En la celebración por el 117mo aniversario del Hospital Ramón Santamarina, el Intendente Miguel Lunghi anunció que el Municipio invertirá 540 millones de pesos para continuar la construcción de los Consultorios Externos de Paz y Pellegrini. Se trata de una obra fue suspendida por el actual gobierno nacional cuando llevaba un 50 por ciento de avance. La empresa a cargo de la licitación debe aceptar la propuesta comunal, que proyecta además desarrollar a futuro pisos superiores con nuevos consultorios en el lugar. 

“Algunos nos tratan de ineficientes. Que nos traten como quieran, estamos en democracia. Pero también el Hospital a sus 117 años está recibiendo regalos”, expresó Lunghi. Luego agregó detalles de la iniciativa y destacó la importancia de los consultorios en la descompresión del Hospital Municipal.  “El Municipio, con plata de los tandilenses, con 540 millones de pesos, va a continuar la obra de los Consultorios Externos. Para nosotros es muy importante, porque le va a sacar movimiento al Hospital y lo va a trasladar a Paz y Pellegrini. Esto es bueno para un hospital que trabaja más descongestionado, con menos ruido, con menos movimiento”, aseguró.

El Intendente hizo mención al abandono de la obra tras la asunción del actual gobierno nacional en diciembre de 2023.  “Fue suspendida la obra. A mi modo de ver, totalmente fuera de lugar por el gobierno nacional que la paralizó cuando estaba el convenio firmado y estábamos alrededor del 50 por ciento de construcción en una licitación totalmente transparente sin ningún tipo de problema. No puede ser que se deje de lado algo que sea para la salud o algo que sea para la educación por el solo hecho de mirar la parte financiera”, sumó.

Tras el acto de celebración por los 117 años del Hospital Municipal, el Intendente dialogó con El Eco y confirmó que el monto a invertir será de 540 millones de pesos. La iniciativa ya figuraba como un ítem dentro de la ordenanza de Presupuesto 2026, y de acuerdo a lo que transmitió Lunghi, los montos son de libre disponibilidad. El Municipio ofrecerá a la empresa que tenía a cargo la licitación continuar el trabajo por el valor mencionado. En el caso de que la firma no acepte, podría abrirse una nueva licitación.

Se trata de la segunda etapa de una obra que hasta diciembre pasado llevaba un 50 por ciento de avance, y que la Comuna proyecta finalizar. Además, prevé dejar las bases para posibles continuidades a futuro, en particular otros consultorios en pisos superiores.

La de los Consultorios Externos no fue la única obra anunciada por Lunghi durante la mañana del sábado 25 en el Hospital. “En pocas semanas estaremos inaugurando una Sala de Partos nueva. Después se va a hacer la transformación y la remodelación de la Sala de Maternidad, de la que están comprados los materiales y la mano de obra licitada. Y también modernizar la Sala de Cirugía y la Sala de Clínica”, concluyó.

Jubilados y jubiladas de la ciudad realizaron un cortejo fúnebre a la oficina local de PAMI Tandil para denunciar la compleja situación que viven con la obra social. Entre otros, demoras con medicamentos e insumos y problemas con médicos de cabecera. Además, hicieron mención al impacto de los ajustes en la salud pública. La crisis a nivel local se ve agravada ya que la delegación Tandil se encuentra sin jefe.

“Estamos de duelo porque nos están sacando los medicamentos”, expresaron los jubilados en el interior de la oficina, a la que ingresaron por unos minutos. "Sabemos que el único objetivo que tiene este gobierno es que le cierren las cuentas a cero. Para que las cuentas le cierren al cero tiene que recortar, recortar y recortar y achicar, achicar y achicar. El PAMI está en crisis y en Tandil tenemos un agravante que es que desde el 10 de diciembre no hay nadie acá en la jefatura de esta oficina. Por eso, se demoran más los trámites. Sacar un turno con un especialista lleva mucho tiempo. Con suerte si se consigue", sumaron.

La concentración se inició a las 9:30 en la esquina de Pinto y Rodríguez. Los jubilados, tras la bandera de Amalu (Adultos Mayores en Lucha), caminaron hasta la sede de la obra social, en silencio, emulando un cortejo. Lo hicieron vestidos de negro y portando cintas fúnebres.

La movilización se produjo en el marco del tercer día de paro de los médicos de cabecera, quienes reclaman por los constantes recortes que sufre el sector. Una vez dentro de la oficina de la calle Pinto, los jubilados tomaron la palabra para exponer la cruda realidad que enfrentan a diario. 

La situación en Tandil presenta un agravante institucional de peso. Desde que Martiniano Corbetta dejó su cargo para asumir como concejal el pasado 10 de diciembre, la oficina local de PAMI permanece sin un jefe designado. Esta acefalía, según denunciaron los presentes, ralentiza todos los procesos administrativos y agrava la falta de respuestas ante las urgencias de los afiliados. La ausencia de una autoridad responsable en el distrito se traduce en demoras insostenibles para trámites que, en muchos casos, definen la calidad de vida de los adultos mayores.

 "Este luto simbólico que llevamos hoy es por todos los que se fueron antes que los que se tenían que ir y porque sabemos que muchos más se van a ir antes", manifestaron con dolor. La protesta no solo buscó señalar las deficiencias actuales, sino también alertar sobre las consecuencias fatales que el ajuste en salud tiene sobre la población más vulnerable de la ciudad.

 "No nos movilizamos porque nos guste vestirnos de negro, ni hacernos visibles, ni que nos saquen fotos, ni nada de eso. Cualquiera de nosotros hubiera deseado participar en la vida social y en la vida política en otros aspectos y no en este. Pero venimos a pelear por los jubilados porque es la vida de muchos de nosotros la que está en juego", sentenciaron.

Además, los jubilados manifestaron su solidaridad con los trabajadores de la oficina, destacando su predisposición a pesar del contexto de ajuste. "Sabemos de la buena voluntad y el deseo que tienen los trabajadores, nuestros compañeros de la clase trabajadora, empleados estatales que están en PAMI, que tienen un una gran disposición a trabajar, a servirnos y estar al servicio", señalaron, reconociendo que el personal administrativo también padece las consecuencias de la crisis.

El diagnóstico de la situación prestacional en la ciudad es alarmante. Los jubilados denunciaron que la red de contención primaria se está desmoronando. "No tenemos medicamentos, no hay médicos de cabecera porque están renunciando", explicaron, vinculando esta situación directamente con la política económica del gobierno nacional. 

Finalmente, advirtieron sobre el inminente colapso del sistema sanitario local si la obra social no normaliza sus servicios. El temor es que la falta de atención en PAMI derive en una saturación de los centros de salud comunitarios y del Hospital público. "Si acá en Tandil no se pueden atender en donde corresponde, ¿A dónde van a ir las personas? A la sala, al centro de salud y al Hospital. Va a explotar el sistema de salud. Estamos levantando la voz no solo por los jubilados de PAMI, sino también por todo el Sistema de Salud de porque esto va camino a ser un desastre y como sabemos que va a ser un desastre si no nos organizamos y no permanecemos firmes", concluyeron, reafirmando que la lucha continuará hasta obtener respuestas concretas.

Organizaciones nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular de Tandil (UTEP) hicieron una reunión pública para manifestarse en contra de la eliminación del Salario Social Complementario. La medida anunciada por el gobierno nacional afecta a más de 900 vecinos de la ciudad que se desempeñan en cooperativas de construcción, limpieza de espacios públicos, recuperación de residuos,  comedores e instituciones de acompañamiento personas con consumos problemáticos. Hasta abril, percibieron un monto de 78 mil pesos mensuales por su labor.

“Estamos manifestándonos ante una política nacional de ajuste y desmantelamiento sobre el Salario Social Complementario. Es una política que surgió en el 2017 para los sectores de la economía popular como una base de garantía, un piso que conquistó la clase trabajadora super invisibilizada. Gente que en su mayoría habita los comedores, en las cooperativas”, expresó Valeska Galaz, referente del MTE Tandil.

El encuentro se llevó a cabo en la Plaza Independencia, y comenzó poco después de las 10 del martes 7 de abril. Contó con la adhesión  de ATE, SUTEBA, la CTA de los Trabajadores, ADUNCE, Patria Grande, el Movimiento Evita, la Biblioteca Popular de Mujeres, y el Observatorio Social de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN, entre otros.

“Estamos como gremio UTEP interpelando a diferentes sindicatos y organizaciones a lograr esta unión de los gremios de la clase trabajadora, no solo de la economía popular, sino también de los adultos mayores, compañeras del Movimiento Evita, compañeras de La Garganta Poderosa, todas las organizaciones que hacen el trabajo en el territorio a poder unirnos”, planteó Galaz. 

"Si bien el Salario Social Complementario es una política estatal nacional, el Municipio de Tandil necesita hacerse cargo de que somos ciudadanos que vivimos en esta ciudad, que habitamos esta ciudad que contenemos las problemáticas en los barrios de esta ciudad", sumó la referente.

El impacto en los barrios y el rol de los comedores

En el marco de la conferencia pública, los referentes de las distintas organizaciones dieron cuenta de la situación en los barrios de Tandil, la complejidad frente a los recortes de las obras públicas vinculadas a la integración sociourbana, y la realidad de los jubilados. Uno de los puntos centrales fue la dificultad de que atraviesan los comedores para subsistir y continuar brindando asistencia a vecinos y vecinas. 

 “¿Qué va a pasar si los comedores se quedan sin los ingresos que teníamos y cada vez son menos compañeras? Cada vez somos menos los que estamos conteniendo”, señaló Galaz.

A nivel local, la cifra de afectados es precisa y alarmante. "En Tandil son afectados alrededor de 950 trabajadores de la economía popular, que son los compañeros que trabajan en el territorio, en los comedores, en las cooperativas de construcción, en las cooperativas de cartoneros, en las cooperativas que tienen de producción de alimentos, en las de medio ambiente", detalló Galaz, dimensionando la escala de un conflicto que abarca múltiples rubros productivos y de servicios esenciales.

