso que hacen los magistrados de la prisión preventiva. Se tiene que dejar para los casos de peligrosidad procesal acreditada y en este caso, es absolutamente inexistente; Juan Rosso jamás debería haber estado detenido, pero siempre estuvo a derecho”, había declarado ante la prensa tras hacer efectivo el pedido el 15 de enero de este año.

Tras conocerse el rechazo al pedido de excarcelación extraordinaria depuesto por Aracil, la defensa recurrió la resolución ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental de la ciudad de Azul, quedando pendiente el subsidio de la prisión domiciliaria que ya está en trámite.

A fines de marzo, el tribunal de alzada rechazó el pedido de excarcelación extraordinaria y confirmó la resolución adoptada en primera instancia.

En la víspera, la titular del Juzgado de Garantías 2, doctora Stella Maris Aracil, denegó la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico a Juan Martín Rosso, el profesor de teatro imputado por un caso de abuso sexual en el Jardín de Infantes 901. Entre sus argumentos, y en el marco de la pandemia, señaló que el docente no se encuentra dentro del grupo de riesgo para Covid-19, en tanto que ordenó a las autoridades del Servicio Penitenciario bonaerense arbitrar medidas para evitar los contagios.

La decisión, que tiene fecha de ayer, fue adoptada en pleno aislamiento obligatorio, teniendo en cuenta que la defensa del imputado –a cargo de las doctoras Patricia Perelló y Mariana Fardín- había planteado los riesgos de contagio de coronavirus como un argumento más para reforzar el pedido de prisión domiciliaria.

La defensa fundó la solicitud en su joven edad, que carece de antecedentes penales, la contención de su grupo familiar y de sus compañeros de trabajo, que cuenta con arraigo en el domicilio de sus padres –allí permaneció desde el inicio de la investigación hasta su detención- y en el ofrecimiento del progenitor de su pupilo y del decano de la Facultad de Arte como tutores de su ahijado procesal.

Además, pusieron a consideración un informe de la Subdirección General de Supervisión Electrónica del Servicio Penitenciario, que informó que al 28 de febrero pasado había una lista de espera de 204 detenidos para efectivizar dispositivos de monitoreo.

En tanto, el 25 de marzo pasado, la defensa agregó como fundamentos para la morigeración de la prisión preventiva la superpoblación y emergencia carcelaria, y la situación sanitaria por la pandemia de coronavirus. En tanto, interpuso que la situación de excepción obligó a modificar los procedimientos, supliendo la audiencia por la presentación escrita, al tiempo que sostuvo que esas medidas no pueden aplicarse de modo selectivo para privilegiar a los litigantes y operadores judiciales en desmedro de las personas detenidas, y reclamó que de igual modo debe protegerse la salud de su pupilo, otorgándose su arresto domiciliario.

En tanto, las letradas agregaron dos documentos como aval al pedido, uno firmado por la organización Memoria por la Vida en Democracia y otro del gremio Suteba, que también fueron evaluados en la resolución.

La oposición del fiscal

En tanto, el fiscal a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción Especializada en Violencia Institucional (UFIE), doctor Ignacio Calonje, manifestó su oposición al beneficio, al alegar que las circunstancias del hecho y del imputado no tienen carácter excepcional y que la morigeración (art. 163 y art. 170) requiere circunstancias de excepcionalidad y no atributos comunes a todas las personas.

A ello se sumó el informe médico del Servicio Penitenciario, que indicó que Juan Martín Rosso que no integra el grupo de riesgo de Covid-19.

Por su parte, el particular damnificado, doctor Juan Carlos O’Brien, también rechazó el arresto domiciliario, al argumentar la existencia de riesgo procesal de que el imputado vaya a eludir su sometimiento a proceso, derivado del alto monto de pena en expectativa.

Los argumentos

En tanto, la jueza Aracil expuso que la prisión preventiva a Rosso fue ratificada el 27 de diciembre pasado por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, motivada por la posible comisión del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización agravado por ser cometido por persona encargada de la educación, figura que contempla una escala penal con un mínimo de ocho años de prisión y un máximo de veinte. Así, teniendo en cuenta que el profesor está privado de su libertad desde el día 21 de octubre de 2019 y como el máximo de la pena del delito imputado supera los ochos años, evaluó que se encuentra excluido de cualquier posibilidad excarcelatoria.

La jueza repasó que el  21 de enero pasado había denegado la excarcelación extraordinaria por existencia de peligro de fuga e inexistencia de circunstancias excepcionales que morigeren o hagan pensar que el peligro procesal ha desaparecido. Esa decisión la ratificó la Cámara Penal de Apelaciones y Garantías el 19 de marzo último, al confirmar la inexistencia de circunstancias excepcionales que permitan inferir que los peligros procesales que justificaron la medida de coerción hubieran desaparecido.

“Los elementos que hay que valorar como inhibidores de la presunción de que el imputado no se ha de someter a proceso son: la fianza personal del Sr. Mario Valente (decano de Arte), de la Dra. Patricia Perelló y de la Dra. Mariana Fardín y el compromiso de su padre. Entiendo que tales cauciones o garantes personales no logran desvirtuar la presunción de elusión de la Justicia que emana de la pena en expectativa”, concluyó.

En tanto, reparó en que si bien el padre de Rosso podría realizar controles físicos en el domicilio donde se alojaría el imputado, “tienen una diminuta potencialidad inhibidora para evitar la fuga”. Las defensoras quedaron descartadas, ya que podrían ampararse en el secreto profesional ante una evasión. Además, sostuvo que “también tiene escasa potencialidad inhibidora de la fuga, la conducta de Sr. Mario Valente, cuando hay que tener en consideración que el ordenamiento jurídico puede no castigar la ayuda que se le presta a quien se quiere fugar, cuando la ley exime de responsabilidad penal a los que hubieran obrado en favor de sus familiares (padres, hijo y ascendientes), un amigo íntimo o persona a la que se le debiese especial gratitud”.

Al evaluar el escenario que plantea el coronavirus, marcó que el riesgo de contraer el virus también está en la población que vive en Tandil y las medidas preventivas adoptadas dentro de la unidad penitenciaria están abasteciendo la garantía del derecho a la salud.

En otro párrafo, rechazó la lectura defensista acerca de la resolución del Tribunal de Alzada al denegar la excarcelación extraordinaria, cuando interpretó que el ofrecimiento de dos tutores en el trámite de una morigeración serviría para mitigar el peligro procesal y haría procedente el arresto domiciliario. La doctora Aracil consideró que los magistrados señalaron que en la actual instancia se evaluaría a los tutores.

En tanto, también descartó la mayor vulnerabilidad de Juan Rosso por su condición de imputado de delitos sexuales frente a la eventualidad de un motín en la cárcel, hipótesis ante la cual dijo que resulta suficiente exhortar al Servicio Penitenciario de la Unidad 37 de Barker a aislarlo para evitar que corra peligro alguno en su integridad física.

Oficio al Servicio Penitenciario

En la resolución, la jueza Stella Maris Aracil determinó solicitar al Servicio Penitenciario, teniendo en cuenta la mayor vulnerabilidad de Juan Rosso por su condición de imputado de delitos sexuales frente a la eventualidad de un motín en su unidad penitenciaria de detención, en el terreno de la hipótesis, que dadas esas circunstancias se aísle al imputado como así también a los demás imputados de delitos sexuales del resto de la población, para evitar que no corran riesgo en su integridad física.

En tanto, ordenó informar al director de la Unidad Penal 37 de Barker, que deberá instruir al profesor de teatro y al resto de la población carcelaria sobre los síntomas del coronavirus y los recaudos de prevención sanitaria, para lo cual deberá proveerles de los elementos de higiene indispensables a tal fin.

Además, requirió extremar las medidas necesarias para la detección oportuna de Covid-19, para lo cual se insta a arbitrar los medios para la realización de controles clínicos periódicos que posibiliten la detección temprana de aquellos internos que pudieran presentar síntomas compatibles con dicha enfermedad.

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Azul rechazó el pedido de excarcelación extraordinaria que había presentado la defensa del profesor de teatro Juan Martín Rosso, imputado por abuso sexual a un alumno en el Jardín de Infantes 901. De este modo, la doctora Patricia Perelló tuvo otro revés ante el tribunal de alzada, que ratificó la decisión de que siga detenido, de acuerdo con la medida dispuesta por la jueza de Garantías Stella Maris Aracil.

La abogada marplatense había solicitado que el docente aguardara el juicio en la casa de Martín Rosso, con su padre y el decano de la Facultad de Arte de la Unicen, Mario Valiente, como garantes de ese beneficio.

