La titular de la Defensoría del Pueblo local, Paula Lafourcade, anunció la puesta en marcha de la tercera edición del Observatorio Electoral, un esfuerzo colaborativo centrado en la accesibilidad al voto. Esta iniciativa se lleva a cabo junto a la Universidad Nacional del Centro (Unicen), la Facultad de Ciencias Económicas y la carrera de Derecho de la Universidad Fasta. 

El organismo actúa como observador cívico en virtud de un convenio firmado en 2017 con la Cámara Nacional Electoral, y para los comicios de este domingo, la herramienta se desplegará en los 69 establecimientos habilitados para votar de Tandil, repitiendo la cobertura total que se logró en la instancia provincial de septiembre.

"Es una encuesta muy completa que lleva 10 minutos, y que se hace por Google Forms. Los alumnos van a tener la oblea identificatoria y se van a acercar al delegado electoral para explicarle como realizar la encuesta, que arranca preguntando si los establecimientos están al mismo nivel que la calle o no y después para ver si ya hay rampas fijas móviles para ingresar al establecimiento", explicó Lafourcade.

La encuesta, que será acercada a las aturidades de mesa por parte de los estudiantes de las universidades participantes, abarca múltiples dimensiones de la accesibilidad, incluyendo si existen rampas fijas o móviles, si los votantes pueden moverse tranquilamente por los lugares y si tienen accesibilidad a los baños. También se verifica la información electoral, como la presencia de padrones, información sobre el acto cívico y detalles sobre los delitos electorales. Además, se observa cuáles son las fuerzas de seguridad que participan, esperándose en estos comicios la presencia del Ejército, Gendarmería, Fuerza Aérea o Policía Federal.

En cuanto a los resultados obtenidos en instancias previas, la titular de la Defensoría subrayó una evolución positiva en la ciudad: "Sí, yo creo que hemos mejorado muchísimo en lo que es rampas y acceso a los establecimientos. Se notó una gran mejoría y también estaban mejor identificados las fuerzas de seguridad y los delegados. Eso también lo notamos". Indicó que se ha avanzado significativamente en la eliminación de obstáculos, señalando que en el relevamiento actual ya no se detectaron mesas exteriores ni mesas ubicadas en plantas altas, dificultades que sí se habían reportado en el 2023, cuando se estreno la herramienta.

Otro foco importante es la correcta identificación del Cuarto Oscuro Accesible (COA). Lafourcade también destacó la necesidad de reforzar la información disponible en los ingresos de los establecimientos, sobre todo teniendo en cuenta la implementación de la nueva Boleta Única Papel (BUP). Esto es crucial para los votantes que no están familiarizados con el nuevo sistema o que no tienen acceso a medios de comunicación.

Finalmente, la funcionaria enfatizó el propósito central del Observatorio: “La verdad que es un acto muy importante ir a votar y nos interesa que las personas no tengan ninguna dificultad por su movilidad o por su discapacidad, que las mesas sean accesibles”, finalizó. 

El Municipio de Tandil notificó la reconversión del canal de WhatsApp que era gestionado por la Subsecretaría de Comunicación. Inicialmente utilizado para la difusión de gacetillas e información dirigida a los medios, este espacio se transformará en el canal oficial del Municipio de Tandil.

Desde dicha área, indicaron que esta modificación busca orientar la plataforma a compartir contenido de interés general para la comunidad. A partir de mañana, en este canal se publicarán novedades, campañas, servicios y anuncios relevantes para todos los vecinos y vecinas del partido de Tandil.

Asimismo, informaron que se podrá acceder a este canal a partir de este miércoles 1 de octubre, a través del siguiente link: https://whatsapp.com/channel/0029VaFNFE0AO7REVXqND70A 

La Casa Rosada anunció que descubrió a cinco ciudadanos rusos, residentes en el país, que realizaban tareas sospechosas en coordinación con el gobierno de Vladimir Putin.

Así lo comunicó el vocero presidencial, Manuel Adorni: “La SIDE detectó a un grupo de residentes rusos en Argentina que estaría realizando tareas sospechosas a favor de intereses geopolíticos de Rusia en estrecha comunicación con argentinos”.

Añadió que forman parte de una entidad relacionada al gobierno ruso, denominada La Compañía. La vinculó con otra organización, Lakhta, que fue liderada por un oligarca ruso, Yevgeny Prigozhin, fallecido en agosto de 2023.

“La compañía tiene por objetivo formar un grupo de personas leales a los intereses de Rusia para desarrollar campañas de desinformación e influencia contra el Estado argentino”, dijo Adorni.

Identificó como responsable de las actividades denunciadas a un ciudadano ruso radicado en la Argentina de nombre Lev Konstantinovich. Dijo que era el “encargado de financiamiento y promover vínculos con colaboradores locales”. También mencionó a Irina Iakovenko, esposa de Konstantinovich.

Entre sus tareas, siguió Adorni, se encuentran “la creación y difusión de contenidos en redes sociales, la influencia sobre ONG locales, el desarrollo de focus groups con ciudadanos nacionales y la obtención de información política para ser usada en favor de los intereses de Rusia”.

Dijo que hay más información calificada como secreto de Estado. No explicó en qué situación están las personas identificadas (no habló de detención ni dijo si están en estos momentos en la Argentina).

El proyecto Lakhta surgió desde los servicios de inteligencia de Putin y tenía como misión modificar comportamientos sociales en países extranjeros a partir de la manipulación en redes sociales. Su acción generó controversias por la operación en procesos electorales en Europa y los Estados Unidos.

El caso anunciado por Adorni recuerda el intento de infiltración en la Argentina protagonizado por los espías rusos Artiom Dultsev y Anna Dultseva, que vivieron años varios años en la Argentina, tuvieron hijos en el país y luego fueron detenidos en Eslovenia, antes de ser intercambiados por otros prisioneros y regresar con honores a Rusia.

Según datos obtenidos del Informe sobre Noticias Digitales en 2025 del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, las audiencias en América Latina tienen una fuerte preferencia por informarse a través de fuentes digitales y plataformas de redes sociales. Aún así, la mayoría opta por no pagar por la información a la que accede online y presenta bajos niveles de confianza en las noticias.

Las encuestas fueron realizadas a 12.094 personas en múltiples países de Latinoamérica, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. A través de las respuestas de las personas se desprende que ocho de cada diez usuarios se informan online, mientras que seis de cada diez lo hacen por redes sociales y solo un 48% se entera de las noticias a través de la televisión.

El consumo de información en Internet se volvió masivo, con un crecimiento de más del 15% a comparación del 2024. En cuanto a los dispositivos elegidos, la mayoría accede a los medios a través del teléfono celular. En segundo lugar se ubica la computadora (54%) y completando el tercer puesto la tablet (28%).

La confianza en las noticias que se leen a diario ha presentado cierta estabilidad en la región, manteniéndose en un nivel estable desde 2023. Solamente el 36% de los encuestados en América Latina confían en las noticias la mayor parte del tiempo. Esta cifra simboliza uno de los valores más bajos a nivel global, comparado con un 54% en África, un 39% en Europa y 40% en Asia. El país con niveles más altos de confianza en las noticias es Brasil (42%), mientras que Argentina se ubica entre los más bajos (32%).

Si se quiere encontrar una explicación a esta baja credibilidad periodística, se puede atribuir con la baja proporción de personas que pagan por las noticias a las que acceden a diario de forma online. En promedio, tan sólo el 14% de los usuarios en Latinoamérica pagan por recibir información en Internet. En contraposición, la tendencia más alta a pagar por contenido periodístico online se da en Noruega, donde el 42% de los usuarios tiene una suscripción a medios digitales.

Si bien los medios de comunicación digitales son la principal fuente de acceso a la información digital, en la sociedad actual cobra fuerza la presencia de las redes sociales con cuentas de actualidad informativa. 