Otro de los ejes de la jornada fue el combate contra los discursos que pretenden deslegitimar la labor de las organizaciones sociales. Los referentes coincidieron en que existe una campaña de desprestigio que busca presentar a los trabajadores del sector como personas que no desean insertarse en el mercado laboral, ignorando que la economía popular es, en muchos casos, la única respuesta posible.

"Esto es también para que los vecinos y la sociedad de Tandil sepa todo el trabajo que se realiza. Por eso los compañeros están exponiendo qué se realiza desde cada frente de organización, porque a veces nos parece como que es muy fácil decir ‘estos negros planeros’ cuando en realidad trabajamos un montón, por eso no nos resignamos a no volver al trabajo. Si nosotros siempre tuvimos trabajo, siempre generamos trabajo, siempre estuvimos organizando el trabajo", enfatizó Galaz frente a los medios presentes.

"Sigue habiendo esta estigmatización a organizaciones sociales solo por cobrar un salario social complementario que es un derecho que quedó congelado en 78 mil pesos. En su momento lo habíamos ligado al salario mínimo vital y móvil, pero Milei lo desligó. Entonces cada vez como que se van recortando más políticas para el sector laburante. Esto que implica que cada vez haya más gente en situación de informalidad que es empleada, porque esos 78mil pesos hacen una diferencia para muchas familias de la ciudad. y tienen que ir a buscar otras formas de subsistencia", concluyó la referente del MTE.

El gobierno nacional anunció el fin del Salario Social Complementario y su reemplazo por el Programa Volver al Trabajo. “Tiene como finalidad desarrollar y consolidar un nivel de competencias sociolaborales para sus beneficiarios que les permita alcanzar un nivel de empleabilidad inicial real y mejorar sus oportunidades de inserción laboral”, marca la información oficial al respecto. Las organizaciones sociales rechazan dicha medida.

El pasado viernes, personal de la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo de Nación llevó a cabo una asamblea ante la incertidumbre sobre el posible cierre de la oficina local. Sin embargo, desde la jefatura del organismo plantearon que no cuentan con información oficial al respecto, y que pese a la consulta elevada a autoridades provinciales y nacionales, a la fecha no obtuvieron respuesta.

En paralelo, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), y la Mesa Intersindical Tandil convocaron para el próximo jueves 26 de marzo a las 18 a una movilización a la sede ubicada en 9 de Julio 860.

De parte de la jefatura de la Agencia Territorial indicaron que recibieron a representantes de los trabajadores para escuchar los planteos del personal. En el marco de la reunión se intercambiaron posiciones, entre otras cuestiones sobre la posibilidad de que desde Nación implemente un nuevo organigrama para la Secretaría. Sin embargo, sobre ese aspecto las autoridades locales contaban con información.

“No tenemos ningún tipo de información desde el punto de vista oficial”, transmitieron desde la jefatura de la oficina local a El Eco de Tandil. Pese a contactos con autoridades superiores del mismo organismo, al momento no hubo tampoco comunicaciones al respecto.

En el caso de concretarse, el cierre de la agencia territorial sería otra de las acciones del gobierno nacional en función de la anunciada “reestructuración” del Estado. En Tandil se concretó, por ejemplo, en el fin del Centro de Referencia, que dependía del exMinisterio de Desarrollo Social de la Nación.

Dicha oficina estaba ubicada en calle Las Heras 784 y contaba con personal abocado a la atención directa tanto de políticas públicas del mencionado Ministerio como de la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (SENNAF), la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el Ministerio de Mujeres. El cierre del CDR se concretó en mayo de 2024. 

El despido de trabajadores motivó la presentación de parte de los gremios de medidas cautelares solicitando la reincorporación del personal. En septiembre pasado, el Juzgado Federal de Azul resolvió a favor de dos trabajadoras, de las que ordenó que regresen a sus puestos laborales.

Abrazo a la Agencia

Cabe recordar, fue el pasado viernes 20 de marzo cuando los trabajadores de la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo de la Nación se declararon en “estado de alerta” ante el posible cierre de oficinas municipales, entre otras la que funciona en Tandil en calle 9 de Julio 860.

Desde medios nacionales habían informado de la posibilidad de que el gobierno nacional avance en tal sentido, lo que activó la movilización de trabajadores. En la ciudad, el cierre del organismo supondría la pérdida del empleo para más de 30 familias.

La situación derivó en una asamblea de la que participaron representantes de diversos gremios locales, nucleados en la Mesa Intersindical Tandil. Luego del encuentro, los presentes emitieron un comunicado en el que marcaron su preocupación por la pérdida de las fuentes laborales. Pero a su vez, dieron cuenta de que el cierre supondría no solo la reducción de estructuras administrativas, sino también el retiro del Estado en funciones que consideraron esenciales en el ámbito local.

En ese sentido plantearon que la presencia del organismo en el territorio cumple un rol clave en el acompañamiento a trabajadores, la garantía de derechos y la implementación de políticas públicas vinculadas al empleo.

A la espera de definiciones oficiales, desde la Mesa Intersindical Tandil convocaron a una “Concentración y abrazo” para exigir “no al cierre de la agencia de Trabajo” y “Ni un despido”. La movilización será el próximo jueves 26 de marzo a las 18 en la propia sede de la Agencia, en 9 de Julio 860.

Por mayoría –el proyecto no fue acompañado por Acción Tandilense/La Libertad Avanza-, el Concejo Deliberante se pronunció en repudio al “inminente cierre de la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social”, y alertó por el “impacto negativo que dicha medida generará en el acceso y resguardo de los derechos laborales de los vecinos y vecinas de Tandil”.

Cabe recordar, en los últimos días trabajadores alertaron por el posible cierre de la oficina local de Trabajo. En el caso de concretarse la medida, no solo más de 30 tandilenses perderían el empleo, sino que correrían peligro las políticas públicas que acompañan a Pymes y a trabajadores.

Por tal motivo la comisión de Labor Parlamentaria –junto con la comisión de Trabajo y Producción, presidida por Marcos Nicolini-, elevó la iniciativa para plantear el repudio ante la posibilidad de que se lleve a cabo el cierre. Personal de la oficina local y referentes de ATE Tandil concurrieron al recinto con carteles en los que manifestaron “No al cierre de la Agencia Territorial Tandil”.

El debate se centró entre Fuerza Patria y Acción Tandilense/La Libertad Avanza. Como parte del primer bloque, Rogelio Iparraguirre planteó consideró que “si dejamos pasar esto por altos, sin más estaríamos cometiendo un error. No es el cierre de una oficina más, es el cierre de una agencia del Estado nacional que tiene que ver ni más ni menos que con el entramado productivo y el trabajo en un momento de crisis y recesión”. Al respecto, amplió marcando que según datos oficiales se registró el cierre de más de 22 mil Pymes.

Pero además, Iparraguirre hizo referencia al concejal Gonzalo Santamarina, y su paso como director de la Oficina Regional de Trabajo durante la gestión de Mauricio Macri en la presidencia. “Nos contaba las bondades de estas agencias territoriales. Si hay una persona que puede decir lo que significa el cierre de la agencia territorial es quien fue el jefe de esto y nos encontramos con un silencio absoluto de su parte”, expresó el concejal.

Quien contestó de parte de Acción Tandilense/La Libertad Avanza fue el jefe de bloque, Federico Sánchez Chopa, quien sostuvo que al momento no existe información oficial sobre el posible cierre de la oficina. 

“Cada noticia es como que nosotros somos los culpables de absolutamente todos los males que tiene la Argentina”, indicó el concejal, quien agregó que se manifestarán al momento de que exista información oficial. “Mientras tanto, son titulares, y bien que hemos discutido acá sobre titulares en algunos medios”, subrayó.

 “Llegado el caso, obviamente que escucharemos a todos y daremos la batalla que tengamos que dar siempre pensando en el mismo concepto, que lamentablemente en una Argentina de crisis tenemos que buscar las mejores herramientas para tratar de sacar lo máximo posible”, concluyó.

Docentes universitarios y pre-universitarios de la Unicen comienzan este lunes 16 de marzo un paro que se extenderá hasta el próximo lunes 23 de marzo. La medida de fuerza se anunció al cumplirse cuatro meses de que el gobierno nacional no aplica la Ley de Financiamiento Universitario,  aprobada por el Congreso, la cual obliga a recomponer sueldos.

Desde Adunce –el gremio que nuclea a los docentes de la Universidad del Centro-, transmitieron datos que dan cuenta de la situación a nivel local: la gran mayoría cobra alrededor de 250 mil pesos, y hay 515 educadores que reciben garantía salarial y desde un año atrás no perciben aumento.

La realidad de los docentes de la Unicen se enmarca en la que también afecta a los del conjunto de las universidades nacionales. De acuerdo a la información de Adunce, desde diciembre de 2023 a la fecha, los universitarios perdieron más del 50 por ciento de su salario. En encuestas realizadas recientemente, relevaron que más del 90 por ciento de estos docentes tiene más de un trabajo.

Cabe recordar, los reiterados reclamos en las casas de altos estudios se extienden también a los investigadores, por la reducción en financiamiento a la ciencia pública, y a los estudiantes, por el ajuste en las becas.

“Hacemos paro para denunciar el incumplimiento de la ley, porque con estos salarios se está destruyendo la universidad pública, y por el recorte de becas estudiantiles”, señalaron desde Adunce en una publicación realizada a través de sus redes sociales. “Defender el salario docente es defender la universidad pública. La educación es un derecho”, agregaron.

Tras idas y vueltas, vetos presidenciales y marchas que coparon las calles de todo el país, el Congreso Nacional aprobó a fines de 2025 la Ley de Financiamiento Universitario. Entre otros aspectos, obliga a recomponer parte del salario docente perdido desde 2023, gastos de funcionamiento y becas estudiantiles.

