“Cuando se habla de peaje, en Argentina, es un impuesto al tránsito”, dijo Ricardo Lasca,  coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv). La organización no solo reclama desde hace tiempo por políticas integrales de infraestructura vial y porque lo recaudado en impuestos a los combustibles se destine a obras: también ha presentado planes y propuestas en este sentido.

En los últimos días el gobierno nacional autorizó una actualización de la tarifa de los peajes y la medida tuvo impacto directo en Tandil y la región. Al respecto, ya rigen los nuevos valores en las estaciones de La Vasconia y El Dorado.

Como lo hizo con otras rutas nacionales, Nación adjudicó por los próximos 20 años gran parte de la 226 a la empresa Corresur. Los pliegos de concesión no contemplan obras estructurales, ni proyectan intervenciones para mejorar la compleja situación de la traza urbana. La firma a cargo de la ruta se encuentra realizando tareas de mantenimiento en rotondas.

Como parte de las actuaciones tras la presentación de una acción de amparo, funcionarios el Municipio y la Defensoría del Pueblo declararon ante la Justicia Federal para reclamar por obras que mejoren la seguridad vial. Pero el tema de fondo sigue sin resolverse: la Ruta Nacional 226 atraviesa la ciudad y las rotondas en la traza urbana concentran gran parte de los siniestros viales registrados a nivel local.

En ese marco, Ricardo Lasca dialogó con El Eco. Los peajes como impuestos al tránsito, los planes viales cajoneados y una compleja situación que viene de larga data pero que, de acuerdo a lo que transmitió, se profundizó en el último tiempo.

-En los últimos días aumentaron los peajes, y la medida ya tuvo su impacto en Tandil y la zona, en las estaciones de la Ruta Nacional 226. Desde Conaduv tienen una posición al respecto…

-Ricardo Lasca: Primero queremos aclarar que cuando se habla de peaje en Argentina no es peaje, es claramente un impuesto al tránsito. Porque el sistema de peaje directo ha sido concebido para cuando uno construye y termina la obra, luego la recupera con una tarifa y una renta razonable por su servicio público y con un camino alternativo libre.

Acá en nuestro país se hizo algo totalmente diferente, algo inédito, un disparate total. Porque los peajes se hicieron sobre rutas existentes y sin camino alternativo, con lo cual el régimen vigente tanto a nivel nacional como provincial es claramente inconstitucional.

Aparte hay un tema de doble imposición. Por el impuesto al combustible y todos los impuestos al margen que pagamos. Así que no es que no hay dinero. El dinero está, pero es malversado por cada uno de los gobiernos. Y esto no es de ahora, viene de los ’90, y el impuesto de los combustibles debería ser destinado a infraestructura vial. Esto lo digo para aclarar que cuando dicen que aumentó el peaje, en realidad aumentó el impuesto al tránsito.

Es decir, uno no es que está en contra del peaje. Lo que pasa que esto, reitero, no es peaje, es impuesto al tránsito y por lo tanto afecta el costo de transporte y por ende todos los precios de la economía. Esto lo paga toda la sociedad en su conjunto, tenga o no vehículo.

Está todo desvirtuado y esto demuestra que es un gran negocio, una verdadera política. Cambian los gobiernos y seguimos con más de lo mismo. Y actualmente, es peor porque se agregaron nuevas estaciones de cobro.

Aclaro que no hay un ente regulatorio. Los caminos son de dominio público, no son propiedad de un presidente o de un gobernador y ese ente debería haberse creado por ley antes de haber adjudicado las concesiones, porque los usuarios viales estamos a la buena de Dios, no tenemos derecho a nada.

-Y en los pliegos de las nuevas concesiones no hay obras estructurales previstas…

-Hay ajustes trimestrales en las tarifas y se premia a empresas incumplidoras y lo peor es que solo se prevé corte de pasto y bacheo, o sea, lo que se suele decir un maquillaje. 

Ni autopistas ni autovías, u obras, como en el caso de Tandil, donde hay mucha preocupación porque la ruta pasa por el medio y no está previsto hacer ninguna obra en serio, sino simplemente un maquillaje.

-¿Algo se puede hacer?

-Nosotros hemos presentado varias propuestas para desarrollar planes viales y son cajoneados, no se tratan en el Congreso, en las comisiones. Hemos presentado un proyecto para crear una comisión, una especie de bicameral de seguimiento del impuesto en los combustibles, y tampoco se trató. Quejarse es fácil, pero tenemos propuestas también.

-No se trata solo de una cuestión económica, ya que la falta de obras y mantenimiento se relaciona también con los siniestros viales… 

-Bueno, lamentablemente acá se juega con la vida. Hay más de 4 mil muertos por año, 100 mil heridos, o sea, al margen de lo económico es un tema gravísimo por la cantidad de siniestros que se puedan evitar. Y nadie se hace responsable de eso 

-Si bien dice que esto viene desde los ´90, en el último tiempo y en particular con este gobierno actual nacional, ¿Esto se profundizó? ¿Se agudizó?

-Sin ninguna duda. Esta empresa que tenía las rutas, Corredores Viales, una empresa escandalosa de la que nos vendieron que era estatal cuando era una Vialidad paralela. Solamente se ha dedicado a cobrar peaje. Como Aubasa, son administradoras. 

Y este gobierno no ha hecho absolutamente nada. Por eso uno se pregunta, ¿quién se hace responsable de la cantidad de muertos y heridos que se pueden haber evitado si se administran bien los fondos del impuesto a los combustibles? Nadie.

Y la aclaro que el impuesto a los combustibles recauda 3,500 millones de dólares por año y con eso se podrían hacer más de 2 mil kilómetros de autovía todos los años. Desarrollando mano de obra, inversión, mejorando las economías regionales. Fíjese la cantidad de beneficios que uno puede tener simplemente asignando esos fondos como corresponden. Entonces, no digan que no hay plata.

-En Tandil tenemos el caso de la Ruta Nacional 226. La ciudad creció, por lo que desde hace tiempo que se reclama por obras para la seguridad vial, ya que se concentran muchos accidentes en la traza urbana y las rotondas. ¿Conoce este caso? ¿Cuáles obras creen que deberían hacerse?

-Yo trabajo como agrónomo, así que esa zona la he transitado. Como profesional del agro siempre estoy viajando. Muchos recordarán el proyecto del fallecido Dr. Guillermo Laura, el proyecto autopista libre de peaje. Tuvo estado parlamentario en cuatro oportunidades y lo cajonearon. Hay muchas propuestas superadoras para hacer un plan en serio y libre de peajes.

Son todos cómplices de lo mismo, todos los gobiernos. Entonces, este es un gran negociado con la obra pública, en este caso con las rutas nacionales, provinciales, etcétera.

-¿Puede esperarse alguna mejora con concesiones a 20 años y con estos pliegos?

-Puede haberlas, pero van a ser frente a grandes movilizaciones que hay. Sobre todo en la Ruta Nacional 5, donde hay muchos autoconvocados.

Se puede pedir un crédito externo, a veces se hace, pero no la harían por la concesión. Entonces pregunto, si va a ser una autovía con fondos externos ¿para qué cobran el peaje?

En lo que ya prácticamente se confirma como la crónica de otra muerte anunciada, el gobierno nacional notificó a siete trabajadores de la oficina Tandil de la obra social de las Fuerzas Armadas: desde el próximo 30 de noviembre estarán desvinculados de sus fuentes laborales.

Se trata de siete de los catorce empleados civiles de la delegación local de Obra Social de las Fuerzas Armadas (exIosfa). De acuerdo a lo planteado por delegados de los trabajadores, se trata de personal de planta que había formalizado su condición en el año 2023. Las notificaciones recibidas, ampliaron, desconocieron esa formalización, por lo que fueron considerados como contratados.

De parte del personal que todavía permanece en funciones no dudaron en confirmar un hecho sobre el que se viene comentando hace tiempo, y que incluso se aseguró en medios de alcance nacional: la oficina Tandil de la obra social de las Fuerzas Armadas cerrará sus puertas. Cabe señalar, no hay información oficial al respecto.

El próximo lunes 2 de noviembre, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), realizará una reunión en la delegación local de OSFA. En vistas de los recientes despidos, los trabajadores determinarán una estrategia gremial, una política y otra judicial. El mismo día, el secretario general de ATE Tandil, Hernán Gasparini, mantendrá un encuentro con secretarios de localidades con las mismas problemáticas para definir acciones en conjunto.

Crónica de una muerte anunciada

“La situación ya no es una incertidumbre, es una realidad. Hay siete personas que el 30 de noviembre no van a tener trabajo, quedan afuera. Y otras siete que no sabemos, pero podemos esperar a las peores noticias. Todavía no hay información de qué van a ser con el resto del personal, pero sabemos que la información viene de un día para el otro. No sabemos si el edificio se va a vender”, expresó Rubén Chía, delegado de los trabajadores de la oficina local de OSFA.

“De 14 que somos, la notificación les llegó a siete que habían pasado a planta en diciembre de 2023 y nunca más habían firmado un contrato. Ahora le dicen que son contratados. Además, queda un trabajador que está contratado hasta el 30 de noviembre. Y los otros 6 que quedamos somos de planta y no nos llegó la notificación”, sumó Chía, quien aportó otro dato: de las personas que fueron notificadas, 4 son afiliadas a la obra social.

La delegación Tandil de la actual OSFA cuenta con una cápita de alrededor de 3500 afiliados de la ciudad, entre miembros de Fuerzas Armadas y sus familias. Además, la oficina -en la que se desempeñan 27 trabajadores entre militares y civiles- tiene jurisdicción sobre los 1500 afiliados de Azul y los 970 de Olavarría.

Más allá de los despidos y el posible cierre, la crisis de la obra social involucra deudas, corte de prestaciones y reclamos por la demora en la autorización de prácticas. Una vecina afiliada contó a El Eco que espera hace dos años por una prótesis.

La misma vecina dio cuenta también de otros casos: afiliados que deben trasladarse a Mar del Plata u otras delegaciones para someterse a intervenciones complejas de salud.

