Un allanamiento se llevó a cabo en la casa del financista Elías Piccirillo ubicada en la localidad bonaerense de Banfield, por supuestas amenazas contra el empresario Francisco Hauque.

Según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, el fiscal Franco Picardi solicitó el procedimiento, a fin de conseguir pruebas de interés para el caso.

El exmarido de Jésica Cirio cumple arresto domiciliario en ese domicilio del partido de Lomas de Zamora, en el marco del expediente que investiga la presunta plantación de un arma y droga en el auto de Hauque.

“La semana pasada Hauque se presentó en los Tribunales Comodoro Py y aportó las pruebas. Pero ya viene denunciando de manera pública las amenazas”, consignaron las fuentes consultadas por NA.

No es el único allanamiento que sufrió Piccirillo. Hace 48 horas personal de Gendarmería se acercó hasta su vivienda para peritarle el celular respecto a la causa por supuesto enriquecimiento ilícito por parte de Martín Insaurralde.

En este sentido se detalló que el objetivo fue constatar si Piccirillo tenía los videos de Jesica Cirio que se difundieron el fin de semana en la que se la ve grabando los fajos de dólares en el vestidor que compartía con el exintendente de Lomas de Zamora.

Aún así, el resultado fue negativo debido a que en el dispositivo no encontraron los archivos. NA

La Policía Federal Argentina llevó adelante el pasado miércoles dos allanamientos en una vivienda ubicada sobre calle Argerich al 800, en el marco de una investigación por presunta promoción y facilitación de la prostitución de personas mayores de edad en Tandil.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Unidad Operativa Federal Tandil, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, tras una serie de tareas investigativas que incluyeron análisis de información, seguimientos y vigilancias realizadas durante las últimas semanas.

La causa es instruida por el Juzgado de Garantías N°1, a cargo del juez José Alberto Moragas, y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°22 del Departamento Judicial de Azul, encabezada por el fiscal Norberto Adrián Peiretti.

Como resultado de los allanamientos, los agentes secuestraron un rifle y un teléfono celular que serán sometidos a peritajes para determinar su vinculación con la investigación. Además, dos hombres y una mujer fueron identificados y notificados de la formación de la causa, aunque por el momento no se dispusieron medidas restrictivas de la libertad.

Desde la fuerza federal señalaron que este tipo de procedimientos forman parte de las acciones destinadas a combatir los delitos vinculados a la explotación sexual y la facilitación de la prostitución, trabajando de manera coordinada con la justicia para esclarecer los hechos denunciados.

El operativo se desarrolló durante la tarde del miércoles y estuvo a cargo de personal de la División Unidad Operativa Federal Tandil, que continúa reuniendo elementos de prueba para el avance de la causa.

La provincia de Buenos Aires llevó adelante este miércoles una nueva edición del Operativo Protección de las Infancias VII, una acción conjunta destinada a combatir delitos vinculados con la explotación sexual infantil en entornos digitales. En total, se realizaron 121 allanamientos coordinados en 76 localidades bonaerenses, en el marco de investigaciones relacionadas con la tenencia, distribución y eventual producción de material de abuso sexual infantil.

Se trata de la séptima operación de estas características impulsada por los fiscales referentes en Grooming, Ciberpedofilia y abuso sexual infantil del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, organismo que encabeza el procurador general Julio Conte-Grand.

El operativo fue coordinado por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, dependiente de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, junto a fiscales especializados en la temática. El objetivo principal es desarticular redes de agresores sexuales y frenar la circulación de material de abuso sexual infantil en internet, además de investigar casos de grooming y otras conductas tipificadas en los artículos 128 y 131 del Código Penal.

En el ámbito del Departamento Judicial de Azul, se concretaron siete allanamientos simultáneos en las ciudades de Tandil, Rauch, Olavarría y Azul, en el marco de causas vinculadas a la presunta tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI).

Las investigaciones son llevadas adelante por la UFI especializada a cargo del fiscal Adrián Peiretti, con intervención de distintos Juzgados de Garantías de la jurisdicción.

Según se informó oficialmente, las pesquisas se iniciaron a partir de reportes realizados por las plataformas Google Photos y Google Drive, que detectaron en cuentas de usuarios el almacenamiento de imágenes, videos y capturas de pantalla que podrían contener material de abuso sexual infantil. En esos archivos se observarían menores de 18 años participando en actividades sexuales explícitas o exhibiendo sus partes genitales con fines predominantemente sexuales.

Los allanamientos se realizaron con intervención de diferentes magistrados según la localidad. En Rauch, actuó el Juzgado de Garantías a cargo de Federico Barberena; en Tandil, el Juzgado de Garantías encabezado por José Moragas; en Olavarría, el juzgado a cargo de Fabiana San Román; mientras que en Azul intervinieron los juzgados de garantías de Federico Barberena y Juan José Suárez.

