En la madrugada de este martes, en virtud de la orden emanada del Juzgado De Garantías 4, a cargo de Juan Pablo Masi, se produjeron 15 detenciones en distintas dependencias carcelarias de la provincia de Buenos Aires.

La medida fue abordada luego del trabajo conjunto y las tareas coordinadas con la fiscalía actuante, el Servicio Penitenciario Bonaerense y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia.

Las autoridades explicaron a este medio que la finalidad de dichas detenciones es para asegurar las pruebas en la investigación y poner a disposición de la Justicia a las personas involucradas.

Los episodios que originaron la causa habrían ocurrido entre la noche del 3 de junio y la madrugada del día siguiente. Según la denuncia impulsada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ante la UFI 11 de La Plata, el personal penitenciario irrumpió en uno de los pabellones tras una pelea menor entre dos internas, donde usaron gas pimienta en espacios cerrados y bloquearon las salidas.

Las detenidas habrían sido obligadas a desnudarse frente a los efectivos masculinos y, ante la resistencia de las internas, los mencionados habrían implementado severas prácticas de tortura física.

Entre los ataques que se habrían cometido se encuentran haberles sumergido la cabeza en piletones con agua para cortarles la respiración, golpizas reiteradas y al menos dos de las reclusas fueron sometidas a abusos sexuales con acceso carnal en el sector de la escuela del penal.

“El Servicio Penitenciario Bonaerense y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reafirman su compromiso con el total esclarecimiento de los hechos ocurridos, en función del estricto cumplimiento de las normas constitucionales y convencionales y del prestigio institucional que es nuestro deber resguardar”, manifestaron. NA

El ex participante de Gran Hermano, Thiago Medina, fue imputado formalmente por el delito de abuso sexual con acceso carnal, en el marco de la denuncia presentada por su prima, Lara Ledesma, quien lo acusa de haberla agredido sexualmente cuando ella tenía 12 años.

La causa tomó impulso luego de que el caso trascendiera públicamente la semana pasada y cuenta con el patrocinio del abogado Rodolfo Baqué, quien representa a la denunciante.

De acuerdo con la información conocida, la investigación continuará con la realización de pericias psicológicas tanto para la denunciante como para el imputado, una instancia considerada clave debido a que los hechos denunciados habrían ocurrido hace aproximadamente siete años.

Como consecuencia del tiempo transcurrido desde el presunto episodio —la joven tiene actualmente 19 años—, la Justicia centrará la investigación en los testimonios del entorno familiar, el relato de la denunciante y los resultados de las evaluaciones psicológicas, ya que no es posible realizar pericias físicas por el paso del tiempo.

En su denuncia, Lara Ledesma relató que el episodio ocurrió cuando Medina se encontraba en su vivienda. "Thiago se quedaba a dormir en mi casa porque es mi primo. Él estaba con mi hermano, jugaba al Free Fire y yo me encontraba en la pieza, donde miraba la televisión, cuando él vino a acostarse conmigo. Ahí empezó todo", sostuvo.

La joven también aseguró que, tiempo después, el ex participante del reality se presentó junto a su padre en su domicilio y afirmó que era ella quien intentaba mantener una relación con él. Ante esa situación, respondió: "¿Cómo voy a querer estar yo con mi primo?".

Por su parte, Medina rechazó de manera categórica las acusaciones. A través de sus redes sociales manifestó que se ponía a disposición de la Justicia para que "la verdad salga a la luz" y sostuvo que la denuncia busca "ensuciar" su imagen.

Además, en declaraciones difundidas por una periodista, el influencer afirmó: "Esta piba es la tercera o cuarta vez que me jode con eso. (...) Sé que no hice nada, me parece una falta de respeto que quieran ensuciar a la gente así".

La investigación judicial continúa en etapa de instrucción y será la Justicia la encargada de determinar las responsabilidades a partir de las pruebas reunidas durante el proceso.

Facundo Moyano, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y exlegislador, fue detenido durante la madrugada de este martes en el barrio porteño de Belgrano, luego de un llamado al 911 que alertó sobre un presunto episodio de violencia en un departamento de la avenida Del Libertador.

La intervención policial se produjo alrededor de las 5, cuando efectivos de la comisaría vecinal 13A acudieron al lugar tras recibir un aviso sobre una mujer semidesnuda que corría por la vía pública mientras pedía auxilio. Al llegar, los agentes fueron informados por el encargado del edificio de que la pareja había salido del inmueble.