Según los encuestados, Facebook es la aplicación más utilizada para leer noticias con un 43% de usuarios activos a nivel regional. Por detrás se encuentran la aplicación de mensajería WhatsApp y la plataforma de videos YouTube, las cuales son consultadas por tres de cada diez personas.

Por otra parte, la red social Instagram es una fuente de información para el 28% de los usuarios. En el caso de X (ex Twitter), se mantiene como la principal plataforma de noticias para un 12% de los usuarios y es una de las plataformas más usadas por los periodistas y figuras políticas. Finalmente, tan solo un cuarto usa TikTok para acceder a información.

En una iniciativa que busca modernizar y simplificar el acceso a la información esencial para los tandilenses y turistas, el Colegio de Farmacéuticos de Tandil ha desarrollado un código QR innovador. Este sistema permite a los usuarios conocer al instante qué farmacia se encuentra de turno en la ciudad, y se actualiza semana a semana, por lo que, una vez escaneado, permite contar con el dato preciso con tan solo abrir la página web. Silvina Calvi, presidenta de la entidad, brindó detalles sobre esta herramienta digital en comunicación con El Eco Multimedios.

El QR se encuentra disponible en diversos puntos estratégicos de la ciudad. “Lo tenemos publicado en las vidrieras donde está el turnero de cada farmacia”, explicó. Esto significa que, además de la señalización habitual, ahora los frentistas pueden escanear el código para obtener la información actualizada en su celular. “Ahora estamos empezando a distribuirlo en los hospitales, en los centros de salud y en algunos laboratorios bioquímicos”, señaló, destacando la intención de abarcar lugares donde los vecinos puedan necesitar ubicar una farmacia de turno.

Otro de los objetivos de esta iniciativa es facilitar el acceso a la información, especialmente para quienes no están familiarizados con la ciudad. Calvi mencionó que en los próximos días se proyecta entregarlo en cabañas y hoteles, “para que el turista, ante alguna emergencia o necesidad, pueda encontrarlas fácilmente y no deba salir a localizar un turnero”.

Al escanear el código, se redirige al usuario a una página web específicamente diseñada por el Colegio para este fin. La información en esta plataforma se mantiene constantemente actualizada, asegurando que los usuarios dispongan de datos precisos en todo momento. “Eso está permanentemente actualizado y cuenta, obviamente, con el respaldo del Colegio de Farmacéuticos”, concluyó Calvi, enfatizando la fiabilidad de la información proporcionada.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que el presidente Javier Milei ordenó la desclasificación de todos los documentos oficiales relacionados con los nazis que se refugiaron en la Argentina tras la Segunda Guerra Mundial.

La decisión se tomó luego de una reunión entre Javier Milei y el senador estadounidense Steve Daines, quien ha impulsado durante años la apertura de esta información.

“Nazis que vinieron a guarecerse en la Argentina, y que durante muchos años fueron protegidos“, declaró Francos en una entrevista con el canal DNEWS. La orden abarca documentos referidos a operaciones bancarias y financieras, así como archivos conservados por el Ministerio de Defensa.

El comunicado indicó que el presidente Milei pidió liberar toda la documentación que exista en cualquier organismo del Estado, argumentando que “no hay motivo para seguir resguardando esa información“.

La medida se anuncia horas después de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmara que también se desclasificará la información sobre el accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar.

“El presidente instruyó la desclasificación total de toda la información y documentación vinculada con el accionar de las fuerzas armadas durante el período de 1976 y 1983. Así como toda otra documentación producida en otro período, pero relacionada con el accionar de las fuerzas“, sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de un mensaje que se grabó el pasado viernes en horas de la tarde, y que se difundió a las 11 de este lunes.

En la misma línea, agregó: “Esto implica el traspaso absolutamente de estos archivos en manos de la SIDE a la orbita del Archivo General de la Nación, organismo encargado de la conservación y consulta de documentos históricos”, remarcó el funcionario.

Durante la última sesión del Concejo Deliberante se presentó una iniciativa por parte del concejal Severiano Mon de Unión por la Patria, llevando el debate al recinto sobre la relación de la Usina con el ente legislativo a partir de la creación de una comisión legislativa de seguimiento para facilitar el acceso a la información y el diálogo con las autoridades de la empresa eléctrica.

El concejal Mon detalló acerca del fundamento del proyecto: “la Usina es la empresa más importante de la ciudad, la cual en su particular carácter mixto no deja de tener una mayoría accionaria estatal, por lo que la rendición de cuentas y la transparencia hacia el poder legislativo debería ser algo dado, pero observamos que no sucede así”. Puntualizó en situaciones en este sentido “cuando hacemos un pedido de informes se considera que eso debe realizarse al Poder Ejecutivo y no a la Usina, que no se considera como parte del Municipio, sin embargo como podemos ignorar el tipo de gestión, la mirada de futuro, las proyecciones de la empresa más importante de la ciudad”. 

En cuanto a la propuesta consideró que “crear esta comisión es un paso para que los legisladores podamos establecer un vínculo que sirva para potenciar el rol de la usina en las políticas municipales, pero para eso el primer paso es el acceso a la información y el trato con las autoridades, que hasta ahora han sido esquivas a las convocatorias del Concejo Deliberante, cosa llamativa ya que deben dar cuenta de sus acciones porque son funcionarios públicos nombrados por el poder legislativo”.

Por otro lado, Mon recuperó el acuerdo de accionistas del año 2001: “la Usina debe devolver utilidades a los tandilenses realizando 100 cuadras por año de alumbrado público, en 2011 y en 2017 tuvo dos adendas ya que no se llegó a cubrir lo comprometido, aún así hubo dinero para crear cinco nuevas unidades de negocio. Sin embargo lo llamativo en la adenda del 2017 es que la ordenanza figura como aprobada, con número y todo pero no aparece en el orden del día de la sesión correspondiente, ya que se retiró por acuerdo de labor parlamentaria, y en las subsiguientes sesiones tampoco se la registra, por lo que estamos también en averiguaciones de lo sucedido con esta última adenda”.

Dentro de los considerandos del proyecto de decreto se hace un repaso de la historia de la Usina donde se recuerda que es una “sociedad de economía mixta desde el año 1975 donde el 60 % del capital pertenece al Municipio con carácter público y el restante 40 % pertenece al sector privado,” y que a partir del año 1993 se modifica la composición de la empresa “otorgando a los accionistas privados mayor participación en las decisiones del Directorio de la Empresa, pero manteniendo el Departamento Ejecutivo la Presidencia de la entidad y la facultad de poder de veto”. En el cuerpo del decreto se establece en su artículo 1° la creación de la “Comisión Especial de Seguimiento de la gestión de la Usina Popular y Municipal de Tandil S.E.M” de carácter ad-hoc a la Comisión de Economía y Presupuesto, la cual tendrá por objetivo realizar reuniones semestrales con las autoridades de la Usina que deberán presentar un informe de gestión que contenga “Situación patrimonial, relación económica financiera con CAMMESA, plan de inversiones de sus utilidades con sus obras previstas, balance contable, modificación estatutaria, adendas al acuerdo de accionistas, resoluciones sobre cuadros tarifarios, balances e información relativa a Usicom S.A y cualquier otro asunto de interés público”.

El concejal del bloque de Unión por la Patria, Nicolás Carrillo, emitió un comunicado en el cual denunció no solo la “inacción” del Municipio por la situación en el Ex Policlínico, sino también el incumplimiento de un pedido de acceso a la información pública que “duerme en silencio en la Secretaría de Legal y Técnica”, según transmitió.

"Habiendo recibido múltiples denuncias de vecinos de Villa Italia, ante la Comisión de  Seguridad sobre las condiciones en la que se encuentra el predio del Ex Policlínica tales como  falta de luminarias, pastos altos, microbasurales, personas pernoctando y creciente hechos delictivos que ocurren en el vecindario al amparo de las condiciones de abandono del predio, trasladé en forma verbal y mediante acto administrativo dichas denuncias al Departamento Ejecutivo, en los meses de marzo y mayo del corriente año, obteniendo como única respuesta un corte de pasto del predio y arreglo de alguna luminaria”, planteó Carrillo.

