La discusión por la preservación del patrimonio vial de Tandil sumó un nuevo capítulo. Tras la polémica que sacudió la agenda pública a comienzos de año, cuando la repavimentación de la calle Sarmiento entre Santamarina y Alsina desató un debate sobre el retiro de adoquines históricos y el futuro del empedrado en la ciudad, tres organizaciones insistieron con su reclamo.

En los últimos días, la Asociación Civil Punto Verde Tandil, la Asamblea del Barrio de la Estación y la Asamblea Barrios de Piedra presentaron dos notas institucionales en las que reclamaron la restitución de la protección histórica del empedrado, cuestionaron el tratamiento legislativo que eliminó esa tutela en 2009 y solicitaron mayor participación ciudadana y acceso a la información pública vinculada al debate.

En la presentación dirigida al Concejo Deliberante, las organizaciones sostuvieron que la derogación de la ordenanza que protegía 143 calles de piedra fue realizada mediante un procedimiento que calificaron como irregular e inconstitucional.

Además de pedir que se restituya esa protección como “piso mínimo e innegociable”, rechazaron los argumentos oficiales sobre la falta de mantenimiento, reclamaron la incorporación de la Defensoría del Pueblo a la Comisión de Patrimonio y solicitaron acceso al informe técnico elaborado sobre el estado del empedrado.

En paralelo, elevaron una segunda nota a la Defensoría del Pueblo para pedir que profundice su intervención institucional. Entre otros puntos, solicitaron que intime al Ejecutivo y al Concejo a responder el pedido de incorporación del organismo a la Comisión de Patrimonio, gestione el acceso a la documentación técnica vinculada al tema y brinde asesoramiento jurídico para evaluar una posible acción de amparo.

Ante el Concejo

La primera nota, con fecha del 31 de julio, fue presentada ante el Concejo Deliberante y pone el foco en la necesidad de ampliar la protección de las calles de piedra. El planteo de los firmantes se basa en lo que denominaron un “vicio de origen” en la sesión que dio nacimiento a la ordenanza 11.400 en 2009. Según el texto presentado, aquella normativa derogó la protección de 143 arterias mediante un tratamiento “express” que careció de fundamentación técnica y “omitió el deber de informar a la ciudadanía”.

Bajo esta premisa, advirtieron que la medida resulta “inconstitucional” al vulnerar el Principio de Progresividad y No Regresión contemplado en el artículo 41 de la Constitución Nacional.

“El Estado tiene la obligación jurídica constitucional de ampliar o consolidar los niveles de protección alcanzados, resultando inadmisible la retracción arbitraria de las tutelas vigentes”, señalaron en el documento.

En este sentido, consideraron que la restitución de la protección legal sobre las calles originalmente resguardadas por la antigua ordenanza 9.821 constituye un “piso mínimo e innegociable” sobre el cual debe estructurarse cualquier plan de bacheo o reparación para el resto de las 161 cuadras empedradas de la ciudad.

“Nos parece lógico la restitución de la protección legal sobre las calles originales. Este constituye un piso mínimo e innegociable sobre el cual debe estructurarse la ampliación de la tutela y gestiones para repararlas al resto de las calles empedradas de la ciudad plausibles de incorporar a la ordenanza (161 calles)”, señala el documento.

Críticas y pedidos de transparencia

La nota también refleja un descontento con los argumentos esgrimidos por el Gobierno comunal para justificar el deterioro de las calzadas. “Nos parece que esto constituye una grave falencia en la capacidad de gestión y de contralor que tiene el Municipio en cuanto a lo implementado los últimos años en la ciudad en su función legislativa y fiscalizadora”, indica el documento que llegó al primer piso de la Municipalidad.

En materia de participación ciudadana, la nota incluye un pedido para “transparentar y democratizar la gestión patrimonial”. En ese sentido, plantea que la Comisión de Patrimonio “debe abrir sus dinámicas de trabajo a la fiscalización de la sociedad civil” y ratifica la propuesta de integración formal de la Defensoría del Pueblo en el espacio con el objetivo de fiscalizar las dinámicas de trabajo y evitar que se reediten “retrocesos normativos a espaldas de la comunidad”.

