El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires volvió a prorrogar, esta vez por 120 días, la suspensión de la resolución 246/18 sobre pautas de aplicación de agroquímicos. Se trata de una medida dictada en 2018 por la administración de María Eugenia Vidal que, tras fuertes polémicas, fue dejada sin efecto por esa misma gestión.

La medida fue oficializada a través de una nueva resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial y extiende una suspensión que se mantiene vigente desde 2019, cuando el Gobierno decidió frenar la implementación de aquella normativa para avanzar en una revisión técnica y regulatoria.

Según explicó el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, durante este período continuarán desarrollándose instancias de trabajo vinculadas a la implementación del Sistema de Gestión Integral de la Receta Agronómica Obligatoria (Sigirao) y a la elaboración de un protocolo específico para aplicaciones de agroquímicos en zonas de amortiguamiento o áreas sensibles. Más allá de esto, lo cierto es que se trata de la trigésima prórroga de la normativa que a más de ocho años de su salida aún no entró en plena vigencia.

La actual cartera a cargo de Javier Rodríguez no pudo encontrar una solución de fondo, todo en medio de fallos de la Justicia sobre la aplicación de agroquímicos en algunos municipios. La actual resolución recuerda que en 2020 se creó el Observatorio Técnico de Agroquímicos, organismo encargado de reunir información científica y técnica sobre el uso y aplicación de estos productos y sus efectos.

Además, se destacó el trabajo conjunto con municipios para relevar ordenanzas locales, herramientas de fiscalización y capacidades de control. También se remarcó el avance del sistema de georreferenciación de restricciones territoriales para aplicaciones de agroquímicos, que permite identificar y representar gráficamente las limitaciones vigentes en cada distrito.

Desde el Ministerio señalaron que actualmente se desarrollan mesas de trabajo entre distintas áreas técnicas para definir un protocolo de aplicación "idóneo" en zonas sensibles, con el objetivo de compatibilizar producción y sustentabilidad ambiental.

Cabe recordar que la 246 fue dictada a fines de 2018 por la entonces cartera de Agroindustria. La normativa cosechó rápidamente fuertes críticas de organizaciones ambientalistas porque no establecía distancias de prohibición para fumigaciones y limitaba las aplicaciones en las inmediaciones de escuelas sólo en horario escolar. Luego del rechazo, el mismo gobierno de Vidal decidió suspenderla en febrero de 2019 por un año y crear un equipo interdisciplinario para elaborar un protocolo. 

Además, modificó el punto vinculado a las escuelas y llamó a los productores a "abstenerse en forma total de realizar aplicaciones y pulverizaciones de fitosanitarios" en las inmediaciones de estos establecimientos. Tras la llegada de Axel Kicillof, la mesa de trabajo que encabeza el Ministerio de Desarrollo Agrario no encontró una solución de fondo.

El próximo sábado 11 de abril, a partir de las 20, el centro cultural La Compañía será el escenario de un encuentro que conjuga el periodismo, la reflexión social y la memoria colectiva. La periodista María Soledad Iparraguirre visitará la ciudad para realizar la presentación oficial de su segundo libro, titulado "Pararse en la dignidad". El evento, que cuenta con entrada libre y gratuita, invita a la comunidad tandilense a profundizar en los procesos de organización popular frente a los desafíos ambientales contemporáneos.

La obra, editada por CFP24 Ediciones, se sumerge en una de las crónicas de resistencia más emblemáticas de la historia reciente de Argentina. A través de sus páginas, la autora rescata y pone en valor las voces de las Madres de Ituzaingó Anexo, un colectivo de mujeres que logró transformar el dolor personal en una herramienta de transformación política y social. El libro narra cómo este grupo de ciudadanas logró atravesar lo que el pensador uruguayo Raúl Zibechi define como el "desierto social", construyendo comunidad allí donde el sistema parecía haber dejado solo desolación.

Uno de los ejes centrales de la investigación de Iparraguirre es el conflicto ocurrido en la localidad de Malvinas Argentinas, en la provincia de Córdoba. Allí, la voluntad de las madres y el acompañamiento social motorizaron un bloqueo histórico que se extendió por casi cuatro años. Esta medida de fuerza, sostenida con convicción y argumentos científicos y humanos, fue el factor determinante para que la multinacional Monsanto debiera dar marcha atrás en sus planes de expansión en la región.

El proyecto de la empresa consistía en la construcción de la que hubiera sido la mayor planta procesadora de maíz transgénico del mundo. Sin embargo, la persistencia de las Madres de Ituzaingó y la visibilización de los efectos de los agroquímicos en la salud de la población lograron frenar el avance del gigante corporativo. "Pararse en la dignidad" no solo documenta los hechos cronológicos, sino que explora la subjetividad de quienes decidieron no bajar los brazos ante un poder que parecía inexpugnable.

La presentación en La Compañía se propone como algo más que el lanzamiento de un texto literario; busca ser una instancia para seguir reflexionando en conjunto sobre los temas que atraviesan a la sociedad actual. La presencia de Iparraguirre en Tandil permitirá a los asistentes conocer de primera mano el proceso de recolección de testimonios y la labor periodística necesaria para plasmar una lucha de esta magnitud en un formato bibliográfico.

Desde la organización del evento destacaron la importancia de recibir a la periodista, cuya mirada aporta claridad sobre los conflictos territoriales y la defensa de la vida. La invitación queda abierta para todos aquellos interesados en las problemáticas socioambientales, la historia de los movimientos sociales en el país y el rol del periodismo comprometido con la realidad de las comunidades.

Con este segundo libro, María Soledad Iparraguirre se consolida como una cronista atenta a los movimientos de base. La elección de CFP24 Ediciones para la publicación de la obra también refuerza el carácter autogestivo y cooperativo que rodea a este proyecto editorial. La cita del sábado representa una oportunidad única para dialogar sobre la soberanía alimentaria, la salud pública y, fundamentalmente, sobre la capacidad de los pueblos para pararse en la dignidad ante las injusticias estructurales.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires modernizó las regulaciones vinculadas a la aplicación de agroquímicos en los campos bonaerenses. Concretamente, creó una categoría para pilotos de drones y el curso correspondiente para darles el carnet habilitante a quienes usen esta metodología. Los detalles de la iniciativa.

“No se trata de reemplazar ni de ir en contra de nada, sino de sumar alternativas productivas, de producir mejor y con más herramientas”, dijo ayer Javier Rodríguez. El ministro de Desarrollo Agrario provincial anunció la novedad durante su paso por el EnBio 2026, un encuentro nacional sobre producción de cultivos extensivos con biológicos y estrategias sustentables que se hace en Junín.

La novedad quedó oficializada este jueves en la Resolución 48/26 de la cartera agropecuaria. En esa norma se incorporó a los operarios de aplicación de agroquímicos con Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA) al listado de categorías. Además, se aprobó el Carnet de Aplicador de Agroquímicos correspondiente y los contenidos temáticos de los cursos necesarios para obtener dicha licencia.

“La difusión de nuevas tecnologías requiere de evaluación, validación y acompañamiento. Y ahí también está el sector público”, marcó ayer el ministro Rodríguez. Su cartera será la encargada de habilitar los cursos específicos para pilotos de drones destinados a la aplicación de agroquímicos que, de acuerdo con la documentación oficial, serán de al menos 100 horas.

El Municipio de Tandil oficializó mediante el Decreto Nº 423/2026 la suspensión temporal y precautelar del artículo 8 de la Ordenanza Municipal Nº 17.404, luego de la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el marco de una causa por presunta inconstitucionalidad de normativas vinculadas al uso de agroquímicos. La medida, notificada a la comuna el 7 de enero pasado, tuvo carácter transitorio y alcanzó únicamente a ese artículo específico, mientras el máximo tribunal provincial continuaba analizando el fondo del planteo judicial.