Durante los procedimientos se produjo el secuestro de diversos dispositivos electrónicos, los cuales serán sometidos a pericias informáticas para determinar la existencia de material de interés para las investigaciones y avanzar en la identificación de posibles responsables.

Desde la Fiscalía General remarcaron que la detección, investigación y persecución de delitos relacionados con la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes constituye una prioridad institucional, por lo que se mantienen de manera permanente acciones coordinadas con organismos especializados y fuerzas de seguridad para fortalecer la protección integral de las infancias.

Personal policial llevó adelante dos allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad en el marco de una investigación por un hecho de robo, logrando resultados positivos y el secuestro de una importante cantidad de marihuana.

Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la comisaría 4ta, con la colaboración de personal de las comisarías 1ra, 2da y 3ra, además del Grupo de Apoyo Departamental (G.A.D.). Las diligencias se concretaron en domicilios ubicados en Marzoratti al 1500 y Darragueira al 2500.

Según se informó, en el primero de los objetivos los investigadores secuestraron diversos elementos considerados de interés para la causa que se instruye por el delito de Robo.

En tanto, durante el allanamiento realizado en la segunda vivienda, los efectivos hallaron y secuestraron 23 frascos con marihuana fraccionada, cuyo peso total superó los 1,2 kilogramos. Además, se incautó una balanza digital y un indoor casero utilizado para el cultivo y secado de estupefacientes.

Como resultado de los procedimientos, una mujer de 47 años fue puesta a disposición de la Justicia por Infracción a la Ley 23.737, mientras que un hombre de 32 años quedó imputado tanto en la causa por Robo como por infracción a la legislación vigente en materia de estupefacientes.

Las actuaciones judiciales cuentan con la intervención de la UFI N° 12 y la UFI N° 22 de Tandil, mientras continúan las diligencias correspondientes para avanzar con la investigación.

Al menos 2.700 pares de zapatillas que ingresaron a la Argentina de contrabando fueron incautados en una galería comercial del barrio porteño de Retiro.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que efectivos de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales (DIOC) de la Policía de la Ciudad concretaron 12 allanamientos en locales ubicados en la avenida Ramos Mejía al 1400, en el centro de transbordo, tras la orden del Juzgado en lo Penal Económico Federal.

Los investigadores constataron que en esos negocios se vendían productos que arribaron al país de manera irregular, en infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.

En este contexto, los oficiales secuestraron 2.700 pares de zapatillas en violación a la Ley de 22.417, cuyo valor de mercado es de $162 millones.

A su vez, el 19 de mayo, se habían decomisado más de 5 mil pares de zapatillas de contrabando y falsificadas, al tiempo que también se confiscó mercadería ilegal por la suma de 240 millones de pesos.

Esos procedimientos se realizaron en la zona comercial de avenida Avellaneda, muy famosa y concurrida en el barrio de Flores. (NA).

Personal policial llevó adelante una serie de allanamientos simultáneos en distintos puntos de las ciudad, en el marco de varias investigaciones por hechos delictivos ocurridos durante los últimos días, que derivaron en la detención de dos hombres y el secuestro de una motocicleta con pedido activo por robo.

Las actuaciones se iniciaron a raíz de un robo cometido en un depósito ubicado en calle Casacuberta al 2300, donde autores ignorados rompieron el cerco perimetral y escalaron un paredón para sustraer distintas herramientas.

En paralelo, se investigó otro hecho ocurrido en la zona de Ijurco y Casacuberta, donde una mujer denunció el robo de una mochila y una billetera desde el interior de su camioneta. Según se informó, posteriormente los delincuentes utilizaron las tarjetas de crédito sustraídas para realizar compras en distintos comercios de la ciudad.

A partir de tareas investigativas, análisis de cámaras de seguridad y testimonios recolectados, se obtuvieron cuatro órdenes de allanamiento otorgadas por el Juzgado de Garantías N° 3 de Tandil. Los procedimientos se concretaron en domicilios ubicados en Chapaleofú al 700, Aeronáutica Argentina al 1900, Pasaje Interno al 1800 y Casacuberta y Vigil al 1800.

Como resultado de los operativos, los efectivos secuestraron prendas de vestir y otros elementos considerados de interés para las causas en trámite. Además, incautaron una motocicleta utilizada presuntamente para cometer uno de los ilícitos investigados, la cual registraba pedido de secuestro activo por robo.

En el domicilio de Aeronáutica Argentina al 1900 fue detenido Fabián Alberto González, de 31 años, mientras que en una vivienda de Vigil al 1800 se concretó la detención de Nicolás Esteban Casado, de 28 años, ambos por disposición judicial.

