El concejal Federico Martínez se refirió a las iniciativas legislativas orientadas a mitigar el impacto de la desregulación nacional en el sector editorial local y brindó detalles sobre las conclusiones técnicas de la Comisión de Patrimonio respecto a la preservación de las calles de piedra. En un escenario de debate por la identidad urbana, el edil de Fuerza Patria planteó la necesidad de otorgar beneficios impositivos a los libreros independientes y de coordinar una comisión conjunta para definir un plan de mantenimiento de la traza vial histórica de Tandil.

El concejal del bloque Fuerza Patria, Federico Martínez, presentó ante el Concejo Deliberante una serie de proyectos destinados a resguardar la identidad cultural de Tandil frente al complejo escenario nacional y local. Durante una entrevista brindada al programa Ultimo Bondi de Tandil FM, el edil detalló las propuestas de su espacio para crear un régimen de protección para librerías independientes y analizó las conclusiones enviadas por la Comisión de Patrimonio sobre los proyectos de preservación del empedrado que hoy se encuentran en tratamiento legislativo. Martínez remarcó la importancia de que el Estado municipal asuma un rol de acompañamiento ante el avance de políticas de desregulación que, según su visión, ponen en riesgo la supervivencia de los eslabones más débiles de la cadena cultural.

La preocupación central en el ámbito cultural radica en las intenciones del Gobierno nacional de derogar la Ley 25.542, conocida como la Ley del Libro. Esta normativa, que cuenta con más de dos décadas de vigencia, establece un precio uniforme de venta al público para evitar que las grandes cadenas de supermercados o plataformas de venta en línea utilicen su poder de compra para asfixiar a las pequeñas librerías a través de la práctica del "dumping". Martínez señaló que el impacto en Tandil sería directo y podría provocar la desaparición de los pocos locales independientes que aún resisten en la ciudad, los cuales no solo cumplen una función comercial sino que actúan como dinamizadores de la cultura local a través de talleres y presentaciones.

La iniciativa impulsada por Fuerza Patria consta de dos ejes fundamentales. El primero es una resolución en la que el Concejo Deliberante manifiesta su preocupación ante la inminente desregulación del mercado editorial. El segundo, de carácter local, propone una ordenanza para declarar a las librerías independientes como espacios de interés cultural y otorgarles exenciones en las tasas municipales, puntualmente en la Tasa Unificada de Actividad Económica. "Es un gesto de apoyo desde el lugar que tenemos en Tandil, sabiendo que las políticas nacionales repercuten muchísimo", explicó el concejal.

En la actualidad, Tandil cuenta con aproximadamente cinco librerías independientes de gestión familiar o local. Martínez recordó que recientemente cerró sus puertas El Atril, un local icónico ubicado en la calle Rodríguez que pertenecía a una cadena, pero que de todas formas reflejó la crisis que atraviesa el sector. Para el edil, las librerías son parte del "acervo cultural e identitario" de la ciudad y el municipio debe intervenir para sostenerlas. El proyecto será analizado por la Comisión de Economía antes de ser elevado al Ejecutivo, aunque Martínez consideró que para la Municipalidad de Tandil no representaría una pérdida sustancial de dinero dada la escasa cantidad de establecimientos beneficiados.

El concejal subrayó que la competencia desleal de grandes corporaciones como Amazon o los hipermercados no solo afecta el precio, sino que destruye la vinculación comunitaria. "Los supermercados pueden perder con el libro durante años hasta que desaparezcan todas las librerías, y una vez que monopolicen la venta, manejarán los precios a su antojo", advirtió. Por este motivo, el proyecto busca que los libreros locales, que también enfrentan el desafío de la digitalización, cuenten con un alivio fiscal que les permita seguir invirtiendo en actividades gratuitas para la comunidad.

Adoquines en Tandil: los tres proyectos que se debaten y cuáles serían las calles a proteger

Otro de los temas centrales abordados por Martínez fue el futuro de las calles con empedrado y granitullo. Recientemente, la Comisión de Patrimonio envió al Concejo Deliberante sus conclusiones técnicas tras analizar tres proyectos diferentes: el presentado por las asambleas vecinales, el de Alternativa Tandil y el del bloque oficialista (UCR). Aunque el proyecto de Fuerza Patria se mantuvo en la Comisión de Obras Públicas para un análisis más operativo, Martínez destacó que la devolución de los especialistas fue coherente en términos técnicos pero que aún resta definir la viabilidad presupuestaria.

El informe de la Comisión de Patrimonio no se inclinó por un proyecto específico, sino que estableció criterios de preservación basados en modelos internacionales como los de la Unesco. Sin embargo, el edil de Fuerza Patria reconoció que la principal traba es la falta de cuadrillas especializadas y de presupuesto para mantener las calles en condiciones. Según su visión, el gobierno local no tuvo como prioridad la conservación del empedrado en los últimos años, lo que generó un deterioro que ahora requiere una inversión significativa para ser revertido.