El decreto, fechado el 4 de febrero y firmado por el intendente interino Juan Pablo Frolik junto al secretario de Gobierno Miguel Lunghi, dispuso comunicar formalmente la suspensión a las distintas áreas municipales con injerencia en la aplicación de la ordenanza, al Honorable Concejo Deliberante y a entidades profesionales vinculadas al sector agropecuario, además de ordenar su difusión pública.

Desde el Ejecutivo comunal se aclaró que la suspensión judicial tuvo carácter precautelar y que el resto del articulado de la ordenanza permaneció vigente sin modificaciones. Asimismo, se indicó que, en forma subsidiaria, continuó siendo aplicable la normativa provincial existente en la materia hasta tanto la Suprema Corte bonaerense se expidiera de manera definitiva.

El texto del decreto también señaló que el Municipio debía desplegar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de la decisión judicial, en línea con lo dispuesto por el máximo tribunal provincial.

En ese marco, la Secretaría Legal y Técnica intervino en el proceso administrativo y recomendó la publicidad de la medida, lo que derivó en la emisión del decreto correspondiente. Además, se dispuso que tomaran conocimiento formal distintas dependencias municipales, entre ellas las secretarías de Servicios Públicos, Desarrollo Productivo e Innovación y Protección Ciudadana.

La decisión judicial se inscribió en un proceso que analiza la constitucionalidad de ordenanzas vinculadas al uso de agroquímicos tanto en Tandil como en el partido vecino de Rauch, lo que generó repercusiones en el ámbito productivo, ambiental y político local.

Tal como había informado oportunamente El Eco de Tandil, la Suprema Corte de Justicia bonaerense resolvió el 30 de diciembre suspender preventivamente la aplicación del artículo 8 de la ordenanza que regula los agroquímicos en Tandil, en el marco de una causa iniciada por vecinos que cuestionaron la constitucionalidad de esas normativas por su impacto ambiental.

La medida cautelar tuvo carácter transitorio y buscó preservar el ambiente mientras el tribunal reunía información suficiente para analizar en profundidad los planteos. Según se indicó, la Corte consideró que en el estado del expediente se carecía de elementos relevantes para evaluar plenamente la constitucionalidad de las ordenanzas y la pertinencia de las medidas solicitadas.

En concreto, la suspensión alcanzó al artículo que establecía distancias y condiciones para la aplicación de agroquímicos, especialmente en zonas cercanas a cursos de agua y áreas sensibles. También se dispuso una medida similar sobre una ordenanza del municipio de Rauch, dado que ambos distritos integran la cuenca del arroyo Chapaleofú, área señalada como potencialmente afectada por estas prácticas.

Los demandantes sostuvieron que las normativas permitían criterios de protección ambiental considerados regresivos o insuficientes, con posibles riesgos para el recurso hídrico y la salud de la población. En ese sentido, la Suprema Corte puso el foco en el principio precautorio ambiental y en la necesidad de evaluar adecuadamente los efectos de las fumigaciones en zonas cercanas a cursos de agua y espacios recreativos.

Además, el tribunal ordenó a ambos municipios remitir antecedentes administrativos, estudios técnicos y evaluaciones ambientales vinculadas a las ordenanzas cuestionadas, con el objetivo de contar con elementos suficientes antes de emitir un pronunciamiento definitivo.

La oficialización de la suspensión mediante el decreto municipal implicó adecuar la normativa local a la decisión judicial y asegurar su cumplimiento institucional. No obstante, desde el Municipio se remarcó que la ordenanza 17.404 continuó vigente en todos sus demás artículos, lo que mantuvo el esquema regulatorio general sobre la actividad mientras se definía la cuestión de fondo.

El tema de los agroquímicos y su regulación ha sido históricamente objeto de debate en Tandil, tanto por la relevancia de la actividad agropecuaria en la región como por la preocupación de sectores sociales y ambientales respecto de sus posibles impactos.

En ese contexto, el proceso judicial abierto ante la Suprema Corte bonaerense dejó planteado un escenario aún sin resolución definitiva, en el que convivieron la aplicación parcial de la normativa local, la vigencia de la legislación provincial y la expectativa por el fallo final del máximo tribunal.

Mientras tanto, la decisión administrativa adoptada por el Municipio buscó dar cumplimiento formal a la resolución judicial, garantizar su difusión y ordenar la actuación de las áreas involucradas, en un tema que continuó generando atención en la agenda pública local.

El diputado bonaerense de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, volvió a reclamar el tratamiento de una ley provincial que establezca reglas claras para el uso de productos fitosanitarios. Su posicionamiento ocurrió tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires de suspender de manera preventiva las ordenanzas municipales que regulaban estas prácticas en los partidos de Tandil y Rauch.

De acuerdo a lo expresado por el legislador, la cuestión había sido abordada por su espacio político hace unos cuatro años, cuando impulsaron una iniciativa para ordenar el marco normativo. En ese contexto, Bugallo recordó que la normativa vigente no fija límites específicos. “La ley actual no estipula distancias”, sostuvo. Además indicó que, en función del principio de que “todo lo que no está prohibido, está permitido”, las aplicaciones pueden realizarse sin restricciones determinadas.

No obstante, el diputado señaló que la falta de una regulación provincial con parámetros definidos llevó a que numerosos municipios avanzaran con normativas propias. “Bajo presión social, cada uno mete una ordenanza”, expresó, al advertir que esas disposiciones locales avanzan sobre atribuciones que corresponden a la Legislatura bonaerense.

Desde su perspectiva, estas medidas municipales suelen justificarse en razones de “seguridad sanitaria”, pero terminan legislando sobre una temática de competencia provincial. “No le compete a los municipios”, sostuvo Bugallo, remarcando la ausencia de criterios homogéneos en el territorio bonaerense.

El legislador también puso en duda el rol de la Justicia en este tipo de definiciones y citó el antecedente de Pergamino, donde un fallo judicial estableció una distancia de 1.095 metros para las aplicaciones, una decisión que, según afirmó, “genera un desorden tremendo a nivel territorial”.

En ese marco, Bugallo reiteró que su espacio cuenta con un resumen del proyecto presentado anteriormente, con ejes centrales y lineamientos sobre los puntos que debería contemplar una futura ley provincial de fitosanitarios. Asimismo, adelantó que volverá a insistir con la iniciativa, que perdió estado parlamentario.

“La verdad que sí es necesaria una ley”, insistió el diputado al señalar que sin una norma general “cada municipio hace lo que quiere” y que, en muchos casos, predominan posturas ideológicas por sobre criterios técnicos o científicos.

“Hoy muchos hablan de glifosato, de Monsanto”, planteó Bugallo, al cuestionar ese enfoque y aclarar que la empresa ya no opera en la Argentina y que ese herbicida no es el único insumo utilizado en la producción agrícola.

Por último, el legislador sostuvo que los productos, cuando son aplicados de manera adecuada, no provocan los daños que se les atribuyen. “El glifosato es banda verde y está habilitado por el Senasa”, afirmó. “El problema no es el producto en sí, sino si se utiliza de manera incorrecta, sin receta agronómica ni supervisión profesional”, remarcó.

Bugallo explicó que el debate en torno a los fitosanitarios se encuentra principalmente ligado a la sanidad vegetal y que, en múltiples ocasiones, se mezclan esos conceptos con la salud humana.

La resolución de la Suprema Corte se dio en el marco de una causa de inconstitucionalidad vinculada al impacto ambiental en la cuenca del arroyo Chapaleofú. En ese sentido, el legislador de la Coalición Cívica sostuvo que afirmar que un producto “contamina, envenena o mata” es similar a considerar que un medicamento es dañino por naturaleza, y subrayó que el eje debe estar puesto en el uso responsable.

Finalmente, remarcó que las aplicaciones deben realizarse con receta agronómica, con el aval de un ingeniero agrónomo y utilizando productos autorizados por los organismos competentes.