Los procedimientos fueron encabezados por personal de la comisaría 4ta, con apoyo de efectivos de distintas dependencias policiales de la ciudad, personal del G.A.D. Tandil, Destacamento de Infantería Tandil y Escuadrón de Caballería Tandil. Intervienen en las actuaciones el Juzgado de Garantías N° 3 y la UFI N° 8 de Tandil.

Personal policial logró esclarecer el robo agravado de una motocicleta ocurrido en la ciudad, recuperar el vehículo sustraído y poner a disposición de la Justicia a los presuntos autores del hecho, en el marco de una investigación encabezada por la UFI N° 16 de Tandil.

El episodio se inició a partir de la denuncia radicada por un joven de 22 años, quien manifestó que mientras se encontraba en inmediaciones de las calles Urquiza y Laprida fue interceptado por un hombre y una mujer que, mediante la exhibición de un arma de fuego, le sustrajeron una motocicleta Benelli 302S.

Tras la denuncia, personal policial desplegó un operativo cerrojo y, con el aporte de imágenes obtenidas por el Centro de Monitoreo Tandil (CMT), logró detectar el rodado circulando por la zona de Las Tunitas. Luego de una breve persecución, efectivos del GTO de Comisaría Tercera, junto a personal de Comisaría Segunda, Comando de Patrullas, S.A.S.U. Tunitas y Programa Centinela, concretaron la aprehensión de Lay Francisco, de 22 años, en inmediaciones de Baigorria al 300, recuperándose además la motocicleta robada.

En continuidad con las tareas investigativas, los efectivos policiales lograron establecer la participación de un segundo implicado. Posteriormente, y por orden del Juzgado de Garantías N° 1 de Tandil, se realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Kramer al 200.

El procedimiento tuvo resultado positivo y permitió poner a disposición de la Justicia a un hombre de 35 años. Además, se secuestró un revólver calibre .38 presuntamente utilizado durante el robo, el cual registraba un pedido de secuestro activo desde el año 1991. Durante el allanamiento también fueron incautadas municiones, prendas de vestir utilizadas en el hecho, un teléfono celular y envoltorios con estupefacientes.

Interviene en la causa la UFI N° 16 de Tandil, continuándose con las actuaciones por los delitos de Robo Agravado por el uso de arma de fuego, Infracción a la Ley 23.737, Tenencia ilegal de arma de fuego y Encubrimiento.

Personal policial del Grupo Operativo de la Sub DDI Tandil llevó adelante este martes un allanamiento en una vivienda de calle Dhers, en el marco de una causa por captación de menor con fines sexuales (grooming), que arrojó resultados considerados positivos por los investigadores.

El procedimiento se realizó con intervención de la U.F.I. 22 de Azul, a cargo interinamente del Dr. Norberto Peretti, y del Juzgado de Garantías 2 de Tandil, encabezado interinamente por el Dr. Juan José Suárez. Durante la diligencia, los efectivos concretaron el secuestro de elementos de interés para la causa, los cuales serán peritados.

La investigación se originó a partir de una denuncia en la que la madre de una adolescente de 13 años advirtió que su hija mantenía conversaciones mediante la aplicación Whatsapp con un hombre mayor de edad. Según se indicó, el sujeto le solicitaba imágenes personales y le proponía prácticas de índole sexual, además de intentar coordinar un encuentro presencial.

A partir de estos hechos, efectivos de la Sub DDI Tandil, en conjunto con la fiscalía interviniente, desarrollaron tareas investigativas encubiertas que permitieron establecer la identidad del sospechoso. Con esa información, se avanzó en la solicitud de las medidas judiciales correspondientes.

En el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes, se llevó adelante un allanamiento en un domicilio ubicado en Roca al 800 de la localidad de María Ignacia Vela, que arrojó resultados positivos.

La pesquisa se había iniciado a partir de diversas tareas investigativas, entre ellas registros fílmicos encubiertos y la recolección de testimonios, que permitieron establecer la posible venta de droga al menudeo en el lugar.

Con la intervención del Juzgado de Garantías N° 1 de Tandil, se dio cumplimiento a la orden de allanamiento. Durante el procedimiento, el personal interviniente procedió al secuestro de cuatro plantas de marihuana —con un peso superior a los 42 kilogramos—, frascos con cogollos, un arma de fuego calibre .22 con municiones, una balanza de precisión, elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Como resultado del operativo, dos personas mayores de edad fueron puestas a disposición de la justicia. Ambas quedaron imputadas por infracción a la Ley 23.737, en el marco de la figura de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, además de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y acopio de municiones.

En la causa tomaron intervención la UFI N° 22 de Tandil y la UFI N° 16 de Tandil, desde donde se dispusieron las diligencias de rigor para avanzar con la investigación.

