La Justicia definió que Adrián González Charvay será el juez encargado de la causa por la compra de la lujosa mansión en Pilar, que quedó relacionada con una investigación sobre presunto lavado de activos alrededor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En la propiedad, que cuenta con 105 mil metros cuadrados, se encontraron 54 vehículos de alta gama. Está a nombre de una jubilada y un monotributista que se sospecha que podrían ser testaferros o “presta nombres” del influyente tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

El cambio de magistrado modifica el escenario judicial, ya que la causa que se encontraba en el fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires ahora regresa a Campana.

El expediente realizó un largo recorrido hasta su regreso a Campana y el nombramiento de Charvay como el juez a cargo: estuvo en el juzgado federal de Daniel Rafecas, después se generó una disputa con la Justicia de Campana y, finalmente, había quedado radicado en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico 10 de la Ciudad de Buenos Aires luego de la actuación de la Cámara Federal de Casación Penal.

Charvay ya intervino en otros expedientes vinculados con la AFA y protagonizó conflictos de competencia con juzgados porteños debido a la concentración de causas relacionadas con la entidad.

Esta problemática forma parte de un conflicto judicial mayor, que tiene en el centro de la escena al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a su tesorero, Pablo Toviggino.

Hay otros expedientes en los que se investigan supuestas irregularidades relacionadas con la institución, como defraudación y movimientos financieros vinculados con un presunto lavado de activos.

Los abogados defensores de Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, miembros de Real Central SRL, sociedad que aparece como dueña de la propiedad, habían exigido que el expediente fuera trasladado a Campana.

Por su parte, la fiscalía rechazó ese planteo. NA

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este viernes que la causa por presunto lavado de activos, que investiga si una casaquinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares fue adquirida por supuestos testaferros de dirigentes de la AFA, debe abandonar el fuero en lo penal económico de la Ciudad de Buenos Aires y retornar al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

La decisión fue adoptada por los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, con la disidencia de Alejandro Slokar. El fallo se fundamentó en que la investigación por el presunto lavado de dinero vinculado a dicha propiedad y otros bienes de lujo corresponde a la Justicia Federal y no al fuero penal económico.

La resolución se firmó tras una audiencia en la cual los magistrados escucharon los argumentos de Mariano Morán, abogado de los supuestos testaferros Luciano Pantano y su madre Ana Conte. La defensa había reclamado el retorno a la jurisdicción de Campana por una cuestión territorial, dado que el inmueble eje del supuesto delito se encuentra en esa zona.

Al respecto, el tribunal señaló en su fallo:

“La investigación debe continuar en la justicia federal criminal y correccional, en resguardo de la garantía constitucional del juez natural y de una buena y pronta administración de justicia”.

El expediente deberá ser remitido a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín para que, sin dilaciones, lo envíe nuevamente al juzgado federal de Adrián González Charvay. Los jueces de Casación destacaron que el fuero penal económico posee una competencia especializada determinada por ley, la cual no incluye el delito de lavado de activos previsto en el artículo 303 del Código Penal.

La investigación se inició en diciembre de 2025 a raíz de una denuncia contra Luciano Pantano y Ana Conte, dueños de la sociedad Real Central, por la posible falta de correspondencia entre el valor de los bienes adquiridos y sus perfiles fiscales. El fallo aclaró que lo resuelto no implica retrotraer la pesquisa ni invalidar lo actuado hasta el momento, sino garantizar que la causa avance bajo la competencia judicial correspondiente.

La Cámara Federal de Casación definirá este miércoles el destino de la causa que investiga la compra de una mansión en Pilar, propiedad que ha sido atribuida a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La audiencia estaba programada para las 11:30.

En dicha instancia, los abogados de Luciano Pantano y Ana Conte, quienes son señalados como presuntos testaferros, expondrán sus argumentos ante el tribunal. Asimismo, se espera la participación del fiscal general Mario Villar.

El objetivo de la resolución es determinar si el expediente permanece en el Juzgado Nacional en el Penal Económico N° 10, bajo la órbita de la jueza Verónica Straccia, o si, por el contrario, la investigación retorna al Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay.