El concejal repasó el estado de situación no solo del reclamo presentado por su cuenta, sino también el del pedido de acceso a la información pública. Este último, subrayó, lleva más de 60 días de demora de acuerdo a los 30 días de plazo establecidos por la normativa municipal.

“Ante la inacción del Departamento Ejecutivo y la continuidad de los hechos delictivos denunciados por los vecinos, el 24 de mayo la Comisión de Garantías, Seguridad y Derechos Humanos presentó al Departamento Ejecutivo un pedido de información Publica haciendo hincapié en la denuncia de los vecinos, el cual fue aprobado por unanimidad por el Concejo Deliberante el pasado 13 de junio”, precisó el concejal, que preside la mencionada comisión.

En esa misma fecha, tras la aprobación en el recinto se elevó una minuta de comunicación al Ejecutivo con el pedido de información “sobre el estado de situación y futuras acciones a llevarse a cabo en el Ex Policlínico Ferroviario, a partir de las denuncias y reclamos presentados por vecinos del barrio Villa Italia”, agregó el edil.

Sin embargo, pasados casi 90 días de dicha fecha, “el Ejecutivo no ha dado ningún tipo de respuesta y el expediente en cuestión duerme silencio en la Secretaría Legal y Técnica. Los vecinos siguen esperando soluciones a sus preocupaciones”.

Carrillo sumó además que “habiendo pasado casi 90 días, no se ha obtenido ninguna respuesta por parte del Departamento Ejecutivo. Siendo que la Ordenanza Nº 15931 de Acceso a la Información Pública, votada por el propio Concejo Deliberante, obliga al Departamento Ejecutivo a dar respuesta en un plazo máximo de 30 días".

El presidente Javier Milei restringió por decreto el acceso a la información pública de los actos del Gobierno, así como también de la actividad privada y parte de la pública de sus funcionarios. A la vez, el Ejecutivo se arrogará la discresionalidad de autodefinir y autodeterminar cuál o cuáles serán los datos que podrán considerarse como de interés público para salir a la luz.

Los nuevos criterios que limitan a los ciudadanos a acceder (de manera individual o colectiva, independiente o a través de la prensa) a los datos de la administración nacional sobre la cosa pública están incluidas en el Decreto 780/2024 publicado este lunes en el Boletín Oficial.

En julio de este año, el Gobierno le dio un alcance muy amplio a la protección del ámbito privado cuando el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, sostuvo que debían rechazarse los pedidos de acceso a la información sobre los perros de Javier Milei que viven en la quinta de Olivos (consultas que incluían, por ejemplo, cuánto habían constado los caniles construidos en la residencia oficial).

Barra, en respuesta a una consulta de Karina Milei, dictaminó que eran preguntas “banales” y que debían rechazarse porque hacían a la vida “privada” del Presidente. Se quejó además de que se hubiera presentado un pedido de acceso a la información semejante.

El decreto de Milei, y que también lleva la firma de Guillermo Francos, reconoce que el principio republicano de publicidad de los actos de Gobierno, la promoción de la participación ciudadana, la transparencia de gestión y demás. Pero recorta los límites para que la administración libertaria dé a conocer sólo lo que el Presidente quiere.

Por ejemplo, establece que “no se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada”. En este sentido, entran los hechos que ocurran en la Quinta de Olivos, como reuniones familiares, cantidad o existencia de mascotas (algo que generó tiempo atrás mucha polémica), visitas íntimas o reservadas que supuestamente no tengan que ver con la gestión.

También prohíbe la difusión de “deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo o exámenes preliminares” sobre un tema o acto de gobierno. Es decir que todas las anotaciones personales durante una reunión o en agendas no serán consideradas como documentos de Estado ni posibles de ser revisadas.

En otro artículo fija en 10 años el blindaje sobre datos confidenciales o secretos de Estado por razones de defensa, política exterior o seguridad interior.

Además, protege el secreto financiero y los datos propios o de terceros que maneje el Banco Central, sobre la base de la Ley de Entidades Financieras. De este modo, el Ministerio de Economía podría ampararse en esta modificación para volver a responder negativamente a los extensos pedidos de información sobre la salida al exterior de lingotes de oro de la reserva nacional.

En otro tramo establece que la información que no se dará a conocer será también aquella que “sea objeto de medidas razonables para mantenerla secreta”. Pero no especifica los parámetros de razonabilidad y deja librado a capricho del Gobierno qué sería lo razonable o lo no razonable.

Las restricciones son tan discrecionales e indefinidas que tampoco se revelarán datos que el Gobierno entienda que podría tener “un valor comercial por ser secreta” o “sea objeto de medidas razonables para mantenerlas secretas”.

La ley de acceso a la información pública fue sancionada en 2016. Es una herramienta clave para promover la participación ciudadana en la transparencia y el control en la administración pública porque obliga a los tres poderes del Estado, al Ministerio Público, a empresas, partidos políticos, universidades y gremios que reciban aportes públicos, a responder las solicitudes de información que eleve cualquier ciudadano en un plazo no mayor a un mes.

El diario Ámbito Financiero, especializado en información financiera, económica y política que durante muchos años se destacó por sus peculiares títulos de tapa, dejará de publicar su edición en papel tras 47 años ininterrumpidos, informó la dirección del medio de comunicación.A través de un comunicado de prensa, Julián Guarino, director Periodístico de Ámbito Financiero, explicó que la medida surge con el objetivo de aportar en "la reducción de las emisiones y la huella de carbono"."Los estándares internacionales de gestión empresarial analizan especialmente el impacto ambiental, debido a la aceleración del cambio climático, y por eso consideramos que los diarios impresos tienen mucho que repensar en este contexto", aseguró el periodista.En línea con "una transformación que se adecúa a las tendencias globales", el diario dejará de imprimir su edición en papel tras 47 años ininterrumpidos.Fundado el 9 de diciembre de 1976 por el periodista Julio Ramos, Ámbito Financiero se dedica a brindar información financiera, económica y política, y a "ser testigo de los más significativos acontecimientos de nuestro país con primicias e información fidedigna", según se destacó en el comunicado."En el nuevo milenio, nos adaptamos a los nuevos escenarios y contextos con la creación de la unidad web de Ámbito", recordó el director del diario, y aseguró: "Siempre nos hemos caracterizado por nuestra audacia, anticipándonos y adaptándonos a los cambios de época y a las costumbres y necesidades de nuestros lectores"."En tal sentido, reconocemos que en esta era de comunicación multiplataforma y desafíos constantes para proporcionar información veraz en medio de la marea de fake news, la apuesta por lo digital es insoslayable y responde a nuestro objetivo firme de innovación, como también a nuestro compromiso inquebrantable con nuestras audiencias y sobre todo, con la verdad", sostuvo.Asimismo, destacó la consolidación de la edición Ámbito Uruguay, que "no solo representa el fortalecimiento de nuestra presencia en el mercado uruguayo, sino que también sienta las bases para una proyección regional más amplia".Por último, destacó el "compromiso inquebrantablemente con la verdad, la calidad y los requerimientos de la gestión empresarial de vanguardia", al tiempo que agradeció "la lealtad a lo largo de los años para con nuestra edición impresa".

CED Tandil junto a otras tres organizaciones de la provincia, han sido convocadas para informar y difundir sobre derechos en el territorio, con información útil, para las personas de la sociedad civil que necesiten denunciar prácticas discriminatorias por género, orientación  sexual e identidad o expresión de género perpetradas por personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. 

En argentina este proyecto es impulsado por Capicúa,  una sociedad civil bonaerense que promueve los derechos  de los diferentes grupos que integran la diversidad sexual. Está enmarcado bajo la Iniciativa Spotlight, una alianza global y plurianual puesta en marcha por la Unión Europea y las Naciones Unidas orientada a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.

De la misma participan, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, UNICEF y el Ministerio de Seguridad Argentino. 