Por último, enumera dos requerimientos a considerar. Primero, la participación en la discusión de la ordenanza a partir del proyecto presentado por Banca 21 e incorporar a la Defensoría del Pueblo a la Comisión de Patrimonio que está tratando el asunto “para poder exponer nuestros argumentos a los miembros de la comisión”. Segundo, una copia del informe técnico referido por la Comisión de Patrimonio, con la nómina de los profesionales y funcionarios intervinientes.

Las organizaciones concluyeron su reclamo aguardando una respuesta institucional que garantice una solución “a la altura de la historia de la ciudad”.

Nuevo reclamo a la Defensoría del Pueblo

Por otro lado, el miércoles pasado las mismas organizaciones elevaron una nota a la Defensoría del Pueblo para dar continuidad a las actuaciones iniciadas en mayo de este año. En el documento, hicieron hincapié en la falta de respuestas por parte del Departamento Ejecutivo respecto a la incorporación de la dependencia en la Comisión de Patrimonio Municipal.

En ese sentido, remarcaron que, pese a que el organismo a cargo de Paula Lafourcade formalizó el pedido para tener voz y voto en el espacio, el Ejecutivo “no emitió respuesta”, por lo que anunciaron que “nos vemos en la necesidad de solicitar la profundización de su intervención a través de las siguientes medidas urgentes”.

Además de solicitar que reitere e “intime” al Departamento Ejecutivo y al Concejo Deliberante a dar respuesta a su incorporación formal “con voz y voto” en la Comisión de Patrimonio, el requerimiento incluyó el acceso a documentación técnica clave. En particular, instaron a la defensora a obtener una copia del informe técnico emitido por la Comisión de Patrimonio sobre la evaluación del suelo adoquinado y la nómina completa de los profesionales y funcionarios que intervinieron en el proceso.

Asimismo, las asambleas pusieron el foco sobre el expediente 2025-05260-00, vinculado a las obras e inversiones proyectadas en la zona de la calle Sarmiento y la denominada Plaza del Tanque. Para los referentes de Punto Verde y las asambleas barriales, el acceso a estos datos resulta indispensable para auditar la legalidad de las intervenciones que se realizaron o planificaron sobre el empedrado tandilense.

“Dado que el debate en el Concejo Deliberante se encuentra bloqueado y sin garantías de restaurar la protección sobre las 143 calles originales, solicitamos formalmente a la Defensoría del Pueblo asesoramiento técnico-jurídico sobre los caminos normativos y procesales para impugnar dicha derogación”, señalaron.

El objetivo final de las organizaciones es la presentación de una nueva acción de amparo colectiva u objeción de inconstitucionalidad.

Esta estrategia legal buscaría obtener una medida cautelar que logre el freno de cualquier futura obra de asfaltado o remoción sobre el listado histórico de las 143 calles.

Por Néstor Dipaola

Con esa definición se propuso dejar en evidencia que a la hora de votar la gente privilegia la situación económica cotidiana.

No voy a caer en la inocentada de suponer que el próximo Intendente de Tandil se va a imponer en las urnas si lleva como eje de su campaña la defensa del adoquín y del granitullo de nuestras calles. Pero lo ayudará. Veamos por qué.

Si hablamos de economía, Tandil es “populosa y rica”, como lo anticipó el fundador, por varios factores, desde la ancestral ganadería y la más “joven” agricultura, hasta el empuje de sus industriales, comerciantes, creativos, intelectuales y demás.

Pero Tandil tiene un plus que pocas ciudades de la provincia poseen, que es el turismo. Don Martín Rodríguez no lo mencionó porque ese concepto surge, a nivel mundial, recién tres décadas después de haberse instalado el Fuerte. Sin embargo lo intuyó, cuando en el acta fundacional, tras observar las primeras estribaciones de las serranías lugareñas, escribió con entusiasmo:

“Lo bello de las alturas de la pequeña cordillera, lo regular de su volumen con lo particular de su figura, (…) el cincel de la naturaleza se esmeró en su regularidad y hermosura: todo allí es agradable”.

Y seguramente imaginó el general Rodríguez que esa piedra antiquísima algún día iba a ser modelada artesanalmente para elaborar adoquines, ya que desde la más remota antigüedad comenzaron a instalarse en las calles, por parte de los romanos y otros pueblos.

