Comprar comida con la tarjeta de crédito es moneda corriente en Argentina, en un contexto que el índice de atraso en el pago de deudas familiares es uno de los más altos de la historia. Por el tema, que se instaló con fuerza en la agenda pública,  El Eco consultó a Juliana Bertevello (Doctora Cuentas), asesora en organización económica para particulares y negocios.

La especialista dio cuenta de una compleja situación: familias que financian sus gastos corrientes, y la “democratización” de un problema que afecta a personas de diferentes niveles económicos. Más allá de planes de financiamiento y de la posible intervención del Estado, Bertevello puso el foco en la caída del consumo y de los salarios.

“Si subsidian la tasa, en unos meses se acumulan todos los aumentos, pero todos tus ingresos siguen iguales. Ni siquiera vas a poder pagar la cuota de la refinanciación de la deuda. Sería una supuesta solución que se come a sí misma la cola. El problema es que la economía no termina de reactivar, sigue cayendo el consumo, no hay trabajos nuevos”, señaló.

“¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?”, expresó el presidente Javier Milei en una reciente entrevista televisiva, en referencia a los deudores. Marcó así la no intención de intervenir con políticas públicas que permitan a millones de familias poder afrontar sus deudas.

La mora –el atraso en el pago-, alcanzó niveles récord. Aunque detuvo su escalada, portales especializados marcaron que se debió al refinanciamiento de las mismas deudas. Los casos afectan a familias y jubilados, pero en particular a los jóvenes menores de 35 años.

A nivel bonaerense, el Banco Provincia analizó la situación y presentó el programa Ponete al día, un plan para refinanciar deudas mediante la reducción de tasas de interés y ampliación de plazos. Se trata de un ejemplo de iniciativas que podrían permitir a deudores mejorar sus condiciones, en particular frente a compromisos asumidos con bancas privadas o “proveedores no financieros”, como puede ser Mercado Libre.

Con base en Tandil, la “Doctora Cuentas” asesora y acompaña a personas de todo el país, y de diferentes situaciones económicas. Consultada por los altos niveles de morosidad marcó que la mora es el último estadio del problema, cuando un deudor no logra pagar su compromiso. Pero señaló como una realidad más preocupante el aumento del uso de la tarjeta de crédito para compras corrientes, como puede ser la de alimentos en el supermercado.

“Esto se viene observando en los últimos tres o cuatro años, e incrementó en este último tiempo”, indicó. Su trabajo ante las consultas es el de acompañar y “armar algún tipo de plan o esquema para salir a flote, y poder hacerlo de la mejor manera posible”.

Al momento de analizar los principales aspectos del tema, hizo mención a las altas tasas de interés, en particular de las tarjetas de crédito y de entidades de “micro créditos” como pueden ser Mercado Pago o tarjetas no bancarias.

“Las consultas aumentaron y tratamos de hacer algún plan, hablar con la entidad y refinanciar esa deuda. También tratar de bajar las tasas. Si pido un préstamo al Banco Provincia, la tasa mensual es del cuatro y la de la tarjeta es del ocho. Es mejor pagar la deuda de la tarjeta, cancelarla y cortar esa bola de nieve que todos los meses se multiplica por siete o por ocho”, sostuvo.

Sobre las realidades de las personas de las que recibe consultas señaló que abarca tanto trabajadores en relación de dependencia, como profesionales independientes. “Se democratizó el problema”, indicó.

Con respecto a las posibilidades de que el Estado genere políticas para aliviar la situación de las familias, enmarcó la situación en un panorama mayor: "La liberación del aumento de prepagas por ejemplo, o los servicios como la electricidad y el gas, generan un aumento constante en los costos fijos de cada hogar. La solución de fondo está relacionada con la mejora del poder adquisitivo, la reactivación del consumo y de ingresos, con empleo. Nadie se está endeudando con la tarjeta para comprarse 4 motos, sino para pagar servicios y el supermercado, es decir, para gastos corrientes  "

En los últimos días, el bloque de concejales de Fuerza Patria presentó un proyecto para que la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) “implemente programas y campañas de educación financiera, prevención del sobreendeudamiento y difusión de los derechos de consumidores y usuarios”.

En la presentación de la iniciativa, los integrantes del bloque hicieron mención al Mapa de la Deuda, una herramienta digital abierta que permite acceder a datos sobre la situación en todo el país. En Tandil se registran unos 14.885 deudores en mora, y la realidad es similar a la de otras localidades de la región. 

De acuerdo al mencionado Mapa, el monto total de la deuda en mora asciende a nivel local a pocos más de 53 millones de pesos, y representa una incidencia del 0,82 por ciento en la Provincia.

Al hacer foco en algunos datos específicos, el Mapa arroja que la tasa de morosidad es del 11,01 por ciento, aunque en jóvenes de hasta 25 años asciende al 33,42 por ciento. A su vez tasa de mora en la ciudad con proveedores no financieros de crédito alcanza el 40,72 por ciento.

Las pequeñas industrias textiles son de las más afectadas por la realidad económica, y los cierres de empresas que se dan a nivel nacional tienen también su correlato en la ciudad. “Gracias por todo”, dice el cartel de un negocio en calle Rodríguez, para anunciar el cierre de un emprendimiento local que desde hace siete años diseña, produce y comercializa indumentaria en Tandil.

El proyecto reducirá su estructura –de más de 10 personas trabajando, a la fecha lo hacen solo 4-, y se dedicará a la venta online. Los motivos fueron varios: una baja sostenida en las ventas desde diciembre pasado, el precio del alquiler que se duplicó, y cuestiones personales.

“Veníamos subiendo y después se estancó. Después de la Navidad de 2025, empezaron a bajar las ventas. Acá tenemos una estructura grande, y eso se sumó al cansancio. Un poco por lo económico y un poco por lo personal, quería pausar un poco”, contó Emerson, responsable de Contrabiker, en diálogo con El Eco.

Como se sabe, parte del complejo presente de la industria textil está marcado por la apertura de importaciones y el auge de las compras mediante aplicaciones extranjeras. “Era sabido que iba a haber una depuración grandísima porque la Argentina, al tener la economía cerrada se fabricaba mucho acá. Ahora una vez que se abrió, muchísima gente se fundió y se va a seguir fundiendo en lo que es lo textil”, agregó el emprendedor.

Emerson practicaba BMX y una década atrás abrió un local de venta de bicicletas. Tras unos años en el rubro vendió el fondo de comercio y se pasó al sector textil. En el 2019 comenzó con Contrabiker, un proyecto con el que atravesó por diferentes locales y situaciones económicas.

La propuesta fue la de hacer indumentaria de calidad, con diseño propio y una estética vinculada al BMX y al skate. “Vamos a empezar a fabricar, dijimos”, recordó Emerson sobre el momento en el que se largó con el nuevo rubro. En el piso superior del local de calle Rodríguez tiene montado un taller donde diseña, almacena tela e insumos, máquinas de corte y otras herramientas con las que confecciona remeras, camperas, buzos y otras prendas.

El proyecto funcionó pero las ventas bajaron en el último tiempo. Y se sumó otra complejidad: “Se me fue al doble el alquiler, y la verdad que es insostenible el tema de los alquileres y los impuestos que hay que pagar. Es muchísimo”, explicó. 

El local se encuentra liquidando y ofreciendo promociones hasta liquidar stock. “Lo más probable es que sigamos de manera online, y a reducir la estructura. Era demasiado esfuerzo para tan poco beneficio”, señaló sobre el futuro.

Contrabiker no es el único emprendimiento textil que cierra en la ciudad. Un proyecto de serigrafías y prendas de diseño también lo hizo hace poco más de un año. Cuando la referente del Colegio de Martilleros de Tandil dialogó con El Eco en mayo pasado, hizo mención a la realidad de los locales del centro, y a “lo que es vestimenta, que están muy mal”, como ejemplos de aquellos en los que registraban un número mayor de cierres. No solo por los precios de los alquileres, sino también por la suba de los servicios. Un local en pleno centro, contaron desde la entidad inmobiliaria, pasó más de seis meses sin alquilarse: la situación no se había dado ni en pandemia ni en la crisis del 2001.

Medios nacionales abordaron también casos de cierres de textiles y el difícil momento del rubro, con números que hablan por sí solos.. La Federación de Industrias Textiles Argentina (FITA) emitió un comunicado recientemente, en el que plantearon que “la producción nacional continúa enfrentando una elevada carga tributaria, altos costos, deficiencias logísticas y la falta de financiamiento para sostener la inversión y el empleo. Además, compite con el crecimiento exponencial de plataformas como Shein y Temu que comercializan productos sin pagar aranceles. Esta asimetría profundiza las distorsiones competitivas y debilita a toda la cadena productiva local”.

A su vez, los datos difundidos por entidades del sector dan cuenta de la compleja situación del rubro textil: la capacidad instalada del sector alcanzó en abril “apenas el 42,4 por ciento, lo que significa que más de la mitad de las máquinas e instalaciones permanecieron detenida”", informaron desde FITA.

Además, marcaron desde el organismo, “la actividad acumula una contracción del 25,5 por ciento en el primer cuatrimestre del año, un retroceso superior al promedio de la industria general. En cuanto al Impacto en el empleo, la cadena de valor (textil, confección, cuero y calzado) continúa en retroceso, con una pérdida de más de 24 mil puestos de trabajo desde diciembre de 2023 a marzo de 2026. La caída de empleo se registró también de marzo a abril último, con una marcada retracción.

