En una entrevista con El Eco Multimedios, Matilde Vide, Directora de Política de Género y Diversidad Sexual del Municipio, compartió detalles sobre el progreso en la capacitación de empleados y trabajadores municipales en el marco de la Ley Micaela. Esta legislación, de vital importancia, busca promover la igualdad de género y prevenir situaciones de discriminación y violencia en el ámbito laboral.

La Ley, promulgada en 2010 establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, busca trasmitir herramientas y deconstruir sentidos comunes para poder cuestionar la desigualdad y la discriminación, transformando así las políticas públicas.

Vide explicó que la aplicación actual no sólo cumple con la normativa nacional y provincial, sino también con dos ordenanzas municipales que buscan asegurar que todo el personal del municipio se capacite en cuestiones de género. Esta iniciativa tiene un doble propósito: mejorar los ambientes laborales, promoviendo vínculos saludables y previniendo situaciones de violencia, como así también garantizar la implementación de políticas públicas que fomenten la igualdad y eviten la perpetuación de desigualdades de género y discriminación.

Asimismo, la funcionaria enfatizó que esta capacitación va más allá de cuestiones de género, ya que se trata de promover un enfoque más inclusivo y sensible hacia todas las personas, reconociendo que ciertas situaciones pueden generar malestar o discriminación en un otro por desconocimiento. En asociación con la Universidad Nacional del Centro, se diseñó un programa de capacitación digital compuesto por cuatro módulos, abordando el marco normativo, conceptos básicos y el ambiente laboral específico. 

Al ser consultada sobre la existencia de problemas o planteos relacionados con discriminación o maltrato en el ámbito laboral municipal, Vide confirmó que se han registrado casos. Estos incidentes motivaron la creación de un protocolo de actuación en casos de violencia de género y discriminación en colaboración con el sindicato de trabajadores municipales, con el objetivo de abordar estas situaciones de manera efectiva y sensible.

Implementación digital y presencial

En cuanto a la implementación concreta, se hizo hincapié en la colaboración con el Consejo Asesor, que incluye a distintas entidades y organismos relacionados con la temática, así como con el sindicato de trabajadores municipales. La implementación digital se inició el año pasado, enfocándose inicialmente en puestos políticos y este año se amplió a todos los sectores con empleados permanentes y temporales.

En relación a la modalidad Vide destacó que es obligatoria para todos los empleados municipales, aunque se ha brindado una etapa virtual inicial apelando a la voluntariedad de los participantes, comprendiendo sus limitaciones y preferencias para con la tecnología.  A pesar de los desafíos que pudieron plantearse por la virtualidad, se logró la participación de más de mil agentes, demostrando un compromiso significativo. “Con todos los ejercicios, las lecturas, los videos, la verdad que sentimos que ha sido una buena etapa, entre los políticos y los agentes ya llevamos casi un 40 por ciento de trabajadores municipales que realizaron la capacitación” dijo.Se planea una segunda etapa de capacitación presencial el próximo año para completar el curso.

La directora reveló que, en cumplimiento de las antes mencionadas ordenanzas municipales, los trabajadores están obligados a participar en, al menos, dos capacitaciones. Una general de sensibilización, que ya se dio virtualmente y otra específica a su área. Esta decisión refleja el compromiso de abordar la diversidad en un municipio donde conviven diferentes ramas de trabajo como abogados, médicos, operarios y demás profesionales que manejan una multiplicidad de temas, lo que demanda una constante reflexión sobre la interacción diaria para evitar situaciones de discriminación o violencia. 

Buen ambiente laboral

La finalidad última de esta iniciativa es crear ambientes de trabajo más respetuosos y armoniosos. Al respecto Vide destacó que el bienestar en el entorno laboral es fundamental para un desempeño óptimo. Esta capacitación brinda herramientas para afrontar los desafíos cambiantes impuestos por un mundo en constante evolución. 

Además, la funcionaria subrayó que el trabajo en un ambiente propicio permite a los empleados rendir de manera más eficiente y valorar su aporte personal en el ámbito laboral.

La implementación de la Ley Micaela en el Municipio no sólo busca el cumplimiento normativo, sino que también procura promover espacios laborales inclusivos y respetuosos. Este compromiso con la sensibilización y especialización en cada área representa un paso significativo hacia un entorno laboral más equitativo y empático, donde cada individuo se sienta valorado y respetado por igual.

Como complemento de la Ley Micaela que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, el Municipio de Tandil avanza con la iniciativa que busca ampliar los alcances de la normativa en ámbitos sectoriales: cámaras, asociaciones, organizaciones.

El Programa Micaela Participativa se inició en 2022 y es coordinado por la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat de la comuna, con el objetivo contribuir a la prevención de la violencia y a la construcción de mejores condiciones de igualdad entre los géneros a partir de sensibilizaciones y herramientas prácticas en la temática.

Se trata de una propuesta gratuita, que se acuerda con cada institución y en general abarca dos encuentros presenciales. Los interesados pueden consultar o inscribirse por mail a dpoliticasdegenero@gmail.com.

Esta semana concluyó la capacitación para el sector turístico, en la que se trabajaron conceptos básicos de género y diversidad sexual, buenas prácticas y protocolos de actuación frente a casos de violencia de género. Además, se reflexionó sobre las potencialidades de la ciudad de Tandil para consolidar el desarrollo de una oferta turística con una perspectiva amigable con esta temática.

Desde comienzos de año se realizaron capacitaciones para diferentes instituciones de la ciudad, que tuvieron encuentros en el auditorium de la Fundación OSDE.

Esas actividades estuvieron dirigidas a ingresantes de la carrera de enfermería del Instituto Superior de Formación Técnica N° 75, a la Unión de Colectividades de Tandil, a la Feria de Mujeres Emprendedoras, a las Ferias de Artesanos de la ciudad, la empresa de tecnología REDIMEC y el sector turístico.

De acuerdo a la planificación establecida con base en las solicitudes recibidas, en la segunda mitad del año se continuará trabajando con otros sectores que incluyen medios de comunicación, asociaciones civiles y organizaciones de educación formal e informal.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia llevó adelante una nueva reunión de la Mesa Coordinadora del Curso de Formación de Formadores en Ley Micaela, con el objetivo de impulsar la capacitación del personal de todos los niveles y jerarquías en materia de género y diversidad.Estas acciones buscan constituir una red de formadores y formadoras que brinden futuros cursos en el Ministerio, transversalizando la política de género y garantizando ambientes laborales libres de violencias en toda la Provincia.La iniciativa se enmarca en el trabajo conjunto que se está desarrollando con el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género, y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires.Participaron de la mesa de trabajo el subsecretario de Planificación, Control de Gestión y Relaciones Institucionales, Carlos Bonicatto; la directora Provincial de Planificación, Lorena Bermúdez; la directora Provincial de Personal, Jimena Baldello; la directora Provincial de Informática y Comunicaciones, Débora Fortini; la directora General de Institutos de Formación y Capacitación del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Lujan Arbe; la directora de Carrera Penitenciaria, Mercedes Fernández; el subdirector de política y desarrollo de Recursos Humanos, Manuel Chamorro.