Sin embargo, a la fecha el gobierno nacional no la aplicó, pero en febrero pasado envió al Congreso una nueva ley para modificarla. Por tal motivo, gremios de docentes de universidades nacionales de todo el país anunciaron la medida de fuerza que proyectan repetir a fines de marzo y a fines de abril. En concreto, a la semana del 16 de marzo sumarán paros la semana del 30 de marzo y la del 27 de abril. A su vez, propusieron para el próximo 23 de abril una nueva Marcha Federal Universitaria, que acompañarán con carpas “por la universidad y la soberanía”.

Tales resoluciones se tomaron en el último Congreso Extraordinario de Conadu, que determinó un plenario en sesión permanente con seguimiento de las acciones para darle continuidad al plan acordado. “El plenario podrá declarar  de forma urgente el paro si la modificación de la Ley de Financiamiento Universitario entra en tratamiento en comisiones”, agregaron.

“El gobierno no se niega a cumplir esta Ley de Financiamiento que supimos conseguir con el acompañamiento de la ciudadanía, en las innumerables marchas que llevamos adelante”, transmitieron desde Adunce.

“La situación está siendo dramática”, plantearon desde el gremio. Adelantaron además su rechazo al nuevo proyecto del gobierno nacional, y que el avance del mismo supondrá nuevas medidas de fuerza y hasta un posible paro por tiempo indeterminado.

Cabe recordar, los docentes universitarios locales vienen llevando a cabo constantes manifestaciones públicas tanto para reclamar por salarios como para visibilizar el complejo presente de la ciencia pública y la investigación. En ese sentido hicieron volanteadas, semaforazos, clases públicas, marchas y otras iniciativas a los fines de dar cuenta a la ciudadanía de la realidad de la Unicen.

El Juzgado Federal N°2 de Azul hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la delegación local de ATE, y le ordenó al Ministerio de Capital Humano la inmediata reincorporación de un trabajador tandilense que había sido despedido estando bajo modalidad de contratado.

El fallo estableció que el trabajador debía ser restituido en las mismas condiciones en las que se desempeñó hasta el 31 de marzo de 2024, fecha en la que se produjo el cese de sus actividades. La medida tendrá vigencia hasta que se resuelva la cuestión de fondo del litigio.

Hernán Gasparini, secretario general de ATE Tandil, explicó el alcance de la medida y brindó detalles sobre la situación de Camps. "Gastón era un trabajador de acá de Tandil, de lo que sería el exMinisterio de Desarrollo Social de la Nación, trabajaba en el CDR que estaba en la calle Las Heras y fue uno de los primeros despidos que tuvimos. Él era contratado, tenía una modalidad de contratación que es la 048, que si bien parecía tener dependencia una relación de dependencia porque tenía todas las coberturas vinculadas era con contratos anuales, todavía hay trabajadores así", detalló el dirigente en diálogo con El Eco.

La particularidad de este caso residió en que, a diferencia de otras reincorporaciones logradas previamente en diferentes jurisdicciones, Camps no pertenecía a la planta permanente ni contaba con fueros gremiales. "Para nosotros es fundamental, es muy importante porque además sirve para que se pueda tomar este fallo en relación a todos los demás compañeros despedidos en el país. Y además, teniendo en cuenta que es un trabajador que no tenía tutela sindical, que no tenía fueros, con lo cual es muy importante. Es un fallo central, fundamental y logramos desde Tandil", remarcó Gasparini.

Gasparini puso de relieve el trabajo técnico detrás de la presentación judicial. "Intervino nuestro abogado de provincia de Buenos Aires, el doctor Esteban Corrales, acompañado por el equipo que tenemos acá en Tandil, que está el compañero Gastón Segura, que está el compañero Daniel Almada, que está la compañera Celeste Varela, todos profesionales trabajando y coordinando acciones para defender a los laburantes. La verdad que estamos muy orgullosos del laburo que venimos haciendo, muy orgullosos", manifestó al respecto.

Además, planteó que el fallo será un antecedente para el resto de los reclamos abiertos por trabajadores despediddos. "Nosotros seguimos, de alguna manera, solicitando la reincorporación de los compañeros que fueron despedidos y que aún no han sido restituidos a su lugar de laburo", expresó.

En la misma línea, advirtió que existen casi 50 mil contratados despedidos en todo el país y calificó la reincorporación de Camps como un "caso único" en la provincia de Buenos Aires para un trabajador bajo esa modalidad.

Desde ATE Tandil señalaron que el desmantelamiento de los centros de referencia, como el que funcionaba en la calle Las Heras, afectó de manera directa la implementación de políticas territoriales. Para el gremio, el corrimiento del Estado Nacional de estas funciones profundizó las dificultades de los sectores más vulnerables para acceder a programas de asistencia y acompañamiento.

En el marco de la presentación del fallo, Gasparini exigió que el Estado Nacional construya políticas públicas sólidas que garanticen derechos en lugar de profundizar el ajuste. El dirigente subrayó que la presencia en el territorio es la única manera de construir un federalismo real y de pensar en un Estado que integre a todos los ciudadanos, especialmente en ciudades como Tandil donde el CDR cumplía un rol social activo.

Finalmente, desde la seccional local advirtieron que se mantienen organizados para oponerse a cualquier reforma laboral que intente vulnerar derechos adquiridos. Según la visión del gremio, los trabajadores estatales ya sufrieron una "reforma encubierta" a través de decretos al inicio de la gestión del presidente Javier Milei, lo que resultó en miles de despidos.

Pese a que hace cuatro meses la Ley de Emergencia Universitaria fue aprobada por amplia mayoría tanto en Diputados como en Senadores, el gobierno nacional aun no la implementó. Por tal motivo, los rectores reunidos en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitieron un comunicado en el que exigieron el cumplimiento de lo que marca la normativa: que se convoque a paritarias y que se actualicen los gastos de funcionamiento.

En diálogo con El Eco, el rector de la Unicen, Marcelo Aba, dio cuenta de cómo afecta a nivel local la demora en la implementación de la ley. Entre otros aspectos, hizo mención a salarios atrasados más de un 50 por ciento, obras frenadas, científicos públicos que optan por irse al extranjero o al sector privado y dificultades severas para sostener el funcionamiento de la formación universitaria en la ciudad y la región.

"La situación en Tandil es exactamente igual a la de todos los trabajadores universitarios. Hay una un retraso salarial que ya está en más del 50 por ciento con estos últimos dos meses en que además no hemos recibido prácticamente aumento", manifestó el titular de la casa de altos estudios, quien vinculó el complejo presente institucional con la falta de respuestas por parte del Gobierno nacional ante una ley que fue ratificada por una mayoría agravada en el ámbito legislativo.

Aba recordó que el reclamo de fondo expresado en el comunicado del CIN se centró en la puesta en vigencia de la normativa donde se incluyeron no solo las recomposiciones salariales, sino también el acompañamiento para el área de ciencia y técnica, y el presupuesto para el funcionamiento operativo de las instituciones. Según explicó el directivo, este marco legal atravesó un camino de marchas y contramarchas: fue votado por el Poder Legislativo, luego vetado por el Ejecutivo, y finalmente el Congreso de la Nación con más de los dos tercios en ambas cámaras —una mayoría muy sólida— revirtió el veto y ratificó la norma.

En este contexto, el rector denunció que, a pesar de que la Justicia determinó que la medida cautelar presentada por el CIN debe ser implementada, desde el Gobierno nacional se buscaron argumentos para evitar su ejecución. Además, manifestó su preocupación por el reciente ingreso de un proyecto de ley en sesiones extraordinarias que buscaría modificar los artículos centrales de la normativa vigente, lo que calificó como un golpe muy duro para el trabajo realizado por actores de dentro y fuera de la comunidad universitaria.

Al referirse a la profundidad de la crisis, el rector de la Unicen fue contundente respecto a la desvalorización del trabajo profesional. "Ese es el punto hoy más más álgido, el que más este nos sensibiliza. Porque realmente los salarios han quedado muy por debajo. De todas formas el reclamo sigue siendo la puesta en vigencia de la ley, donde están incluidos los salarios, pero también hay acompañamiento para la ciencia y técnica, donde está el funcionamiento de las universidades y todo eso fue contemplado en una ley que fue votada, luego fue vetada, luego fue vuelta a votar, fue vetada y el Congreso con más de los dos tercios en las dos cámaras, o sea, una mayoría muy muy fuerte, revirtió el veto y aprobó esa ley", precisó.

Aba describió que la problemática excede lo puramente económico para transformarse en un factor de desgranamiento del capital humano de la institución: “En lo salarial afecta a la vida misma porque ya el estado de ánimo de la gente no es el mismo. Empezamos a perder algunos recursos que se van en busca de un trabajo en el sector privado o en algunos casos investigadores que buscan emigrar a algún otro país para buscar un futuro mejor. Nos cuesta reponer los cargos que se liberan porque con esa oferta salarial, el joven que va a iniciar su carrera en la universidad, sea como docente o como no docente, no es fácil atraerlo”, planteó.

La operatividad de la universidad, indicó, también se vio resentida. "Se nota en el funcionamiento de la universidad. Siempre estamos haciendo un esfuerzo muy grande, una ingeniería de presupuesto para tratar de sostener todas las funciones, pero claramente vamos teniendo cada vez menos recursos", sostuvo el rector, al tiempo que advirtió sobre el debilitamiento del sistema de becas y el golpe a la soberanía científica.

"Seguimos sosteniendo las mismas acciones, pero el impulso, la fuerza de esas acciones comienza a debilitarse. Las becas de los estudiantes van a continuar impactando también en la presencia de los estudiantes en universidad. Hay un golpe sobre la ciencia y la tecnología, y vamos a pagarlo como país en los próximos años porque vamos a ir perdiendo soberanía y generación de conocimiento. Porque se ha recortado muy fuertemente todo lo que tiene que ver con técnica", sentenció.

Finalmente, Marcelo Aba subrayó el riesgo de que la institución pierda su prestigio social acumulado: "Es decir, de a poco la universidad va perdiendo ese impulso que le dio el lugar que tiene en la sociedad, que todas las encuestas reconocen, y que hizo que la gente nos acompañe en la calle". 