Herramientas para la juventud

En dialogo con el Eco de Tandil, Gustavo Pernicone, presidente de CED, contó como surgió la convocatoria, y explicó los alcances y las razones de este programa. 

En primer lugar indicó que a través de la participación en varias de las actividades que realiza la ONU y la Asociación Interamericana de Derechos Humanos, se conoce el trabajo que realiza Convivencia en Diversidad. “A raíz de eso, este año, Capicúa que es una organización de CABA que trabaja mucho con la protección y el cuidado de menores de edad, la cual lanzó este proyecto en el país en 2019, empezaron a trabajarlo, y ahora se amplió, nos convocó para darnos herramientas y ayudarnos a implementarlo de a poco en la ciudad”, relató.

En términos específicos, se trata de brinda asistencia técnica para el diagnóstico sobre violencia institucional agravada por razones de género, expresión e identidad del mismo, y orientación sexual, hacia personas que forman parte del colectivo LGTBIQ+. Además, incluye el diseño e implementación de dispositivos que garanticen el respeto a este sector de la población, por parte de las fuerzas policiales y de seguridad federales. 

“Lo que se está planteando es la violencia institucional en situaciones graves, sobre todo en menores de edad, que se está dando mucho con policías de provincia. Hay situaciones que abogados han denunciado para pedir la intervención federal y la policía federal se pone en complicidad con la provincial, violando muchas veces los derechos de los jóvenes”, señaló Pernicone.

Se busca capacitar y poner en conocimiento a la sociedad y las instituciones de que el estado tiene un protocolo a seguir, y debe hacerlo dentro de las normas, “si vos como estado golpeas a un joven, lo maltratas, simplemente por su orientación sexual o identidad de género, evidentemente tenemos un problema gravísimo”.

“La idea más que nada es invitar a conocer los derechos de las personas LGTBIQ+, sobre todo a las instituciones que trabajan con menores, que sepan cómo actuar, adonde dirigirse”, indicó el presidente de CED. Se trata de facilitarles las herramientas mínimas necesarias para que estén en conocimiento ante cualquier tipo de violencia institucional que puedan llegar a recibir sus integrantes.

“Estamos arrancando, ya nos contactamos con algunos docentes universitarios para organizar un debate y jornada informativa en el campus, queremos que los jóvenes tomen conciencia de que el estado nos tiene que cuidar, con las formas que están estipuladas, sin recurrir a la violencia”, manifestó.

Por último, expresó que este tipo de actividades se realizan pensadas para la protección de la juventud, que es la que encara los nuevos cambios de paradigma en el mundo moderno, y muchas veces se encuentra con trabas en el camino.

“A mí me preocupan mucho los jóvenes menores de 25 años, porque si vos ves, en general tenes un porcentaje muy alto que está totalmente descreído de la protección de las fuerzas de seguridad, porque en general son los que traen el cambio generacional, y disputan muchas de la luchas que buscan generar un nueva forma de pensar”, concluyó.

Circulan en redes sociales imágenes o videos creados con inteligencia artificial que generan desinformación al mostrar situaciones o declaraciones ficticias. El problema es que estas imágenes o videos suelen difundirse como si fueran contenidos auténticos, lo que hace que muchas personas los tomen como verdaderos. En un contexto electoral, esto podría afectar tanto a los candidatos como al proceso de votación. En esta nota te contamos cómo podemos discernir si una imagen o un video fue creado con inteligencia artificial para no caer en desinformaciones.

Por Florencia Ballarino y Lucía Gardel, de ReversoLas nuevas herramientas de inteligencia artificial -cada vez más populares- presentan oportunidades, pero también nuevos riesgos y desafíos. A esta altura sabemos que una de las desventajas es que pueden generar desinformación, ya sea a través de textos generados con ChatGPT o a través de plataformas que crean imágenes y videos falsos. En un contexto electoral, esto podría afectar a los candidatos o al proceso de votación.¿Qué podemos hacer para cuidarnos de este tipo de desinformaciones? ¿Cómo podemos saber si una imagen fue creada con inteligencia artificial? Te lo contamos en esta nota.

Existen diversos casos de imágenes creadas con inteligencia artificial que han generado desinformación en contextos políticos al mostrar situaciones ficticias. El problema de esta técnica -que está evolucionando- es que las imágenes resultantes suelen difundirse en redes sociales como si fueran auténticas y sin contexto, lo que hace que muchas personas las tomen como verdaderas.Así se han viralizado imágenes de políticos en diversos países. En los últimos meses circularon supuestas fotos del ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, siendo arrestado -cuando aún no había sido puesto bajo arresto por los cargos judiciales que enfrenta pero resultaron ser imágenes creadas con inteligencia artificial. 

También se viralizaron en redes supuestas imágenes del presidente de Francia, Emmanuel Macron, por las calles de París en medio de las protestas por su polémica reforma jubilatoria. Y en el contexto del encuentro entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping, el 20 de marzo de 2023, circuló en Twitter una foto sin fuente que mostraba a Putin arrodillado ante el líder chino.

El Papa Francisco también fue víctima de la inteligencia artificial. En las últimas semanas circuló una imagen de Jorge Bergoglio con una campera puffer blanca. Varios usuarios se preguntaron en Twitter si se trataba de una imagen verdadera y muchos la compartieron como si lo fuese. Pero la foto había sido creada con la herramienta de inteligencia artificial Midjourney.

La desinformación impulsada con inteligencia artificial no solo afecta a figuras públicas; también genera eventos ficticios. Por ejemplo, se hizo viral una imagen falsa de una explosión en el edificio del Pentágono en los Estados Unidos, así como otra imagen inventada de policías abrazando mujeres durante una manifestación en Francia.

El potencial para desinformar de los los videos creados con inteligencia artificial y el ChatGPT

En el contexto de las elecciones presidenciales en Brasil de 2022, circularon varios deepfake -videos manipulados o generados con inteligencia artifical- sobre los candidatos Lula da Silva y Jair Bolsonaro. En ellos se puede ver al actual presidente brasilero quejarse del precio de la paçoca, una golosina típica de Brasil, y a Bolsonaro bailando en short y sin camisa. Ambos videos se viralizaron en Tik Tok como auténticos, pero no son reales. 

Los deepfake consiguen modificar la apariencia física e incluso la voz de las personas a las que se imita y pueden ser utilizados para distorsionar discursos de políticos. Por ejemplo, en marzo de 2022 circuló un video donde el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, supuestamente le pedía a sus tropas que se rindieran y dejaran las armas ante el ejército ruso. Se trató de un deepfake que el propio presidente de Ucrania desmintió a través de su perfil de Instagram. 

Un análisis de Mekela Panditharatne, experta en desinformación del Brennan Center for Justice, y Noah Giansiracusa, profesor asociado de Matemáticas y Ciencia de Datos en la Universidad de Bentley, Estados Unidos, describe los peligros que plantea la desinformación relacionada con las elecciones generada mediante inteligencia artificial y analiza el caso de aplicaciones como el ChatGPT.

“Los votantes que interactúan con modelos de lenguaje en sistemas de búsqueda y por medio de chatbots probablemente se topen con información errónea involuntariamente, ya que se sabe que estas herramientas ‘tienen alucinaciones’ de vez en cuando e incluso fabrican anotaciones que parecen fidedignas, con enlaces a artículos que no existen, para respaldar afirmaciones falsas”, advierte el trabajo.

Para los autores, el uso generalizado de inteligencia artificial generativa “podría crear una nube de confusión que dificulte distinguir entre lo verdadero y lo falso” y “eso, a su vez, podría erosionar la confianza en la información electoral de manera más amplia”.