Pocos minutos después, la Policía interceptó a Moyano y a la joven, identificada como la modelo rosarina Candela Arizaga, de 23 años, en la intersección de Virrey Vértiz y Sucre, a unos 350 metros del edificio donde se habría originado el incidente.

Por disposición del fiscal Julián Pistone, Moyano quedó detenido, acusado de los delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad, mientras avanza la investigación para esclarecer lo sucedido.

Arizaga fue asistida por personal del SAME y trasladada al Hospital Pirovano, donde declaró ante efectivos de la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad. Según fuentes de la investigación, la joven afirmó que Moyano "no le pegó" ni le hizo daño, y sostuvo que el episodio fue consecuencia de un brote provocado por el consumo de estupefacientes.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, indicó que la mujer presentaba signos compatibles con consumo de drogas y que manifestó llevar "varios días de consumo". Además, precisó que quedó bajo atención de un equipo de psiquiatras y psicólogos y se le realizaron estudios toxicológicos.

La médica legista, en tanto, constató únicamente una lesión en una de sus rodillas, que habría sido producto de una caída en la vía pública.

Mientras continúa la causa, el auxiliar fiscal solicitó el allanamiento del departamento donde ocurrió el hecho, que permanece bajo consigna policial.

Fuentes judiciales señalaron además que Moyano se negó a someterse a estudios de sangre y orina, una circunstancia que también fue incorporada al expediente.

Durante el procedimiento, los efectivos informaron que el dirigente sindical se mostró hostil con el personal policial. Tras su detención, permaneció acompañado por su hermano, Hugo Antonio Moyano, abogado laboralista y diputado de Unión por la Patria.

Un testigo que presenció parte de la secuencia aseguró que no observó agresiones físicas por parte de Moyano y afirmó que el dirigente intentaba asistir a la joven, quien se encontraba visiblemente alterada.

Según su relato, Arizaga corría por la calle gritando y llegó incluso a sujetarse del pasamanos de un colectivo detenido, mientras repetía frases incoherentes y pedía agua. El hombre sostuvo que Moyano la seguía llamándola "amor" e intentando contenerla.

En paralelo, vecinos de la zona afirmaron haber sido despertados por los gritos de una mujer que pedía "ayuda" y "auxilio". Horas más tarde también se difundió un video grabado por un transeúnte en el que se observa a la joven corriendo desorientada y semidesnuda por las inmediaciones de Barrancas de Belgrano, incluso cruzando la calle entre los vehículos en circulación.

La causa continúa en etapa de investigación y la Justicia deberá determinar las circunstancias en las que se produjo el episodio y la eventual responsabilidad del dirigente sindical.

La Cámara Nacional de Casación revocó este viernes el sobreseimiento del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en la causa en la que está imputado por presunto abuso sexual, y ordenó que el juicio oral se lleve adelante "a la mayor brevedad".

La decisión fue adoptada por mayoría en la Sala III del tribunal, con los votos de los jueces Alberto Huarte Petite y Horacio Días, quienes dejaron sin efecto la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 16, que en febrero había sobreseído al jefe comunal por "falta de acción" tras apartar a la denunciante, Melody Rakauskas, de su rol de querellante.

En su resolución, Casación calificó como "arbitraria" la decisión del tribunal oral de excluir a Rakauskas del proceso por no haber designado un nuevo abogado luego de la renuncia de su representante legal, ocurrida el 17 de diciembre de 2025.

El camarista Horacio Días consideró que la conducta procesal de la denunciante podía explicarse por su situación de "indigencia letrada", que la colocaba en una posición de vulnerabilidad. En la misma línea, Huarte Petite sostuvo que la actuación de Rakauskas demostraba su intención de continuar participando en el proceso y ejercer los derechos correspondientes como parte querellante.

La resolución también remarcó que la intimación para nombrar un nuevo abogado fue realizada con un plazo de apenas 72 horas, en la semana previa a las fiestas de fin de año y a pocos días del inicio de la feria judicial de enero, circunstancia que, para la mayoría de los jueces, afectó sus posibilidades de ejercer adecuadamente su defensa.

La única disidencia fue la del juez Luis Jantus, quien entendió que el apartamiento de la denunciante no fue una decisión arbitraria sino el resultado de distintas diligencias procesales que, según afirmó, la propia querellante "resistió activamente".