En el mismo sentido, se refirió a la parálisis de las obras de infraestructura y al peligro de que la Unicen inicie un proceso de retroceso: "Seguimos haciendo todos los refuerzos, pero todas las obras están detenidas, todo lo que sea el crecimiento, el impulso a una universidad cada día más fuerte, más pujante, va siendo más difícil de sostener y entiendo que si esto sigue así vamos a entrar en una etapa de involución. No solamente no vamos a crecer, sino que vamos a empezar a perder en calidad".

En plena temporada, las cabañas de Tandil viven un verano “atípico”, con menos ocupación que el año pasado, reservas por períodos cortos, el impacto de la suba del nivel de vida de la clase media –tradicional público turista local- y la marcada competencia tanto con los alojamientos informales como con el boom de los viajes a Brasil.

Para conocer detalles de la temporada 2026, El Eco consultó a Marcos Ugalde, presidente de la asociación que nuclea a alrededor de 50 complejos cabañeros de la ciudad. “Ahora en vacaciones la gente está decidiendo irse a Brasil o a otros lugares. Pero en el en el año vuelve, se hace una escapada. Porque Tandil es un destino que está cerca, que es lindo, que ofrece tranquilidad, buena gastronomía. Tenemos las sierras. Es un destino elegido. Lo que está pasando este año, que ya había pasado el año pasado, es que la gente por una cuestión de dinero elige irse a Brasil”, señaló el empresario del sector turístico.

“La verdad que no es buena la temporada. Es una temporada bastante atípica. Estamos con una ocupación baja para lo que es esta época del año, en un 60 o 65 por ciento de ocupación, que es bajo en base a lo esperado”, indicó Ugalde, quien explicó que el número surge de un promedio, con complejos al 90 por ciento y otros al 30 por ciento.

Lo expresado por Ugalde fue en sintonía con otros referentes hoteleros locales, sobre la baja en la ocupación y la necesidad de generar controles estrictos contra alojamientos informales. El cabañero brindó precisiones de los factores que influyen en la merma de la temporada, y agregó además algunos detalles particulares con respecto al presente del turismo en Tandil.

“Estamos un poquito peor que el año pasado”, indicó, para luego agregar que “hay muchos factores que influyen. Pero no es el sector tarifa. Tandil no es caro para nada, y hay opciones para todos los bolsillos. Hay cabañas con muchos servicios que tienen un coste diferenciado, pero la mayoría estamos trabajando con tarifas del año pasado. Tuvimos que absorber la inflación los prestadores, tenemos aumento de costos, de tasas, de mano de obra e insumos”.

El cabañero marcó que si bien reciben consultas, “la gente no tiene el bolsillo preparado como para vacacionar varios días como antes. Los salarios están un poco congelados y la clase media, que es la que normalmente nos visita, tiene el tema de que su nivel de vida le ha aumentado”, consideró.

Con respecto a los precios de los alojamientos en Tandil, desde el sector suelen transmitir que en general es el segmento de mayor valor el que primero completa su reserva. Sin embargo, no ocurre lo mismo en la temporada en curso. “Si, en general se ocupa lo más caro. Este año da la particularidad que no es tan así. A los que tienen más servicios les está costando un poco más. Aparte generalmente tiene más cantidad de unidades”, explicó.

Otro de los factores, sostuvo Ugalde, “es el alojamiento informal, la cantidad de departamentos, casas quintas que hay, y que son una competencia desleal, que no están habilitadas”.

La ocupación actual, sumó, corresponde a reservas realizadas por clientes habituales durante los meses de septiembre, octubre, y noviembre. Pero aquellas ventas de la temporada en marcha se realizan en el día, y por estadías más cortas.

“Hay que seguir promocionando la ciudad, ir a los eventos. Ahora con Carolina Ugarte, la nueva directora de Turismo, propuso volver a la Feria Internacional de Turismo. Comparado con otros destinos, para la promoción tenemos recursos escasos. Competimos con destinos que son provincias, como Córdoba, Mendoza, San Juan. Si bien el turismo en Tandil es una actividad que en el producto bruto interno de la ciudad representa mucho, después eh al momento del cobro de la tasa de turismo para poder hacer promoción, no es tanto comparado con otros destinos. Tenemos que ser ingeniosos, seguir trabajando, hacer promociones y que la gente siga eligiendo Tandil”, concluyó.

En cada marcha que se llevó a cabo en la ciudad por la universidad pública, por los trabajadores, por los derechos de los discapacitados, estuvo la bandera de Amalu. Son los Adultos Mayores en Lucha, un grupo de vecinos que más allá de diferentes orígenes partidarios y experiencias de vida, se reunieron con un objetivo común, manifestarse por los derechos de los jubilados y en contra de las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno nacional.

“Nos une el diferenciar el momento histórico. Y nos une el ser parte de una misma generación, una generación que sí tiene memoria. Ahora ocurre que los pibes no tienen memoria generacional de lo que pasó hace 15 o 20 años. En cambio nosotros tenemos una responsabilidad como generación con la sociedad. Eso lo descubrimos, lo charlamos, nos motivó a estar en cada marcha y fue haciendo que se sumen más personas”, compartieron.

Algunos fueron docentes, otras bibliotecarias o trabajadoras sociales, otros actores. Muchos militaron y participaron en política, otros se sumaron sin haber tenido experiencias similares previas. “Todos son enormes pedazos de historia. Vos encontrás compañeros que fueron peronistas, otros radicales, o del Partido Intransigente, o comunista revolucionario, o de la izquierda. Otros hicieron militancia gremial, otros social. Es como pasa en la sociedad, pero en Amalu logramos una cosa muy importante y es respetarnos”, marcó Esteban Lucero sobre la diversidad de orígenes de los integrantes del grupo.

Hace casi tres años comenzaron a reunirse todas las semanas, y poco después empezaron a marchar un miércoles de cada mes. Se movilizaron en particular a las oficinas de Anses y a la delegación de PAMI, en reclamo por los recortes de prestaciones y medicamentos.

“Ni siquiera nos contestan, pero es una constante. Nos dicen que no tienen poder de decisión. Qué triste debe ser para un funcionario decir que no pueden decidir nada. Nosotros los miramos y les decimos ‘¿Pero qué estás haciendo acá, donde te estamos pagando el sueldo?’ Debe ser triste para una persona que lo pongan a decir eso”, plantearon.

Como en cada una de sus reuniones, aun con el grabador encendido y en plena entrevista, los adultos mayores de Amalu no pueden evitar debatir e intercambiar miradas sobre el presente. Están –por ejemplo-, quienes destacan y valorizan las políticas kirchneristas en torno a la discapacidad y a las enfermedades poco frecuentes. Pero también están quienes creen que no fueron suficientes para consolidar derechos.

“Amalu tomó una decisión ya de movida que es ser una organización de lucha. Nosotros respetamos mucho a los jubilados que juegan a las bochas, a los que hacen viajes en Semana Santa, está todo bien. Pero entendemos que hay que jerarquizar un tema y es que la vida nuestra fue una vida de lucha y creo que tiene que seguir siendo así. Por eso nos han visto en casi todas las marchas”, marcaron los jubilados.

Trazando un balance positivo del 2025, el grupo proyecta para el 2026 continuar sumando vecinos. Aunque tienen actividades programadas para los meses por delante –van a hacer una función con un documental sobre Norma Plá-, también tienen en carpeta generar propuestas con Centros de Jubilados y otros ámbitos similares.

Así como lo hicieron muchos que no contaban con participación política previa. “Me encanta porque es un grupo pensante, es un grupo que tiene historia y en el que se puede hablar de otras cosas, se puede hablar de la realidad, de cuestiones sociales y humanas. Y además, aprendemos. Cada vez que venimos aprendemos, y cada vez que salimos a la calle, aprendemos”, marcó Verónica.

“Lo que me motiva en venir es el grupo, porque esta gente tiene mucha experiencia de lo que le ha pasado y me enseñan a estar en las reuniones, a estar en las luchas los miércoles. Me conmueve eso, ¿ que son gente mayor y son gente que han tenido mucha experiencia y que lo motivan a uno a seguir adelante. Y cuando vamos a una marcha, ahí estoy”, sumó Carlos.

El próximo 11 de febrero proyectarán, junto a otro grupo de jubilados invitados, un documental sobre Norma Plá. “Y se va a discutir la reforma laboral, así que ahí estaremos”, adelantaron. La bandera de Amalu volverá a decir presente, a modo de manifestación, pero también de invitación a  “no quedarse mirando el techo”.

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires se pronunció en contra de la Ley de Presupuesto 2026, ya que implica "el desmantelamiento de la Ley de Educación Nacional (LEN)" y resulta "un grave ajuste en el financiamiento educativo y científico-tecnológico que compromete la obligación del Estado de garantizar el financiamiento del Sistema Educativo Nacional y de mantener los niveles mínimos de inversión".

En esa línea, la DGCyE bonaerense solicitó a los senadores nacionales "el rechazo del artículo 30 del proyecto de presupuesto, dado que su aprobación significaría la desaparición de la obligación legal de asignar un mínimo garantizado para la educación y el sistema de Ciencia y Tecnología". Y agregó: "Con la vigencia de dicho artículo, el financiamiento quedaría sujeto a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo Nacional, integrándose al gasto general sin prioridad alguna y variando año tras año sin mediar protección legal. La educación en su totalidad, incluyendo la educación técnico- profesional, y la política científica pasarían a ser contingentes y precarizadas. Con ello se consolida un proceso de desfinanciamiento que pone en riesgo el pleno ejercicio del derecho social a la educación".

A través de un comunicado, la cartera que dirige Flavia Terigi, indicó que "la iniciativa del gobierno nacional elimina o deja sin efecto los pisos de inversión garantizados por leyes específicas, afectando de manera directa al sistema de Educación Técnico Profesional (ETP) y a su capacidad de formación para el desarrollo productivo".

