Personal policial del Grupo Operativo de la Sub DDI Tandil llevó adelante este martes un allanamiento en una vivienda de calle Dhers, en el marco de una causa por captación de menor con fines sexuales (grooming), que arrojó resultados considerados positivos por los investigadores.

El procedimiento se realizó con intervención de la U.F.I. 22 de Azul, a cargo interinamente del Dr. Norberto Peretti, y del Juzgado de Garantías 2 de Tandil, encabezado interinamente por el Dr. Juan José Suárez. Durante la diligencia, los efectivos concretaron el secuestro de elementos de interés para la causa, los cuales serán peritados.

La investigación se originó a partir de una denuncia en la que la madre de una adolescente de 13 años advirtió que su hija mantenía conversaciones mediante la aplicación Whatsapp con un hombre mayor de edad. Según se indicó, el sujeto le solicitaba imágenes personales y le proponía prácticas de índole sexual, además de intentar coordinar un encuentro presencial.

A partir de estos hechos, efectivos de la Sub DDI Tandil, en conjunto con la fiscalía interviniente, desarrollaron tareas investigativas encubiertas que permitieron establecer la identidad del sospechoso. Con esa información, se avanzó en la solicitud de las medidas judiciales correspondientes.

En el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes, se llevó adelante un allanamiento en un domicilio ubicado en Roca al 800 de la localidad de María Ignacia Vela, que arrojó resultados positivos.

La pesquisa se había iniciado a partir de diversas tareas investigativas, entre ellas registros fílmicos encubiertos y la recolección de testimonios, que permitieron establecer la posible venta de droga al menudeo en el lugar.

Con la intervención del Juzgado de Garantías N° 1 de Tandil, se dio cumplimiento a la orden de allanamiento. Durante el procedimiento, el personal interviniente procedió al secuestro de cuatro plantas de marihuana —con un peso superior a los 42 kilogramos—, frascos con cogollos, un arma de fuego calibre .22 con municiones, una balanza de precisión, elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Como resultado del operativo, dos personas mayores de edad fueron puestas a disposición de la justicia. Ambas quedaron imputadas por infracción a la Ley 23.737, en el marco de la figura de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, además de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y acopio de municiones.

En la causa tomaron intervención la UFI N° 22 de Tandil y la UFI N° 16 de Tandil, desde donde se dispusieron las diligencias de rigor para avanzar con la investigación.

En el marco de una causa por robo agravado por el uso de arma, fuerzas policiales llevaron adelante cinco allanamientos en Tandil, que arrojaron resultados positivos, con el secuestro de elementos de interés y la detención de un hombre con pedido de captura vigente.

Los operativos fueron realizados por personal de la SubDDI Tandil, en conjunto con efectivos de la SubDDI Las Flores, G.A.D. Tandil, Infantería Tandil, comisaría 4ta de Tandil y Policía de Seguridad Vial de Centinela. La investigación cuenta con la intervención de la U.F.I. N° 16 de Tandil y del Juzgado de Garantías N° 02, a cargo del Dr. Juan José Suárez.

Como resultado de las diligencias, los efectivos procedieron al secuestro de una camioneta Toyota Hilux gris, que presentaba el dominio adulterado y sobre la cual pesaba un pedido de secuestro activo por robo automotor, requerido por la comisaría 5ta de Mar del Plata.

Asimismo, se concretó la detención de Carlos Alberto Saturnino Fernández, quien registraba un pedido de captura activa por el delito de abigeato, en relación a tres hechos ocurridos en la localidad de Ayacucho, con intervención del Juzgado de Garantías N° 03 de Dolores.

Según se informó, los procedimientos se desprenden de una investigación iniciada tras un violento asalto ocurrido el 21 de marzo en una vivienda ubicada en calle Los Pinos al 2000. En esa oportunidad, tres hombres armados irrumpieron en el domicilio tras romper un ventanal de Blindex, aunque la víctima logró huir sin ser interceptada. Los delincuentes sustrajeron dinero en efectivo y escaparon rápidamente, alertados por la reacción de los vecinos.

La causa continúa en etapa investigativa para determinar la totalidad de los responsables y avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.

La Policía Federal Argentina llevó adelante al menos tres allanamientos en Bahía Blanca, en el marco de una batería de cerca de 100 operativos simultáneos desplegados en distintas jurisdicciones del país. Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia porteña y se inscriben en la investigación judicial que analiza presuntos actos de corrupción y maniobras financieras en el seno de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Según pudo reconstruirse a partir de fuentes vinculadas a la pesquisa, los operativos locales se realizaron en un edificio de Dorrego 119, a pocos metros de Alsina y del Teatro Municipal; en una vivienda de Las Lomas al 300, en el barrio Palihue; y en un domicilio de Lahual al 100, en el barrio Patagonia.

La información oficial fue escueta, aunque un investigador deslizó que las medidas apuntan a “documentación relacionada con casas de cambio y financieras”, un eje que aparece reiteradamente en los expedientes en curso.