La denuncia contra Espinoza fue presentada en 2021 por Melody Rakauskas, quien aseguró haber sido víctima de abuso sexual durante una reunión realizada en su domicilio fuera del horario laboral.

En julio de 2024, la Cámara del Crimen confirmó el procesamiento del intendente por los delitos de abuso sexual y desobediencia a una orden judicial, además de mantener un embargo de 1,5 millones de pesos sobre sus bienes.

La acusación por desobediencia se originó en la presunta violación de una restricción de acercamiento, ya que Espinoza habría llamado por teléfono a la denunciante para pedirle que retirara la denuncia.

Posteriormente, en febrero de 2025, la fiscal de instrucción Mónica Cuñarro solicitó el sobreseimiento del intendente por considerar que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación. Desde entonces, el impulso de la causa quedó exclusivamente en manos de la querella.

Finalmente, en febrero de 2026, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 16 resolvió sobreseer a Espinoza. Esa decisión quedó ahora sin efecto tras el fallo de la Cámara Nacional de Casación, que restableció a la denunciante como querellante y ordenó que el expediente avance hacia la realización del juicio oral.

Diez agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), entre ellos las máximas autoridades del Penal 51 de Magdalena, fueron desafectados de sus cargos preventivamente durante una investigación por denuncias de torturas, tormentos físicos y abusos sexuales contra mujeres detenidas.

Se trata de una decisión por orden del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires que recayó sobre la jefa del área de Asistencia y Tratamiento del penal de mujeres, Daiana Belén Balmaceda, y sobre la cúpula directiva del lugar que prestó conformidad u omitió denunciar los hechos.

Asimismo, la medida alcanza a los integrantes masculinos del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE), quienes ejecutaron el violento procedimiento que derivó en la presentación judicial de los organismos de derechos humanos.

Los episodios que originaron la causa habrían ocurrido entre la noche del 3 de junio y la madrugada del día siguiente, en coincidencia con las movilizaciones por el “Ni Una Menos”.

Según la denuncia impulsada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ante la UFI 11 de La Plata, el personal penitenciario irrumpió en uno de los pabellones tras una pelea menor entre dos internas, usaron gas pimienta en espacios cerrados y bloquearon las salidas.

Las detenidas habrían sido obligadas a desnudarse frente a los efectivos masculinos y, ante la resistencia de las internas, los mencionados habrían implementado severas prácticas de tortura física.

El escrito judicial detalla que se les sumergió la cabeza en piletones con agua para cortarles la respiración, sufrieron golpizas reiteradas y al menos dos de las víctimas fueron sometidas a abusos sexuales con acceso carnal en el sector de la escuela del penal.

Asimismo, la presentación de la CPM advirtió sobre maniobras posteriores de encubrimiento, que incluirían el traslado de tres de las denunciantes a otras dependencias y la destrucción de sus efectos personales. NA  

La provincia de Buenos Aires llevó adelante este miércoles una nueva edición del Operativo Protección de las Infancias VII, una acción conjunta destinada a combatir delitos vinculados con la explotación sexual infantil en entornos digitales. En total, se realizaron 121 allanamientos coordinados en 76 localidades bonaerenses, en el marco de investigaciones relacionadas con la tenencia, distribución y eventual producción de material de abuso sexual infantil.

Se trata de la séptima operación de estas características impulsada por los fiscales referentes en Grooming, Ciberpedofilia y abuso sexual infantil del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, organismo que encabeza el procurador general Julio Conte-Grand.

El operativo fue coordinado por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, dependiente de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, junto a fiscales especializados en la temática. El objetivo principal es desarticular redes de agresores sexuales y frenar la circulación de material de abuso sexual infantil en internet, además de investigar casos de grooming y otras conductas tipificadas en los artículos 128 y 131 del Código Penal.

En el ámbito del Departamento Judicial de Azul, se concretaron siete allanamientos simultáneos en las ciudades de Tandil, Rauch, Olavarría y Azul, en el marco de causas vinculadas a la presunta tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI).

Las investigaciones son llevadas adelante por la UFI especializada a cargo del fiscal Adrián Peiretti, con intervención de distintos Juzgados de Garantías de la jurisdicción.

Según se informó oficialmente, las pesquisas se iniciaron a partir de reportes realizados por las plataformas Google Photos y Google Drive, que detectaron en cuentas de usuarios el almacenamiento de imágenes, videos y capturas de pantalla que podrían contener material de abuso sexual infantil. En esos archivos se observarían menores de 18 años participando en actividades sexuales explícitas o exhibiendo sus partes genitales con fines predominantemente sexuales.