En la madrugada del primero de abril de 2017, a la salida de un boliche ubicado en la localidad de Gualeguay, Entre Ríos, Micaela García, de 21 años, fue secuestrada, violada y asesinada por Sebastián Wagner. El hombre estaba condenado a nueve años de prisión, tras estar implicado en dos casos de abuso sexual, y a pesar de que había informes técnicos que no recomendaban su liberación, el juez entrerriano Carlos Rossi dictó su libertad condicional.

A partir de este hecho, que marcó un antes y un después en el tratamiento judicial de casos que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres, el 10 de enero de 2019 se promulgó la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tanto a nivel nacional, como provincial y municipal.

Contexto de la implementación

En ese sentido, a partir de octubre de 2021, Tandil tuvo la primera etapa de capacitaciones en el marco de esta Ley, de la que formaron parte 80 funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Al año siguiente, se continuaron los procesos formativos con los integrantes del Concejo Deliberante, y a partir de marzo de 2023, a través de un convenio del Municipio con el Consejo Asesor que se formó para trabajar la implementación de esta Ley, todos los empleados municipales serán capacitados en perspectiva de género.

El consejo está conformado por Érica Lanzini, quien al momento de la creación estaba a cargo de la Mesa Local Intersectorial Contra las Violencias, David Marconi del Sindicato de Trabajadores Municipales, Matilde Vide, directora del Área de Genero del Municipio, Juan Francisco Maciá Cantarelli, director de Recursos Humanos del Municipio, Luciano Grasso, vicepresidente del SISP, las concejales María Haydeé Condino y Guadalupe Garriz, y por ultimo Gisela Giamberardino, directora del Área del Género de Unicen, la cual se acercó a la redacción de El Eco de Tandil para dar detalles acerca de la implementación de esta nueva etapa, que involucrará a casi tres mil trabajadores. 

En primer lugar,  destacó que esta Ley ha marcado un antes y un después en la forma de abarcar los casos de violencia por cuestiones de género, tanto a nivel jurídico como en el subconsciente de la sociedad en general.

“Creo que el primer gran salto cualitativo es que se empezó a visibilizar, ahora existe como término jurídico el femicidio, antes se usaban otros términos y muchas veces el sentido común lo sigue usando, con expresiones del tipo ‘asesinato por odio’ o ‘crimen pasional’. Esta Ley apuesta por tensionar esas ideas establecidas, porque ese sentido común del que hablamos, es muy contradictorio, y sigue siendo muy conservador y machista”, expresó.

Respecto a las experiencias pasadas, remarcó que es una labor que requiere mucha estrategia didáctica y pedagógica, para poder sensibilizar a quienes trabajan en el Estado “para que podamos ver nuestras propias actitudes, discursos y acciones, sexistas o machistas, y también para que podamos hacer un análisis de la cultura institucional, respecto de que discursos pueden estar sosteniendo prejuicios o preconceptos, que tengan la posibilidad de derivar en situaciones de violencia”. 

Detalles de las capacitaciones

La directora afirmó que las capacitaciones comenzarán el 8 de marzo, fecha del Día Internacional de la Mujer, y que será un desafío por que la cantidad de trabajadores que se formaran en esta instancia es mucho mayor que las anteriores, que no superaban las cien personas. 

“Como es tan abultada la cantidad, lo que decidimos fue hacerla en modalidad virtual, para eso contamos con un equipo de tres especialistas, que ya diseñamos y conformamos los materiales, que son clases escritas, videos, cuadernillos imprimibles, y por supuesto links a determinados materiales de apoyo, que van a estar en una aula web” detalló.

Serán grupos de entre 40 y 60 personas por cada aula, con un tutor a cargo, para los cuales se está previendo una formación, “aunque de todas formas son gente que ya viene instruida y tiene un activismo, militancia y reflexión, provienen de la educación terciaria y universitaria, y otra parte van a ser colegas del área de genero del Municipio” contó.

El curso contará con una clase “cero” en la que se instruirá acerca del uso de la plataforma virtual en la que estarán cargados los contenidos, posteriormente, se buscará que el proceso de aprendizaje se haga a voluntad de los involucrados, por lo que no constará de clases sincrónicas, en las que habría que pactar un horario y demás cuestiones que pueden influir en el nivel de asistencia y el resultado final de la capacitación. 

Los cursantes pasarán por cuatro ejes, que forman parte del contenido mínimo definido por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Tendrán espacios de consulta con los tutores, y a su vez pasaran por etapas de autoevaluación al final de cada eje.

“El formulario de autoevaluación estará en cada uno de los ejes, para que cada uno vea como absorbió el contenido, y defina por su propia cuenta si necesita reforzar alguno de los conceptos. A eso el consejo va a tener acceso, obviamente de forma anónima, para que podamos ir analizando cómo se está dando el proceso formativo” explicó Giamberardino.

A pesar de las facilidades que ofrece la modalidad virtual, desde el consejo saben que habrá casos en los que tendrán que recurrir a la presencialidad. “No sé si vamos en un principio a llegar las casi tres mil personas que abarca esta etapa, no todo el mundo tiene la posibilidad de autoformarse, ni de reflexionar sobre estos temas, y muchos no tienen acceso a una computadora. Y a pesar de que la plataforma que elegimos te permite bajar la aplicación al celular igualmente somos conscientes que va quedar gente afuera, para la que ya tenemos pensado un plan con espacios de formación más breves, pero presenciales y en formato de taller”, aseguró la directora.

Por último, manifestó que a pesar de que la Ley Micaela es un signo de toma de consciencia por parte de la sociedad, todavía queda mucho trabajo por hacer. “Lamentablemente, tenemos que decir que no han variado los datos, a las mujeres nos siguen matando cada 22 horas, son datos tremendos, que se repiten en toda latinoamérica” finalizó.

El pasado lunes se realizó el primer encuentro de las capacitaciones del programa Micaela Participativa que impulsa el Municipio como parte de las políticas públicas implementadas para prevenir y erradicar situaciones de violencia por motivos de género hacia las mujeres y las diversidades sexuales, y favorecer a la construcción de condiciones de igualdad.

En esa etapa la propuesta está dirigida a integrantes de clubes y entidades vinculadas al deporte y se da luego de una primera experiencia con representantes de la Mesa Multisectorial de Tandil.

La iniciativa, coordinada por la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual, es complementaria a la Ley Micaela que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, que los funcionarios comunales ya realizaron. Ahora la intención es ampliar los alcances de la normativa en ámbitos sectoriales: cámaras, asociaciones y organizaciones.

Cada etapa es dirigida a un sector específico y consiste en la realización de dos encuentros de sensibilización de dos horas cada uno. En el primero de ellos se trabaja con un marco teórico conceptual de acuerdo a las normativas existentes en nuestro país, mientras que en el segundo encuentro se tratan la ruta crítica, las líneas y oficinas de atención a personas en situación de violencia por motivos de género u orientación sexual. Además se puede trabajar sobre protocolos específicos para cada sector o institución que así lo requiera.

Tras completar una reunión informativa, este lunes por la tarde se realizó el primer encuentro en la sede de APYMET. En la apertura la Directora de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Matilde Vide, agradeció la participación y el tiempo que dedican los representantes de las instituciones a esta capacitación. Además hizo una referencia a los contenidos y confirmó que se certificará a las personas e instituciones que participaron.

La capacitación estuvo a cargo de Andrea Rosetti y Alan Rivas, quienes en este primer encuentro trabajaron sobre el concepto de género, roles, estereotipos y mandatos y describieron los distintos tipos y modalidades de violencias establecidos en la Ley 26.485.