Para avanzar en una solución definitiva, Fuerza Patria propuso la creación de una comisión ad hoc que integre a las comisiones de Obras Públicas y de Cultura. El objetivo es evaluar calle por calle cuáles deben ser protegidas por su valor histórico y cuáles podrían ser intervenidas por cuestiones de tránsito o seguridad vial. "Por primera vez se empezó a poner en valor lo que tenemos que cuidar los tandilenses, tanto el patrimonio natural como el arquitectónico", celebró Martínez, aunque cuestionó la lentitud del Poder Ejecutivo para implementar cambios estructurales.

El concejal fue crítico con la gestión de la Municipalidad al señalar que el intendente y sus secretarios "no estaban acostumbrados a discutir nada" debido a las mayorías automáticas de años anteriores. Con la actual conformación del Concejo Deliberante, donde existen voces diversas y mayor pluralidad, el debate se ha dilatado más de lo esperado por el bloque opositor. Martínez insistió en que el ritmo del Ejecutivo es "bastante lento" en comparación con la urgencia que demandan los vecinos y las organizaciones que defienden el patrimonio local.

En el marco de la discusión por la identidad tandilense, Martínez también lanzó un desafío político a los representantes locales de La Libertad Avanza. El concejal cuestionó con qué postura se presentarán frente a los dueños de las librerías o los defensores del patrimonio en caso de no acompañar estas medidas de protección local. Para Fuerza Patria, defender el comercio cercano y la fisonomía de las calles es una forma de resistir a la homogeneización que propone el mercado global.

Finalmente, el edil destacó que la participación de representantes del Concejo Deliberante en la Comisión de Patrimonio, lograda tras una modificación de la ordenanza vigente, permitió un diálogo más fluido entre los técnicos y los legisladores. Martínez espera que durante la segunda mitad del año se logren acuerdos definitivos que permitan conciliar el progreso urbano con la protección del pasado histórico de Tandil, evitando que la ciudad pierda aquellos rasgos que la hacen única en la provincia de Buenos Aires.

El Municipio inició esta semana una serie de tareas de infraestructura y mejoramiento urbano en el barrio de Cerro Leones, con una particularidad: la reutilización de adoquines y granitullos que fueron retirados de sectores céntricos. Estas tareas, desarrolladas por equipos de la Secretaría de Servicios Urbanos, buscan integrar materiales históricos en nuevos espacios públicos, otorgándoles un destino funcional y simbólico a la vez.

La decisión se inscribe en la polémica que sacudió la agenda pública a comienzos de año, cuando la repavimentación de la calle Sarmiento entre Santamarina y Alsina desató un debate sobre el retiro de adoquines históricos y el futuro del empedrado en la ciudad.

El conflicto movilizó a la Asamblea del Barrio de La Estación, la Asamblea Barrios de Piedra y la Asociación Civil Punto Verde Tandil, llegó al Concejo Deliberante y derivó en proyectos de ordenanza que buscan ampliar la protección patrimonial de las calles empedradas, sobre los cuales aún se esperan definiciones.

Hace unos diez días, en el marco de la 8va. Feria de las Colectividades, el intendente Miguel Lunghi tomó la palabra para reflexionar sobre la influencia histórica de las corrientes migratorias en la conformación de la ciudad.

En ese marco, realizó un anuncio vinculado a la recuperación del patrimonio urbano y la identidad de los barrios al informar que los adoquines retirados de la calle Sarmiento serán destinados a Cerro Leones para la creación de la plaza de la Democracia en un proyecto que tomó forma tras el diálogo con el concejal Federico Martínez y que cumple con los lineamientos de la ordenanza 18.455 sancionada hace dos años.

Avance de las tareas

El despliegue tuvo un sentido de revalorización patrimonial, ya que los materiales regresan a una zona ligada a los orígenes de la piedra en Tandil, a la historia de los picapedreros y a parte de la identidad local. 

Actualmente, los operarios trabajan en la construcción de la vereda perimetral de la Escuela Secundaria 16. Para este proyecto, se utilizaron granitullos provenientes de arterias donde el empedrado fue reemplazado por pavimento de hormigón.

Una vez finalizada la intervención en el establecimiento educativo, las tareas continuarán en la plaza de la Democracia. En ese espacio público, se proyectó la construcción de un escenario abierto y escalones que conformarán un pequeño anfiteatro.

Según confirmaron fuentes municipales, se prevé que estas labores comiencen en aproximadamente 15 días, consolidando un nuevo punto de encuentro para actividades culturales y recreativas en el barrio.

El origen del material

Los adoquines que se colocarán en la plaza fueron retirados de la calle Sarmiento, específicamente en el tramo comprendido entre la avenida Santamarina y Alsina, así como de la calle Alsina entre Mitre y Sarmiento.

Estas intervenciones en el área céntrica formaron parte de un plan de repavimentación que generó un excedente de piezas, las cuales fueron acopiadas para su posterior puesta en valor.

Al respecto, señalaron que tal como fue informado a las asambleas interesadas en el tema, a la Justicia y al Concejo Deliberante, el destino de estos elementos cumplió con los procedimientos previstos.

El debate que generó en la ciudad la remoción de estas piezas llevó a la administración comunal a detallar un plan para el uso del material, asegurando que su remoción de las calles originales implicara una reubicación estratégica.