En el marco del comienzo de un nuevo cuatrimestre en la Unicen, el rector Marcelo Aba dialogó con El Eco de Tandil: dio cuenta del reclamo sostenido para que el gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento, de casos de renuncias de docentes y la dificultad para cubrir cargos, del cambio de composición de la matrícula y del freno de las obras para la Facultad de Ciencias de la Salud y la fachada del Rectorado.

“La cautelar que habíamos presentado desde el CIN ha quedado vigente porque tiene dos fallos favorables, de juez y de Cámara. Pero esto en los hechos no ha provocado ningún cambio. De hecho, en este momento estamos esperando que lleguen las planillas correspondientes a salarios de este mes. Nunca estamos en el último día del mes esperando la llegada de planilla”, expresó el rector, poniendo un ejemplo de la incertidumbre presupuestaria de la institución.

-¿Cómo se encuentra la Unicen para el reinicio del ciclo?

-Marcelo Aba: La Unicen se prepara para la apertura de un nuevo cuatrimestre. En algunos casos es reinicio, pero también comienzan algunas ofertas desde cero.

Tratando, en medio de dificultades que son conocidas por todos, tener todo  preparado para  ese nuevo periodo en el cual seguramente dada la conflictividad que se ha generado a partir de la no aplicación de la ley, bueno, tendremos algunas dificultades de  funcionamiento, sobre todo a nivel de medidas de fuerza.

-¿La última resolución de la Corte no implica la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario? Si es así, ¿Cuál va a ser el impacto en la Unicen?

-Primero, que no tenemos tanta certeza desde lo legal. La cautelar que habíamos presentado desde el CIN ha quedado vigente porque tiene dos fallos favorables, de juez y de Cámara.

Pero esto en los hechos no ha provocado ningún cambio. De hecho, en este momento estamos esperando que lleguen las planillas correspondientes a salarios de este mes. Nunca estamos en el último día del mes esperando la llegada de planilla. 

Así que no se está haciendo efectivo lo que en principio representaría la aplicación de la cautelar. Recordemos siempre eso de lo que aquí hablamos es de la cautelar y no de la cuestión de fondo que es la ley en sí. La cautelar solamente afecta a cuestiones de índole salariales y a las becas.

Eso es lo que tendría que estarse aplicando porque ya no hay ninguna otra normativa posible. Ya  el gobierno ha buscado todos los caminos para  no aplicar la cautelar. Y todos los estamentos de la justicia, incluida la Corte, le han dicho que la tiene que aplicar.

Pero la realidad es que esto no ocurre y la universidad sigue teniendo inconvenientes. Lo tienen sus trabajadores porque sus salarios no mejoran, y tampoco  mejorar para nada todo lo que tiene que ver con el funcionamiento.

-¿Tiene esta situación de complejidad sobre la que vienen reclamando hace tiempo efectos como renuncia de docentes o baja en la matrícula?

-En términos de docentes sí, efectivamente hay. Puede no ser muy masivo, pero siempre estamos viendo personas, tanto docentes como no docentes, que deciden retirarse.

Por ahí lo que tenemos más son pedidos de licencias, y eso se está dando.

También nos está costando cubrir los cargos. Antes cada cargo que aparecía, siempre había una gran cantidad de interesados, por ejemplo, después de una jubilación. Y hoy en día no se nota esa avidez por ingresar a la universidad.

Y todo lo que tiene que ver con los proyectos de investigación están prácticamente paralizados. Y eso hace que un joven que mira su futuro piense que quizá la universidad no sea hoy la alternativa más viable.

-¿Y en alumnos?

-A nivel de alumnos, lo que nosotros notamos es bastante característico de épocas de crisis. Que se reduce la cantidad de alumnos que vienen a cada una de nuestras sedes, llamémosle foráneos de la de la propia sede.

En parte se compensa con alumnos locales de la propia sede. Son aquellos que quizás no han podido irse a estudiar a otro lugar y compensan. Entonces, en la matrícula hay una muy leve reducción. No hay un impacto muy fuerte en el número, pero sí en la composición.

Pero en resumen, la matrícula medianamente se mantiene, aunque no está creciendo como veníamos creciendo estos últimos cuatro o cinco años.

Las obras para la Unicen

- ¿Cómo está el tema obras y en particular la de la fachada del rectorado?

-Estamos muy complicados. El gobierno nacional ha decidido paralizar todo. Hemos dado de baja la licitación que teníamos para ver qué podemos hacer nosotros con la Facultad de Ciencias de la Salud, que es una necesidad de imperiosa de poder avanzar al menos en algunos espacios para que la facultad pueda funcionar correctamente.

Y con respecto a la fachada, en ningún momento tenemos comunicaciones oficiales.

Pero por otro lado nos dicen que no va a ser financiada por el gobierno nacional, así que seguimos trabajando con el gobierno provincial. Tenemos allí algunas posibilidades de financiación, pero entendemos que la Provincia tiene serias dificultades y una enorme cantidad de cuestiones que atender.

Seguimos trabajando, y si no, al igual que estamos haciendo con la Facultad de Ciencias de la Salud, veremos si podemos comenzar nosotros a hacer desde nuestros propios magros recursos algún tipo de  de intervención que nos permita ir avanzando. Mucho más despacio, a  un ritmo mucho más lento.

El gobierno nacional tampoco la da de baja formalmente, asumiendo que lo va a financiar, sino que nos dicen por lo bajo que no va a ocurrir, y los hechos lo confirman. Pero no se formaliza un documento que nos libere a nosotros, y la empresa tampoco quiere dar baja porque significaría asumir que es quien abandona ese contrato.

Con más de 300 raciones entregadas por día, demanda en aumento y filas de espera desde las 6:30 de la mañana, el comedor de Cacha en el barrio Las Tunitas es otra de las postales de la compleja situación social que atraviesa el país y de la que Tandil no escapa.

La referente del lugar, Cacha Cena, brindó un crudo panorama sobre el presente de la institución y las dificultades que enfrentan las familias tandilenses para acceder a la alimentación básica. 

“Como siempre venimos trabajando con muchísima gente todos los días. Nosotros a pesar de los fríos que están haciendo, ya a las 6, 6:30 de la mañana tenemos gente parada para retirar la comida a las 8:30 la mañana. Se está acercando muchísima más gente”, describió la responsable del espacio.

En relación a la dinámica diaria, Cena detalló: “Nosotros estamos con más de 300 raciones diarias de lunes a viernes y aguantando, aguantando. Celebró mucho que hoy leí que el municipio de Tandil hizo una inversión de 64 millones en leña, que eso va a ayudar un poco a la calefacción de la familia”.

La referente hizo hincapié en un cambio en la asistencia, señalando que la crisis golpea transversalmente a diversos sectores. “Venimos con un año con aumento. Sí veo mucho más hombres viniendo a buscar comida que antes no lo hacían, y quiere decir que ese hombre está desocupado. Tenemos algunos abuelos ahora, ya casi no tenía yo abuelos, pero ahora las jubilaciones son muy tristes. Y duele la panza cuando tenés hambre. Entonces acá estamos, hacemos lo que podemos”, afirmó.

La situación, consideró Cacha, se agrava por el costo de vida, que vuelve inaccesibles productos básicos. “Hace rato que pasa eso, que mucha gente que viene tiene trabajo. La mayoría de las mujeres tienen algún laburo en casa de familia, pero vos imagínate que si ganan 10 mil pesos una hora que vayan a trabajar no alcanza para la comida. Cuando 1 kg de carne para milanesa te sale entre 24 mil pesos ¿Cómo haces más los huevos, más el pan rallado, el condimento? No podes darle de comer carne a tus hijos”, sostuvo.

En cuanto al rol de los distintos niveles gubernamentales, la referente fue tajante al diferenciar la gestión local de la nacional. “El Estado no está presente, hablo del Estado nacional. Porque el municipal la verdad que se está poniendo, acorde de lo que está pasando y Juliana Teerink es excelente con el trabajo que está haciendo. La verdad que yo, cuando ameritan estas cosas las digo porque se está trabajando muy bien con esto en Desarrollo Humano”, sumó

Cena destacó también la colaboración de actores locales como Héctor Almada, ex combatiente de Malvinas, quien aporta pan y facturas, y el trabajo de las manzaneras en la distribución de leche y abrigo, elementos vitales en un contexto donde, según advirtió, la escasez de recursos obliga a reducir la asistencia a una sola comida diaria.

Marcó además que la demanda en el comedor no se reduce solamente a comida, sino también a ropa de abrigo y frazadas. En esos casos, indicó, deriva a los vecinos al Centro Comunitario, aunque alertó por la necesidad de que no se demoren las entregas.

“Sé que hay muchas, muchas mantas que han tejido las manzaneras, que han hecho y han donado. Entonces, que eso llegue rápido a la gente porque hoy estamos necesitando el abrigo para la familia. Así que yo, como corresponde, los mando a la trabajadora social del Comunitario para que ella pueda abastecerlos de las frazadas o una ropa de abrigo. Lo que espero realmente es que la trabajadora social del Comunitario no esté con un listado 10 días, 15, sino que apure, porque la frazada se necesita hoy, no dentro de 15 días”, agregó.