En el marco de una causa por robo agravado por el uso de arma, fuerzas policiales llevaron adelante cinco allanamientos en Tandil, que arrojaron resultados positivos, con el secuestro de elementos de interés y la detención de un hombre con pedido de captura vigente.

Los operativos fueron realizados por personal de la SubDDI Tandil, en conjunto con efectivos de la SubDDI Las Flores, G.A.D. Tandil, Infantería Tandil, comisaría 4ta de Tandil y Policía de Seguridad Vial de Centinela. La investigación cuenta con la intervención de la U.F.I. N° 16 de Tandil y del Juzgado de Garantías N° 02, a cargo del Dr. Juan José Suárez.

Como resultado de las diligencias, los efectivos procedieron al secuestro de una camioneta Toyota Hilux gris, que presentaba el dominio adulterado y sobre la cual pesaba un pedido de secuestro activo por robo automotor, requerido por la comisaría 5ta de Mar del Plata.

Asimismo, se concretó la detención de Carlos Alberto Saturnino Fernández, quien registraba un pedido de captura activa por el delito de abigeato, en relación a tres hechos ocurridos en la localidad de Ayacucho, con intervención del Juzgado de Garantías N° 03 de Dolores.

Según se informó, los procedimientos se desprenden de una investigación iniciada tras un violento asalto ocurrido el 21 de marzo en una vivienda ubicada en calle Los Pinos al 2000. En esa oportunidad, tres hombres armados irrumpieron en el domicilio tras romper un ventanal de Blindex, aunque la víctima logró huir sin ser interceptada. Los delincuentes sustrajeron dinero en efectivo y escaparon rápidamente, alertados por la reacción de los vecinos.

La causa continúa en etapa investigativa para determinar la totalidad de los responsables y avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.

La Policía Federal Argentina llevó adelante al menos tres allanamientos en Bahía Blanca, en el marco de una batería de cerca de 100 operativos simultáneos desplegados en distintas jurisdicciones del país. Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia porteña y se inscriben en la investigación judicial que analiza presuntos actos de corrupción y maniobras financieras en el seno de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Según pudo reconstruirse a partir de fuentes vinculadas a la pesquisa, los operativos locales se realizaron en un edificio de Dorrego 119, a pocos metros de Alsina y del Teatro Municipal; en una vivienda de Las Lomas al 300, en el barrio Palihue; y en un domicilio de Lahual al 100, en el barrio Patagonia.

La información oficial fue escueta, aunque un investigador deslizó que las medidas apuntan a “documentación relacionada con casas de cambio y financieras”, un eje que aparece reiteradamente en los expedientes en curso.

El despliegue de los allanamientos se produjo pocas horas después de que la AFA anunciara un paro de la actividad para la fecha futbolística prevista entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo. La decisión generó múltiples interpretaciones dentro del ambiente deportivo y político, especialmente porque coincide con la citación a indagatoria del presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y otros dirigentes.

La AFA enfrenta actualmente varios frentes judiciales. Uno de los principales se originó a partir de una denuncia del organismo recaudador ARCA contra la financiera Sur Finanzas, firma que estaría vinculada al empresario Ariel Vallejo y que, de acuerdo con las actuaciones, tendría conexiones indirectas con la conducción de la entidad madre del fútbol argentino. En ese expediente se investigan presuntas maniobras de lavado de activos y evasión tributaria.

Otro tramo relevante de la causa refiere a la supuesta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, en perjuicio de organismos fiscales. Este planteo, que comenzó como un reclamo estrictamente impositivo, derivó luego en pedidos de documentación contable, análisis de movimientos bancarios y reconstrucción del flujo de fondos dentro de la estructura administrativa de la AFA.

Con el avance de las medidas probatorias, la Justicia federal consolidó además un segundo eje de investigación centrado en el destino de los premios económicos obtenidos tras la consagración argentina en el Mundial de Qatar 2022. Los jueces buscan determinar cómo se administraron esos fondos, qué criterios se aplicaron en su distribución y si existieron transferencias que requieran explicaciones adicionales desde el punto de vista fiscal o contractual.

El tercer frente bajo análisis apunta al circuito financiero vinculado con Sur Finanzas y otras estructuras privadas. En tribunales se intenta reconstruir la denominada “ruta del dinero”, es decir, la secuencia completa de transferencias y operaciones que podrían haber conectado recursos provenientes del fútbol profesional con firmas externas. También se investigan presuntas irregularidades relacionadas con Tour ProdEnter LLC, empresa que administra negocios de la AFA en los Estados Unidos y que, según la pesquisa, habría canalizado fondos hacia compañías sin actividad declarada.