La investigación se centra en un posible caso de lavado de dinero vinculado a la adquisición de una propiedad de 105 mil metros cuadrados situada en Villa Rosa, Pilar. La mansión, valuada en 17 millones de dólares, se encuentra registrada a nombre de Luciano Pantano y Ana Conte. No obstante, el fiscal sostiene que ninguno de los dos posee un perfil patrimonial que justifique dicha compra, por lo que se intenta establecer si actuaron como testaferros de Pablo Toviggino. Durante los procedimientos en el lugar, se hallaron 54 vehículos de lujo y colección, además de un bolso con el nombre del dirigente.

La selección argentina dirigida por Lionel Scaloni podría tener el reencuentro con la hinchada luego del subcampeonato obtenido frente a España en la pasada Copa del Mundo 2026 realizada en Estados Unidos, Canadá y México.

Desde la Asociación del Futbol Argentino tendrían decidido jugar tres encuentros en la ventana de los amistosos internacionales FIFA, entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre.

Sin confirmación oficial, de los rivales y fechas, desde la casa madre del futbol argentino estarían evaluando jugar dos de esos partidos en China y uno en Buenos Aires para que los seleccionados por Lionel Scaloni y su cuerpo técnico, vuelvan a disputar un encuentro frente a los hinchas. (NA)

Un Gran Jurado con sede en la ciudad de Miami tiene programado dar inicio este jueves a una serie de audiencias de carácter estrictamente reservado. El objetivo es establecer si los directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y un grupo de empresarios aliados incurrieron en delitos financieros en territorio estadounidense.

Para cumplir con esta fase procesal, el cuerpo judicial citó formalmente a declarar a un grupo secreto de testigos a partir de las 9:00 horas. El origen y la meta de esta convocatoria quedaron expuestos en una orden judicial de comparecencia, también denominada subpoena. La justicia norteamericana instruyó a los comparecientes a aportar la totalidad de los archivos vinculados a la compañía TourProdEnter LLC, además de exigir la entrega de todos los registros de comunicaciones mantenidos con las máximas figuras de la casa madre del fútbol argentino: Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y el productor teatral Javier Faroni.

La pesquisa criminal, conducida por los funcionarios Michael Berger, en representación de la fiscalía de Florida, y Patrick Gushue, por el Departamento de Justicia, apunta a recolectar pruebas para avalar o descartar la comisión de los delitos de lavado de dinero y fraude bancario. La estrategia busca constatar los nexos entre la cúpula de la AFA y la empresa señalada, ante sospechas de un supuesto desvío de beneficios económicos por la explotación comercial de la Selección argentina en el extranjero.

El foco de las sospechas se concentra sobre TourProdEnter LLC, una sociedad cuya titularidad corresponde a Javier Faroni y a su cónyuge, Erica Gillette. Según las hipótesis federales, esta firma habría recaudado y administrado una cifra cercana a los 300 millones de dólares desde el año 2021 en adelante, a partir de contratos por encuentros amistosos y convenios de patrocinio con corporaciones como Adidas y Warner.

En esta etapa, los agentes judiciales lograron comprobar que el entramado comercial canalizó sus operaciones a través de entidades bancarias como JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank. El Gran Jurado delibera en sesiones herméticas y a puertas cerradas, sin un plazo perentorio para dictaminar sobre la responsabilidad de los involucrados.

La FIFA oficializó que su Comisión Disciplinaria puso en marcha una investigación formal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tres jugadores del seleccionado nacional y el ayudante de campo de Lionel Scaloni, Roberto Ayala. El procedimiento busca esclarecer posibles infracciones de seis artículos del Código Disciplinario, con el foco puesto en los encuentros ante Inglaterra y España.

En el caso de Leandro Paredes, mediocampista de Boca Juniors, la entidad investiga tres cargos por supuestas infracciones del artículo 14, apartado 1, letra i, definido en el informe como agresión. El futbolista de 32 años quedó involucrado en una gresca con el jugador español Gavi. Por su parte, Nahuel Molina es investigado por dos cargos del mismo artículo tras un cruce con Rodri, mientras que a Roberto Ayala se le imputa un cargo por un encontronazo con Dani Olmo.

Asimismo, Nahuel Molina, Thiago Almada y Pablo Martín Páez Gavira enfrentan acusaciones por un cargo vinculado a conducta antideportiva, tipificado en el artículo 14, apartado 1, letra b del reglamento.

Respecto a la AFA, la FIFA analiza posibles incumplimientos en cuatro artículos, entre ellos el uso de un evento deportivo para realizar manifestaciones ajenas a la actividad, como la exhibición de una bandera de las Islas Malvinas tras el triunfo ante Inglaterra. El organismo también evalúa cargos por conducta inadecuada, discriminación y agresiones racistas, además de fallas en el orden y seguridad durante los partidos.