Por eso, no dudamos que si hoy se levantase y empleara algunos minutos para leer el reciente comunicado de los miembros de la “Comisión Permanente de Defensa del Patrimonio Cultural y Natural del Partido de Tandil”, se muere otra vez, en medio de una profunda tristeza. No entendería nada.

Pero, para qué ir tan lejos. Se volvería a morir también el doctor José María Ortiz (“Toto”), que en los albores de la década de 1960 fue concejal por el Partido Conservador y se convirtió en pionero en el tema de la defensa de las sierras y del patrimonio histórico y natural tandilense en general. Él, un luchador de tantos años, se horrorizaría si alcanzara a leer las siguientes expresiones de la actual comisión:

“… el debate patrimonial se concentra casi exclusivamente en el valor histórico, cultural e identitario de un bien”. ¡Claro, muchachos! ¡De eso se trata! ¿En qué se va a concentrar?

Sus integrantes aluden a la “sustentabilidad económica y operativa” y dicen que “no existe patrimonio posible sin financiamiento real y sostenido”. Un criterio decididamente economicista.

Paralelamente, ese mismo día -jueves pasado, 23 de julio- se informaba en la prensa local que el municipio había cortado un sector céntrico de la calle Chacabuco para reparar los granitullos. Como para pensar que “mientras hay vida hay esperanza”.

En verdad, de no ser porque la referida comisión está integrada por tandilenses conocidos y honestos, estaríamos evocando en este momento el relato bíblico sobre la traición atribuida al pobre Judas...

“Por 30 dineros…” Mantener nuestros adoquines y granitullos cuesta más que esas monedas de plata de la Biblia, es cierto. Pero no será para nada imposible.

Y no olvidemos:

“¡Es el adoquín, estúpido!”, sobre todo en una ciudad en la que buena parte de su economía está centrada en el turismo.

El concejal Federico Martínez se refirió a las iniciativas legislativas orientadas a mitigar el impacto de la desregulación nacional en el sector editorial local y brindó detalles sobre las conclusiones técnicas de la Comisión de Patrimonio respecto a la preservación de las calles de piedra. En un escenario de debate por la identidad urbana, el edil de Fuerza Patria planteó la necesidad de otorgar beneficios impositivos a los libreros independientes y de coordinar una comisión conjunta para definir un plan de mantenimiento de la traza vial histórica de Tandil.

El concejal del bloque Fuerza Patria, Federico Martínez, presentó ante el Concejo Deliberante una serie de proyectos destinados a resguardar la identidad cultural de Tandil frente al complejo escenario nacional y local. Durante una entrevista brindada al programa Ultimo Bondi de Tandil FM, el edil detalló las propuestas de su espacio para crear un régimen de protección para librerías independientes y analizó las conclusiones enviadas por la Comisión de Patrimonio sobre los proyectos de preservación del empedrado que hoy se encuentran en tratamiento legislativo. Martínez remarcó la importancia de que el Estado municipal asuma un rol de acompañamiento ante el avance de políticas de desregulación que, según su visión, ponen en riesgo la supervivencia de los eslabones más débiles de la cadena cultural.

La preocupación central en el ámbito cultural radica en las intenciones del Gobierno nacional de derogar la Ley 25.542, conocida como la Ley del Libro. Esta normativa, que cuenta con más de dos décadas de vigencia, establece un precio uniforme de venta al público para evitar que las grandes cadenas de supermercados o plataformas de venta en línea utilicen su poder de compra para asfixiar a las pequeñas librerías a través de la práctica del "dumping". Martínez señaló que el impacto en Tandil sería directo y podría provocar la desaparición de los pocos locales independientes que aún resisten en la ciudad, los cuales no solo cumplen una función comercial sino que actúan como dinamizadores de la cultura local a través de talleres y presentaciones.

La iniciativa impulsada por Fuerza Patria consta de dos ejes fundamentales. El primero es una resolución en la que el Concejo Deliberante manifiesta su preocupación ante la inminente desregulación del mercado editorial. El segundo, de carácter local, propone una ordenanza para declarar a las librerías independientes como espacios de interés cultural y otorgarles exenciones en las tasas municipales, puntualmente en la Tasa Unificada de Actividad Económica. "Es un gesto de apoyo desde el lugar que tenemos en Tandil, sabiendo que las políticas nacionales repercuten muchísimo", explicó el concejal.