La Cámara de Apelaciones, integrada por los doctores Carlos Paulino Pagliere (h) y Damián Pedro Cini, deliberó el 19 de marzo pasado y el último jueves notificó a las partes sobre su decisión de confirmar la resolución adoptada en primera instancia y de denegar la excarcelación extraordinaria a Juan Martín Rosso.

El profesor de teatro fue informado a través del director de la Unidad Penal 37 de Barker, quien por instrucción del doctor José A. Moragas, juez subrogante a cargo del Juzgado de Garantías 2 (la magistrada Aracil acató el aislamiento por la pandemia), debió notificarlo sobre la negativa al pedido.

En principio, la jueza titular del Juzgado de Garantías 2 de Tandil, Stella Maris Aracil, había resuelto no hacer lugar a la excarcelación extraordinaria solicitada a favor del profesor de teatro. Ante ese pronunciamiento, las defensoras del imputado, Patricia Perelló y Mariana Fardín, interpusieron un recurso de apelación que fue concedido por la magistrada.

De ese modo, la impugnación llegó a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul, que analizó su pronunciamiento con la fundamentación del juez Damián Pedro Cini y el aval de su par Carlos Pagliere (h).

La tesis defensista

En principio, el doctor Cini repasó que la defensa pretendía la anulación de la resolución de primera instancia por arbitraria y por no tener debida fundamentación. Y reparó en que las abogadas indicaron que de modo alguno pueden la gravedad del hecho y la pena en expectativa ser los únicos fundamentos para denegar la excarcelación.

Las letradas habían expresado que la jueza Aracil no ha valorado ninguna otra circunstancia al momento de fundar el peligro procesal que exige el artículo 146 inciso 2 del Código Procesal Penal, por lo que sus argumentos no resultan suficientes para el dictado de la medida de coerción.

También alegaron que tampoco analizó los argumentos esbozados respecto a la neutralización de posibles riesgos, al tiempo que marcaron que no puede desconocerse el gran apoyo que ha recibido el docente Rosso por parte de toda la comunidad educativa de Tandil, la gran cobertura mediática y las públicas manifestaciones que ha realizado el imputado pidiendo que la Justicia avance para demostrar su inocencia. Por lo tanto, la defensa entiende que esas condiciones no son las de alguien que pretende fugarse y que sostenerlo es ilógico e injustificado.

En tanto, las doctoras Perelló y Fardín sostuvieron que ninguna de las circunstancias objetivas de excepción, así como tampoco los garantes ofrecidos –el padre del imputado Martín Rosso y el decano de Arte Mario Valiente-, fueron valorados en la resolución de la jueza Aracil.

Sumado a eso, señalaron que la afirmación respecto a que no existen “circunstancias de relevancia y especialidad” es totalmente falsa y que carece de sustento jurídico, y recordaron que el juzgador bajo ninguna razón puede abstenerse de explicar y fundamentar cómo determinada hipótesis conlleva la verificación de los peligros procesales, pues esta constatación importa el único argumento merced el cual se puede excepcionar la norma rectora de la libertad.

Uso “desmesurado” de la preventiva

En otro párrafo, las defensoras advirtieron sobre el uso desmesurado de la prisión preventiva y la situación deplorable a la que se somete a los internos que cumplen la misma y que han llevado incluso a la declaración del estado de emergencia carcelaria, situaciones que exigen que se deban extremar las medidas para privar de libertad a las personas en estas condiciones infrahumanas, sólo como medida de ultima ratio cuando no exista otra menos rigurosa para asegurar los fines del proceso.

Para finalizar el repaso de los argumentos, el juez Cini consignó la referencia a que la proporcionalidad no tiene que ver con el tiempo de detención y la pena que le podría corresponder como eventual condena, sino que debe considerarse la severidad de la medida frente al riesgo que se pretende evitar.

Por último, el magistrado de la Cámara repasó que la defensa hizo reserva de caso federal, es decir, de la posibilidad de apelar ante una negativa a la excarcelación extraordinaria requerida.

Los fundamentos

Al evaluar el recurso defensista, el magistrado sostuvo que “este tribunal he de adelantar que el recurso intentado no puede prosperar” y como primer argumento explicó que “encuentro oportuno recordar que en autos se le imputa a Juan Martín Rosso el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser el encargado de la educación en los términos del artículo 119 párrafo segundo y cuarto inciso b) del Código Penal”.

Además, repasó que al imputado se le dictó la prisión preventiva, resolución que fue revisada y confirmada por este Tribunal con fecha 27 de diciembre de 2019, oportunidad en la que se merituó existencia de peligros procesales” y señaló que esa disposición está firme.

En ese sentido, expuso que “la excarcelación pretendida se enmarca en lo dispuesto por el artículo 170 del Código Procesal Penal, resulta necesario que la parte invoque y acredite la existencia de circunstancias excepcionales que permitan inferir que los peligros procesales que justificaron la medida de coerción han desaparecido”.

La jurisprudencia

Ante lo cual, el doctor Cini citó lo resulto en la causa “Labrin Ariel David s/ Excarcelación Extraordinaria”, donde se argumentó que “cuando se imputa un delito que supera el límite impuesto en el artículo 169, inciso 1 del Código Procesal Penal, la inexcarcelabilidad del mismo, se sustenta en esa presunción de la ley, que obviamente pesa sobre el imputado”.

Y esa jurisprudencia analizó que “esta presunción adversa está dirigida a todos los habitantes en general sin discriminar en absoluto acerca de ciudadanos con o sin familia, con mayor o menor contracción al trabajo, con buen o mal concepto vecinal o laboral, con mayor o menor grado de instrucción, etc. Pues la sociedad se compone de individuos que ofrecen parcial o totalmente todo ese abanico de características, las que conviene destacar, en su parte positiva resultan condiciones ordinarias, comunes, no superlativas y propias de la mayoría de los habitantes”.

“De aquí se sigue que aunque una persona reúna alguna o todas las particularidades enumeradas en sus aspectos positivos, y a la misma se le atribuya un delito conminado con una pena mayor a ocho años de prisión, ha de pesar sobre ella la presunción adversa e impeditiva de la excarcelación ordinaria establecida por el legislador, pues como ya se dijo, la misma ha sido fijada erga omnes, y sin distinciones”, remató.

En ese sentido, la resolución mencionada avaló que para otorgar la excarcelación extraordinaria “las condiciones personales del imputado, y cualquier otra circunstancia que se considere relevante, tienen que ser distintas, con claros signos de excepcionalidad y cualitativamente superiores a las comunes, generales y ordinarios que no resultan en sí un obstáculo para el imperio de la presunción legal de eludir la acción de la Justicia, nacida de la magnitud de la pena amenazada”.

Luego los antecedentes, el juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal concluyó que “las circunstancias invocadas por el recurrente –comportamiento, arraigo, familia comprometida, acompañamiento de sus compañeros de trabajo y de parte de la comunidad de Tandil- no tienen individualmente ni en su valoración conjunta entidad para socavar los peligros procesales que justificaron la medida de coerción dictada”.

En la misma línea, marcó que “tampoco los garantes personales ofrecidos tienen aptitud para asegurar la sujeción del causante al proceso, toda vez que, teniendo en cuenta los peligros procesales analizados y dado que en autos se analiza la procedencia de una excarcelación extraordinaria a fin de que Rosso transite el proceso en libertad, dichas personas no tendrían un control continuo y permanente de los movimientos del encausado a diferencia de lo que eventualmente podría ocurrir en el instituto de la morigeración”.

Tras su exposición, afirmó que “la medida de coerción dispuesta se observa necesaria para resguardar los fines del proceso”, pero también reparó en que Rosso fue detenido el 21 de octubre de 2019, por lo cual “la restricción de la libertad impuesta aún resulta proporcional a la luz de la escala penal aplicable”.

Sobre la mediatizada causa por abuso, Martín Rosso, padre del profesor de teatro recluido desde hace varios meses en Barker, se acercó días pasados al Juzgado de Garantías 2 de la ciudad para solicitar que se expida acerca del otorgamiento de la prisión domiciliaria en beneficio de su hijo, pedida el pasado 15 de enero por la defensa a cargo de la abogada Patricia Perelló.

Según se pudo saber, en el lugar, el secretario confirmó que para expedirse sobre el tema esperaban la resolución de la Cámara de Apelaciones de Azul en relación al pedido de excarcelación, resolución que ahora se conoció (ver página 6) y así evitar superposiciones entre las diferentes instancias judiciales.