El artículo 13 del Código Disciplinario, relativo a la conducta ofensiva, permite imponer medidas ante manifestaciones no deportivas. Como antecedente, la FIFA sancionó a la AFA con una multa económica en la previa del Mundial 2014 por una situación similar. El Anexo del Código prevé multas que oscilan entre los 5 mil y cifras superiores a los 20 mil dólares, mientras que el artículo 15 contempla castigos más severos, incluyendo la disputa de partidos a puerta cerrada, ante comportamientos que atenten contra la dignidad de un país o colectivo.

Stephen Oscar Ramos, conocido popularmente como Kiki, se ha consolidado como una de las grandes apariciones del fútbol argentino. El joven delantero, nacido el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe, Haití, escribió una página histórica al debutar con la Selección Argentina Sub-17 en el amistoso disputado ante Ecuador en Lanús.

La historia de Ramos es de superación. Tras el devastador terremoto que afectó a su país natal en 2010, fue adoptado por una familia argentina cuando tenía apenas nueve meses. Ya en el país, desarrolló su pasión por el fútbol en los potreros, donde fue descubierto y llevado a probarse a Vélez Sarsfield, institución en la que hoy se destaca como una de las máximas promesas de su cantera.

Actualmente, el delantero brilla en la Sexta División, donde acumula 12 goles en la temporada, destacándose actuaciones memorables como los cuatro tantos frente a Atlético de Rafaela y un gol decisivo ante Boca. Con 1,75 metros de altura, Kiki Ramos se caracteriza por su potencia física, velocidad y capacidad de desequilibrio en el uno contra uno, cualidades que le han valido comparaciones con figuras internacionales.

Su presente captó la atención del director técnico Diego Placente, quien lo convocó para el microciclo de la Selección Sub-17. Aunque fue seguido de cerca por Haití, el jugador siempre manifestó su deseo de representar a la Argentina. Ahora, el joven futbolista busca ganarse un lugar en la lista definitiva para el Mundial Sub-17 de Qatar, donde el equipo nacional compartirá el Grupo C junto a Australia, Mozambique y Dinamarca.

El titular de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, quien se encuentra imputado en una causa por presunta asociación ilícita y lavado de dinero, se declaró inocente y se refirió a su vínculo con el presidente de la AFA, Claudio Tapia. En declaraciones televisivas, el empresario sostuvo que la relación surgió a partir del patrocinio que su firma brindó a la institución y rechazó haber obtenido beneficios indebidos.

“Para mí, Tapia es el mejor presidente de la historia del fútbol argentino. Hace mucho por el fútbol y es federal. Te puede gustar o no”.

Vallejo remarcó que la continuidad del titular de la AFA depende de los dirigentes que lo eligieron y aclaró que no puede responder por la situación judicial del dirigente deportivo.

“No pongo las manos en el fuego ni por Tapia ni por nadie. Yo sólo creo que soy inocente y que mis empresas ya trabajaban desde cinco años antes de que existiera este vínculo con el fútbol”.

El empresario relativizó las comparaciones entre su causa y otras investigaciones que involucran a Tapia y al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, al afirmar que son caminos diferentes y que su firma es un chivo expiatorio. Asimismo, negó que el presidente de la entidad le hubiera facilitado contactos o negocios, definiendo su relación como común y corriente.

Respecto a las acusaciones de lavado de dinero, Vallejo aseguró que su actividad es acreditable. Sobre su patrimonio, explicó que sus ingresos mensuales rondaban entre los 40.000 y 50.000 dólares, lo que justificaba la adquisición de bienes de lujo. Finalmente, reveló que actualmente se dedica a operaciones financieras informales, bromeando sobre su presente laboral:

“Ahora vivo de actividad financiera informal, como vive el 50% del país. Volví a mis tiempos felices”.

Un nuevo revés judicial sufrió el empresario Guillermo Tofoni en el marco de su disputa con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) luego de que un juez federal de Georgia rechazó que utilice la documentación obtenida en Estados Unidos para causas penales en Argentina.

Según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el fallo indicó además que parte de ese material fue distribuido a periodistas y presentado ante otros tribunales argentinos, pese a que existía una orden de protección que limitaba expresamente su uso.

Ante esta situación, el juez de Georgia le ordenó a Tofoni que notifique a todas las personas y entidades que recibieron esa documentación para que sea devuelta o destruida y le puso un plazo de 14 días para poder llevarlo a cabo.