El despliegue de los allanamientos se produjo pocas horas después de que la AFA anunciara un paro de la actividad para la fecha futbolística prevista entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo. La decisión generó múltiples interpretaciones dentro del ambiente deportivo y político, especialmente porque coincide con la citación a indagatoria del presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y otros dirigentes.

La AFA enfrenta actualmente varios frentes judiciales. Uno de los principales se originó a partir de una denuncia del organismo recaudador ARCA contra la financiera Sur Finanzas, firma que estaría vinculada al empresario Ariel Vallejo y que, de acuerdo con las actuaciones, tendría conexiones indirectas con la conducción de la entidad madre del fútbol argentino. En ese expediente se investigan presuntas maniobras de lavado de activos y evasión tributaria.

Otro tramo relevante de la causa refiere a la supuesta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, en perjuicio de organismos fiscales. Este planteo, que comenzó como un reclamo estrictamente impositivo, derivó luego en pedidos de documentación contable, análisis de movimientos bancarios y reconstrucción del flujo de fondos dentro de la estructura administrativa de la AFA.

Con el avance de las medidas probatorias, la Justicia federal consolidó además un segundo eje de investigación centrado en el destino de los premios económicos obtenidos tras la consagración argentina en el Mundial de Qatar 2022. Los jueces buscan determinar cómo se administraron esos fondos, qué criterios se aplicaron en su distribución y si existieron transferencias que requieran explicaciones adicionales desde el punto de vista fiscal o contractual.

El tercer frente bajo análisis apunta al circuito financiero vinculado con Sur Finanzas y otras estructuras privadas. En tribunales se intenta reconstruir la denominada “ruta del dinero”, es decir, la secuencia completa de transferencias y operaciones que podrían haber conectado recursos provenientes del fútbol profesional con firmas externas. También se investigan presuntas irregularidades relacionadas con Tour ProdEnter LLC, empresa que administra negocios de la AFA en los Estados Unidos y que, según la pesquisa, habría canalizado fondos hacia compañías sin actividad declarada.

En este contexto, Tapia fue citado a indagatoria y quedó alcanzado por una prohibición de salida del país, una medida que en ámbitos judiciales es interpretada como un indicador de la relevancia institucional del expediente. Mientras tanto, la organización del fútbol argentino transita un escenario de fuerte tensión, obligado a sostener su calendario deportivo y, al mismo tiempo, enfrentar el avance de investigaciones que podrían tener impacto en la conducción dirigencial de cara al Mundial 2026.

Fuentes judiciales coinciden en que las próximas resoluciones procesales serán determinantes para definir el alcance de las causas y el futuro de la investigación, en un clima que ya trasciende lo estrictamente deportivo y se proyecta sobre la vida institucional del fútbol argentino.

Un nuevo procedimiento policial permitió esclarecer un robo domiciliario  y recuperar parte de los elementos sustraídos, tras una serie de tareas investigativas llevadas adelante por personal de la comisaría Tercera.

El hecho había sido denunciado por un vecino, quien indicó que autores ignorados ingresaron a su vivienda ubicada en Figueroa al 1200 y le sustrajeron diversos elementos del interior del inmueble.

A partir de la intervención del Grupo Táctico Operativo (GTO), y mediante el análisis de cámaras privadas y registros del Centro de Monitoreo Municipal, los efectivos lograron identificar a los presuntos responsables del ilícito.

En una primera instancia se realizó un allanamiento de urgencia con anuencia en un domicilio de Maritorena al 00, el cual arrojó resultado positivo. Allí se procedió al secuestro de una garrafa de 10 kilogramos, posteriormente reconocida por la víctima como de su propiedad.

Las tareas investigativas continuaron y permitieron detectar la presunta comercialización de herramientas de mano en la intersección de Quintana y La Pampa. En ese lugar se secuestró una caja plástica que contenía herramientas y llaves varias, también reconocidas por el denunciante.

Como resultado del procedimiento, dos hombres fueron puestos a disposición de la Justicia por el delito de Robo. Las actuaciones quedaron bajo la órbita de la UFIJ N° 16 del Departamento Judicial Azul, sede Tandil, mientras se desarrollan las diligencias de rigor.

Un procedimiento policial realizado en las últimas horas permitió esclarecer un violento robo ocurrido en el barrio Las Tunitas, en Tandil, y secuestrar elementos clave para la causa.

La investigación se inició tras una denuncia radicada el 15 de febrero. Según el testimonio de la víctima, en horas de la tarde un hombre ingresó a su domicilio y, tras tomarla del cuello, le sustrajo dinero en efectivo, joyas y un teléfono celular. Luego se dio a la fuga junto a un segundo sujeto que lo aguardaba en el exterior a bordo de una motocicleta.

A partir de tareas investigativas llevadas adelante por el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Segunda, junto al análisis de imágenes del Centro de Monitoreo Municipal, registros fílmicos privados y declaraciones testimoniales, se logró identificar a los presuntos autores del hecho.