En la actualidad, Tandil cuenta con aproximadamente cinco librerías independientes de gestión familiar o local. Martínez recordó que recientemente cerró sus puertas El Atril, un local icónico ubicado en la calle Rodríguez que pertenecía a una cadena, pero que de todas formas reflejó la crisis que atraviesa el sector. Para el edil, las librerías son parte del "acervo cultural e identitario" de la ciudad y el municipio debe intervenir para sostenerlas. El proyecto será analizado por la Comisión de Economía antes de ser elevado al Ejecutivo, aunque Martínez consideró que para la Municipalidad de Tandil no representaría una pérdida sustancial de dinero dada la escasa cantidad de establecimientos beneficiados.

El concejal subrayó que la competencia desleal de grandes corporaciones como Amazon o los hipermercados no solo afecta el precio, sino que destruye la vinculación comunitaria. "Los supermercados pueden perder con el libro durante años hasta que desaparezcan todas las librerías, y una vez que monopolicen la venta, manejarán los precios a su antojo", advirtió. Por este motivo, el proyecto busca que los libreros locales, que también enfrentan el desafío de la digitalización, cuenten con un alivio fiscal que les permita seguir invirtiendo en actividades gratuitas para la comunidad.

Adoquines en Tandil: los tres proyectos que se debaten y cuáles serían las calles a proteger

Otro de los temas centrales abordados por Martínez fue el futuro de las calles con empedrado y granitullo. Recientemente, la Comisión de Patrimonio envió al Concejo Deliberante sus conclusiones técnicas tras analizar tres proyectos diferentes: el presentado por las asambleas vecinales, el de Alternativa Tandil y el del bloque oficialista (UCR). Aunque el proyecto de Fuerza Patria se mantuvo en la Comisión de Obras Públicas para un análisis más operativo, Martínez destacó que la devolución de los especialistas fue coherente en términos técnicos pero que aún resta definir la viabilidad presupuestaria.

El informe de la Comisión de Patrimonio no se inclinó por un proyecto específico, sino que estableció criterios de preservación basados en modelos internacionales como los de la Unesco. Sin embargo, el edil de Fuerza Patria reconoció que la principal traba es la falta de cuadrillas especializadas y de presupuesto para mantener las calles en condiciones. Según su visión, el gobierno local no tuvo como prioridad la conservación del empedrado en los últimos años, lo que generó un deterioro que ahora requiere una inversión significativa para ser revertido.

Para avanzar en una solución definitiva, Fuerza Patria propuso la creación de una comisión ad hoc que integre a las comisiones de Obras Públicas y de Cultura. El objetivo es evaluar calle por calle cuáles deben ser protegidas por su valor histórico y cuáles podrían ser intervenidas por cuestiones de tránsito o seguridad vial. "Por primera vez se empezó a poner en valor lo que tenemos que cuidar los tandilenses, tanto el patrimonio natural como el arquitectónico", celebró Martínez, aunque cuestionó la lentitud del Poder Ejecutivo para implementar cambios estructurales.

El concejal fue crítico con la gestión de la Municipalidad al señalar que el intendente y sus secretarios "no estaban acostumbrados a discutir nada" debido a las mayorías automáticas de años anteriores. Con la actual conformación del Concejo Deliberante, donde existen voces diversas y mayor pluralidad, el debate se ha dilatado más de lo esperado por el bloque opositor. Martínez insistió en que el ritmo del Ejecutivo es "bastante lento" en comparación con la urgencia que demandan los vecinos y las organizaciones que defienden el patrimonio local.

En el marco de la discusión por la identidad tandilense, Martínez también lanzó un desafío político a los representantes locales de La Libertad Avanza. El concejal cuestionó con qué postura se presentarán frente a los dueños de las librerías o los defensores del patrimonio en caso de no acompañar estas medidas de protección local. Para Fuerza Patria, defender el comercio cercano y la fisonomía de las calles es una forma de resistir a la homogeneización que propone el mercado global.

Finalmente, el edil destacó que la participación de representantes del Concejo Deliberante en la Comisión de Patrimonio, lograda tras una modificación de la ordenanza vigente, permitió un diálogo más fluido entre los técnicos y los legisladores. Martínez espera que durante la segunda mitad del año se logren acuerdos definitivos que permitan conciliar el progreso urbano con la protección del pasado histórico de Tandil, evitando que la ciudad pierda aquellos rasgos que la hacen única en la provincia de Buenos Aires.