En tanto, se informó que la decisión fue firmada el 21 de julio y está enmarcada en un proceso iniciado por Tofoni al amparo del artículo 1.782 del Código de los Estados Unidos, una norma que permite obtener pruebas en territorio estadounidense para ser utilizadas en litigios extranjeros.

En ese sentido, se indicó que el juez recordó que esos documentos sólo habían sido autorizados para ser utilizados en una demanda civil presentada por Tofoni contra AFA en Argentina. (NA).

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, vivió una situación de tensión antes de emprender su regreso a la Argentina junto a parte del plantel de la Selección. Según trascendió, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) demoraron al dirigente en el aeropuerto internacional JFK de Nueva York para solicitarle sus teléfonos celulares y dispositivos electrónicos.

Las autoridades también se incautaron de computadoras y teléfonos de otros integrantes de la comitiva que viajaba en el vuelo charter AR 1971. El despegue, previsto originalmente para las 6:00, se concretó cerca de las 8:15, lo que retrasó la llegada del plantel al aeropuerto internacional de Ezeiza.

Ante las versiones circulantes, la AFA emitió un comunicado a través de su abogado, Gregorio Dalbón, quien desmintió el operativo.

“Es rotundamente falso. Ninguno de los episodios descriptos tuvo lugar”.

De acuerdo a documentos judiciales, Tapia deberá presentarse a declarar ante la Corte del distrito sur de Florida. La investigación se centra en la estructura financiera utilizada para gestionar los contratos comerciales internacionales de la entidad, específicamente a través de la sociedad Tourprodenter, administrada por Javier Faroni. Las operaciones bajo análisis superan los 300 millones de dólares.

La pesquisa es llevada adelante por los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger. El objetivo es reconstruir el circuito del dinero, identificar beneficiarios finales y determinar si las maniobras configuran delitos bajo la legislación estadounidense. La incautación de los dispositivos busca preservar comunicaciones y registros digitales que permitan contrastar los movimientos bancarios detectados en entidades como Bank of America, Citibank y JP Morgan.

La Selección Argentina finalizó su participación en el Mundial 2026 tras disputar la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Este resultado le asegura a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) un premio económico de 33 millones de dólares, en el marco de la mayor distribución de premios en la historia de los certámenes organizados por la FIFA.

La diferencia respecto al campeón, España, es de 17 millones de dólares, ya que el ganador del torneo recibirá 50 millones. A pesar de esta brecha, el monto otorgado al subcampeón refleja un crecimiento significativo en comparación con ediciones anteriores, impulsado por el nuevo formato del torneo que contó con 48 selecciones participantes.

Para esta edición, que tuvo como sedes a Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA destinó un fondo total de 871 millones de dólares, lo que representa un incremento del 50 por ciento frente a lo repartido en Qatar 2022. De ese total, 655 millones corresponden a premios deportivos, mientras que el resto se distribuye en aportes para logística y preparación de las federaciones.

La escala de premios establecida por el organismo internacional determina que el tercer puesto, Inglaterra, recibirá 29 millones de dólares, mientras que Francia, cuarto en la clasificación, obtendrá 27 millones. Los equipos ubicados entre el quinto y el octavo lugar cobrarán 19 millones, mientras que los que finalizaron entre el noveno y el 16.º puesto percibirán 15 millones. Por su parte, las selecciones que ocuparon del 17.º al 32.º lugar recibirán 11 millones, y aquellas que terminaron entre el 33.º y el 48.º puesto percibirán 9 millones por su participación en la fase de grupos.

A este esquema se suma un aporte adicional de 2,5 millones de dólares para cada federación clasificada, destinado a gastos de preparación y concentración. Esto garantiza un ingreso mínimo de 10,5 millones de dólares para todas las selecciones, incluso para aquellas que no superaron la primera fase del torneo.

El incremento en los premios responde a la expansión del campeonato, que elevó la cantidad de partidos y, en consecuencia, los ingresos por derechos de televisión, patrocinios y venta de entradas. Un factor determinante fue la implementación de un sistema de precios dinámicos algorítmicos para la comercialización de tickets, que permitió maximizar la recaudación en uno de los Mundiales más rentables de la historia.

La Justicia determinó que es necesario volver a analizar qué juez debe llevar adelante la investigación por la compra de una mansión en Pilar, la cual se le atribuye a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La decisión se tomó luego de que la Cámara Federal de Casación aceptara tratar una apelación presentada por Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte.