Con orden del Juzgado de Garantías N° 1 y la intervención de la UFI N° 12, se realizaron allanamientos en dos domicilios, con la colaboración de personal de las comisarías Primera, Tercera y Cuarta, UPPL, Comando de Patrullas Tandil y Destacamento Tunitas.

Como resultado del operativo, en uno de los objetivos se identificó a un masculino de 23 años, procediéndose al secuestro de una motocicleta Corven Energy 110cc —presuntamente utilizada en el robo— y prendas de vestir vinculadas al ilícito. En el segundo domicilio se incautó dinero en efectivo.

El joven fue puesto a disposición de la Justicia por el delito de Robo, mientras continúan las diligencias de rigor bajo la órbita de la Fiscalía interviniente.

Un procedimiento policial realizado en las últimas horas en Tandil culminó con el secuestro preventivo de una planta con características de Cannabis Sativa y la formación de actuaciones judiciales por amenazas e infracción a la Ley de Estupefacientes.

Según se informó oficialmente, la investigación se inició a partir de una denuncia radicada el pasado 13 de febrero. En aquella presentación, una vecina manifestó que su hijo menor de edad habría sido amenazado por un vecino, quien mediante ademanes simuló la portación de un arma de fuego.

En el marco de la causa, el 19 de febrero personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Cuarta de Tandil, en conjunto con efectivos de la Policía Local y del G.A.D. Departamental Tandil, llevó adelante una orden de allanamiento y registro en una vivienda ubicada en Rosales al 1000.

De acuerdo al parte policial, la diligencia arrojó resultado negativo en relación al hecho investigado por amenazas. No obstante, durante el procedimiento los uniformados procedieron al recogimiento preventivo de una planta de grandes dimensiones con características compatibles con Cannabis Sativa.

Informada la autoridad judicial interviniente, se dispuso la formación de actuaciones por presunta infracción a la Ley 23.737, con notificación del Artículo 60 del Código Procesal Penal para una mujer de 57 años. Asimismo, se formó causa por el delito de amenazas para un hombre de 37 años.

El elemento secuestrado quedó a resguardo en el Depósito Judicial de la dependencia, a la espera de las pericias correspondientes.

La investigación continúa bajo la órbita de la UFI Nº 12, a cargo del Dr. Borean, y de la UFI Nº 22, del Dr. Peiretti, mientras se desarrollan las tareas investigativas de rigor.

Un operativo encabezado por la SubDDi Tandil permitió desarticular un punto de venta de estupefacientes que funcionaba en un domicilio de calle Langueyú al 1400. Como resultado del procedimiento, una mujer de 47 años y un hombre de 30 fueron aprehendidos y trasladados a dependencias policiales de la región.

La investigación, que demandó varios meses de trabajo, incluyó análisis de comunicaciones telefónicas y el aporte de las cámaras del Centro de Monitoreo local. Con esos elementos, la Justicia otorgó la orden de allanamiento que se concretó durante la tarde noche de este martes.

La causa es tramitada por la UFI N°22 de Tandil, a cargo de la Dra. Florencia Molina, y contó con la intervención del fiscal titular en Azul, el Dr. Peiretti. La orden de registro fue emitida por el Juzgado de Garantías N°1, a cargo del Dr. José Alberto Moragas.

El origen de la pesquisa se remonta a meses atrás, cuando personal de la comisaría Tercera, en el marco de un procedimiento vinculado a otro delito, halló de manera fortuita una importante cantidad de marihuana. A partir de ese hallazgo, se profundizaron las tareas investigativas que permitieron reunir pruebas suficientes para avanzar con el allanamiento.

Entre los elementos clave se destacó el análisis tecnológico de las comunicaciones, que habría vinculado a los sospechosos con la comercialización de marihuana, y el registro de movimientos compatibles con la venta de drogas captados por las cámaras del Sistema de Vigilancia de la Municipalidad.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron marihuana ya fraccionada y dispuesta para su venta, además de otros elementos de interés para la causa. Por disposición judicial, y a la espera de nuevas medidas que podrían adoptarse en las próximas horas, los aprehendidos fueron trasladados a distintas comisarías fuera de la ciudad. 

La Policía recuperó dos motocicletas que registraban pedidos activos de secuestro por hurto y robo, durante un procedimiento realizado en la madrugada en una vivienda del pasaje Del Medio, entre las alturas 1900 y 2000.

El operativo fue llevado adelante por personal policial en conjunto con efectivos del Servicio Polad mediante el sistema Centinela en Territorio. En el lugar se procedió al secuestro de una motocicleta marca Bajaj Rouser 200, que había sido sustraída en noviembre de 2025 bajo la modalidad de hurto, en jurisdicción de la Comisaría Primera de Tandil.

Asimismo, se incautó una Honda XR250 Tornado, robada en abril de 2025 en jurisdicción de la Comisaría Segunda, en este caso bajo la modalidad de robo.

En el domicilio se encontraba un hombre, quien fue notificado de la imputación por el delito de “Encubrimiento reiterado”, al hallarse en su poder ambos rodados con requerimiento judicial vigente.

