Efectivos de la División Unidad Operativa Federal (D.U.O.F.) Tandil de la Policía Federal Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, realizaron el pasado jueves por la tarde un allanamiento en un campo de Benito Juárez, donde rescataron a un hombre que era víctima de trata de personas por explotación laboral.

La causa había iniciado en marzo de 2022 bajo la intervención de la Fiscalía Federal de Tandil, a cargo de Marcos Silvagni. Desde entonces, los efectivos federales locales realizaron distintas tareas de investigación en el establecimiento rural, ubicado en el partido juarense, donde se sospechaba que un hombre mayor de edad estaba siendo sometido a condiciones de trabajo forzado.

Luego de que el Juzgado  Federal N°1 de Azul, a cargo del doctor Di Giulio, y la Secretaría N°4, del doctor López, libraran la correspondiente orden de allanamiento, el procedimiento se llevó a cabo con la participación de personal del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y profesionales médicos del Hospital Eva Perón de Benito Juárez.

Al arribar, los uniformados tomaron contacto con la víctima, quien se encontraba en un ambiente insalubre, extremadamente precario y con condiciones laborales deficientes. 

Tras una primera revisión médica en el lugar, los profesionales de la salud determinaron que debían trasladarlo al nosocomio local para que le realizaran los estudios de rigor y recibió contención psicológica.

De esta manera, la Policía Federal  logró rescatar al individuo de las condiciones habitacionales deplorables que afectaban su integridad física.

Durante el día de ayer, miércoles 26 de febrero, se llevó a cabo un importante operativo policial en el barrio Palermo por infracción a la Ley 23.737 que reprime la producción, fabricación, elaboración o uso de estupefacientes.

A raíz de datos aportados por diferentes vecinos del barrio, de tareas de investigación y de múltiples imágenes fílmicas aportadas por el Municipio de Tandil se pudo comprobar que en un domicilio ubicado en Argerich 853 dos sujetos se dedicaban a la tenencia y venta de estupefacientes en forma de kiosko y de delivery.

Personal de la Policía Federal (DUOF Tandil) y la Subdelegación D.D.I.T.D.I Tandil llevaron adelante dos ordenes de allanamiento en el domicilio y requisaron a los sujetos investigados. Se secuestraron teléfonos celulares, cocaína y dinero en efectivo. 

Los aprehendidos fueron dos hermanos, mayores de edad, quienes en las próximas horas serán indagados en la sede de la Fiscalía y afrontarán cargos por “Tenencia de Estupefacientes con fines de comercialización”.

Los allanamientos fueron solicitados por el Sr. Agente Fiscal Dr. Lucas Moyano, perteneciente a la U.F.I Nro. 22 de la ciudad de Azul, y otorgados por el Juez de Garantías Nro. 1 de Tandil Dr. José Alberto Moragas, del Departamento Judicial de Azul. También se contó con el apoyo de la Comisaria Cuarta, supervisado por el Jefe Departamental Tandil.

Personal de la Delegación Unidad Operativa Federal (DUOF) de Tandil, perteneciente a la Policía Federal Argentina, llevó a cabo el pasado jueves un allanamiento en la zona de la terminal de micros como parte de una investigación por narcomenudeo. 

Durante el procedimiento, se secuestraron cantidades significativas de cocaína, marihuana y éxtasis, drogas que se encontraban listas para ser comercializadas.

El operativo fue el resultado de una investigación exhaustiva desarrollada por los efectivos federales bajo la supervisión de la Unidad Funcional de Instrucción N° 22, a cargo de Lucas Moyano. 

La pesquisa comenzó el pasado 9 de julio, cuando personal de la DUOF Tandil interceptó a un hombre mayor de edad con más de cinco gramos de cocaína lista para su venta. Tras este hallazgo, se decidió profundizar la investigación, la cual permitió identificar el domicilio desde el cual el individuo acopiaba drogas para su posterior distribución.

La investigación logró determinar que el sujeto no solo comercializaba cocaína, sino también marihuana y otras sustancias sintéticas, que entregaba en puntos de encuentro preestablecidos o directamente en el domicilio de los consumidores. 

Con las pruebas reunidas, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías N° 1, a cargo de José Alberto Moragas, la orden de allanamiento de la vivienda investigada.

Durante el procedimiento, se aprehendió a un hombre mayor de edad que residía en la vivienda y era el principal responsable de la comercialización de estupefacientes. Además, se incautaron teléfonos celulares, una gran cantidad de dinero en efectivo y una motocicleta utilizada para la distribución de las sustancias ilegales.