Tras la recomendación del procurador Julio Conte Grand, la Suprema Corte de Justicia ordenó suspender de manera preventiva el artículo 8 de la ordenanza que regula la aplicación de fitosanitarios en Tandil -y su análoga de Rauch-, y en particular la distancia con respecto a establecimientos educativos y cauces hídricos. Fue a raíz de una solicitud de la organización vecinal Defensores Ambientales del Chapaleofú, quienes advirtieron por análisis que registraron presencia de 4D, Glifosato y Atrazina en el agua de las cuencas de arroyos que comparten ambos partidos. 

Por el tema fue consultado Juan Maciá Cantarelli, secretario de Legal y Técnica del Municipio, quien dio a conocer la mirada de las autoridades comunales sobre la situación. Indicó que al momento no fueron notificados de manera oficial –aparentemente por un error administrativo en la Justicia-, pero señaló que eso se producirá en febrero, y en todo caso deberán atenerse a lo resuelto por el máximo organismo judicial bonaerense.

Planteó que la suspensión del mencionado artículo retrotraería el marco normativo al del 1988, y que “siempre es peor un vacío legal”. Además, indicó que tomará contacto con las autoridades de Rauch, y que se encuentra reuniendo la información requerida por la Suprema Corte. También, que la ordenanza cuestionada fue resultado de un exhaustivo trabajo legislativo y ciudadano, votada por el conjunto de los bloques.

“Siempre es peor un vacío legal. Porque en el vacío legal es donde se producen las irregularidades, o las cuestiones que no deseamos. Y al no estar normadas no se puede aplicar una sanción que eventualmente podría disponer la norma”, expresó.

-La Suprema Corte de Justicia resolvió la suspensión preventiva del artículo de la ordenanza de aplicación de agroquímicos que marca la distancia para realizar esas aplicaciones en establecimientos y cauces de agua. ¿Cómo es la situación con respecto a esto? ¿El Municipio fue notificado?

-Juan Maciá Cantarelli: No. Consultamos el expediente de la causa que se inició en un juzgado contencioso administrativo de La Plata y después pasó a la Suprema Corte, y advertimos que la última resolución, del 30 de diciembre, fue notificada únicamente al domicilio electrónico de la Municipalidad de Rauch. No vimos nuestro domicilio cargado, por ende no nos llegó. Y nos enteramos por los medios.

-Era un tema que desde Legales venían siguiendo…

-Sí, a título informativo. Porque más tarde o más temprano nos van a correr traslado de la demanda y sí vamos a tener que dar otro tipo de intervención. Eso va a ser en febrero, salvo que se habilite durante la feria. Y esta notificación implica que tenemos que acompañar información y documentación de todo el recorrido que hizo la ordenanza, la 17.404 en el 2020, cuando arrancó.

-Por eso están reuniendo la documentación…

- Ya pedí el expediente al Concejo Deliberante, y lo estuvimos analizando. Independientemente de cumplir con la medida precautoria, que es recurrible, apelable, nosotros la tenemos que cumplir.

En ese cumplimiento es donde nosotros advertimos que hay una manera de ir hacia el pasado. Porque la Corte nos está diciendo que cumplamos una ley del año 1988 y un decreto de 1991, que solo circunscribe a aplicaciones aéreas de parte de empresas. En el ’91, entiendo que no existía el desarrollo que hay hoy de la aplicación de fitosanitarios. Entendemos que la Corte, al ordenar ir a aquella normativa, está dejando afuera los cursos de agua, los pozos…

-¿Sin regularizar?

-Totalmente. La ordenanza vino en su momento a regularizar cuestiones que no habían sido pensadas en el ’88 o el ’91. En la legislación nacional y provincial no se habla mucho de distancias. Solo el decreto del año 1991 habla de dos mil metros, pero circunscripto únicamente a las aplicaciones aéreas. O sea, los aplicadores podrían pasar con un mosquito por arriba del curso de agua hoy, porque la Corte nos llevó al ‘88.

-¿Quiere decir que desde el Municipio consideran peor que haya un vacío legal?

-Siempre es peor un vacío legal. Porque en el vacío legal es donde se producen las irregularidades, o las cuestiones que no deseamos. Y al no estar normadas no se puede aplicar una sanción que eventualmente podría disponer la norma.

-En el caso de que se haga efectiva la suspensión, ¿correría la distancia de 2 mil metros para aplicaciones aéreas, pero con un mosquito podrían ser menos de 50 metros?

-Es que no está normado. Volvemos un vacío. Y eso es lo riesgoso. Por eso está buenísimo que la Corte haya pedido los antecedentes legislativos de cada uno de los Concejos Deliberantes, porque esto necesariamente va a traer luz a la cuestión necesariamente.

-La Corte ordena suspender un artículo, pero pide mayor información sobre los antecedentes de la sanción de la ordenanza local.

-La Corte pide información, los antecedentes, y en qué se basaron para sancionar la ordenanza. Entonces, ahí es donde advierto que la ordenanza tiene muchísimos aspectos positivos en cuanto camino legislativo y la labor parlamentaria. 

Fue sancionada por 19 de 20 concejales, y no hubo 20 porque por lo que me cuentan, hubo manifestaciones y un concejal se levantó para hacer determinada cuestión en cuanto a la seguridad del recinto. O sea, hubiesen sido 20 de 20. 

Fue con un consenso de todos los espacios políticos, sumados a que hubo una participación activa de varios sectores de la sociedad, tanto del lado del campo, como de colectivos sociales de, si se quiere, preservación del medio ambiente. Fueron escuchadas todas las voces.

Fue una ordenanza que su elaboración llevó alrededor de dos años. Se trabajó intensamente, se mejoró y superaron los vacíos de la legislación provincial. Tiene muchísimas cosas positivas. Hoy volvemos con la resolución de la Corte a generar un vacío.

-Cuando sean notificados, ¿Cómo sigue todo?

-Internamente tenemos que cursar las distintas notificaciones de la medida precautelar a las autoridades de aplicación, a Asuntos Agropecuarios, a las Cámaras Empresarias, al Colegio de Ingenieros, a los aplicadores. La ordenanza generó varias mesas de diálogo y de seguimiento a la misma, en esa composición hay que comunicar a todos.

-Pero una vez que resuelve la Corte ¿el artículo queda suspendido en el momento?

-Sí, porque ordena a título cautelar la suspensión de lo previsto en el artículo, debiendo los municipios desplegar las debidas acciones para el cumplimiento de esta decisión.

Agua con fitosanitarios

-Esto tiene su origen en un análisis de agua que arrojó presencia de fitosanitarios en el Balneario de Rauch y en el cauce de arroyos que comparte con Tandil. ¿Qué mirada tienen sobre eso? ¿Hay algún tipo de acción a tomar?

-Me voy a poner en contacto con las autoridades y funcionarios de la Municipalidad de Rauch para trabajar en conjunto esta demanda que nos involucra a los dos.

Por haber sido director de Obras Sanitarias, conozco que nosotros los análisis que se hacen en nuestros pozos de agua. Con un protocolo que tenemos, avalado por la Autoridad del Agua con un laboratorio prestigioso de Mar del Plata, con cadena de custodia. Después, los análisis que se hacen sobre los cursos de agua, los desconozco. No era antes mi ámbito de funciones y hoy tampoco desde la Secretaría de Legal y Técnica. Cuando reunamos todos los elementos podemos hacer otra nota y contar qué vemos desde lo jurídico y normativo.

La noticia de la suspensión preventiva del artículo ocho de la Ordenanza 17.404/21, que regula las distancias de aplicación de fitosanitarios respecto a los cursos de agua, generó una inmediata reacción en el arco productivo local. Juana Echezarreta manifestó en el programa “Tandil Despierta” que la decisión judicial fue inesperada, especialmente por el extenso proceso de elaboración que atravesó la norma antes de su sanción.