Si bien portales nacionales aseguraron que se concretaría el cierre de oficinas como la de Tandil, y las noticias al respecto indican una intención clara al respecto, hasta el cierre de esta edición la medida no estaba confirmada.

Días atrás, la seccional Tandil-Benito Juárez de ATE presentó una nota ante el Concejo Deliberante para solicitar un pronunciamiento sobre la situación de la obra social.  “El funcionamiento de la obra social es deficiente y ha ido empeorando desde que asumió el gobierno de Javier Milei. Los afiliados de la obra social padecen la interrupción o corte definitivo de prestaciones y servicios”, afirmaron los firmantes.

“Por un lado se dispone la adquisición por parte del Ministerio de Defensa de las aeronaves F-16 para la VI Brigada Aérea, consolidando a Tandil como un punto estratégico militar, a la vez que se decide dejar sin oficina de atención a afiliados de la Obra Social de las Fuerzas Armadas”, consideraron desde la nota presentada.

En el marco de los espacios de encuentro creados por la llamada “Ordenanza de Comedores”, la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat del Municipio presentó en el Concejo el informe que da cuenta del preocupante aumento de la demanda alimentaria en la ciudad: hubo casos en los que la cantidad de familias asistidas subió un 175 por ciento desde el 2024 a la fecha.

“Los gráficos de barra muestran el gran incremento que hubo en la demanda y la cantidad de viandas, raciones individuales que están asumiendo por mes los comedores. Es impresionante el número", expresó Juliana Teerink, secretaria de Desarrollo Humano, en diálogo con El Eco.

El encuentro se llevó a cabo el viernes 23 por la mañana, en el recinto del Concejo Deliberante, durante la reunión semanal de la comisión de Desarrollo Social y Salud. Asistieron referentes de comedores, merenderos y organizaciones sociales de la ciudad, así como también la trabajadora social Carla Mucklowe, responsable comunal de recorrer los espacios de asistencia alimentaria.

La presentación del informe fue parte de los trabajos realizados en el marco de la normativa que estableció la Ordenanza de Comedores, sancionada en 2024.  La ordenanza permitió formalizar la sistematización de datos en cuanto a la asistencia alimentaria y establecer instancias de articulación directa entre el Estado y las instituciones territoriales.

Juliana Teerink destacó  la importancia de contar con estadísticas precisas para establecer diagnósticos y proyectar políticas públicas en articulación con las organizaciones. En ese sentido, la funcionaria explicó que el informe no solo se centró en una descripción cualitativa del trabajo realizado, sino que aportó datos concretos que evidencian el despegue de la demanda entre 2024 y 2026. 

El análisis de los números presentados revela cifras contundentes sobre la situación alimentaria en Tandil. Por ejemplo, en el comedor Creciendo Juntos, la entrega de viandas mensuales pasó de 420 en 2024 a 2600 en 2026. En el caso de Los Tatú, pasaron de  576 a 3944 viandas en el mismo período. La Asociación Civil Corazones Tandilenses (el comedor de Cacha) pasó de 4010 a 7062 viandas mensuales.

El informe también permitió observar variaciones en la cantidad de familias atendidas. En la Asociación Civil Corazones Tandilenses, el número de familias pasó de 35 en 2024 a 76 en 2026, un incremento del 117,1 por ciento. En Los Tatú atendían 36 familias en 2024, y actualmente atiende a 62, lo que supone una suba de un 100  por ciento.

En el comedor Milagros -de Villa Italia- se atendían a 16 familias en 2024, mientras que en el corriente año atienden a 44: representa una suba de un 75 por ciento.

A la fecha, dentro de la reglamentación que exige la ordenanza, el Municipio trabaja con siete comedores y dos merenderos que asisten a 1257 personas de 335 familias, y entregan un total de 17222 viandas.

La normativa permitió generar, entre Estado y organizaciones, acciones conjuntas que exceden a la asistencia directa: cursos de manipulación de alimentos, la incorporación de comedores al Programa PIAS luego de la baja del Potenciar Trabajo, se articuló con el Banco de Alimentos.

"Sí, la ordenanza de comedores fue beneficiosa", afirmó Juliana Teerink, subrayando que el marco legal permitió ordenar el trabajo conjunto. La funcionaria valoró el espacio de diálogo generado y enfatizó que el objetivo central de la gestión municipal no es fiscalizar, sino brindar herramientas de mejora continua para los actores que sostienen la asistencia en los barrios.

“Pudimos encontrarnos en una mesa de trabajo. Porque la idea no es controlar a nadie, sino acompañar procesos y desde ese punto hasta el día de hoy venimos trabajando de esa manera, con cursos de manipulación de alimentos con Bromatología, con certificación, arreglos en algunos espacios comunitarios de infraestructura para garantizar también la higiene y demás”, indicó.

Esta metodología de trabajo, que incluye recorridas mensuales por parte de la trabajadora social Carla Mucklowe, busca fortalecer la capacidad operativa de los comedores frente a una demanda que, según admitió la propia secretaria, genera inquietud sobre cómo sostener la respuesta a futuro.

Como parte de la continuidad de las reuniones, Terrink adelantó que la próxima reunión tendrá como eje central el abordaje de las facturas de energía eléctrica, buscando alternativas para acompañar a los espacios en el pago de los servicios básicos.

La presentación ante el Concejo Deliberante reafirmó la importancia de la Ordenanza de Comedores como una herramienta de gestión pública conjunta, entre el Estado y el tercer sector. La posibilidad de contar con datos reales y comparativos permite no solo dimensionar la situación mes a mes, sino también diseñar estrategias de intervención que garanticen la seguridad alimentaria para las familias más vulnerables de Tandil. 

La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Adunce) recordó que "hace un año que el gobierno nacional decide no cumplir con la Ley de Financiamiento”.

La ley que actualiza los montos salariales de trabajadores universitarios docentes y no docentes pasó por cuatro sesiones en el Congreso Nacional, pero también fue vetada por el presidente. Tras idas, vueltas y marchas masivas que se llevaron a cabo en todo el país en defensa de la universidad pública, la normativa se aprobó de manera definitiva en octubre de 2025.

La situación se vincula de manera directa con la crisis del sistema universitario, una realidad que tiene su impacto a nivel local: las diferentes marchas convocaron a una significativa cantidad de vecinos y vecinas, docentes, no docentes y hasta autoridades universitarias han planteado en reiteradas ocasiones los efectos del ajuste en la Unicen. En el mismo sentido se manifestaron científicos y científicas.

Los docentes nucleados en Adunce emitieron un comunicado para recordar el primer aniversario desde la sanción de la Ley, la cual consideraron fundamental para garantizar el funcionamiento de las instituciones de enseñanza superior en todo el país.

La situación, plantearon desde Adunce, afecta a más de 60 universidades nacionales, casi 2 millones de estudiantes, 160 mil docentes y 50 mil trabajadores no docentes y ha generado un profundo malestar en la comunidad académica. 

Los universitarios enfatizaron que la falta de respuesta por parte de las autoridades nacionales no solo compromete el presente de la educación pública, sino que pone en riesgo el futuro del desarrollo científico y profesional de la Argentina, en un contexto donde los recursos son vitales para sostener la calidad educativa y la infraestructura necesaria para el dictado de clases.

En su descargo, el gremio fue tajante al señalar la gravedad institucional de este incumplimiento prolongado. "Milei lleva un año sin cumplir una ley que fue votada a favor 6 veces en el Congreso Nacional, algo inédito en la historia argentina. Esto da cuenta del carácter profundo, federal y transversal que tiene la universidad pública para nuestra sociedad", expresaron desde la organización sindical, subrayando que la desobediencia a las leyes votadas por el parlamento debilita el sistema democrático.

El reclamo también apuntó directamente hacia el Poder Judicial, al cual le exigieron una resolución inmediata. Actualmente, existe un fallo de primera instancia y una medida cautelar que dictaminaron la inconstitucionalidad del decreto que suspende la ley. Sin embargo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal aún debe ratificar esta decisión. 

"El poder judicial no puede dar un paso adelante y dos atrás. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal debe resolver urgente y confirmar el fallo de primera instancia que afirma que la ley debe cumplirse", manifestaron los docentes.

Por otro lado, la mirada está puesta en el debate parlamentario que se desarrolla en el Congreso. "El Poder Legislativo se encuentra debatiendo el Presupuesto 2027 y debe incluir allí la Ley de Financiamiento Universitario", señalaron desde Adunce, instando a los legisladores a garantizar los fondos necesarios para el próximo ejercicio fiscal.

Esta exigencia busca blindar el presupuesto universitario frente a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, asegurando que los recursos lleguen efectivamente a las casas de altos estudios que hoy atraviesan una crisis presupuestaria significativa.

"El Poder Ejecutivo debe cumplir la ley. Y mientras no lo haga toda la comunidad universitaria y el conjunto del pueblo seguirá luchando", advirtieron desde el gremio, dejando en claro que la resistencia persistirá mientras los derechos educativos sigan siendo vulnerados. 

Para los docentes, la defensa de la universidad pública es una causa nacional que trasciende los intereses sectoriales y se vincula directamente con la soberanía y el progreso del país.

Finalmente, el comunicado concluyó con una fuerte crítica a la clase política y a la gestión actual. "Hay responsables y hay cómplices de este pisoteo a la democracia, a las instituciones republicanas y a la división de poderes", sentenciaron desde Adunce.

Con esta declaración, el sindicato reafirmó su compromiso con la defensa de la educación pública, asegurando que seguirán visibilizando la problemática hasta que se logre el cumplimiento efectivo de la ley y se garantice el futuro de la patria a través de una universidad financiada y fortalecida.

La Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen) concluyó recientemente una serie de conversatorios territoriales que permitieron relevar la compleja situación de la demanda alimentaria y la ayuda social en Tandil. 