Más allá de su consideración del rol de Desarrollo Humano municipal, Cacha Cena focalizó sus críticas en el gobierno nacional. “El Estado nacional no aporta nada, al contrario, cada vez peor. Ahora están hablando de que van a sacarle el beneficio que tienen en el boleto las mamás que cobran asignaciones. En un país tan como de Argentina no puede ser que haya pibes que se mueran de hambre, que haya necesidades, que volvimos a tener enfermedades que ya estaban erradicadas como sarampión”, concluyó.

Gremios universitarios pusieron en pausa las medidas de fuerza anunciadas para la semana que viene tras el acuerdo salarial alcanzado por el gobierno nacional. Desde Adunce -que nuclea a los docentes de la Unicen-, resolvieron “poner en suspenso el paro de la próxima semana y retomarlo en caso de incumplimiento de acuerdo”, mientras que desde Atuncpba -que agrupa a no docentes-, anunciaron la suspensión del paro por las negociaciones en curso.

Más allá del acuerdo, los trabajadores, junto con las autoridades de las universidades nacionales, mantienen su reclamo principal: que el gobierno implemente la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en octubre pasado tras un intenso debate, e idas y vueltas con veto presidencial de por medio.

A través de sus redes sociales, tanto Adunce como Atuncpba destacaron el acuerdo alcanzado, y plantearon la continuidad de la demanda principal. Transmitieron también cuáles serán los pasos a seguir en el marco de lo establecido por las partes.

“Empezamos a recuperar lo que el gobierno nos debe; salario y paritarias”, publicaron desde Adunce. “Informamos que la medida de fuerza convocada para el próximo 16 de junio ha quedado en suspenso, en virtud de las negociaciones que se encuentran en curso entre la representación sindical y las autoridades nacionales”, señalaron por su parte desde Atuncpba.

Si bien aceptaron la propuesta salarial, los trabajadores resolvieron mantener el plan de lucha por la plena aplicación de la Ley de Financiamiento. Al respecto, indicaron los docentes, “,ientras la ley sigue vigente, la paritaria implica dar un primer paso hacia el objetivo de la recomposición salarial y el restablecimiento del derecho a la negociación colectiva. El plan de lucha continúian hasta tanto no se ejecuta la Leyt de Financiamiento”.

El acta paritaria

Según lo acordado, el incremento salarial se aplicará en dos tramos: un 21,33% en junio sobre los haberes vigentes y un 3% adicional en octubre, calculado sobre los salarios de septiembre. El salario de un docente de categoría simple, publicaron desde Adunce, sería de  $364,385.

En materia presupuestaria, el acuerdo prevé una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir del corriente, y también se incorporará una partida adicional de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios durante 2026.

Pero a su vez, el acuerdo alcanzado definió un incremento -también del 21,33 por ciento-, de la garantía salarial de junio. La misma establece un monto salarial mínimo, que impacta en particular en los docentes de menor categoría. 

De parte de los gremios precisaron que en el próximo plenario -que realizarán en julio-, discutirán sobre el contenido de la futura paritaria. El límite establecido para el encuentro con autoridades del gobierno nacional será el próximo 14 de septiembre. Será “para definir la actualización salarial en referencia a la variación acumulada del IPC”, marcaron.

También se acordó que “abordar en un máximo de 45 días un adicional por la perdida salarial de los niveles pre-universitarios debido a la eliminación del FONID”.

Si bien los trabajadores aceptaron la propuesta de aumento salarial, el reclamo mayor del sector universitario en su conjunto -autoridades, investigadores, becarios, estudiantes-, sigue siendo el mismo que desde hace meses: que el gobierno aplique la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso de la Nación. 

El reclamo tuvo su impacto en Tandil, donde se llevaron a cabo medidas de fuerza pero también instancias de visibilización pública de la demanda: semaforazos, asambleas, clases públicas, volanteadas, charlas y muchas otras iniciativas que se sumaron a las Marchas Federales que se replicaron en la ciudad.

Vecinos de Charitos y Smata volvieron a reclamar por cloacas, iluminación en las plazas y limpieza de calles, entre otras demandas del barrio. La situación en el lugar se conoció a mediados del 2025, cuando los frentistas conformaron un grupo y en una nota con El Eco hicieron pública la realidad que viven día a día, como la presencia de aguas servidas sobre las veredas, a lo que se sumó en el último tiempo complicaciones por la falta de mantenimiento de las zanjas, y desborde de contenedores de residuos.

En noviembre pasado, desde la Comuna habían actualizado los costos de un proyecto de dotación de cloacas que estaba listo desde el año 2023, así como también anunciaron gestiones con Nación y Provincia para que la iniciativa se concrete. Entonces, funcionarios municipales hicieron mención a que la Secretaría de Integración Socio Urbana –a cargo del referente de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja-, contaba con fondos asignados para tal fin, pero que no había ejecutado. A comienzos del mes en curso, el gobierno nacional avanzó con despidos y la degradación a subsecretaría, lo que supuso un virtual cierre del área. Así también, Nación puso punto final a  la posibilidad de hacerse cargo de las obras prometidas.

Pero a seis meses de los anuncios, los vecinos manifestaron sus críticas a la administración comunal, donde dijeron que los pasan  “de despacho en despacho” y “las soluciones no llegan”. Al respecto, señalaron que "lo que necesitamos no es que nos traigan el problema, sino que nos traigan la solución. Porque si no es como que nos pasan de despacho en despacho. Vivimos hablando con un montón de personas, pero la ayuda nunca llega”.

La constancia de los vecinos se ha traducido en innumerables gestiones administrativas que, hasta el momento, no han dado los frutos esperados. “Durante el año pasado y todo en lo que va de este año, hemos ido a la Municipalidad, a todos los despachos, y también hemos estado parados en la puerta de la intendencia con  dos secretarios del intendente, que muy amablemente tuvieron la paciencia de atendernos y hemos perdido horas ahí. Pero no nos vamos a rendir ahora, vamos a seguir yendo. Vamos a seguir golpeando las puertas”, sumaron.

Los vecinos recordaron los compromisos asumidos por los funcionarios del área de Obras Públicas, los cuales, dijeron, aún no se han materializado en el territorio. "Ellos quedaron en poder cumplir con un mantenimiento en el barrio, con la pasada de la pala por el zanjón de la esquina, donde vive una familia al borde de la vertiente por donde circulan todos los efluentes del barrio y juegan chiquitos", señalaron con preocupación, en referencia a autoridades comunales.

Asimismo, el estado de las arterias internas de los barrios representa un peligro constante, especialmente durante los días de precipitaciones. Los referentes barriales explicaron: “El inconveniente que tenemos en las calles de Charitos y algunas de Smata, es que no tienen el servicio de pala, por lo que cuando llueve nos inundamos”. La respuesta oficial, sostuvieron "fue que esas calles no están cedidas, y que entonces ellos por ley no pueden venir a hacer el mantenimiento con la pala, y si lo hacen es de gauchada".

Para los frentistas, la desilusión crece a medida que las promesas se dilatan en el tiempo y las soluciones no aparecen.  “Nos dicen que nos van a venir a visitar y no vienen. Y cuando se acercan, nos pasan el problema a los vecinos”, plantearon, para agregar que en reuniones que mantuvieron con autoridades, "nos dicen que no cuentan con los materiales para acomodar las calles, y que tampoco podrían hacerlo porque las calles no figuran dentro del plano. Como el alumbrado en las plazas, donde hay juegos pero no hay luz, y la verdad que son bocas de lobo a la noche".

Esta situación ha generado un profundo desgaste en la confianza de la comunidad hacia sus representantes políticos. “Fueron muchas promesas y la verdad que estamos cansados. Los concejales van a querer venir a visitar el barrio, como nos ha pasado en épocas de elecciones, y después no vienen más. Siento desde lo más profundo de mi corazón como vecina de Tandil que no me dan ganas de votar, que ya no tengo ganas de recurrir a ningún despacho más porque siento que están por un sueldo extraordinario." lamentaron.

“Lo triste de esto es que nos pasan de despacho en despacho y las respuestas son que no tienen el insumo, que no tienen piedra, que no tienen arena. Nos pasan el problema a nosotros, pero nunca está la solución. Ni siquiera de poder visitar el barrio, ni siquiera de poder venir y ver en la situación que están  las calles, en la situación que están los contenedores, que de nada sirven porque viene gente de todos lados a tirar heladeras, colchones, animales muertos, la verdad que es tristísimo”, concluyeron.

El Municipio de Tandil ya recolecta firmas con el objetivo de hacer oír la voz de los ciudadanos ante el Senado de la Nación y exigir  la continuidad del régimen de Zona Fría. La recolección de adhesiones se extenderá hasta el próximo martes a las 12 del mediodía, momento en el cual las planillas serán enviadas a la presidencia de la Cámara y a los titulares de los bloques legislativos. Además de 25 espacios comunitarios, a la campaña se sumaron los clubes Ferro, Gimnasia y Esgrima y Defensa, y de la Sociedad de Fomento Unión y Progreso.