Las motocicletas fueron secuestradas y remitidas a las dependencias solicitantes para su posterior exhibición a los damnificados y eventual restitución.

Interviene en la Investigación Penal Preparatoria la Unidad Fiscal Nº 8, a cargo del Dr. Gustavo Morey.

Tandil fue escenario de una intensa actividad policial que culminó con la aprehensión de seis personas y el secuestro de diversos elementos vinculados a hechos ilícitos. Los operativos, llevados adelante por el personal del Comando de Patrullas y distintas dependencias locales, se concentraron en la identificación de vehículos y la prevención de delitos, así como también en la respuesta inmediata ante denuncias por robos domiciliarios.

Las tareas de prevención arrojaron resultados positivos en cinco puntos estratégicos de la planta urbana. En la mayoría de los casos, los involucrados resultaron ser jóvenes de entre 18 y 29 años, quienes ahora enfrentan causas penales bajo la órbita de las distintas Unidades Funcionales de Instrucción (UFI) del Departamento Judicial local. El despliegue permitió, además, retirar de la vía pública rodados que presentaban irregularidades en su documentación o pedidos de secuestro por haber sido sustraídos meses atrás.

Uno de los operativos tuvo lugar en Machado al 1200. En ese punto, los uniformados procedieron a la interceptación de un joven de 19 años que circulaba en una motocicleta Corven 110 cc. Tras consultar el sistema informático policial, se determinó que el motor del rodado poseía un pedido de secuestro activo con fecha del 2 de agosto de 2025.

Durante el procedimiento, los efectivos hallaron entre las prendas del joven diez gramos de marihuana y cinco gramos de clorhidrato de cocaína, lo que agravó significativamente su situación procesal. El aprehendido fue notificado de la formación de una causa por los delitos de Encubrimiento e Infracción al Artículo 289 del Código Penal, con intervención de la UFI N° 8, y por Infracción a la Ley 23.737, bajo la tutela de la UFI N° 22, especializada en la temática de estupefacientes.

En una línea similar, en la intersección de Salta y Azucena, la policía detuvo la marcha de otro joven de 19 años que se movilizaba en una motocicleta de la misma marca y cilindrada. En este caso, el vehículo registraba un pedido de secuestro por robo radicado el 1 de agosto de 2025. El conductor quedó a disposición de la UFI N° 12 bajo la carátula de Encubrimiento.

Por otra parte, en el cruce de Buenos Aires y Ugarte, se procedió a la aprehensión de una pareja de 19 años. Ambos circulaban con una motocicleta Gilera Smash "de tiro", la cual presentaba un pedido de secuestro vigente desde el 13 de abril de 2023. Los dos jóvenes fueron puestos a disposición de la Justicia por el delito de Encubrimiento, con intervención directa de la UFI N° 8.

La actividad policial también incluyó situaciones de tensión, como la ocurrida en la zona del Paseo de los Abuelos al 2100. En ese sector, el personal del Comando de Patrullas Tandil divisó a un hombre en actitud sospechosa a bordo de una KTM Duke 200 cc. Al intentar ser identificado en la esquina de Rivadavia y Estrada, el joven emprendió una veloz fuga, ignorando las órdenes de los uniformados y poniendo en riesgo la integridad de terceros.

El conductor fue identificado como Lucas Barraza, de 18 años, quien fue finalmente interceptado y aprehendido. Tras las consultas pertinentes, se determinó que Barraza no poseía la documentación necesaria para circular, por lo que se procedió al secuestro del motovehículo por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. El joven enfrenta ahora cargos por el delito de Desobediencia, con intervención de la UFI N° 8.

Por otro lado, la labor policial se extendió a Lisandro de la Torre al 1900. Allí, los agentes lograron la captura de Nicolás Rubén Sena, de 29 años, y Agustín Rebainera, de 24. Según el reporte oficial, Sena y Rebainera habían sustraído momentos antes una pileta de lona del interior de una vivienda particular del vecindario.

Al verse rodeados por la fuerza pública, los aprehendidos ofrecieron resistencia activa contra los efectivos, aunque no lograron ocasionar lesiones al personal actuante. Ambos quedaron imputados por los delitos de Hurto y Resistencia a la Autoridad, bajo la responsabilidad de la UFI N° 8.

Personal del Grupo Operativo de la Sub DDI Tandil realizó dos allanamientos simultáneos en diferentes domicilios de la ciudad, en respuesta a una investigación iniciada por los delitos de desobediencia y daño. 

Los operativos, que arrojaron resultados positivos para la instrucción de la causa, se ejecutaron tras la orden impartida por el Juzgado de Garantías 1, a cargo del juez José A. Moragas, y con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción 21.

Los uniformados irrumpieron en dos viviendas ubicadas en Los Rosales al 2000 y en Muñiz al 2100. En el marco de la inspección de los inmuebles, los agentes lograron el secuestro de una carabina calibre 22, la cual carecía de la documentación legal pertinente para su tenencia y portación, y un arma blanca de fabricación casera, de las conocidas comúnmente como "faca".