En este sentido, apuntó que "el mencionado proyecto deroga el artículo 9° de la Ley de Educación Nacional N°26.206, lo que implica lisa y llanamente el renunciamiento al compromiso del Estado Nacional de garantizar los recursos para que todos y todas en Argentina accedan a una educación de calidad, gratuita y equitativa en el territorio nacional". El escrito subrayó que la ley aprueba "la derogación del artículo 52 de la Ley N°26.058, lo que conlleva la desaparición del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FNETP), herramienta fundamental para el equipamiento y la mejora de nuestras escuelas técnicas y agrarias".

El comunicado de la DGCyE bonaerense indicó además que el proyecto del Gobierno nacional "busca eliminar los artículos 5º, 6º y 7º de la Ley Nº27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que fijan metas concretas de inversión, medida que anula la meta de alcanzar un mínimo del 1% del PBI para el sector, desarticula la distribución estratégica de recursos entre organismos como el CONICET y las Universidades Nacionales, y deroga la garantía de que los fondos asignados no puedan ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior".

Con este pronunciamiento, la Provincia de Buenos Aires aseguró "sostener con firmeza que la inversión educativa y científica tecnológica no es un gasto, sino la base soberana de nuestro desarrollo y la garantía de futuro para nuestro pueblo". Y concluyó: "La Dirección General de Cultura y Educación reafirma su compromiso con la defensa de la educación pública, gratuita y de calidad, y continuará trabajando junto a las comunidades educativas y las jurisdicciones provinciales para exigir un presupuesto que garantice los derechos, fortalezca las instituciones educativas y asegure condiciones dignas de enseñanza y aprendizaje para todas y todos".

El gobierno nacional anunció cambios en la modalidad de financiamiento de la investigación científica, y desde el Conicet Tandil dieron cuenta del impacto a nivel local de la medida. Estimaron que pasarán a contar con fondos "a lo sumo para un proyecto”, cuando solían poder financiar entre 30 y 50 proyectos para la ciudad.

“Es una noticia extremadamente negativa”, transmitió Alejandro Zunino, director del Centro Científico Tecnológico Conicet Tandil, que funciona en el Campus de la Unicen. “Es realmente un shock para el sistema científico tecnológico local y nacional. Estamos hablando de unos 30, 40, o 50 proyectos que se financiaban con la modalidad PICT, y ahora diría que podría entrar uno, si entra”, sumó el director.

Los PICT son los Proyectos de Investigación Científico Tecnológicos, iniciativas para el desarrollo de ciencias básicas que se financiaban a través de convocatorias públicas anuales. Si bien ya se habían evaluado y otorgado financiamiento para aquellos presentados en 2022, desde Nación anularon dicha convocatoria y cerraron la correspondiente a 2023.

Para el 2026 habilitaron el llamado a los proyectos de Apoyo a la Investigación Científica (AIC), los cuales otorgan hasta 200 mil dólares por proyecto, de los cuales el 80 por ciento lo aporta el Estado y el 20 restante debe ser “financiado por el beneficiario, mediante recursos monetarios o en especie, por sí o a través la empresa privada con la cual se asocie”, según consta en las bases.

“No me parece mal el espíritu de estos proyectos, porque es algo que ya existía con un nombre diferente. Lo que pasa es que eran unos pocos frente a la gran cantidad de investigación básica que eran los que se dan de baja”, planteó Zunino.

Gran parte de los PICT estaban abocados a las investigaciones básicas, es decir, a las primeras fases de los desarrollos científicos. Desde el sistema científico público han señalado en reiteradas ocasiones la importancia de este tipo de instancia, ya que la incorporación de los aportes privados suele darse en fases más avanzadas, cuando las empresas pueden obtener un beneficio de la investigación.

“Esto es un recorte. Es un ajuste porque desaparece la inversión en investigación básica y se redirige a una investigación aplicada. Pero el problema no es tanto con lo aplicado, sino con la inmediatez, y que esto va a ser aplicable a un conjunto muy pequeño de compañías que tienen espalda para invertir en esto”, planteó Zunino.

El director del Conicet local hizo mención a investigaciones realizadas en la ciudad con respecto a salud, inteligencia artificial aplicada al agro, investigaciones en salud y producción animal, alimentos, proyectos vinculados a la mejora en la producción de trigo, entre otras.

Los proyectos PICT, consideró Zunino, “eran la nafta del día a día, porque abarcaban un sinnúmero de temáticas y de problemas”. Sin embargo, agregó, que “de los que ya tenían financiamiento prácticamente no quedan, porque básicamente los dejaron morir al cancelar todos los proyectos aprobados en la convocatoria 2022”.

Zunino fue uno de los firmantes de la declaración que la Red de Directores de Centros Científicos Tecnológicos hizo pública para alertar sobre la situación. “Las medidas anunciadas y ejecutadas por la Agencia I+D+i -específicamente la anulación de las convocatorias PICT 2022 ya adjudicadas, el cierre de la convocatoria PICT 2023 y el anuncio de una nueva modalidad que margina áreas del conocimiento- representan un quiebre en el desarrollo sostenido del sistema científico y un retroceso sin precedentes”, plantearon.

Entre otros aspectos marcaron que la decisión del gobierno nacional supone una grave afectación de la confianza institucional por la anulación de los proyectos 2022 que ya habían sido aprobados, que margina a las investigaciones básicas, que supone una parálisis del sistema federal ya que “paraliza la investigación en todas las provincias, agravando las asimetrías regionales”, y que reduce la diversidad de las convocatorias a una única modalidad.

Sobre el fin de un año agitado para las universidades nacionales –marcado por el debate en torno a la Ley de Financiamiento, otra marcha federal y reclamos constantes de docentes y no docentes-, el rector de la Unicen, Marcelo Aba, dialogó con El Eco y trazó un balance anual de la casa de estudios.

Entre otros aspectos hizo mención a que el proyecto para la Ley de Presupuesto 2026 contiene un artículo que deroga la aprobada Ley de Financiamiento, adelantó que la Universidad del Centro comenzará a incorporar un nuevo sistema de créditos educativos que cambiará la modalidad para contemplar  las horas de cursadas por carrera, y brindó detalles sobre las obras que proyectan inaugurar y continuar el año próximo.

Más allá de sostener el pedido por la actualización presupuestaria –señaló que el propio gobierno reconoce una pérdida de alrededor de un 40 por ciento-, y de existir proyectos de investigación que Nación dio de baja a mitad de su ejecución, el rector destacó que la Unicen no tiene deudas, que cumple sus obligaciones a nivel salarial, y que existe “toda una comunidad que pese a las dificultades, sigue trabajando y logra los resultados que estamos teniendo”.

La Universidad del Centro concentra entre Tandil y sus sub-sedes una matrícula estimada en 20 mil estudiantes. El número comenzó a incrementarse a un porcentaje mayor al habitual luego de la pandemia, y a la fecha se mantiene. En el marco de una compleja situación económica que excede a las universidades públicas, el rector marcó cómo la matrícula bajó en cuanto a estudiantes del interior que se mudaban a la ciudad para cursar una carrera, pero se compensó con más inscripciones en los centros abiertos en diferentes localidades.

-Termina un año agitado para las universidades públicas en general, ¿Qué balance hace desde la Unicen?

-Es difícil establecer un único balance porque la universidad ha seguido trabajando, ha seguido cumpliendo su función de docencia. Mantenemos nuestra matrícula, las carreras están funcionando, hemos logrado  tener un número muy alto de graduados a lo largo del año. En investigación se siguen premiando logros de la universidad, se sigue trabajando en extensión, y hay un esfuerzo muy grande de toda la comunidad a pesar de una situación donde los salarios son muy bajos, donde la financiación en ciencia y técnica se cayó, donde no se han ejecutado proyectos, y lo poco que se ejecutó eran remanentes del 2024. Para los proyectos que se conocen como PICT, acaban de cortar los que correspondían al año 2022, en mitad de su ejecución, y a los del 2023 que estaban evaluados y asignados, los dieron de baja.

Pero hoy la universidad no tiene deudas, está cumpliendo con todas sus obligaciones, está pagando los salarios perfectamente en fecha, malos, devaluados, pero los estamos pudiendo cumplir. No hemos tocado ni siquiera a los contratos, o sea, sin ser un año para festejar, nuestra misión la hemos podido llevar adelante. Y esto ha requerido toda una estructuración interna.

Sobre todo porque estamos absolutamente convencidos que cualquier actividad de las que desarrolla la universidad, si se detiene, después son 8 o 10 años para volver a ponerla en funcionamiento. Ahí creo que el balance termina siendo positivo. Y hay mucho para agradecer a toda una comunidad que pese a las dificultades, sigue trabajando y logra los resultados que estamos teniendo.

-Pero la situación presupuestaria de las universidades nacionales no es la mejor…

-En paralelo, esto ocurre en una situación del sistema universitario y el sistema científico argentino que es muy contradictoria con ese esfuerzo. Porque estamos perdiendo presupuesto, y venimos a la baja.

En Extensión no hemos recibido fondos y lo que es presupuesto universitario no aparece ningún tipo de actualización que nos permita recuperar lo perdido, alrededor de un 40 por ciento estimado por el propio gobierno. Entonces, hay como un contrasentido, la universidad sigue viva, su comunidad está dispuesta a seguir luchando por la universidad, pero al mismo tiempo van ocurriendo cosas.

-La Ley de Financiamiento Universitario se aprobó pero no se implementó…

-Se logró sacar esa Ley con más de dos tercios de las cámaras. Muy pocas leyes salen con esa mayoría agravada. Se sancionó, pero en el mismo decreto se establece que no la va a cumplir porque no se deja en claro de dónde saldrían los fondos, lo cual nos llevó a hacer una presentación judicial. Porque es una ley de la Nación.

-Y en el proyecto de Presupuesto se prevé derogarla, ¿Es así?

- En la presentación de del proyecto de presupuesto que salió con despacho de la Comisión de Presupuesto hay un artículo, que es el artículo 75 que directamente deroga la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Pediatría.

