Pablo Hawlena Gianotti, abogado querellante, habló sobre el resultado de las pericias e insistió con el pedido de detención e indagatoria.

“Se comprobó que grababa también a los chicos al poner cámaras ocultas en el baño o en las habitaciones. Esto se supo tras la prueba científica obtenida a través del peritaje informático de los dispositivos secuestrados en el domicilio particular de la familia Porcel”, comentó Hawlena.

En el programa Vamos Rivadavia con el periodista Gonzalo Bañez, el abogado expuso cómo es la situación actual de la investigación y las polémicas decisiones del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 50, a cargo de Carlos Manuel Bruniard, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 1, cuyo titular es Pablo Turano.

“Las pericias confirmaron la existencia de cámaras ocultas al constatar que en su celular tenía screenshot de una videofilmación a través de un lente oculto que estaba orientado directamente sobre el cuadro de ducha del interior del baño del dormitorio de sus hijos”, explicó.

Hawlena señaló que ese lente buscaba filmar a los compañeros de sus hijos que se quedaban a dormir o realizaban actividades deportivas.

Frente a este escenario, el querellante indicó: “Solicitamos que la fiscalía nos autorice a revisar esas imágenes, porque ninguno de los padres todavía ha sido convocado para reconocerlas”.

“Hemos pedido, no solamente la indagatoria por imputación de abuso sexual agravado por la condición de guardador y multiplicidad de víctimas, sino también por la entrega de dinero o algo a cambio para que la persona que lo recibe tenga alguna manifestación sexual, sumado a corrupción de menores agravada”, destacó.

Hawlena sostiene que el juez rechazó dos veces el pedido de detención e indagatoria, pese a que están los elementos probatorios necesarios para avanzar en el proceso penal.

“En el caso de los primeros cinco chicos hemos pedido la indagatoria y la detención, sin embargo, el juez no nos otorgó nada. La fiscalía nos acompañó con la primera fase, pero no con el arresto”, sumó.

“Lo único que hemos logrado como protección es una simple medida cautelar trimestral, que en realidad nada garantiza que esta persona desease hipotéticamente acercarse a los menores”, manifestó. NA

La Justicia de Bahía Blanca condenó a Oscar Alejandro Pirrera a la pena de cinco años de prisión por tenencia, distribución y facilitación de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y de sus partes genitales con fines sexuales, agravada por ser las víctimas menores de 13 años.

De acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales, Pirrera llegó a juicio acusado de haber distribuido 82 videos de explotación sexual infantil y haber tenido en su poder con fines de distribución 145 videos de abuso infantil, los que se encontraban almacenados en una computadora que fue secuestrada en un allanamiento realizado por personal de la Policía Federal, en un local de una galería comercial ubicada en Chiclana 226 de Bahía Blanca, en 2021. Además, fue condenado por haber tenido 139 mil videos con similar contenido, el que estaba almacenado en un disco rígido que fue secuestrado en su domicilio particular.

En el fallo, la jueza Daniela Castaño señaló: “Ha surgido del debate que Pirrera tenía altos conocimientos sobre informática, fue dueño de un local de cíber, con servicio técnico de computadoras, por lo cual a diferencia de otros casos, no estamos en presencia de un sencillo y desprevenido usuario de informática. 

No solamente descargó material para sí, sino que distribuyó contenido en innumerables ocasiones, al aceptar los pedidos de compartir de otros usuarios. El perito informático nos indicó que existían cientos de pedidos de otros usuarios para compartir, los que fueron aceptados por Pirrera”, siempre de acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales.

Personal policial de la Sub DDI Tandil llevó a cabo este fin de semana un exitoso allanamiento en una vivienda de calle Montiel al 1200. La diligencia se enmarcó en la causa caratulada “Captación por medios tecnológicos de menor de edad con fines sexuales (grooming)”, y contó con la intervención de la U.F.I. 22 de Azul, a cargo interinamente del Dr. David Carballo, y del Juzgado de Garantías 2 de Tandil, a cargo interinamente del Dr. Juan José Suárez. El procedimiento arrojó un resultado “altamente positivo”.