El expediente, que ya ha pasado por cuatro magistrados, se encuentra actualmente en el fuero en lo Penal Económico. Sin embargo, Pantano y Conte, quienes figuran como dueños formales de la propiedad pero son sospechados de ser testaferros de Toviggino, objetan la competencia de dicho fuero y reclaman que la causa regrese al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

Ante este escenario, el tribunal dispuso la realización de una audiencia para el 12 de agosto a las 11:30. En dicha instancia, se escuchará la postura de la defensa de los imputados y la del fiscal general de Casación, Mario Villar.

La investigación se centra en una propiedad de 105 mil metros cuadrados que cuenta con helipuerto y un galpón donde se hallaron 54 autos de lujo y colección. La mansión está a nombre de Real Central SA, una sociedad integrada por Pantano y Conte, quienes no contarían con la capacidad económica declarada para una adquisición de tal magnitud.

Cabe recordar que el juez Daniel Rafecas realizó el allanamiento inicial, donde encontró un bolso con el nombre de Toviggino, una plaqueta del club Barracas Central y los vehículos mencionados. Posteriormente, el juez Marcelo Aguinsky, del fuero Penal Económico, planteó la hipótesis de que la compra se habría efectuado con fondos de la AFA. Actualmente, el caso está radicado en el juzgado 10, a cargo de la jueza Verónica Straccia.

La resolución fue firmada por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, quienes confirmaron los procesamientos dictados en primera instancia por el juez Diego Amarante. La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que acusó a la Asociación del Fútbol Argentino de no transferir en tiempo y forma los impuestos retenidos sobre los salarios de sus empleados y los aportes correspondientes al sistema de seguridad social.

Según la investigación judicial, la AFA habría incurrido en 34 hechos de apropiación indebida de tributos agravada y otros 17 hechos de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravada, configurando una presunta maniobra millonaria.

La Cámara confirmó expresamente el procesamiento de Pablo Toviggino, junto con el embargo de sus bienes y la prohibición de salida del país. En el caso de Claudio Tapia y de la propia AFA, los camaristas no ingresaron al análisis de fondo de las apelaciones, ya que las declararon desiertas debido a que la defensa solicitó postergar la audiencia una vez vencido el plazo legal, lo que dejó firmes los procesamientos dictados previamente.

Actualmente, Tapia permanece en Estados Unidos encabezando la delegación argentina que participa del Mundial 2026, viaje que realizó con autorización judicial. En tanto, Toviggino continúa en el país. La resolución no modifica, por el momento, la situación procesal de ninguno de los dos dirigentes.

En contraste, la Cámara revocó por considerarlos prematuros los procesamientos de Cristian Malaspina, Víctor Blanco y Gustavo Lorenzo, y ordenó profundizar la investigación respecto de ellos antes de resolver su situación judicial.

Uno de los testimonios incorporados durante la instrucción resultó especialmente relevante para la causa. Una empleada del área contable de la AFA declaró que las decisiones financieras y contables eran adoptadas por Pablo Toviggino mediante una "orden verbal". "De la toma de decisiones financieras y contables se encarga el tesorero, que es Pablo Toviggino", sostuvo la testigo ante la Justicia.

Por su parte, la defensa de la AFA argumentó que gran parte de la deuda fue cancelada y aseguró que los pagos se efectuaron antes del vencimiento de las obligaciones, por lo que consideró que la postura de ARCA contradice la normativa vigente. Sin embargo, la Justicia sostuvo que el delito se configura desde el momento en que expira el plazo legal para transferir los fondos retenidos, independientemente de que posteriormente se regularice la situación.

Con la confirmación de los procesamientos, la causa avanza hacia una nueva etapa y quedó muy cerca de ser elevada a juicio oral, donde se determinarán las eventuales responsabilidades penales de los dirigentes y de la entidad que conduce el fútbol argentino.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo respaldo institucional luego de que la Cámara Nacional en lo Civil fallara a su favor en la disputa vinculada al cambio de sede social y al control de la entidad. La resolución confirmó la plena vigencia de la radicación de la AFA en Pilar y determinó que la fiscalización corresponde a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires.

La decisión judicial también declaró la nulidad de la resolución mediante la cual se habían designado veedores sobre la casa madre del fútbol argentino, al considerar que la competencia sobre la entidad quedó definitivamente en manos del organismo bonaerense tras la modificación estatutaria aprobada por unanimidad en la Asamblea de 2024.