La causa que motivó este despliegue policial se originó a partir de una denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Tandil. En dicha dependencia, una vecina dejó constancia de haber sido víctima de hechos de violencia perpetrados por su expareja. 

La situación presentaba como agravante que el denunciado había incurrido en una desobediencia a una medida cautelar de prohibición de acercamiento impuesta para garantizar la protección de la denunciante.

Ante la gravedad del relato y la evidencia de los daños materiales ocasionados, el Ministerio Público Fiscal impulsó las medidas necesarias para desactivar cualquier foco de peligro inminente. La desobediencia a las órdenes judiciales en contextos de violencia de género es una de las mayores alertas que manejan las fuerzas de seguridad.

La vivienda de Javier Faroni, empresario teatral vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, fue allanada en el marco de una investigación por el presunto desvío de millones de dólares al exterior. El procedimiento fue ordenado por el juez federal Luis Armella, a pedido de la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), dirigida por el fiscal general Diego Velasco.

Por disposición de la fiscalía, también se realizaron allanamientos en la sede de la AFA, ubicada en Viamonte 1366, y en el predio de Ezeiza.

Los operativos buscan incorporar nuevas hipótesis delictivas que permitan vincular maniobras de lavado de activos desarrolladas en el país con circuitos financieros de alcance transnacional, utilizando estructuras del fútbol profesional como soporte operativo. La Fiscalía aclaró que esta ampliación del objeto procesal no implica imputaciones definitivas, sino la profundización de una investigación compleja sobre criminalidad económica organizada.

En una etapa anterior, la Justicia había prohibido a Faroni salir del país. El empresario está relacionado con TourProdEnter, firma que administró US$ 260 millones de la AFA en el exterior y que, según se investiga, habría desviado al menos US$ 42 millones hacia un grupo de empresas presuntamente ficticias.

Las maniobras se habrían realizado mediante contratos de explotación de derechos de la Selección, firmados por la directiva de la AFA con Tapia al frente y su mano derecha, Pablo Toviggino. La empresa de Faroni fue registrada en Miami por Érica Gillette, esposa del empresario, quien figura como directora de la productora contratada por la AFA. La Justicia de los Estados Unidos realizó un pedido de “discovery” para acceder a los registros bancarios confidenciales de esa compañía.

Faroni difundió un comunicado en el que cuestionó a los medios, aseguró estar alejado de la política y sostuvo que su empresa actuó siempre dentro del marco legal. “No existe al día de la fecha ninguna imputación, investigación formal ni observación administrativa que vincule a Tour o a mi persona con maniobras ilícitas irregulares de ningún tipo”, expresó.

En el mismo texto reconoció el vínculo entre TourProdEnter y la entidad que preside Tapia, investigada por supuestos hechos de corrupción, y explicó que la firma es agente comercial de la AFA a nivel mundial, con funciones de organización logística, cobro y pago dentro del marco contractual.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada en septiembre de 2024 por el empresario Guillermo Tofoni ante el Departamento del Tesoro y la fiscalía federal de Estados Unidos. Allí alertó que la AFA podría haber incurrido en lavado de dinero y desvío de fondos mediante el uso de cuentas bancarias en ese país.

Según la denuncia, los investigadores identificaron a TourProdEnter LLC como pieza central de las maniobras, acumulando alrededor de US$ 25 millones en una cuenta del banco Synovus, en Birmingham, Alabama, sin declarar esos fondos ante el fisco argentino. Los recursos habrían provenido principalmente de un amistoso de la Selección en China y de un acuerdo de patrocinio con Binance, y no habrían ingresado a cuentas de la AFA ni al país.

La investigación también se centra en la actuación de la firma Sur Finanzas PSP S.A. y de sociedades vinculadas, que habrían operado como proveedores financieros de múltiples clubes, concentrando roles de patrocinio, financiamiento y administración de pagos.

En este contexto, el juez Armella ordenó el levantamiento de los secretos fiscal, bancario, financiero y bursátil sobre las personas y empresas involucradas, requerimientos de información a bancos de Estados Unidos, la certificación de causas judiciales conexas y la realización de allanamientos —con habilitación de días y horas inhábiles— en domicilios particulares y sedes institucionales, incluida la AFA, para secuestrar documentación y dispositivos electrónicos vinculados a las maniobras investigadas.

Fuentes policiales informaron que la causa se inició luego de la acusación de una firma dedicada a la construcción, que detectó que los pagos recibidos por la provisión de materiales habían sido realizados mediante cheques electrónicos rechazados por falta de fondos.

A partir de esa presentación, los investigadores establecieron que la operatoria se repetía con otras firmas, que entregaban mercadería tras supuestas operaciones comerciales y luego perdían todo contacto con los compradores.

La pesquisa permitió determinar que los sospechosos alquilaban depósitos y galpones de manera temporaria, que funcionaban como puntos de acopio, donde, una vez recibidos los productos, abandonaban los inmuebles y trasladaban los artículos a otros domicilios para dificultar su rastreo.