El Municipio inició esta semana una serie de tareas de infraestructura y mejoramiento urbano en el barrio de Cerro Leones, con una particularidad: la reutilización de adoquines y granitullos que fueron retirados de sectores céntricos. Estas tareas, desarrolladas por equipos de la Secretaría de Servicios Urbanos, buscan integrar materiales históricos en nuevos espacios públicos, otorgándoles un destino funcional y simbólico a la vez.

La decisión se inscribe en la polémica que sacudió la agenda pública a comienzos de año, cuando la repavimentación de la calle Sarmiento entre Santamarina y Alsina desató un debate sobre el retiro de adoquines históricos y el futuro del empedrado en la ciudad.

El conflicto movilizó a la Asamblea del Barrio de La Estación, la Asamblea Barrios de Piedra y la Asociación Civil Punto Verde Tandil, llegó al Concejo Deliberante y derivó en proyectos de ordenanza que buscan ampliar la protección patrimonial de las calles empedradas, sobre los cuales aún se esperan definiciones.

Hace unos diez días, en el marco de la 8va. Feria de las Colectividades, el intendente Miguel Lunghi tomó la palabra para reflexionar sobre la influencia histórica de las corrientes migratorias en la conformación de la ciudad.

En ese marco, realizó un anuncio vinculado a la recuperación del patrimonio urbano y la identidad de los barrios al informar que los adoquines retirados de la calle Sarmiento serán destinados a Cerro Leones para la creación de la plaza de la Democracia en un proyecto que tomó forma tras el diálogo con el concejal Federico Martínez y que cumple con los lineamientos de la ordenanza 18.455 sancionada hace dos años.

Avance de las tareas

El despliegue tuvo un sentido de revalorización patrimonial, ya que los materiales regresan a una zona ligada a los orígenes de la piedra en Tandil, a la historia de los picapedreros y a parte de la identidad local. 

Actualmente, los operarios trabajan en la construcción de la vereda perimetral de la Escuela Secundaria 16. Para este proyecto, se utilizaron granitullos provenientes de arterias donde el empedrado fue reemplazado por pavimento de hormigón.

Una vez finalizada la intervención en el establecimiento educativo, las tareas continuarán en la plaza de la Democracia. En ese espacio público, se proyectó la construcción de un escenario abierto y escalones que conformarán un pequeño anfiteatro.

Según confirmaron fuentes municipales, se prevé que estas labores comiencen en aproximadamente 15 días, consolidando un nuevo punto de encuentro para actividades culturales y recreativas en el barrio.

El origen del material

Los adoquines que se colocarán en la plaza fueron retirados de la calle Sarmiento, específicamente en el tramo comprendido entre la avenida Santamarina y Alsina, así como de la calle Alsina entre Mitre y Sarmiento.

Estas intervenciones en el área céntrica formaron parte de un plan de repavimentación que generó un excedente de piezas, las cuales fueron acopiadas para su posterior puesta en valor.

Al respecto, señalaron que tal como fue informado a las asambleas interesadas en el tema, a la Justicia y al Concejo Deliberante, el destino de estos elementos cumplió con los procedimientos previstos.

El debate que generó en la ciudad la remoción de estas piezas llevó a la administración comunal a detallar un plan para el uso del material, asegurando que su remoción de las calles originales implicara una reubicación estratégica.

En este sentido, citaron la ordenanza 18.455 que establece que el material retirado debía ser reubicado en espacios que permitieran su conservación e integración urbana.

La normativa, sancionada en 2024, establece en su artículo primero que “las piedras trabajadas por los picapedreros retiradas de los espacios públicos deben ser utilizadas para realizar nuevas obras en la ciudad, priorizando el paraje Cerro Leones como destino”.

En el artículo segundo fija que las obras a realizarse “deben estar exhibidas en espacios  públicos  con  su  debida  señalización  y descripción histórica”.

Finalmente, desde el Municipio destacaron además que este tipo de intervenciones permiten recuperar y poner en valor materiales que forman parte de la identidad urbana de Tandil, especialmente al reincorporarlos en Cerro Leones, un barrio profundamente ligado a la historia de la piedra y al trabajo de generaciones de picapedreros.