“Hay una conclusión general que surge de lo que transmiten todos los espacios, y es que hay aumento de la demanda. Cada vez más gente se acerca a pedir comida o pedir ayuda, para poder pagar las facturas, etcétera. Nosotros estamos abocados a la cuestión de alimentación, pero salen un montón de otros problemas, consumos problemáticos o endeudamiento”, explicó Marcelo Righetti, integrante del del proyecto de extensión “Cuestión alimentaria en Tandil”, impulsado por el Eje Salud del Observatorio Social de la mencionada unidad académica.

Durante septiembre y octubre se realizaron tres encuentros (en La Movediza, Las Tunitas y Villa Aguirre). El proyecto comenzó a finales de 2023, con el fin de  generar un diagnóstico preciso en articulación con organizaciones sociales, instituciones estatales y la comunidad en general.

Righetti explicó que el objetivo central de la propuesta es abordar la problemática alimentaria mediante un trabajo conjunto que permita visibilizar la situación en los barrios. 

Según el especialista, el relevamiento cualitativo realizado en los conversatorios  arrojó conclusiones alarmantes sobre la realidad que atraviesan los sectores más vulnerables de la ciudad. La participación de trabajadores de centros de salud, referentes de comedores y merenderos, y docentes universitarios permitió trazar un mapa detallado de la crisis actual.

El diagnóstico del equipo de la Unicen destacó que, tras un 2024 marcado por un incremento brusco en la demanda y las dificultades operativas derivadas del recorte de alimentos por parte del Ministerio de Capital Humano, durante 2025 se observó una etapa de estabilización en niveles críticos. 

Sin embargo, indicaron que en el último año registraron una nueva aceleración en la necesidad de asistencia. "Después vimos una estabilización, en un nivel muy lamentable. Y este último año se ha notado fuerte el incremento de la demanda", remarcó el integrante del proyecto de extensión.

Uno de los puntos más críticos señalados por los actores territoriales es la discontinuidad de políticas públicas esenciales. "Una cosa que nos han marcado muchas personas fue el cese del programa Mesa, el módulo alimentario que entregaba productos secos en las escuelas", detalló Marcelo Righetti. 

Esta medida, sumada al desmantelamiento de programas como el Potenciar Trabajo, ha resentido profundamente el funcionamiento de los comedores y merenderos, que perdieron el apoyo de trabajadoras sociocomunitarias que sostenían las ollas populares en los barrios.

El equipo de investigación también analizó las causas detrás de este fenómeno. "No podemos confirmarlo, pero sí podríamos sospecharlo, es que el amesetamiento durante el 2025 probablemente esté vinculado con pagar la comida con deudas, o con el endeudamiento para sostener gastos corrientes", sostuvo el referente. 

Esta dinámica de endeudamiento para cubrir necesidades básicas, consideró, refleja una crisis estructural que trasciende la falta de alimentos y se vincula con la falta de empleo, el aumento de los alquileres y el costo del transporte.

Ante este escenario, el Observatorio Social busca ahora profundizar su metodología de trabajo para obtener datos más precisos. "Estamos a punto de sacar una encuesta para que puedan realizarla referentes de espacios, de organizaciones sociales que hacen entrega de alimentos. Lo que a nosotros nos interesa es ver la demanda que tienen para intentar cuantificarla de alguna manera", adelantó Marcelo Righetti. La intención es complementar la información cualitativa ya obtenida con datos cuantitativos que permitan dimensionar el alcance real de la crisis en el distrito.

Finalmente, desde la Facultad de Ciencias Humanas enfatizaron la urgencia de implementar medidas que atiendan la emergencia inmediata, pero también la necesidad de debatir políticas estructurales. 

Resulta, a juicio de los investigadores, una paradoja dolorosa que en una ciudad con una capacidad productiva de alimentos tan rica como Tandil, exista un número creciente de personas que no pueden acceder a una dieta básica. El proyecto de extensión continúa trabajando para articular a los diversos actores sociales y buscar soluciones integrales a este problema histórico que afecta a la comunidad local.

A dos meses del anuncio y de la carga de los trámites administrativos correspondientes, la llegada de un médico de cabecera de PAMI a Gardey todavía no se concretó. El motivo es que se encuentra pendiente la “auditoría en terreno” que debe llevar adelante la central de la obra social.

“Pendiente de auditoría de admisión en terreno” marca el seguimiento del expediente sobre el trámite que depende de la administración central de la obra social. Funcionarios de la UGL de Mar del Plata estuvieron en la ciudad, aunque no fue para realizar la auditoría sino para asistir a la inauguración de un nuevo servicio sanitario para afiliados de PAMI en las instalaciones de Amemt.

La auditoría de admisión en terreno es el último paso antes de formalizar la atención de un médico de cabecera. Se trata de la inspección que llevan a cabo las autoridades de la obra social a los fines de certificar el espacio de consultas.

La auditoría para el consultorio en Vela –que funciona en el Centro de Jubilados- se hizo meses atrás mediante envío de fotografías y un formulario en línea. En Gardey todavía no se realizó, aunque el lugar proyectado para la atención es un espacio dentro del Centro de Salud, donde ya se realizan prácticas médicas y cuenta con habilitación del Ministerio de Salud de la Provincia.

La cobertura de médicos de cabecera de PAMI para las localidades rurales se instaló en la agenda pública desde marzo de este año, cuando se cumplieron tres meses sin que la administración de la obra social defina un profesional para Vela.

Tras reclamos de vecinos y previo acuerdo con el Centro de Jubilados, Matías Tringler anunció que volvería a brindar atención. La habilitación del espacio de consultorio se demoró, pero finalmente se concretó.

A fines de julio pasado, desde el Municipio anunciaron que habían dispuesto el Centro de Salud de Gardey para que en el lugar pueda volver a atender un médico de cabecera, y también Tringler se ofreció. El médico y concejal completó los trámites correspondientes, pero el inicio de la atención todavía no se hizo efectivo ya que resta la mencionada auditoría.

La situación se da en el marco de una problemática mayor: los reclamos de los propios profesionales por los montos que perciben de parte de la obra social. La demanda médica no solo provocó medidas de fuerza, sino también renuncias de profesionales.

En Gardey hay actualmente entre 70 y 80 jubilados residentes en la localidad, pero el número se eleva a 180 o más contemplando los campos de la zona.

Durante la semana anterior, hubo reuniones para reclamar por avances administrativos que finalmente habiliten la atención. La concejal Andrea Pezzi –UCR-, mantuvo encuentros  con integrantes del Centro de Jubilados y con autoridades de la delegación.

“El Municipio siempre cedió el Centro de Salud para el médico. Está en condiciones. Se pasaron hasta los seguros del lugar y todo, y está cedido el espacio para la atención. Hay elementos, camilla, se hizo una rampa para ingresos, con pasamanos, está en condiciones”, señaló Pezzi, vecina de Gardey y exdelegada.

“Estamos en permanente reclamo, y todas las semanas llamamos”, sumó la concejal sobre los continuos y sostenidos reclamos de parte de la localidad para contar con un médico de cabecera.

Tal como sucedió en Vela, la atención de un profesional en las localidades rurales no tiene que ver solo con el acceso a prácticas médicas, sino con la posibilidad de los adultos mayores de contar con recetas para los medicamentos crónicos sin tener que trasladarse a Tandil.

La situación de los médicos de cabecera de PAMI –y de otros profesionales de la salud-, excede a la de las localidades rurales. Durante la semana anterior, profesionales agremiados en Appamia llevaron a cabo una medida de fuerza –atendieron solo urgencias-, para volver a poner en agenda un planteo sostenido: la actualización de los haberes que perciben por las atenciones.

La crisis en el transporte público de pasajeros no es novedad. En Tandil, el tema está instalado en el debate público desde hace tiempo, a partir de las demandas de las empresas que alertan de manera constante sobre el impacto de las modificaciones de los aportes de Nación y las subas en los costos fijos, como el combustible.

Tras meses de debate, el Concejo sancionó la emergencia, y el Ejecutivo -ahora con facultades-, dispuso tres iniciativas: estableció cambios en las frecuencias, equiparó el beneficio de los estudiantes primarios con el de los secundarios, y determinó una suba del boleto plano que estará vigente a partir de noviembre.

Por el tema fue consultado Daniel Albanese, presidente de la Cámara de Transporte, la entidad que nuclea a las empresas del sector en la ciudad. El dirigente sostuvo que hay que darle tiempo a las medidas para registrar su efectividad, señaló que viajaron a La Plata a reunirse con funcionarios provinciales para analizar la situación de la línea Blanca, y consideró a su vez que en toda su trayectoria como empresario nunca había registrado un retiro similar del Estado Nacional.

-El Ejecutivo dispuso una serie de medidas en el marco de la emergencia del transporte. ¿Qué evaluación hacen de las mismas?

-Daniel Albanese: Sí, va a haber un incremento en noviembre por IPC, y se está trabajando. Por lo menos ha hecho algunas propuestas el Ejecutivo, entiendo con el objeto de sostener el sistema de transporte de Tandil y sus costos crecientes, permanentes.

Habrá que evaluar en el tiempo cómo funcionan estas medidas respecto de este incremento, respecto del establecimiento de frecuencia y de equiparar el boleto secundario.

-¿Alcanza con estas medidas?

-Entiendo que habrá que ir evaluando con el tiempo a ver cómo resultan. Va ayudar sin lugar a duda al sistema de transporte a achicar la brecha que tiene y el déficit permanente, pero habrá que evaluar el tiempo. Pero hay que esperar por lo menos un par de meses a ver cómo evoluciona.

Por lo pronto, hay medidas. Es muy distinto a cuando tenés que plantear esto en el Concejo Deliberante y se producen eternas discusiones que no llevan a ningún lugar. Hemos tenido discusiones más de seis meses sin resolver.

-Durante la discusión en el Concejo, una de las propuestas fue la de evaluar el pliego de transporte en su conjunto. ¿Qué mirada tienen sobre esa posibilidad? 

-La verdad que es muy difícil porque eso llevó un trabajo muy largo de todo el Concejo, de todas las instituciones intermedias y demás. Lo que acá hay que tratar de salvar es esta coyuntura que está destruyendo el sistema de transporte en todo el país.