La inteligencia artificial evoluciona día a día  y es cada vez más complejo detectar si una imagen ha sido creada con esta tecnología, pero existen algunos detalles a los que se puede estar atento.Como con cualquier foto que se encuentra en internet y que genera sospechas, es útil buscar la fuente original de la supuesta imagen y averiguar si fue publicada previamente por alguna agencia de noticias o si se comparte con el crédito de un fotógrafo. Para ello, se puede hacer una búsqueda inversa de la imagen con Google u otro buscador como TinEye. Incluso sin encontrar el registro original, se puede llegar a alguna otra versión de la imagen que indique si fuentes fiables confirmaron su legitimidad.Para analizar si una imagen fue creada con inteligencia artificial el secreto es afinar el ojo. En la mayoría de los casos, estas imágenes que terminan viralizándose presentan varias imperfecciones. Por eso, es necesario estar atento a los detalles: mirar las manos, los ojos, la cara, la textura de la piel de las personas, las orejas, los dientes y el cabello, que pueden verse artificiales, así como buscar si hay objetos desproporcionados, y observar si los reflejos o sombras de los objetos son correctos.

Algunas herramientas de inteligencia artificial dejan una marca de agua en las imágenes, como DALL-E, que genera automáticamente una barra colorida en la esquina inferior derecha de todas sus imágenes; o Crayion, que coloca un pequeño lápiz rojo en el mismo lugar. De todos modos, es necesario ser cauto con este punto porque las imágenes pueden ser editadas y las marcas de agua podrían ser removidas a propósito, además de que no todas las plataformas de creación de imágenes con IA la aplican.Por último, existen herramientas de detección automática que permiten identificar imágenes creadas por inteligencia artificial, como la página Hugging Face, aunque hasta el momento no se ha encontrado una que sea 100% infalible. 

Consejos similares pueden aplicarse para detectar un deepfake. Para identificarlos, el MIT Media Lab, un laboratorio dentro de la Escuela de Arquitectura y Planificación en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, aconseja prestar atención a la cara de quien aparece en el video, en especial su piel -si está o no muy arrugada-, el vello facial, el cabello y los ojos para detectar, por ejemplo, si aparecen sombras en los lugares esperados o si la persona parpadea demasiado o muy poco. También se recomienda observar los movimientos de los labios y si se sincronizan o no con la voz.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP que une a medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña electoral.

Las vías de contacto para sumarse son:

por mail a info@chequeado.com

por WhatsApp

y /ReversoAr en todas las redes.

Autoras: Florencia Ballarino y Lucía GardelEdición 1: Matías Di SantiEdición 2: Ana Prieto 

En la Argentina volvemos a elegir representantes y -como en cada proceso electoral- se viraliza en las redes sociales información falsa sobre los comicios, lo que implica una amenaza al voto libre e informado de los ciudadanos. Estas desinformaciones involucran a líderes, candidatos, partidos y gobiernos, y tienen forma de avisos, audios, tuits y cadenas de WhatsApp falsos, videos manipulados, zócalos editados, entre otros.

En la alianza Reverso, que empieza hoy su tercera edición consecutiva, nos proponemos luchar contra la producción y viralización de contenidos desinformantes que puedan surgir en diferentes momentos del proceso electoral. Pero esa tarea también puede empezar por casa.

Por Juan José Domínguez, de Reverso

Empieza la carrera electoral de 2023 y, así, la diseminación en redes sociales de desinformación sobre los comicios, lo que nos exige estar en alerta para no dejarnos engañar. Ese, justamente, es el rol de Reverso, la alianza de medios periodísticos más grande de la Argentina: contrarrestar la desinformación que puede surgir en los diferentes momentos del proceso electoral y asegurar que la información correcta esté disponible para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto libre e informado. 

Por eso, queremos abrir la tercera edición de esta alianza con un anticipo de las desinformaciones que suelen circular durante los procesos electorales y que muy probablemente se repitan en estas elecciones de 2023. Para eso, nos basamos en el registro de verificaciones de las ediciones de 2019 y de 2021 de esta iniciativa, liderada y coordinada por Chequeado y AFP en un acuerdo con decenas de medios periodísticos del país.

A no dejarse engañar.

Los candidatos son el principal blanco de la desinformación

En las campañas electorales argentinas a veces se deja de lado el fair play (juego limpio). Y un costado de esas campañas sucias son las desinformaciones que perjudican directamente a los líderes políticos y a los candidatos. Esas desinformaciones surgen, presumiblemente, desde los bandos contrarios al que pertenece la figura política en cuestión. Y hay ejemplos de todos los espacios políticos.

Una manera muy común de dañar la imagen de dirigentes, espacios políticos y gobiernos son las supuestas placas de las redes sociales de los distintos medios periodísticos -como Infobae, Clarín, La Nación, Página/12 y Crónica, entre otros- con frases falsas; es decir, afirmaciones entrecomilladas que en realidad no pertenecen a la persona a la que se las atribuye.

Como se explicó en esta nota, la difusión de supuestas placas de medios de comunicación, con la foto de una persona protagonista del debate público, una frase y el logo del medio, es una práctica habitual para generar y difundir desinformaciones, porque requiere mínimos esfuerzos de edición y puede llegar a viralizarse rápido.

Al encontrarse con un contenido de este tipo, es necesario preguntarse: ¿cuál es el contenido original? ¿Quién lo viralizó? ¿Cuál es el contexto del contenido? Además, se puede realizar una búsqueda inversa en Google o búsqueda de palabras clave en cualquier buscador para determinar si hay registros de esa frase.

Por ejemplo, en 2019 se le atribuyó al entonces presidente de la Nación, Mauricio Macri (Cambiemos), haber dicho que “no es tan necesario el feriado del Día de la Bandera”, lo cual es falso, y este año circuló una placa falsa con la siguiente afirmación atribuida a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (Frente de Todos): “Si esto tiene que terminar en una guerra entre argentinos, que así sea”. Esto también resultó ser falso.

La desinformación viaja en diferentes formatos

Pero la desinformación que tiene como víctimas a los dirigentes políticos no se ciñe a placas: también tiene forma de avisos, audios, fotos, tuits y hasta cadenas de WhatsApp que circulan como si fueran ciertas. También, audios con imitaciones, videos manipulados, zócalos (o videographs) con frases jamás pronunciadas por los políticos entrevistados, cuentas de Twitter falsas y hasta candidatos que no son tales.

Urnas con fajas rotas no equivale a un fraude ni a una irregularidad

Hace 4 años, durante las elecciones de 2019, también se volvió viral una desinformación que afirmaba que las urnas con cintas rotas en el frente eran sinónimo de fraude pero esto no es así. Es habitual que las autoridades de mesa abran las urnas para retirar los objetos necesarios que vienen dentro para el proceso electoral, o para verificar que estén vacías antes de comenzar la elección.

Eso sí: una vez que se verifica que la urna está vacía, se coloca una faja ancha que garantiza la seguridad de la urna y que no debe estar rota, como se puede ver en este instructivo publicado por la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Desinformaciones de este tipo circularon en 2019, con una foto del momento en que votaba el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet (Frente de Todos), y este año, con otra foto que mostraba el instante en que emitió su voto el intendente de Chilecito, Rodrigo Brizuela y Doria (Frente de Todos). 

Las capturas de telegramas con tachas tampoco significan fraude

Luego de las elecciones primarias de 2019, comenzaron a circular capturas de telegramas con tachaduras o errores a través de posteos en redes sociales o cadenas de WhatsApp, cuya difusión se utilizó para generar la sospecha de que hubo fraude en los comicios.

Pero, como se explica en esta nota de Reverso, la versión de fraude electoral terminó siendo falsa: los telegramas con inconsistencias existen desde 1983, representan menos del 1% del total y no implican que exista fraude porque los telegramas no tienen valor legal. En las actas de escrutinio, firmadas por las autoridades de mesa y por los fiscales partidarios, está la información correcta y esta sí tiene validez legal.