Es una cuestión muy extraña, porque estamos planteando cómo va a ser el presupuesto del año que viene y en el mismo estamos derogando leyes que deberían estar siendo tenidas en cuenta en la confección de ese presupuesto. Y mientras tanto presentamos una cautelar, un amparo, porque el decreto reglamentario se convierte en un decreto que prácticamente termina aboliendo una ley y ahora se pretende consolidar eso.

-Sin embargo existe un discurso en la opinión pública que marca que finalmente las universidades públicas no cerraron y que siguen funcionando…

-Sí, es cierto. Más allá de que no son comparables, uno podría hacer el paralelismo con una familia. Si quien es fuente de ingresos le reducen sus ingresos, probablemente van a empezar a disminuir su ritmo de gasto. Y nosotros estamos en una etapa que implica eso, disminuir nuestro ritmo de gasto.

No desaparecemos, pero cada vez vamos perdiendo más presencia en la sociedad, potencia en la generación de reconocimientos. Y recursos, porque algunos se van y nos es difícil incorporar nuevos porque los salarios están muy caídos. Es cierto, no hemos desaparecido, pero nuestro mayor esfuerzo está en tratar de sostener la calidad, en tratar de sostener lo que la universidad es, que hizo que millones de personas salieran a la calle a defenderla. Y es cierto, no hemos desaparecido, pero cada vez se nos hace más difícil ser la universidad que el país precisa.

Pero el origen de eso no está dentro de la universidad, sino en el ahogo, que significa no recomponer el presupuesto. Y nuestra enorme preocupación es cómo tratar de seguir teniendo la misma calidad porque si no, de alguna forma va a ser la crónica de una muerte anunciada.

-Hay una degradación del valor mismo de la educación universitaria, con ofertas de formación rápida y promesas de salida laboral ¿Forma parte de un desafío cultural para la universidad?

-Hay una parte de so. Nosotros si bien ofrecemos las formaciones básicas, la universidad se ha adaptado. Por ejemplo en Informática. Pero hoy en día, con el avance de la inteligencia artificial y las nuevas modalidades, empieza a aparecer que otra vez son requeridos aquellos que tienen  una formación universitaria.

Tratamos de adaptarnos con la generación de ofertas cortas, cubrir esas necesidades de formación que requieren una salida laboral rápida, pero la universidad también tiene ese rol de formar a quienes son los profesionales, a quienes tienen que generar conocimiento, a quienes tienen que gestionar. Cuando uno mira un Municipio, o las empresas, los funcionarios o los gestores han pasado por la universidad. Tenemos que tratar de hacer un balance.

-Algo había mencionado antes de comenzar a grabar, acerca de cambios al respecto.

-Vamos a dar por aprobado un cambio que se está dando en todo el sistema universitario, que es sobre la forma de mirar el tiempo que el estudiante le dedica a los estudios.

En general, todo nuestro sistema nacional estaba orientado a las horas que el alumno pasa en el aula o actividades académicas. Está claro que eso no cubre todo el tiempo que el estudiante le dedica, porque puede que tenga que ir a la biblioteca, hacer búsquedas, redactar informes. Todo ese tiempo no está contabilizado, y con este nuevo modelo se define con créditos educativos. Es el modelo que ha seguido el mundo.

Apunta a plantear cuánto es el tiempo real que un estudiante tiene que dedicarle a su carrera.

-¿Esto va a ser para todas las carreras?

-Comienza a regir el año que viene para las nuevas y para el 2027 va a haber que ir adaptándose. En un par de años, todas las carreras deberían estar reconvertidas a este nuevo modelo que debería ser más realista.

-Más allá de cuestiones específicas del Presupuesto ¿Qué obras se prevén o proyectan para el 2026? Hay algunas que ya están en marcha…

-Está paralizada la obra pública y eso es una cuestión que afecta al país. Hemos logrado y vamos a inaugurar el año que viene dos aulas con galería en la Facultad de Ciencias de la Salud en Olavarría. Las iniciamos con recursos propios, tratando de ir adelantando fondos y viendo si podíamos ir recuperando. Es solo una etapa de una obra muy grande.

Tenemos ya prácticamente terminado un gimnasio también en Olavarría, que era la única sede sin ese espacio, y era una necesidad muy fuerte porque hay una población muy grande.

Y en lo inmediato hemos tenido negociaciones con Provincia por el frente del Rectorado. Pero Provincia también tiene sus dificultades. Esas serían las tres obras que tenemos con mayor fluidez. Pero después hay muchas obras pequeñas, que no son tan pequeñas. Cambio de techos, de aberturas, pisos, que hoy en día cualquiera de esas suma millones.

Y hay una obra que no es nuestra, que viene a través del Conicet, y hay posibilidades de que se reactive. Una obra que está en el Campus, de un laboratorio de investigación.

Casi un centenar de vecinos trabajadores municipales y de oficinas provinciales y nacionales con sede en la ciudad  nucleados en ATE se reunieron en la explanada de la Municipalidad. El palacio comunal permaneció con las puertas cerradas durante toda la mañana del miércoles-, mientras los convocados realizaron una asamblea en reclamo por mejoras salariales y  condiciones de empleo.

El Eco de Tandil dialogó con algunos de los movilizados, quienes coincidieron en dar cuenta de sus bajos salarios –algunos trabajadores con 25 años de antigüedad y tareas insalubres como las del Cementerio local apenas llegan a cobrar un millón de pesos, según contaron-, pero también de recortes de tareas, de programas desactualizados de incentivo al empleo, al creciente endeudamiento familiar y al temor por ser despedidos.

“Tenemos un sueldo indigente, un sueldo miserable. A los que alquilamos, no nos alcanza la plata ni para comer. La misma ropa que usamos nosotros para trabajar es la que usamos para andar, porque no nos podemos comprar, es una vergüenza. El básico mío es de 780 mil pesos. Con la antigüedad de 25 años, llego al millón. Trabajando con la pudrición y sacando muertos”, contó Gustavo, trabajador del Cementerio Municipal, que hace poco más de un año y medio se encuentra agremiado en ATE.

Desde la seccional local de la Asociación de Trabajadores del Estado convocaron días atrás a la asamblea a la explanada de la Municipalidad. Además del secretario general Hernán Gasparini, estuvo presente Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital y referente de la organización. Acompañaron también los jubilados y jubiladas nucleados en Amalu, Adultos Mayores en Lucha.

Los convocados formaron una ronda y realizaron una asamblea en la que representantes de diferentes organismos fueron tomando la palabra para contar su situación y manifestar su reclamo. Entre otros aspectos plantearon que “no vamos a permitir que nos lleven puestos con una reforma laboral”.

Alejandra trabaja hace 14 años como auxiliar de educación, área que pertenece a Provincia. Hace 8 años se afilió a ATE. En su caso, contó, con un cargo como titular y seis horas de trabajo, no alcanza a los 700 mil pesos.

Señaló que “el reclamo es por las políticas de este gobierno nacional, que pueden llegar a pasar al provincial en un futuro si la línea política del presidente llega a Provincia, y ahí sí verdaderamente estaríamos todos en riesgo. Hoy tememos perder nuestro trabajo. Estamos en solidaridad con los trabajadores y trabajadoras nacionales que han perdido muchos empleos”. Hizo mención además a “la plata que no llega para la Provincia”, y a un pedido de recomposición salarial por “sueldos indignos, debajo de la línea de la pobreza”.

Nazarena hace cuatro años que se desempeña como personal de la SRT, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Se trata del organismo que gestiona y acompaña a vecinos que tuvieron accidentes laborales o licencias. En su caso, más allá del sueldo, hizo referencia a la inestabilidad laboral.

“Estamos contratados. Nos echaron y nos reincorporaron. Si se nos vencen los contratos, suponemos que los van a renovar, pero estamos a mitad de diciembre y todavía no nos dijeron que sí”, lamentó. Además, contó que estuvieron largo tiempo sin tareas asignadas. “Ahora gracias a dios tengo tarea, pero estuve un montón de meses sin tareas, y es triste, muy cruel. Ocho horas en un lugar sin poder brindar nada”, agregó.

María hace 28 años que se desempeña en las oficinas locales del Ministerio de Trabajo de Nación. Además de hacer mención a los bajos salarios, dio cuenta de la desactualización de programas vinculados a la promoción del empleo.

“Los programas vigentes están desactualizados. Esto resulta que sea un aporte muy bajo y poco atractivo. Siempre pedimos trabajar. Pero en Empleo los programas están muy desactualizados, y para quienes están destinadas esas políticas no les resultan nada convenientes. Con lo de la capacitación no cubren lo que cuesta el colectivo”, marcó.

“Esta situación nos pone en extremo en alerta, porque significa que no tenemos ese ingreso en el Sistema Integrado de Salud Pública y que corre riesgo el funcionamiento”, expresó Cecilia Martens –presidenta del SISP-, sobre la deuda de casi 3 mil millones de pesos que el Municipio reclama a diversas obras sociales por prácticas y prestaciones ya realizadas por la comuna.

Operaciones complejas que debieron ser derivadas a otras localidades y hasta cesáreas que tuvieron que realizarse en Bahía Blanca son algunos de los casos a los que afectaron las deudas cuando el propio Sistema Público no pudo afrontar la falta de cobertura de las obras sociales. Pero el elemento central a partir del cual se originó la deuda fue la desregulación de la actividad de la Superintendencia de Servicios de Salud.

“Esto empieza a ocurrir cuando la Superintendencia de Servicios de Salud desregula y deja de actuar como una suerte de garantía en la cual todos los hospitales públicos lográbamos que a través de ese organismo se hagan los débitos a las obras sociales con deuda. Los valores eran impuestos o regulados por la Superintendencia, pero al menos teníamos esta garantía de recibir los débitos de las deudas”, explicó Martens, en referencia al organismo que depende del Ministerio de Salud de la Nación.

El Sistema Integrado de Salud Pública de Tandil se encuentra en un proceso administrativo y judicial a través del cual reclama a 34 obras sociales una deuda de 2924 millones de pesos por prácticas ya realizadas.