En este contexto, Tapia fue citado a indagatoria y quedó alcanzado por una prohibición de salida del país, una medida que en ámbitos judiciales es interpretada como un indicador de la relevancia institucional del expediente. Mientras tanto, la organización del fútbol argentino transita un escenario de fuerte tensión, obligado a sostener su calendario deportivo y, al mismo tiempo, enfrentar el avance de investigaciones que podrían tener impacto en la conducción dirigencial de cara al Mundial 2026.

Fuentes judiciales coinciden en que las próximas resoluciones procesales serán determinantes para definir el alcance de las causas y el futuro de la investigación, en un clima que ya trasciende lo estrictamente deportivo y se proyecta sobre la vida institucional del fútbol argentino.

Un nuevo procedimiento policial permitió esclarecer un robo domiciliario  y recuperar parte de los elementos sustraídos, tras una serie de tareas investigativas llevadas adelante por personal de la comisaría Tercera.

El hecho había sido denunciado por un vecino, quien indicó que autores ignorados ingresaron a su vivienda ubicada en Figueroa al 1200 y le sustrajeron diversos elementos del interior del inmueble.

A partir de la intervención del Grupo Táctico Operativo (GTO), y mediante el análisis de cámaras privadas y registros del Centro de Monitoreo Municipal, los efectivos lograron identificar a los presuntos responsables del ilícito.

En una primera instancia se realizó un allanamiento de urgencia con anuencia en un domicilio de Maritorena al 00, el cual arrojó resultado positivo. Allí se procedió al secuestro de una garrafa de 10 kilogramos, posteriormente reconocida por la víctima como de su propiedad.

Las tareas investigativas continuaron y permitieron detectar la presunta comercialización de herramientas de mano en la intersección de Quintana y La Pampa. En ese lugar se secuestró una caja plástica que contenía herramientas y llaves varias, también reconocidas por el denunciante.

Como resultado del procedimiento, dos hombres fueron puestos a disposición de la Justicia por el delito de Robo. Las actuaciones quedaron bajo la órbita de la UFIJ N° 16 del Departamento Judicial Azul, sede Tandil, mientras se desarrollan las diligencias de rigor.

Un procedimiento policial realizado en las últimas horas permitió esclarecer un violento robo ocurrido en el barrio Las Tunitas, en Tandil, y secuestrar elementos clave para la causa.

La investigación se inició tras una denuncia radicada el 15 de febrero. Según el testimonio de la víctima, en horas de la tarde un hombre ingresó a su domicilio y, tras tomarla del cuello, le sustrajo dinero en efectivo, joyas y un teléfono celular. Luego se dio a la fuga junto a un segundo sujeto que lo aguardaba en el exterior a bordo de una motocicleta.

A partir de tareas investigativas llevadas adelante por el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Segunda, junto al análisis de imágenes del Centro de Monitoreo Municipal, registros fílmicos privados y declaraciones testimoniales, se logró identificar a los presuntos autores del hecho.

Con orden del Juzgado de Garantías N° 1 y la intervención de la UFI N° 12, se realizaron allanamientos en dos domicilios, con la colaboración de personal de las comisarías Primera, Tercera y Cuarta, UPPL, Comando de Patrullas Tandil y Destacamento Tunitas.

Como resultado del operativo, en uno de los objetivos se identificó a un masculino de 23 años, procediéndose al secuestro de una motocicleta Corven Energy 110cc —presuntamente utilizada en el robo— y prendas de vestir vinculadas al ilícito. En el segundo domicilio se incautó dinero en efectivo.

El joven fue puesto a disposición de la Justicia por el delito de Robo, mientras continúan las diligencias de rigor bajo la órbita de la Fiscalía interviniente.

Un procedimiento policial realizado en las últimas horas en Tandil culminó con el secuestro preventivo de una planta con características de Cannabis Sativa y la formación de actuaciones judiciales por amenazas e infracción a la Ley de Estupefacientes.

Según se informó oficialmente, la investigación se inició a partir de una denuncia radicada el pasado 13 de febrero. En aquella presentación, una vecina manifestó que su hijo menor de edad habría sido amenazado por un vecino, quien mediante ademanes simuló la portación de un arma de fuego.

En el marco de la causa, el 19 de febrero personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Cuarta de Tandil, en conjunto con efectivos de la Policía Local y del G.A.D. Departamental Tandil, llevó adelante una orden de allanamiento y registro en una vivienda ubicada en Rosales al 1000.

De acuerdo al parte policial, la diligencia arrojó resultado negativo en relación al hecho investigado por amenazas. No obstante, durante el procedimiento los uniformados procedieron al recogimiento preventivo de una planta de grandes dimensiones con características compatibles con Cannabis Sativa.