Caen empresas permanentemente en todos los lugares. En Necochea van a intentar por tercera vez una licitación con dos presentaciones, con empresas que hoy están prestando el servicio, que no quieren seguir, están siendo obligadas en una prórroga del Concejo Deliberante, pero que dicen que se ha tornado inviable el transporte en Necochea. En Bahía también.

Creo que es un momento para evaluar algún tipo de medidas a ver si se puede sostener el sistema de transporte a nivel nacional para ver si en  algún momento aparecen políticas para este sector, desde el Estado Nacional.

Porque en el municipio se puede hacer algo, pero las verdaderas modificaciones tienen que venir del Estado nacional y provincial.

-A nivel local, una de las líneas que estaba más complicada era la blanca. ¿Cómo está la situación hoy?

- Estamos tratando de administrar lo mejor posible, generando algunos cambios en la dirección y demás, tratando de encontrar algún tipo de equilibrio. Porque estamos hablando de 30 puestos de trabajo que pueden llegar a perderse.

Hemos viajado a La Plata,  por gestiones del concejal Marcelo Valle, tratando de generar este algún expediente que nos permita alguna asistencia del lado de Provincia.

Sabemos que de Nación no va a venir absolutamente nada y bueno, veremos si estas medidas alcanzan a esa brecha tan compleja, ese déficit permanente que tienen las líneas y sobre todo la línea blanca que menor recaudación tiene. Estamos trabajando muy duro para ver si podemos salir adelante.

¿GPS para los colectivos de Tandil?

-Recién se puso en marcha el cambio en las frecuencias, y un elemento que se relaciona con una mejor implementación es el retorno de la geolocalización, ¿En qué está eso?

-Va a ser muy  positivo para los usuarios y para el sistema de transporte en general. Entiendo que es una decisión del Ejecutivo que tendrá que evaluar. Tiene un costo que, hasta donde sé, es en dólares. Habrá que ver la posibilidad de que se pueda afrontar porque sería un beneficio muy importante para los usuarios.

-¿No es algo que se pueda hacer a través de la SUBE?

-La SUBE nunca lo pudo desarrollar. Es un sistema que tenía SUMO y que funcionaba muy también. Entiendo que el desarrollo está hecho. Lo que pasa que hay que reponer los equipamientos en cada unidad, los GPS. Tenen un costo bastante importante y entiendo que el Ejecutivo lo está evaluando, lo tiene en carpeta. Nosotros también lo hemos planteado y sabemos que están trabajando en el tema, así que ojalá lo podamos conseguir.

-¿ Provincia o Nación mantienen deuda con las empresas locales?

-Provincia está al día. Por suerte venimos bien  Lo que sí viene siempre atrasado, llevamos 60 días de retraso con lo que es el atributo social federal que es el que paga el Estado Nacional. Sale del este 55 por ciento que aporta para quienes tienen AUH, veteranos de Malvinas, domésticas, etcétera.

-Hace tiempo que está en el transporte. ¿Recuerda algún momento en el que el Estado Nacional haya tenido esta misma política, de ajuste y quita de subsidios?

-No, nunca. Al contrario, el Estado Nacional, en pandemia el Estado Nacional estuvo presente y siempre trató de sostener los sistemas de transporte en todo el país.

La verdad que esto ES un golpe brutal para todos los sistemas de transporte y por eso han desaparecido tantas líneas de transporte y están por desaparecer muchas más. Apuesto a sostener el transporte buscando que en algún momento aparezcan políticas públicas nacionales. Porque el sistema de transporte es costosísimo y está subsidiado en el mundo.

Mal puede no estar subsidiado en la Argentina cuando tenemos un combustible que está dolarizado, que a pesar de ser productores de petróleo, lo pagamos a precio internacional. Y con aumentos permanentes, casi diarios. Pero no hay políticas en ese sentido, como hubo en otro momento.

La verdad que en los años que llevo, que son muchos, nunca vi una ausencia tan grande del Estado nacional.

Luego de que Nación haya anunciado que diez nuevos medicamentos pasarían a ser de venta libre, El Eco dialogó con Silvina Calvi, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Tandil. Fue para conocer el impacto de la medida y para consultar sobre los efectos del avance de la desregulación en el sector. La referente de la entidad aseguró que la venta libre provoca el encarecimiento de los medicamentos, ya que estos pierden la cobertura por obras sociales.

“Al salir a ser de venta libre pasan a dejar de tener cobertura social, con lo cual se encarece el precio”, transmitió Calvi. Señaló además que los farmacéuticos son los profesionales que se encuentran disponibles los 365 días del año, las 24 horas, para asesorar a la ciudadanía por consultas referidas a medicamentos.

Fue a fines de julio cuando el Ministerio de Salud de la Nación informó que la Anmat amplió la venta libre de medicamentos  “para facilitar el acceso a tratamientos seguros”.

La disposición, figura en el portal oficial del gobierno, “alcanza a las especialidades medicinales que contengan, en las concentraciones y formas farmacéuticas autorizadas, los siguientes ingredientes activos: Trimebutina Maleato, Levocetirizina Diclorohidrato, Fexofenadina Clorhidrato, Dimenhidrinato, Nafazolina Clorhidrato + Feniramina Maleato, Olopatadina Clorhidrato, Carboximetilcisteína, Cloruro de Aluminio Hexahidratado, Carbonato de Calcio + Tintura de Árnica Montana + Nitrato de Plata e Ivermectina”.

El pase a venta libre se sumó al que el gobierno había dispuesto en 2024. Entonces se había liberado la venta de inhibidores de la bomba de protones, es decir “prazoles”. La nueva resolución, sostuvo Calvi, no produjo tanto impacto como la primera, ya que las drogas que se liberaron no son de consumo masivo como sí lo es, por ejemplo el omeprazol. “El omeprazol se dispensaba mucho por PAMI, y de repente bajó muchísimo”, sostuvo al respecto.

“Pasaron 10  moléculas nuevas a venta libre y la realidad es que lo que hay que decir es ‘venta libre’, porque cuando uno dice venta libre no es venta libre en cualquier establecimiento que no sea una farmacia. Medicamentos venta libre se dispensan únicamente en farmacia. No hemos tenido consultas porque no eran drogas tan masivas como fue la vez pasada con lo del omeprazol. Por eso no hemos tenido repercusiones en los mostradores”, indicó la farmacéutica.

Consultada sobre si la disposición de Nación supuso un paso más en la desregulación de la venta, Calvi coincidió, y marcó además que “van por ese camino y que después el medicamento se pueda comprar por páginas online, con su terrible peligrosidad, porque no hay un responsable, un profesional responsable atrás que pueda garantizar y asesorar sobre este medicamento”.

Por tal motivo, sostuvo, “hay muchas campañas que están continuando tanto desde Tandil como desde el Colegio central, porque El medicamento no debe salir de las farmacias. Cualquier medicamento que se compre en un lugar que no es una farmacia, no se puede garantizar su legitimidad, porque no se sabe dónde compró. No se puede saber si son adulterados, falsificados o cuál es la cadena de comercialización”, planteó.

Si bien otros distritos avanzaron con la desregulación de la venta de medicamentos, la farmacéutica sostuvo que la Ley Provincial  no avala la posibilidad de que los medicamentos se venden en otros establecimientos que no sean farmacias.

“En Provincia tenemos otra Ley, la 10606. Acá no se pueden dispensar medicamentos en kioscos y vamos a luchar por eso porque nos parece muy peligroso para la población”,  sostuvo Calvi, quien destacó el rol de los farmacéuticos en el asesoramiento a la ciudadanía en general: “el farmacéutico es el profesional que está 24 horas, los 365 días del año a disposición de la población para cualquier consulta”.

En paralelo a la situación con respecto a la venta libre de medicamentos, Calvi fue consultada sobre los pagos de las obras sociales, y en particular PAMI. “Todos los meses miramos los pagos porque hay que estar controlando atrás. Se habían puesto al día cuando se pagaron con las letras y después tuvieron un mes y tardaron en pagar. Después otra vez se pusieron al día, es muy inestable. Ahora breve se termina el convenio de PAMI, así que ya están negociando nuestras entidades el nuevo convenio”, informó, aunque marcó también que la complejidad de los pagos se registra en muchas otras obras sociales.

Tras retomar los trabajos en los Consultorios Externos del Hospital Santamarina -con fondos propios-, el Municipio de Tandil colocó un cartel al frente del lugar: “Obra abandonada por el Estado nacional. Retomada con recursos de los contribuyentes de Tandil”.

El letrero señala que el monto de la obra es de poco más de 675 millones de pesos, y que se trata de una iniciativa financiada por la Comuna pero a cargo de la Cooperativa de Vivienda Falucho.

La obra de los Consultorios Externos -en Paz y Pellegrini- se retomó a principios de agosto, y se estiman entre seis y ocho meses para su concreción. Se construyen 16 nuevos consultorios que sumarán un total de 23 con los ya existentes. El objetivo del proyecto es el de descomprimir el Hospital Municipal y, con la losa lista, posibilitar que en el lugar se puedan generar otros espacios a futuro. 

La iniciativa llevaba alrededor de un 60 por ciento de avance cuando el gobierno nacional que asumió en diciembre de 2023 la paralizó. El proyecto estuvo en pausa, y las autoridades locales analizaron posibilidades para continuarla y gestionaron al respecto. Sin embargo, en abril pasado -el día del aniversario del Hospital Municipal-, el Intendente Miguel Lunghi anunció que retomaría la obra con fondos municipales.

Luego de tratativas con la empresa constructora -la Cooperativa Falucho-, los trabajos se reiniciaron en agosto, y el Intendente junto a funcionarios del Sistema Integrado de Salud Pública y de Planeamiento y Obras Públicas recorrieron el lugar, donde existe otra obra en marcha, la del área de Maternidad.