Según explicó la productora de chacinados, la normativa fue el resultado de un trabajo científico de gran magnitud en el que se consultó material de uso internacional y se evaluaron diversas alternativas técnicas. En ese proceso participaron no solo los sectores interesados en la producción agropecuaria, sino todos los actores sociales que buscaron ser escuchados. El texto final contó con el asesoramiento de científicos y de un grupo de productores de siembra directa que promueve prácticas para preservar el suelo.

"Habíamos logrado una ordenanza en la que todos estábamos de acuerdo en que era una buena herramienta y, en ese sentido, se votó por unanimidad", recordó Echezarreta. Por este motivo, señaló que una medida precautoria de esta naturaleza resulta llamativa, dado el equilibrio que se había alcanzado entre los distintos intereses en juego.

Uno de los puntos que más resaltó fue el avance en la profesionalización de la actividad a partir de la vigencia de la ordenanza. La normativa impulsó la creación de la asociación de aplicadores de fitosanitarios, un espacio donde los trabajadores del sector se capacitan de forma permanente en buenas prácticas agrícolas.

Echezarreta subrayó que tanto los aplicadores como los ingenieros agrónomos operan bajo estándares de seguridad cada vez más estrictos. En la actualidad, la gran mayoría de los productos utilizados son de banda verde, lo que significa que poseen un riesgo casi nulo para la salud humana. "Se preocupan por estar haciendo los cursos constantemente y las aplicaciones cuentan con el aval de profesionales responsables", afirmó.

La medida judicial, impulsada a partir de un dictamen del procurador general de la Provincia, Julio Conte-Grand, pone en pausa la aplicación de los metros de distancia establecidos para los cursos de agua, un eje que Echezarreta defendió como técnicamente sólido y fruto de una construcción equilibrada.

Para la productora, la intervención de la justicia provincial entra en colisión con la normativa vigente a nivel superior. Sostuvo que la medida de Conte-Grand no se encuentra en línea con la ley provincial de 1988 ni con su decreto reglamentario de 1991, ya que dichas normas se centran en el rol del ingeniero agrónomo y la receta agronómica, pero no fijan distancias específicas en metros.

"La ley nacional tampoco menciona cuántos metros se deben dejar; eso queda bajo la potestad de los municipios", explicó Echezarreta. En ese sentido, destacó que cada localidad, a través de sus ordenanzas, debe consensuar las distancias que mejor se adapten a su realidad particular y geográfica.

Más allá de lo técnico y lo ideológico, la preocupación también se traslada al terreno económico. La productora recordó que Tandil posee una estructura productiva donde casi la mitad del PBI tiene una base agroindustrial. Se trata de un motor que genera una importante recaudación impositiva que luego retorna vía coparticipación nacional y provincial.

Por último, advirtió que cualquier restricción que carezca de sustento técnico sólido impacta directamente en la productividad del partido. "Entiendo que nadie quiere entrar a jugar en ese rol de decir hasta dónde sí y hasta dónde no, porque saben que eso es una pérdida de productividad y, en consecuencia, una pérdida de recaudación impositiva", concluyó. 

La Municipalidad deberá ahora informar sobre lo actuado, mientras el sector productivo permanece en alerta ante lo que consideran un retroceso en una norma que había logrado saldar un histórico conflicto de intereses.

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires resolvió ordenar la suspensión preventiva de la ordenanza que regula el uso de agroquímicos en el partido de Tandil, en el marco de una causa que también involucra a la Municipalidad de Rauch y que cuestiona la constitucionalidad de ambas normativas por su impacto ambiental sobre la Cuenca del arroyo Chapaleofú.

La decisión fue adoptada como medida cautelar, hasta tanto el máximo tribunal bonaerense cuente con información suficiente para analizar de manera acabada los planteos formulados por los vecinos y vecinas demandantes. En ese sentido, la Corte advirtió que, en el estado actual del proceso, “se carece de información relevante para analizar acabadamente el andamiaje del planteo”, tanto en lo referido a la constitucionalidad de las ordenanzas como a la procedencia del remedio preventivo solicitado.

En lo concreto, el fallo dispuso suspender provisoriamente la aplicación del artículo 8 de la ordenanza 17.404/21 de Tandil, que establece las distancias y condiciones para la aplicación de agroquímicos, y del artículo 18 de la ordenanza 850/12 de Rauch, hasta tanto se sustancien los requerimientos de información ordenados por el Tribunal y se dicte una resolución definitiva sobre el fondo de la cuestión. La Corte también instruyó a ambos municipios a desplegar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de la medida.

En el caso de Tandil el artículo 8º de la mencionada ordenanza dice: “Las aplicaciones de agroquímicos con equipos terrestres autopropulsados o de arrastre y equipos aéreos deberán dejar una distancia libre de aplicación (zona de exclusión) de 50 metros desde el margen de los cursos de agua principales, entiéndase lagunas, ríos, arroyos y estaciones de bombeo. En todos los casos se tomará en cuenta desde la vera de cualquiera de estos cursos de agua". También hace mención a: “Cursos de agua secundarios: son los denominados como afluentes menores, manantiales, acuíferos menores, arroyos menores (con un ancho menor a 2 metros), arroyos temporales, tendrán una zona de exclusión de 20 metros contando desde sus márgenes” y a “de los pozos de agua: la distancia de exclusión será de 50 metros cuando se trate de los pozos de agua pertenecientes a la Dirección de Obras Sanitarias del Municipio de Tandil”.

Sigue vigente

A pesar de la decisión judicial, el Municipio de Tandil mantiene vigente el artículo N°8 de la ordenanza 17.404/21.

Según señalaron fuentes del Ejecutivo a El Eco de Tandil, hasta el momento, no llegó la notificación de la resolución de la Suprema Corte.

Por dicho motivo es que no hubo ninguna acción concreta por parte del gobierno local a partir de lo que el máximo organismo judicial bonaerense resolvió.

Demanda

La causa fue iniciada por un grupo de vecinos y vecinas de Tandil y Rauch, quienes promovieron una demanda originaria de inconstitucionalidad al considerar que las ordenanzas cuestionadas habilitan criterios de protección regresivos, irrazonables e incongruentes, permitiendo el uso de agroquímicos peligrosos en áreas sensibles desde el punto de vista ambiental y sanitario. En particular, señalaron el riesgo que estas prácticas representan para la Cuenca del Chapaleofú, a la que solicitaron se reconozca como un bien colectivo de interés público.

En los considerandos, la Suprema Corte puso el foco en el potencial riesgo de contaminación del recurso hídrico, así como en la necesidad de adoptar decisiones judiciales acordes a los principios preventivo y precautorio que rigen en materia ambiental. En ese marco, destacó que los límites previstos para la aplicación aérea de agroquímicos en ambas ordenanzas “prima facie se apartan de las pautas que la Provincia ha fijado” en su normativa general, lo que refuerza la necesidad de una evaluación más profunda.

Contexto estacional

La resolución también tuvo en cuenta el contexto estacional, ya que la temporada de verano implica un incremento natural de la concurrencia de vecinos, turistas y visitantes a los balnearios municipales ubicados sobre la cuenca, lo que —según indicó el Tribunal— agrava los riesgos derivados de eventuales fumigaciones en zonas cercanas a cursos de agua y áreas recreativas.

Como parte de la medida para mejor proveer, la Corte ordenó librar oficio a los intendentes de Tandil y Rauch para que, en un plazo de diez días, remitan copias digitales de todos los antecedentes administrativos y actuaciones que dieron origen a las ordenanzas impugnadas, incluyendo estudios técnicos, evaluaciones de impacto ambiental y procesos de participación ciudadana, si los hubiera.

El fallo se enmarca en una línea de análisis que ya había sido anticipada por el procurador general de la Provincia, Julio Conte Grand, quien en noviembre pasado dictaminó a favor de hacer lugar a las medidas cautelares solicitadas. En su opinión, recomendó adoptar la solución más adecuada en resguardo del interés superior comprometido, especialmente ante la posible afectación de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Hasta tanto la Suprema Corte se expida de manera definitiva sobre la pretensión de inconstitucionalidad, el Tribunal dejó establecido que, en lo referido al uso aéreo de agroquímicos, será aplicable de manera interina el régimen previsto en la ley provincial 10.699 y su decreto reglamentario 499/91, que fija los parámetros generales en la materia.