En su análisis, los camaristas entendieron que la inscripción realizada en la provincia cuenta con total validez jurídica y remarcaron que los actos administrativos emitidos por las autoridades bonaerenses poseen plena eficacia mientras no sean impugnados. De esta manera, quedó consolidado el marco institucional bajo el cual hoy funciona la AFA.

La resolución representa un espaldarazo para la conducción encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, quien promovió el traslado de la sede social como parte de una política orientada a profundizar el carácter federal de la institución. La medida buscó ampliar la representación territorial y fortalecer el vínculo con las ligas, clubes y asociaciones del interior del país.

Durante los últimos años, la AFA impulsó una agenda centrada en la integración y el desarrollo de todo el fútbol argentino, acompañando el crecimiento de las ligas regionales y generando mayores espacios de participación para las distintas jurisdicciones.

Con este fallo, la Justicia ratificó la legalidad del proceso y despejó cualquier cuestionamiento sobre la jurisdicción vigente. Así, la entidad continúa consolidando un modelo institucional que combina estabilidad, crecimiento y una visión cada vez más federal, en línea con el proyecto que Tapia impulsa desde la presidencia de la AFA.

La Cámara Nacional en lo Civil avaló este miércoles el cambio de domicilio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires. Con esta resolución, el tribunal anuló la resolución del Ministerio de Justicia que había dispuesto la designación de veedores en la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

En 2024, a través de una asamblea de representantes, la AFA determinó el traslado de su sede social a Pilar, inscribiéndola en dicha jurisdicción. Los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset determinaron que el control de legalidad y las facultades de fiscalización sobre la entidad quedaron consolidados bajo el organismo provincial.

El fallo judicial declaró la nulidad de la Resolución Particular 140/26 emitida por la Inspección General de Justicia (IGJ) el 18 de febrero de 2026, así como también la nulidad de la RESOL-2026-128-APN-MJ, dictada el 16 de marzo de 2026 por el ministro de justicia de la nación, Juan Bautista Mahiques, que establecía una intervención por 180 días hábiles.

“Quedó definitivamente consolidado bajo este organismo el control de legalidad y las facultades de fiscalización sobre esta entidad”.

Los magistrados argumentaron que, una vez que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense autorizó la inscripción del cambio de jurisdicción mediante la resolución 9000/2024, la IGJ perdió competencia para realizar inspecciones o cuestionar el domicilio declarado. Según el tribunal, someter a la entidad a un doble control de legalidad resulta incompatible con el sistema federal y los principios del derecho administrativo.

La medida de intervención, que había sido solicitada por la IGJ tras detectar irregularidades en el funcionamiento institucional y registral de la entidad, queda así desactivada tras el fallo de la Cámara Nacional en lo Civil.

A cuatro días de disputar la segunda fecha del Mundial, la Selección Argentina trabaja con el objetivo de recuperar a la totalidad de su plantel. Tras el debut con victoria frente a Argelia, el foco del cuerpo técnico encabezado por el entrenador Lionel Scaloni está puesto en la evolución física de Nicolás Tagliafico, el único futbolista que permanece en proceso de recuperación.

Desde la Asociación del Fútbol Argentino informaron oficialmente sobre el estado del defensor, quien sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda durante el primer amistoso ante Honduras. Según el comunicado, el jugador sigue poniéndose a punto en campo de juego y continúa con una evolución favorable.

Aunque el parte médico no detalla plazos precisos, el escenario más optimista apunta a que el lateral pueda estar disponible para el enfrentamiento del próximo lunes ante Austria. No obstante, su participación desde el inicio parece improbable, ya que llegaría con solo 16 días de rehabilitación. En el mejor de los casos, podría integrar el banco de suplentes para sumar minutos en caso de ser estrictamente necesario.

Dado que Facundo Medina cumplió con las expectativas en el debut mundialista, el cuerpo técnico no planea apresurar el regreso de Tagliafico. El entrenamiento del miércoles confirmó que el jugador del Olympique de Lyon aún trabaja diferenciado en el gimnasio, sin sumarse a las prácticas en cancha con el resto del grupo. Ante este panorama, todo indica que el defensor no jugaría la segunda jornada, postergando su retorno para el cierre del Grupo J frente a Jordania, el 27 de junio.