Informada la autoridad judicial interviniente, se dispuso la formación de actuaciones por presunta infracción a la Ley 23.737, con notificación del Artículo 60 del Código Procesal Penal para una mujer de 57 años. Asimismo, se formó causa por el delito de amenazas para un hombre de 37 años.

El elemento secuestrado quedó a resguardo en el Depósito Judicial de la dependencia, a la espera de las pericias correspondientes.

La investigación continúa bajo la órbita de la UFI Nº 12, a cargo del Dr. Borean, y de la UFI Nº 22, del Dr. Peiretti, mientras se desarrollan las tareas investigativas de rigor.

Un operativo encabezado por la SubDDi Tandil permitió desarticular un punto de venta de estupefacientes que funcionaba en un domicilio de calle Langueyú al 1400. Como resultado del procedimiento, una mujer de 47 años y un hombre de 30 fueron aprehendidos y trasladados a dependencias policiales de la región.

La investigación, que demandó varios meses de trabajo, incluyó análisis de comunicaciones telefónicas y el aporte de las cámaras del Centro de Monitoreo local. Con esos elementos, la Justicia otorgó la orden de allanamiento que se concretó durante la tarde noche de este martes.

La causa es tramitada por la UFI N°22 de Tandil, a cargo de la Dra. Florencia Molina, y contó con la intervención del fiscal titular en Azul, el Dr. Peiretti. La orden de registro fue emitida por el Juzgado de Garantías N°1, a cargo del Dr. José Alberto Moragas.

El origen de la pesquisa se remonta a meses atrás, cuando personal de la comisaría Tercera, en el marco de un procedimiento vinculado a otro delito, halló de manera fortuita una importante cantidad de marihuana. A partir de ese hallazgo, se profundizaron las tareas investigativas que permitieron reunir pruebas suficientes para avanzar con el allanamiento.

Entre los elementos clave se destacó el análisis tecnológico de las comunicaciones, que habría vinculado a los sospechosos con la comercialización de marihuana, y el registro de movimientos compatibles con la venta de drogas captados por las cámaras del Sistema de Vigilancia de la Municipalidad.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron marihuana ya fraccionada y dispuesta para su venta, además de otros elementos de interés para la causa. Por disposición judicial, y a la espera de nuevas medidas que podrían adoptarse en las próximas horas, los aprehendidos fueron trasladados a distintas comisarías fuera de la ciudad. 

La Policía recuperó dos motocicletas que registraban pedidos activos de secuestro por hurto y robo, durante un procedimiento realizado en la madrugada en una vivienda del pasaje Del Medio, entre las alturas 1900 y 2000.

El operativo fue llevado adelante por personal policial en conjunto con efectivos del Servicio Polad mediante el sistema Centinela en Territorio. En el lugar se procedió al secuestro de una motocicleta marca Bajaj Rouser 200, que había sido sustraída en noviembre de 2025 bajo la modalidad de hurto, en jurisdicción de la Comisaría Primera de Tandil.

Asimismo, se incautó una Honda XR250 Tornado, robada en abril de 2025 en jurisdicción de la Comisaría Segunda, en este caso bajo la modalidad de robo.

En el domicilio se encontraba un hombre, quien fue notificado de la imputación por el delito de “Encubrimiento reiterado”, al hallarse en su poder ambos rodados con requerimiento judicial vigente.

Las motocicletas fueron secuestradas y remitidas a las dependencias solicitantes para su posterior exhibición a los damnificados y eventual restitución.

Interviene en la Investigación Penal Preparatoria la Unidad Fiscal Nº 8, a cargo del Dr. Gustavo Morey.

Tandil fue escenario de una intensa actividad policial que culminó con la aprehensión de seis personas y el secuestro de diversos elementos vinculados a hechos ilícitos. Los operativos, llevados adelante por el personal del Comando de Patrullas y distintas dependencias locales, se concentraron en la identificación de vehículos y la prevención de delitos, así como también en la respuesta inmediata ante denuncias por robos domiciliarios.

Las tareas de prevención arrojaron resultados positivos en cinco puntos estratégicos de la planta urbana. En la mayoría de los casos, los involucrados resultaron ser jóvenes de entre 18 y 29 años, quienes ahora enfrentan causas penales bajo la órbita de las distintas Unidades Funcionales de Instrucción (UFI) del Departamento Judicial local. El despliegue permitió, además, retirar de la vía pública rodados que presentaban irregularidades en su documentación o pedidos de secuestro por haber sido sustraídos meses atrás.

Uno de los operativos tuvo lugar en Machado al 1200. En ese punto, los uniformados procedieron a la interceptación de un joven de 19 años que circulaba en una motocicleta Corven 110 cc. Tras consultar el sistema informático policial, se determinó que el motor del rodado poseía un pedido de secuestro activo con fecha del 2 de agosto de 2025.