Durante el allanamiento, los efectivos lograron el secuestro de una variedad de elementos de interés para la causa, incluyendo telefonía celular, una notebook, una CPU, discos externos, pendrives y otros dispositivos tecnológicos.

La investigación que derivó en este allanamiento se inició a raíz de una denuncia presentada por una madre, quien expuso que su hija de quince años mantenía comunicaciones a través de la aplicación WhatsApp con un hombre mayor de edad. Según la denuncia, el sujeto le solicitaba a la menor fotos y videos de sus partes íntimas y en ropa interior.

Tras la denuncia, personal de la Sub DDI Tandil, en colaboración con la UFI interviniente, realizó “tareas investigativas en forma encubierta”. Esto permitió establecer la identidad del masculino mayor de edad, lo que fue fundamental para poder solicitar las medidas judiciales correspondientes que derivaron en el allanamiento realizado este fin de semana.

La causa continúa en curso bajo la supervisión de las autoridades judiciales mencionadas, mientras se analizan los elementos secuestrados para avanzar en la investigación.

La Provincia de Buenos Aires fue escenario de una megaoperación contra la ciberpedofilia y el abuso sexual infantil, denominada “Operación Protección de las Infancias V”. Con un total de 165 allanamientos coordinados simultáneamente en 84 localidades, esta quinta edición de la iniciativa representa un esfuerzo sostenido del Ministerio Público provincial para proteger a la niñez.

La compleja operación fue ejecutada por fiscales referentes en Grooming, Ciberpedofilia y abuso sexual infantil, bajo la dirección del Procurador General, Dr. Julio Conte-Grand. La coordinación central estuvo a cargo del Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, dependiente de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, liderada por el Dr. Francisco Pont Vergés, en conjunto con los fiscales especializados en la materia.

Los allanamientos se llevaron a cabo en 19 departamentos judiciales: Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca (incluyendo Tres Arroyos), Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora (con sus descentralizadas de Esteban Echeverría y Ezeiza), Mar del Plata (y General Alvarado), Mercedes, Moreno-Gral. Rodríguez, Morón, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana.

Los resultados y los perfiles de los sospechosos

Los resultados de la operación son significativos: se detectaron y allanaron 165 objetivos. Del total de 137 sospechosos identificados, 126 son varones y 13 son mujeres, con edades que van desde los 16 hasta los 81 años. Un dato alarmante es que 9 de estos sospechosos trabajan en contacto directo con infancias o adolescencias, y se identificaron 63 menores de edad que convivían con ellos. Como parte de los procedimientos, se concretó la detención de 16 personas.

Además, se logró el secuestro de un vasto arsenal tecnológico y otros elementos clave: 214 computadoras, 350 dispositivos de almacenamiento, 357 celulares, así como armas de fuego, estupefacientes y 129 elementos no digitales.

Entre los delitos investigados se encuentran la descarga y distribución de material de abuso sexual infantil, la tenencia, su posible producción y el acoso sexual en línea, conocido como Grooming, contemplados en los Art. 128 y 131 del Código Penal Argentino.

La vasta red de fiscales referentes que impulsó esta operación incluyó a figuras destacadas como los Dres. Lucas Moyano y Débora Marconi (Azul); Rodolfo De Lucía y Natalia Ramos (Bahía Blanca); Walter Mércuri (Dolores); Fernando Graffigna (Junín); Luis Brogna, Lorena Pecorelli y Daniela Sánchez (La Matanza); Cecilia Corfield y Hugo Tesón (La Plata); Néstor Rodrigo Martínez Wakun, Vanesa González, Fernando Dapiaggi, María Lorena González y Matías Margonari (Lomas de Zamora); Graciela Trill y Ana Caro (Mar del Plata); Javier Ariel Casarini (Mercedes); Marisa Monti y Claudio Oviedo (Morón); Nelson Mastorchio y José María Cifuentes (Pergamino); Daniel Ichazo y Alejandro Ramiro Unamunzaga (Quilmes); Gonzalo Acosta (San Isidro); Vanesa Leggio (San Martín); Jorge Leveratto y Julio Carretto (San Nicolás); Mariel Corredera y Raúl Frizza (Trenque Lauquen); Alejandro Eduardo Irigoyen (Zárate-Campana); Érica Chiessi, Cecilia Villagra y Graciela Celayes (Moreno-General Rodríguez); María Laura Carballal y Mariano Mera (Avellaneda); y María Fernanda Wilhelm y Oscar Maidana (Lanús).