Un grupo de vecinos de Tandil y Rauch pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires por la inconstitucionalidad de las ordenanzas que regulan las fumigaciones y la aplicación de agroquímicos. A la espera del fallo del máximo organismo judicial bonaerense, el Procurador General –Julio Conte Grand-, emitió un dictamen de recomendación para la suspensión de dichas normativas.

El Eco de Tandil dialogó con Joaquín Benavídez, integrante y abogado del grupo Defensores Ambientales del Chapaleofú, quien compartió detalles de la solicitud a la Justicia, de los agroquímicos detectados en análisis de agua, y del futuro de la acción judicial en curso. Entre otros aspectos, hizo mención a que análisis de agua realizados junto a universidades nacionales detectaron la presencia de 4D, Glifosato y Atrazina en la cuenca hídrica compartida por las localidades.

“Estamos esperando la declaración por parte de la Corte, y vamos a presentar un escrito para reiterar la urgencia. Entendemos que la situación es realmente muy grave. Porque la temporada estival coincide con las campañas de fumigaciones, señaló el abogado.

El grupo Defensores Ambientales del Chapaleofú está integrado por vecinos tanto de Tandil como de María Ignacia, Gardey y Rauch. Se conformaron recientemente motivados por la preocupación en torno a las fumigaciones que afectan al conjunto de la zona. “Tandil y Rauch están conectados por una cuenca hidrológica, y las fumigaciones en Tandil repercuten en Rauch. Emprendimos este trabajo con el enfoque de la cuenca porque consideramos que la problemática alcanza a todos los habitantes de la cuenca”, expresó. La presentación ante la Suprema Corte fue la primera acción del grupo, pero también llevan a cabo charlas en escuelas y otras propuestas.

“En la Corte presentamos una acción originaria de inconstitucionalidad, que es una vía procesal contemplada en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, con la finalidad de que de que el máximo Tribunal de Justicia bonaerense revise las ordenanzas tanto de Tandil como de Rauch. Que revise los criterios porque entendemos que a partir de toda la prueba que se ha venido realizando gracias al trabajo de las organizaciones y de la universidad pública, entendemos que esos criterios son ostensiblemente insuficientes para garantizar la salud y el ambiente sano tanto de la comunidad de Vela, como de Gardey, de Tandil y de Rauch”, precisó Benavídez.

El grupo pidió en concreto la inconstitucionalidad de la ordenanza N° 850/12 –de Rauch-, y la de la N° 17.404/21, de Tandil. Cabe recordar, la normativa local fue aprobada en el marco de una importante resistencia ciudadana y la irrupción de vecinos manifestantes al Concejo Deliberante.

El abogado del grupo vecinal Defensores Ambientales del Chapaleofú indicó que previo a la resolución de la Suprema Corte, “el Procurador emite un dictamen cuando están en juego los derechos de las infancias”, en referencia a lo emitido por Conte Grand.

A su vez Benavídez hizo referencia a estudios de la calidad del agua que realizaron en articulación con centros de investigación tanto de la Unicen como de la Universidad Nacional de La Plata, los cuales incorporaron a lo presentado ante la Suprema Corte, para que conste como argumento de la solicitud.

“Los resultados son lapidarios, y por eso me parece que el procurador Conte Grand emite un dictamen de esta naturaleza”, sostuvo el abogado. Consultado por lo que los análisis arrojaron en cuanto a los compuestos detectados en el agua, indicó que hubo “4D, Atrazina y Glifosato, que son los más conocidos. Pero hubo muchos. En una muestra que se tomó en Rauch se llegó a detectar Endosulfán, un contaminante orgánico persistente prohibido por el Convenio de Estocolmo y que es extremadamente peligroso”.

A la espera de lo que dictamine la Suprema Corte, desde el grupo Defensores Ambientales del Chapaleofú abrieron una cuenta en la red social Instagram a partir de la cual difunden sus actividades. “El Chapaleofú no es recurso hídrico de recreación: es sujeto vivo de derechos, es cuerpo y refugio de memorias colectivas. Protegerlo de los agrotóxicos no es solo defender nuestros cuerpos-territorios: también es un acto de justicia ambiental y social para las generaciones presentes y futuras”, marcaron en su primera publicación.

Con fecha del último 20 de noviembre, la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense emitió una recomendación al máximo organismo judicial de la Provincia con respecto a la solicitud elevada por el grupo vecinal.

“Lo expuesto lleva a la necesidad de que la Suprema Corte de Justicia disponga la suspensión de las ordenanzas cuestionadas, dejando expresamente aclarado que ello no aparejará un vacío legal, ya que se encuentran plenamente vigentes en el orden provincial tanto la Ley N° 10699, como así el decreto 499/91. No obstante, es dable señalar en esta oportunidad procesal la necesidad de que las normas antes citadas sean actualizadas”, marca la recomendación.

El texto presenta el pedido de los Defensores Ambientales del Chapaleofú, y en particular aquel por la determinación cautelar de “distancias terrestres de seguridad ambiental requeridas respecto a todos los centros poblados, centros de salud, escuelas rurales, y pozos de extracción de agua dentro del ámbito de aplicación de las respectivas ordenanzas”. 

Ante la solicitud –y la prueba presentada por los vecinos-, el Procurador advirtió “que ambas ordenanzas aquí cuestionadas prima facie no se corresponden con los estándares de protección ambiental que emanan de las normas de origen nacional y provincial, interfiriendo a las mismas. En el sentido expuesto, esta Procuración General reitera que toda norma que reglamente un derecho de carácter ambiental, puede brindar mayor grado de protección, más no empeorar la mencionada protección, tal como parece presentarse en el caso de autos”. Además, insta al Ejecutivo Provincial a que lleve adelante el control estricto del cumplimiento de los parámetros indicados en cada una de las normativas vigentes.

“Tal como se adelantara, esta Procuración General solicita que la Suprema Corte de Justicia inste a los Poderes Ejecutivo y Legislativo sobre la urgente necesidad de la elaboración y sanción de normas a través de las cuales se actualice el uso y manipulación racional y sostenible de los plaguicidas, con los debidos registros, clasificadores y sistemas de controles, audiencias e información ante la situación planteada que exige contar con una legislación inmediata de base que preserve y garantice los indiscutibles derechos que se ponen en juego”, expone el texto de la Procuración.

Agrega además que “alcance de los derechos y garantías cuestionados excede a la responsabilidad de los municipios demandados, por lo que entiendo que sería aconsejable se cite a la Provincia de Buenos Aires a los fines de ejercer los derechos que hacen a la competencia antes señalada y con especial relevancia en la cuestión de fondo puesta en consideración por vecinos de los municipios bonaerenses de Rauch y Tandil. Por lo expuesto, considero que, con las pautas expuestas, podría hacerse lugar a la medida cautelar solicitada”.

Adama presentó Maxentis, el fungicida que la compañía líder en protección de cultivos ya había probado con alta eficacia en soja y maíz, y que ahora se encuentra también al servicio del trigo y la cebada.

Fue en un evento en el Hotel Amaiké, con la presencia de productores, ingenieros agrónomos, asesores, distribuidores y referentes del sector agropecuario de la región que pudieron escuchar de parte de los representantes de la empresa los beneficios del producto.

“A Maxentis lo venimos ensayando desde hace 6 campañas en más de 20 localidades. Contamos con una contundencia y una calidad de datos muy importante, y vemos que performa excelente en lo que es control de manchas. En trigo, lo que más afecta son las manchas amarillas, y en cebada las manchas en red. Anda muy bien para lo que es la roya amarilla y anaranjada”, expresó Carolina Maune, quien se desempeña en el área de desarrollo y fortalecimiento de productos de Adama.