A su vez se debatieron las particularidades de cada deporte en relación a las desigualdades existentes.

En la segunda reunión, que será el próximo lunes, se tratarán protocolos de actuación ante situaciones de violencia que pueden presentarse al interior de estas instituciones y se buscará generar una red con las áreas municipales vinculadas a esta temática como las direcciones de  Género y Niñez y Adolescencia y otros organismos intervinientes.

La intención de las autoridades comunales es que a través de estas actividades de sensibilización y capacitación se brinden herramientas para que se puedan visualizar esas situaciones y contenerlas hasta tanto haya un abordaje profesional.

Al finalizar esta etapa se pondrán en marcha otras de las que participarán la Unión de Colectividades y el Conservatorio de Música, mientras se acuerda con otros sectores de la sociedad. 

Luego de varias dilaciones, finalmente este mes el Departamento Ejecutivo municipal iniciará las instancias de capacitación en género en el marco de la Ley Micaela. Esta legislación, sancionada en diciembre de 2018, establece la formación obligatoria en la temática para los tres poderes del Estado, y logró la adhesión del Concejo Deliberante a través de la Ordenanza 16.463 en marzo de 2019. 

En septiembre de 2020 la normativa fue modificada y se empezó a trabajar para progresar en su aplicación, a partir de la conformación del consejo asesor creado especialmente para estos efectos, que contó con la participación  del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil, la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual municipal, representantes de la Comisión de Educación del Legislativo, la Mesa Intersectorial contra la Violencias y el Programa de Género de la Unicen.  

Siguiendo la cronología, en junio de este año recién se firmó el convenio por el cual la Universidad Nacional del Centro acordó brindar las capacitaciones  en Ley Micaela a todos los trabajadores municipales, en principio a los funcionarios del Ejecutivo –inclusive el Intendente- y posteriormente al resto de los espacios de gobierno y áreas comunales. 

El tramo de formación fue diseñado por un equipo coordinado por Gisela Giamberardino, directora del Programa de Género de la casa de estudios y dos capacitadoras especialistas en la temática y docentes en los niveles preuniversitario y de grado de la Unicen, Luciana Ruiz y Mercedes Marchetti.

Las tres mujeres se acercaron a la redacción de El Eco Tandil para conversar sobre el tema y sobre el trabajo que se inició el jueves con la presentación de la capacitación. El esquema de actividades se desplegará durante octubre y noviembre a través de cinco encuentros sincrónicos y trabajos en diferido para cumplimentar con lo que dicta la normativa mencionada. 

La propuesta diseñada por el equipo abarca temáticas que van desde los marcos normativos vigentes y la prevención de violencias, hasta los micromachismos, los femicidios y los estereotipos de género. Contará, también, con la participación de la decana de la Facultad de Derecho, Laura Giosa, y la economista Josefina Marcelo, que abordará temas vinculados a la economía feminista, las finanzas y el presupuesto. 

El comienzo 

En esta etapa, la formación se dirigirá a cerca de 80 funcionarios de la plana mayor municipal, mayoritariamente varones, en base a los contenidos mínimos que define la ley. El equipo viene de capacitar a las autoridades de la Unicen y al Ejecutivo y Legislativo de Azul, y ahora harán lo propio en Tandil.

Al respecto, Giamberardino explicó que “para Tandil hubo una prioridad de parte del Municipio de formar en principio al Ejecutivo  y hay una fuerte demanda en el Legislativo. En el consejo asesor se planteó, además, la necesidad de que se puedan coordinar encuentros presenciales  y que tal vez tres de las cinco reuniones planeadas puedan ser presenciales porque se habilitan otras dinámicas”. 

Para arribar a esta instancia, las profesionales destacaron que hubo un trabajo encuadrado en el consejo asesor, que fue el espacio que permitió tomar decisiones, definir el impulso último y sortear la cuestión presupuestaria para acordar el pago de las horas cátedra de las capacitadoras. 

“Este dispostivo nos permitió seguir encontrándonos y como programa de género insistimos en la necesidad de capacitar en distintos espacios y de habilitar trayectos de formación permanente”, describió. 

De este modo, se abrió la posibilidad de extender a futuro las capacitaciones a toda la planta municipal -alrededor de 3 mil empleados-  y de ampliar la formación más allá de esta etapa concreta. 

Acerca de esto, Ruiz expuso que “la experiencia de Azul demuestra que cuando  se empieza con las capacitaciones  emerge la necesidad de capacitar también a la cara  visible de una oficina, al personal de maestranza y demás; cuando esos procesos de sensibilización se replican empiezan a verse las emergencias y hay que asumir la responsabilidad, porque la ley es obligatoria y el consenso se seguirá construyendo”.

Formación continua 

En torno a la continuidad de estos espacios de reflexión y de capacitación, Giamberardino retomó que “es necesario un plan que exceda la capacitación y avanzar con el resto de los espacios del Municipio” y detalló que  “salió como un interés del sindicato, que por otro lado compartimos, la necesidad de que haya una fuerte capacitación con los efectores de salud, que tienen una implicancia directa con la comunidad “. 

En tanto, Ruiz destacó que estas cuestiones deben ser sostenidas en el tiempo para poder avanzar sobre más territorio y volver sobre lo trabajado para revisarlo y repensarlo. “No hablamos de adquirir un conocimiento para aplicarlo, es revisar nuestras prácticas, nuestra forma de ver el mundo y de vincularnos. Esto es extenso e implica avanzar sobre otras instancias para transformar las cosas”, indicó.

Por su lado, la titular del Programa de Género universitario consideró que además de lo que puedan aportar desde su lugar, es condición necesaria que exista un voluntad por parte de quien está escuchando para dejarse interpelar, y ponderó que es imposible lograr una transformación real si la persona de enfrente “no está dispuesta a revisarse y reconocer sus propias estrategias sexistas, gordoodiantes, pobreodiantes. Evidentemente este trabajo puede aportar a modificar comportamientos e ideas para poner en tensión estereotipos y estigmas, a visibilizar situaciones que el sentido común alerta que son situaciones de ninguneo, de violencia simbólica, pero el feminismo construye un paradigma capaz de ver todas las opresiones y no sólo las vinculadas al género”. 

Desarmar privilegios 

En concreto, la formación intenta cuestionar los privilegios del patriarcado y las condiciones de desigualdad que operan, de forma muchas veces sutil e invisibilizada para que las mujeres y disidencias accedan a espacios de poder y decisión. No es casual que la mayoría de los directivos  y funcionarios comunales a capacitar ahora sean hombres. 

En este sentido, Marchetti explicó que se trata de pensar que las mujeres no llegan en condiciones de  igualdad a los diferentes espacios y por eso es menester analizar las condiciones de existencia previas, que explican esta inequidad.  “Si bien estamos en democracia y ocupamos espacios públicos, no llegamos en iguales condiciones  porque además del trabajo por fuera del hogar, nos hacemos cargo del 60 por ciento de las tareas de cuidado y no llegamos  con ese tiempo libre para participar del sindicato, del espacio político, para ir a las reuniones, por eso hay  exponer las cosas que no hacen posible que una mujer sea candidata  y es necesario pensar esos espacios androcéntricos que precisan algún tipo de política para generar las condiciones de igualdad, quizás a través de acciones de discriminación positiva”, refirió.  