El debate por la preservación del adoquinado histórico de Tandil sumó un nuevo capítulo. La Asociación Civil Punto Verde, la Asamblea del Barrio de La Estación y la Asamblea Barrios de Piedra presentaron una solicitud formal ante la Defensoría del Pueblo a cargo de Paula Lafourcade. El requerimiento apuntó a que el organismo solicite su incorporación con voz y voto en la Comisión de Patrimonio que debe tratar la protección de las calles empedradas.

El objetivo de las agrupaciones es destrabar la discusión que actualmente se lleva adelante en el Concejo Deliberante y asegurar que exista un control ciudadano efectivo sobre las decisiones que afectaron el patrimonio local.

De acuerdo a un comunicado enviado a esta Redacción, el debate se remontó a la vigencia de la Ordenanza 9.821 de 1995, la cual brindaba protección integral a 143 calles empedradas.

Según recordaron, esa normativa fue derogada en 2009 mediante la Ordenanza 11.400 y, al analizar los antecedentes de esa medida, alertaron que las actas de la sesión del cuerpo legislativo reflejaron que se eliminó de manera “exprés”.

“Al repasar el registro de aquella jornada, parecería que los propios concejales ni siquiera se hubieran enterado de lo que estaban votando”, señalaron los referentes, que denunciaron una “absoluta falta de argumentación técnica”.

Para las asambleas, esa sesión celebrada hace 17 años estuvo marcada por una “alarmante liviandad jurídica” que desprotegió el acervo histórico a espaldas de los vecinos.

En este sentido, la presentación ante la Defensoría buscó subsanar lo que consideraron un “error administrativo” y legal de larga data. Los peticionantes remarcaron que el debate actual en el Concejo Deliberante no debería centrarse en la conveniencia de proteger o no el patrimonio, sino en cómo restaurar los derechos que fueron vulnerados hace más de una década sin el debido proceso de consulta ciudadana.

Reparación histórica

Frente al escenario legislativo actual y la falta de consenso entre los diferentes bloques políticos, las organizaciones -que el pasado 6 de abril expusieron sus fundamentos técnicos mediante la utilización de la Banca 21- sostuvieron que el Estado tiene la “obligación legal” de progresar en la ampliación de derechos ambientales y culturales.

Bajo esta premisa jurídica, afirmaron que cualquier retroceso en la protección patrimonial resultó inconstitucional. Por tal motivo, consideraron que la derogación de la Ordenanza 9.821 careció de validez legal profunda y exigieron una solución de fondo.

Asimismo, valoraron la “lucidez” que mostraron algunos concejales “al comprender la gravedad del error administrativo cometido en 2009”. Sin embargo, apuntaron con dureza contra el resto de los integrantes del cuerpo legislativo al señalar que “resulta inadmisible e incomprensible que todavía existan ediles que crean tener el derecho de evaluar si se protege o no lo que ya estaba plenamente resguardado. No hay nada que deliberar sobre lo que fue quitado ilegalmente; la reparación histórica debe ser inmediata”.

Por este motivo, exigieron como un paso “automático e indiscutible” la restitución inmediata de la protección sobre las 143 calles originales.

“Consideramos que ese es el mínimo innegociable” y, a partir de allí, “la única discusión válida en las comisiones debe ser cómo ampliar dicha salvaguarda para alcanzar la totalidad de las aproximadamente 160 calles empedradas con las que cuenta Tandil”, detallaron en la misiva.

El rol de la Defensoría del Pueblo

La presentación hace especial hincapié en la legislación vigente y los tratados internacionales que exigen de forma vinculante la participación democrática de las comunidades en las decisiones que afectan su entorno.

Debido a que las asambleas firmantes no son convocadas por la Comisión de Patrimonio, consideran “urgente y necesario” que la Defensoría del Pueblo asuma un rol activo en este espacio.

Las organizaciones argumentaron que la dependencia cuenta con el conocimiento técnico-legal idóneo y representa la única garantía institucional que “el despropósito administrativo ocurrido en 2009 no vuelva a repetirse a puertas cerradas y sin control ciudadano”.

Por ello, solicitaron formalmente que el organismo requiera e impulse su incorporación inmediata con voz y voto en esa comisión.