Como se explicó en esta nota, este tipo de desinformaciones que cuestionan la legitimidad de los comicios no circularon sólo en la Argentina. En 2019, durante las elecciones de constituyentes en Chile (11 de abril), las elecciones presidenciales de Perú (11 de abril y 6 de junio), y en las elecciones legislativas de México (6 de junio) también se hicieron virales contenidos falsos que planteaban la posibilidad del fraude (acá, acá, acá y acá), como la acusación de la adulteración de actas o documentos firmados por autoridades de mesa de votación ya fallecidas. En 2022, en Brasil la desinformación apuntó firme contra el proceso electoral, puso en duda el funcionamiento de las urnas electrónicas (acá, acá) y los resultados (acá, acá).

Cómo detectar una información falsa por nuestra propia cuenta

En Reverso nos proponemos luchar contra la desinformación pero a esa lucha podés encararla vos mismo: con tu computadora o con tu celular.

Ante cualquier contenido, es vital prestar atención a la fuente y no compartir aquella que no sea información verificada. Además, frente a una cadena de WhatsApp que dice “Reenviado” o “Reenviado muchas veces”, por ejemplo, prestar especial atención porque eso significa que el autor de ese contenido no está claro y no es quien mandó el mensaje. Y sobre todo, ante la duda, no compartas.

La lucha contra la desinformación también significa advertirles a nuestros familiares y amigos cuando están compartiendo o comentando como si fuera cierto un contenido falso. Como se explica en esta nota o en esta otra, es importante establecer un diálogo genuino, respetuoso, con calma y paciencia; entender por qué la otra persona cree y/o difunde noticias falsas y acercarle información cierta y contrastada.

Para más información, podés consultar el documento “¿Cómo cubrir las noticias sobre elecciones sin promover la desinformación?”, que es una de las guías desarrolladas por Chequeado -revisada por especialistas y con el apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de la Unesco- con el fin de aportar a la capacitación de periodistas en actividad y en formación de América Latina y el Caribe. 

También podés leer este listado de los 10 casos más comunes de desinformación electoral en la región de la iniciativa Portal Check, un trabajo colaborativo -también realizado por Unesco junto con Chequeado y la red de fact-checkers Latam Chequea- financiado por la Unión Europea.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP que une a más de 100 medios y a empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña electoral.

Las vías de contacto para sumarse son:

por mail a info@chequeado.com

por WhatsApp

y /ReversoAr en todas las redes.

Autor: Juan José Domínguez

Edición 1: Florencia Ballarino

Edición 2: Matías Di Santi

Edición 3: Anella Reta

La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros, impulsa un “Programa de Fortalecimiento de las Políticas de Transparencia y Acceso a la Información Pública para Empresas Estatales” con el objetivo de generar mecanismos específicos de fortalecimiento adaptados a las necesidades de los diversos organismos obligados por la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública. 

En el caso de las empresas públicas, a través del Programa se fortalecen las capacidades organizacionales para producir información sobre el valor público que generan, la función social que cumplen sustentada con información accesible a la ciudadanía, y promoviendo los mecanismos de participación en los procesos de toma de decisiones.

Este convenio tiene por objetivo establecer relaciones de cooperación, complementación y asistencia recíproca de carácter institucional para el abordaje de estrategias de fortalecimiento de la transparencia y el acceso a la información pública de la empresa Aerolíneas Argentinas. 

Estas acciones abarcan desde los procedimientos de tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública, la capacitación de personal estratégico en esta materia, y el trabajo mancomunado en el marco de los principios de transparencia como un valor de la cultura organizacional.

El Convenio prevé conformar una unidad de coordinación entre la AAIP y el Grupo Aerolíneas, con el objetivo de acordar las acciones específicas a los fines de instrumentar un plan de trabajo y distintos proyectos a realizar en conjunto.

Participaron de la firma del convenio por parte de Aerolíneas Argentinas Pablo Ceriani, su presidente; Nicolas Sykes, director de Asuntos Legales y; Mariano Oteiza, gerente de Asuntos Societarios; la AAIP estuvo representada por Beatriz de Anchorena, titular de la Agencia; Lorena Salim, directora nacional de Políticas de Acceso a la Información Pública; y Luciana Carpinacci, directora nacional de Evaluación de Políticas de Transparencia.

El Ejecutivo respondió los interrogantes que planteó el bloque de concejales del Frente de Todos respecto de la obra del Hito Urbano del Bicentenario, que se lleva adelante en Espora y Franklin y Primera Junta. 

Respaldada en los alcances de la ordenanza 15.931 de acceso a la información pública, la bancada demandó al Departamento Ejecutivo detalles relativos a la construcción, fechas de obras, criterios de selección de proyectos y fundamentalmente los costos para la ejecución de la propuesta que será inaugurada el próximo 4 de abril.

La presentación, realizada en noviembre pasado y cuya respuesta llegó en el plazo previsto por la normativa, pone el foco en la ejecución presupuestaria de la obra, además de otros detalles vinculados al concurso de ideas.

El pedido apuntó a obtener precisiones en cuanto a los costos, no sólo del concurso, sino también de la obra en general, como así también dar con la información pública de cuál será la fecha de finalización y cuándo la inauguración.

La respuesta, que lleva la firma del secretario y de la subsecretaria de Planeamiento y Obras Públicas de la comuna, Luciano Lafosse y María Riestra respectivamente, señala que en el presupuesto 2022 se contempló una partida de 20 millones para la construcción de la idea ganadora del concurso “sin tener referencia de la propuesta que se materializaría”.

Y reconoció que esos recursos “son insuficientes” para esa obra “por distintos motivos”, entre los que mencionaron fundamentalmente dos: “el incremento por la inflación y que el proyecto abarca una superficie de pavimentos que se considera necesario mejorar”.

Luego, queda inconclusa la precisión respecto a la asignación de partidas en el presupuesto en ejecución, que es de 50 millones de pesos.

La oposición alertó este error y reclamó “mesura” y “planificación” a la hora de asignar partidas ya que proyectaron 20 millones el año pasado y otros 50 para el actual. Y aclararon que no hay objeciones en cuanto a las características estéticas del proyecto, sino del procedimiento “porque se trata del dinero de todos los tandilenses”.

Respuestas 

El primer punto refiriere  al convenio suscripto el 21 de enero de 2022 entre el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito VIII y el Municipio.

En respuesta, desde la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas indicaron que el acuerdo “sólo contemplaba la organización conjunta entre el Municipio y esa entidad a los fines de garantizar la participación de profesionales especialistas en cuestiones de diseño urbano”.

Por eso, una vez generadas las bases del concurso, la recepción de los trabajos y el dictamen del jurado con las actas que daban cuenta del resultado, la entidad “no tiene más injerencia en la temática”.

“La obra contempla un diseño de ese espacio urbano con temas más relevantes y que sostienen la idea proyectual, entre las que citaremos la línea y el círculo, materializados mediante la cinta de hormigón con 200 columnas con luminarias y un cambio de solado, encerrado en un círculo que abarca el sector aledaño y que circunscribe un sector de las calles Espora y Primera Junta y de las veredas, y también contempla cuestiones menos relevantes en cuanto a la idea”.

El plan de trabajo, en tanto, contempla la inauguración de las obras más relevantes el 4 de abril. Sin embargo, ratificaron que “se irán haciendo tareas paralelas a la puesta en valor de los espacios adyacentes durante todo el año del bicentenario”.

Más precisiones

Ante la consulta sobre el costo de la realización del concurso, desde la dependencia comunal indicaron que fue de 720 mil pesos, que se desglosaron en razón de 480 mil pesos destinados al pago de premios y 240 mil pesos en concepto de gastos. “Estos datos están en el convenio que fue rubricado por el Intendente y el presidente del Colegio de Arquitectos y que tuvo aval del Concejo Deliberante”, resaltaron.

Sobre el proyecto, la oposición preguntó si se prevé la modificación de los planos. En esa línea, el Ejecutivo respondió que la documentación que se presenta en el concurso de ideas requiere dotarla de precisiones para poder materializarla, por lo que “el paso de una idea a un proyecto implica generar definiciones que algún profesional debe realizar”.