Durante el procedimiento, los efectivos hallaron entre las prendas del joven diez gramos de marihuana y cinco gramos de clorhidrato de cocaína, lo que agravó significativamente su situación procesal. El aprehendido fue notificado de la formación de una causa por los delitos de Encubrimiento e Infracción al Artículo 289 del Código Penal, con intervención de la UFI N° 8, y por Infracción a la Ley 23.737, bajo la tutela de la UFI N° 22, especializada en la temática de estupefacientes.

En una línea similar, en la intersección de Salta y Azucena, la policía detuvo la marcha de otro joven de 19 años que se movilizaba en una motocicleta de la misma marca y cilindrada. En este caso, el vehículo registraba un pedido de secuestro por robo radicado el 1 de agosto de 2025. El conductor quedó a disposición de la UFI N° 12 bajo la carátula de Encubrimiento.

Por otra parte, en el cruce de Buenos Aires y Ugarte, se procedió a la aprehensión de una pareja de 19 años. Ambos circulaban con una motocicleta Gilera Smash "de tiro", la cual presentaba un pedido de secuestro vigente desde el 13 de abril de 2023. Los dos jóvenes fueron puestos a disposición de la Justicia por el delito de Encubrimiento, con intervención directa de la UFI N° 8.

La actividad policial también incluyó situaciones de tensión, como la ocurrida en la zona del Paseo de los Abuelos al 2100. En ese sector, el personal del Comando de Patrullas Tandil divisó a un hombre en actitud sospechosa a bordo de una KTM Duke 200 cc. Al intentar ser identificado en la esquina de Rivadavia y Estrada, el joven emprendió una veloz fuga, ignorando las órdenes de los uniformados y poniendo en riesgo la integridad de terceros.

El conductor fue identificado como Lucas Barraza, de 18 años, quien fue finalmente interceptado y aprehendido. Tras las consultas pertinentes, se determinó que Barraza no poseía la documentación necesaria para circular, por lo que se procedió al secuestro del motovehículo por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. El joven enfrenta ahora cargos por el delito de Desobediencia, con intervención de la UFI N° 8.

Por otro lado, la labor policial se extendió a Lisandro de la Torre al 1900. Allí, los agentes lograron la captura de Nicolás Rubén Sena, de 29 años, y Agustín Rebainera, de 24. Según el reporte oficial, Sena y Rebainera habían sustraído momentos antes una pileta de lona del interior de una vivienda particular del vecindario.

Al verse rodeados por la fuerza pública, los aprehendidos ofrecieron resistencia activa contra los efectivos, aunque no lograron ocasionar lesiones al personal actuante. Ambos quedaron imputados por los delitos de Hurto y Resistencia a la Autoridad, bajo la responsabilidad de la UFI N° 8.

Personal del Grupo Operativo de la Sub DDI Tandil realizó dos allanamientos simultáneos en diferentes domicilios de la ciudad, en respuesta a una investigación iniciada por los delitos de desobediencia y daño. 

Los operativos, que arrojaron resultados positivos para la instrucción de la causa, se ejecutaron tras la orden impartida por el Juzgado de Garantías 1, a cargo del juez José A. Moragas, y con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción 21.

Los uniformados irrumpieron en dos viviendas ubicadas en Los Rosales al 2000 y en Muñiz al 2100. En el marco de la inspección de los inmuebles, los agentes lograron el secuestro de una carabina calibre 22, la cual carecía de la documentación legal pertinente para su tenencia y portación, y un arma blanca de fabricación casera, de las conocidas comúnmente como "faca".

La causa que motivó este despliegue policial se originó a partir de una denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Tandil. En dicha dependencia, una vecina dejó constancia de haber sido víctima de hechos de violencia perpetrados por su expareja. 

La situación presentaba como agravante que el denunciado había incurrido en una desobediencia a una medida cautelar de prohibición de acercamiento impuesta para garantizar la protección de la denunciante.

Ante la gravedad del relato y la evidencia de los daños materiales ocasionados, el Ministerio Público Fiscal impulsó las medidas necesarias para desactivar cualquier foco de peligro inminente. La desobediencia a las órdenes judiciales en contextos de violencia de género es una de las mayores alertas que manejan las fuerzas de seguridad.

La vivienda de Javier Faroni, empresario teatral vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, fue allanada en el marco de una investigación por el presunto desvío de millones de dólares al exterior. El procedimiento fue ordenado por el juez federal Luis Armella, a pedido de la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), dirigida por el fiscal general Diego Velasco.

Por disposición de la fiscalía, también se realizaron allanamientos en la sede de la AFA, ubicada en Viamonte 1366, y en el predio de Ezeiza.