Guillermina Cadona, subsecretaria de Coordinación de Gobierno dialogó con El Eco y explicó los alcances de la iniciativa. También hizo mención a la urgencia de la situación ante el tratamiento parlamentario previsto para este miércoles. "Se inició una campaña de firmas para seguir sosteniendo la ley actual de Zona Fría. Este miércoles se va a dar tratamiento en el Senado, ya tuvo tratamiento en Diputados, y lo que queremos es que los senadores tengan la voz de todos los tandilenses, como también la van a tener de los diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires", señaló la funcionaria.

La funcionaria enfatizó que la permanencia en este régimen no responde a una elección arbitraria, sino a una realidad climática innegable. "Que sepan que para los tandilenses no es un privilegio ser parte de la zona fría, que realmente Tandil es una ciudad fría, que es una cuestión geográfica por las cuales estamos dentro de la zona fría, y que queremos seguir sosteniendo eso", remarcó Cadona, quien además subrayó que el impacto económico es directo: "Ser parte de la zona fría implica para muchas familias tandilenses hoy un descuento entre el 30 y el 50 por ciento en la factura de gas. Por eso iniciamos una campaña de firmas".

La campaña cuenta con una amplia red de puntos de acceso para facilitar la participación de los vecinos. Según detalló la subsecretaria, las planillas están disponibles en más de 25 espacios municipales, incluyendo centros comunitarios como San Juan, Arco Iris, Maggiori, Villa Aguirre y Las Tunitas. También se puede firmar en el Espacio Nido, la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, la Dirección de Juventud, la mesa de entrada del Municipio, la Secretaría de Legales —junto al equipo de la OMIC—, el Banco Hipotecario y diversos espacios culturales.

La respuesta de la comunidad ha sido inmediata y creciente. "Pero a su vez hoy también nos encontramos con que muchos clubes nos llamaron para preguntarnos si podían también contar con las planillas para que la gente también pueda firmar y expresarse en esas instituciones, muchos comerciantes han venido a solicitarnos la planilla, así que se las hemos hecho llegar", destacó Cadona, quien añadió que el nivel de adhesión ha superado las expectativas iniciales del Ejecutivo local.

El argumento central del Municipio es que el beneficio no debe ser recortado, ya que se fundamenta en necesidades climáticas comparables a otras regiones del país. "El Senado tiene que escuchar la voz de los tandilenses. El subsidio no se mantiene. Nosotros hoy tenemos un descuento, no porque seamos privilegiados, sino porque somos una de las regiones con temperaturas climáticas más bajas. Tenemos las mismas temperaturas que tienen ciudades de la Patagonia o Malargüe en Mendoza", afirmó la subsecretaria.

Finalmente, desde el Gobierno local recordaron que el intendente y la OMIC han manifestado su postura en diversas audiencias públicas. "Sabemos lo que cuesta llegar a fin de mes y estamos hablando de entre el 30 y el 50 por ciento más. Es algo que va a impactar en los tandilenses. Va a impactar en todas las familias, en las familias tandilenses y en la familia de los diferentes municipios que hoy cuentan con este beneficio y es un beneficio que se da por zona geográfica. Entonces, no es un privilegio vivir en ciudades de zona fría y eso es lo que queremos que se sostenga y lo que buscamos es que se siga manteniendo este beneficio", concluyó Cadona.

Dependencias y espacios para firmar:

* Centro Comunitario San Cayetano – Independencia 2062 –

* CIC La Movediza – La Pastora 1013 –

* Centro Comunitario Villa Aguirre – Aeronáutica Argentina 2400

* Centro Comunitario Selvetti – Caseros 1775

* CIC Tunitas – De Los Granaderos 198

* Centro Comunitario Belgrano – Chaco 750

* Centro Comunitario San Juan – Tucumán 598

* Centro Comunitario Maggiori – Vela 1895

* Centro Comunitario Metalúrgico – Kramer 250

* Centro Comunitario Villa Italia – Sáenz Peña 626

* Centro Comunitario Cerro Leones – Juan Basso Aguirre s/n

* Centro Comunitario 21 de Abril – Pasaje Salceda 724

* Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat – Av. Del Valle 757

* Casa de la Juventudes – 11 de septiembre y Arana

* Secretaría Legal y Técnica (OMIC) – Chacabuco 383 –

* Delegación Vela – Av. Tandil 575 –

* Palacio Municipal – Belgrano 485

* Palacio Martín Rodríguez (Ex Banco Hipotecario) – Belgrano 417

* Centro Cívico de Palermo – Av. Actis y Casacuberta –

* Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario – Av. Actis 1991 (esquina Muñiz)

* Teatro de la Confraternidad – 4 de abril 1371

* Espacio Multicultural – Chacabuco 515

* Centro Socio Cultural San Pacífico – Sáenz Peña 751

* Espacio Nido Movediza – Azucena 1450

* Ferro - Colon y Arana - de 10 a 22 hs

* Unión y Progreso - Quintana 450  - de 17 a 20 hs de lunes a viernes

* Gimnasia y Esgrima - Sarmiento 139 - de 16 a 20 hs de lunes a viernes

* Club Defensa - Rivadavia 351  - de 15 a 20 hs

A más de 200 días de que el gobierno nacional no aplica la Ley de Financiamiento Universitario, los docentes de la Unicen llevan adelante una semana de paro, que se extiende desde el pasado martes 26 al viernes 29 de mayo. La medida de fuerza incluye diversas actividades abiertas a la comunidad, tales como ollas populares, un semaforazo en la sub sede Olavarría y clases públicas a cargo de  las facultades de Ciencias Sociales, Arte, Ciencias de la Salud, Agronomía y Ciencias Humanas.

Verónica Gargiulo, secretaria general de Adunce -el gremio que nuclea a los docentes de la Unicen- explicó el alcance de la medida y la postura del sector frente a la falta de respuestas. Al respecto, la dirigente sindical afirmó: "Seguimos visibilizando la situación y reclamando que el gobierno nacional cumpla con la ley. Ya con una situación que lo venimos diciendo hace bastante, de que estamos en una situación terminal. Los trabajadores no damos más".

La referente gremial detalló el impacto directo que tiene la falta de actualización salarial en la vida cotidiana de los docentes. "Están en riesgo cuestiones alimenticias, está en riesgo el poder asumir mensualmente el alquiler. Porque los salarios no aumentan, no mejoran y la vida se encarece. Esto lo estamos viendo mensualmente", sostuvo Verónica Gargiulo.

En relación con la falta de diálogo con las autoridades nacionales, la secretaria general de Adunce manifestó: "Por otra parte, parecería como que no hay interlocutor, o hay un interlocutor ausente, no solo del reclamo universitario, sino de todos los reclamos que se están este dando. En realidad no es ausente, en realidad está, lo que pasa que está trabajando para un sector minoritario, con un desprecio desde lo verbal hasta las políticas que llevan adelante para la ciudadanía".

El conflicto, que ya lleva más de 220 días de espera por la aplicación de la normativa, ha llevado a los trabajadores a buscar distintas vías de resolución. "Es un gobierno que no escucha no solo a las organizaciones sindicales, sino que no escucha a la justicia. Hace más de 220 días que debería haber aplicado la ley", enfatizó la dirigente.

Sobre las estrategias a seguir, Verónica Gargiulo señaló: "Un camino es el judicial. Y por el otro lado está el camino que venimos construyendo desde este la fuerza de los trabajadores. Nos está poniendo en un brete importante porque las herramientas, los aprendizajes para la lucha que tenemos históricamente, parecerían como que no están dando resultados".

No obstante, la secretaria general de Adunce advirtió que la aplicación de la ley es solo un paso necesario, pero no suficiente para resolver la crisis estructural del sistema universitario. "De todas maneras estoy convencida que el resultado de que se aplique la ley es un resultado momentáneo. Acá tenemos que estar hablando a plazos mayores. Sabemos que esto no se resuelve con la aplicación de la ley, o con un llamado a paritarias", argumentó.

Finalmente, la representante gremial concluyó que el debate debe trascender la coyuntura económica inmediata. "Esto no alcanza con la aplicación de la ley porque hay que pensar para adelante en un proyecto de país. Podemos mejorar nuestros nuestros salarios como trabajadores, pero si paralelamente o en conjunto no estamos pensando como parte importantísima para el desarrollo de este país, no serviría de nada resolver esto del momento", sentenció.

De cara al futuro inmediato, el gremio ya tiene programadas nuevas instancias de deliberación. El 5 de junio, los docentes participarán de un plenario de la Conadu para evaluar la continuidad del plan de lucha durante el resto del cuatrimestre y analizar el panorama para el segundo semestre en las universidades nacionales, manteniendo siempre la voluntad de articular acciones con el resto de los sectores de la comunidad universitaria.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Tandil expresó su profunda preocupación por el impacto que, según señalaron, está generando el ajuste implementado por el Gobierno nacional sobre el sistema de salud pública argentino.

A través de un comunicado, la organización gremial denunció el desmantelamiento de programas esenciales, la reducción de prestaciones y el abandono de políticas sanitarias que consideran fundamentales para garantizar el acceso a la atención médica.

Desde el sindicato remarcaron que “la salud es un derecho humano fundamental” y advirtieron que, desde la asunción del presidente Javier Milei, se profundizó un proceso de recorte que afecta directamente el acceso a medicamentos, vacunas y servicios de salud para millones de argentinos.