Entre las principales se encuentra Osprera –de los trabajadores rurales-, la Obra Social del Personal Civil de la Nación, IOMA y Osuthgra –de los trabajadores gastronómicos-. “Hemos enviado cartas documento, hemos hecho reclamos judiciales y juicios. En algunos casos estamos en el momento de la pericia contable con un avance del juicio”, precisó Martens.

La presidenta del SISP explicó que desde el momento en el que Nación implementó la desregulación, enviaron propuestas a más de 100 obras sociales para actualizar valores y arribar a nuevas modalidades de trabajo conjunto. Si bien se concretaron acuerdos y hasta se regularizaron parte de las deudas de entonces, resta gran parte y lo adeudado incrementa con cada nueva rendición mensual.

“Las obras sociales mantienen esta deuda con nosotros pero también otros actores no están respondiendo de la manera que debieran. Este es un Municipio cuyo bastión sigue siendo la salud de los tandilenses y está dando respuesta, pero estamos en esta situación y esto es para visibilizarla ante los ciudadanos de Tandil”, sumó Martens.

La presidenta del Sistema Integrado señaló que las prestaciones adeudadas ya fueron realizadas a cargo del propio sistema público, e incluyeron cirugías, internaciones, estudios por imágenes, estudios de laboratorio y otros.

“Algunas conversaciones hemos tenido, pero la deuda sigue estando, sigue incrementando. Obviamente cuando podamos hacer el extracto de noviembre los números van a ser distintos y por eso ya en algunas se pasó a instancia judicial para que se resuelva de otra manera”, indicó.

“El Sistema Integrado de Salud Pública y el Municipio de Tandil se han hecho cargo de la salud de los tandilenses en un momento en el que otros efectores no lo hicieron, y se han corrido de la línea y de la atención. No es solamente de lo de las obras sociales, sino también implantes, medicamentos, prótesis. Es innumerable la cantidad de situaciones de pacientes que resuelven su situación de salud gracias al Sistema Integrado, al Municipio, a las herramientas que tenemos con recursos propios, con recursos ordinarios, con el FAS. Mientras que otros actores que debieran también atender la salud de la población se han corrido de escena”, concluyó.

Detrás de cada paro, de cada denuncia por la compleja situación salarial de los docentes universitarios, hay historias de vida. Una es la de Fernanda, que hace casi 20 años que trabaja en la Unicen y cobra 1 millón de pesos. Otra, la de Romina –licenciada, magister, y doctora en Relaciones Internacionales-, quien dicta clases desde hace 9 años y su sueldo llega, por poco, a los 300 mil pesos. Los números pueden ayudar a dar cuenta de algunos de los porqué del reclamo en marcha.

Más allá de los rebusques -por ejemplo, para mandar a sus hijos a practicar un deporte-, las docentes siguen eligiendo su trabajo por la posibilidad que tuvieron de formarse en la universidad pública y por la convicción de que estudiar sirve. “Por supuesto, tengo mi corazón en la Universidad del Centro”, dice Romina, ayudante diplomada en Teoría y Metodología de la Investigación Científica, materia de cuarto año de Relaciones Internacionales. Fernanda –licenciada en Ciencias de la Educación- asintió, pese a que se emocionó hasta las lágrimas al confesar que con su sueldo le alcanza hasta los días 20 de cada mes.

En diálogo con El Eco de Tandil, Romina y Fernanda contaron su historia en la Unicen, pero también dieron cuenta de la situación que empuja a los docentes de Adunce –y a los no docentes de Atuncpba-, a marchar, a hacer volanteadas, semaforazos clases públicas y a manifestarse durante tres días consecutivos.

El motivo principal es simple, que el gobierno nacional reglamente y aplique la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, una normativa que les permitiría a los trabajadores recuperar parte del porcentaje salarial que les redujeron en los últimos dos años. Pero la medida de fuerza se lleva a cabo además para tratar de volver a realizar algunas de las actividades básicas de los universitarios, como asistir a seminarios, presentar trabajos, generar proyectos de extensión, entre otras.

“La universidad es posibilidad, es vida y es futuro. Aunque estemos en este reclamo, tuvimos la oportunidad de llegar a la universidad, de transitarla y terminarla. Y tenemos que seguir, haciendo lo que podamos para que muchos estudiantes que hoy están, puedan terminar, tenemos que seguir trabajando para que otros puedan llegar, permanecer y graduarse. Y esta es la responsabilidad de todos los que hacemos la universidad”, dijo Fernanda.

“Yo particularmente no tengo otro trabajo, y llego al veinte de cada mes”, contó Fernanda. Oriunda de Bolívar, llegó a Tandil para estudiar Ciencias de la Educación. Se graduó en la Unicen y desde hace 19 años forma parte de la planta docente del Rectorado, con tareas en la Secretaría Académica. Trabaja con espacios formativos y de acompañamiento a estudiantes y futuros estudiantes tanto en Tandil como en la región. Aunque parte de los programas que llegaban a Benito Juárez, Tapalqué, Azul y otras localidades no pudieron sostenerse por falta de financiamiento.

Además de su formación, tiene casi dos décadas de experiencia en lo que hace. A la fecha cobra un millón cincuenta pesos. Practica atletismo, pero elige una carrera al año para competir, y contó de más de un rebusque para lograr que su hija siga yendo a hockey.

Romina estudió en la Facultad de Ciencias Humanas, pero después hizo una maestría y un doctorado en la Universidad de Quilmes. Fue becaria doctoral y posdoctoral de Conicet, por lo que además de docente es investigadora y extensionista. Desde su cátedra acompaña a estudiantes en la producción de la tesis para recibirse.

Más allá de paros y reclamos, lo que surge del diálogo con ambas docentes es su convicción de que estudiar en la universidad sirvió y sirve. Por su impacto en la vida de las personas y por haber formado profesionales durante décadas, que hoy se desempeñan en el ámbito público y privado de Tandil y toda la región. “Necesitamos diversidad de profesionales, conocimiento y energía para nuestro sistema productivo y social”, señalaron.

El paro de tres días que llevaron adelante docentes y no docentes de la Unicen –como en todo el país-, fue otra de las tantas iniciativas públicas por mejoras salariales. El reclamo continuará por lo menos hasta que el gobierno nacional implemente la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso. Fernanda y Romina también continuarán dando clases todas las semanas.

Los jubilados tandilenses agrupados en Amalu (Adultos Mayores en Lucha), volvieron a manifestarse. Esta vez fue a la Oficina de Anses, donde fueron recibidos por la titular del organismo, Sofía Zeme.

“Es como hablar en otro idioma, realmente. Tienen como un libreto aprendido. Cada vez que hablamos con un funcionario nos repiten lo mismo. No se salen de ese libreto de que si quieren arreglar las cosas tiene que haber fondos. Pero cada vez hay más despidos, más fábricas cerradas, más destrucción del aparato productivo. El único aparato que está funcionando es el aparato financiero para que se lleven la guita afuera”, plantearon los jubilados tras la reunión. Continuarán exigiendo una respuesta formal de parte del jefe regional de Anses, Gonzalo Santamarina.

Los agrupados en Amalu mantienen reuniones semanales, y un miércoles por mes llevan a cabo una manifestación pública. Así lo vienen haciendo desde hace por lo menos un año y medio atrás, dando a conocer y denunciando reclamos del sector como sumándose a otras convocatorias vinculadas a universitarios, discapacidad, e incluso a la del personal de PAMI.

“Por medicamentos sin cargo, aumento de emergencia y vigencia de la moratoria”, expresaron a través de un volante que entregaron en la esquina de Pinto y Chacabuco. A través del mismo también invitaron a quienes estén interesados en sumarse al grupo, que se reúne todos los miércoles a las 17 en avenida Colón 1341, en un local ubicado a metros de la sucursal del Banco Provincia.

Tras ser recibidos por la titular Sofía Zeme, los jubilados presentes en el encuentro compartieron ante el resto del grupo y la prensa local que se retiraron de la reunión sin mayores respuestas de parte de la funcionaria.

“Escuchamos el mismo libreto aprendido desde las alturas de este gobierno hacia lo de más abajo. Tienen un libreto que no se salen de ahí. Que encontraron las cosas mal, que los anteriores se fumaron todo, y hasta nos dijo que el Fondo de Sustentabilidad ya no estaba más cuando ellos llegaron, cosa que sabemos que no es así”, contaron.

Marcaron que el recibimiento por parte de Zeme fue amable, y que pudieron plantearlo su pedido “desesperado” ya que cuentan con “compañeros que están eligiendo entre comer y tomar la medicación. Pero nos dijo que no hay para repartir, que es necesaria la reforma laboral”.

Señalaron que pudieron trasmitirle a la funcionaria que “en ese dejar que el derecho humano, que es querer comer, querer vivir y querer estar bien como adulto mayor, nos están dejando de lado”. Y que pese al recibimiento “el libreto siempre es el mismo, que no hay dinero de dónde sacar, que necesitan una reforma, que vaciaron al país, y le echan la culpa a los anteriores”.

Los jubilados pudieron también llevar su reclamo con respecto a las políticas implementadas por el gobierno nacional para el sector, y en particular con el proceso de revisión que impulsaron sobre las pensiones.

“Necesitamos respuestas, porque nosotros nos presentamos siempre bien como agrupación de jubilados y necesitamos respuestas porque es nuestro derecho constitucional. La constitución dice que nos tiene que escuchar, respetar y contestar. Y no lo están haciendo. Insistimos en eso porque como ciudadanos nos sentimos totalmente dejados de lado y que ocupen ellos el espacio que están ocupando tienen responsabilidad hacia los ciudadanos”, manifestaron.

Desde Amalu indicaron que en las reuniones semanales definirán nuevas acciones a llevar adelante, en particular para contar con una respuesta formal de parte del jefe Regional de Anses, Gonzalo Santamarina. “Exigimos que haya una respuesta formal de parte de Santamarina y que entienda que él está en ese rol circunstancialmente. Que la demanda viene desde las bases, desde la ciudadanía y tiene que dar respuesta. Dejamos nuestros contactos para que no dijera que no tiene cómo comunicarnos”, concluyeron.