Siete Fiscalías y/o Ayudantías especializadas funcionaron como "Nodos" centrales en esta estructura: la UFI n°22 de Azul, la UFI y Juicio N.º 20 de Bahía Blanca, la UFI n° 8 de Dolores, la Ayudantía Fiscal en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming de Junín, la Ayudantía Fiscal con competencia exclusiva en La Matanza, la UFI y Juicio N.º 8 descentralizada de Berazategui (Quilmes), y la Oficina de Análisis y Seguimiento de la Información Criminal, dependiente de la UFI y Juicio N.º 3 de Pergamino.

Un trabajo multiárea

La coordinación y el éxito de la "Operación Protección de las Infancias V" se vieron potenciados por la participación esencial de diversas fuerzas de seguridad. Entre ellas, se destacaron efectivos y expertos de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del Comisario Mayor Ariel Rodríguez. También fue crucial la colaboración de la División de delitos cibernéticos contra la niñez y adolescencia de la Policía Federal Argentina (Crio. Patricio Castro), y la División Investigaciones de Delitos Contra la Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires (Comisario Raúl Oscar Líbano).

A estas se sumaron las Divisiones Delitos Informáticos de Azul, General Alvarado y Trenque Lauquen, la División Delitos Informáticos de la Jefatura de Estación de Berazategui, las Secciones AMBA Norte, AMBA Sur III y Región Interior Sur de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Dirección de Investigaciones contra la Trata de Personas y Delitos Contra la Integridad Sexual (PFA), la Policía Federal División Comunicaciones de Mar del Plata, y las Divisiones Unidad Operativa Federal (DUOF) de Junín, Mar del Plata, Necochea y Pinamar.

Esta operación subraya el compromiso de las autoridades judiciales y policiales de la Provincia de Buenos Aires en la lucha contra los delitos que atentan contra la integridad de los menores, demostrando la importancia de la coordinación y la especialización en la protección de las infancias.

Un episodio de abuso sexual consterna a la localidad bonaerense de Dolores: un adolescente de 14 años fue atacado por tres hombres y, por la agresión, fue contagiado de VIH y sífilis.

De acuerdo a lo informado por el diario La Capital, el menor habría hecho contacto con los abusadores a través de la aplicación de citas Grindr. Primero inició un vínculo con un hombre de 37 años, quien lo invitó a su vivienda, con fines sexuales. Ese mismo sujeto le envió el contacto del chico a otro hombre con el que vivía, un diseñador de moda de 24 años, que también tuvo relaciones sexuales con el adolescente ese mismo día, pero durante la noche.

De acuerdo a la hipótesis de la fiscal Mónica Ferre, el docente violó al chico conociendo que era portador de HIV y sin reparar en la diferencia de edad, que descarta cualquier tipo de vínculo con consentimiento.

Tras los encuentros con los otros dos hombres, el menor, cuya identidad se preserva, recibió un mensaje por la misma red social de un inspector de 52 años con la misma intención que los otros implicados.

En tanto, con el correr de los días, el adolescente se enfermó: presentó e 40 grados, dolor articular, abdominal y vómitos, por lo que el 18 de febrero fue internado de emergencia en un hospital de la ciudad de La Plata. Allí se le diagnosticó VIH.

Los padres se enteraron de la situación, radicaron la denuncia por abuso sexual infantil, hecho que fue confirmado por la víctima en Cámara Gesell. El chico sufrió un severo daño psicológico y tiene pesadillas permanentes con los abusadores.