Entre los aspectos más críticos, se mencionó el desmantelamiento del Programa Remediar, la crisis que atraviesa el PAMI y la falta de provisión de vacunas por parte del Estado nacional.

Además, el gremio alertó sobre el agravamiento de la crisis social y sanitaria en el contexto del invierno, y sostuvo que el deterioro de las condiciones de vida impacta con mayor fuerza sobre los sectores más vulnerables de la población.

En ese sentido, también señalaron la ausencia de políticas públicas de salud mental en un escenario social que describieron como cada vez más complejo.

Finalmente, desde ATE Tandil afirmaron que “ajustar sobre la salud es criminal” y consideraron que el retiro del Estado nacional profundiza las desigualdades y pone en riesgo derechos fundamentales de toda la población.

En ese marco, exigieron al Gobierno nacional que garantice políticas públicas orientadas a proteger la salud y la vida del pueblo argentino.

Pese a que se había anunciado que a partir del lunes 4 de mayo un delegado de la regional Mar del Plata viajaría a la ciudad para hacerse cargo de manera provisoria de la oficina local de PAMI, hasta el momento la iniciativa no se concretó. Desde la Unidad de Gestión Local (UGL), de la que depende Tandil, aguardan el aval de la central de la obra social para formalizar la medida.

“Depende de Central”, aseguraron fuentes oficiales.  Desde Mar del Plata enviaron a Central el nombre de quien comenzaría a viajar a Tandil, pero al momento esperan por la confirmación de las autoridades nacionales.

Cabe recordar, desde diciembre pasado que la oficina local de PAMI se encuentra sin jefe, tras la salida de Martiniano Corbetta, quien renunció para asumir como concejal del bloque Acción Tandilense / La Libertad Avanza.  Los libertarios locales –conducidos por Gonzalo  Santamarina-, elevaron a PAMI Central un nombre para ocupar el cargo, sin embargo la propuesta no prosperó.

Jubilados de la ciudad manifestaron las complicaciones derivadas de no contar con responsable a cargo de la oficina local. Entre otras, demoras en trámites y la asignación de turnos.

La problemática se suma a la de los médicos de cabecera: al igual que en otras partes del país, profesionales locales de la cartilla de PAMI llevaron a cabo una medida de fuerza por 72 horas. Fue en reclamo por ajustes sobre el pago de las prestaciones.

Pero además, las localidades rurales de María Ignacia y Gardey se encuentran ante una compleja situación por no contar con médico de cabecera. El profesional que atendió durante años en Vela dejó su cargo. Pese a que anticipó su renuncia meses antes, al momento no se cubrió la vacante.

Un grupo de docentes universitarios de las facultades de Ciencias Veterinarias, Ciencias Humanas y Ciencias Exactas llevaron a cabo una olla popular y una charla referida a estudios recientes sobre el estado del agua en la ciudad. Fue para continuar haciendo público un reclamo doble: por la Ley de Financiamiento para las universidades, y por la continuidad de políticas estatales para la ciencia pública. A nivel local, contaron, hay científicos que deben agruparse para poder comprar reactivos que antes solventaba el Estado.

“Nosotros teníamos dos proyectos aprobados desde el 2022 para financiar investigaciones, y se cancelaron directamente. Después se abrieron convocatorias, pero nunca se cerraron y nunca se informaron. Quedó todo trunco. Los análisis no los podemos pagar de nuestro sueldo. Buscamos y estamos todo el tiempo presentándonos a  proyectos afuera. Pero es muy complejo acceder a esos proyectos de por sí y afuera mucho más. También desarrollamos un servicio para terceros, y hacemos cosas complementarias para poder pagar los estudios y comprar los reactivos. Y nos vinculamos con otras personas. Compramos entre varios un reactivo estándar y podemos hacer alguna medición”, expresó una de las docentes de Veterinarias que participó de la jornada.

La actividad se realizó en la esquina de Pinto y Rodríguez y formó parte de una serie de propuestas que los docentes impulsaron en el último tiempo con motivo de exigir al gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En el mismo sentido se habían manifestado días atrás los docentes de Adunce y los no docentes de Atuncpba junto con estudiantes de diferentes casas de estudios.

Sobre la Plaza, los docentes y vecinos que acompañaron la iniciativa hicieron una olla popular en la que compartieron tortas fritas y entregaron panfletos para visibilizar su reclamo. “Esto es para manifestar el tema de la falta de financiamiento, del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y para que la gente sepa lo que está pasando con la universidad y las ciencias en Argentina”, señalaron desde la organización.

La actividad principal de la jornada fue la “Charla Abierta sobre la contaminación del agua en Tandil”, que estuvo a cargo de la Dra. Estefanía Paz. La docente e investigadora de Conicet – Unicen dio a conocer adelantos de estudios recientes sobre el agua potable en la ciudad, pero en diálogo con El Eco también compartió las dificultades que atraviesan los científicos locales tras los recortes en financiamiento.

“Yo identifico compuestos farmacéuticos en agua potable y es algo muy caro y muy difícil de llevar adelante sin financiamiento”, señaló Paz. La investigadora detalló que se dieron de baja el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FonCyT), los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) y los Proyectos de Investigación Plurianuales (PIP).

Desde su grupo interdisciplinario de investigación, detalló, contaban con proyectos aprobados desde el 2022 pero que se cancelaron. Las convocatorias abiertas posteriormente, sostuvo, “nunca se cerraron y nunca se informaron”, por lo que “quedó todo trunco”.

Sin la posibilidad de afrontar la compra de reactivos y los análisis de su propio bolsillo, los investigadores recurren a rebusques: realizan servicios para terceros y hasta se agrupan para poder comprar insumos entre varios científicos.

Aun en un marco complejo para el sector, los investigadores lograron concretar algunos estudios. En su caso, contó Paz, concretó análisis durante el 2025, de los cuales presentó adelantos en un congreso realizado en Mar del Plata. La científica analizó compuestos farmacéuticos en el agua corriente de la ciudad, tomando muestras de la red formal.

“Es una medición que pagamos con restos de plata que nos quedaba. Son estudios para la gente, hechos con subsidios públicos para la gente. Tenemos números en cuanto a nitratos y en cuanto a compuestos farmacéuticos también”, adelantó sobre resultados que darán a conocer en el corto plazo.

Durante la charla abierta, la investigadora desarrolló también algunos aspectos vinculados a los nitrato y al arsénico. Además, abordó el “circuito del agua urbana” e invitó a la referente Graciela Canziani para compartir aspectos vinculados a los pedidos de informes elevados a organismos estatales a cargo del control del agua en la ciudad y la región.

Docentes, no docentes y estudiantes de la Unicen montaron una carpa en la esquina de Pinto y Rodríguez, donde llevaron adelante clases públicas, charlas y conversatorios para continuar haciendo público el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Cabe recordar, pese a haber sido aprobada en Diputados y Senadores hace 189 días, el gobierno nacional aun no hizo efectiva la normativa.

La “Carpa por la Universidad y la Soberanía” fue montada sobre la Plaza Independencia desde la mañana del martes 28. “Milei, cumplí con la Ley de Financiamiento Universitario”, decía la pancarta principal. La actividad fue impulsada por Adunce –gremio de docentes-, Atuncpba –gremio de no docentes-, la Federación Estudiantil y ATE Conicet.

La carrera de Relaciones Internacionales organizó la charla “Desarrollo político y económico del sistema internacional”, la cual estuvo a cargo de la doctora Elizabeth López y contó con una destacada asistencia. “Hoy nos encontramos en la calle llevando adelante esta carpa por la universidad y la soberanía. Es una acción que se realiza en todo el país para seguir visibilizando que hace 189 días de que no se aplica efectivamente la Ley de Financiamiento Universitario, en el marco de una semana de paro total de actividades de la docencia en las universidades nacionales”, contó Verónica Gargiulo, secretaria general de Adunce.

La fecha de la actividad coincidió además con el 32do aniversario del gremio. “Son 32 años con el mismo compromiso desde que este gremio comenzó”, expresó Gargiulo al respecto.

La carpa por la universidad y la soberanía se sumó así a la lista de manifestaciones públicas que los universitarios impulsaron en la ciudad, muchas encuadradas en otras de nivel nacional. Además de paros hubo otras instancias de clases públicas, volanteadas, semaforazos y marchas en pos de visibilizar una demanda que también varió: el ajuste al sector, el reclamo por el presupuesto para el funcionamiento, luego la aprobación de la Ley de Financiamiento y en el presente la aplicación efectiva de dicha Ley.

La jornada del martes culminó con un conversatorio en el que docentes, no docentes y estudiantes pusieron en común sus diferentes realidades, de cara a lo que será una nueva marcha federal universitaria, convocada para el próximo 12 de mayo.

Otra de las propuestas de la jornada del martes 28 fue la charla pública “La paradoja de la soberanía del conocimiento”. La misma estuvo a cargo de Javier Blanco, profesor titular en la carrera de Computación de la Universidad de Córdoba, y director de la maestría Tecnología, Política y Cultura. Blanco fue también dirigente gremial, y concurrió a la ciudad invitado por Adunce para compartir sus conocimientos pero también para abrir un debate en torno al rol de la universidad pública en un contexto de profundas transformaciones.