Además, reseñaron que hay prácticas de resistencia pero también sucede que las propias mujeres no reconocen esa explotación y ese trabajo no pago que hacen desde siempre.  “Sobre todo en pandemia, que el trabajo se metió en casa y en simultáneo las mujeres trabajamos para afuera y para adentro”, sintetizaron. 

La teoría que legitima 

Por otra parte, se enfocaron en el carácter teórico e histórico de los conceptos que se abordarán, que parten no desde un sentido común –que las más de las veces es patriarcal y clasista- sino desde una construcción epistemológica que legitima y valida  estos saberes como parte del campo de producción del conocimiento. 

“Hay un impacto en que haya una capacitación  obligatoria a partir de una genealogía de luchas que tiene 30 años en Argentina y articula las demandas de los feminismos  teóricos, populares y territoriales. Todo esto se expresa en esta capacitación Micaela, que permite pensar también en el diseño de políticas públicas para empezar a  pensar con otros y desde otros lugares. El impacto no va ser de acá a un mes, pero va decantado y están quienes se animan a repensarse”, inquirió Marchetti.  

A su vez, Ruiz agregó que esta instancia de formación “legitima a quienes vienen remando desde adentro con sus demandas”. 

Por último, Giamberardino valoró que haya "una apuesta al diálogo desde la construcción teórica, que tanto los movimientos de mujeres como las disidencias y  algunos espacios de la academia ponen en cuestión y nos da la certeza de que el camino es por el diálogo, la sensibilización y la formación”. 

Dicha legislación fue sancionada en diciembre de 2018 y luego, esa ley nacional 27.499 tuvo sus réplicas a nivel provincial y municipal, con la sanción de la Ordenanza 16.463 de marzo de 2019.

En tanto, a nivel local se definió que la autoridad de aplicación será la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual municipal, que deberá́ establecer convenios y articular con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, en función de las certificaciones de calidad de las capacitaciones que se elaboren e implementen. La ordenanza prevé, asimismo, la incorporación de instituciones y organizaciones al circuito de capacitación, en la forma de un consejo asesor que tendrá facultades amplias para intervenir en la aplicación de la ley.

En este consejo asesor estarán representados la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; el Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil; la Mesa Intersectorial contra la Violencia Familiar y de Género; el Sistema Integrado de Salud Pública; los bloques políticos del  Concejo Deliberante; la Dirección de Recursos Humanos del Municipio y la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la comuna.

El punto de desacuerdo 

La ordenanza tal y como fue aprobada generó fuertes discrepancias entre el oficialismo y la oposición. Desde el Frente de Todos acompañaron la adhesión, que se sancionó por unanimidad, pero consideraron que la apuesta sería enriquecida con el trabajo mancomunado de la Dirección de Género junto con la Unicen, la Mesa contra la Violencia y el Sindicato de Trabajadores Municipales. En este sentido, no apoyaron el artículo 4to., que se votó aparte tras una moción presentada por la edil Daiana Esnaola, y fue aprobado por mayoría con el visto bueno del oficialismo y del Bloque Integrar.

Por su parte, la legisladora de ese espacio Guadalupe Gárriz, presidente de la Comisión Derechos Humanos, Género, Garantías y Seguridad que abordó la normativa, en su intervención en el recinto hizo hincapié en que la aplicación de la ley “es una conquista del movimiento feminista, de mujeres y disidencias”.

“La Ley que se votó, en su artículo 4to., nos encontró discutiendo quiénes deberían ser los actores que la implementen. El oficialismo decidió por mayoría que los espacios que venimos trabajando en esta temática seamos un ‘consejo asesor’ y no parte de la construcción colectiva de esta capacitación, como planteábamos en el proyecto a partir de la construcción de una Mesa de Implementación”, se explayó.

La concejal, desde el punto de vista de la técnica legislativa, consideró que lo realizado es “lamentable” y aclaró que el proyecto sometido a votación no es una adhesión a la Ley, sino “apenas una adhesión discrecional a los artículos que al oficialismo le ha parecido en función de no abrir la participación tal como la Ley Provincial lo establece, y proclamándose en simultáneo como autoridad de aplicación y órgano de implementación”.

Por último, Gárriz expresó que su bloque había presentado oportunamente un proyecto de adhesión a la ley de manera concreta y que “tomar de la ley lo que conviene y lo que no, no, es de mínima, poco serio, poco adulto. Debemos decir, no sin cierta amargura y frustración, que con este hecho el Municipio de Tandil seguirá siendo incapaz de aplicar la Ley Micaela tal como entendemos que debería ser instrumentada”.

Mesa contra la Violencia

Yanina Venier, titular de la Mesa Intersectorial contra la Violencia Familiar y de Género, ratificó que el organismo de implementación tendría que ser un cuerpo intersectorial y colegiado para definir los contenidos y las formas de las instancias de formación.

“La Dirección de Políticas de Género trabaja con un equipo reducido en número y una demanda muy alta, como para solicitarle que además de la asistencia diaria de casos, se ocupe de la formación de todo el personal”, evaluó.

Además, puntualizó que el Municipio “debería asumir” que no tiene las condiciones de formación para diseñar y ejecutar las capacitaciones y destacó que el espíritu de la ley  es desnaturalizar las prácticas habituales del Estado que reproducen la desigualdad y la violencia.

“A nivel municipal hay distintas formas de expresión y reproducción de estas violencias. En el área de salud a quienes asisten y también a profesionales que trabajan allí; en la Justicia de Faltas hay denuncias por violencia laboral; en diferentes áreas administrativas y en el propio seno de la Dirección de Género, que aún tiene mucho por transformar respecto de la formación básica de cualquier profesional”, analizó.

De hecho, ha habido señalamientos por maltratos en la Casa de Abrigo Martha Pelloni y también hacia trabajadoras de la dependencia municipal que siguen reproduciendo  estereotipos revictimizantes.

“Que la Dirección sea el único órgano de aplicación e implementación es contradictorio porque supone desactivar esas prácticas y eso  se logra con la mirada confrontativa de distintas instituciones”, concluyó.

La Asamblea Feminista Tandil –conformada por diversas organizaciones- se sumó al reclamo por la postergada implementación de la Ley Micaela en la comuna, destinada a capacitar en materia de género a todos los agentes municipales.

La legislación fue promulgada el 10 de enero de 2019 y el Concejo Deliberante de Tandil adhirió a la misma en marzo de ese año, pero más de un año después y con los plazos de aplicación caducos, la normativa aún no encuentra canales de vehiculización.

En marzo último, con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el movimiento feminista se reunió con el intendente Miguel Lunghi para delinear una agenda de trabajo que se suscribió a través de un acta compromiso.

En ese entonces, postularon que el Ejecutivo municipal se comprometa a arbitrar todas las medidas necesarias para articular las políticas locales con los lineamientos a nivel provincial y nacional que emanen desde los Ministerios de las Mujeres, Género y Diversidad.

“La Ley Micaela es uno de los puntos que ya no pueden dilatarse más, aunque no lo va a resolver porque hay cuestiones políticas e ideológicas de fondo que son posiblemente irremediables”, estimaron en esa oportunidad. No obstante, advirtieron que las más de 30 organizaciones adheridas al documento, tenían  la buena voluntad de trabajar en conjunto más allá de las diferencias. Pandemia mediante, el segundo encuentro nunca se concretó y las mujeres todavía esperan novedades de la administración comunal.