Ferre pidió la prisión preventiva para los tres acusados, quienes se encuentran imputados por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado, corrupción de menores agravada, facilitamiento del acceso a espectáculos pornográficos o suministro de material pornográfico”.

En tanto, el docente de 37 años posee una causa penal en su contra por captar menores con fines sexuales por Internet, delito calificado como Grooming.

Por su parte, los representantes legales de la familia, César Sivo y Federico Fourquet, reclaman que la aplicación Grindr sea regulada por una ley que imposibilite el acceso a menores de edad.

Fueron detenidos en Azul el padrastro y la madre de la menor de 13 años que dio a luz a un bebé en la ciudad bonaerense de Saladillo, en un hecho que terminó con la indignación de vecinos en medio de protestas, incidentes y un intento de linchamiento.

El fiscal Roberto Javier Berlingieri, de la UFI N°2, había pedido la detención de ambos, quienes escaparon de la ciudad tras el hecho. En las últimas horas se conoció un video en el que vecinos los encontraron en la ruta yéndose con bolsos. Sin embargo, ya fuera de Saladillo, desde un primer momento los investigadores los tuvieron localizados en Azul.

Previo a la orden de detención, el intendente de Saladillo, José Luis Salomón, quien no estaba en la ciudad cuando ocurrieron los incidentes el pasado sábado, había pedido que tanto la madre de la víctima como el padrastro vayan presos. “El padrastro y la madre tienen que estar detenidos, pero no lo puedo determinar yo. Los fiscales y el procurador de la Corte me dijeron que hay que respetar los procesos legales. Nosotros pedimos que se le dé celeridad a la investigación”, planteó el jefe comunal en la conferencia de prensa.

“Tenemos que seguir exigiendo que se clarifique lo antes posible el hecho, pero que también se contengan a la madre y al bebé que fueron fruto de esa violación. A esa madre y a ese bebé hay que darle dignidad humana”, reclamó Salomón.

En ese sentido, remarcó: “La prioridad está en la víctima adolescente y en su bebé, independientemente de todo lo otro que tiene que ver con el accionar de la Justicia. La mayoría de las expresiones han tenido más que ver con detener a las personas involucradas en el hecho aberrante y no tanto en la contención de la madre adolescente y del bebé”.

En tanto, Pablo Moscatello, director del Hospital Posadas de Saladillo, donde días atrás la nena dio a luz a un bebé, advirtió que existieron “un montón de pautas de alarma” pero que, al negarle los padres cualquier tipo de atención médica, no se pudieron detectar.

Tras asegurar que la menor “nunca tuvo un control o consulta” donde se detectara el embarazo, informó que tanto ella como la bebé “están bien” y “en observación continua”, con “visitas restringidas” para resguardar su privacidad. 

La nena llegó a la guardia del centro de salud el jueves pasado por un dolor abdominal, y allí los médicos detectaron que estaba en trabajo de parto. Tras conocerse el caso, los vecinos apuntaron contra el padrastro y la madre y aseguraron que existían antecedentes de abuso.

Según testimonios, la pareja habría obligado a la menor a ejercer la prostitución en la vivienda familiar, ubicada en la calle Pereyra entre Almafuerte y Sarmiento. Allí, este sábado los vecinos organizaron una marcha frente a la casa para “escrachar” a la familia y exigir justicia.

Un funcionario de la Procuración Bonaerense encargado de asistir a víctimas de abuso sexual fue detenido en las últimas horas por abusar de su propia hijastra desde que esta tenía cuatro años de edad.

Se trata de Jorge Eduardo Garzón, un abogado designado por el procurador Julio Conte Grand para asistir a víctimas de abuso del distrito de Ensenada,  desde el área de Procesos Urgentes de la Defensoría General de la Provincia.

El juez de Garantías platense Juan Pablo Masi ordenó e la prisión preventiva de Garzón a raíz de la gravedad de los hechos que se le imputan y en vistas de la posibilidad de que entorpezca la investigación en curso, ya que posee contactos en el poder judicial dado su rol en la Defensoría General.