Sin embargo, la abogada de Rosso afirmó que “son dos figuras totalmente diferentes. El arresto domiciliario se computa como prisión para cualquier medida, en cambio la excarcelación es libertad”. “Son dos cosas que no tiene nada que ver una con la otra”, profundizó Perelló.

Según se confió , la defensa del imputado presentará una denuncia ante el órgano de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia bonaerense por “mal desempeño funcional y dilación injustificada de términos procesales ante un pedido de libertad, por parte de la jueza Dra. Stella Maris Aracil”.

Resguardo de la integridad física 

Los progenitores de Rosso expresaron su preocupación por la ausencia de definiciones sobre la suerte que corre su hijo, quien está encarcelado de manera preventiva desde hace cinco meses. En el contexto actual, de una eventual propagación masiva del virus que tiene en vilo al mundo y al país en aislamiento preventivo, los padres del detenido mostraron su consternación por las condiciones sanitarias de los penales y el hacinamiento registrado en las unidades carcelarias, caldo de cultivo para el contagio.

En este sentido, Martín Rosso manifestó la “profunda preocupación” que tienen por la “salud e integridad física de Juan, porque hoy depende de la insensibilidad de la jueza Aracil, que no responde este pedido hace más de un mes”.

Natalia Gargiulo, madre del joven detenido, dijo que “si a Juan le pasa algo, la hago directamente y públicamente responsable a la jueza Stella Maris Aracil” .

La causa del docente detenido tras haber sido acusado de abuso en un jardín de infantes, Juan Rosso, sigue sumando páginas. Este miércoles, Martín Rosso, padre del profesor de teatro recluido desde hace varios meses en Barker, se acercó al Juzgado de Garantías 2 de la ciudad para solicitar que se expida acerca del otorgamiento de la prisión domiciliaria en beneficio de su hijo, pedida el pasado 15 de enero por la defensa a cargo de la abogada Patricia Perelló.

Según se pudo saber, en el lugar, el secretario confirmó que para expedirse sobre el tema esperan la resolución de la Cámara de Apelaciones de Azul en relación al pedido de excarcelación, y así evitar superposiciones entre las diferentes instancias judiciales.

Sin embargo, la abogada de Rosso afirmó que “son dos figuras totalmente diferentes. El arresto domiciliario se computa como prisión para cualquier medida, en cambio la excarcelación es libertad”. “Son dos cosas que no tiene nada que ver una con la otra”, profundizó Perelló.

Por su parte, adelantó que van a presentar un escrito, tal estaba previsto, para que la magistrada Stella Maris Aracil resuelva la solicitud, porque no hay ningún tipo de contradicción. “La jueza de garantías actúa de manera reticente, circunstancia de intolerable gravedad institucional”, aseveró.

Por estas horas, la defensa del imputado presentará una denuncia ante el órgano de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia bonaerense por “mal desempeño funcional y dilación injustificada de términos procesales ante un pedido de libertad, por parte de la jueza Dra. Stella Maris Aracil”.

Resguardo de la integridad física 

Los progenitores de Rosso expresaron su preocupación por la ausencia de definiciones sobre la suerte que corre su hijo, quien está encarcelado de manera preventiva desde hace cinco meses. En el contexto actual, de una eventual propagación masiva del virus que tiene en vilo al mundo y al país en aislamiento preventivo, los padres del detenido mostraron su consternación por las condiciones sanitarias de los penales y el hacinamiento registrado en las unidades carcelarias, caldo de cultivo para el contagio.

En este sentido, Martín Rosso manifestó la “profunda preocupación” que tienen por la “salud e integridad física de Juan, porque hoy depende de la insensibilidad de la jueza Aracil, que no responde este pedido hace más de un mes”.

Natalia Gargiulo, madre del joven detenido, dijo que “si a Juan le pasa algo, la hago directamente y públicamente responsable a la jueza Stella Maris Aracil” .

Sin respuesta 

El pedido de prisión domiciliaria fue efectuado en carácter subsidiario de la excarcelación que  la letrada que lleva adelante la defensa de Rosso, solicitó el 15 de enero. Si bien la excarcelación fue denegada en primera instancia, está tramitándose en la Cámara de Apelaciones de Azul y pronto habría novedades en esta dirección.

La jueza Aracil abrió en ese entonces un incidente para tramitar el arresto domiciliario; se llevaron a cabo los estudios socioambientales correspondientes y las audiencias con los tutores, que resultaron favorables. En este caso, los tutores ofrecidos son Martín Rosso, padre del detenido, y Mario Valiente, el actual decano de la Facultad de Arte de la Unicen. Pese a haberse cumplido con éxito los requerimientos exigidos, más de dos meses después siguen aguardando definiciones por parte de la Justicia.

La instrucción penal preparatoria por el presunto caso de abuso sexual a un niño en el Jardín de Infantes 901 sumó otro entuerto a partir de la disposición de la fiscalía, con fecha concreta para la semana próxima, de proceder a las pericias psicológicas y psiquiátricas al profesor de teatro que continúa detenido. La defensa de Juan Martín Rosso presentó, ante el Juzgado de Garantías 2, un escrito con el que se opuso a la medida de prueba. En tanto, el particular damnificado apoyó la solicitud del instructor y adelantó la impugnación de los peritos de parte.

El doctor Ignacio Calonje, a cargo de la Unidad de Instrucción Fiscal Especial (UFIE) en Violencia Institucional, dispuso pericias psicológicas y psiquiátricas al profesor de teatro que se encuentra detenido por un presunto caso de abuso sexual a un alumno del Jardín 901. En tanto, se notificó a la doctora Patricia Perelló, quien asumió la defensa del docente, que las entrevistas se realizarán el 17 y 18 de marzo próximo, desde las 9, en la sede de la Asesoría Pericial de Azul, y estarán a cargo de la licenciada María Eugenia Navarro.

Notificadas las partes, la abogada marplatense presentó un escrito ante el Juzgado de Garantías 2, a cargo de la magistrada Stella Maris Aracil, para comunicar la oposición a la realización de las pericias y solicitar que se dejen sin efecto.

En tanto, el particular damnificado Juan Carlos O’Brien adhirió a las pericias pedidas por el fiscal Calonje e impugnó la designación de los peritos de parte que la defensa había presentado durante la instrucción, en tanto le reclamó a la jueza Aracil que rechace la moción de la doctora Perelló.

“Impertinencia” y “autoincriminación”

En conclusión, la defensa de Rosso fundamentó la “impertinencia” de la medida de prueba, aunque destacó “la directa afectación que tienen estas pericias a la garantía constitucional de prohibición de autoincriminación forzosa”, por tanto dejó expreso que “nos oponemos a la realización de las pericias psicológicas y psiquiátricas ordenadas por el señor fiscal, y vamos a solicitar a vuestra señoría que las deje sin efecto”. En tanto, argumentó razones constitucionales y procesales, y pidió que se abstenga de ordenar el comparendo del imputado a las citas previstas.

Patricia Perelló consignó que las medidas van en contra de la voluntad del imputado y sostuvo que le comunicaron la “férrea oposición” al fiscal interviniente. En tanto, aseveró que obligar a Rosso a comparecer implica que “sea sujeto a preguntas e interpretaciones subjetivas, indagando sobre su personalidad y los hechos materia de juzgamiento”, lo que “importa un claro avasallamiento a la garantía que lo protege de declarar en su contra, razón por la cual, y por consejo de su defensa, el mismo no consentirá la realización de dichas entrevistas”.

En tanto, amparada en su experiencia profesional, afirmó que “estas prácticas forenses sistemáticamente indagan sobre los hechos materia de la investigación aún cuando ello les está prohibido, exponiendo a los acusados a dar su versión de lo acontecido, lo que es mayoritariamente interpretado en su contra, como actitudes ‘negadoras’ o bien ‘tendientes a dar una buena impresión de sí mismos’. A su vez los peritos oficiales suelen tener de antemano conocimiento del expediente, lo que importa que tengan una visión sesgada del caso”.

Desde esa óptica, citó que la prohibición de autoincriminación forzosa está legalmente estatuida en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que dice que “nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”.

Tras mencionar tratados internacionales, pidió que se tenga en cuenta que Rosso declaró en indagatoria, “por lo que el fiscal ya puede tener una idea de cuál es el estado anímico que refleja”.

Asimismo, reseñó que los abordajes psicológicos deberán iniciarse con el consentimiento del paciente y recalcó que Rosso no consintió la intervención ordenada por el fiscal.