“Estamos muy contentos. Pudimos encontrar los fondos a través de las tasas municipales y terminar este proyecto de consultorios externos del Hospital Ramón Santamarina. Van a ser 23 consultorios donde van a estar todas las especialidades y vamos a poder sacar los consultorios del Hospital, con la idea de hacer en esta zona un centro de diagnóstico por imágenes. También hacer columnas para poder hacer dos pisos, por supuesto, con tiempo y en otra etapa”, expresó entonces Miguel Lunghi.

Comprar comida con la tarjeta de crédito es moneda corriente en Argentina, en un contexto que el índice de atraso en el pago de deudas familiares es uno de los más altos de la historia. Por el tema, que se instaló con fuerza en la agenda pública,  El Eco consultó a Juliana Bertevello (Doctora Cuentas), asesora en organización económica para particulares y negocios.

La especialista dio cuenta de una compleja situación: familias que financian sus gastos corrientes, y la “democratización” de un problema que afecta a personas de diferentes niveles económicos. Más allá de planes de financiamiento y de la posible intervención del Estado, Bertevello puso el foco en la caída del consumo y de los salarios.

“Si subsidian la tasa, en unos meses se acumulan todos los aumentos, pero todos tus ingresos siguen iguales. Ni siquiera vas a poder pagar la cuota de la refinanciación de la deuda. Sería una supuesta solución que se come a sí misma la cola. El problema es que la economía no termina de reactivar, sigue cayendo el consumo, no hay trabajos nuevos”, señaló.

“¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?”, expresó el presidente Javier Milei en una reciente entrevista televisiva, en referencia a los deudores. Marcó así la no intención de intervenir con políticas públicas que permitan a millones de familias poder afrontar sus deudas.

La mora –el atraso en el pago-, alcanzó niveles récord. Aunque detuvo su escalada, portales especializados marcaron que se debió al refinanciamiento de las mismas deudas. Los casos afectan a familias y jubilados, pero en particular a los jóvenes menores de 35 años.

A nivel bonaerense, el Banco Provincia analizó la situación y presentó el programa Ponete al día, un plan para refinanciar deudas mediante la reducción de tasas de interés y ampliación de plazos. Se trata de un ejemplo de iniciativas que podrían permitir a deudores mejorar sus condiciones, en particular frente a compromisos asumidos con bancas privadas o “proveedores no financieros”, como puede ser Mercado Libre.

Con base en Tandil, la “Doctora Cuentas” asesora y acompaña a personas de todo el país, y de diferentes situaciones económicas. Consultada por los altos niveles de morosidad marcó que la mora es el último estadio del problema, cuando un deudor no logra pagar su compromiso. Pero señaló como una realidad más preocupante el aumento del uso de la tarjeta de crédito para compras corrientes, como puede ser la de alimentos en el supermercado.

“Esto se viene observando en los últimos tres o cuatro años, e incrementó en este último tiempo”, indicó. Su trabajo ante las consultas es el de acompañar y “armar algún tipo de plan o esquema para salir a flote, y poder hacerlo de la mejor manera posible”.

Al momento de analizar los principales aspectos del tema, hizo mención a las altas tasas de interés, en particular de las tarjetas de crédito y de entidades de “micro créditos” como pueden ser Mercado Pago o tarjetas no bancarias.

“Las consultas aumentaron y tratamos de hacer algún plan, hablar con la entidad y refinanciar esa deuda. También tratar de bajar las tasas. Si pido un préstamo al Banco Provincia, la tasa mensual es del cuatro y la de la tarjeta es del ocho. Es mejor pagar la deuda de la tarjeta, cancelarla y cortar esa bola de nieve que todos los meses se multiplica por siete o por ocho”, sostuvo.

Sobre las realidades de las personas de las que recibe consultas señaló que abarca tanto trabajadores en relación de dependencia, como profesionales independientes. “Se democratizó el problema”, indicó.

Con respecto a las posibilidades de que el Estado genere políticas para aliviar la situación de las familias, enmarcó la situación en un panorama mayor: "La liberación del aumento de prepagas por ejemplo, o los servicios como la electricidad y el gas, generan un aumento constante en los costos fijos de cada hogar. La solución de fondo está relacionada con la mejora del poder adquisitivo, la reactivación del consumo y de ingresos, con empleo. Nadie se está endeudando con la tarjeta para comprarse 4 motos, sino para pagar servicios y el supermercado, es decir, para gastos corrientes  "

En los últimos días, el bloque de concejales de Fuerza Patria presentó un proyecto para que la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) “implemente programas y campañas de educación financiera, prevención del sobreendeudamiento y difusión de los derechos de consumidores y usuarios”.

En la presentación de la iniciativa, los integrantes del bloque hicieron mención al Mapa de la Deuda, una herramienta digital abierta que permite acceder a datos sobre la situación en todo el país. En Tandil se registran unos 14.885 deudores en mora, y la realidad es similar a la de otras localidades de la región. 

De acuerdo al mencionado Mapa, el monto total de la deuda en mora asciende a nivel local a pocos más de 53 millones de pesos, y representa una incidencia del 0,82 por ciento en la Provincia.

Al hacer foco en algunos datos específicos, el Mapa arroja que la tasa de morosidad es del 11,01 por ciento, aunque en jóvenes de hasta 25 años asciende al 33,42 por ciento. A su vez tasa de mora en la ciudad con proveedores no financieros de crédito alcanza el 40,72 por ciento.

Las pequeñas industrias textiles son de las más afectadas por la realidad económica, y los cierres de empresas que se dan a nivel nacional tienen también su correlato en la ciudad. “Gracias por todo”, dice el cartel de un negocio en calle Rodríguez, para anunciar el cierre de un emprendimiento local que desde hace siete años diseña, produce y comercializa indumentaria en Tandil.

El proyecto reducirá su estructura –de más de 10 personas trabajando, a la fecha lo hacen solo 4-, y se dedicará a la venta online. Los motivos fueron varios: una baja sostenida en las ventas desde diciembre pasado, el precio del alquiler que se duplicó, y cuestiones personales.

“Veníamos subiendo y después se estancó. Después de la Navidad de 2025, empezaron a bajar las ventas. Acá tenemos una estructura grande, y eso se sumó al cansancio. Un poco por lo económico y un poco por lo personal, quería pausar un poco”, contó Emerson, responsable de Contrabiker, en diálogo con El Eco.

Como se sabe, parte del complejo presente de la industria textil está marcado por la apertura de importaciones y el auge de las compras mediante aplicaciones extranjeras. “Era sabido que iba a haber una depuración grandísima porque la Argentina, al tener la economía cerrada se fabricaba mucho acá. Ahora una vez que se abrió, muchísima gente se fundió y se va a seguir fundiendo en lo que es lo textil”, agregó el emprendedor.

Emerson practicaba BMX y una década atrás abrió un local de venta de bicicletas. Tras unos años en el rubro vendió el fondo de comercio y se pasó al sector textil. En el 2019 comenzó con Contrabiker, un proyecto con el que atravesó por diferentes locales y situaciones económicas.

La propuesta fue la de hacer indumentaria de calidad, con diseño propio y una estética vinculada al BMX y al skate. “Vamos a empezar a fabricar, dijimos”, recordó Emerson sobre el momento en el que se largó con el nuevo rubro. En el piso superior del local de calle Rodríguez tiene montado un taller donde diseña, almacena tela e insumos, máquinas de corte y otras herramientas con las que confecciona remeras, camperas, buzos y otras prendas.

El proyecto funcionó pero las ventas bajaron en el último tiempo. Y se sumó otra complejidad: “Se me fue al doble el alquiler, y la verdad que es insostenible el tema de los alquileres y los impuestos que hay que pagar. Es muchísimo”, explicó. 

El local se encuentra liquidando y ofreciendo promociones hasta liquidar stock. “Lo más probable es que sigamos de manera online, y a reducir la estructura. Era demasiado esfuerzo para tan poco beneficio”, señaló sobre el futuro.

Contrabiker no es el único emprendimiento textil que cierra en la ciudad. Un proyecto de serigrafías y prendas de diseño también lo hizo hace poco más de un año. Cuando la referente del Colegio de Martilleros de Tandil dialogó con El Eco en mayo pasado, hizo mención a la realidad de los locales del centro, y a “lo que es vestimenta, que están muy mal”, como ejemplos de aquellos en los que registraban un número mayor de cierres. No solo por los precios de los alquileres, sino también por la suba de los servicios. Un local en pleno centro, contaron desde la entidad inmobiliaria, pasó más de seis meses sin alquilarse: la situación no se había dado ni en pandemia ni en la crisis del 2001.

Medios nacionales abordaron también casos de cierres de textiles y el difícil momento del rubro, con números que hablan por sí solos.. La Federación de Industrias Textiles Argentina (FITA) emitió un comunicado recientemente, en el que plantearon que “la producción nacional continúa enfrentando una elevada carga tributaria, altos costos, deficiencias logísticas y la falta de financiamiento para sostener la inversión y el empleo. Además, compite con el crecimiento exponencial de plataformas como Shein y Temu que comercializan productos sin pagar aranceles. Esta asimetría profundiza las distorsiones competitivas y debilita a toda la cadena productiva local”.

A su vez, los datos difundidos por entidades del sector dan cuenta de la compleja situación del rubro textil: la capacidad instalada del sector alcanzó en abril “apenas el 42,4 por ciento, lo que significa que más de la mitad de las máquinas e instalaciones permanecieron detenida”", informaron desde FITA.

Además, marcaron desde el organismo, “la actividad acumula una contracción del 25,5 por ciento en el primer cuatrimestre del año, un retroceso superior al promedio de la industria general. En cuanto al Impacto en el empleo, la cadena de valor (textil, confección, cuero y calzado) continúa en retroceso, con una pérdida de más de 24 mil puestos de trabajo desde diciembre de 2023 a marzo de 2026. La caída de empleo se registró también de marzo a abril último, con una marcada retracción.