También se ordenó la detención de su ex pareja y madre de la víctima, Noelia Cazaux, bajo la carátula de “encubrimiento agravado”.

Según la causa, Garzón habría comenzado a abusar sexualmente de su hijastra en 2007, cuando tenía apenas 4 años. El calvario de la niña se extendió hasta los 15 años, en 2018 cuando logró contarle a su tío biológico lo que padecía. Fue él quien denunció al abogado y a su hermana en la Justicia, informó el portal Infocielo a partir de datos de la causa.

Garzón es desde 2016 secretario de asistencia a la víctima, a cargo del Área de Procesos Urgentes, en una de las dependencias de la Defensoría General en Ensenada. Dentro de sus funciones, Jorge Garzón debía asistir a las víctimas de violencia de género y realizar informes respecto a delitos concernientes a la temática.

Tras  la decisión de juez Masi, quedó detenido y enfrenta penas de hasta 20 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado, abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores agravada.

Se conocieron fallos condenatorios contra personas imputadas por la tenencia de material de abuso sexual infantil en las localidades bonaerenses de Tres Arroyos y Adolfo Gonzales Chaves.

En el marco de diversas causas investigadas por la UFIJ Nº 6, a cargo de la fiscal Natalia Ramos, se logró identificar a los poseedores de ese material ilícito gracias al aporte de National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), una organización internacional fundada en 1984 y con sede en Washington, que se dedica a patrullar las redes para impedir y combatir la explotación sexual infantil, de acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales de Bahía Blanca. 

En la mayoría de los casos se emite un reporte con los datos de la dirección IP (Protocolo de Internet) desde donde se llevó a cabo la actividad ilegal y esa información es remitida a las jurisdicciones donde ocurrieron los hechos, a fin de que se profundicen las tareas investigativas para dar con el causante y se aplique la ley que rige en cada territorio.

Recientemente se conoció la condena a tres años de prisión en suspenso para Matías Joel Sabadini, acusado de producción, distribución, comercialización y facilitación de material de abuso sexual infantil y tenencia de ese material con fines de distribución, agravado por ser las víctimas menores de 13 años. Ese material se encontraba almacenado en su celular y en una notebook que fueron secuestrados por personal policial en su departamento, ubicado en la calle 9 de Julio al 358 de Tres Arroyos.

A su vez, Nicolás Ancho fue condenado -en juicio abreviado- a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de divulgación de representación de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales y tenencia de representaciones sexuales de menores de 18 años con fines de distribución o comercialización. Las fotos y videos estaban almacenadas en su teléfono celular, incautado el 27 de abril de 2023 en su domicilio de calle Santa Fe al 100, también de Tres Arroyos.

Finalmente, la fiscalía y la defensa presentaron un acuerdo de juicio abreviado -pendiente de resolución- respecto de Lauro Andrés Ramos por haber tenido en su poder 2 videos y 133 fotografías con contenido de abuso sexual infantil de menores de 13 años, almacenados en su teléfono celular. El aparato fue secuestrado por personal de la Delegación Necochea de Policía Federal Argentina en un allanamiento que se realizó el 5 de septiembre de 2023 en su domicilio ubicado en la calle Piedras al 700 de Adolfo Gonzales Chaves.

Según indicó el portal Misiones Online, el abogado Gonzalo de Paula, pidió en horas de la mañana que se suspenda la indagatoria a su defendido.

El imputado había llegado esta mañana al Juzgado de Apóstoles custodiado por policías del Grupo de Intervención Especial Penitenciario (GIEP) del Servicio Penitenciario desde la Unidad Penal de Cerro Azul.

Tanto Sebastián Kiczka como su defensor fueron notificados en tiempo y forma de que este jueves se iba a llevar a cabo la audiencia.

Además, se secuestraron computadoras ocultas en la casa de los suegros.

La Policía de Misiones allanó la casa de la pareja del exdiputado provincial Germán Kiczka y en la oportunidad se secuestró material informático aparentemente oculto en los fondos, que será sometido a pericias.

El operativo se llevó a cabo en el barrio San Martín, de la localidad de Apóstoles.