En términos procesales, rechazó los puntos de pericia que solicitó el fiscal, donde “se vislumbra su absoluta impertinencia a los fines de la investigación del ilícito en cuestión, como así también se evidencia un absoluto desconocimiento en la materia y la finalidad de las entrevistas forenses encomendadas”.

“Derecho penal de autor”

En tanto, acusó a Calonje de ejercer un “derecho penal de autor, absolutamente repugnante con los principios del Código Penal Argentino”, y puntualizó que “se pretende indagar acerca de la estructura psíquica del señor Rosso y sus características de su personalidad, como si ello tuviera o pudiera tener alguna correlación con los hechos materia de denuncia”.

Además, expuso que “nuestro ordenamiento legal prohíbe cualquier tipo de coacción tendiente a obtener una comunicación del imputado (ya sea escrita, verbal, gestual). El imputado debe ser tratado como ‘sujeto de prueba’ y no como ‘objeto de prueba’, lo cual impide obligarlo a realizar una conducta de cooperación para aportar pruebas, como sería someterse a una pericia psicológica o psiquiátrica aportando información, a realizar un cuerpo de escritura, o la reconstrucción de un hecho o a aportar prueba inclinante”.

Evitar “demoras”

Por su parte, el particular damnificado ratificó las pericias ordenadas sobre Juan Martín Rosso, y argumentó la importancia de evitar demoras en la tramitación de la causa, a partir de priorizar el interés superior del niño y la celeridad que deben revestir los procesos de este tipo.

Al mismo tiempo, impugnó la designación de los peritos de parte nombrados por la defensa, que “pretende condicionar su actuación”, situación que “violentaría la garantía de imparcialidad y objetividad con que deben desarrollar su labor, viciando cualquier dictamen”.

En tanto, el doctor Juan Carlos O’Brien remarcó que la defensa carece de “fundamento razonable” para oponerse a las pericias, lo que “constituye un evidente  perjuicio contra la obtención de la verdad material”.

La Comisión Directiva de ADUNCe (Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Nacional del Centro) manifestó a través de un comunicado su preocupación ante la situación que está atravesando el docente Juan Martín Rosso.

En el texto, se señaló que Rosso es egresado de la Escuela Nacional Ernesto Sábato y graduado de la Facultad de Arte, ambas instituciones pertenecientes a la Unicen. Además, se desempeñó como docente en instituciones dependientes de la DGDEyC y de reciente incorporación como Ayudante ad honorem en la Facultad de Arte.

“Estas falsas denuncias a docentes por abuso a niñas y niños, cada vez más numerosas en nuestro país, nos mantienen en alerta y nos posicionan siempre del lado de la Verdad y la Justicia. Como colectivo docente consideramos ineludible la necesidad de alzar nuestras voces ante este tipo de hechos tan graves como aberrantes. Falsas denuncias que provocan condenas sociales generadas a partir del tratamiento que algunos medios de comunicación elaboran sobre el tema, a lo que debe sumarse el peso de las redes sociales como formadoras de opinión”, analiza el escrito.

Padres de un niño de cuatro años denunciaron por abuso sexual a un profesor del Jardín 901

La comisión directiva gremial decidió plasmar estas palabras, evidenciando su consternación ante creciente judicialización de los vínculos educativos: “Esto deja entrever el aumento de la desconfianza hacia quienes estamos al servicio de la educación formal de las niñas, niños y estudiantes. Este clima de sospecha generalizada provoca que las y los trabajadores de la educación debamos protegernos de manera casi permanente del enjuiciamiento social, debiendo dar justificación y más justificación, a cada una de las prácticas que nuestro marco profesional avala. Consideramos imperiosa la necesidad que se garantice el resguardo y la protección que asiste a cada docente, tanto a nivel institucional, como también, desde lo normativo jurídico-administrativo”, refiere el comunicado.

Por último, reclamaron que “se ponga freno a esta creciente paranoia: el atropello y el cuestionamiento infundado por el que atraviesa nuestro colectivo, conduce, indefectiblemente, al deterioro del vínculo escolar y tendrá consecuencias irreparables para las generaciones futuras. Por el docente y el niño, que la Justicia investigue para llegar a la verdad”. 

La defensa del docente acusado de abuso en el Jardín 901 apelará el rechazo de la excarcelación

Tras conocerse que la jueza de Garantías Stella Maris Aracil decidió rechazar el pedido de excarcelación extraordinaria efectuado en favor de Juan Martín Rosso, el docente detenido desde octubre pasado por el presunto abuso en el Jardín 901, la defensa del imputado recurrirá la resolución ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental de la ciudad de Azul. No obstante, todavía queda por resolverse el subsidio de la prisión domiciliaria que ya está en trámite.

La abogada Patricia Perelló, quien ejerce el patrocinio legal del docente, solicitó la semana pasada la libertad del acusado basándose en las directivas de la  Suprema Corte de Justicia provincial orientadas a limitar el abuso de las prisiones preventivas, y alegando la nulidad de riesgo procesal en el expediente que se sigue contra el profesor de teatro, caratulado como “Abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser el autor el encargado de la educación”.

Por su parte, la magistrada a cargo dijo que no se advierte de las constancias de la causa ni que la defensa ha acreditado – a este momento-  la existencia de circunstancias de relevancia y especialidad  – “motivos extraordinarios”- que permitan la operatividad del artículo citado; y, por otra parte las “particularidades que las letradas pretenden hacer valer como neutralizante del peligro procesal no logran superar el marco de normalidad, ajeno a los requisitos de la excarcelación extraordinaria por lo que se impone denegar la petición de excarcelación”.

Los argumentos de la defensa

En comunicación telefónica con El Eco de Tandil, Perelló explicó que “la libertad tendría que ser el principio, la prisión preventiva es la detención  de una persona que goza de un principio de inocencia”.

Además, remarcó que la jueza no hace alusión alguna al pedido de la Corte citado  y detalló que las leyes vigentes establecen  la excarcelación ordinaria  para delitos que prevén penas de hasta 8 años, y extraordinaria  para cualquier pena si las condiciones personales del imputado permite que esté en libertad.

“En este caso las condiciones  personales de Juan Rosso son de libro para darle la excarcelación extraordinaria: tiene arraigo, familia, trabajo, una fuerte vinculación comunitaria. Le preguntaría a la doctora Aracil, en los largos años de profesión, cuántas veces dio excarcelación extraordinaria y quién considera ella que está comprendido en el artículo 170 del Código Procesal Penal de la Provincia, porque de acuerdo a su criterio la excarcelación extraordinaria debería derogarse”, expuso.

Según afirmó la letrada, la jueza planteó que la psicología  humana tiende a que la persona no acepte estar privada de su libertad y en consecuencia existiría un peligro de fuga del imputado o entorpecimiento de la causa.

Al respecto, argumentó que el profesor de teatro detenido el 21 de octubre fue denunciado a principios de julio y durante todo ese tiempo permaneció en libertad, sin generar inconvenientes.

“El fundamento es absurdo. Ignora además los fallos que dicen que el hecho de la pena en expectativa no es motivo para denegarla. No hay ningún argumento, sólo la falta de coraje, el no animarse a cumplir con la Corte y dejar en libertad a una persona que no merece quedar detenida, que la detuvieron antes de que pudiera dar una explicación de lo sucedido”, se explayó.

La apelación

Ante este revés judicial, la defensa interpondrá  en la Cámara de Apelación un recurso ampliando lo expresado ante el Juzgado de Garantías 2 y utilizando también el recurso presentado por el defensor oficial Leonel Calles, anterior abogado oficial de Rosso, frente al mismo organismo, en ocasión de que ratificaran la prisión preventiva a fines de diciembre.

“Es un proceso totalmente viciado, nunca he visto los atropellos del uso de elementos que ni siquiera son probatorios, en algún momento alguien va a poner las cosas en orden. Ahora se tiene que resolver el arresto domiciliario y Apelaciones la libertad de Juan”, subrayó la abogada.

Vale reseñar que la causa aún está en la etapa de Investigación Penal Preparatoria y aún no fue elevada a juicio. En ese sentido, la defensora destacó que debe verse si se confirma o no la elevación a juicio, instancia que a su criterio no debería tener lugar y debería resolverse por otras vías. No obstante, consideró que  “si hay que hacerlo, habrá que ir a juicio y mostrar todo escenificado en un debate oral. Todo puede suceder porque estamos ante una justicia muy particular, lo que debería suceder y lo que efectivamente sucede son cosas muy diferentes”.