Por la “calidad proyectual” que se advierte, la decisión fue “contratar al arquitecto Julián Gonzalo Pérez de OP Arquitectos, autores intelectuales de la presentación con la finalidad que sean ellos quienes desarrollen la idea presentada”.

Si bien la Secretaría de Obras Públicas “cuenta con profesionales con incumbencias para este tipo de obras de arquitectura urbana”, consideraron apropiado que “los autores intelectuales sean los que elaboren y den forma a los detalles constructivos y de materialización”.

La respuesta alude a otro de los puntos referidos a si el proyecto se llevará a cabo por los arquitectos ganadores.

Asimismo, desde el Gobierno resaltaron que “todo proyecto de arquitectura al momento de materializarse puede sufrir modificaciones ya que se trata de un hecho físico, por lo que las modificaciones que pueda tener serán las menores posibles y responderán a interferencias o hechos insalvables determinadas in situ, todas situaciones propias del normal desarrollo de una obra de construcción”.

El planteo responde a otro de los interrogantes impulsados por la oposición respecto a si existió contratación de algún consultor  externo para realizar el concurso Provincial de Ideas para la construcción de un Hito Urbano y Tratamiento del Espacio Público Adyacente.

La contratación contemplaba la etapa de proyecto, por lo que “posteriormente se contrató a la arquitecta Magdalena Coronel como encargada de la realización y coordinación de la obra en su totalidad”.

Siguen las repercusiones en torno a la obra para instalar un mástil sobre la cima del Parque Independencia como parte de los festejos por el bicentenario de la fundación de la ciudad.

En este caso, la concejal del Frente de Todos, Guadalupe Gárriz, se respaldó en los alcances de la ordenanza de acceso a la información pública para reclamar al Ejecutivo detalles del proyecto, un mecanismo que hace algunos meses impulsó a propósito de la obra del hito del bicentenario, que será también inaugurada el próximo 4 de abril.

Según expresó la concejal en un posteo publicado por las redes sociales, contó que “hace algunos días nos enteramos, por un gran pozo en la cima del Parque Independencia, que el Municipio emplazará un mástil de 40 metros en ese lugar”.

Y cuestionó que “una vez más el Gobierno de Lunghi toma decisiones de manera unilateral, sin comunicar ni consultar nada, y desconociendo el Plan de Desarrollo Territorial”.

En ese contexto enmarcó la presentación, con el objetivo de contar con “más información sobre esta obra que impactará sobre el paisaje que disfrutamos todos los días”. 

El marco normativo y los pedidos

La nota se encuentra dirigida al secretario de Gobierno, Oscar Teruggi y parte del proyecto para colocar un mástil de 40 metros de altura en la cima del Parque Independencia como una de las acciones para conmemorar los 200 años de la fundación de Tandil.

En tanto, presenta como argumentos que el paseo turístico natural se encuentra registrado para su preservación en el Plan de Desarrollo Territorial, ordenanza 9.865, anexo V “Bienes Patrimoniales Catalogados”, en el inciso c, entre los lugares y edificios municipales ubica al Parque Independencia, incluidos la Portada, el Castillo Morisco, las estatuas, los pilares y cadenas, escalera, cañones, arboleda y jardines, Anfiteatro Martín Fierro.

Bajo ese enfoque, solicita información sobre una serie de demandas. Por un lado, pregunta: ¿existe un proyecto respecto a la colocación del mástil? y, en caso afirmativo, reclama que se adjunte, y que detalle cómo se llevará a cabo su emplazamiento.

Y cita en el segundo punto que “si bien en una nota del diario de El Eco de Tandil de fecha 11 de febrero se informó que el mástil tendrá 40 metros de altura, solicito se informe y detalle cada una de las características que tendrá dicha obra”.

Agrega además que si bien en el presupuesto en ejecución se detalla que se destinará a la obra el monto de seis millones de pesos, pide que se informe de dónde provienen esos fondos y detalle si existen donaciones u otras fuentes de financiamiento y cuáles son los montos.

Más demandas

La nota presentada ayer por la concejal del Frente de Todos incorpora otros dos puntos que se sustentan el requerimiento de acuerdo a lo que fija el Plan de Desarrollo Territorial.

En ese sentido, indica que, atento que en el Capítulo X “Normas sobre calidad ambiental” se establece que “en los lugares de paisaje abierto y natural, como en este caso, que se incluyan en el catálogo patrimonial del anexo 5 no se permitirá que la ubicación, volumen, altura, muros, cierres o la instalación de otros elementos que limite el campo visual y altere los rasgos de la morfología y la topografía del paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo, ¿se llevó adelante algún análisis de impacto ambiental que tendrá la instalación del mástil?”.

En caso que la respuesta sea afirmativa, que efectivamente exista un estudio en esa línea, solicita que se adjunte una copia.

Por último, de acuerdo al capítulo XI “Preservación del patrimonio construido” del Plan de Desarrollo Territorial, “establece que toda intervención sobre un bien protegido, aun las que se realicen argumentando fines de recuperación, restauración, restitución, o puesta en valor del mismo, sin tramitar previamente la conformidad expresa de la Autoridad de Aplicación, verificada por ésta o por algún otro organismo municipal, dará lugar a la inmediata paralización de los trabajos y a la automática aplicación por la Justicia de Faltas municipal de las penalidades correspondientes a todas las personas que resulten responsables”.

Ante este enfoque, pregunta: ¿La autoridad de aplicación fue consultada para llevar adelante dicha obra?

Acceso a la información pública 

El pedido lo enmarcó en los alcances de la ordenanza 15.931/17 de acceso a la información pública, que en su artículo séptimo señala como “sujetos obligados a brindar información pública: la administración central; el Concejo Deliberante; los organismos descentralizados; la Usina Popular y Municipal de Tandil SEM; concesionarios, permisionarios, consorcios y licenciatarios de servicios públicos o concesionarios permisionarios de uso de dominio público, en la medida en que cumplan servicios públicos y en todo aquello que corresponda al ejercicio de la función administrativa delegada; organizaciones empresariales, partidos políticos, sindicatos, universidades y cualquier entidad privada a la que se le hayan otorgado fondos públicos, en lo que se refiera, únicamente, a la información producida total o parcialmente o relacionada con los fondos públicos recibidos; personas jurídicas públicas no estatales en todo aquello que estuviese regulado por del derecho público, y en lo que se refiera a la información producida o relacionada con los fondos públicos recibidos; fideicomisos que se constituyeren total o parcialmente con recursos o bienes del Estado municipal”.

Como señala el artículo 11, “toda solicitud de información pública requerida en los términos de la presente deberá ser satisfecha en un plazo no mayor de 15 días hábiles”.

Un grupo de personas, entre ellos investigadores, profesionales, integrantes de la Mesa Girsu y estudiantes de la Unicen, presentó ante el Gobierno de Miguel Lunghi hace unos diez días una nota para solicitar precisiones sobre el relleno sanitario en los términos que fija la ordenanza de acceso a la información pública.

La preocupación por la situación actual y futura de la disposición final de los residuos sólidos urbanos puso el foco en el funcionamiento del predio en sus condiciones actuales. Sin embargo, el enfoque apunta también a conocer los alcances del proyecto para la expansión y adquisición de un terreno contiguo.

En concreto, el pedido se basa en cinco puntos relacionados a los estudios de impacto ambiental realizados oportunamente sobre el predio y sobre las napas de agua.

En simultáneo, remitieron una nota al jefe comunal con un planteo similar y un reclamo para que disponga de los medios necesarios para cumplir con la participación ciudadana ante el debate del tema y “transparentar” la decisión de la ubicación del nuevo relleno.

Acceder a información

En el marco de la ordenanza 15.931 de acceso a la información pública, el pedido fue presentado por mesa de entradas de la Municipalidad el miércoles pasado y dirigido al jefe de Gabinete, Oscar Teruggi.