Con este procedimiento, las autoridades lograron desarticular un punto de distribución de drogas en la ciudad, lo que lleva tranquilidad a los vecinos de la zona de la Terminal y refuerza el compromiso de la Policía Federal Argentina y la Fiscalía antidrogas con la lucha contra el narcotráfico. 

Las investigaciones continuarán para identificar a posibles cómplices o responsables adicionales en la trama delictiva.

Ayer, , en horas de la tarde, personal de la División Unidad Operativa Federal Tandil, de la Policía Federal Argentina,  allanó una finca particular en barrio de Villa Italia, en el cual se sembraban plantas de marihuana para su comercialización. 

Según lo informado, tras una intensa investigación, desarrollada por la personal de la DUOF Tandil, bajo la supervisión del titular de la U.F.I  22 Lucas Moyano, se logró identificar este domicilio en la ciudad, en el cual se comercializaba no solamente marihuana, sino también cogollos (flores), que eran cultivados en el lugar, tanto en interior como exterior.

Reunido todo el cumulo probatorio, se solicitó al Juzgado de Garantías  2 a cargo por estas horas del doctor José Alberto Moragas, el correspondiente allanamiento de la morada, con el fin de secuestrar todo el material estupefaciente, como también teléfonos celulares, y demás objetos de interés para lograr la imputación de los responsables.

Como resultado de la medida, se logró la aprensión de dos hombres mayores de edad (se obvió brindar sus identidades hasta que se formalice el proceso penal), quienes eran moradores de la vivienda y considerados responsables del cultivo y comercialización de los estupefacientes, como también el secuestro de seiscientos cincuenta mil pesos en efectivo, siete kilogramos de plantas de marihuana (ya podadas de tres plantas de casi tres metros), y más de medio kilo de cogollos, listos para su comercialización. 

Además se secuestraron teléfonos celulares, elementos de poda, plantines de marihuana, y otros artilugios para picar. 

De esta manera, no solo se desarticuló un centro de venta de sustancias estupefacientes, sino que además se trae tranquilidad a los vecinos, quienes padecían el constante ir y venir de vehículos y personas a toda hora.

En el marco de una causa por comercialización de estupefacientes, el viernes por la noche, la División Unidad Operativa Federal Tandil de la Policía Federal Argentina llevó adelante una serie de allanamientos en el barrio Villa Aguirre. El procedimiento no arrojó los resultados esperados, por lo que no descartan continuar con la investigación.

La medida, dispuesta por el Juzgado Federal de Azul y la Fiscalía Federal de Tandil, abarcó tres domicilios y un bar nocturno ubicado en cercanías. En concreto, los efectivos hallaron marihuana fraccionada lista para su venta, además de elementos de interés para la causa.

Según informaron fuentes consultadas, secuestraron más de medio kilo de cogollos de marihuana, teléfonos celulares y vehículos utilizados para la comisión del delito.

A partir de una denuncia anónima, se inició una investigación que dio paso a una serie de diligencias para reunir el material probatorio suficiente que permitiera avanzar con las medidas.

Finalmente, la fiscalía solicitó allanamientos en cuatro lugares ante la sospecha que allí podría comercializarse droga, con vínculos además con un local cercano. Las detenciones, en tanto, estaban supeditadas a los resultados de los allanamientos. En definitiva, hay entre cinco y seis personas imputadas en la causa.

Ayer por la tarde, la Policía Federal incautó estupefacientes en el marco de una investigación por narcomenudeo. Tras un allanamiento, dos hermanos quedaron  notificados de la apertura de una instrucción penal cuyo desenlace habrá que aguardar, de acuerdo a fuentes judiciales consultadas. 

El procedimiento, que se extendió durante varias horas, tuvo lugar en la vivienda ubicada en Balbín 1659. En la requisa, efectivos de la Brigada de la División Unidad Operativa Federal Tandil de la Policía Federal Argentina, secuestraron una decena de dosis de cocaína fraccionada y marihuana picada. 

Según trascendió, la orden de allanamiento fue solicitada por el titular de la Unidad de Instrucción Fiscal 16, doctor Guillermo Vaticano, y la otorgó el Juzgado de Garantías 1, a cargo del magistrado José Alberto Moragas. En tanto, la medida se ejecutó ayer, con el resultado ventilado. 

Ante las pruebas recolectadas, quedaron notificados del eventual delito Alberto Armando Arriscal y Macarena Arriscal, quienes serían hermanos  moradores de la vivienda allanada. 

