“No al cierre de la delegación Tandil”. Con ese pedido, un video compartido por la sede local de Iosfa puso nuevamente en primer plano la incertidumbre por la continuidad de la oficina en Tandil y las consecuencias que tendría para quienes necesitan gestionar autorizaciones, medicamentos y tratamientos. El mensaje busca sumar respaldo para sostener un espacio de atención presencial en un contexto de dificultades para acceder a las prestaciones.

“No se trata de mantener una oficina abierta, sino de facilitar el acceso a la cobertura de salud y a los trámites administrativos del afiliado”, expresaron en la grabación. La definición concentra el sentido del reclamo: la delegación funciona como un lugar de orientación para personas que llegan con una necesidad médica y requieren ayuda para resolver los pasos administrativos.

Según señalaron en el video, la oficina atiende un promedio de 80 personas por día. Entre las gestiones que acompañan mencionaron las autorizaciones, la provisión de medicamentos, las derivaciones y los tratamientos oncológicos.

El planteo también advierte sobre las dificultades que supondría reemplazar ese contacto por canales exclusivamente digitales o telefónicos. “No todos los afiliados tienen las mismas posibilidades de utilizar aplicaciones, páginas web o sistemas de atención telefónica”, remarcaron.

En ese sentido, defendieron la atención presencial como una herramienta para evitar que las dificultades tecnológicas se conviertan en una barrera para acceder a la cobertura. El acompañamiento resulta especialmente sensible cuando se trata de dar continuidad a un tratamiento o de conseguir una autorización.

La preocupación por la sede tandilense se inscribe en la reorganización de la obra social y su transición hacia OSFA. Tal como informó El Eco a comienzos de octubre, el delegado de ATE Rubén Chía había advertido que Tandil quedaría afuera de una propuesta para reducir las delegaciones y concentrar la atención en oficinas cabeceras.

La dependencia cuenta con 27 trabajadores entre civiles y militares, y su área de atención también comprende a Azul y Olavarría. Por eso, la incertidumbre involucra tanto a los empleados como a los beneficiarios de la región que recurren a ella para gestionar su cobertura.

El reclamo por mantener la oficina abierta se suma a problemas prestacionales que los afiliados vienen denunciando. Entre los casos que este medio dio a conocer durante el mes se encuentra el de una vecina que lleva dos años esperando una prótesis de rodilla. También se expusieron dificultades para acceder a prácticas complejas en Tandil y la necesidad de viajar a otras ciudades para recibir atención.

En ese escenario, quienes impulsan el pedido destacan el papel de la delegación como nexo para canalizar consultas y reclamos. La posibilidad de contar con una persona que explique cómo continuar un expediente o qué documentación presentar forma parte del servicio que buscan preservar.

El conflicto también llegó al Concejo Deliberante. En la última sesión, el concejal Federico Martínez reclamó gestiones ante el Gobierno nacional para defender la sede y convocó a acompañar la recolección de firmas por su continuidad. Su intervención puso el foco en las dificultades de cobertura y en el impacto que un eventual cierre tendría sobre las familias que dependen de la obra social.

Con ese panorama, el video renueva el pedido de apoyo a la comunidad y pone el acento en la atención cotidiana. “Te pedimos que nos ayudes a mantener la delegación abierta”, expresaron, con el objetivo de seguir ofreciendo un lugar al que los afiliados puedan acudir para recibir orientación y tramitar sus necesidades de salud.

La Asociación Mutual de Empleados Municipales de Tandil (Amemt) mantiene un conflicto económico con el Club Deportivo Santamarina por una deuda cercana a los 47 millones de pesos, correspondiente a intervenciones quirúrgicas realizadas a futbolistas de la institución aurinegra. Ante la falta de respuestas a los reiterados pedidos de pago, la entidad sanitaria confirmó su decisión de avanzar con acciones legales para recuperar el dinero reclamado.

La controversia suma un nuevo capítulo a la delicada situación institucional y financiera que atraviesa Santamarina, luego de haber perdido la categoría en el Torneo Federal hace menos de un mes. Sin embargo, el conflicto podría extenderse más allá de las autoridades del club, ya que los propios jugadores que recibieron las prestaciones médicas podrían quedar involucrados en las actuaciones judiciales.

Según informó inicialmente La Voz de Tandil, el monto reclamado asciende a 46.893.694 pesos. Desde la mutual señalaron que durante los últimos meses se realizaron diferentes gestiones para obtener el pago, incluyendo intimaciones y el envío de cartas documento, sin conseguir una respuesta que permitiera alcanzar un acuerdo.

El reclamo apunta a fondos que, de acuerdo con la versión de Amemt, Sancor Seguros ya habría reintegrado a Santamarina por las operaciones realizadas, pero que nunca fueron transferidos a la entidad encargada de facilitar las intervenciones.