Los docentes de la Unicen llevaron a cabo una nueva medida de fuerza luego de que el gobierno nacional haya decretado la suspendió la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Con un acatamiento alto –según estimaron-, realizaron un paro y volvieron a denunciar la compleja situación que viven con respecto al atraso salarial y a la falta de fondos para las tareas de investigación y extensión.

“Siempre nos dijeron que estábamos agrandando los datos sobre lo que perdimos. Pero si uno se fija en la promulgación de la Ley, ellos mismos están diciendo que los sueldos universitarios están atrasados más de un 40 por ciento, con lo cual nos están dando la razón”, transmitió Marcelo Stipcich, secretario adjunto de Adunce, el gremio que nuclea a los docentes de la Universidad del Centro.

La medida de fuerza fue otra de las manifestaciones que los trabajadores de la Unicen llevaron a cabo en pos de asegurar el financiamiento que asegure el funcionamiento, desarrollo y acceso a la universidad pública, así como también de actualizar los salarios de los propios educadores. La renuncia de docentes e investigadores –alertaron en reiteradas oportunidades-, es una de las realidades que comenzaron a registrar en el último tiempo.

Pese al veto presidencial, la Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por Diputados y Senadores. El gobierno nacional promulgó la normativa, pero mediante un decreto suspendió su aplicación, argumentando que el Congreso deberá definir el origen de los fondos para tal fin.

“Esta decisión está infundada y tiene muchas falacias. Por ejemplo, el gobierno dice que debería generar mayor emisión de dinero para pagar la Ley. Eso no es cierto, porque la Ley en sus fundamentos establece cómo se debería sacar el dinero para pagarlo”, explicó Stipcich.

El docente agregó también que  “el gobierno dice que son cifras siderales, pero son un poco menos de la mitad de lo que el gobierno perdió en los tres días que liberó la venta de granos. Las exportadoras ganaron en tres días el doble que lo que estamos necesitando nosotros por un año de funcionamiento”.

El docente adelantó que el CIN –el consejo que reúne a los decanos de las universidades nacionales-, se reunirá para definir medidas legales para revertir la decisión del gobierno nacional de suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Alertó además por la “normalización” del atraso en cuestiones salariales, pero sobre todo de financiamiento de becas, subsidios para ciencia y tecnología, y otros. Remarcó que la misma promulgación de la Ley reconoce la falta de actualización y que “si uno mira la inflación de este año nada más, tenemos un porcentaje de aumento del IPC del orden  del 23 o 24 por ciento, y nuestros salarios crecieron solamente un 12 por ciento en salarios brutos”. Pero en particular hizo mención a que en la Universidad está establecida una garantía salarial que asegura un monto mínimo, el cual permanece sin variaciones desde hace siete meses. “Entonces, esas son las cosas que más nos preocupan. ¿Qué podría hacer un ciudadano si en su trabajo pasaran cosas parecidas a las que estamos describiendo acá?, preguntó.

Destacó la lucha universitaria –tanto de docentes como de no docentes en el conjunto de las universidades nacionales-, y en función de que la liberación de la exportación de granos produjo en tres días los fondos para el financiamiento de las universidades por un año, consideró que “lo que nos demuestra cualquier análisis que uno pueda hacer respecto a eso es que la educación está muy por debajo de cualquier otro de los intereses de este gobierno”.

El acatamiento al paro, aseguró, fue “muy alto”. Sin contar con números precisos, hizo mención a la poca actividad registrada en el Campus durante la jornada de lucha.

Los docentes convocaron a un paro para este martes 14 de octubre, y desde Suteba Tandil dialogaron con El Eco sobre los motivos de la medida. Entre otros aspectos hicieron mención a que la situación del sector se agravó en el último tiempo, a la deuda que Nación mantiene con Provincia, a que se cumplieron 21 meses de recorte del Fondo Nacional de Incentivo Docente, y a la baja proyectada para educación en el presupuesto nacional.

“La idea es hacerle saber al gobierno nacional y al Congreso de la Nación que la escuela pública no puede seguir esperando, que la educación pública debe sostenerse, debe sostenerla el Estado, que los fondos deben aparecer y dejemos de gastar plata en cosas que no son necesarias, como ya hemos visto todos esto este último tiempo”, manifestó Estela Sinopoli, secretaria general de Suteba Tandil.

La medida de fuerza formará parte de una jornada nacional de paro docente, y los sindicatos proyectan llevar a cabo una marcha federal con impacto en las diferentes provincias. En paralelo, los docentes tandilenses definen si acoplarse a dicha manifestación o realizar una medida a nivel distrital.

“La situación no ha cambiado demasiado, y creo que con el correr del tiempo se ha profundizado. Porque la situación económica y la situación social se han agravado mucho más”, planteó Sinópoli.

La secretaria general de Suteba hizo a la manifestación que realizaron durante la jornada del miércoles 8, donde pudieron intercambiar entre docentes las diferentes realidades que atraviesan. “La docencia está cubierta en un ochenta por ciento de mujeres que somos sostén de hogar. Y ya hace mucho tiempo que estamos escuchando que no podemos llegar a pagar los alquileres, que hay compañeras que ya no pueden pagar algunos servicios, que están endeudadas con su tarjeta de crédito y esto se debe a la deuda que el gobierno nacional en materia presupuestaria tiene para con las provincias y principalmente para con la provincia de Buenos Aires, profundiza mucho más la situación social y la situación económica”.

En cuanto al reclamo concreto, Sinópoli hizo referencia a que hace veintiún meses que el gobierno nacional recortó el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que a la fecha “equivalen a cuatro millones de pesos para cada docente”, informó.

“Para esta gente que habla de la impresión de boletas en millones de dólares no les resulta un número significativo, pero la verdad que para nosotros cuatro millones de pesos es un montón de plata y son un montón de responsabilidades que podríamos afrontar, y hoy no contamos con eso”, sumó.

La docente recordó que de parte del gobierno de la Provincia asumieron el compromiso de mantener una mesa paritaria abierta de manera permanente, y que percibirán en octubre la segunda parte del último aumento salarial otorgado. Los primeros días de noviembre realizarán nuevos encuentros para actualizar acuerdos.

En referencia a la deuda acumulada de Nación con Provincia consideró que “es un ahogo absolutamente adrede, lo estamos viendo en las campañas políticas, lo estamos viendo en cada uno de los discursos de esta gente, que el objetivo es ahogar a la provincia de Buenos Aires y cambiarle el color. Pero la verdad que para las trabajadoras y los trabajadores, que somos la mayoría, que somos los que producimos, que somos los que vamos a trabajar todos los días, lo vemos un poco difícil”.

Sinópoli también se refirió a la posible reducción de los fondos nacionales destinados a educación de acuerdo a lo que trascendió del proyecto  del Presupuesto 2026. “Veníamos de un presupuesto de cinco o seis puntos porcentuales de PBI para materia educativa exclusivamente y pretendíamos llegar al diez por ciento en el 2028. Bueno, el problema es que el presupuesto en ese proyecto para educación baja a 0,75. Esto es condenar a la escuela pública y es condenar a la educación a la pobreza absoluta, a la mayor precariedad, al recorte de puestos de trabajo, al achicamiento exclusivo y abusivo de un sistema educativo que ya hoy le cuesta sostenerse. Hay cosas muy importantes que la Argentina necesita, que nuestros compañeros y compañeras necesitan, y hay que poner en serio la cabeza en las cuestiones que la sociedad argentina necesita con urgencia”, concluyó.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles una reunión con representantes de diferentes sectores productivos, comerciantes y referentes gremiales del municipio de Olavarría, junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y el intendente local, Maximiliano Wesner.

En el encuentro llevado a cabo en el Salón Rivadavia del Palacio Municipal, Kicillof afirmó: “El desastre que vemos en la industria, el comercio, el agro y la minería no es una casualidad: es el resultado de las políticas de un Gobierno nacional que se propuso destruir la producción y el trabajo”. “Tenemos un Presidente que habla de bonos y títulos públicos, pero que no se interesa por lo que ocurre en las pymes y en las fábricas de nuestro país”, explicó.

“La única novedad que trajo Milei fue la rabia y la crueldad para llevar adelante su plan de ajuste: en menos de dos años se han perdido más de 200 mil puestos de empleo y se han derrumbado los salarios”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Lo que vemos aquí en Olavarría está ocurriendo en los 135 municipios bonaerenses: nosotros nos oponemos a este modelo de exterminio de la industria porque nuestro mandato es defender la salud, la educación, la producción y el trabajo”.

Durante la jornada, Kicillof y el ministro de Trabajo, Walter Correa, visitaron las instalaciones de la fábrica Cantera Cerro Negro, dedicada a la fabricación de cerámicos, porcelanatos y ladrillos huecos. En ese marco, mantuvieron una reunión con los trabajadores al respecto de la situación crítica que vive la firma, debido a la caída del sector de la construcción.

Por su parte, Wesner subrayó: "Estamos sufriendo las consecuencias de un modelo económico nacional que repercute muy negativamente en nuestra provincia y en Olavarría”. "Desde nuestro municipio agradecemos al Gobierno provincial por fomentar estos espacios de diálogo para apoyar a nuestros productores y productoras: es primordial abrir la palabra, conocer las realidades de nuestra gente y trabajar codo a codo", agregó.

“Hay que ponerle un freno a todo esto el próximo 26 de octubre. La única fuerza política que ya ha demostrado que no negocia sus principios, que no se vende y que no se asusta es Fuerza Patria: llenemos las urnas de votos para defender a Olavarría y a la provincia de Buenos Aires”, concluyó Kicillof.

Por último, el Gobernador y la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, recorrieron las obras en ejecución para la construcción de 20 nuevas casas en el barrio CECO III. Tras una inversión total de $4.162 millones, estas viviendas se sumarán a las ya 80 entregadas en el complejo.