“Debería tener la excarcelación y no la tiene, debería haberse acatado lo que dice la Corte y no se acató”, indicó.

Arresto domiciliario

La jueza Aracil abrió un incidente para tramitar  el arresto domiciliario, que fue solicitado por primera vez desde que Juan Martín Rosso fue apresado, el 21 de octubre.

Perelló señaló que  normalmente se efectúa un  informe socioambiental del domicilio donde se ofrece que la persona resida y se fija una audiencia  donde comparecen las personas elegidas como tutores. En este caso son Martín Rosso, padre del detenido, y Mario Valiente, el actual decano de la Facultad de Arte de la Unicen. La magistrada deberá escucharlos y posteriormente resolver la concesión o no de este beneficio, definición que debería llegar en los próximos días.

“Locura social”

La abogada oriunda de Mar del Plata se especializa en representar a docentes acusados de abusos desde hace 19 años y aseguró que “hay un molde” porque  siempre son idénticas circunstancias las que operan en todos los casos.

En ese punto, dictaminó que “en algún momento se va a terminar con las denuncias falsas de abuso que destruyen a docentes, niños y el vínculo docente-alumno”.

“Prejuicios de los padres, malas interrogaciones a los menores, chicos de muy corta edad a los cuales es muy fácil  co-construirles un discurso con preguntas inapropiadas, prejuicios e ignorancia de los jueces. La formación de los jueces es muy importante porque es un tipo de delito en el que toman la prueba de cualquier manera;  si el chico no dice lo que quieren usan los dichos del padre, si no les  sirven usan los de la terapeuta particular. Despierta tantos demonios que es incontrolable, es una locura social”, sentenció.

Tras conocerse que la jueza de Garantías Stella Maris Aracil decidió rechazar el pedido de excarcelación extraordinaria efectuado en favor de Juan Martín Rosso, el docente detenido desde octubre pasado por el presunto abuso en el Jardín 901, la defensa del imputado recurrirá la resolución ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental de la ciudad de Azul. No obstante, todavía queda por resolverse el subsidio de la prisión domiciliaria que ya está en trámite.

La abogada Patricia Perelló, quien ejerce el patrocinio legal del docente, solicitó la semana pasada la libertad del acusado basándose en las directivas de la  Suprema Corte de Justicia provincial orientadas a limitar el abuso de las prisiones preventivas, y alegando la nulidad de riesgo procesal en el expediente que se sigue contra el profesor de teatro, caratulado como “Abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser el autor el encargado de la educación”.

Por su parte, la magistrada a cargo dijo que no se advierte de las constancias de la causa ni que la defensa ha acreditado – a este momento-  la existencia de circunstancias de relevancia y especialidad  – “motivos extraordinarios”- que permitan la operatividad del artículo citado; y, por otra parte las “particularidades que las letradas pretenden hacer valer como neutralizante del peligro procesal no logran superar el marco de normalidad, ajeno a los requisitos de la excarcelación extraordinaria por lo que se impone denegar la petición de excarcelación”.

Los argumentos de la defensa

En comunicación telefónica con El Eco de Tandil, Perelló explicó que “la libertad tendría que ser el principio, la prisión preventiva es la detención  de una persona que goza de un principio de inocencia”.

Además, remarcó que la jueza no hace alusión alguna al pedido de la Corte citado y detalló que las leyes vigentes establecen  la excarcelación ordinaria  para delitos que prevén penas de hasta 8 años, y extraordinaria  para cualquier pena si las condiciones personales del imputado permite que esté en libertad.

“En este caso las condiciones  personales de Juan Rosso son de libro para darle la excarcelación extraordinaria: tiene arraigo, familia, trabajo, una fuerte vinculación comunitaria. Le preguntaría a la doctora Aracil, en los largos años de profesión, cuántas veces dio excarcelación extraordinaria y quién considera ella que está comprendido en el artículo 170 del Código Procesal Penal de la Provincia, porque de acuerdo a su criterio la excarcelación extraordinaria debería derogarse”, expuso.

Según afirmó la letrada, la jueza planteó que la psicología  humana tiende a que la persona no acepte estar privada de su libertad y en consecuencia existiría un peligro de fuga del imputado o entorpecimiento de la causa. Al respecto, argumentó que el profesor de teatro detenido el 21 de octubre fue denunciado a principios de julio y durante todo ese tiempo permaneció en libertad, sin generar inconvenientes.

“El fundamento es absurdo. Ignora además los fallos que dicen que el hecho de la pena en expectativa no es motivo para denegarla. No hay ningún argumento, sólo la falta de coraje, el no animarse a cumplir con la Corte y dejar en libertad a una persona que no merece quedar detenida, que la detuvieron antes de que pudiera dar una explicación de lo sucedido”, se explayó.

Arresto domiciliario

La jueza Aracil abrió un incidente para tramitar el arresto domiciliario, que fue solicitado por primera vez desde que Juan Martín Rosso fue apresado.

Perelló señaló que  normalmente se efectúa un  informe socioambiental del domicilio donde se ofrece que la persona resida y se fija una audiencia  donde comparecen las personas elegidas como tutores. En este caso son Martín Rosso, padre del detenido, y Mario Valiente, el actual decano de la Facultad de Arte de la Unicen. La magistrada deberá escucharlos y posteriormente resolver la concesión o no de este beneficio, definición que debería llegar en los próximos días.

El caso del docente de teatro Juan Martín Rosso, encarcelado desde octubre pasado e imputado por abuso sexual gravemente ultrajante cuando ejercía su rol docente en el Jardín 901, continúa su derrotero. La defensa del joven, asumida por la abogada Patricia Perelló, presentó ayer ante el Juzgado de Garantías 2 un pedido de excarcelación extraordinaria con subsidio de prisión domiciliaria para obtener la libertad del profesor.

Tras efectuar la presentación judicial, la letrada –que cobró notoriedad pública hace más de 30 años cuando defendió a Carlos Monzón en el juicio por el femicidio de Alicia Muñiz y que posee una vasta trayectoria en casos de denuncias a docentes- explicó los fundamentos de su solicitud y cuestionó duramente al sistema judicial.

Perelló detalló que a fines del año pasado, la Suprema Corte de Justicia provincial y el Procurador dieron directivas y exhortaron a los jueces a usar las prisiones preventivas como una cuestión de última ratio (última razón) y no como una norma habitual.

“Ahora se ha colapsado el sistema carcelario por el abuso que hacen los magistrados de la prisión preventiva. Se tiene que dejar para los casos de peligrosidad procesal acreditada y en este caso, es absolutamente inexistente; Juan Rosso jamás debería haber estado detenido, pero siempre estuvo a derecho”, sostuvo.

La denegación del pedido anterior 

La defensora calificó como “atropellos” las derivaciones que tuvo la causa y remarcó que debería anularse todo el proceso debido a los errores y omisiones cometidos por los responsables de hacer las investigaciones pertinentes, a su criterio orientados a buscar un culpable y chivo expiatorio en la figura de Juan Rosso.

Con un expediente judicial iniciado en julio de 2019, la jueza Stella Maris Aracil, a cargo del Juzgado de Garantías 2, resolvió el 19 de noviembre convertir en prisión preventiva la detención de Rosso. De ese modo, había respondido de manera favorable al pedido del fiscal José Ignacio Calonje, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción Especializada en Violencia Institucional.

La Cámara de Apelaciones de Azul denegó hace menos de un mes “por improcedente” el recurso interpuesto por la defensa, a cargo en ese entonces de Leonel Calles, y decidió “confirmar la resolución impugnada en cuanto dispone la prisión preventiva de Juan Martín Rosso, por considerarlo probable autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser el autor el encargado de la educación (artículo 119 segundo párrafo y cuarto párrafo inciso B del Código Penal)”.

Los argumentos de la defensa 

El patrocinio legal del acusado hizo foco en las inconsistencias  y omisiones del expediente. Ese sentido, alegó que no existe en la causa prueba alguna que ubique a Juan Martín Rosso en el día y lugar del supuesto hecho, ni tampoco prueba fehaciente del abuso denunciado. Esto sumado a que no se llamó a la totalidad del personal de la institución a declarar y la manipulación de las declaraciones de los niños en la Cámara Gesell, son los argumentos esgrimidos por la parte acusada para desestimar que el profesor haya cometido el abuso que se le endilga.

“Cuando los chicos dicen una cosa les creen a los padres, no les creen a los docentes. No creer es valorativo, pero ignorar a los docentes que son los testigos naturales del funcionamiento de un establecimiento es demasiado”, apuntó.