En el marco de allanamientos en Avellaneda y Lomas de Zamora, se secuestró una oficina móvil utilizada como fachada, además de una gran cantidad de mercadería de distintos rubros, documentación comercial, remitos y anotaciones vinculadas a la maniobra investigada.

Además de la oficina, se secuestraron siete pallets completos con 554 bolsas de materiales; decenas de bultos y cajas con elementos de construcción; equipamiento gastronómico, mobiliario, iluminación, productos médicos y alimentos; cientos de cajas cerradas, bolsas industriales y bultos sueltos; electrodomésticos, luminarias, muebles y documentación comercial.

El valor total del perjuicio económico y de los bienes recuperados supera los 30 millones de pesos, y que al menos siete empresas habrían sido víctimas del mismo grupo, aunque hasta el momento no se registraron detenidos, mientras continúa la investigación para identificar a los responsables y determinar si existen más damnificados. NA

El pasado jueves 18 de diciembre, la Policía Federal Argentina (PFA) llevó a cabo un allanamiento en Tandil en el marco de una investigación por amenazas dirigidas contra la senadora nacional Patricia Bullrich.

El procedimiento se realizó durante la mañana en un domicilio particular ubicado sobre la calle General Roca al 1500. El mismo estuvo a cargo de personal de la División Unidad Operativa Federal Tandil, tras una serie de tareas investigativas iniciadas en el mes de octubre.

La causa es tramitada por el Juzgado Federal N.º 1 de Azul, a cargo del juez Gabriel Hernán Di Giuglio, con intervención de la Secretaría N.º 4, conducida por el doctor Rodolfo Pablo López, y de la Fiscalía Federal Descentralizada de Tandil, a cargo del fiscal Marcos Silvagni. 

Como resultado de la investigación, se logró identificar el domicilio y al presunto autor de las amenazas.

Con la correspondiente orden judicial, los efectivos federales ingresaron al inmueble y procedieron al secuestro de dos teléfonos celulares, además de notificar al hombre investigado sobre la formación de la causa en su contra.

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la Policía Federal Argentina, reafirmaron el compromiso de la fuerza en la provincia de Buenos Aires y, en particular, en la jurisdicción de Tandil, para combatir los delitos y garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos en su carácter de auxiliar de la Justicia.

Este viernes, personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Tandil, junto a efectivos de la Jefatura Distrital Tandil y de la Comisaría Segunda, llevaron adelante un importante operativo antidrogas en el barrio La Movediza, más precisamente en el sector conocido como “La Toma”.

El procedimiento contó con el apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (G.A.D.), un escalón del Cuerpo de Caballería y un escalón del Cuerpo de Infantería, todos pertenecientes a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En total se realizaron tres diligencias de allanamiento, cuyos resultados fueron calificados como altamente positivos.

La investigación estuvo a cargo de la Unidad Funcional de Investigación de Estupefacientes N.º 22, bajo la dirección del fiscal Norberto Adrián Peiretti y la fiscal Florencia Molina. Tras varios meses de tareas investigativas en las que se empleó tecnología de avanzada, incluyendo drones aportados por el Ministerio de Seguridad y el Municipio de Tandil, se logró establecer los distintos roles que desempeñaban los ahora imputados en infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

Con los elementos reunidos, el Juzgado de Garantías a cargo del doctor Juan José Suárez otorgó las correspondientes órdenes judiciales para el ingreso a los domicilios, así como para el registro, requisa y secuestro de material vinculado a la causa, dando así por concluida la primera etapa de la investigación.

Durante los allanamientos se secuestró cocaína compactada, así como sustancia fraccionada en dosis listas para su comercialización. En una de las viviendas se incautaron 95 envoltorios de cocaína, dinero en efectivo, una balanza digital de precisión, elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes, un arma de fuego calibre 22, municiones del mismo calibre, diez teléfonos celulares y plantas de marihuana, entre otros elementos de interés para la causa.

Como resultado del operativo, fueron aprehendidas cuatro personas —tres de nacionalidad paraguaya y una argentina—, sobre quienes pesa el pedido de detención por parte de la fiscalía interviniente.

Desde la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Tandil destacaron que, durante el desarrollo del procedimiento, vecinos de la zona manifestaron de manera expresa su apoyo a la intervención policial, expresándose a viva voz a favor de las medidas llevadas adelante.

Tras una intensa investigación, personal policial realizó en la noche del miércoles cuatro allanamientos simultáneos en el barrio Las Tunitas, que permitieron identificar y desarticular una banda organizada dedicada a cometer delitos tanto en la zona urbana como en el ámbito rural de Tandil. Como resultado de los procedimientos, se logró el esclarecimiento de 14 hechos delictivos y la identificación de la totalidad de los integrantes de la organización.