“En la compañía venimos innovando año a año, y esto nos permite posicionarnos mucho mejor en el segmento de doble mezcla. Tandil, y todo lo que es el sudeste de la Provincia de Buenos Aires, es de las regiones más importantes en la producción de trigo y cebada. Por eso tenemos el foco puesto en esta zona”, sumó Maune.

En concreto, Maxentis es un fungicida de doble acción que ofrece un control confiable en cereales. Desde Adama lo presentaron como una opción flexible, con una amplia ventana de aplicación y compatibilidad con el resto de los productos utilizados. Cuenta además con una excelente relación costo/beneficio, y con una eficacia comprobada para mejorar el rinde y asegurar el retorno de la inversión.

Durante el evento en el Hotel Amaiké, los referentes de Adama llevaron a cabo una exposición de todas las características de Maxentis. Los presentes pudieron realizar preguntas y despejar dudas con respecto al funcionamiento, precisiones técnicas y ventajas del fungicida que ya se encuentra disponible en el mercado.

Fue el responsable del departamento de marketing de Adama –Mauricio Morabito-, el primero en tomar la palabra durante la presentación. “Maxentis es una herramienta súper interesante para todos los productores de Argentina, pero sobre todo en la zona de mar y sierras”, sostuvo Morabito en diálogo con El Eco de Tandil.

“Este producto es una herramienta muy válida para los productores, sobre todo porque es una mezcla de ingredientes activos y es un fungicida para cereales. También ayuda a obtener mayor rinde. Hay activos al día de hoy que de tanto uso ya están generando o resistencia o baja efectividad”, explicó.

Morabito agregó que Adama es una compañía con reconocimiento y trayectoria en la región a partir de la amplia paleta de productos para trigo y cebada. “El año pasado lanzamos Maxentis para soja y maíz. Ahora tenemos el registro para cereales y por eso este lanzamiento. Es un producto muy noble y efectivo, y la relación economía/beneficio es muy buena”, destacó.

El responsable de marketing señaló que el producto ya se encuentra disponible en el mercado y que la propuesta de Adama es “que lo prueben en la superficie que quieran, para mostrar en campo lo que realmente es el producto. Estamos muy confiados en los rendimientos, hace muchos años que lo venimos ensayando y creemos que va a ser otra herramienta más, muy útil para defenderse de las enfermedades en trigo y cebada. Sobre todo en años lluviosos como estos”.

Por su parte la ingeniera agrónoma Rita Robledo, consultora externa focalizada en seguimiento profesional de cultivos. A cargo de pruebas y ensayos de Maxentis, contó que el producto “es bastante específico y funciona muy bien para el control de manchas y royas. En el mercado fue muy bien recibido, ya sea para trigo o para el control de manchas en cebada, donde tiene un peso específico. Ha funcionado muy bien, con eficiencias de control muy interesantes”, concluyó.

El gobierno provincial volvió a prorrogar, desde el 8 de enero y por el término de 210 días, la suspensión de la resolución 246/18 sobre pautas de aplicación de agroquímicos, una medida dictada en 2018 por la administración de María Eugenia Vidal que tras fuertes polémicas fue dejada sin efecto por esa misma gestión.

La nueva prórroga, la once, quedó oficializada en el Boletín Oficial de este martes. El actual ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, firmó la resolución 2/25 para prorrogar la normativa que a siete años de su salida aún no entró en plena vigencia.

Al respecto, e Ejecutivo argumentó que “se mantuvo dicha prórroga teniendo en cuenta para ello, en la última oportunidad, la necesidad de continuar con la adecuación de las herramientas propuestas y consensuadas con el universo de actores vinculados al Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA)”. Particularmente, se refieren a la receta agronómica obligatoria y el proyecto de georreferenciación de las restricciones territoriales para mapear las normativas vigentes. 

Sin embargo, otro argumento para decidir la nueva prórroga es que tomó estado parlamentario un proyecto de ley en la Cámara de Diputados bonaerense que busca regular “la gestión, aplicación y el uso de productos fitosanitarios en la producción agropecuaria y agroindustrial”.

Cabe recordar que la 246 fue dictada a fines de 2018 por la entonces cartera de Agroindustria vidalista. La normativa (más permisiva que muchas ordenanzas municipales) cosechó rápidamente fuertes críticas de organizaciones ambientalistas porque no establecía distancias de prohibición para fumigaciones y limitaba las aplicaciones en las inmediaciones de escuelas sólo en horario escolar.

Luego del rechazo, el mismo gobierno de Vidal decidió suspenderla en febrero de 2019 (cuando iba a entrar en vigencia) por un año y crear un equipo interdisciplinario para elaborar un protocolo. Además, modificó el punto vinculado a las escuelas y llamó a los productores a “abstenerse en forma total de realizar aplicaciones y pulverizaciones de fitosanitarios” en las inmediaciones de estos establecimientos.

Tras el cambio de gestión, el Gobierno de Axel Kicillof prorrogó la suspensión en 2020 y creó una mesa de trabajo entre el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Salud, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (hoy Ministerio de Ambiente) y la Autoridad del Agua (ADA), mientras que conformó el OTA.

En el marco del trabajo interdisciplinario, la suspensión de la 246 se fue prorrogando sucesivamente, por lo que lleva siete años sin entrar en vigencia.

La condena contra un productor hortícola que fue encontrado culpable de la muerte de un niño por agrotóxicos en Corrientes quedó firme y de este modo deberá cumplir con la pena de tres años de prisión condicional.

Se trata del caso del menor José “Kili” Rivero, de 4 años, quien murió en 2012 por una intoxicación por agrotóxicos utilizados por el productor Oscar Antonio Candussi en sus plantaciones de tomate en el paraje Puerto Viejo de la localidad correntina de Lavalle.

Este lunes el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa y por la querella y de este modo el acusado deberá hacer efectiva su condena por  homicidio simple con dolo eventual.

Alejandro Alberto Chain, ministro del Superior Tribunal de Justicia, concluyó que “la sentencia cuestionada es sólida, razonada y responde adecuadamente a los planteos presentados por las partes. Resaltó que la sentencia se basta a sí misma, destacando que se acreditaron el hecho, la autoría y responsabilidad del imputado, así como la calificación legal y la pena aplicable”, detalla el medio Doce Tv sobre el argumento de sentencia.

En el juicio, llevado a cabo en 2023, el tribunal concluyó que Candussi fumigó sus plantaciones de tomate, las cuales se encontraban a metros de la casa donde la víctima vivía.

Durante el debate Diego Rinaldi, científico forense y experto en toxicología, declaró y explicó: “Un veneno siempre envenena. Es muy tóxico para quien lo aplica, para las personas que viven cerca y mucho más para las infancias”.

La autopsia reveló que el niño falleció por una falla hepática fulminante, falla multiorgánica, de origen tóxico. Estuvo varios días internado en Corrientes, donde en uno de los hospitales le diagnosticaron daño hepático fulminante. 

Luego, fue trasladado al Hospital Garrahan de Buenos Aires donde confirmaron su muerte.

La familia tuvo un brutal golpe, similar al de Rivero, cuando en 2021 falleció Antonella, su hermana de 16 años, por cáncer debido a la exposición de agrotóxicos.

En el marco de una situación general que definieron como “compleja” y trazada por un “panorama incierto”, desde la Federación Agraria manifestaron que las medidas de bajas de aranceles a las importaciones de fertilizantes y herbicidas anunciadas desde el Ministerio de Economía “no han caído muy bien en las entidades”. 

“Prácticamente no significa nada, no es clara la posible rebaja y hay mucha preocupación en los productores porque si acá no hay cambios sustanciales en el tema de costos de fertilizantes y herbicidas, está en duda la posible siembra de cosecha fina. Sea trigo o cebada, los números son negativos prácticamente”, expresó el titular de la organización a nivel local, Dardo Alonso.