En este sentido, citaron la ordenanza 18.455 que establece que el material retirado debía ser reubicado en espacios que permitieran su conservación e integración urbana.

La normativa, sancionada en 2024, establece en su artículo primero que “las piedras trabajadas por los picapedreros retiradas de los espacios públicos deben ser utilizadas para realizar nuevas obras en la ciudad, priorizando el paraje Cerro Leones como destino”.

En el artículo segundo fija que las obras a realizarse “deben estar exhibidas en espacios  públicos  con  su  debida  señalización  y descripción histórica”.

Finalmente, desde el Municipio destacaron además que este tipo de intervenciones permiten recuperar y poner en valor materiales que forman parte de la identidad urbana de Tandil, especialmente al reincorporarlos en Cerro Leones, un barrio profundamente ligado a la historia de la piedra y al trabajo de generaciones de picapedreros.

El debate por la preservación del adoquinado histórico de Tandil sumó un nuevo capítulo. La Asociación Civil Punto Verde, la Asamblea del Barrio de La Estación y la Asamblea Barrios de Piedra presentaron una solicitud formal ante la Defensoría del Pueblo a cargo de Paula Lafourcade. El requerimiento apuntó a que el organismo solicite su incorporación con voz y voto en la Comisión de Patrimonio que debe tratar la protección de las calles empedradas.

El objetivo de las agrupaciones es destrabar la discusión que actualmente se lleva adelante en el Concejo Deliberante y asegurar que exista un control ciudadano efectivo sobre las decisiones que afectaron el patrimonio local.

De acuerdo a un comunicado enviado a esta Redacción, el debate se remontó a la vigencia de la Ordenanza 9.821 de 1995, la cual brindaba protección integral a 143 calles empedradas.

Según recordaron, esa normativa fue derogada en 2009 mediante la Ordenanza 11.400 y, al analizar los antecedentes de esa medida, alertaron que las actas de la sesión del cuerpo legislativo reflejaron que se eliminó de manera “exprés”.

“Al repasar el registro de aquella jornada, parecería que los propios concejales ni siquiera se hubieran enterado de lo que estaban votando”, señalaron los referentes, que denunciaron una “absoluta falta de argumentación técnica”.

Para las asambleas, esa sesión celebrada hace 17 años estuvo marcada por una “alarmante liviandad jurídica” que desprotegió el acervo histórico a espaldas de los vecinos.

En este sentido, la presentación ante la Defensoría buscó subsanar lo que consideraron un “error administrativo” y legal de larga data. Los peticionantes remarcaron que el debate actual en el Concejo Deliberante no debería centrarse en la conveniencia de proteger o no el patrimonio, sino en cómo restaurar los derechos que fueron vulnerados hace más de una década sin el debido proceso de consulta ciudadana.

Reparación histórica

Frente al escenario legislativo actual y la falta de consenso entre los diferentes bloques políticos, las organizaciones -que el pasado 6 de abril expusieron sus fundamentos técnicos mediante la utilización de la Banca 21- sostuvieron que el Estado tiene la “obligación legal” de progresar en la ampliación de derechos ambientales y culturales.

Bajo esta premisa jurídica, afirmaron que cualquier retroceso en la protección patrimonial resultó inconstitucional. Por tal motivo, consideraron que la derogación de la Ordenanza 9.821 careció de validez legal profunda y exigieron una solución de fondo.

Asimismo, valoraron la “lucidez” que mostraron algunos concejales “al comprender la gravedad del error administrativo cometido en 2009”. Sin embargo, apuntaron con dureza contra el resto de los integrantes del cuerpo legislativo al señalar que “resulta inadmisible e incomprensible que todavía existan ediles que crean tener el derecho de evaluar si se protege o no lo que ya estaba plenamente resguardado. No hay nada que deliberar sobre lo que fue quitado ilegalmente; la reparación histórica debe ser inmediata”.

Por este motivo, exigieron como un paso “automático e indiscutible” la restitución inmediata de la protección sobre las 143 calles originales.

“Consideramos que ese es el mínimo innegociable” y, a partir de allí, “la única discusión válida en las comisiones debe ser cómo ampliar dicha salvaguarda para alcanzar la totalidad de las aproximadamente 160 calles empedradas con las que cuenta Tandil”, detallaron en la misiva.

El rol de la Defensoría del Pueblo

La presentación hace especial hincapié en la legislación vigente y los tratados internacionales que exigen de forma vinculante la participación democrática de las comunidades en las decisiones que afectan su entorno.

Debido a que las asambleas firmantes no son convocadas por la Comisión de Patrimonio, consideran “urgente y necesario” que la Defensoría del Pueblo asuma un rol activo en este espacio.

Las organizaciones argumentaron que la dependencia cuenta con el conocimiento técnico-legal idóneo y representa la única garantía institucional que “el despropósito administrativo ocurrido en 2009 no vuelva a repetirse a puertas cerradas y sin control ciudadano”.

Por ello, solicitaron formalmente que el organismo requiera e impulse su incorporación inmediata con voz y voto en esa comisión.