Los efectivos secuestraron dos computadoras, un disco rígido y celulares, que se encontraban en el patio de la vivienda, ocultos por malezas.

Los investigadores actuaron a una cuadra de la casa de Kiczka, en donde residen su pareja, una mujer de 36 años llamada Alejandra, y sus padres, quienes presenciaron el procedimiento judicial.

Según el mismo portal, los padres de Alejandra sufrieron una descompensación durante el procedimiento, que se prolongó durante dos horas, mientras que la mujer insultó a periodistas que acudieron al lugar.

Siempre de acuerdo con información judicial que dejó trascender el medio, la mujer está en la mira de la justicia y no se descarta que sea llamada a declarar en torno a la causa en calidad de partícipe. NA

Sebastián Kiczka, hermano del ex diputado Germán Kiczka, ambos acusados por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, se negó a declarar ante el juez Miguel Ángel Faria.

Según indicó el portal Misiones Online, el abogado defensor Gonzalo de Paula, pidió en horas de la mañana que se suspenda la audiencia indagatoria a su defendido.

El imputado había llegado esta mañana al Juzgado de Apóstoles custodiado por policías del Grupo de Intervención Especial Penitenciario (GIEP) del Servicio Penitenciario desde la Unidad Penal de Cerro Azul.

Tanto Sebastián Kiczka como su defensor fueron notificados en tiempo y forma de que este jueves se iba a llevar a cabo la audiencia.

La Policía de Misiones allanó la casa de la pareja del ex diputado provincial Germán Kiczka y en la oportunidad se secuestró material informático aparentemente oculto en los fondos, que será sometido a pericias.

El operativo se llevó a cabo en el barrio San Martín, de la localidad de Apóstoles. Los efectivos secuestraron dos computadoras, un disco rígido y celulares, que se encontraban en el patio de la vivienda, ocultos por malezas.

Los investigadores actuaron a una cuadra de la casa de Kiczka, en donde residen su pareja, una mujer de 36 años llamada Alejandra, y sus padres, quienes presenciaron el procedimiento judicial. 

Según el mismo portal, los padres de Alejandra sufrieron una descompensación durante el procedimiento, que se prolongó durante dos horas, mientras que la mujer insultó a periodistas que acudieron al lugar.  

Siempre de acuerdo con información judicial que dejó trascender el medio, la mujer está en la mira de la justicia y no se descarta que sea llamada a declarar en torno a la causa en calidad de partícipe.

El diputado misionero acusado de pedofilia Germán Kiczka negó haberse fugado de la Justicia y afirmó que la computadora donde hallaron material de abuso sexual infantil no era suya.

El legislador declaró ante el titular del Juzgado de Instrucción N°4 de Apóstoles, Miguel Ángel Faria, y no respondió las preguntas del magistrado.

Kiczka llegó esta mañana en una camioneta del Servicio Penitenciario Provincial hasta la calle Lanusse e ingresó, entre risas, para prestar declaración ante Faria que investiga el caso por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.

Según indicó el portal Misiones Online, el diputado estuvo más de tres horas en el Juzgado, decidió hablar y expresó que la netbook pertenece a su hermano Sebastián, quien también se encuentra detenido por el mismo delito.

“Negó que sea suya la computadora secuestrada en la casa del padre, durante el allanamiento del mes de febrero”, explicó una alta fuente consultada al medio mencionado anteriormente.

Al mismo tiempo, el sospechoso negó haberse fugado y señaló: "Estaba en un retiro espiritual para escapar del asedio de los medios". 

En este sentido, "rechazó" y "desconoció" ciertas pruebas que tiene la investigación en su contra.

La justicia de Bahía Blanca condenó a 29 años de prisión a un hombre por abusar de su hijastra durante dos años en el domicilio que compartían en aquella ciudad bonaerense.

Según determinó la investigación judicial, los hechos sucedieron entre 2020 y 2022, cuando el hombre (no se difunde su identidad para preservar a la víctima) le hizo tocamientos a la menor, quien por entonces tenía entre 10 y 12 años, para luego someterla a distintas situaciones abusivas que terminaron con la violación.