En diálogo con El Eco Multimedios, el productor también brindó sus apreciaciones sobre las proyecciones del campo para el año, en un contexto de constantes subas de combustibles y otros insumos.

Cabe recordar, durante los primeros días de abril, fue el propio ministro Luis Caputo quien a través de una publicación en la red social X –ex Twitter-, dio a conocer que en el transcurso del mes concretarían acciones de reducción de aranceles, que anunció como una política para “favorecer al agro”, según sostuvo.

“Vamos a estar tomado las siguientes medidas para favorecer al agro. Baja de aranceles de herbicidas y mejora de aprobaciones de los permisos de Senasa. Los herbicidas a base de Atrazina, Glifosato y 2-4-D bajarán del 35 por ciento al 12,6 por ciento -que es el Arancel Común vigente para el Mercosur-. A su vez reduciremos el arancel de la Atrazina primaria, desde el 24 por ciento actual al 10,8 por ciento”, posteó el ministro.

Por el tema fue consultado Dardo Alonso, quien consideró que “quizás el ministro está desesperado para que el campo le liquide mucho cereal que tienen los productores en sus silobolsas, en sus consignatarios de cereales o en las cooperativas”.

A su vez, también en referencia al ministro Caputo, planteó que “no entiende que el productor vende cuando necesita. Y él normalmente levanta su cosecha, paga los gastos y compra los insumos para la próxima campaña. En vez de tener plazo fijo o dólares, el productor prefiere mirar todos los días su silobolsa y si necesita vivir o pagar algún gasto, vende una determinada cantidad de cereal y esa es la forma de proceder”.

En el mismo sentido, prosiguió, “creo que hay algunos técnicos que no entienden cuál es la realidad del productor agropecuario”.

El referente a nivel local de la Federación Agraria fue consultado además sobre la proyección del sector agropecuario para el año en curso. Tras el fin de la sequía, el campo atraviesa otros desafíos y dificultades derivadas de la situación económica en general, suba de insumos y otros gastos.

“La sequía sí, evidentemente mucho más leve”, comenzó Alonso para luego agregar que sin embargo, “es un año complejo porque han subido mucho todos los insumos, el tema combustible incide muchísimo”.

Precisó además que “hoy el flete se lleva el 20 o el 30 por ciento del costo del cereal que uno vende, más las retenciones, más los gastos de comercialización, más los impuestos provinciales y municipales”. 

En ese sentido indicó que “prácticamente el productor se lleva un 20 o 20 y pico por ciento nada más y con eso tiene que volver a sembrar, tiene que vivir el año, tiene que atender su salud y su bienestar, así que el panorama está incierto, no está claro y esperemos que se mejoren los créditos del año”, concluyó.

Bidones en la plaza contaminando las infancias. Así se titula la publicación en la que la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable Tandil denunció que en la plaza de Fulton utilizan envases de agroquímicos como cestos de basura. El texto, acompañado de una serie de fotografías, generó repercusión y hasta el reclamo a las dependencias municipales correspondientes.

De parte de las autoridades de la Escuela Primaria 44 afirmaron que retirarán los envases, que se encuentran trabajando en la forestación del lugar, y que el agua de la zona resulta apta a partir de análisis anuales que realizan.

Por su parte vecinos del paraje transmitieron que los envases se encuentran allí desde el año 2019. “Es todo un tema con los herbicidas, nos están fumigando. Fumigan a la noche cuando no anda mucha gente. Es más, ahora hay unos árboles frutales que pusieron este año y ya se están secando. Fumigan al lado del pueblo, de la escuela, del jardín, y nadie hace nada”, lamentó una vecina en diálogo con El Eco de Tandil.

“Decenas de bidones de agrotóxicos son empleados como tarros de basura en la plaza de Fulton, frente al jardín de infantes N.º 914. Los envases fueron cortados y sujetados con alambre a postes cercanos a las hamacas, pasamanos y otros juegos infantiles. Incluyendo algunos debajo de parrillas”, transmitieron desde el perfil de Instagram de la Junta Vecinal.

En las imágenes publicadas por la organización ciudadana puede observarse cómo fueron dispuestos los bidones, cortados sobre uno de sus extremos para que estos funcionen a modo de tapa. Los mismos se encuentras atados sobre postes o colocados bajo zonas donde puede encenderse fuego para cocinar. 

En los cestos se lee claramente la inscripción “No reutilizar este envase”. En ese sentido, desde la Junta Vecinal señalaron que “debido a su potencial contaminante, los envases de agrotóxicos son categorizados como residuos peligrosos, y su reutilización está prohibida por legislaciones nacionales, provinciales y locales”.

Ante tal situación, consideraron desde la entidad, “es inaceptable que sean empleados en el único espacio recreativo, donde niños y niñas pasan la tarde jugando”. Además, brindaron un marco general sobre los residuos de agroquímicos a nivel nacional, al transmitir que “en Argentina se desechan 20 millones de bidones al año -15 toneladas- y solo un 10% recibe el tratamiento adecuado que ´minimiza´ su impacto -triple lavado, perforación y traslado a un centro de acopio-“. Por lo tanto, remarcaron, “de ninguna manera debemos permitir la utilización de estos residuos peligrosos como meros envases plásticos. Y, mucho menos en espacios públicos”.

La publicación generó repercusión y un grupo de usuarios manifestó su preocupación por el tema. “El problema no es sola la contaminación de los espacios en donde se colocan, sino que las personas que manipulan esos recipientes también se ponen en riesgo”, planteó una usuaria. “Buen día, soy docente y en la escuela de San Antonio –cerca de Fulton- usaban los bidones como tachos de basura. El desconocimiento sobre el tema es grave”, sostuvo otro. 

“Exigimos al Estado local que se haga responsable y actúe aplicando las normativas correspondientes, por las infancias y por un ambiente saludable ¡Paren de fumigar!”, concluyó el posteo.

La Escuela Primaria trabaja en el retiro de los bidones

La Escuela Primaria 44 conforma junto a la Escuela Secundaria Técnica 6 Anexo 3061 y el Jardín 914 la concentración de las instituciones educativas del paraje. Consultadas por El Eco de Tandil, las autoridades transmitieron que trabajan en el retiro de los bidones, así como en la forestación del lugar.

“Los vamos a sacar, obviamente, porque el proyecto de la escuela es el cuidado del medio ambiente y estamos trabajando en eso”, expresó la directora del establecimiento primario

La directiva sumó además que luego de poner la plaza en condiciones, se encuentran forestando y llevando a cabo acciones en torno a la separación y tratamiento de residuos. A la fecha, afirmó, ya establecieron contacto con una persona que retirará los envases para desecharlos en un lugar adecuado.

A su vez, la directora se refirió a otro apartado de la publicación de la Junta Vecinal, en la que se hacía mención a un estudio realizado por la Unicen en el año 2020 en el que se determinó la presencia de restos de agroquímicos en el agua y el suelo de parte del paraje.

“Hablan de algunas cosas como el agua, pero nosotros desde la escuela hacemos el análisis con Bromatología y nos da apto, lo hacemos todos los años, es obligación que lo hagamos”, concluyó.

El 6 de agosto de 1883, en el Instituto “Santa Catalina” de Lomas de Zamora se dictaron en Argentina los primeros estudios agrícolas y veterinarios. En conmemoración de este acontecimiento, cada 6 de agosto se celebra en nuestro país el Día del Veterinario y el Día del Ingeniero Agrónomo, dos profesiones diferentes pero de alguna manera vinculadas. 

“Los agrónomos vendríamos a ser los médicos de los cultivos”, explicó Natali Lázzaro –MP 230- integrante del Círculo de Ingenieros Agrónomos de Tandil (CIAT). “Nosotros conocemos cómo viene el proceso de cultivo, conocemos la región y cómo es el suelo en el que estamos trabajando”, amplió. 