Consenso colectivo 

Daniela Caresía forma parte del movimiento y en comunicación con El Eco de Tandil, detalló que la visibilización del tema tiene como objetivo que las autoridades convoquen a una mesa para que se puedan adecuar las demandas de los diversos sectores organizados en torno a la problemática.

Así, desde la Asamblea remarcaron la importancia de la implementación de la Ley en cada jornada de lucha pero sostuvieron que “en este contexto que les imposibilita salir a las calles para cuidarnos responsablemente, nos hemos organizado frente a la preocupación de que se avance sin una construcción colectiva, es decir, junto con los distintos actores que trabajan y aportan a la temática como la Mesa Intersectorial contra la violencia familiar y de género, la Universidad Nacional del Centro, el Sindicato de Trabajadores Municipales, las Promotoras Territoriales de Género, entre otros.

Vale reseñar que el marco normativo en cuestión consiste en capacitaciones a todo el conjunto de los trabajadores estatales, asumiendo el compromiso de repensar las prácticas institucionales que reproducen formas machistas tanto en los grupos de trabajo como para quienes asisten a ellas, lo que implica que su implementación sea situada en cada sector laboral y principalmente, que sean permanentes. “Su implementación requiere de espacios reglamentados que logren poder planificar, monitorear, y evaluar cómo se efectiviza la misma”, desarrollaron desde el espacio.

Al respecto, Caresía adujo que “necesitamos que en esa mesa estén las organizaciones sociales, la Asamblea, la Mesa Intersectorial contra la Violencia, las promotoras territoriales, que son las que acompañan a las mujeres y disidencias que sufren las consecuencias la pandemia, que profundizo aún más las violencias y carencias. Tampoco han convocado al principal actor que es el Sindicato de Trabajadores municipales, receptores de la capacitación, la Unicen que tiene los recursos humanos formados para  realizarlas. Es preciso que el Estado sea más dinámico y dé más respuestas”.

Sin novedad en el frente 

Según explicó, el Municipio estaría trabajando en el armado de las instancias de formación sin tener en cuenta al resto de los actores implicados para que la construcción sea colectiva, representativa de todos los sectores y dé respuestas a las demandas en un marco de amplitud y fortalecimiento de la implementación       .

Con el correr del tiempo, las iniciativas de labor conjunta se fueron diluyendo y el movimiento de mujeres quedó a la expectativa de que se impulsaran desde la esfera gubernamental algunas acciones en esta dirección.

En tanto, el 7 de mayo los concejales del Frente de Todos realizaron un pedido de informes a la Dirección de Políticas de Género y Diversidad de Tandil, cuya titular es Matilde Vide, para conocer qué tipo de intervenciones se diseñaron desde el área para enfrentar el periodo de aislamiento y sus consecuencias, y si se ha confeccionado un  relevamiento de casos. “No hubo respuestas ni tampoco sabemos  si se van a implementar nuevas políticas públicas”, cerró.

La Ley Provincial 15.134 adhiere a la Ley Nacional Ley 27.499, ambas llevan el nombre de la joven entrerriana, militante social y feminista, que fue víctima de femicidio en abril de 2017.  Establece la capacitación obligatoria y permanente en perspectiva de género y prevención de las violencias contra las mujeres y personas Lgtb+ para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia, cualquiera sea su nivel o jerarquía.

El caso de Micaela evidenció la ausencia de perspectiva de género en el Estado y la urgente necesidad de capacitar a todo el personal para construir políticas públicas integrales que erradiquen las desigualdades de género y las discriminaciones y apunten a terminar con las violencias por razones de género hacia las mujeres y lesbianas, gays, travestis, trans, bisexuales y otras identidades no heteronormativas.

El Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires es la autoridad de aplicación de la Ley Micaela en el Poder Ejecutivo bonaerense para sus 500.000 trabajadoras y trabajadores.

Los municipios de la Provincia de Buenos Aires son invitados a adherir a la Ley Provincial mediante el artículo 11. Para iniciar el trabajo en articulación con los 135 distritos bonaerenses, el Ministerio, en coordinación con el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), puso en marcha el Programa de Formación de formadoras y formadores en Ley Micaela, que fortalece los procesos de adhesión a la norma y capacita a núcleos de trabajadoras y trabajadores municipales en temáticas de género para que puedan replicar los contenidos en sus respectivas localidades.

La Ley Micaela invita a los municipios a adherirse a la norma, a fin de arbitrar todas las acciones tendientes a garantizar los derechos y deberes consagrados en ella. Según establece la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia (Decreto Ley 6.769/58), los municipios bonaerenses tienen la facultad de administrar sus propias políticas. Es voluntad del Ministerio acompañarlos en el desarrollo de la Ley Micaela a través de propuestas de capacitación.

La Ley en pandemia

A partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio, las capacitaciones municipales debieron ser adaptadas al formato virtual. En ese marco, el programa se está desarrollando en dos etapas: un curso de sensibilización en temáticas de género y un curso de formación.

En mayo, cuando los concejos deliberantes comenzaron a sesionar de manera continuada, creció el número de adhesiones, aumentó la demanda de información de los municipios en coincidencia con la definición y comunicación de políticas activas de parte de Ministerio.

Esta semana finalizó la etapa de sensibilización en todos los municipios de la Provincia de Buenos Aires que, en total, abarcó a 1.600 trabajadoras y trabajadores. Para lograr el alcance en todo el territorio se establecieron ocho regiones. Cada curso se desarrolló en una región y se incorporó uno más, destinado a quienes no pudieron realizarlo antes. Cada capacitación tuvo una duración de una semana, con clases diarias y un acompañamiento continuo del equipo de tutoras.

En la semana del 17 de agosto comenzará la segunda etapa del Programa de Formación de Formadoras y Formadores. Esta etapa tiene como objetivo profundizar herramientas conceptuales y prácticas en materia de género, así como también brindar encuadres y lineamientos pedagógicos desde la educación popular para el diseño y desarrollo de propuestas de formación en perspectiva de género y prevención de las violencias por razones de género.

El enlace con los gobiernos locales se realizó a través del Consejo de Articulación con los Municipios y sus coordinadoras regionales organizaron la inscripción de la capacitación con las áreas de género y las autoridades de los Honorables Concejos Deliberantes de cada distrito.

La coordinación general de las capacitaciones está a cargo de Paula Belloni, titular de  la Unidad de Formación, Investigación y Políticas Culturales y de Néstor “Yuyo” García, Director de Formación y Capacitación.

El equipo pedagógico lo integran Fernanda Ronconi, Sofía Lezcano, Sol Calandria y Claudia Villamayor; las contenidistas y docentes Mirta Bruno, Julieta Cano, Sofía Breccia, Verónica Misseri, Paula Soza Rossi y Nuria Insaurralde; y las tutoras Silvina Neer, Claudia Montesino, Marilina Romero, Natalia Nievas, Micaela Villa y Emilia Baucero Miotto.

Adhesiones

Al 31 de mayo habían adherido a la Ley Provincial 15.134, 54 municipios. Luego de la primera etapa del Programa de Formación de formadoras y formadores, al 31 de julio adhirieron 77 municipios. Es decir, 23 municipios adhirieron a la Ley Micaela bonaerense durante el desarrollo del curso, lo que resulta en un crecimiento de las adhesiones del 43 por ciento.