Y señaló: “Son muy fuertes los prejuicios y el desconocimiento de cómo se prueban los hechos. Hay que escuchar a los testigos, no escuchar el propio prejuicio, ni lo que piden los padres o la sociedad. Vivimos en una sociedad perversa e irreflexiva”.

“Pánico moral” 

La abogada manifestó algo que ya la familia del menor implicado había expuesto públicamente y se detuvo en los antecedentes de abuso en el núcleo familiar del pequeño.

“No se tiene en consideración la visión sesgada de una persona abusada, que todo lo que ve lo relaciona con el abuso. Estamos viviendo el pánico moral, la falsa creencia de que nos acecha un mal que es el abuso en el jardín y esto no es verdad. Se interroga mal a los niños, los chicos dicen algo diferente a lo que sus padres dicen, en las redes sociales se viraliza el pánico y se distorsiona”, recapituló.

“Es un joven que empezaba su carrera y es tremendo que esté detenido, está también la muerte de su abuelo, que yo no imputo a esta causa, pero lo agravó y mató lo que le sucedió a su nieto”, remarcó.

Denuncias a docentes 

Perelló forma parte del Consejo Consultivo de la Defensoría de los Docentes en la Provincia y aseveró que se producen  cuatro o cinco denuncias falsas por día de abusos en jardines de infantes del territorio bonaerense, consignando que se han relevado cerca de 200 casos similares y que la mayoría involucra a profesores de música, educación física y teatro, con patrones que se repiten de manera preocupante.

Sobre los testimonios de los menores que declararon en Cámara Gesell y de los que la Justicia se sirvió para dictaminar la detención de Rosso, la abogada expuso que son producto de la inducción y la coconstrucción del relato. Aclaró que sólo leyó las transcripciones pero que aguarda poder ver las filmaciones para analizar los gestos y reacciones de los niños.

En ese punto, se explayó y explicó que cuando un padre o madre cree detectar una situación abusiva, comienza a actuar sobre el menor, motivado por la alarma que suscita en su inconsciente lo vinculado a la sexualidad.

“Someten a los niños a interrogatorios inapropiados y reiterados, hasta lograr la respuesta deseada: la confirmación de una situación de abuso. Ante esta modalidad de interrogatorio, los niños de corta edad responden queriendo complacer a sus padres, tratando de calmar así su ansiedad. Estos padres inmediatamente se comunican con el resto de los progenitores de los compañeros de sus hijos, y desatan una verdadera campaña que arde al calor de la incapacidad de reflexión”, enunció.

“El tema abuso y niños despierta todos los prejuicios de una manera inconsciente, pero los jueces tienen que actuar de otra manera. Despojarse de los prejuicios y de la falta de coraje porque se cometen injusticias”, cerró.

El caso del docente de teatro Juan Martín Rosso, encarcelado desde octubre pasado e imputado por abuso sexual gravemente ultrajante cuando ejercía su rol docente en el Jardín 901, continúa su derrotero. La defensa del joven asumida por la abogada Patricia Perelló presentó ayer ante el Ministerio Público Fiscal un pedido de excarcelación extraordinaria con subsidio de prisión domiciliaria para obtener la libertad del profesor.

Tras efectuar la presentación judicial, la letrada –que cobró notoriedad pública hace más de 30 años cuando defendió a Carlos Monzón en el juicio por el femicidio de Alicia Muñiz y que posee una vasta trayectoria en casos de falsas denuncias a docentes- explicó los fundamentos de su solicitud y cuestionó duramente al sistema judicial.

“Ahora se ha colapsado el sistema carcelario por el abuso  que hacen los magistrados de la prisión preventiva. Se tiene que dejar para los casos de peligrosidad procesal acreditada y en este caso es absolutamente inexistente;  Juan Rosso jamás debería haber estado detenido, pero siempre estuvo a derecho”, sostuvo.

La defensora calificó como “atropellos” las derivaciones que tuvo la causa y remarcó que debería anularse todo el proceso debido a los errores y omisiones cometidos por los responsables de hacer las  investigaciones pertinentes, a su criterio orientados a buscar un culpable y chivo expiatorio en la figura de Juan Rosso.

“Cuando los chicos dicen una cosa les creen a los padres, no les creen a los docentes. No creer es valorativo, pero ignorar a los docentes que son los testigos naturales del funcionamiento de un establecimiento es demasiado”, apuntó.

Y señaló: “Son muy fuertes los prejuicios y el desconocimiento de cómo se prueban los hechos. Hay que escuchar a los testigos, no escuchar el propio prejuicio, ni lo que piden los padres o la sociedad. Vivimos en una sociedad perversa e irreflexiva”.

Ayer fue el cumpleaños de Juan Martín Rosso, detenido por presunto abuso en el Jardín de Infantes 901, y como no fue día de visitas, familiares, amigos y parte de la comunidad en general decidieron iniciar una nueva cruzada pública en su defensa.

Para eso, se juntaron ayer, a la mañana y al atardecer, en la Glorieta de la Plaza Independencia y de allí salieron por el centro a repartir volantes reclamando por la inocencia y libertad de Juan. En los folletos compartieron fragmentos de las declaraciones arrojadas por los niños en la Cámara Gesell.

De esta manera, expusieron cuestiones que hacen a la inocencia del acusado como la diferenciación “Juan no es Ariel”, postulada ante la respuesta de uno de los alumnos que mencionó el nombre del profesor de Educación Física, en vez del de Teatro.

Mientras que en otro papel remarcaron que el detenido solamente compartió una clase de media hora con esos chicos, mientras que en un extracto de confesión un pequeño sostiene que al maestro en cuestión lo conocían hace mucho tiempo.

Los padres de Juan, Martín Rosso y Natalia Gargiulo, sostuvieron la convicción de que hay líneas de investigación que no se tuvieron en cuenta al momento de hacer la detención.

“La idea es visibilizar la otra parte, porque siempre hemos sido muy correctos, tratando de que la Justicia trabaje como corresponde, pero indudablemente hay falencias y no se investigó como se debía”, explicó la mamá, recordando que ya hace tres meses que está privado de su libertad.

En este sentido, demandaron que se haga justicia para los dos lados, ya que si hay un inocente preso, consideraron que “si se cometió tal delito”, el que lo hizo está afuera.

Por otro lado, hoy, a las 12.30, en el juzgado de Uriburu 750, la doctora Patricia Perelló, como abogada de Juan Martín Rosso, presentará el pedido de excarcelación y hará una rueda de prensa. Según contaron, “es una especialista en estos temas” y será ella quien de aquí en adelante se haga cargo de la causa.

Declaraciones en las Cámaras

Martín Rosso recordó la secuencia y mencionó que hubo cuatro Cámara Gesell. “En la primera sí nombra a Juan, pero asegurando que se trata de un profesor que conoce hace mucho tiempo, cuando en realidad él tuvo una clase de media hora con ellos”, explicó. Al respecto, consideró que el chico fue inducido a creer eso, porque en la primera denuncia los padres no mencionan el nombre de ningún docente, agregando más tarde el del “nuevo” que era Juan. “Ahí se empieza a instalar su nombre”, aseguró.

En la segunda entrevista, contó que la melliza del niño dijo que no hubo “tocamiento” sino un “chirlo”. Mientras que sostuvo en la tercera, también una niña, solamente manifestó que le mintió a su mamá y se largó a llorar sin poder continuar con la declaración. En la última Cámara, al niño le muestran cuatro fotos entre las que estaba el rostro de Juan, el niño lo señala confirmando que trabajaba en el jardín, pero advirtiendo que no había sido él, sino el profesor de educación física.

“Tres veces lo nombra”, destacó Rosso, lamentando que nunca hayan llamado a ese maestro ni investigado a la familia, cuando “está comprobado que el 80 por ciento de los casos suceden en el ámbito intrafamiliar”.

Entre otros datos que consideraron importantes, mencionaron el hecho de que el niño le haya manifestado a sus padres dolor en la cola el martes a la noche, mientras que Juan dio clases el lunes. Descreen, entonces, que el chiquito haya pasado casi dos días con ese dolor, de hecho en la declaración ratifican como fecha del hecho el martes 2 de julio. Se suma también que la revisación en el Hospital no arrojó marcas o lesiones de ningún tipo.

Recordaron, además, que en su declaración las maestras confirman que el acusado nunca fue al baño con los chicos, dato que no se tuvo en cuenta. “Se están basando en los testimonios de las madres, ni siquiera en la Cámara Gesell, y ellas no fueron testigo de nada”, cuestionaron.