Los allanamientos se realizaron con intervención de diferentes magistrados según la localidad. En Rauch, actuó el Juzgado de Garantías a cargo de Federico Barberena; en Tandil, el Juzgado de Garantías encabezado por José Moragas; en Olavarría, el juzgado a cargo de Fabiana San Román; mientras que en Azul intervinieron los juzgados de garantías de Federico Barberena y Juan José Suárez.

Durante los procedimientos se produjo el secuestro de diversos dispositivos electrónicos, los cuales serán sometidos a pericias informáticas para determinar la existencia de material de interés para las investigaciones y avanzar en la identificación de posibles responsables.

Desde la Fiscalía General remarcaron que la detección, investigación y persecución de delitos relacionados con la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes constituye una prioridad institucional, por lo que se mantienen de manera permanente acciones coordinadas con organismos especializados y fuerzas de seguridad para fortalecer la protección integral de las infancias.

La selección de Ghana recibió una dura noticia a pocos días de su debut en el Mundial 2026. El mediocampista Thomas Partey no podrá disputar el encuentro frente a Panamá, previsto para el próximo 17 de junio en Toronto, debido a que el Gobierno de Canadá le negó el ingreso al país.

El futbolista de Villarreal, una de las principales figuras del conjunto africano, se encontraba concentrado junto al plantel en Boston, Estados Unidos, desde donde debía trasladarse a territorio canadiense para afrontar el compromiso correspondiente al Grupo L. Sin embargo, su solicitud de visa fue rechazada por las autoridades migratorias canadienses.

La situación está relacionada con el proceso judicial que enfrenta en Inglaterra. Partey fue acusado de múltiples delitos sexuales y se declaró inocente de todos los cargos. Pese a ello, Canadá decidió no autorizar su ingreso al país mientras la causa continúa su curso en los tribunales británicos.

Desde la FIFA aclararon que no intervienen en los procedimientos migratorios de los países anfitriones y confirmaron que la imposibilidad de viajar se debe exclusivamente a la negativa del gobierno canadiense.

La baja representa un golpe importante para Ghana, que pierde a uno de sus futbolistas más experimentados para el estreno mundialista. De todos modos, el mediocampista podrá permanecer con el plantel en Estados Unidos y estaría habilitado para disputar los siguientes encuentros de la fase de grupos, programados en Boston y Filadelfia.

El caso de Partey se convirtió en uno de los primeros episodios extradeportivos de relevancia en la Copa del Mundo 2026, torneo organizado conjuntamente por Canadá, Estados Unidos y México.

Este miércoles 3 de junio, en el marco del undécimo aniversario de Ni Una Menos y a pocos días del femicidio de Agostina Vega, de 14 años, distintas figuras del espectáculo argentino compartieron reflexiones sobre la violencia de género. Entre ellas, la actriz Rocío Igarzábal decidió alzar la voz al relatar una traumática vivencia de su niñez.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne más de 914 mil seguidores, la artista se sumó a la conmemoración mediante una publicación compuesta por fotografías de su infancia y un crudo testimonio. En el epígrafe del posteo, Igarzábal escribió:

“Por mi Rochi de cinco años. Por todas las que ya no están. Por mi mamá, mis hermanas, mi hija, mis amigas. #niunamenos”

La actriz develó que el agresor era una persona de su entorno de confianza.

“Mi primera experiencia sexual fue a los cinco años. Por alguien que decía cuidarme. Una persona de confianza que abusó reiteradas veces de mí. En esta foto yo tengo cinco años”,

manifestó al hacer alusión a la postal que eligió para abrir su carrusel en la red social.

A partir de los recuerdos compartidos, la actriz profundizó sobre las secuelas que afrontó:

“Crecí creyendo que tenía la culpa. Desarrollé trastornos alimenticios y me quedé callada”.

Según detalló, le llevó gran parte de su adolescencia y juventud procesar lo ocurrido, logrando ponerlo en palabras recién en su etapa adulta debido a la vergüenza y el miedo.

Pese a la angustia que le genera mirar sus fotos de la infancia, Rocío Igarzábal destacó que logró reconstruirse.

“Yo pude salir, pude pedir ayuda y seguir adelante con cicatrices, pero con muchas ganas de vivir”, subrayó. No obstante, concluyó con un mensaje de lucha al recordar a aquellas mujeres y niñas que no pudieron sobrevivir a situaciones de violencia:

“Hoy somos su voz. Somos su ausencia. Somos su grito de miedo. La esperanza está en la lucha. Nunca nos cansemos de luchar”.

El fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Vera, Leandro Darío Benegas, fue detenido acusado de abuso sexual contra una menor.

Fuentes policiales informaron que su arresto se logró tras su suspensión dictada por la Legislatura provincial y que en las últimas horas se concretó su traslado hasta la cárcel Las Flores.

La Legislatura de Santa Fe resolvió suspender a Benegas de manera provisoria luego de que se conozca la causa en su contra por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y promoción de corrupción de menores en perjuicio de una adolescente, hija de un subordinado.

En el recinto de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe se estableció “la suspensión preventiva temporal de sus funciones con disminución del 50% del sueldo en el ejercicio de Fiscal Adjunto del Ministerio Público de la Acusación de la cuarta Circunscripción Judicial, por el término que dure el procedimiento disciplinario y hasta su total finalización, con expresa prohibición de ingresar al ámbito físico de cualquier dependencia del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe”.

Esta medida permitió que el fiscal quede sin protección institucional, por lo que el viernes la Justicia avanzó con su prisión preventiva y su posterior detención.

En un comienzo estuvo internado por una patología que padece, hasta que este sábado fue derivado hasta la Unidad Penitenciaria Nº2 de Las Flores.

Durante la audiencia realizada este fin de semana, familiares y allegados al fiscal marcharon frente a los Tribunales de Vera para pedir su inmediata liberación y que se terminen las “denuncias falsas”.

Conforme a la acusación, los hechos habrían ocurrido entre 2008 y 2009 cuando Benegas se desempeñaba como supervisor directo del padre de la víctima.

La defensa de Benegas sostiene que los casos que se le acusa a su cliente ya prescribieron por lo que la investigación no debería continuar. Por ahora las autoridades no resolvieron el planteo (NA).

Marcelo Torres Díaz, más conocido como “El Chelo” y cantante del Grupo Green, fue detenido en la localidad de La Tablada, partido bonaerense de La Matanza, acusado de abusar sexualmente de una mujer dentro de un auto y la víctima es reconocida por tener un programa de streaming en las plataformas de YouTube y TikTok.

La detención de “El Chelo” sucedió ayer en su vivienda ubicada en la calle Caguazu y Montes de Oca tras una solicitud por parte de la fiscal Lorena Pecorelli, titular de la UFI 21 de La Matanza, ante la denuncia radicada por Dulce Lilian, de 43 años, que expuso haber sido violada por el cantante, confirmaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas.

En su relato, la mujer, quien realiza transmisiones en vivo con contenido musical, relató que coordinó con el acusado un encuentro para hacer una nota para el programa y la víctima señaló que se subió a la camioneta Volkswagen Suran de Torres y se dirigieron a una estación de servicio ubicada sobre la avenida General Paz, sentido a Liniers.

Allí permanecen varias horas, hasta que Torres decide llevarla hasta su casa y, en medio del trayecto, el acusado le recriminó “que había sido engorroso llegar hasta su domicilio” y hasta “se puso nervioso”.

En ese momento fue cuando el cantante detuvo la marcha del rodado en el cruce de las calles Caguazu y la Curva de Montes de Oca y la obligó a que vaya al asiento trasero de la camioneta donde la abusó.

Luego de la denuncia, se convocó a los detectives del Gabinete de Abuso Sexual de la DDI de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que solicitaron diversas medidas judiciales entre las que se destacaron análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, comunicaciones y obtención de testimonios de testigos del hecho, como así determinar el actual domicilio de residencia.

Con las diligencias solicitadas, se ordenó de forma urgente el allanamiento y detención del investigado y, en el lugar, se dispuso la realización de pericias por parte de Policía Científica sobre el rodado utilizado en el ataque.

Además del vehículo se incautaron dos celulares, un disco duro portable y cinco pendrives, mientras que Torres fue traslado en carácter de detenido a la sede judicial y se espera que sea indagado en las próximas horas.

Un dato que se aportó a la causa es que Torres había sido condenado en 2009 a cuatro años de cárcel por abusar de una menor. (NA).

El cantante de la reconocida banda de cumbia Grupo Green, Adrián Marcelo Torres, fue detenido durante la madrugada de este jueves en su domicilio de Villa Fiorito. El operativo se realizó en el marco de una investigación liderada por la fiscal Lorena Pecorelli, titular de la UFI N°21 de La Matanza, quien lo acusa de haber violado a una mujer de 43 años a comienzos de esta semana.