La pesquisa incluyó el análisis de imágenes aportadas por el Centro de Monitoreo Tandil, la toma de declaraciones testimoniales y diversas tareas de campo encubiertas. Las órdenes de allanamiento fueron otorgadas por el Juzgado de Garantías N° 2 de Tandil y los operativos contaron con la participación de efectivos de distintas dependencias policiales locales, con la colaboración del Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en una vivienda ubicada en Expedición del Desierto al 300, donde se secuestró una escopeta calibre 12/70 con numeración suprimida, tres cartuchos intactos, un televisor Smart Noblex de 43 pulgadas, un parlante portátil JBL, un cuadro de motocicleta con pedido de secuestro activo, dos ponchos con guarda pampa, un rebenque y dos cuchillos verijeros.

En otro allanamiento realizado en Picheuta al 200, los efectivos incautaron tres motocicletas con numeración de chasis suprimida —una Honda Twister, una Honda Tornado y otra Honda cuyo motor presentaba pedido de secuestro vigente—, además de una notebook Lenovo, un atornillador con valija, un cajón de herramientas con elementos varios, dos consolas de DJ marca Pioneer con bolso y una motosierra Stihl.

El tercer procedimiento tuvo lugar en una vivienda de Del Libertador al 500, donde se secuestró un teléfono celular iPhone 14 de color azul. En tanto, el allanamiento realizado en Baigorria al 0 arrojó resultado negativo.

Como consecuencia de los operativos y por disposición judicial, cinco hombres mayores de edad quedaron sujetos a los procesos penales correspondientes. Según se informó, enfrentan cargos que podrían derivar en penas privativas de la libertad de hasta seis años de prisión.

Un confuso episodio se desarrolló en la tarde del lunes en un domicilio de Labarden al 2300, entre Aeronáutica Argentina y Vigil. Personal policial de la comisaría Segunda realizó un allanamiento con el objetivo de dar con pruebas que incriminen al sospechoso del robo de las llaves de un vehículo policial, ocurrido durante el último fin de semana a la salida de un local bailable.

La situación, hasta entonces normal en todo proceso de investigación, se tornó confusa cuando intervinieron los hijos de la mujer que habita la vivienda allanada. Al encontrarse la casa toda revuelta y muebles rotos, intentaron buscar explicaciones sobre el procedimiento y cuando se dirigieron a la comisaría Segunda pudieron llegar a la conclusión de que el operativo se había montado sobre pruebas erróneas, confundiendo al protagonista del hecho delictivo con el nieto de la señora.

Gustavo, hijo de la adulta mayor, relató a El Eco de Tandil que fue avisado por sus hermanas cerca de las 7 de la tarde y que cuando llegó al domicilio ya no había efectivos policiales. “Entro y era un caos total, la casa dada vuelta y yo sin entender la causa del allanamiento”, describió. A través de la copia de la notificación se enteró que había sido por la llave del móvil que habían robado y que su sobrino estaba señalado como uno de los responsables del hecho.

Por esa razón se acercó a la comisaría Segunda y pidió explicaciones del hecho. “Mi sobrino no podía ser, lo llamo y le pido que se vaya a la comisaría”, contó. Ya con la presencia del joven señalado, pudieron comprobar que se habían confundido de persona: “Por las imágenes de las cámaras de seguridad corroboramos que por la pierna y la mano izquierda, sin tatuajes, no era mi sobrino”.

A partir de contrastar las imágenes de las cámaras de seguridad que aportó el boliche, el joven que había sido señalado y se había presentado en la dependencia policial quedó desvinculado del hecho. “Me pidieron disculpas y me dijeron que son humanos. Yo pienso que esto no puede pasar”, relató el hijo de la señora allanada al mismo tiempo que mostró su indignación ante un hecho que generó pérdidas materiales.

“Voy a la Fiscalía a reclamar a la justicia y ahí nos marearon, nos llevaron de una ventanilla a la otra, hasta que damos con Laura, la fiscal que aprobó el allanamiento”, contó con enfado por todo el ida y vuelta que tuvo que hacer hasta poder encontrar a alguien que les brinde una respuesta.

No obstante, la respuesta no satisfizo: “Nos dijo que la policía le pidió eso porque ya tenían averiguado quien era el causante del hecho, pero no era, no hicieron un análisis previo, no investigaron bien. Una cosa de locos, no se puede creer. Nos dijo que lamentablemente ya no pueden hacer nada. Le preguntamos quién paga los daños materiales, los morales sabemos que nadie lo va a pagar”.

Con una indignación que fue en aumento con el correr de las horas, ante la falta de una respuesta satisfactoria y la posibilidad de encontrar a alguien que se haga cargo de los daños causados en la propiedad privada. Los familiares se mostraron sorprendidos porque ni siquiera “la justicia nos podía ayudar. Un desastre total”.

Al mismo tiempo, Gustavo reconoció que “el subcomisario nos pidió disculpas y fue el único que se dispuso a ayudarnos” e incluso se ofreció a pagar él mismo las roturas que generó el operativo en la vivienda de Labarden al 2300. Según describió a este Diario, en el allanamiento rompieron puertas, armarios y dejaron todo revuelto. “No entiendo por qué entran a la fuerza y rompen todo adentro. Esa es la parte que me cuesta entender”, añadió.