Previo al conversatorio, el docente dialogó con El Eco. “Perder el tren ahora nos va a dejar en un lugar de muy difícil recuperación”, sostuvo sobre un presente marcado por dos aspectos: los avances tecnológicos que impactan en la producción de conocimiento, y el ajuste presupuestario a la universidad pública.

-Está invitado por Adunce a esta actividad que es de reclamo pero también involucra clases públicas. ¿Cuál es la propuesta de su charla sobre “La paradoja de la soberanía del conocimiento”?

-Javier Blanco: Lo que es conocimiento se ha transformado mucho. Dobre todo en este momento transformación tecnológica, por lo que hace que esa idea de soberanía haya que repensarla y redefinirla. No sigue siendo lo mismo que en otros momentos.

La soberanía del conocimiento es algo que siempre ha estado en tensión en nuestros proyectos. La producción de conocimiento en las universidades y en los espacios de investigación son coloniales, en el sentido de que están ordenadas desde afuera por editoriales, o centros de investigación grandes que marcan las líneas de investigación que después se siguen desde acá.

Termina siendo un sistema que no le sirve a nadie básicamente, excepto a los investigadores para sumar currículum. No digo que eso no tenga que existir, lo que digo es que hace falta repensar ese ecosistema de producción de conocimiento en otra clave.

-¿Incluso en este contexto donde el reclamo es más general en torno al financiamiento de la ciencia argentina y el financiamiento de las universidades?

-Son reclamos válidos en un contexto horrible, porque lo que hay es un recorte directamente, sin vueltas. Por lo que ha pasado en el Conicet y ni hablar con la parte de financiamiento de la producción de conocimiento, de ciencia y técnica, que ha sido completamente recortada. Becas, subsidios que son indispensables porque ciertas áreas necesitan insumos para investigar,

Ese recorte es una decisión política que tiene implicaciones terribles, sobre todo a mediano y largo plazo. Porque es justamente perder soberanía, una gran parte de soberanía en un momento en el cual se está transformando tanto el sistema de producción de conocimiento. Y perder el tren ahora nos va a dejar en un lugar de muy difícil recuperación.

Es un momento no solo para la resistencia y la defensa del sistema científico, sino también para pensar qué tipo de instituciones necesitamos en lo que viene. En un contexto en el que, como dijo un filósofo, la producción del conocimiento en breve va a ser mayoritariamente hecha por sistemas cognitivos no humanos. Las llamadas inteligencias artificiales producen conocimiento y esa producción va a superar en cantidad a la producción humana en breve.

En la celebración por el 117mo aniversario del Hospital Ramón Santamarina, el Intendente Miguel Lunghi anunció que el Municipio invertirá 540 millones de pesos para continuar la construcción de los Consultorios Externos de Paz y Pellegrini. Se trata de una obra fue suspendida por el actual gobierno nacional cuando llevaba un 50 por ciento de avance. La empresa a cargo de la licitación debe aceptar la propuesta comunal, que proyecta además desarrollar a futuro pisos superiores con nuevos consultorios en el lugar. 

“Algunos nos tratan de ineficientes. Que nos traten como quieran, estamos en democracia. Pero también el Hospital a sus 117 años está recibiendo regalos”, expresó Lunghi. Luego agregó detalles de la iniciativa y destacó la importancia de los consultorios en la descompresión del Hospital Municipal.  “El Municipio, con plata de los tandilenses, con 540 millones de pesos, va a continuar la obra de los Consultorios Externos. Para nosotros es muy importante, porque le va a sacar movimiento al Hospital y lo va a trasladar a Paz y Pellegrini. Esto es bueno para un hospital que trabaja más descongestionado, con menos ruido, con menos movimiento”, aseguró.

El Intendente hizo mención al abandono de la obra tras la asunción del actual gobierno nacional en diciembre de 2023.  “Fue suspendida la obra. A mi modo de ver, totalmente fuera de lugar por el gobierno nacional que la paralizó cuando estaba el convenio firmado y estábamos alrededor del 50 por ciento de construcción en una licitación totalmente transparente sin ningún tipo de problema. No puede ser que se deje de lado algo que sea para la salud o algo que sea para la educación por el solo hecho de mirar la parte financiera”, sumó.

Tras el acto de celebración por los 117 años del Hospital Municipal, el Intendente dialogó con El Eco y confirmó que el monto a invertir será de 540 millones de pesos. La iniciativa ya figuraba como un ítem dentro de la ordenanza de Presupuesto 2026, y de acuerdo a lo que transmitió Lunghi, los montos son de libre disponibilidad. El Municipio ofrecerá a la empresa que tenía a cargo la licitación continuar el trabajo por el valor mencionado. En el caso de que la firma no acepte, podría abrirse una nueva licitación.

Se trata de la segunda etapa de una obra que hasta diciembre pasado llevaba un 50 por ciento de avance, y que la Comuna proyecta finalizar. Además, prevé dejar las bases para posibles continuidades a futuro, en particular otros consultorios en pisos superiores.

La de los Consultorios Externos no fue la única obra anunciada por Lunghi durante la mañana del sábado 25 en el Hospital. “En pocas semanas estaremos inaugurando una Sala de Partos nueva. Después se va a hacer la transformación y la remodelación de la Sala de Maternidad, de la que están comprados los materiales y la mano de obra licitada. Y también modernizar la Sala de Cirugía y la Sala de Clínica”, concluyó.

Jubilados y jubiladas de la ciudad realizaron un cortejo fúnebre a la oficina local de PAMI Tandil para denunciar la compleja situación que viven con la obra social. Entre otros, demoras con medicamentos e insumos y problemas con médicos de cabecera. Además, hicieron mención al impacto de los ajustes en la salud pública. La crisis a nivel local se ve agravada ya que la delegación Tandil se encuentra sin jefe.

“Estamos de duelo porque nos están sacando los medicamentos”, expresaron los jubilados en el interior de la oficina, a la que ingresaron por unos minutos. "Sabemos que el único objetivo que tiene este gobierno es que le cierren las cuentas a cero. Para que las cuentas le cierren al cero tiene que recortar, recortar y recortar y achicar, achicar y achicar. El PAMI está en crisis y en Tandil tenemos un agravante que es que desde el 10 de diciembre no hay nadie acá en la jefatura de esta oficina. Por eso, se demoran más los trámites. Sacar un turno con un especialista lleva mucho tiempo. Con suerte si se consigue", sumaron.

La concentración se inició a las 9:30 en la esquina de Pinto y Rodríguez. Los jubilados, tras la bandera de Amalu (Adultos Mayores en Lucha), caminaron hasta la sede de la obra social, en silencio, emulando un cortejo. Lo hicieron vestidos de negro y portando cintas fúnebres.

La movilización se produjo en el marco del tercer día de paro de los médicos de cabecera, quienes reclaman por los constantes recortes que sufre el sector. Una vez dentro de la oficina de la calle Pinto, los jubilados tomaron la palabra para exponer la cruda realidad que enfrentan a diario. 

La situación en Tandil presenta un agravante institucional de peso. Desde que Martiniano Corbetta dejó su cargo para asumir como concejal el pasado 10 de diciembre, la oficina local de PAMI permanece sin un jefe designado. Esta acefalía, según denunciaron los presentes, ralentiza todos los procesos administrativos y agrava la falta de respuestas ante las urgencias de los afiliados. La ausencia de una autoridad responsable en el distrito se traduce en demoras insostenibles para trámites que, en muchos casos, definen la calidad de vida de los adultos mayores.

 "Este luto simbólico que llevamos hoy es por todos los que se fueron antes que los que se tenían que ir y porque sabemos que muchos más se van a ir antes", manifestaron con dolor. La protesta no solo buscó señalar las deficiencias actuales, sino también alertar sobre las consecuencias fatales que el ajuste en salud tiene sobre la población más vulnerable de la ciudad.

 "No nos movilizamos porque nos guste vestirnos de negro, ni hacernos visibles, ni que nos saquen fotos, ni nada de eso. Cualquiera de nosotros hubiera deseado participar en la vida social y en la vida política en otros aspectos y no en este. Pero venimos a pelear por los jubilados porque es la vida de muchos de nosotros la que está en juego", sentenciaron.

Además, los jubilados manifestaron su solidaridad con los trabajadores de la oficina, destacando su predisposición a pesar del contexto de ajuste. "Sabemos de la buena voluntad y el deseo que tienen los trabajadores, nuestros compañeros de la clase trabajadora, empleados estatales que están en PAMI, que tienen un una gran disposición a trabajar, a servirnos y estar al servicio", señalaron, reconociendo que el personal administrativo también padece las consecuencias de la crisis.

El diagnóstico de la situación prestacional en la ciudad es alarmante. Los jubilados denunciaron que la red de contención primaria se está desmoronando. "No tenemos medicamentos, no hay médicos de cabecera porque están renunciando", explicaron, vinculando esta situación directamente con la política económica del gobierno nacional. 