El director técnico de River Plate, Eduardo Coudet, recibió una sanción de dos fechas de suspensión por parte del Tribunal de Disciplina de la AFA. La medida fue tomada tras su expulsión en la final del Torneo Apertura ante Belgrano de Córdoba, donde el entrenador increpó al árbitro Yael Falcón Pérez al finalizar el encuentro que terminó 3-2 en favor del equipo cordobés.

La sanción fue comunicada en el boletín de la Liga Profesional y especifica que el Chacho no podrá ocupar el banco de suplentes en los próximos dos partidos del Torneo Clausura: ante Barracas Central en el Monumental y frente a Gimnasia y Esgrima La Plata en condición de visitante. Según se informó, la pena es de cumplimiento efectivo y no podrá ser sustituida por una multa económica.

El conflicto se originó tras una decisión arbitral que derivó en un penal para Belgrano, sancionado por Falcón Pérez tras la intervención del VAR, a cargo de Leandro Rey Hilfer. Coudet manifestó su disconformidad con la medida durante el juego y, una vez finalizado el cotejo, buscó nuevamente al juez en el campo de juego. En ese intercambio, el árbitro le respondió:

“Fue penal”.

Aunque no trascendió el contenido del informe arbitral, se conoció que el entrenador presentó un descargo pidiendo disculpas por su accionar, lo que permitió matizar la cantidad de fechas de suspensión. Tras el episodio, el técnico no participó del acto de premiación. En cuanto a su presente deportivo, River Plate cerró la primera fase de la Copa Sudamericana con una victoria por 3-0 ante Blooming de Bolivia, con goles de Maximiliano Salas, Fausto Vera y Lucas Silva, clasificando primero en el Grupo H con 14 puntos.

El juez federal Luis Armella, al frente del Juzgado Federal Criminal y Correccional número dos de Lomas de Zamora, resolvió ampliar la imputación contra el empresario Maximiliano Ariel Vallejo. La medida, solicitada por la fiscal federal Cecilia Incardona, le atribuye el presunto delito de administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario. Este nuevo cargo se añade a las acusaciones previas por lavado de activos agravado y asociación ilícita que ya afrontaba el propietario del holding Sur Finanzas.

La resolución judicial fija la declaración indagatoria de Vallejo para el próximo 26 de mayo de 2025, jornada en la que también deberá comparecer su madre, Graciela Beatriz Vallejo. Según el dictamen fiscal, el rol del financista en el presunto vaciamiento del Club Atlético Banfield no fue secundario. La fiscalía sostiene que el imputado facilitó la estructura corporativa, firmas pantalla como Sur Finanzas Group S.A. y Roma Inversiones S.A., y un flujo de capitales no registrado indispensable para concretar la maniobra fraudulenta atribuida a la conducción de la entidad deportiva.

La causa penal se inició a partir de una denuncia por estafa y lavado presentada por la firma Auriga League S.A., tras un préstamo impago de dos millones de euros otorgado al club. A partir de allí, la fiscalía detectó un esquema que habría funcionado de manera ininterrumpida entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025. La hipótesis principal apunta a que Sur Finanzas captaba clubes con problemas de liquidez para ofrecerles préstamos con tasas consideradas usurarias, canalizando luego las ganancias mediante un entramado societario.

La acusación detalla operaciones de lavado de activos por un monto superior a los 108 millones de dólares. Asimismo, el organismo ARCA denunció una evasión en el Impuesto a los Débitos y Créditos calculada en 3.327 millones de pesos, dentro de un volumen total de transacciones sospechosas que alcanza los 818.000 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación de Incardona, la cúpula directiva de Banfield de ese período —conformada por el presidente Eduardo Juan Spinosa, el secretario Federico José Spinosa, el vicepresidente Oscar Fabián Tucker y el tesorero Ignacio Javier Uzquiza— estructuró un mecanismo sistemático de desvío. Entre las pruebas se destacan dos contratos suscriptos con Sur Finanzas en 2023 por un total de USD 500.000 cada uno, con tasas del tres por ciento y cuatro por ciento mensual respectivamente, entregados en efectivo para evitar la trazabilidad bancaria.

Paralelamente, se sospecha que los ingresos genuinos de la institución, provenientes de cuotas sociales y contratos de sponsoreo, eran desviados hacia el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña en lugar de ingresar a las cuentas oficiales del club. Esta operatoria habría estado activa desde febrero de 2019 hasta agosto de 2023.