Durante el procedimiento, efectivos de la DDI de La Matanza y del área de Cibercrimen secuestraron un automóvil Volkswagen Suran, vehículo donde se habría producido el ataque. Además, los investigadores incautaron tres computadoras y dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes en las próximas horas.

La denunciante, identificada públicamente como Dulce Lilian, es una influencer que realiza transmisiones en redes sociales junto a diversos artistas del ambiente tropical. Según su declaración ante la Justicia, el encuentro con Torres tuvo como objetivo inicial discutir cuestiones laborales, pero la situación derivó en un hecho de violencia.

En su testimonio, la mujer detalló que el cantante se mostró ofuscado durante el trayecto y llegó a quitarle su teléfono celular para revisar su ubicación. Al llegar a la localidad de La Tablada, cerca de las tres de la mañana, el acusado habría forzado la situación en el asiento trasero del vehículo.

"Dale, no me podés decir que no", habría manifestado el músico antes de consumar la agresión, según consta en la denuncia.

Tras el episodio, la víctima radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer de San Justo y entregó prendas de vestir al Cuerpo Médico de la Bonaerense para la extracción de material genético.

"¿Por qué lo hiciste? Te dije que no", le gritó la mujer tras la supuesta violación. Según el reporte, el cantante se limitó a responderle: "Te llamo el fin de semana", antes de dejarla en su domicilio.

Por su parte, el Juzgado de Garantías número cinco de La Matanza dictó una restricción perimetral que prohíbe al imputado acercarse a la mujer. Asimismo, la fiscalía incorporó a la causa dos filmaciones de cámaras de seguridad que registraron el recorrido de la camioneta.

La situación procesal de Torres se ve agravada por sus antecedentes. En el año 2009, un tribunal de Morón lo condenó a cuatro años de prisión efectiva por el abuso de una niña de seis años. Actualmente, el líder de la movida tropical permanece alojado en una celda de la DDI matancera a la espera de ser indagado por las autoridades judiciales.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena contra el abogado Claudio Castaño por abuso sexual con acceso carnal a un joven que padece esquizofrenia, al rechazar una presentación de la defensa que buscaba revertir la sentencia.

Los hechos ocurrieron en 2016, cuando la víctima relató que fue llevada engañada a la casa del letrado y allí fue forzada sexualmente. Según su testimonio, no pudo defenderse ante las amenazas del abogado y por el temor que le generaba saber que en la vivienda había armas. Castaño negó las acusaciones y afirmó que las relaciones existieron pero fueron consentidas.

En 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de Azul lo condenó a 10 años y diez meses de prisión. Esa pena fue confirmada en 2023 por el Tribunal de Casación bonaerense. En septiembre de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazó la queja interpuesta por la defensa.

La decisión de la Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena también por incumplimiento de la acordada que regula las presentaciones ante ese tribunal, por lo que ya no quedan vías extraordinarias procesales disponibles para la defensa.

La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Azul confirmó la sentencia de primera instancia, dictada el 30 de junio de 2025, mediante la cual se condenó a Hugo Daniel Rey y Jorge Mauricio Palahi por resultar autores penalmente responsables del delito de abuso sexual simple. Los hechos, que generaron una fuerte repercusión en el ámbito administrativo local, se registraron a mediados de septiembre de 2019 en las dependencias del Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Tandil, ubicadas en la Terminal de Ómnibus. En fallo reciente, la resolución de segunda instancia ratificó las penas de ejecución condicional y las estrictas reglas de conducta para los dos empleados.

El tribunal validó lo actuado por el juez en lo Correccional Carlos Pocorena, quien en el debate oral ventiló las agresiones padecidas por la víctima. De acuerdo con el fallo, Rey recibió una pena de dos años y tres meses de prisión, mientras que Palahi fue sentenciado a un año y seis meses. Ambos deberán someterse a un régimen de control durante dos años, que incluye fijar domicilio y presentarse bimestralmente ante la delegación local del Patronato de Liberados, además de mantener la prohibición absoluta de contacto con la denunciante por cualquier medio.