Finalmente, advirtieron sobre el inminente colapso del sistema sanitario local si la obra social no normaliza sus servicios. El temor es que la falta de atención en PAMI derive en una saturación de los centros de salud comunitarios y del Hospital público. "Si acá en Tandil no se pueden atender en donde corresponde, ¿A dónde van a ir las personas? A la sala, al centro de salud y al Hospital. Va a explotar el sistema de salud. Estamos levantando la voz no solo por los jubilados de PAMI, sino también por todo el Sistema de Salud de porque esto va camino a ser un desastre y como sabemos que va a ser un desastre si no nos organizamos y no permanecemos firmes", concluyeron, reafirmando que la lucha continuará hasta obtener respuestas concretas.

Organizaciones nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular de Tandil (UTEP) hicieron una reunión pública para manifestarse en contra de la eliminación del Salario Social Complementario. La medida anunciada por el gobierno nacional afecta a más de 900 vecinos de la ciudad que se desempeñan en cooperativas de construcción, limpieza de espacios públicos, recuperación de residuos,  comedores e instituciones de acompañamiento personas con consumos problemáticos. Hasta abril, percibieron un monto de 78 mil pesos mensuales por su labor.

“Estamos manifestándonos ante una política nacional de ajuste y desmantelamiento sobre el Salario Social Complementario. Es una política que surgió en el 2017 para los sectores de la economía popular como una base de garantía, un piso que conquistó la clase trabajadora super invisibilizada. Gente que en su mayoría habita los comedores, en las cooperativas”, expresó Valeska Galaz, referente del MTE Tandil.

El encuentro se llevó a cabo en la Plaza Independencia, y comenzó poco después de las 10 del martes 7 de abril. Contó con la adhesión  de ATE, SUTEBA, la CTA de los Trabajadores, ADUNCE, Patria Grande, el Movimiento Evita, la Biblioteca Popular de Mujeres, y el Observatorio Social de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN, entre otros.

“Estamos como gremio UTEP interpelando a diferentes sindicatos y organizaciones a lograr esta unión de los gremios de la clase trabajadora, no solo de la economía popular, sino también de los adultos mayores, compañeras del Movimiento Evita, compañeras de La Garganta Poderosa, todas las organizaciones que hacen el trabajo en el territorio a poder unirnos”, planteó Galaz. 

"Si bien el Salario Social Complementario es una política estatal nacional, el Municipio de Tandil necesita hacerse cargo de que somos ciudadanos que vivimos en esta ciudad, que habitamos esta ciudad que contenemos las problemáticas en los barrios de esta ciudad", sumó la referente.

El impacto en los barrios y el rol de los comedores

En el marco de la conferencia pública, los referentes de las distintas organizaciones dieron cuenta de la situación en los barrios de Tandil, la complejidad frente a los recortes de las obras públicas vinculadas a la integración sociourbana, y la realidad de los jubilados. Uno de los puntos centrales fue la dificultad de que atraviesan los comedores para subsistir y continuar brindando asistencia a vecinos y vecinas. 

 “¿Qué va a pasar si los comedores se quedan sin los ingresos que teníamos y cada vez son menos compañeras? Cada vez somos menos los que estamos conteniendo”, señaló Galaz.

A nivel local, la cifra de afectados es precisa y alarmante. "En Tandil son afectados alrededor de 950 trabajadores de la economía popular, que son los compañeros que trabajan en el territorio, en los comedores, en las cooperativas de construcción, en las cooperativas de cartoneros, en las cooperativas que tienen de producción de alimentos, en las de medio ambiente", detalló Galaz, dimensionando la escala de un conflicto que abarca múltiples rubros productivos y de servicios esenciales.

Otro de los ejes de la jornada fue el combate contra los discursos que pretenden deslegitimar la labor de las organizaciones sociales. Los referentes coincidieron en que existe una campaña de desprestigio que busca presentar a los trabajadores del sector como personas que no desean insertarse en el mercado laboral, ignorando que la economía popular es, en muchos casos, la única respuesta posible.

"Esto es también para que los vecinos y la sociedad de Tandil sepa todo el trabajo que se realiza. Por eso los compañeros están exponiendo qué se realiza desde cada frente de organización, porque a veces nos parece como que es muy fácil decir ‘estos negros planeros’ cuando en realidad trabajamos un montón, por eso no nos resignamos a no volver al trabajo. Si nosotros siempre tuvimos trabajo, siempre generamos trabajo, siempre estuvimos organizando el trabajo", enfatizó Galaz frente a los medios presentes.

"Sigue habiendo esta estigmatización a organizaciones sociales solo por cobrar un salario social complementario que es un derecho que quedó congelado en 78 mil pesos. En su momento lo habíamos ligado al salario mínimo vital y móvil, pero Milei lo desligó. Entonces cada vez como que se van recortando más políticas para el sector laburante. Esto que implica que cada vez haya más gente en situación de informalidad que es empleada, porque esos 78mil pesos hacen una diferencia para muchas familias de la ciudad. y tienen que ir a buscar otras formas de subsistencia", concluyó la referente del MTE.

El gobierno nacional anunció el fin del Salario Social Complementario y su reemplazo por el Programa Volver al Trabajo. “Tiene como finalidad desarrollar y consolidar un nivel de competencias sociolaborales para sus beneficiarios que les permita alcanzar un nivel de empleabilidad inicial real y mejorar sus oportunidades de inserción laboral”, marca la información oficial al respecto. Las organizaciones sociales rechazan dicha medida.

El pasado viernes, personal de la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo de Nación llevó a cabo una asamblea ante la incertidumbre sobre el posible cierre de la oficina local. Sin embargo, desde la jefatura del organismo plantearon que no cuentan con información oficial al respecto, y que pese a la consulta elevada a autoridades provinciales y nacionales, a la fecha no obtuvieron respuesta.

En paralelo, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), y la Mesa Intersindical Tandil convocaron para el próximo jueves 26 de marzo a las 18 a una movilización a la sede ubicada en 9 de Julio 860.

De parte de la jefatura de la Agencia Territorial indicaron que recibieron a representantes de los trabajadores para escuchar los planteos del personal. En el marco de la reunión se intercambiaron posiciones, entre otras cuestiones sobre la posibilidad de que desde Nación implemente un nuevo organigrama para la Secretaría. Sin embargo, sobre ese aspecto las autoridades locales contaban con información.

“No tenemos ningún tipo de información desde el punto de vista oficial”, transmitieron desde la jefatura de la oficina local a El Eco de Tandil. Pese a contactos con autoridades superiores del mismo organismo, al momento no hubo tampoco comunicaciones al respecto.

En el caso de concretarse, el cierre de la agencia territorial sería otra de las acciones del gobierno nacional en función de la anunciada “reestructuración” del Estado. En Tandil se concretó, por ejemplo, en el fin del Centro de Referencia, que dependía del exMinisterio de Desarrollo Social de la Nación.

Dicha oficina estaba ubicada en calle Las Heras 784 y contaba con personal abocado a la atención directa tanto de políticas públicas del mencionado Ministerio como de la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (SENNAF), la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el Ministerio de Mujeres. El cierre del CDR se concretó en mayo de 2024. 

El despido de trabajadores motivó la presentación de parte de los gremios de medidas cautelares solicitando la reincorporación del personal. En septiembre pasado, el Juzgado Federal de Azul resolvió a favor de dos trabajadoras, de las que ordenó que regresen a sus puestos laborales.

Abrazo a la Agencia

Cabe recordar, fue el pasado viernes 20 de marzo cuando los trabajadores de la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo de la Nación se declararon en “estado de alerta” ante el posible cierre de oficinas municipales, entre otras la que funciona en Tandil en calle 9 de Julio 860.

Desde medios nacionales habían informado de la posibilidad de que el gobierno nacional avance en tal sentido, lo que activó la movilización de trabajadores. En la ciudad, el cierre del organismo supondría la pérdida del empleo para más de 30 familias.

La situación derivó en una asamblea de la que participaron representantes de diversos gremios locales, nucleados en la Mesa Intersindical Tandil. Luego del encuentro, los presentes emitieron un comunicado en el que marcaron su preocupación por la pérdida de las fuentes laborales. Pero a su vez, dieron cuenta de que el cierre supondría no solo la reducción de estructuras administrativas, sino también el retiro del Estado en funciones que consideraron esenciales en el ámbito local.

En ese sentido plantearon que la presencia del organismo en el territorio cumple un rol clave en el acompañamiento a trabajadores, la garantía de derechos y la implementación de políticas públicas vinculadas al empleo.

A la espera de definiciones oficiales, desde la Mesa Intersindical Tandil convocaron a una “Concentración y abrazo” para exigir “no al cierre de la agencia de Trabajo” y “Ni un despido”. La movilización será el próximo jueves 26 de marzo a las 18 en la propia sede de la Agencia, en 9 de Julio 860.

Por mayoría –el proyecto no fue acompañado por Acción Tandilense/La Libertad Avanza-, el Concejo Deliberante se pronunció en repudio al “inminente cierre de la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social”, y alertó por el “impacto negativo que dicha medida generará en el acceso y resguardo de los derechos laborales de los vecinos y vecinas de Tandil”.

Cabe recordar, en los últimos días trabajadores alertaron por el posible cierre de la oficina local de Trabajo. En el caso de concretarse la medida, no solo más de 30 tandilenses perderían el empleo, sino que correrían peligro las políticas públicas que acompañan a Pymes y a trabajadores.