En diálogo con El Eco de Tandil, la profesional de la ciudad explicó los alcances de la profesión y los desafíos actuales. 

En ese marco, señaló que “necesitamos conocer mucho sobre la historia de lo que pasa en el lugar en el que se produce para poder manejar correctamente a un cultivo”.

Y continuó: “nosotros hacemos el diagnóstico: si es un problema de malezas, de insectos, fúngico, de virus y, a través de la receta agronómica, se busca documentar lo que antes se hacía de palabra”. 

En efecto, de acuerdo a la Ley provincial 10.699 sancionada en 1988, los ingenieros agrónomos son los únicos profesionales legalmente habilitados para prescribir y certificar el uso de agroquímicos en los cultivos.

“La utilización de la receta está creciendo, pero todavía falta”, reconoció Lázzaro y aseguró que “tenemos que educar mucho aún para que se entiendan los beneficios de por qué trabajar con receta”.

Ocurre que de una correcta aplicación de productos fitosanitarios y agroquímicos dependerá la salud de los cultivos y –por ende- de la población. 

El ingeniero agrónomo Daniel Garaguso (MP 005), también integrante del CIAT, se refirió por su parte a otro aspecto: el económico. 

“Todo esto lo hacemos para mejorar la eficiencia de todos los insumos”, indicó a El Eco de Tandil, y agregó: “cuánto mejor es contar con el asesoramiento de un ingeniero agrónomo para hacer un uso eficiente de estos insumos que son carísimos”.

Lázzaro contó que, para mejorar todo el proceso, “desde el Círculo trabajamos con los agroaplicadores, que armaron su propia asociación. Consideramos que eso es profesionalizar toda la cadena”. 

Un Colegio propio

A la formación y la capacitación permanente es a lo que apuntan hoy en día los agrónomos. “En estos 140 años de trabajo, la constante ha sido la educación, tanto profesional como hacia los productores”, dijo Garaguso.

“En los últimos años se han dado muchos cambios en el sistema de producción, son cambios generacionales: ahora hay nuevas tecnologías, monitoreos con drones, imágenes satelitales… es otra faceta, pero todo sigue siendo aprender y difundir para mejorar todas las producciones”, manifestó el profesional.

En ese camino recorrido, gracias a una amplia militancia y organización, los agrónomos lograron la sanción en 2018 de la Ley 15.030 que creó su propio Colegio, separado del Colegio de Ingenieros tradicional.

“Ese fue un paso muy importante, porque ahora podemos tratar de defender los derechos de nuestra profesión”, señaló Garaguso y destacó que “en cuatro años, pasamos de ser entre 1200 y 1500 profesionales matriculados a 4000, es decir que triplicamos la cantidad de matriculados en la provincia de Buenos Aires”.

“Teníamos un divorcio bastante grande con los demás ingenieros en cuanto a la formación, que no nos permitía a nosotros tener una participación importante en el Colegio anterior”, contó el agrónomo.

Y destacó que ahora, en cambio, “tenemos una relación más estrecha con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia, con el que abordamos directamente cuestiones propias como la receta agronómica y la participación de los profesionales del sector en distritos procesos como la agroecología, la producción sustentable y el cuidado del medio ambiente”.

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, anunció que a partir de 2023 se implementará la verificación técnica de equipos pulverizadores terrestres en todo el territorio bonaerense, con el objetivo de avanzar hacia un mayor control sobre la aplicación de agroquímicos y una producción cada vez más sustentable, enfocada en el cuidado del medio ambiente. Fue durante una jornada demostrativa con técnicos, profesionales y representantes del sector en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. “Buscamos cuidar la salud de todos los bonaerenses, preservar nuestros suelos y minimizar el impacto ambiental. Por eso, y tras la recomendación del Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA) del Ministerio de Desarrollo Agrario, es que decidimos avanzar con esta normativa para garantizar la correcta aplicación de agroquímicos”, señaló el ministro Javier Rodríguez. “El mantenimiento y el buen funcionamiento de las maquinarias de pulverización es fundamental para realizar aplicaciones eficientes y sostener una producción sustentable en el tiempo. Desde el Estado provincial venimos trabajando de forma articulada con los distintos municipios, instituciones del sistema científico-tecnológico y el sector privado para lograr esos objetivos y lo vamos a seguir haciendo, porque nuestro objetivo es seguir impulsando las Buenas Prácticas Agropecuarias en toda la Provincia”, agregó. El ministerio de Desarrollo Agrario, a través de la Dirección de Fiscalización Vegetal, lleva a cabo diferentes acciones que incluyen la fiscalización, inscripción y habilitación de empresas vinculadas tanto a la venta como a la aplicación de agroquímicos, la realización de jornadas de capacitación y profesionalización de operarios de aplicación, la promoción del uso responsable de la receta agronómica, la gestión de envases vacíos de agroquímicos, y la capacitación del comando de patrulla rural (CPR), con un total de 5.234 asistentes a estos cursos desde el año 2020 a la fecha. Siguiendo esa línea, y ante la inexistencia de normativas a nivel provincial en torno a la verificación de los equipos de aplicación terrestres, fue que el MDA decidió impulsar la creación de un comité técnico de especialistas para desarrollar un protocolo de evaluación de las maquinarias según las normas de buenas prácticas agrícolas de pulverización.Este grupo está conformado por el propio Ministerio; el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Pcia. de Buenos Aires (Ciasfba); el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); las facultades de ciencias agrarias de las Universidad de Luján, Mar del Plata y Lomas de Zamora; y la Cámara de Agro pulverizadores de Buenos Aires (Capuba). En octubre de este año, se realizó una primera reunión del comité en la localidad de Azul, y este viernes se llevó a cabo un segundo encuentro con representantes de cámaras empresarias dedicadas a la fabricación de maquinaria, y prestación de servicios, técnicos y profesionales para brindar detalles sobre los criterios de auditorías necesarios para realizar de forma segura el proceso de verificación técnica y puesta a punto de equipos pulverizadores terrestres. Además, se efectuó un ensayo de Inspección Técnica de Equipos Pulverizadores Terrestres sobre maquinaria y equipamientos provistos por la UNLZ. La normativa que implementará la verificación en 2023 incluye a empresas que brindan el servicio de aplicación y/o productor/es con maquinaria propia. La inspección deberá realizarse cada dos (2) años para equipos tengan menos de 2 años de funcionamiento desde la fecha de compra. Para todos los equipos que excedan esta antigüedad, deberán ser verificados año a año.Por otra parte, se creará el Registro de Verificadores Técnicos y su Equipo dentro de la órbita de la Dirección de Fiscalización Vegetal. Los resultados de las inspecciones técnicas se entregarán a los propietarios de los equipos con copias al Ministerio de Desarrollo Agrario y al comité técnico. Además de los informes, cuando el equipo sea aprobado se entregará un distintivo autoadhesivo con validez según los años que corresponda, que deberá ser colocado en un lugar visible del equipo.Participaron de la actividad, autoridades del Colegio de Ingenieros Agrónomos (Ciafba), Capuba, INTA, la Universidad Nacional de Luján, la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLu y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

En pleno debate en el Congreso por una Ley de Humedales, Emilio Fernández de Granja Los Pibes recibió a El Eco de Tandil en Los Coipos, único humedal protegido de la ciudad. 

Los humedales son áreas que se identifican por la presencia de agua, la cual puede provenir de la lluvia. arroyos, ríos, o de las propias napas. Tienen una importancia vital porque son el hábitat en el que hacen nido, se alimentan y reproducen una gran cantidad de especies de flora y fauna silvestre. Además, actúan drenando agua y por lo tanto ayudan a controlar inundaciones, así como a moderar el calentamiento global, entre muchas otras funciones que benefician el medio ambiente. A pocos kilómetros de Tandil se ubica Los Coipos, que supo funcionar como coto de caza, hasta que Granja Los Pibes lo recuperó y resguardó.