Por otra parte, hicieron hincapié en que no están acusando a nadie, pero que sí lucharán insistentemente clamando justicia por su hijo. “No estamos diciendo que Ariel es un abusador, es más, creemos que no hay ningún delito, que cada uno saque sus propias conclusiones”, desprendió Gargiulo.

Insistieron en que quede claro que ellos no están acusando ni a la familia ni a Ariel, sino que apuntan a la Justicia, que trabajó “con lo que le convino, para encontrar un culpable rápido y sacarse la presión de encima”.

En este sentido, develaron que su hijo ni quiera fue expuesto a un análisis o test psicológico, siendo la persona que acusan.

“Juan está bien”

Menos martes y miércoles, las visitas pueden realizarse cualquier día, pero como su cumpleaños cayó martes decidieron que la visibilización de la lucha era la forma de sentirse cerca. “Queremos que esta energía que hay puesta en él le llegue y le haga bien”, dijo la mamá.

Los progenitores enfatizaron que anímicamente “Juan está bien. El traspasa los barrotes y las rejas, nos está enseñando a vivir esta experiencia con una dignidad y fortaleza increíbles”, contaron con orgullo los docentes.

Según compartieron, va tratando de aliviar sus días escribiendo y leyendo mucho, aprendiendo a convivir lo que le toca con mucha dignidad. “Por eso hoy estamos acá fortalecidos”, exclamaron mientras seguían repartiendo volantes, asegurando que no es solamente la comunidad artística quien lo respalda, sino que el apoyo se siente de todos lados.

En la víspera, la titular del Juzgado de Garantías 2, doctora Stella Maris Aracil, resolvió convertir en prisión preventiva la detención del profesor de teatro Juan Martín Rosso. Como se ha informado desde estas páginas, el docente es investigado por el presunto abuso sexual a un niño de 4 años que habría ocurrido en el Jardín de Infantes 901, el 1 de julio pasado.

Ayer, minutos después de las 14, la magistrada notificó al fiscal José Ignacio Calonje, a cargo de la UFIE en Violencia Institucional, y al defensor oficial Leonel Calles, quien representa al detenido.

En la resolución, la doctora Aracil resolvió convertir en prisión preventiva la detención de Juan Martín Rosso, el profesor de teatro de 28 años, que había sido aprehendido el 21 de octubre pasado en Olavarría, a donde había viajado a dictar clases.

La jueza de Garantías consideró a Rosso “prima facie” autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización, agravado por ser cometido por la persona encargada de la educación en los términos del artículo 119 párrafos segundo y cuarto inciso b del Código Penal, por el hecho cometido en Tandil, el 1 de julio de 2019 del que resultó víctima el niño que entonces tenía 4 años.

El fiscal Calonje había presentado el pedido de prisión preventiva el jueves de la semana pasada, seis días antes de que venciera el plazo más la prórroga de acuerdo al Código de Procedimiento Penal (CPP).

El artículo 157 del CPP establece que la detención se convertirá en prisión preventiva cuando medien conjuntamente los siguientes requisitos: que se encuentre justificada la existencia del delito; que se haya recibido declaración del imputado, en los términos del artículo 308 (indagatoria), o se hubiera negado a prestarla; que aparezcan elementos de convicción suficientes o indicios vehementes para sostener que el imputado sea probablemente autor o partícipe penalmente responsable del hecho y que concurran los presupuestos establecidos en el artículo 171 para denegar la excarcelación.

La instrucción

En las últimas semanas, el fiscal Calonje escuchó e interrogó a varios testigos, entre ellos maestros y auxiliares del Jardín 901, como así también a padres de los niños que habrían sido testigos del presunto abuso.

Como se informó, el niño que habría sufrido el hecho, y su hermana melliza y otros dos compañeros de la sala habían declarado en Cámara Gesell, en el primer tramo de la instrucción que llevó adelante el fiscal Marcos Eguzquiza. A partir del cambio de manos de la causa, el doctor Calonje requirió los testimonios de los padres de los menores para que refirieran lo que los chicos habían contado horas después del suceso en el baño del establecimiento educativo.

En esta etapa de la instrucción, además de las manifestaciones públicas de ambas partes ante un hecho de alto impacto para la comunidad, tanto el particular damnificado Juan Carlos O’Brien como el defensor oficial Leonel Calles se mostraron activos en cuanto al devenir de la investigación.

El reclamo de los padres

Un día antes de que el fiscal concretara el pedido de prisión preventiva, el particular damnificado, doctor Juan Carlos O’Brien, elevó un escrito al agente fiscal José Ignacio Calonje para solicitar que procediera en ese sentido.

El letrado consideró que con las pruebas recolectadas hasta el momento “se encuentra acreditado más allá de toda duda razonable” que el 1 de julio de 2019, entre las 13 y 16, en el sector de baños del Jardín de Infantes 901 “René Favaloro”, sito en calle Maipú 348 de Tandil, una persona de sexo masculino mayor de edad, quien desempeñaba funciones como maestro de teatro inicial en la institución pública, ingresó al baño de los alumnos preescolares, en el momento que se hallaba haciendo sus necesidades fisiológicas el menor, quien en ese entonces tenía cuatro años de edad; y en ese contexto, aprovechándose de la relación generada por ser el encargado de su educación, se acercó al menor. Luego, describió la mecánica del presunto abuso sexual, como así también que el niño gritó pidiendo por su madre.

Consideró que el hecho resultó “gravemente ultrajante” para el pequeño por su edad y porque ocurrió en “un lugar de alta relevancia social y sentimental para el menor, ante la presencia de otros compañeros de la víctima, y en un momento en que se encontraba sumamente vulnerable”.

En cuanto a la calificación legal, pidió que se encuadre como “Abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización, agravado por ser cometido por una persona encargada de la educación en los términos del art. 119 párrafos segundo y cuarto inc., b) del Código Penal”.

En cuanto a la autoría y participación, el doctor O’Brien sostuvo que “resulta ‘prima facie’ autor penalmente responsable del ilícito objeto de esta Investigación Penal Preparatoria (IPP) quien manifestó ser Juan Martin Rosso” y enumeró como elementos de convicción la denuncia del padre y las declaraciones testimoniales de docentes, auxiliares y padres de la misma sala, que se complementan con fotografías, capturas de pantalla, informes médicos, informes y documentación del Jardín 901, actas de audiencia y de desgravaciones de Cámara Gesell, el informe del Centro de Asistencia a la Víctima, y el plano, la inspección ocular y fotos del jardín .

A partir de esa exposición, requirió la prisión preventiva y agregó que “es dable afirmar la concurrencia al caso de un riesgo cierto de fuga en cabeza del imputado, de recuperar este su libertad”, debido a “la seriedad de la imputación y a la severidad de la sanción penal que, a consecuencia de ello, correspondería aplicarle”.

El pedido de Rosso a la jueza

Por su parte, Juan Martín Rosso, a través del defensor Calles, le solicitó a la jueza de Garantías Stella Maris Aracil, ante el inminente pedido de prisión preventiva por parte del fiscal, que tuviera en cuenta seis puntos, y reiteró que “soy inocente de los cargos que se me imputan y por ello es que pido la mayor objetividad en el análisis probatorio que se efectúe”.

En primer lugar, objetó que el relato de los padres indicaba el hecho se habría producido el 2 de julio, vinculando ese día con el partido de la Selección Argentina de fútbol, aunque luego se estableció el 1 de julio como fecha del presunto abuso. Rosso sostuvo que el 2 de julio no dio clases ni concurrió al jardín.

Por otro lado, argumentó que en relato en Cámara Gesell, “se trata de un tocamiento ‘uno solo’” y rechazó la descripción del fiscal.

Lo mismo en cuanto a la autoría, donde señaló que un solo niño lo señaló, y enfatizó que al momento de la denuncia los padres no lo conocían y la presunta víctima lo había visto una sola vez. Por lo cual, concluyó que su nombre “ha sido instalado” por los padres desde el inicio y “por propias deducciones me sindicaron como responsable de lo sucedido”.

En cuarto lugar, marcó que uno de los alumnos reconoció en fotos a otro profesor como autor de los hechos y que esa hipótesis no fue investigada por el acusador.

Con respecto a la calificación legal, manifestó que no ha habido abuso gravemente ultrajante, teniendo en cuenta que el presunto hecho no se prolongó en el tiempo y las circunstancias “no indican en modo alguno un hecho gravemente ultrajante”.