Respecto a la damnificada, según pudo saber este Diario, tiene 78 años y padece alzhéimer. Esta situación, según describieron sus familiares, generó que se disperse durante el allanamiento y no recuerde mucho de lo sucedido puertas adentro de su hogar en la tarde del lunes.

Del allanamiento se desprende uno de los miedos de los familiares, ya que estos procedimientos cuentan con un testigo. Por esa razón pidieron conocer la identidad del mismo ya que “es un barrio complicado y quiero ver quién entró a la casa de mi madre. Tenía ahorros, quedaron todos revueltos arriba de la cama, y no sabemos si falta plata o no, pero el testigo sabe que mi mamá vive sola y tiene plata.  Si es un malandra, estamos complicados”.

Pasado ya dos días del allanamiento por error, la familia continúa buscando a alguien que se responsabilice por los daños recibidos, incluso contaron que al volver a consultar en la comisaría, el subcomisario volvió a indicar que les iba a dar una mano con la reparación de la puerta de entrada. Ahora sumaron esa “paranoia” respecto a la posibilidad de que malvivientes tengan datos sobre la morada. “Mi mamá está muy asustada”, indicaron.

En las últimas horas, personal policial de la Sub DDI Tandil llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Caseros al 1700, en el marco de una investigación por “Tenencia de representaciones sexuales de menores de 18 años con fines de distribución o comercialización (M.A.S.I.)”.

La diligencia fue ordenada por la UFI N°22 de Azul, a cargo del fiscal Dr. Norberto Peiretti, y por el Juzgado de Garantías N°1 de Tandil, conducido por el Dr. José Alberto Moragas. Según informaron fuentes policiales, el procedimiento arrojó resultados altamente positivos, permitiendo el secuestro de diversos elementos de interés para la causa, cuyo contenido no fue detallado debido al carácter sensible del caso.

La investigación se inició a partir de dos reportes en los que se detectó que un usuario, mediante la plataforma Google Photos, habría transmitido videos con contenido sexual protagonizado por menores de 18 años. Ante esta situación, efectivos de la Sub DDI, en coordinación con la fiscalía interviniente, realizaron tareas investigativas encubiertas para identificar al responsable.

Como resultado del trabajo de campo y del análisis digital, los investigadores lograron establecer la identidad de un hombre mayor de edad, lo que permitió solicitar las medidas judiciales que derivaron en el allanamiento concretado este jueves.

La causa continúa en curso y permanece bajo estricta reserva, mientras se espera el análisis del material secuestrado para avanzar en las actuaciones.

En las últimas horas, personal policial de la SubDDI Tandil llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en Juárez al 1200, en el marco de una causa por hurto que es investigada por la UFI N° 8, a cargo del fiscal Gustavo Morey, y con la intervención del Juzgado de Garantías N° 2, conducido interinamente por el Dr. Juan José Suárez.

El operativo arrojó resultado positivo, permitiendo el secuestro de diversos elementos de interés vinculados al hecho investigado. Durante la requisa, los efectivos también hallaron 1,490 kilos de marihuana, lo que motivó la apertura de una segunda causa por Infracción a la Ley 23.737, con intervención de la Fiscalía de Estupefacientes de Tandil.

La investigación se inició tras la denuncia de un vecino que aseguró que desconocidos habían ingresado sin ejercer violencia a su domicilio de Pasteur al 1600, de donde sustrajeron pertenencias. A partir de esa presentación, la SubDDI desarrolló tareas investigativas bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal, logrando identificar al presunto autor del ilícito.

Con estos elementos, la Justicia autorizó el allanamiento concretado ayer, que permitió tanto recuperar objetos vinculados al hurto como detectar la presencia de estupefacientes en el lugar. Las actuaciones continúan su curso en las unidades fiscales correspondientes.

Ayer, personal policial de la SubDDI llevó a cabo un allanamiento en una propiedad ubicada en Las Amapolas al 1800 en el marco de una causa caratulada como Presunta Infracción Artículo 128 Código Penal, que refiere al almacenamiento o recepción de material de abuso sexual infantil.

La diligencia judicial fue ordenada por el Juzgado de Garantías 1 de Tandil, a cargo del Dr. José Alberto Moragas, y contó con la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital (Ufecyed) de Rawson, en la provincia de Chubut, encabezada por el Dr. Fernando Rivarola.

Según el informe policial, el allanamiento arrojó resultado positivo, lográndose el secuestro de diversos elementos considerados de interés para la causa.

Las actuaciones se iniciaron a partir de un reporte que señalaba que una persona, con domicilio en esta ciudad, se encontraría recibiendo o almacenando material de abuso sexual infantil.

Ante esta información, el Grupo Operativo (GO) de la SubDDI desplegó una serie de tareas investigativas encubiertas. Gracias a estas labores, los efectivos lograron individualizar al presunto autor.

Posteriormente, las actuaciones producidas fueron elevadas a la fiscalía interviniente para continuar con el proceso judicial, aunque hasta el momento no se informaron medidas para con el sospechoso.