La pesquisa judicial señala que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, habría facilitado el ingreso de Vallejo al ámbito de los clubes de fútbol, aunque el dirigente no se encuentra imputado en este expediente. En los más de 40 allanamientos realizados por orden del magistrado, se secuestró documentación vinculada a 16 clubes, entre los que figuran San Lorenzo, Independiente, Racing, Argentinos Juniors y Barracas Central.

Por otra parte, la jueza federal María Servini lleva adelante una investigación paralela sobre Sur Finanzas por presunta compraventa irregular de divisas por más de 1.400 millones de dólares durante mandatos presidenciales anteriores. La indagatoria del 26 de mayo de 2025 marcará un hito clave en el proceso que el juzgado de Lomas de Zamora viene instruyendo formalmente desde el 31 de marzo pasado.

El juez en lo penal económico Diego Amarante autorizó este lunes al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, a viajar al exterior. La medida se otorgó a cambio del depósito de una caución de 30 millones de pesos, en el marco de la causa donde se encuentra procesado por presunta retención indebida de aportes.

Según la resolución judicial, Claudio Tapia podrá ausentarse del territorio nacional desde el 27 de mayo hasta el 21 de julio próximos. El itinerario previsto incluye un primer destino en Hungría, donde el dirigente debe cumplir con compromisos institucionales como miembro del Consejo Directivo de la Conmebol y titular de la entidad nacional.

Posteriormente, se trasladará a Budapest para asistir a la final de la UEFA Champions League. El cronograma continúa en Estados Unidos, donde presenciará los partidos amistosos de la Selección Argentina frente a Honduras e Islandia, programados para el seis y nueve de junio, respectivamente. Finalmente, participará de actividades protocolares vinculadas a la Copa Mundial FIFA 2026 en ese país, México y Canadá.

Al fundamentar su decisión, el magistrado consideró que no existen elementos objetivos que impidan la salida del país y destacó que el imputado dio cumplimiento a las condiciones impuestas en autorizaciones anteriores. No obstante, el juez advirtió que cualquier modificación de las condiciones establecidas derivará en una violación directa a los compromisos de sujeción al proceso asumidos por el dirigente.

El titular de la institución deberá informar su regreso al país dentro de las 48 horas de concretado. El magistrado mencionó además que en las fechas previstas para el viaje no existen compromisos judiciales que requieran la presencia del dirigente.

Cabe señalar que el procesamiento de Claudio Tapia, que incluye un embargo de 350 millones de pesos, está bajo estudio de la Cámara Nacional en lo Penal Económico. En la misma causa están acusados el tesorero Pablo Toviggino, el secretario general Cristian Malaspina y los exdirectivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Lorenzo, todos señalados por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social.

La Cámara Federal de Casación Penal anuló el envío de la investigación por la casaquinta de Pilar, valuada en 17 millones de dólares, al juzgado federal de Campana. La propiedad es atribuida a presuntos testaferros de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y ahora el conflicto de competencia deberá ser resuelto por la Cámara Nacional en lo Penal Económico de la ciudad de Buenos Aires.

La decisión fue tomada por mayoría por la sala I del máximo tribunal penal, con los votos de los jueces Angela Ledesma y Javier Carbajo. De esta manera, se hizo lugar a un planteo de la fiscalía contra la resolución de la Cámara Federal de San Martín, que en enero pasado había derivado el expediente al juzgado a cargo del juez Adrián González Charvay.

La investigación busca determinar si la sociedad Real Central, de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, adquirió la mansión como presuntos testaferros de autoridades de la institución deportiva. Entre los nombres señalados se encuentran el presidente Claudio Tapia y el tesorero Pablo Toviggino. El predio en cuestión cuenta con helipuerto, caballerizas y un galpón donde se halló una flota de autos de colección.

El fallo establece que el futuro del caso será definido por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, integrantes de la Cámara en lo Penal Económico. Estos magistrados también analizan actualmente los procesamientos de Claudio Tapia, Pablo Toviggino y la propia institución por supuesta retención indebida de aportes impositivos y de la seguridad social.

Por su parte, el juez Mariano Borinsky votó en disidencia, al considerar que el recurso fiscal era inadmisible por no tratarse de una sentencia definitiva. No obstante, coincidió en que la nueva resolución debe tomarse con celeridad para evitar mayores dilaciones en un proceso judicial que ya ha pasado por tres juzgados distintos desde su inicio.