En la última sesión del Concejo Deliberante, desde el bloque del Frente de Todos, las ediles Daiana Esnaola y Guadalupe Gárriz, presentaron un proyecto para modificar la actual ordenanza de adhesión a la Ley Micaela nacional, para que incorpore la adhesión a la Ley provincial. En el mismo acto, también elevaron un proyecto de comunicación que insta al Departamento Ejecutivo para que, a través de las áreas correspondientes, implemente las medidas que garanticen la aplicación de la capacitación en la materia. 

Vale reseñar que las leyes mencionadas establecen la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres y disidencias para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos los niveles y jerarquías.

La voluntad política 

La adhesión del cuerpo Deliberativo local se produjo el 8 de marzo del año pasado, pero pese a que hubo algunas reuniones y conversaciones en torno a la problemática y la aplicación de la normativa, lo cierto es que las formaciones en género personal del Municipio no se realizaron. A nivel provincial, la autoridad de aplicación es el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual y en el distrito, el organismo encargado de resolver su implementación es la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual al mando, en este momento, de Matilde Vide.

La concejala Daiana Esnaola expresó que “necesitamos que se avance con la implementación de esta ley ya que implica un paso más en pos de una sociedad que destierre la desigualdad de género. Estas capacitaciones a los distintos funcionarios de la estructura municipal permitirá incorporar una perspectiva de género de manera transversal en nuestra ciudad”.

En este sentido, su par en el recinto legislativo,  Guadalupe Gárriz se posicionó sobre  rol del Estado municipal en Tandil y explicó que el pasado marzo se venció el plazo previsto de un año para la incorporación de las capacitaciones de acuerdo a la Ordenanza 16463, aún en vigencia. “Por eso creemos que es urgente comenzar a trabajar para que la Ley Micaela sea una realidad en nuestra ciudad, ya que la implementación no es imposible, sólo es una cuestión de voluntad política”, subrayó.

La Ley provincial 

Por otro lado, el proyecto de ordenanza propuesto solicita que se modifique el artículo 1º de la ordenanza 16.463, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “Adhiérase el Municipio de Tandil, en lo que resulte de su competencia, a la Ley Nacional 27.499 (Ley Micaela, de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado) y a la Ley Provincial 15.134″.

En los considerandos, se sostiene que erradicar las situaciones de violencia y discriminación en base al género y/u orientación sexual en el ámbito del Estado municipal constituye una prioridad institucional. Ademas, indica que integrar el enfoque de género en las diferentes dependencias municipales contribuye a la elaboración e implementación de directrices institucionales, orientadas a favorecer la igualdad de oportunidades y desterrar aquellas prácticas de dominación política, económica y cultural que obstruyen el ejercicio pleno de derechos ciudadanos, para ello resulta indispensable generar acciones de sensibilización y capacitación para todas las personas que desarrollan sus tareas en las distintas dependencias del ámbito municipal.

La adhesión sancionada en 2019 por la Legislatura bonaerense, prescribe que los contenidos deben estar orientados a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como establece la Ley 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, y que los agentes del Estado deben cursar y aprobar las capacitaciones al respecto. El incumplimiento será considerado una falta grave que incluirá sanciones.

La Mesa Intersectorial contra la Violencia Familiar y de Género de Tandil convocó a una reunión la semana pasada con los candidatos a Intendentes de la ciudad con el objetivo de conocer las propuestas políticas vinculadas a las problemáticas que atraviesan a nivel local las cuestiones de género y niñez, y exponer las necesidades y aportes del espacio.

Al encuentro asistieron el candidato a intendente por el Frente de Todos Rogelio Iparraguirre y la candidata por Consenso Federal Andrea Almenta, quienes concurrieron acompañados por miembros de sus respectivas listas de concejales. El candidato de Juntos por el Cambio y actual jefe comunal Miguel Lunghi se ausentó porque tenía otras actividades previstas, pero acudieron representantes de su fuerza política. La vacancia que dejó Lunghi fue motivo de debate y, en un comunicado, las integrantes de la mesa afirmaron que en los años de funcionamiento de la misma no han tenido la oportunidad de hablar en persona con el Intendente.

La cuestión de género como política  

Yanina Venier, co-coordinadora de la Mesa, en diálogo telefónico con El Eco de Tandil expuso que la reunión fue “muy interesante” y sucedió en un marco de respetuoso intercambio que sirvió para seguir instalando la agenda de género en la coyuntura política.

En la primera parte, se presentó el trabajo de la Mesa y los informes 2017 y 2018. “Evaluamos lo que se hace y proponemos alternativas de construcción de los dispositivos para transversalizar la política de género y aproximarnos a esta idea que queda plasmada en la Ley Micaela, de que se puedan problematizar las prácticas y lógicas de funcionamiento del Estado”, detalló.

Además, se refirió al intercambio con los candidatos presentes y señaló que “expresaron una valoración importante al trabajo de la mesa, sintetizaron trayectorias previas,  se marcaron coincidencias.  Almenta jerarquizó la posibilidad de hacer confluir lo público  y privado para construir alternativas laborales y productivas para  las mujeres y las disidencias. Fue muy interesante, nos llevamos ideas para seguir trabajando”.

Los avances 

Venier destacó la multiplicidad de actores que integran la mesa y el potencial que de esto se desprende a la hora de pensar dispositivos de intervención y  nuevos programas. En este sentido, en la reunión  también se expusieron los lineamientos generales de las propuestas legislativas que se presentarán antes de fin de año en el Concejo Deliberante en lo referido a la reforma del programa de acceso a la justicia Acceder, para víctimas de violencia de género; y la urgencia de tratar una asignación presupuestaria para el funcionamiento del espacio intersectorial.

Asimismo, se dio cuenta de los avances en las tres comisiones de trabajo –Educación, Salud y Niñez- desde las que celebraron la participación de actores referentes de organismos estatales y de organizaciones de la sociedad civil.

Ley Micaela

El pasado 7 de marzo, en vísperas al Día de la Mujer, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la adhesión del Municipio de Tandil a la Ley Micaela (Ley Nacional 27.499), que establece la obligatoriedad de la capacitación en género a las personas que integran los tres poderes del Estado.

Según se dispuso, la formación deberá comenzar dentro del año de entrada en vigencia de la ordenanza local y deberá difundirse el avance en cada área. Pero siete meses después de la sanción no ha habido avances significativos en la materia ni propuestas concretas sobre las capacitaciones que estarían a cargo de la Unicen.

“La capacitación tiene que ser formal, más que charlas, para poder problematizar de qué modo el Estado reproduce desigualdades de género y revictimiza  a mujeres, y modificar las prácticas cotidianas, que es lo que se señala desde la mesa”, señaló la coordinadora.

La cuestión no se reduce sólo a los casos concretos de violencia de género, sino que  busca alcanzar a los 2500 trabajadores municipales de todas las áreas y niveles para que haya un cambio profundo que habilite nuevas formas de repensar las relaciones de poder y desigualdad en todos los ámbitos.

La denuncia contra Roberto Pérez 

Desde la Mesa recuperaron los dichos del intendente Lunghi con respecto a la denuncia penal que pesa sobre uno de sus colaboradores cercanos, Roberto Pérez, por amenazar a la artista plástica  Inés Szigety, tema por el cual diferentes colectivos feministas solicitaron al mandatario que se expida.