Por el momento, ambos fueron notificados por infracción a la Ley 27.737 “Tenencia y tráfico de estupefacientes a los fines de la comercialización”, aunque no se tomaron medidas restrictivas de la libertad. 

La investigación

El operativo de la víspera, que culminó cerca de las 19, se concretó tras un año de investigación y averiguaciones por parte de efectivos de la Brigada de la División Tandil de la Policía Federal. 

La investigación surgió a partir de distintas tareas en el territorio desplegadas por efectivos de la fuerza Federal, que motivó la sospecha de la comercialización de estupefacientes e informó sobre la posible comisión de delito a la fiscalía temática del doctor Vaticano. 

En tanto, en el marco de las acciones investigativas, se conoció que los brigadistas lograron recolectar imágenes sobre las presuntas maniobras delictivas que serán sometidas al análisis del proceso para preseguir con la pesquisa y avanzar o descartar imputaciones sobre los apuntados. 

Detectives del Departamento Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, realizaron allanamientos en viviendas de Tandil y Longchamps, donde funcionaban talleres dedicados a la fabricación y comercialización de cuchillos artesanales y otros enseres. Además, se incautaron grandes cantidades de partes corporales de distintas especies de fauna silvestre protegida, obtenidas a través de la caza furtiva ilegal.

La investigación comenzó a partir de la denuncia de autoridades del correo postal de la Ciudad de Sauce, Provincia de Corrientes, quienes detectaron el envío de grandes cantidades de astas de ciervo en una paquetería hacia domicilios de Tandil y de Longchamps, radicando la denuncia ante la Unidad Fiscal de Investigaciones Rurales y Ambientales de Mercedes, del Ministerio Público de la Provincia de Corrientes, a cargo del doctor Gerardo Humberto Cabral, quien asignó la investigación al Departamento Delitos Ambientales de esta Institución.

De esta manera, a través de diversas investigaciones que llevaron adelante los efectivos de esta Fuerza, especializada en la materia ambiental, lograron dar no solo con los talleres ilegales en donde se realizaba la confección y armado de cuchillería artesanal y otros enseres con partes de fauna silvestre protegida, sino que también detectaron los canales de venta interprovincial por redes sociales, medios electrónicos y ferias, utilizados para la comercialización.

Con los resultados obtenidos, la Unidad Fiscal requirió formalmente al Juzgado de Garantías de Curuzú Cuatiá, a cargo del doctor Martín José Vega, los allanamientos de los domicilios involucrados, logrando así librar exhortos a los Juzgados de Garantías N° 1 de Tandil y Juzgado de Garantías N° 4 de Lomas de Zamora, quienes en sus respectivas jurisdicciones convalidaron los allanamientos.

Asimismo, en Tandil se allanaron viviendas en donde se logró dar con un taller clandestino, donde justamente se encontraban trabajando al momento del operativo los investigados, incautándose más de dos mil quinientas piezas de recortes de astas de ciervo axis, pezuñas de ñandú, y colitas de peludo o “mulita”, como también una pata entera de ciervo.

Por su parte en el domicilio de Longchamps, donde había dispuesto un taller de ensamblado de cuchillos con los cabos confeccionados con partes de fauna silvestre, se logró secuestrar unos doscientos cuchillos y otros enseres con cabos armados con partes de astas de ciervos axis, colas de mulitas, patas de ñandúes, partes de cuernos de antílopes de la india, como también diez cuernos enteros del mismo animal.

En ambos casos, el material incautado no contaba con documentación que acredite la obtención legítima, menos en el caso de las mulitas, que por hallarse en peligro de extinción está prohibida su caza y comercialización de productos y subproductos.

Los responsables quedaron a disposición de la justicia, por el delito contemplado en la Ley 22.421 sobre la Protección de la Fauna Silvestre, estimándose que el valor del material incautado en el mercado negro ascendería a unos siete millones de pesos.

La Justicia Federal allanó ayer la casa de Jorge José Bacigalupo, el hombre que entregó los cuadernos del chofer Oscar Centeno a un periodista para que luego se convirtieran en una mega causa judicial, bajo la sospecha de que pudo haber sido el autor de las adulteraciones en el texto detectadas por un peritaje oficial, informaron fuentes judiciales.

La orden la emitió el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en la causa iniciada por una presentación del empresario Armando Loson y fue ejecutada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en un edificio ubicado en la calle Moldes, en el barrio porteño de Belgrano.

El principal objetivo de la medida fue obtener "todo tipo de anotaciones, manuscritos en original o copia" como así también secuestrar "dispositivos electrónicos" como teléfonos, celulares, notebook, tablets, computadoras y cualquier otro que permita almacenar datos, informaron las fuentes consultadas.