La instrucción penal preparatoria, llevada adelante por la UFI 3 a cargo del fiscal Luis Humberto Piotti, logró reconstruir una trama de hostigamiento y violencia de género que escaló durante meses. La víctima relató ante la Justicia episodios de acoso y tocamientos. En uno de los sucesos más graves, se describió cómo uno de los agresores la obligó a tocar sus partes íntimas. En aquel entonces, Rey se desempeñaba como delegado del Sindicato de Trabajadores Municipales, posición que habría utilizado para ejercer presión sobre la trabajadora mediante el manejo de beneficios laborales.

Un punto crítico del proceso fue la respuesta institucional de la Municipalidad de Tandil. Según quedó acreditado, la víctima denunció administrativamente los hechos en noviembre de 2019, pero no obtuvo respuestas satisfactorias. Por el contrario, las autoridades optaron por apartarla de sus funciones para "preservarla", mientras que los acusados permanecieron en sus puestos habituales. En su sentencia, el magistrado fue tajante al señalar la "falta de adopción de medidas adecuadas" por parte de la comuna ante una situación de violencia que afectaba a varias empleadas del área.

El contexto de violencia laboral y de género

Durante el debate, diversos testimonios de otras empleadas confirmaron que el clima en el Juzgado de Faltas era hostil y que las situaciones de acoso no eran hechos aislados. El juez valoró el indicio de sospecha que se infiere de declaraciones de mujeres que vivenciaron episodios similares, aunque muchos de ellos no fueron denunciados penalmente en su momento por tratarse de acciones de instancia privada. No obstante, sus relatos sirvieron para dar un marco de contexto a las agresiones sufridas por la denunciante.

La estrategia de la defensa, representada por los abogados Pablo Ariel Zinik y Juan Esteban Meyer, intentó desacreditar a la víctima alegando la supuesta existencia de una relación sentimental previa con uno de los imputados o una personalidad conflictiva. El magistrado desestimó de plano estos argumentos, asegurando que la personalidad de la víctima no habilita ni obsta a la existencia real y concreta de los hechos. Para la Justicia, el material probatorio recolectado, que incluyó audios y mensajes de texto, resultó determinante.

Incluso el testimonio de funcionarios y de los propios jueces de faltas, Vicente Pedro Oliveto y María Gabriela Vila, aportó elementos sobre la conflictividad en la dependencia, pero no logró conmover la acusación principal por los abusos. El fallo resaltó que los encartados intentaron mejorar su situación procesal con versiones que se contraponían con la totalidad de la prueba. El veredicto dejó en claro que la situación de vulnerabilidad de la mujer fue utilizada por los agresores en el ámbito de trabajo.

Un hombre de 40 años fue detenido este viernes en Miramar, acusado de ser el presunto autor material de un abuso sexual de una adolescente de 16 años cometido a fines de enero en una playa de esa ciudad. La detención se concretó tras una serie de tareas investigativas desarrolladas por personal de la SubDDI Miramar, por disposición de la Fiscalía Descentralizada local.

El hecho que dio origen a la investigación ocurrió el 29 de enero, alrededor de las 5.10 de la madrugada. En ese momento una pareja de adolescentes se encontraba en la playa ubicada en la intersección de calle 33 y la Costanera, donde habían ido a ver el amanecer sobre el mar.

Según la denuncia, los chicos fueron abordados por un sujeto que las amenazó con un arma blanca. El agresor ató los pies de las víctimas y, bajo amenazas, las obligó a despojarse parcialmente de sus prendas. Allí, violó a la joven.

Gracias a la intervención del otro adolescente, lograron zafar del atacante y huir del lugar.

Durante la fuga, el agresor también les sustrajo los teléfonos celulares para que no llamaran a la Policía.

Como informaron fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense, las víctimas lograron llegar a la vía pública, donde solicitaron ayuda a personal policial que se encontraba en la zona. De inmediato se activó el protocolo de asistencia, con intervención médica y psicológica para la persona afectada.

Por disposición del fiscal Rodolfo Moure, titular de la UFI Descentralizada de Miramar, la Investigación Penal Preparatoria fue girada ese mismo día a la SubDDI local para su prosecución.

A partir de entonces se realizaron relevamientos de cámaras de seguridad, inspecciones oculares, búsqueda de testigos y toma de declaraciones que permitieron reconstruir la secuencia previa y posterior al ataque.

En el marco de esas tareas, se obtuvo un reconocimiento fotográfico del presunto autor por parte de un testigo, lo que permitió avanzar en la identificación del sospechoso, quien ya se encontraba bajo monitoreo policial.