En el marco del comienzo de un nuevo cuatrimestre en la Unicen, el rector Marcelo Aba dialogó con El Eco de Tandil: dio cuenta del reclamo sostenido para que el gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento, de casos de renuncias de docentes y la dificultad para cubrir cargos, del cambio de composición de la matrícula y del freno de las obras para la Facultad de Ciencias de la Salud y la fachada del Rectorado.

“La cautelar que habíamos presentado desde el CIN ha quedado vigente porque tiene dos fallos favorables, de juez y de Cámara. Pero esto en los hechos no ha provocado ningún cambio. De hecho, en este momento estamos esperando que lleguen las planillas correspondientes a salarios de este mes. Nunca estamos en el último día del mes esperando la llegada de planilla”, expresó el rector, poniendo un ejemplo de la incertidumbre presupuestaria de la institución.

-¿Cómo se encuentra la Unicen para el reinicio del ciclo?

-Marcelo Aba: La Unicen se prepara para la apertura de un nuevo cuatrimestre. En algunos casos es reinicio, pero también comienzan algunas ofertas desde cero.

Tratando, en medio de dificultades que son conocidas por todos, tener todo  preparado para  ese nuevo periodo en el cual seguramente dada la conflictividad que se ha generado a partir de la no aplicación de la ley, bueno, tendremos algunas dificultades de  funcionamiento, sobre todo a nivel de medidas de fuerza.

-¿La última resolución de la Corte no implica la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario? Si es así, ¿Cuál va a ser el impacto en la Unicen?

-Primero, que no tenemos tanta certeza desde lo legal. La cautelar que habíamos presentado desde el CIN ha quedado vigente porque tiene dos fallos favorables, de juez y de Cámara.

Pero esto en los hechos no ha provocado ningún cambio. De hecho, en este momento estamos esperando que lleguen las planillas correspondientes a salarios de este mes. Nunca estamos en el último día del mes esperando la llegada de planilla. 

Así que no se está haciendo efectivo lo que en principio representaría la aplicación de la cautelar. Recordemos siempre eso de lo que aquí hablamos es de la cautelar y no de la cuestión de fondo que es la ley en sí. La cautelar solamente afecta a cuestiones de índole salariales y a las becas.

Eso es lo que tendría que estarse aplicando porque ya no hay ninguna otra normativa posible. Ya  el gobierno ha buscado todos los caminos para  no aplicar la cautelar. Y todos los estamentos de la justicia, incluida la Corte, le han dicho que la tiene que aplicar.

Pero la realidad es que esto no ocurre y la universidad sigue teniendo inconvenientes. Lo tienen sus trabajadores porque sus salarios no mejoran, y tampoco  mejorar para nada todo lo que tiene que ver con el funcionamiento.

-¿Tiene esta situación de complejidad sobre la que vienen reclamando hace tiempo efectos como renuncia de docentes o baja en la matrícula?

-En términos de docentes sí, efectivamente hay. Puede no ser muy masivo, pero siempre estamos viendo personas, tanto docentes como no docentes, que deciden retirarse.

Por ahí lo que tenemos más son pedidos de licencias, y eso se está dando.

También nos está costando cubrir los cargos. Antes cada cargo que aparecía, siempre había una gran cantidad de interesados, por ejemplo, después de una jubilación. Y hoy en día no se nota esa avidez por ingresar a la universidad.

Y todo lo que tiene que ver con los proyectos de investigación están prácticamente paralizados. Y eso hace que un joven que mira su futuro piense que quizá la universidad no sea hoy la alternativa más viable.

-¿Y en alumnos?

-A nivel de alumnos, lo que nosotros notamos es bastante característico de épocas de crisis. Que se reduce la cantidad de alumnos que vienen a cada una de nuestras sedes, llamémosle foráneos de la de la propia sede.

En parte se compensa con alumnos locales de la propia sede. Son aquellos que quizás no han podido irse a estudiar a otro lugar y compensan. Entonces, en la matrícula hay una muy leve reducción. No hay un impacto muy fuerte en el número, pero sí en la composición.

Pero en resumen, la matrícula medianamente se mantiene, aunque no está creciendo como veníamos creciendo estos últimos cuatro o cinco años.

Las obras para la Unicen

- ¿Cómo está el tema obras y en particular la de la fachada del rectorado?

-Estamos muy complicados. El gobierno nacional ha decidido paralizar todo. Hemos dado de baja la licitación que teníamos para ver qué podemos hacer nosotros con la Facultad de Ciencias de la Salud, que es una necesidad de imperiosa de poder avanzar al menos en algunos espacios para que la facultad pueda funcionar correctamente.

Y con respecto a la fachada, en ningún momento tenemos comunicaciones oficiales.

Pero por otro lado nos dicen que no va a ser financiada por el gobierno nacional, así que seguimos trabajando con el gobierno provincial. Tenemos allí algunas posibilidades de financiación, pero entendemos que la Provincia tiene serias dificultades y una enorme cantidad de cuestiones que atender.

Seguimos trabajando, y si no, al igual que estamos haciendo con la Facultad de Ciencias de la Salud, veremos si podemos comenzar nosotros a hacer desde nuestros propios magros recursos algún tipo de  de intervención que nos permita ir avanzando. Mucho más despacio, a  un ritmo mucho más lento.

El gobierno nacional tampoco la da de baja formalmente, asumiendo que lo va a financiar, sino que nos dicen por lo bajo que no va a ocurrir, y los hechos lo confirman. Pero no se formaliza un documento que nos libere a nosotros, y la empresa tampoco quiere dar baja porque significaría asumir que es quien abandona ese contrato.

Con más de 300 raciones entregadas por día, demanda en aumento y filas de espera desde las 6:30 de la mañana, el comedor de Cacha en el barrio Las Tunitas es otra de las postales de la compleja situación social que atraviesa el país y de la que Tandil no escapa.

La referente del lugar, Cacha Cena, brindó un crudo panorama sobre el presente de la institución y las dificultades que enfrentan las familias tandilenses para acceder a la alimentación básica. 

“Como siempre venimos trabajando con muchísima gente todos los días. Nosotros a pesar de los fríos que están haciendo, ya a las 6, 6:30 de la mañana tenemos gente parada para retirar la comida a las 8:30 la mañana. Se está acercando muchísima más gente”, describió la responsable del espacio.

En relación a la dinámica diaria, Cena detalló: “Nosotros estamos con más de 300 raciones diarias de lunes a viernes y aguantando, aguantando. Celebró mucho que hoy leí que el municipio de Tandil hizo una inversión de 64 millones en leña, que eso va a ayudar un poco a la calefacción de la familia”.

La referente hizo hincapié en un cambio en la asistencia, señalando que la crisis golpea transversalmente a diversos sectores. “Venimos con un año con aumento. Sí veo mucho más hombres viniendo a buscar comida que antes no lo hacían, y quiere decir que ese hombre está desocupado. Tenemos algunos abuelos ahora, ya casi no tenía yo abuelos, pero ahora las jubilaciones son muy tristes. Y duele la panza cuando tenés hambre. Entonces acá estamos, hacemos lo que podemos”, afirmó.

La situación, consideró Cacha, se agrava por el costo de vida, que vuelve inaccesibles productos básicos. “Hace rato que pasa eso, que mucha gente que viene tiene trabajo. La mayoría de las mujeres tienen algún laburo en casa de familia, pero vos imagínate que si ganan 10 mil pesos una hora que vayan a trabajar no alcanza para la comida. Cuando 1 kg de carne para milanesa te sale entre 24 mil pesos ¿Cómo haces más los huevos, más el pan rallado, el condimento? No podes darle de comer carne a tus hijos”, sostuvo.

En cuanto al rol de los distintos niveles gubernamentales, la referente fue tajante al diferenciar la gestión local de la nacional. “El Estado no está presente, hablo del Estado nacional. Porque el municipal la verdad que se está poniendo, acorde de lo que está pasando y Juliana Teerink es excelente con el trabajo que está haciendo. La verdad que yo, cuando ameritan estas cosas las digo porque se está trabajando muy bien con esto en Desarrollo Humano”, sumó

Cena destacó también la colaboración de actores locales como Héctor Almada, ex combatiente de Malvinas, quien aporta pan y facturas, y el trabajo de las manzaneras en la distribución de leche y abrigo, elementos vitales en un contexto donde, según advirtió, la escasez de recursos obliga a reducir la asistencia a una sola comida diaria.

Marcó además que la demanda en el comedor no se reduce solamente a comida, sino también a ropa de abrigo y frazadas. En esos casos, indicó, deriva a los vecinos al Centro Comunitario, aunque alertó por la necesidad de que no se demoren las entregas.

“Sé que hay muchas, muchas mantas que han tejido las manzaneras, que han hecho y han donado. Entonces, que eso llegue rápido a la gente porque hoy estamos necesitando el abrigo para la familia. Así que yo, como corresponde, los mando a la trabajadora social del Comunitario para que ella pueda abastecerlos de las frazadas o una ropa de abrigo. Lo que espero realmente es que la trabajadora social del Comunitario no esté con un listado 10 días, 15, sino que apure, porque la frazada se necesita hoy, no dentro de 15 días”, agregó.

Más allá de su consideración del rol de Desarrollo Humano municipal, Cacha Cena focalizó sus críticas en el gobierno nacional. “El Estado nacional no aporta nada, al contrario, cada vez peor. Ahora están hablando de que van a sacarle el beneficio que tienen en el boleto las mamás que cobran asignaciones. En un país tan como de Argentina no puede ser que haya pibes que se mueran de hambre, que haya necesidades, que volvimos a tener enfermedades que ya estaban erradicadas como sarampión”, concluyó.

Gremios universitarios pusieron en pausa las medidas de fuerza anunciadas para la semana que viene tras el acuerdo salarial alcanzado por el gobierno nacional. Desde Adunce -que nuclea a los docentes de la Unicen-, resolvieron “poner en suspenso el paro de la próxima semana y retomarlo en caso de incumplimiento de acuerdo”, mientras que desde Atuncpba -que agrupa a no docentes-, anunciaron la suspensión del paro por las negociaciones en curso.