Según informa el sitio La Brújula 24, el condenado estaba acusado también de mostrarle a la víctima videos con material pornográfico con el propósito de que la menor tuviera conocimiento de prácticas sexuales de manera prematura, desviando el desarrollo normal de su sexualidad.

La niña le pudo contar a su mamá lo vivido y fue llevada al Hospital Penna, donde le brindaron atención. Allí, la pediatra que la atendió dio parte a la Policía.

El hombre fue condenado por promoción de la corrupción de menores, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, todos agravados por el aprovechamiento de convivencia con una menor de 18, y exhibiciones obscenas agravadas por la edad de la víctima, resume La Brújula 24.

La liberación del padre Grassi, condenado a 15 años de prisión por dos hechos de abuso sexual infantil, se podría adelantar y el próximo jueves 22 de agosto se desarrollará una audiencia clave.

De acuerdo a la condena establecida, el sacerdote debería salir de la cárcel recién en mayo de 2028, pero solicitó que se revise su posible “liberación anticipada,  algo que se sabrá este jueves a las 11.00 en el Tribunal en lo Criminal N°1 de Morón.

 En un hecho inusual, Grassi, quien se graduó de abogado mientras cumplía su condena, se representará a sí mismo en esta audiencia, algo que no había ocurrido en procesos anteriores.

El caso del padre Grassi se remonta a junio de 2009, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Morón lo condenó a 15 años de prisión por abuso sexual agravado, considerando su rol de sacerdote y su responsabilidad sobre los menores en la Fundación Felices los Niños.

Los abusos se produjeron en 1996 y afectaron a dos menores bajo su cuidado. La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena en 2017, y desde entonces, Grassi se encuentra en el pabellón N° 6 de la Unidad Penitenciaria N° 41, destinado a presos con buena conducta.

En la cárcel, el acusado se recibió de abogado y en esta audiencia clave se representará a sí mismo, algo que no habría ocurrido en otras causas.

El actor Juan Darthés fue condenado ayee a 6 años prisión en Brasil en el caso de violación denunciado por su colega Thelma Fardin. 

Será en régimen abierto, es decir, podrá trabajar pero debe volver a dormir a la cárcel todas las noches, informaron allegados a la actriz.   

Darthés fue denunciado en diciembre de 2018 por Fardin, quien afirmó que fue abusada sexualmente en Nicaragua durante una gira de “Patito Feo”, cuando era menor de edad. En ese momento, Darthés tenía 45 años y la víctima 16.   

Los jueces anunciaron en una audiencia virtual que revocaron la absolución en primera instancia y dictaron la pena por el delito de abuso sexual con acceso carnal.   

El actor de "Dulce amor" y "Los ricos no piden permiso", que siempre aseguró ser inocente, viajó a Brasil, de donde es oriundo, y el juicio continuó en ese país.     

"Amnistía Internacional reconoce que esta decisión es un paso firme en la construcción de una justicia que condena la violencia sexual hacia las infancias y la violencia de género, y, con ello, envía un mensaje a las niñas y mujeres de Argentina y de Latinoamérica, de que pueden confiar en el sistema de administración de justicia y animarse a denunciar", señalaron desde la organización. (NA).

“Este escenario no me lo esperaba”, dijo Fardin 

La actriz Thelma Fardin reveló ayer por la tarde que no esperaba un fallo favorable en la denuncia que inició contra su colega Juan Darthés por violación porque "había perdido la fe y la esperanza en la Justicia".   

"Este escenario no me lo esperaba, porque había perdido la fe y la esperanza en la Justicia. Esta sentencia tiene que ser un mensaje de esperanza para las personas que estén sufriendo algún abuso, que piensen que hay una posibilidad de reparación en la Justicia por más que la persona a denunciar sea muy poderosa", sostuvo Fardin en conferencia de prensa.   

Darthés fue denunciado en diciembre de 2018 por Fardin, quien afirmó que fue abusada sexualmente en Nicaragua durante una gira de “Patito Feo#, cuando era menor de edad.   