Fuentes de la investigación confirmaron que durante el operativo pudieron secuestrarse manuscritos y agendas (lo que se conoce como material indubitable), una tablet y dos celulares y que el allanamiento fue presenciado por el propio Bacigalupo quien "no opuso resistencia de ningún tipo".

El allanamiento fue ordenado luego de que el juez recibiera los primeros resultados de una pericia ordenada para intentar determinar a quién pertenecía la letra de las sobre escrituras detectadas en los cuadernos de Centeno por un peritaje oficial y denunciada antes por el empresario Loson tras la realización de un peritaje privado de las fotocopias de los cuadernos.

Esa medida permitió descartar la intervención de la exesposa de Centeno, Hilda Horovitz, sobre los manuscritos; pero no la de Bacigalupo.

"No puede descartarse una posible participación del nombrado en las alteraciones y/o modificaciones de los manuscritos cuestionados, cuya sospecha habilita a indagar en la recolección de otras pruebas válidas para el éxito de la investigación", sostuvo el Martínez de Giorgi al ordenar el allanamiento.

El estudio pericial para intentar determinar de quien son las letras supuestamente adicionales que aparecen en los cuadernos de Centeno lo realizó el personal de la División Scopometría de la Policía Federal Argentina, informaron fuentes judiciales quienes "no pudieron afirmar con certeza, ni descartar su intervención", resumieron fuentes judiciales.

"Si bien se han advertido entre los grafismos indubitables del sr. Jorge José Bacigalupo y las escrituras individualizadas como labores de agregados y enmiendas ciertas similitudes de relevancia pericial, al no cumplir cabalmente los patrones genuinos con los requisitos intrínsecamente indispensables para la correcta y eficiente valoración, sumado a las limitaciones expuestas para el material dubitado aportado en soporte digital, las mismas resultan insuficientes en calidad y en cantidad para determinar categóricamente si corresponden o no al puño escritor del nombrado", sostuvieron los especialistas que intervinieron en el estudio, según pudo reconstruir esta agencia.

Custodiados

Bacigalupo es un policía retirado que tuvo bajo su custodia los cuadernos cuya redacción se atribuyó el exchofer del Ministerio de Planificación, Centeno, y fue quien se los entregó a un periodista del diario La Nación que luego los llevaría al fiscal federal Carlos Stornelli.

En Bacigalupo comenzó el circuito conocido de los cuadernos que luego se transformó en una causa judicial, a cargo del juez Claudio Bonadio, por la que luego estuvieron detenidos decenas de exfuncionarios y empresarios y por la que fue procesada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El peritaje oficial que confirmó que en los cuadernos de Centeno había letras de distintas personas -tal como había denunciado el empresario Loson- fue también realizado por la División de Scopometría de la Policía Federal.

Fue allí que se pudo corroborar que las sobreescrituras y enmiendas "discrepan ampliamente las características de la forma y formación respecto de las restantes producciones manuscritas, procediendo ambos grupos de diferentes manos autoras", según informaron en octubre pasado fuentes con acceso a las investigaciones consultadas por esta agencia. (Télam)

Cuatro hombres y dos mujeres fueron detenidos como acusados de integrar una organización criminal dedicada a realizar estafas con tarjetas de crédito en la zona, informaron fuentes policiales.

Las detenciones fueron concretadas por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) del Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado, quienes llevaron a cabo diez allanamientos ordenados por el Juzgado de Garantías 2 de Azul, a cargo de Federico Barberena.

Los voceros informaron que las investigaciones comenzaron en diciembre del año pasado, a raíz de diversos ilícitos cometidos por una banda que realizaba extorsiones y estafas virtuales mediante el robo de tarjetas bancarias.

Por tal motivo, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 20 del Departamento Judicial de Azul con Sede en General Alvear, a cargo de Cristian Roberto Citterio, ordenó la investigación del caso y, tras realizar diversas tareas de campo, los efectivos lograron establecer el “modus operandi” de la banda, el cual consistía en comprar datos de las víctimas a través de la aplicación de mensajería instantánea “Telegram”, para luego adquirir las reproducciones de estas tarjetas y los documentos apócrifos.

Según las fuentes, una vez que obtenían estos, compraban y revendían mercadería variada, enviándola a domicilios de personas allegadas a quienes también les remitían parte del dinero ilícito por la venta de dichos elementos.

Los voceros indicaron que los delincuentes buscaban y extorsionaban a víctimas elegidas al azar, enviaban solicitudes de amistad desde un perfil femenino que era falso, se ganaban la confianza de la víctima, intercambian fotos eróticas y luego se comunicaban haciéndose pasar por policías.