Más allá del acuerdo, los trabajadores, junto con las autoridades de las universidades nacionales, mantienen su reclamo principal: que el gobierno implemente la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en octubre pasado tras un intenso debate, e idas y vueltas con veto presidencial de por medio.

A través de sus redes sociales, tanto Adunce como Atuncpba destacaron el acuerdo alcanzado, y plantearon la continuidad de la demanda principal. Transmitieron también cuáles serán los pasos a seguir en el marco de lo establecido por las partes.

“Empezamos a recuperar lo que el gobierno nos debe; salario y paritarias”, publicaron desde Adunce. “Informamos que la medida de fuerza convocada para el próximo 16 de junio ha quedado en suspenso, en virtud de las negociaciones que se encuentran en curso entre la representación sindical y las autoridades nacionales”, señalaron por su parte desde Atuncpba.

Si bien aceptaron la propuesta salarial, los trabajadores resolvieron mantener el plan de lucha por la plena aplicación de la Ley de Financiamiento. Al respecto, indicaron los docentes, “,ientras la ley sigue vigente, la paritaria implica dar un primer paso hacia el objetivo de la recomposición salarial y el restablecimiento del derecho a la negociación colectiva. El plan de lucha continúian hasta tanto no se ejecuta la Leyt de Financiamiento”.

El acta paritaria

Según lo acordado, el incremento salarial se aplicará en dos tramos: un 21,33% en junio sobre los haberes vigentes y un 3% adicional en octubre, calculado sobre los salarios de septiembre. El salario de un docente de categoría simple, publicaron desde Adunce, sería de  $364,385.

En materia presupuestaria, el acuerdo prevé una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir del corriente, y también se incorporará una partida adicional de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios durante 2026.

Pero a su vez, el acuerdo alcanzado definió un incremento -también del 21,33 por ciento-, de la garantía salarial de junio. La misma establece un monto salarial mínimo, que impacta en particular en los docentes de menor categoría. 

De parte de los gremios precisaron que en el próximo plenario -que realizarán en julio-, discutirán sobre el contenido de la futura paritaria. El límite establecido para el encuentro con autoridades del gobierno nacional será el próximo 14 de septiembre. Será “para definir la actualización salarial en referencia a la variación acumulada del IPC”, marcaron.

También se acordó que “abordar en un máximo de 45 días un adicional por la perdida salarial de los niveles pre-universitarios debido a la eliminación del FONID”.

Si bien los trabajadores aceptaron la propuesta de aumento salarial, el reclamo mayor del sector universitario en su conjunto -autoridades, investigadores, becarios, estudiantes-, sigue siendo el mismo que desde hace meses: que el gobierno aplique la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso de la Nación. 

El reclamo tuvo su impacto en Tandil, donde se llevaron a cabo medidas de fuerza pero también instancias de visibilización pública de la demanda: semaforazos, asambleas, clases públicas, volanteadas, charlas y muchas otras iniciativas que se sumaron a las Marchas Federales que se replicaron en la ciudad.

Vecinos de Charitos y Smata volvieron a reclamar por cloacas, iluminación en las plazas y limpieza de calles, entre otras demandas del barrio. La situación en el lugar se conoció a mediados del 2025, cuando los frentistas conformaron un grupo y en una nota con El Eco hicieron pública la realidad que viven día a día, como la presencia de aguas servidas sobre las veredas, a lo que se sumó en el último tiempo complicaciones por la falta de mantenimiento de las zanjas, y desborde de contenedores de residuos.

En noviembre pasado, desde la Comuna habían actualizado los costos de un proyecto de dotación de cloacas que estaba listo desde el año 2023, así como también anunciaron gestiones con Nación y Provincia para que la iniciativa se concrete. Entonces, funcionarios municipales hicieron mención a que la Secretaría de Integración Socio Urbana –a cargo del referente de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja-, contaba con fondos asignados para tal fin, pero que no había ejecutado. A comienzos del mes en curso, el gobierno nacional avanzó con despidos y la degradación a subsecretaría, lo que supuso un virtual cierre del área. Así también, Nación puso punto final a  la posibilidad de hacerse cargo de las obras prometidas.

Pero a seis meses de los anuncios, los vecinos manifestaron sus críticas a la administración comunal, donde dijeron que los pasan  “de despacho en despacho” y “las soluciones no llegan”. Al respecto, señalaron que "lo que necesitamos no es que nos traigan el problema, sino que nos traigan la solución. Porque si no es como que nos pasan de despacho en despacho. Vivimos hablando con un montón de personas, pero la ayuda nunca llega”.

La constancia de los vecinos se ha traducido en innumerables gestiones administrativas que, hasta el momento, no han dado los frutos esperados. “Durante el año pasado y todo en lo que va de este año, hemos ido a la Municipalidad, a todos los despachos, y también hemos estado parados en la puerta de la intendencia con  dos secretarios del intendente, que muy amablemente tuvieron la paciencia de atendernos y hemos perdido horas ahí. Pero no nos vamos a rendir ahora, vamos a seguir yendo. Vamos a seguir golpeando las puertas”, sumaron.

Los vecinos recordaron los compromisos asumidos por los funcionarios del área de Obras Públicas, los cuales, dijeron, aún no se han materializado en el territorio. "Ellos quedaron en poder cumplir con un mantenimiento en el barrio, con la pasada de la pala por el zanjón de la esquina, donde vive una familia al borde de la vertiente por donde circulan todos los efluentes del barrio y juegan chiquitos", señalaron con preocupación, en referencia a autoridades comunales.

Asimismo, el estado de las arterias internas de los barrios representa un peligro constante, especialmente durante los días de precipitaciones. Los referentes barriales explicaron: “El inconveniente que tenemos en las calles de Charitos y algunas de Smata, es que no tienen el servicio de pala, por lo que cuando llueve nos inundamos”. La respuesta oficial, sostuvieron "fue que esas calles no están cedidas, y que entonces ellos por ley no pueden venir a hacer el mantenimiento con la pala, y si lo hacen es de gauchada".

Para los frentistas, la desilusión crece a medida que las promesas se dilatan en el tiempo y las soluciones no aparecen.  “Nos dicen que nos van a venir a visitar y no vienen. Y cuando se acercan, nos pasan el problema a los vecinos”, plantearon, para agregar que en reuniones que mantuvieron con autoridades, "nos dicen que no cuentan con los materiales para acomodar las calles, y que tampoco podrían hacerlo porque las calles no figuran dentro del plano. Como el alumbrado en las plazas, donde hay juegos pero no hay luz, y la verdad que son bocas de lobo a la noche".

Esta situación ha generado un profundo desgaste en la confianza de la comunidad hacia sus representantes políticos. “Fueron muchas promesas y la verdad que estamos cansados. Los concejales van a querer venir a visitar el barrio, como nos ha pasado en épocas de elecciones, y después no vienen más. Siento desde lo más profundo de mi corazón como vecina de Tandil que no me dan ganas de votar, que ya no tengo ganas de recurrir a ningún despacho más porque siento que están por un sueldo extraordinario." lamentaron.

“Lo triste de esto es que nos pasan de despacho en despacho y las respuestas son que no tienen el insumo, que no tienen piedra, que no tienen arena. Nos pasan el problema a nosotros, pero nunca está la solución. Ni siquiera de poder visitar el barrio, ni siquiera de poder venir y ver en la situación que están  las calles, en la situación que están los contenedores, que de nada sirven porque viene gente de todos lados a tirar heladeras, colchones, animales muertos, la verdad que es tristísimo”, concluyeron.

El Municipio de Tandil ya recolecta firmas con el objetivo de hacer oír la voz de los ciudadanos ante el Senado de la Nación y exigir  la continuidad del régimen de Zona Fría. La recolección de adhesiones se extenderá hasta el próximo martes a las 12 del mediodía, momento en el cual las planillas serán enviadas a la presidencia de la Cámara y a los titulares de los bloques legislativos. Además de 25 espacios comunitarios, a la campaña se sumaron los clubes Ferro, Gimnasia y Esgrima y Defensa, y de la Sociedad de Fomento Unión y Progreso.

Guillermina Cadona, subsecretaria de Coordinación de Gobierno dialogó con El Eco y explicó los alcances de la iniciativa. También hizo mención a la urgencia de la situación ante el tratamiento parlamentario previsto para este miércoles. "Se inició una campaña de firmas para seguir sosteniendo la ley actual de Zona Fría. Este miércoles se va a dar tratamiento en el Senado, ya tuvo tratamiento en Diputados, y lo que queremos es que los senadores tengan la voz de todos los tandilenses, como también la van a tener de los diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires", señaló la funcionaria.

La funcionaria enfatizó que la permanencia en este régimen no responde a una elección arbitraria, sino a una realidad climática innegable. "Que sepan que para los tandilenses no es un privilegio ser parte de la zona fría, que realmente Tandil es una ciudad fría, que es una cuestión geográfica por las cuales estamos dentro de la zona fría, y que queremos seguir sosteniendo eso", remarcó Cadona, quien además subrayó que el impacto económico es directo: "Ser parte de la zona fría implica para muchas familias tandilenses hoy un descuento entre el 30 y el 50 por ciento en la factura de gas. Por eso iniciamos una campaña de firmas".

La campaña cuenta con una amplia red de puntos de acceso para facilitar la participación de los vecinos. Según detalló la subsecretaria, las planillas están disponibles en más de 25 espacios municipales, incluyendo centros comunitarios como San Juan, Arco Iris, Maggiori, Villa Aguirre y Las Tunitas. También se puede firmar en el Espacio Nido, la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, la Dirección de Juventud, la mesa de entrada del Municipio, la Secretaría de Legales —junto al equipo de la OMIC—, el Banco Hipotecario y diversos espacios culturales.

La respuesta de la comunidad ha sido inmediata y creciente. "Pero a su vez hoy también nos encontramos con que muchos clubes nos llamaron para preguntarnos si podían también contar con las planillas para que la gente también pueda firmar y expresarse en esas instituciones, muchos comerciantes han venido a solicitarnos la planilla, así que se las hemos hecho llegar", destacó Cadona, quien añadió que el nivel de adhesión ha superado las expectativas iniciales del Ejecutivo local.