La denunciante pidió que de ahora en más se debe "construir una sociedad desde la empatía".   

"Es un día con muchas emociones. Estoy muy movilizada. Gracias a las personas que se animaron a hablar después de muchos años. Nos pusieron trabas en la rueda", remarcó Fardin.   

Asimismo, añadió: "Gracias a mi equipo por confiar en mi palabra, por creer en mí y por poner las herramientas en este caso tan complejo. Sin este equipo no hubiéramos llegado hasta acá".   

La actriz estuvo acompañada por la directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey; su abogada en Brasil Carla Andrade Junqueira; y su letrado en la Argentina, Martín Arias Duval.   

"No sabíamos el impacto que podía generar esto, pero cuando se generó nos hicimos responsables y salimos adelante. Nos tocó sentarnos en muchos escenarios muy adversos", explicó la víctima. (NA).

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Personal de la Sub Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Tandil detuvo a un sujeto acusado de abusar sexualmente de su hijastra menor de edad.

En el marco de una causa caratulada como “abuso sexual”, que está bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 12 de Tandil, a cargo de Damián Borean, y del Juzgado de Garantías N° 03 de Tandil, a cargo de Juan José Suárez, efectivos de la SubDDI realizaron un allanamiento en un domicilio ubicado en la calle Primera Junta al 1600.

Durante el operativo, se secuestraron teléfonos celulares y varias anotaciones. Asimismo, en la misma vivienda y en el marco de la misma causa, se procedió a la detención del propietario de la casa, quien está imputado en la investigación.

Estas acciones se originaron a partir de la denuncia de la víctima, una menor de edad, quien refirió haber sufrido abuso sexual en reiteradas oportunidades por parte de su padrastro, cuando convivía con él. 

A raíz de la denuncia, se llevaron a cabo diversas tareas investigativas por parte de la Fiscalía interviniente y del personal policial de la Sub DDI, logrando identificar y detener al autor de los ilícitos.

El Tribunal Oral número 6 de Morón iniciará hoy el segundo juicio oral por el secuestro y muerte de la niña Candela Sol Rodríguez, ocurrido en 2011 cuando tenía apenas 11 años de edad.   

En el primer juicio hubo dos condenas a prisión perpetua por la autoría material del crimen y una tercera, a cuatro años, por la participación secundaria en el secuestro. 

En el proceso que se iniciará hoy comparecerán otros cuatro acusados, uno de ellos –el narcotraficante Miguel Ángel "Mameluco" Villalba- preso por un caso de narcotráfico. 

Candela Sol Rodríguez fue secuestrada el 22 de agosto de 2011, en la esquina de la casa en la que vivía, en Villa Tesei, partido bonaerense de Hurlingham, cuando iba a reunirse con un grupo de amiguitas. 

Su muerte, según se determinó en el primer juicio, ocurrió en la transición del 29 al 30 de agosto en el segundo lugar en el que estuvo cautiva, a manos de los dos condenados a perpetua, Hugo Bermúdez y Leonardo Jara.   

El cadáver fue hallado en un descampado cercano a la Autopista del Oeste, a la altura de Hurlingham, en un operativo del que participó el entonces gobernador bonaerense Daniel Scioli.   

El cuerpo presentaba signos de abuso sexual.   

Junto con "Mameluco" Villalba, alojado en el penal de Ezeiza, también serán juzgados el expolicía bonaerense Sergio Fabián Chazarreta; el informante de las fuerzas de seguridad Héctor Horacio "Topo" Moreira y el carpintero Néstor Ramón Altamirano, todos en calidad de "coautores".   

Villalba declaró que el secuestro se había tratado en realidad de una represalia contra el padre de la niña, Alfredo Rodríguez, detenido por robos en la zona.   

"Mameluco" Villalba está acusado de ser el autor intelectual del secuestro de la niña.   

Durante el juicio desfilarán un centenar de testigos y la pena en expectativa para los acusados es la de prisión o reclusión perpetua. (NA).