“Lunghi dijo que no sabía nada y no escuchó nada. Pérez fue habilitado como varón a actuar de esa manera y no es responsabilizado por un accionar que no queremos que se repita. Hay una complicidad de prácticas cargadas de poder y desigualdad, cuando un hombre cercano al intendente se dirige a una mujer en estos términos”, explicó.

En este punto, graficó que trabajaron sobre este hecho para exhibir la importancia de activar un dispositivo para la implementación de la Ley Micaela, que permita desandar el camino que habilita las condiciones de posibilidad para que estos episodios tengan lugar con total naturalidad.

El pasado 7 de marzo, en vísperas al Día de la Mujer, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la adhesión del Municipio de Tandil a la Ley Micaela (Ley Nacional 27.499), que establece la obligatoriedad de la capacitación en género a las personas que integran los tres poderes del Estado.

La normativa sancionada  establece “la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en el ámbito público municipal, en todas sus funciones y jerarquías, referido a los poderes Ejecutivo y Legislativo del Municipio de Tandil”. Además, determinó que la autoridad de aplicación será la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual, que deberá establecer convenios y articular el trabajo con el Instituto Nacional de las Mujeres.

Según se dispuso, la formación comenzará dentro del año de entrada en vigencia de la ordenanza local y deberá difundirse el avance en cada área.

A fines de mayo, la Comisión de Seguridad, Garantías y Derechos Humanos del Concejo Deliberante, con la participación de concejales de todos los bloques, recibió a los dirigentes del Sindicato de Trabajadores Municipales Cecilia Soto y David Marconi, y a los directores de Políticas de Género y Diversidad Sexual Andrea Rosetti y de Recursos Humanos Mauricio Baldovino para acordar aspectos sobre la implementación de la legislación en cuestiones y reglamentar la ordenanza. En ese entonces, se estimó que las capacitaciones podrían comenzar en el segundo semestre del año, para cumplimentar con los tiempos establecidos en el texto legal.

La intervención de la Unicen 

Hasta la fecha no hubo avances en el delineado de  acciones tendientes a diseñar y realizar estas capacitaciones. A estos efectos, el Departamento Ejecutivo y el cuerpo Legislativo iniciaron una articulación con la Universidad Nacional del Centro para poner en marcha los engranajes de implementación de la norma.

La Unicen cuenta con un Programa de Abordaje Integral contra la Violencia y Discriminación por razones de Género  a cargo de Gisela Giamberardino y con un Protocolo de Actuación frente a Situaciones de Violencia de Género, además de tener recursos humanos altamente especializados entre sus filas para llevar adelante la tarea de formación.

Consultada por El Eco de Tandil, la decana de la Facultad de Ciencias Humanas Alicia Spinello, responsable por la Unicen, afirmó que aún no se han sentado a trabajar para elaborar los proyectos de formación correspondientes a los diferentes niveles de la Administración Pública.

Según informó, hasta el momento se celebró una reunión en la que se trabajaron los lineamientos  que guiarán la labor y la institución educativa quedó a la espera de  información que el Municipio deberá suministrar, cuestiones necesarias para poder pensar alguna propuesta que permita progresar en la implementación de las capacitaciones.

“Concretamente no hemos hecho nada aún pero seguramente vamos a avanzar, estamos en una etapa muy incipiente, no quiere decir que más  adelante no tengamos más certezas, podríamos decir que estamos en el inicio”, señaló Spinello.

Cambio cultural 

La autoridad universitaria dejó de manifiesto que desde la casa de estudios existe una fuerte convicción de que debe trabajarse en la aplicación de la legislación mediante procesos de construcción conjunta con todos los estamentos del Estado.

Como se mencionó, la ley está pensada para que todos los agentes estatales puedan formarse con una perspectiva que aborde desde lo cotidiano las cuestiones de género  y los temas vinculados a la no violencia, y esto implica un cambio cultural que requiere de procesos  de formación abarcativos que lleguen a todos los niveles.

“Es sumamente importante que estos procesos se den, hay que construirlos en forma conjunta y estar convencidos de hacerlo, ese es el camino”, aseguró.

Lineamientos legales para la formación  

La Ley Nacional 27.499 fomenta que las oficinas de capacitación de cada organismo llevarán adelante la construcción de materiales y programas nuevos, o podrán adaptar los existentes, de acuerdo a la normativa establecida por “las convenciones vinculadas a la temática de género y violencia contra las mujeres suscriptas por el país”.

El INAM controlará la calidad de esos materiales y las capacitaciones en sintonía con el cumplimiento la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y propone la participación de las áreas, programas u oficinas de género, y las organizaciones sindicales como responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones.

A los fines de su certificación por parte del INAM, en cumplimiento de la Ley Micaela, las instituciones interesadas pueden presentar proyectos para la realización de un único curso o, en cambio, para la realización de un conjunto de ellos.

Si eligen la última opción deben presentar un plan de capacitaciones que contemple el desarrollo de varios cursos, conforme a diferentes niveles de profundización de los contenidos relativos a género y violencia de género.

La presentación de planes de capacitación se valorará especialmente por su posibilidad de abarcar el abanico amplio de necesidades que en tal sentido tienen los/as agentes de la Administración Pública Nacional, quienes reconocen distintos grados de familiaridad con la temática y poseen además perfiles laborales muy heterogéneos.

En el mismo sentido, se tendrá particular consideración por las experiencias de aquellos organismos del Estado nacional que vienen desarrollando capacitaciones en la materia.

La Comisión de Seguridad, Garantías y Derechos Humanos del Concejo Deliberante, con la participación de concejales de todos los bloques, recibió a los dirigentes del Sindicato de Trabajadores Municipales Cecilia Soto y David Marconi, y a los directores de Políticas de Género y Diversidad Sexual Andrea Rosetti y de Recursos Humanos Mauricio Baldovino para acordar aspectos sobre la implementación de la Ley Micaela, a la que adhirió el Municipio a través de una ordenanza tratada sobre tablas y sancionada por unanimidad, el 8 de marzo pasado.

A partir de la normativa, que va en línea con las leyes nacional y provincial, todos los empleados municipales, de planta y funcionarios políticos, tendrán obligación de capacitarse en temáticas de género y en la prevención de la violencia contra las mujeres, y tendrán sanciones si se niegan a asistir “sin causa justa”.

Las capacitaciones podrían comenzar en el segundo semestre del año, ya que la ordenanza establece que deberán ponerse en marcha antes de que finalice el 2019.

Tras este encuentro, las direcciones y el sindicato avanzarán con la reglamentación. En tanto, elevarán al Legislativo el texto del decreto antes de la rúbrica por parte del intendente Miguel Lunghi.

La reglamentación

Matilde Vide, presidenta de la comisión, explicó que serán autoridad de aplicación las direcciones de Políticas de Género y Recursos Humanos. En tanto, como la ordenanza se votó sobre tablas, es decir que no hubo margen para el trabajo previo, el Legislativo ofreció colaborar con los lineamientos del decreto reglamentario.

“Uno de los actores fundamentales para poder implementar la ordenanza es contar con el aval del Sindicato de Trabajadores Municipales, porque la capacitación es obligatoria”, señaló sobre la citación a los dirigentes.