Con la orden de detención librada por el Juzgado de Garantías interviniente, el acusado fue interceptado en la vía pública, en la intersección de calles 52 y 5, en el barrio Marines de Miramar, a unos 80 metros del domicilio de sus padres.

El hombre quedó a disposición de la Justicia, imputado por el delito de “abuso sexual agravado”.

Bill Cosby admitió bajo juramento que recargó en siete oportunidades una receta recreativa de quaaludes con la intención de administrárselos a mujeres para mantener relaciones sexuales, y aseguró que nunca consumió una sola píldora él mismo. La declaración forma parte de una declaración jurada presentada en el marco de una demanda civil por violación iniciada por Donna Motsinger.

Fragmentos de ese testimonio fueron incluidos en documentos legales recientes obtenidos por TMZ. En ellos, el comediante afirmó que consiguió la receta de los sedantes de parte del Dr. Leroy Amar, un ginecólogo y amigo suyo, durante un juego de póker en su residencia de Los Ángeles, en una fecha anterior a 1972.

Los documentos describen al Dr. Amar como un médico “desacreditado”, cuya licencia fue revocada en California en 1979. La forma en que Cosby obtuvo la receta es considerada relevante en el contexto de la demanda presentada por Motsinger.

Según la acusación, Donna Motsinger fue drogada y violada por Cosby en 1972, cuando trabajaba como mesera en el restaurante Trident, ubicado en Sausalito, California. En su demanda, sostiene que Cosby le dio una pastilla que ella creyó que era una aspirina. Tras ingerirla, comenzó a perder la consciencia de manera intermitente y despertó al día siguiente en su casa, vestida únicamente con ropa interior.

Los documentos legales detallan además que los quaaludes que Cosby recibía eran píldoras redondas y blancas. Actualmente, el actor intenta que la demanda de Motsinger sea desestimada, mientras que la denunciante continúa el proceso judicial para que su caso sea reconocido.

Los nuevos documentos aportan información sobre el modo en que Cosby habría obtenido las sustancias y la intención declarada de administrarlas a mujeres.

Bill Cosby, quien alcanzó una enorme popularidad por su papel de Cliff Huxtable en El Show de Bill Cosby durante las décadas de 1980 y 1990, vio su reputación seriamente afectada a partir de la aparición de múltiples denuncias por agresión y abuso sexual a comienzos de los años 2000.

En enero de 2005, Andrea Constant presentó una denuncia policial en la que afirmó que Cosby la había drogado y agredido sexualmente en su mansión de Pensilvania. Aunque inicialmente no se presentaron cargos penales, más de 60 mujeres lo acusaron posteriormente de violación, acoso sexual y abuso sexual infantil.

En 2018, Cosby fue declarado culpable de tres cargos de agresión indecente agravada y condenado a una pena de entre tres y diez años de prisión. Sin embargo, en 2021 la Corte Suprema de Pensilvania revocó la condena al determinar que se habían vulnerado sus derechos al debido proceso.

En el ámbito civil, Judy Huth presentó una demanda en California en 2014, acusando a Cosby de haberla agredido sexualmente en 1975, cuando tenía 16 años. En 2022, un jurado falló a su favor y ordenó al actor pagar 500.000 dólares por daños y perjuicios.

En 2023, nueve mujeres, entre ellas Donna Motsinger, presentaron nuevas demandas civiles contra Cosby por agresión sexual. El actor negó todas las acusaciones y continúa intentando que las acciones judiciales en su contra sean desestimadas.

Un hombre fue condenado a la pena de 15 años de prisión por abusar sexualmente de cinco niñas de su entorno familiar en la provincia de Santa Fe. 

Se trata de Milton David Sotelo, de 32 años, quien cometió los ataques entre 2018 y 2023 en dos domicilios del barrio Las Rosetas, en el departamento General Obligado. A través de un juicio abreviado, se determinó que el implicado violó a las víctimas en un contexto de convivencia y vínculo.

Sotelo reconoció los hechos, motivo por el que la jueza Norma Senn lo declaró penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante; abuso sexual; abuso sexual gravemente ultrajante agravado (por la convivencia preexistente con una menor de 18 años y por ser el encargado de la guarda reiterado en dos hechos) y abuso sexual agravado (por la convivencia preexistente con una menor de 18 años y por ser el encargado de la guarda reiterado en dos hechos).

A su vez, una de las damnificadas reveló los sucesos ante personal de la Municipalidad de Avellaneda, por lo que se radicó la denuncia pertinente y el involucrado fue arrestado.