Por tal motivo la comisión de Labor Parlamentaria –junto con la comisión de Trabajo y Producción, presidida por Marcos Nicolini-, elevó la iniciativa para plantear el repudio ante la posibilidad de que se lleve a cabo el cierre. Personal de la oficina local y referentes de ATE Tandil concurrieron al recinto con carteles en los que manifestaron “No al cierre de la Agencia Territorial Tandil”.

El debate se centró entre Fuerza Patria y Acción Tandilense/La Libertad Avanza. Como parte del primer bloque, Rogelio Iparraguirre planteó consideró que “si dejamos pasar esto por altos, sin más estaríamos cometiendo un error. No es el cierre de una oficina más, es el cierre de una agencia del Estado nacional que tiene que ver ni más ni menos que con el entramado productivo y el trabajo en un momento de crisis y recesión”. Al respecto, amplió marcando que según datos oficiales se registró el cierre de más de 22 mil Pymes.

Pero además, Iparraguirre hizo referencia al concejal Gonzalo Santamarina, y su paso como director de la Oficina Regional de Trabajo durante la gestión de Mauricio Macri en la presidencia. “Nos contaba las bondades de estas agencias territoriales. Si hay una persona que puede decir lo que significa el cierre de la agencia territorial es quien fue el jefe de esto y nos encontramos con un silencio absoluto de su parte”, expresó el concejal.

Quien contestó de parte de Acción Tandilense/La Libertad Avanza fue el jefe de bloque, Federico Sánchez Chopa, quien sostuvo que al momento no existe información oficial sobre el posible cierre de la oficina. 

“Cada noticia es como que nosotros somos los culpables de absolutamente todos los males que tiene la Argentina”, indicó el concejal, quien agregó que se manifestarán al momento de que exista información oficial. “Mientras tanto, son titulares, y bien que hemos discutido acá sobre titulares en algunos medios”, subrayó.

 “Llegado el caso, obviamente que escucharemos a todos y daremos la batalla que tengamos que dar siempre pensando en el mismo concepto, que lamentablemente en una Argentina de crisis tenemos que buscar las mejores herramientas para tratar de sacar lo máximo posible”, concluyó.

Docentes universitarios y pre-universitarios de la Unicen comienzan este lunes 16 de marzo un paro que se extenderá hasta el próximo lunes 23 de marzo. La medida de fuerza se anunció al cumplirse cuatro meses de que el gobierno nacional no aplica la Ley de Financiamiento Universitario,  aprobada por el Congreso, la cual obliga a recomponer sueldos.

Desde Adunce –el gremio que nuclea a los docentes de la Universidad del Centro-, transmitieron datos que dan cuenta de la situación a nivel local: la gran mayoría cobra alrededor de 250 mil pesos, y hay 515 educadores que reciben garantía salarial y desde un año atrás no perciben aumento.

La realidad de los docentes de la Unicen se enmarca en la que también afecta a los del conjunto de las universidades nacionales. De acuerdo a la información de Adunce, desde diciembre de 2023 a la fecha, los universitarios perdieron más del 50 por ciento de su salario. En encuestas realizadas recientemente, relevaron que más del 90 por ciento de estos docentes tiene más de un trabajo.

Cabe recordar, los reiterados reclamos en las casas de altos estudios se extienden también a los investigadores, por la reducción en financiamiento a la ciencia pública, y a los estudiantes, por el ajuste en las becas.

“Hacemos paro para denunciar el incumplimiento de la ley, porque con estos salarios se está destruyendo la universidad pública, y por el recorte de becas estudiantiles”, señalaron desde Adunce en una publicación realizada a través de sus redes sociales. “Defender el salario docente es defender la universidad pública. La educación es un derecho”, agregaron.

Tras idas y vueltas, vetos presidenciales y marchas que coparon las calles de todo el país, el Congreso Nacional aprobó a fines de 2025 la Ley de Financiamiento Universitario. Entre otros aspectos, obliga a recomponer parte del salario docente perdido desde 2023, gastos de funcionamiento y becas estudiantiles.

Sin embargo, a la fecha el gobierno nacional no la aplicó, pero en febrero pasado envió al Congreso una nueva ley para modificarla. Por tal motivo, gremios de docentes de universidades nacionales de todo el país anunciaron la medida de fuerza que proyectan repetir a fines de marzo y a fines de abril. En concreto, a la semana del 16 de marzo sumarán paros la semana del 30 de marzo y la del 27 de abril. A su vez, propusieron para el próximo 23 de abril una nueva Marcha Federal Universitaria, que acompañarán con carpas “por la universidad y la soberanía”.

Tales resoluciones se tomaron en el último Congreso Extraordinario de Conadu, que determinó un plenario en sesión permanente con seguimiento de las acciones para darle continuidad al plan acordado. “El plenario podrá declarar  de forma urgente el paro si la modificación de la Ley de Financiamiento Universitario entra en tratamiento en comisiones”, agregaron.

“El gobierno no se niega a cumplir esta Ley de Financiamiento que supimos conseguir con el acompañamiento de la ciudadanía, en las innumerables marchas que llevamos adelante”, transmitieron desde Adunce.

“La situación está siendo dramática”, plantearon desde el gremio. Adelantaron además su rechazo al nuevo proyecto del gobierno nacional, y que el avance del mismo supondrá nuevas medidas de fuerza y hasta un posible paro por tiempo indeterminado.

Cabe recordar, los docentes universitarios locales vienen llevando a cabo constantes manifestaciones públicas tanto para reclamar por salarios como para visibilizar el complejo presente de la ciencia pública y la investigación. En ese sentido hicieron volanteadas, semaforazos, clases públicas, marchas y otras iniciativas a los fines de dar cuenta a la ciudadanía de la realidad de la Unicen.

El Juzgado Federal N°2 de Azul hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la delegación local de ATE, y le ordenó al Ministerio de Capital Humano la inmediata reincorporación de un trabajador tandilense que había sido despedido estando bajo modalidad de contratado.

El fallo estableció que el trabajador debía ser restituido en las mismas condiciones en las que se desempeñó hasta el 31 de marzo de 2024, fecha en la que se produjo el cese de sus actividades. La medida tendrá vigencia hasta que se resuelva la cuestión de fondo del litigio.

Hernán Gasparini, secretario general de ATE Tandil, explicó el alcance de la medida y brindó detalles sobre la situación de Camps. "Gastón era un trabajador de acá de Tandil, de lo que sería el exMinisterio de Desarrollo Social de la Nación, trabajaba en el CDR que estaba en la calle Las Heras y fue uno de los primeros despidos que tuvimos. Él era contratado, tenía una modalidad de contratación que es la 048, que si bien parecía tener dependencia una relación de dependencia porque tenía todas las coberturas vinculadas era con contratos anuales, todavía hay trabajadores así", detalló el dirigente en diálogo con El Eco.

La particularidad de este caso residió en que, a diferencia de otras reincorporaciones logradas previamente en diferentes jurisdicciones, Camps no pertenecía a la planta permanente ni contaba con fueros gremiales. "Para nosotros es fundamental, es muy importante porque además sirve para que se pueda tomar este fallo en relación a todos los demás compañeros despedidos en el país. Y además, teniendo en cuenta que es un trabajador que no tenía tutela sindical, que no tenía fueros, con lo cual es muy importante. Es un fallo central, fundamental y logramos desde Tandil", remarcó Gasparini.

Gasparini puso de relieve el trabajo técnico detrás de la presentación judicial. "Intervino nuestro abogado de provincia de Buenos Aires, el doctor Esteban Corrales, acompañado por el equipo que tenemos acá en Tandil, que está el compañero Gastón Segura, que está el compañero Daniel Almada, que está la compañera Celeste Varela, todos profesionales trabajando y coordinando acciones para defender a los laburantes. La verdad que estamos muy orgullosos del laburo que venimos haciendo, muy orgullosos", manifestó al respecto.

Además, planteó que el fallo será un antecedente para el resto de los reclamos abiertos por trabajadores despediddos. "Nosotros seguimos, de alguna manera, solicitando la reincorporación de los compañeros que fueron despedidos y que aún no han sido restituidos a su lugar de laburo", expresó.

En la misma línea, advirtió que existen casi 50 mil contratados despedidos en todo el país y calificó la reincorporación de Camps como un "caso único" en la provincia de Buenos Aires para un trabajador bajo esa modalidad.

Desde ATE Tandil señalaron que el desmantelamiento de los centros de referencia, como el que funcionaba en la calle Las Heras, afectó de manera directa la implementación de políticas territoriales. Para el gremio, el corrimiento del Estado Nacional de estas funciones profundizó las dificultades de los sectores más vulnerables para acceder a programas de asistencia y acompañamiento.

En el marco de la presentación del fallo, Gasparini exigió que el Estado Nacional construya políticas públicas sólidas que garanticen derechos en lugar de profundizar el ajuste. El dirigente subrayó que la presencia en el territorio es la única manera de construir un federalismo real y de pensar en un Estado que integre a todos los ciudadanos, especialmente en ciudades como Tandil donde el CDR cumplía un rol social activo.

Finalmente, desde la seccional local advirtieron que se mantienen organizados para oponerse a cualquier reforma laboral que intente vulnerar derechos adquiridos. Según la visión del gremio, los trabajadores estatales ya sufrieron una "reforma encubierta" a través de decretos al inicio de la gestión del presidente Javier Milei, lo que resultó en miles de despidos.