El mecanismo establecido entre las partes permitía que los futbolistas recibieran atención médica sin que Santamarina tuviera que afrontar anticipadamente el costo de cada cirugía.

Para ello, el club contrataba pólizas con Sancor Seguros e incorporaba nominalmente a sus jugadores dentro de la cobertura. Cuando alguno sufría una lesión que requería una intervención quirúrgica, se gestionaba la autorización correspondiente y Amemt facilitaba las prestaciones necesarias.

Una particularidad de este procedimiento es que las facturas por las operaciones eran emitidas a nombre de los futbolistas intervenidos, aunque las pólizas eran contratadas y administradas por Santamarina.

Una vez realizada la cirugía y cumplidos los trámites administrativos, la aseguradora efectuaba el reintegro correspondiente a una cuenta bancaria del club. Posteriormente, la institución deportiva debía utilizar ese dinero para cancelar los servicios médicos.

No obstante, desde Amemt sostienen que Santamarina recibió los reintegros, pero no concretó los pagos comprometidos.

La mutual indicó que, ante la demora en la cancelación de las prestaciones, realizó consultas con la compañía aseguradora y recibió como respuesta que los fondos correspondientes ya habían sido depositados al club.

A partir de esa situación comenzaron los reclamos formales, que se extendieron durante varios meses sin que las partes lograran alcanzar una solución.

Otro aspecto relevante del conflicto es la composición de la deuda. Desde Amemt aclararon que solamente el 20 por ciento del dinero reclamado corresponde a prestaciones propias de la entidad, mientras que el 80 por ciento restante está vinculado con los servicios profesionales y médicos que participaron en las operaciones.

De esta manera, tomando como referencia los aproximadamente 46,4 millones de pesos mencionados por la mutual, unos 9,3 millones corresponden a servicios propios, mientras que alrededor de 37,1 millones están relacionados con prestaciones de traumatología, anestesia y ortopedia.

Según explicaron desde la institución, ante la falta de pago por parte de Santamarina, Amemt debió afrontar con recursos propios los compromisos económicos correspondientes a esos profesionales y servicios.

Así, una modalidad de trabajo que originalmente buscaba facilitar la atención de los deportistas terminó generando una importante carga financiera para la entidad sanitaria.

La decisión de recurrir a la Justicia introduce un elemento especialmente delicado para los futbolistas que fueron operados.

Si bien Santamarina era el responsable de contratar las pólizas y recibir los reintegros de la aseguradora, las facturas de las intervenciones fueron confeccionadas a nombre de cada jugador, una circunstancia que podría tener consecuencias en el desarrollo del reclamo.

Desde Amemt confirmaron que las acciones legales podrían alcanzar tanto a la institución aurinegra y a su presidente, Diego Puissant, como a los deportistas que recibieron las prestaciones.

Sin embargo, el hecho de que una factura esté emitida a nombre de un futbolista no determina automáticamente que deba responder personalmente por su pago. Esa eventual responsabilidad dependerá de las condiciones de contratación, la documentación respaldatoria y las obligaciones asumidas por cada una de las partes.

En este sentido, los jugadores podrían terminar involucrados en una controversia económica que, de acuerdo con la mutual, se originó en la falta de transferencia de fondos que ya habían sido abonados por la aseguradora.

La situación representa un nuevo inconveniente para Santamarina, que atraviesa un escenario complejo tanto en lo deportivo como en lo institucional.

El reciente descenso del Torneo Federal significó un duro golpe para la institución aurinegra, que ahora enfrenta la posibilidad de un litigio judicial por una suma millonaria.

El conflicto adquiere además una dimensión particular por el vínculo que ambas entidades mantuvieron durante los últimos años. Amemt fue uno de los patrocinadores y colaboradores de Santamarina en distintas campañas deportivas, por lo que el reclamo económico se produce después de una relación de acompañamiento institucional.

Desde la mutual insisten en que las intervenciones fueron efectivamente realizadas, que los costos debieron ser afrontados por la entidad sanitaria y que los reintegros correspondientes ya fueron abonados por Sancor Seguros al club.

De esta manera, el eje de la controversia no estaría relacionado con una falta de cobertura de los deportistas, sino con el destino de los fondos que, según denuncia Amemt, recibió Santamarina y no fueron utilizados para cancelar las prestaciones médicas.

Tras las intimaciones y los intentos de negociación, la mutual decidió avanzar por la vía judicial para procurar el recupero de la deuda.

Por el momento, las afirmaciones sobre los reintegros y la falta de pago corresponden a la versión de Amemt. Resta conocer la posición de las autoridades de Santamarina frente a este reclamo y determinar qué responsabilidades podrían corresponder a cada una de las partes involucradas.