Por otra parte, consignó que la ley señala que no asistir a las capacitaciones es una falta grave y a partir del nuevo Convenio Colectivo de Trabajo, la sanción podría llegar hasta la cesantía. Entonces, acordaron que en el decreto reglamentario incluirán una lista de causas justas y del tipo de falta junto a las posibles sanciones.

Las definiciones

En cuanto a las capacitaciones de los empleados municipales, ya definieron que serán en horario laboral y por grupos conformados por personal de distintas áreas para no entorpecer el funcionamiento del Municipio. Además, la implementación será en conjunto con el gremio.

Vide indicó que en la reunión surgió que “el Municipio tiene una población muy diversa que va desde áreas muy operativas a otras muy académicas. Tenemos desde profesiones y distintos perfiles. Así que vamos a necesitar una primera instancia con conceptos básicos y una segunda más especializada”.

El contenido

Por otro lado, la Dirección de Políticas de Género, que estará a cargo del contenido, apuntará a cubrir tanto las relaciones interpersonales dentro de la comuna como así también el trato y orientación a los vecinos.

En relación al material de los cursos, la directora de Políticas de Género Andrea Rosetti, en diálogo con El Eco Multimedios, adelantó que “una de las alternativas que se propuso es que trabajemos con el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), que es un organismo que ya, a su vez, está adaptando sus capacitaciones para esta propuesta y que podrían venir a capacitar, y también hacer capacitación de capacitadores”.

El INAM está adaptando contenidos para la formación de funcionarios en violencia de género, en aspectos sobre cómo abordarla y de qué se trata.

“No solamente tenemos que pensar en el abordaje de situaciones puntuales sino también en esta cuestión cultural, que siempre lo hemos repetido hasta el cansancio a través de los medios, implica repensarnos”, reflexionó la funcionaria.

Por otro lado, también se puso en contacto con el Instituto Provincial de Género, que a partir de la ley está desarrollando lineamientos, a los cuales deberán ajustarse los municipios.

“Una parte fundamental que pedimos, y también hubo aceptación, es que participe la Dirección de Políticas de Género en cada una de  esas capacitaciones para que se sepa cuáles son los recursos que tenemos en Tandil, no solamente municipales sino del entramado del sistema, en la emergencia y en el abordaje. Así que hubo consenso y nos vamos todos con tareas para el hogar”, resumió la funcionaria.

“Picamos en punta”

Por otra parte, Andrea Rosetti valoró que desde Tandil “picamos en punta, porque debe ser uno de los municipios que más rápidamente accionó en cuanto a la adhesión a esta normativa. No hay discusión en ese sentido”.

En cuanto al encuentro de la comisión, informó que “primó que haya una tarea de concientización propositiva, de concientización, de sensibilización de las agentes y de los agentes y también de funcionarios y funcionarias, porque es para todo el personal municipal, funcionarios y de planta”.

Rosetti sostuvo que hay áreas comunales que están más cerca de la temática, como puede ser Desarrollo Social o Salud, y otras que podrían tener más resistencia, por lo cual señaló que “habrá que hacer una adaptación de los contenidos en función de esa heterogeneidad de perfiles y de lógicas de cada una de las áreas”.

Algunos puntos importantes

1- Todas aquellas personas que trabajen en la función pública, en cualquiera de los tres poderes y cualquiera sea su jerarquía, serán obligatoriamente capacitadas “en la temática de género y violencia contra las mujeres”.

2- Corresponderá al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), hoy a cargo de María Fabiana Túñez, hacer aplicar la ley.

3- Será también quien se encargue de formar directamente a las máximas autoridades del Estado en la temática.

4- En cada uno de los organismos estatales, las capacitaciones se harán en colaboración con sus propias oficinas de género, si ya las hubiera en funcionamiento. Para eso se crearán materiales y programas nuevos, o se adaptarán los existentes, de acuerdo a la normativa establecida por “las convenciones vinculadas a la temática de género y violencia contra las mujeres suscriptas por el país”.

5- El INAM controlará la calidad de esos materiales y las capacitaciones deberán estar en funcionamiento dentro del año de puesta en vigencia de la ley.

6- A través de su página web, el INAM publicará información pública respecto al grado de cumplimiento de las formaciones contra la violencia de género en cada uno de los organismos del Estado. También realizará informes de seguimiento sobre su impacto.

7- Será considerada como “falta grave” pasible de una sanción disciplinaria que algún empleado público se negase, “sin causa justa”, a participar de las capacitaciones.

La Comisión de Seguridad, Garantías y Derechos Humanos del Concejo Deliberante, con la participación de concejales de todos los bloques, recibió a dirigentes del Sindicato de Trabajadores Municipales y a la directora de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Andrea Rosetti, para acordar aspectos sobre la implementación de la Ley Micaela, a la que adhirió el Municipio a través de una ordenanza sancionada por unanimidad, el 8 de marzo pasado.

A partir de la normativa vigente, que va en línea con las leyes nacional y provincial, todos los empleados municipales, de planta y funcionarios políticos, tendrán obligación de capacitarse en temáticas de género y para prevenir la violencia contra las mujeres, y serán sancionados si se niegan “sin causa justa”.

Las capacitaciones comenzarán en el segundo semestre del año, y también podrían abarcar a los integrantes de la Unicen, además de entidades intermedias como la Cámara Empresaria y Apymet.

“Picamos en punta”

Tras la reunión, la directora Andra Rosetti le dijo a El Eco Multimedios que “picamos en punta, porque debe ser uno de los municipios que más rápidamente accionó en cuanto a la adhesión a esta normativa. No hay discusión en ese sentido”.

En cuanto al encuentro, informó que “lo que primó es que haya una tarea de concientización propositiva, de concientización, de sensibilización de las agentes y de los agentes y también de funcionarios y funcionarias, porque es para todo el personal municipal, funcionarios y de planta”.

Rosetti sostuvo que hay áreas comunales que están más cerca de la temática, como pueden ser Desarrollo Social o Salud, y otras que podrían tener más resistencia, por lo cual señaló que “habrá que hacer una adaptación de los contenidos en función de esa heterogeneidad de perfiles y de lógicas de cada una de las áreas”.

Con el INAM

En cuanto a la capacitación, adelantó que “una de las alternativas que se propuso es que trabajemos con el INAM, que es un organismo que ya, a su vez, está adaptando sus capacitaciones para esta propuesta y que podrían venir a capacitar, y también hacer capacitación de capacitadores”.

El INAM ya está adaptando contenidos para la formación de funcionarios en violencia de género, en aspectos sobre cómo abordarla y de qué se trata.

“No solamente tenemos que pensar en el abordaje de situaciones puntuales sino también en esta cuestión cultural, que siempre lo hemos repetido hasta el cansancio a través de los medios, implica repensarnos”, reflexionó la funcionaria.

Por otro lado, mencionó que también el Instituto Provincial de Género está desarrollando lineamientos, a los cuales deberán ajustarse los municipios.

“Una parte fundamental que pedimos, y también hubo aceptación, es que participe la Dirección de Políticas de Género en cada una de  esas capacitaciones para que se sepa cuáles son los recursos que tenemos en Tandil, no solamente municipales sino del entramado del sistema, en la emergencia y en el abordaje. Así que hubo consenso y nos vamos todos con tareas para el hogar”, resumió la funcionaria.