El argumento central del Municipio es que el beneficio no debe ser recortado, ya que se fundamenta en necesidades climáticas comparables a otras regiones del país. "El Senado tiene que escuchar la voz de los tandilenses. El subsidio no se mantiene. Nosotros hoy tenemos un descuento, no porque seamos privilegiados, sino porque somos una de las regiones con temperaturas climáticas más bajas. Tenemos las mismas temperaturas que tienen ciudades de la Patagonia o Malargüe en Mendoza", afirmó la subsecretaria.

Finalmente, desde el Gobierno local recordaron que el intendente y la OMIC han manifestado su postura en diversas audiencias públicas. "Sabemos lo que cuesta llegar a fin de mes y estamos hablando de entre el 30 y el 50 por ciento más. Es algo que va a impactar en los tandilenses. Va a impactar en todas las familias, en las familias tandilenses y en la familia de los diferentes municipios que hoy cuentan con este beneficio y es un beneficio que se da por zona geográfica. Entonces, no es un privilegio vivir en ciudades de zona fría y eso es lo que queremos que se sostenga y lo que buscamos es que se siga manteniendo este beneficio", concluyó Cadona.

Dependencias y espacios para firmar:

* Centro Comunitario San Cayetano – Independencia 2062 –

* CIC La Movediza – La Pastora 1013 –

* Centro Comunitario Villa Aguirre – Aeronáutica Argentina 2400

* Centro Comunitario Selvetti – Caseros 1775

* CIC Tunitas – De Los Granaderos 198

* Centro Comunitario Belgrano – Chaco 750

* Centro Comunitario San Juan – Tucumán 598

* Centro Comunitario Maggiori – Vela 1895

* Centro Comunitario Metalúrgico – Kramer 250

* Centro Comunitario Villa Italia – Sáenz Peña 626

* Centro Comunitario Cerro Leones – Juan Basso Aguirre s/n

* Centro Comunitario 21 de Abril – Pasaje Salceda 724

* Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat – Av. Del Valle 757

* Casa de la Juventudes – 11 de septiembre y Arana

* Secretaría Legal y Técnica (OMIC) – Chacabuco 383 –

* Delegación Vela – Av. Tandil 575 –

* Palacio Municipal – Belgrano 485

* Palacio Martín Rodríguez (Ex Banco Hipotecario) – Belgrano 417

* Centro Cívico de Palermo – Av. Actis y Casacuberta –

* Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario – Av. Actis 1991 (esquina Muñiz)

* Teatro de la Confraternidad – 4 de abril 1371

* Espacio Multicultural – Chacabuco 515

* Centro Socio Cultural San Pacífico – Sáenz Peña 751

* Espacio Nido Movediza – Azucena 1450

* Ferro - Colon y Arana - de 10 a 22 hs

* Unión y Progreso - Quintana 450  - de 17 a 20 hs de lunes a viernes

* Gimnasia y Esgrima - Sarmiento 139 - de 16 a 20 hs de lunes a viernes

* Club Defensa - Rivadavia 351  - de 15 a 20 hs

A más de 200 días de que el gobierno nacional no aplica la Ley de Financiamiento Universitario, los docentes de la Unicen llevan adelante una semana de paro, que se extiende desde el pasado martes 26 al viernes 29 de mayo. La medida de fuerza incluye diversas actividades abiertas a la comunidad, tales como ollas populares, un semaforazo en la sub sede Olavarría y clases públicas a cargo de  las facultades de Ciencias Sociales, Arte, Ciencias de la Salud, Agronomía y Ciencias Humanas.

Verónica Gargiulo, secretaria general de Adunce -el gremio que nuclea a los docentes de la Unicen- explicó el alcance de la medida y la postura del sector frente a la falta de respuestas. Al respecto, la dirigente sindical afirmó: "Seguimos visibilizando la situación y reclamando que el gobierno nacional cumpla con la ley. Ya con una situación que lo venimos diciendo hace bastante, de que estamos en una situación terminal. Los trabajadores no damos más".

La referente gremial detalló el impacto directo que tiene la falta de actualización salarial en la vida cotidiana de los docentes. "Están en riesgo cuestiones alimenticias, está en riesgo el poder asumir mensualmente el alquiler. Porque los salarios no aumentan, no mejoran y la vida se encarece. Esto lo estamos viendo mensualmente", sostuvo Verónica Gargiulo.

En relación con la falta de diálogo con las autoridades nacionales, la secretaria general de Adunce manifestó: "Por otra parte, parecería como que no hay interlocutor, o hay un interlocutor ausente, no solo del reclamo universitario, sino de todos los reclamos que se están este dando. En realidad no es ausente, en realidad está, lo que pasa que está trabajando para un sector minoritario, con un desprecio desde lo verbal hasta las políticas que llevan adelante para la ciudadanía".

El conflicto, que ya lleva más de 220 días de espera por la aplicación de la normativa, ha llevado a los trabajadores a buscar distintas vías de resolución. "Es un gobierno que no escucha no solo a las organizaciones sindicales, sino que no escucha a la justicia. Hace más de 220 días que debería haber aplicado la ley", enfatizó la dirigente.

Sobre las estrategias a seguir, Verónica Gargiulo señaló: "Un camino es el judicial. Y por el otro lado está el camino que venimos construyendo desde este la fuerza de los trabajadores. Nos está poniendo en un brete importante porque las herramientas, los aprendizajes para la lucha que tenemos históricamente, parecerían como que no están dando resultados".

No obstante, la secretaria general de Adunce advirtió que la aplicación de la ley es solo un paso necesario, pero no suficiente para resolver la crisis estructural del sistema universitario. "De todas maneras estoy convencida que el resultado de que se aplique la ley es un resultado momentáneo. Acá tenemos que estar hablando a plazos mayores. Sabemos que esto no se resuelve con la aplicación de la ley, o con un llamado a paritarias", argumentó.

Finalmente, la representante gremial concluyó que el debate debe trascender la coyuntura económica inmediata. "Esto no alcanza con la aplicación de la ley porque hay que pensar para adelante en un proyecto de país. Podemos mejorar nuestros nuestros salarios como trabajadores, pero si paralelamente o en conjunto no estamos pensando como parte importantísima para el desarrollo de este país, no serviría de nada resolver esto del momento", sentenció.

De cara al futuro inmediato, el gremio ya tiene programadas nuevas instancias de deliberación. El 5 de junio, los docentes participarán de un plenario de la Conadu para evaluar la continuidad del plan de lucha durante el resto del cuatrimestre y analizar el panorama para el segundo semestre en las universidades nacionales, manteniendo siempre la voluntad de articular acciones con el resto de los sectores de la comunidad universitaria.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Tandil expresó su profunda preocupación por el impacto que, según señalaron, está generando el ajuste implementado por el Gobierno nacional sobre el sistema de salud pública argentino.

A través de un comunicado, la organización gremial denunció el desmantelamiento de programas esenciales, la reducción de prestaciones y el abandono de políticas sanitarias que consideran fundamentales para garantizar el acceso a la atención médica.

Desde el sindicato remarcaron que “la salud es un derecho humano fundamental” y advirtieron que, desde la asunción del presidente Javier Milei, se profundizó un proceso de recorte que afecta directamente el acceso a medicamentos, vacunas y servicios de salud para millones de argentinos.

Entre los aspectos más críticos, se mencionó el desmantelamiento del Programa Remediar, la crisis que atraviesa el PAMI y la falta de provisión de vacunas por parte del Estado nacional.

Además, el gremio alertó sobre el agravamiento de la crisis social y sanitaria en el contexto del invierno, y sostuvo que el deterioro de las condiciones de vida impacta con mayor fuerza sobre los sectores más vulnerables de la población.

En ese sentido, también señalaron la ausencia de políticas públicas de salud mental en un escenario social que describieron como cada vez más complejo.

Finalmente, desde ATE Tandil afirmaron que “ajustar sobre la salud es criminal” y consideraron que el retiro del Estado nacional profundiza las desigualdades y pone en riesgo derechos fundamentales de toda la población.

En ese marco, exigieron al Gobierno nacional que garantice políticas públicas orientadas a proteger la salud y la vida del pueblo argentino.

Pese a que se había anunciado que a partir del lunes 4 de mayo un delegado de la regional Mar del Plata viajaría a la ciudad para hacerse cargo de manera provisoria de la oficina local de PAMI, hasta el momento la iniciativa no se concretó. Desde la Unidad de Gestión Local (UGL), de la que depende Tandil, aguardan el aval de la central de la obra social para formalizar la medida.

“Depende de Central”, aseguraron fuentes oficiales.  Desde Mar del Plata enviaron a Central el nombre de quien comenzaría a viajar a Tandil, pero al momento esperan por la confirmación de las autoridades nacionales.

Cabe recordar, desde diciembre pasado que la oficina local de PAMI se encuentra sin jefe, tras la salida de Martiniano Corbetta, quien renunció para asumir como concejal del bloque Acción Tandilense / La Libertad Avanza.  Los libertarios locales –conducidos por Gonzalo  Santamarina-, elevaron a PAMI Central un nombre para ocupar el cargo, sin embargo la propuesta no prosperó.

Jubilados de la ciudad manifestaron las complicaciones derivadas de no contar con responsable a cargo de la oficina local. Entre otras, demoras en trámites y la asignación de turnos.

La problemática se suma a la de los médicos de cabecera: al igual que en otras partes del país, profesionales locales de la cartilla de PAMI llevaron a cabo una medida de fuerza por 72 horas. Fue en reclamo por ajustes sobre el pago de las prestaciones.

Pero además, las localidades rurales de María Ignacia y Gardey se encuentran ante una compleja situación por no contar con médico de cabecera. El profesional que atendió durante años en Vela dejó su cargo. Pese a que anticipó su renuncia meses antes, al momento no se cubrió la vacante.