El juez federal Ariel Lijo dictó un segundo procesamiento por corrupción contra Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y otros implicados en una red de contrataciones irregulares. La investigación, delegada en el fiscal Franco Picardi, determinó la existencia de un entramado delictivo que operó, al menos, desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025.

La causa judicial expone la compra direccionada de insumos ortopédicos con sobreprecios y el pago de sobornos. Según la resolución, los funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad facilitaron la adjudicación de contratos a allegados a cambio de retornos. Los hechos detectados en esta etapa involucran una erogación de 75,5 millones de pesos, mientras que la diferencia de precios bajo investigación en el expediente global supera los 7.833 millones de pesos.

El esquema ilícito, según el magistrado, era conducido desde el sector público por Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini, mientras que en el ámbito privado la maniobra era coordinada por Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian. En total, más de 20 empresarios a través de más de 30 firmas habrían participado en la maniobra.

La resolución del juez Ariel Lijo alcanzó a 24 personas, resolviendo el procesamiento sin prisión preventiva de 19 individuos y ampliando el de otros cinco que ya estaban involucrados. Entre los procesados figuran Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich, considerados miembros de la asociación ilícita.

El caso se centra en el Programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad o enfermedades crónicas graves en situación de pobreza estructural. Los insumos afectados incluyen prótesis de alta gama, implantes cocleares y sillas de ruedas motorizadas. La Justicia atribuyó a los imputados los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada y, en algunos casos, lavado de activos.

El abogado Gastón Argeri analizó la creciente recurrencia de los recursos de amparo en el ámbito de la salud. 

De acuerdo a lo indicado por el letrado, muchas personas llegan a su estudio “tras meses de espera y desgaste administrativo, desconociendo que existen mecanismos legales ágiles para exigir las prestaciones que les corresponden por derecho”.

En el marco de una entrevista brindada a Plataforma Magazine, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, Argeri destacó que el amparo es una herramienta fundamental frente a la desidia de las entidades de salud. 

"Nos encontramos con personas que vienen y consultan habiendo pasado seis meses o un año. A veces, las obras sociales o prepagas especulan, te piden muchas cosas para que te agotes, te piden hasta videos de intervenciones quirúrgicas si el médico no filmó, cuando debería bastar con la historia clínica", señaló el profesional.

El abogado explicó que, ante la falta de respuesta o las trabas burocráticas, el primer paso es la intimación formal. 

"Cuando presentas papeles, quédate con una copia con el día que lo entregaste. Si no te dan respuesta, hay que intimar, porque la gente llega al estudio diciendo que hace meses espera una medicación o una inyección. Eso termina en un posible juicio por el daño causado por la demora", advirtió.

Uno de los puntos clave que subrayó Gastón Argeri es la celeridad del proceso judicial en estos casos. Al presentar una demanda de amparo, se solicita una medida cautelar que obliga a la entidad a brindar el servicio en un plazo muy breve, generalmente de pocos días. 

"El juez analiza el derecho constitucional que vos tenés a la salud y, en la mayoría de los casos, se resuelve de forma favorable", afirmó.

El letrado aclaró que estos recursos no buscan beneficios extraordinarios, sino el cumplimiento del Plan Médico Obligatorio (PMO), que constituye el piso mínimo de cobertura que toda obra social debe garantizar. 

"No estás pidiendo algo descabellado, estás exigiendo lo que corresponde. Si tenés un médico que respalda y pide ese tratamiento, la obra social debe cumplirlo", enfatizó.

Al ser consultado sobre cuáles son las situaciones que más se repiten en su estudio, Argeri enumeró una amplia gama de necesidades insatisfechas. Entre los casos más comunes se encuentran la falta de entrega de medicamentos, inyecciones, prótesis, técnicas de reproducción humana asistida y autorizaciones para tratamientos oncológicos. 

Asimismo, mencionó “las dificultades que enfrentan los familiares de personas mayores para obtener cobertura en geriátricos o centros de atención especializada”.

El abogado hizo especial hincapié en el impacto humano de estas situaciones, donde el paciente y su entorno familiar se ven sobrepasados por la angustia. 

"Cuando escuchas el relato de las historias de vida, es muy triste. La gente se acostumbra a vivir de una forma, pero la verdad es que estas cuestiones de salud cambian rotundamente la vida de las personas", sostuvo.

Finalmente, Argeri desmitificó la idea de que consultar a un abogado sea un proceso traumático o inalcanzable económicamente. 

"No hay que llegar cuando ya estemos lamentando. Vayamos al inicio, antes de que sucedan los problemas, para poder ordenar o encausar la situación", concluyó.