Los operativos buscan incorporar nuevas hipótesis delictivas que permitan vincular maniobras de lavado de activos desarrolladas en el país con circuitos financieros de alcance transnacional, utilizando estructuras del fútbol profesional como soporte operativo. La Fiscalía aclaró que esta ampliación del objeto procesal no implica imputaciones definitivas, sino la profundización de una investigación compleja sobre criminalidad económica organizada.

En una etapa anterior, la Justicia había prohibido a Faroni salir del país. El empresario está relacionado con TourProdEnter, firma que administró US$ 260 millones de la AFA en el exterior y que, según se investiga, habría desviado al menos US$ 42 millones hacia un grupo de empresas presuntamente ficticias.

Las maniobras se habrían realizado mediante contratos de explotación de derechos de la Selección, firmados por la directiva de la AFA con Tapia al frente y su mano derecha, Pablo Toviggino. La empresa de Faroni fue registrada en Miami por Érica Gillette, esposa del empresario, quien figura como directora de la productora contratada por la AFA. La Justicia de los Estados Unidos realizó un pedido de “discovery” para acceder a los registros bancarios confidenciales de esa compañía.

Faroni difundió un comunicado en el que cuestionó a los medios, aseguró estar alejado de la política y sostuvo que su empresa actuó siempre dentro del marco legal. “No existe al día de la fecha ninguna imputación, investigación formal ni observación administrativa que vincule a Tour o a mi persona con maniobras ilícitas irregulares de ningún tipo”, expresó.

En el mismo texto reconoció el vínculo entre TourProdEnter y la entidad que preside Tapia, investigada por supuestos hechos de corrupción, y explicó que la firma es agente comercial de la AFA a nivel mundial, con funciones de organización logística, cobro y pago dentro del marco contractual.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada en septiembre de 2024 por el empresario Guillermo Tofoni ante el Departamento del Tesoro y la fiscalía federal de Estados Unidos. Allí alertó que la AFA podría haber incurrido en lavado de dinero y desvío de fondos mediante el uso de cuentas bancarias en ese país.

Según la denuncia, los investigadores identificaron a TourProdEnter LLC como pieza central de las maniobras, acumulando alrededor de US$ 25 millones en una cuenta del banco Synovus, en Birmingham, Alabama, sin declarar esos fondos ante el fisco argentino. Los recursos habrían provenido principalmente de un amistoso de la Selección en China y de un acuerdo de patrocinio con Binance, y no habrían ingresado a cuentas de la AFA ni al país.

La investigación también se centra en la actuación de la firma Sur Finanzas PSP S.A. y de sociedades vinculadas, que habrían operado como proveedores financieros de múltiples clubes, concentrando roles de patrocinio, financiamiento y administración de pagos.

En este contexto, el juez Armella ordenó el levantamiento de los secretos fiscal, bancario, financiero y bursátil sobre las personas y empresas involucradas, requerimientos de información a bancos de Estados Unidos, la certificación de causas judiciales conexas y la realización de allanamientos —con habilitación de días y horas inhábiles— en domicilios particulares y sedes institucionales, incluida la AFA, para secuestrar documentación y dispositivos electrónicos vinculados a las maniobras investigadas.

Fuentes policiales informaron que la causa se inició luego de la acusación de una firma dedicada a la construcción, que detectó que los pagos recibidos por la provisión de materiales habían sido realizados mediante cheques electrónicos rechazados por falta de fondos.

A partir de esa presentación, los investigadores establecieron que la operatoria se repetía con otras firmas, que entregaban mercadería tras supuestas operaciones comerciales y luego perdían todo contacto con los compradores.

La pesquisa permitió determinar que los sospechosos alquilaban depósitos y galpones de manera temporaria, que funcionaban como puntos de acopio, donde, una vez recibidos los productos, abandonaban los inmuebles y trasladaban los artículos a otros domicilios para dificultar su rastreo.

En el marco de allanamientos en Avellaneda y Lomas de Zamora, se secuestró una oficina móvil utilizada como fachada, además de una gran cantidad de mercadería de distintos rubros, documentación comercial, remitos y anotaciones vinculadas a la maniobra investigada.

Además de la oficina, se secuestraron siete pallets completos con 554 bolsas de materiales; decenas de bultos y cajas con elementos de construcción; equipamiento gastronómico, mobiliario, iluminación, productos médicos y alimentos; cientos de cajas cerradas, bolsas industriales y bultos sueltos; electrodomésticos, luminarias, muebles y documentación comercial.

El valor total del perjuicio económico y de los bienes recuperados supera los 30 millones de pesos, y que al menos siete empresas habrían sido víctimas del mismo grupo, aunque hasta el momento no se registraron detenidos, mientras continúa la investigación para identificar a los responsables y determinar si existen más damnificados. NA