El requerimiento apunta a obtener una copia sobre “el estudio de impacto ambiental original del relleno sanitario de 1998 y el de su ampliación de 2014; el informe del/los estudios de suelo realizados en el predio en estudio para el futuro relleno; todos los análisis de laboratorio de la red de monitoreo del agua subterránea del relleno actual, de todos los pozos existentes; todos los análisis disponibles del agua superficial (canal del relleno y canal al cual éste se une)”.

Nota al Intendente

En simultáneo, el mismo grupo de firmantes elevó una carta dirigida al intendente Miguel Lunghi en la que expresó su preocupación por la situación actual y futura de la disposición final de los residuos sólidos urbanos de la ciudad, e hizo referencia al pedido de acceso a la información pública sobre el relleno en funcionamiento y su futuro emplazamiento.

En detalle, planteó que “si bien es de público conocimiento que se está buscando un lugar para implantar un nuevo relleno sanitario”, alertó que “la información disponible es prácticamente inexistente, a excepción de trascendidos periodísticos -por cierto preocupantes-, difundidos en diarios y radios locales”.

En este sentido, los firmantes de la nota citaron una entrevista radial en la que el jefe comunal “admitió que había roca en una parte del predio de 10 hectáreas” en respuesta a “trascendidos que indicaban que los estudios de suelo del predio para el nuevo relleno recomendaron que no era un lugar indicado”.

En efecto, alertaron que eso implica una “complejidad ambiental incuestionable” para la instalación de un relleno sanitario en ese predio, especialmente “por el riesgo de contaminación del agua subterránea”.

Asimismo, expone la mirada de un geólogo que enumeró las características que harían del predio en el cual aparentemente se quiere instalar el relleno un lugar “inadecuado” sobre la base de la “ausencia de una barrera natural adecuada en el suelo, incluso con formación rocosa prácticamente a la vista; topografía elevada; napas altas”.

Por la participación ciudadana 

Como conclusión, y frente a esta situación, las personas que adhirieron a la presentación y que además acompañaron el pedido de acceso a la información pública, consideraron que la asignación de un nuevo predio para el relleno sanitario debe realizarse de “forma transparente y participativa” a partir de la confección de un estudio de impacto ambiental en los términos del Decreto 1741/96, según la Ley 11.459 de la provincia de Buenos Aires.

En este sentido, aseguraron que la participación ciudadana es una herramienta “fundamental”, según lo indica la Guía para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental.

“La Ley General del Ambiente 25.675 (LGA), establece que ‘toda persona tiene derecho a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente’. La LGA indica particularmente que la participación deberá asegurarse, en particular, en las etapas de planificación y evaluación de resultados”, citaron.

Tales instancias “se dan en la etapa previa a la autorización de actividades, es decir, al otorgamiento o no de la licencia ambiental, para proyectos que puedan generar impactos significativos sobre el ambiente”.

Con respecto al relleno actual, consideraron necesario realizar un “estudio ambiental profundo sobre el impacto generado en sus casi 25 años de funcionamiento, tanto en lo que respecta a las aguas subterráneas, aguas superficiales, la flora y la fauna, así como también el impacto social de su clausura”.

Independientemente de los aspectos técnicos asociados al emplazamiento actual y futuro del relleno sanitario, alertaron que la etapa de disposición final de los residuos debe “planificarse y coordinarse con las etapas anteriores de la gestión de los residuos bajo una mirada integral”.

“La existencia de un sitio de disposición final no implica soslayar los esfuerzos de recuperación de residuos reciclables (orgánicos e inorgánicos) ni los tratamientos específicos para los Residuos Especiales de Generación Universal (REGU)”, apuntaron los firmantes.

Por eso, solicitaron al jefe comunal que disponga de los medios necesarios para cumplir con la participación ciudadana que la ley indica y “transparentar” la decisión de la ubicación del nuevo relleno, así como “para estudiar la situación del relleno actual”.

El concejal del Frente de Todos, Nicolás Carrillo, le solicitó al Departamento Ejecutivo precisiones sobre la “ubicación y autorización” para la instalación del contenedor ubicado en Pujol al 500 a partir del trágico accidente ocurrido el 17 de junio pasado en el que perdió la vida un motociclista de 23 años.

El pedido se sustenta en la normativa de Acceso a la Información Pública y en virtud de lo que establece la Ordenanza 13.633 que contempla el marco regulatorio para todo lo relativo al uso y ocupación de la vía pública y el Decreto -Ordenanza 2.800 de 1981 respecto del uso de los recipientes denominados contenedores “para el depósito de residuos, deshechos, escombros y todo otro tipo de material proveniente de limpieza de edificios, fábricas, negocios o industrias, demoliciones, refacciones, modificaciones de edificios y toda otra  materia factible de ser transportada por este medio con excepción de las que signifiquen riesgos para la seguridad, higiene y salubridad”.

El concejal del Frente de Todos elevó la nota el jueves pasado y, de acuerdo al artículo 11 de la Ordenanza 15.931, la Administración Central tendrá “un plazo no mayor de 15 días hábiles” para responder al requerimiento. El pedido fue dirigido al jefe de Gabinete del Municipio, Oscar Teruggi.

Precisiones

El concejal solicitó al Departamento Ejecutivo que informe “¿cuál es el área encargada de hacer cumplir la Ordenanza 2.800 sobre contenedores? ¿Cuántas empresas hay en Tandil que brindan ese servicio y cuántos contenedores tienen habilitados con la oblea municipal correspondiente?”.

Otro de los interrogantes planteados apunta a conocer “¿con qué periodicidad se controla el estado de los contenedores?” y “¿cuál fue el área municipal que autorizó la colocación del contendedor en dicha arteria?”.

En caso de encontrarse autorizado, consultó sobre la cantidad de días que se permitió la instalación, precisión de las fechas y si contaba con la oblea municipal.

“Qué contralor realizó el Municipio a ese contendedor, si estaba infracción y, de ser así, si se aplicaron sanciones y cuáles”, agregó Carrillo en el pedido de acceso a la información pública, que adjuntó imágenes sobre la unidad contra la que impactó el joven motociclista el pasado 17 de junio. 

“En la foto que se adjunta se observa que el contenedor metálico no estaba pintado según lo estipula decreto -Ordenanza 2.800, artículo 4, inciso b. Y respecto a su ubicación, se ve un disco de prohibición de estacionamiento donde se encuentra ubicado el objeto metálico, lo que estaría prohibido según la Ordenanza 13.633, artículo 27 que contempla artículo 2, 3, 4 inciso j y l. De ser así, ¿por qué no se secuestró y/o retiró el contendor?”, señaló.

Por eso, y para cerrar, indagó por más precisiones para conocer si “tenía la oblea correspondiente con fecha de colocación y retiro como pide el artículo 50 de la mencionada ordenanza; si tenía número correlativo correspondiente como pide el artículo 4 de la Ordenanza 2.800”.

El trágico hecho

El episodio de inseguridad vial ocurrió el 17 de junio a la madrugada en Pujol 550. El joven de 23 años, Franco Nicolás Flores Molina, que circulaba en moto, protagonizó un choque contra un contenedor y murió tras ser atendido en el Hospital Santamarina.

De acuerdo a la información oficial, la víctima circulaba por la avenida en sentido Beiró hacia Quintana y, al llegar al barrio Procrear, no advirtió el contenedor, lo impactó y sufrió un traumatismo severo.

Desde el Hospital Municipal habían indicado que el motociclista ingresó con politraumatismos y una hemorragia masiva en la región abdominal, y fue derivado inmediatamente al quirófano, donde no pudieron revertir el complejo cuadro de salud.

En el lugar del accidente se hizo presente personal de la Policía Científica. Además, la UFI en turno tomó conocimiento del hecho y dispuso la operación de necropsia, a cargo del cuerpo médico policial. El hecho quedó caratulado como “Muerte por accidente”.

Un hecho de similares características tuvo lugar en esta ciudad el 25 de junio de 2021, cuando un motociclista impactó contra un contenedor ubicado en Linstow al 400 y, producto de las heridas, falleció.