En sexto y último lugar, Rosso expuso que “no salí nunca del SUM, ni interrumpí la clase, ni fui al baño en ningún momento”, y evaluó que los testigos que estaban con él en ese momento, la portera y la maestra, no fueron interrogadas correctamente, lo que obligó a la defensa a solicitar una nueva declaración que no se concretó antes del pedido de la prisión preventiva, lo que le impide demostrar su inocencia.

En esa línea, concluyó que el dictado de prisión preventiva requiere más elementos de prueba que para sostener la detención y de un análisis objetivo de los elementos de prueba surge que no existe prueba de autoría y que la calificación legal no se condice con lo referido por los menores.

Bajo el lema “con los chicos no, con los docentes tampoco” y “Juan es inocente”, los profesores del Jardín 901 defendieron la inocencia de Juan Rosso, acusado de haber abusado de un menor en la institución.

Gabriela Pérez Cubas realizó una publicación en su perfil de Facebook donde enseñó a los docentes con carteles que apoyaban la inocencia de Rosso. Acompañó las imágenes con un escrito en el que aclaró que “Juan nunca dejó el SUM donde se dictaba la clase” y “Juan nunca fue al baño con los niños”.

“Docentes del jardín 901, en Tandil, donde Juan dio 2 (dos) clases de 30 (treinta) minutos cada una frente al grupo al que pertenece el niño supuestamente abusado. Ese niño asistió solo a 1 (una) de las clases”, escribió en el posteo.

Finalizó remarcando que “queremos que se sepa la verdad. Que la justicia investigue” y que “ayudás compartiendo. Empatizá, no seas cómplice de esta barbarie”.

Ayer a la mañana en la explanada de la Municipalidad, familiares, amigos y compañeros del docente acusado de abuso y detenido desde la semana pasada, volvieron a clamar por su inocencia. Además, en esta oportunidad se sumaron docentes del Jardín de Infantes 901, institución en la que habría ocurrido el presunto abuso investigado por la Justicia.

A través de un comunicado, expresaron que “no existe en la causa prueba alguna que ubique a Juan Martín Rosso en el lugar del supuesto hecho. No existe tampoco la prueba del abuso denunciado y no se ha llamado a la totalidad del personal de la institución a declarar. Podemos afirmar que hasta ahora no hay ninguna prueba real de que Juan Martín Rosso haya cometido un abuso en el jardín”.

“Juan Martín tiene una trayectoria impecable en todas las instituciones educativas que ha transitado y jamás tuvo ningún antecedente de este tipo, ni de ningún otro. Queremos tanto como la familia del niño y como la comunidad del jardín que se investigue. Pedimos que se investiguen todas las pruebas y que se indaguen todas las hipótesis. Si se está vulnerando o se vulneraron los derechos y la integridad de ese niño, y no se encuentra al verdadero culpable, ese niño continúa siendo víctima. Juan es inocente, que la Justicia investigue, todos queremos la verdad”, señalaron.

Pulseada pública

Los padres del profesor detenido manifestaron con profunda consternación que han sido ubicados en un lugar que no buscaron y que existe un tironeo público y mediático entre ambas partes por el tema.

“Es terrible el juego que está haciendo la 1 de Octubre”, describió Martín Rosso, refiriéndose al movimiento social y político liderado por Griselda Altamirano que participa de las movilizaciones convocadas por los padres de la presunta víctima.

“Está en juego la vida mi hijo. Esto es una locura, están jugando a ver quién tira más”, dijo Natalia Gargiulo, su madre.

El posicionamiento del Jardín 901

Por su parte, la secretaria del establecimiento educativo de nivel inicial María Scianca leyó otro texto en alusión a la situación que atraviesa el jardín tras la denuncia del caso y su estado público. “Los docentes somos los garantes del derecho a la educación y de realizar acciones en caso de presumir una vulneración sobre los derechos del niño, y así lo hacemos. Estamos pidiendo justicia, investigación, resguardo y protección para los docentes y los niños, verdad y justicia para nuestros niños y docentes”, leyó.

“Desde el jardín solicitamos que la Justicia tome carta en todos los asuntos de ambas partes para investigar de manera equitativa”, exhortó Scianca en conversación con este medio.

La docente esgrimió que debido a las marchas y manifestaciones públicas en la puerta de la institución realizadas por los padres del menor se ha alterado la tranquilidad de trabajar en el espacio educativo, en perjuicio del normal desarrollo pedagógico y la continuidad que los abordajes requieren. En esta línea, el viernes pasado los gremios docentes presentaron ante Jefatura Distrital de Educación un pedido para que se aplique el Protocolo de Medidas de Resguardo y Reparación para los Trabajadores de la Educación.

“Las marchas no corresponden a la comunidad educativa”

También detalló que declararon en primera instancia en Tandil solamente la vicedirectora y una preceptora, pero que no fueron citadas nuevamente cuando la causa cambió de sede y se trasladó a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Violencia Institucional de Azul a cargo del fiscal José Ignacio Calonje. Objetó que hay más datos para aportar y que otras docentes no fueron convocadas para testificar en el fuero penal y esclarecer el hecho.

Por último, coincidió con los padres de Juan Rosso sobre el tenor y la composición de las movilizaciones públicas impulsadas por la otra parte y aseveró: “No identificamos que las marchas correspondan a la comunidad educativa, hemos visto a alguno que otro padre, pero no la mayoría. Siempre estuvieron las puertas abiertas para que se acerquen con cualquier inquietud, no creemos que sea la comunidad educativa la que hace esas manifestaciones”.

Con la firma de Eliana y Andrés, “padres del dolor”, los progenitores del niño de 4 años que está en medio de esta disputa pública y de la causa judicial, repudiaron las acciones que desplegaron ayer los familiares y amigos del detenido, bajo el lema “Juan es inocente, que la Justicia investigue”.

“Queremos repudiar, como padres de la víctima, el accionar de los docentes que se

manifestaron en ella, tanto como en la conferencia en la mañana y queremos decirles que nosotros como padres les enseñamos a decir siempre la verdad que les creemos, como la comunidad tandilense y la Justicia”, señalaron.

En el párrafo más duro del comunicado, expresaron que “repudiamos que se quiera encubrir a un abusador, pedófilo y violador. Repudiamos que gremios docentes apoyen y entorpezcan la investigación”.

Y agregaron que “repudiamos que hayan permitido que se vulneren los derechos de esos cuatro niños y se atrevan a seguirlos vulnerando hoy una vez más”.

Por otra parte, señalaron que “queremos dejar en claro que estamos afirmando, sin lugar a dudas, que Juan Martín Rosso abusó sexualmente y corrompió a niños inocentes que estaban en el momento del hecho aberrante”.

También enfatizaron que “repudiamos que minimicen los hechos políticamente, cuando solo nosotros sabemos el infierno que estamos viviendo. Agradecemos desde ya al Movimiento 1 de Octubre que nos acompaña sin bandera política, como agradeceríamos a todo aquel movimiento que apoye este reclamo de justicia. Ante el dolor, nos acompañan porque son padres del dolor. Agradecemos a las 500 personas que se acercaron a darnos su apoyo en el día de ayer (por el miércoles), tanto como en las marchas anteriores para no invisibilizar el abuso sexual infantil intraescolar en Tandil”.

Eliana y Andrés subrayaron que “repudiamos que hayan involucrado en algo tan grave y delicado como el abuso sexual infantil intraescolar utilizando para entorpecer el accionar de la Justicia a los gremios Suteba y FEB”.

“Repudiamos el hecho que desde un primer momento hayan hecho partícipe al gremio FEB utilizando los lazos de amistad para hacer viral por medio de Whatsapp”, denunciaron.

“Repudiamos que docentes sean los que les hablen de ‘la verdad’ a nuestros hijos, de acompañamiento, apoyo, cuando no son coherentes con su actitud y su accionar”, lamentaron.

“Como padres estamos viviendo un infierno y queremos que se castigue al responsable Juan Martín Rosso. Estamos atravesando un dolor inconmensurable, un dolor que no parece tener ninguna explicación lógica, ningún sustento racional, ningún asidero humano. Tratamos de encontrar explicaciones, sabemos quién es el culpable Juan Martin Rosso, pero tratamos de encontrar algún tipo de sentido a algo que parece carecer de toda racionalidad”, expresaron.

Para cerrar, manifestaron que “por eso sostenemos que “los niños no son juguetes sexuales” y “su inocencia no está en venta”. Los protocolos institucionales debieron cumplirse y los docentes debieron cumplir con su responsabilidad y así el monstruo no hubiera cometido algo tan aberrante cuyo daño es indescriptible”.