Según las fuentes, los delincuentes extorsionaban a los damnificados argumentando que les habían realizado una denuncia por haber intercambiado fotos con una menor de edad y para que la causa no siguiera, les exigían una suma de dinero elevada, a la cual muchos accedían por temor a una represalia legal.

Asimismo, los policías detectaron que dos de los presuntos integrantes de la banda se encontraban detenidos en Unidad Penitenciaria 3 de San Nicolás y Unidad Penitenciaria 23 de Florencio Varela respectivamente, quienes se dedicaban a realizar las compras online.

A su vez, los efectivos lograron establecer que varios domicilios ubicados en distintos puntos del conurbano bonaerense eran utilizados como “depósitos” de las maniobras fraudulentas.

Con las pruebas aportadas por los policías, el Juzgado interviniente ordenó los correspondientes allanamientos, dos de los cuales fueron realizados en las dos unidades penitenciarias antes mencionadas, donde se logró la detención de los integrantes de la banda.

Además, las fuentes indicaron que durante el procedimiento los efectivos secuestraron 165.700 pesos, catorce tarjetas bancarias, una Notebook, una Tablet, doce teléfonos celulares y demás elementos de interés para la causa.

Los detenidos, argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado interventor por el delito de “extorsión, estafas y asociación ilícita”.

En una reciente resolución, el tribunal federal de alzada de Mar del Plata ratificó el procesamiento y embargo para el abogado tandilense Sebastián Romay, sindicado como parte de una organización que estafó a vecinos con la falsificación de documentos públicos en venta de lotes. También quedó implicada una escribana azuleña. 

La causa se inició en la fiscalía federal local a partir de la denuncia que realizó un damnificado en relación a una transacción inmobiliaria que no habría llegado a concretarse ante la sospecha sobre una escritura falsa, pero que dio inicio a una pesquisa.

Según trascendió en aquellos días, se trató de un grupo de personas que se dedicaría a la falsificación de escrituras e instrumentos públicos relativos a propiedades en Tandil en particular, y que operaría con una escribanía con asiento en Azul para completar el procedimiento.

Por esos días, se realizaron allanamientos en un estudio jurídico ubicado en Pinto 1089, donde funcionan las oficinas del abogado Romay, en una imprenta de Montevideo 180, en dos domicilios, en Roca 1529 y en Cabral al 2200, y en una escribanía en Roca 428 en la ciudad de Azul. En esas inspecciones se secuestró documentación que, según trascendió por los investigadores,  permitía corroborar una de las hipótesis planteadas durante la investigación, pesquisa que arribó a la resolución del juez Bava ahora ratificado por los camaristas Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez. 

La operatoria

Como oportunamente se detalló, el modus operandi puesto en marcha apuntaría a la falsificación de los instrumentos necesarios para otorgar las escrituras de traslación de dominio, tal cual se desprendió de la denuncia del damnificado.

Los delitos endilgados fueron tipificados como “falsificación de instrumentos públicos (artículo 292 del Código Penal de la Nación) y defraudación”.

La causa se inició en la fiscalía federal local a partir de la denuncia que realizó un damnificado en relación a una transacción inmobiliaria que no habría llegado a concretarse ante la sospecha sobre una escritura falsa, pero que dio inicio a una pesquisa.

Según trascendió en aquellos días, se trataría de un grupo de personas que se dedicaría a la falsificación de escrituras e instrumentos públicos relativos a propiedades en Tandil en particular, y que operaría con una escribanía con asiento en Azul para completar el procedimiento.

En concreto, el despliegue de la fuerza federal se llevó a cabo en un estudio jurídico ubicado en Pinto 1089, donde funcionan las oficinas del abogado Romay, en una imprenta de Montevideo 180, en dos domicilios, en Roca 1529 y en Cabral al 2200, y en una escribanía en Roca 428 en la ciudad de Azul. En esas inspecciones se produjo el secuestro de documentación que, según trascendió por las fuentes consultadas, permitiría corroborar una de las hipótesis planteadas durante la investigación. 

La resolución

Al decir del juez Bava, “Juan José Stip, María Dolores Palacio, y Sebastián Eduardo Romay, con habitualidad y de manera organizada y/o asociada, cada uno en nombre propio, incorporaron datos espurios en la confección de dos escrituras públicas con el propósito de engañar al pretenso comprador y así poder perfeccionar la venta de un inmueble registrado, cuya propiedad corresponde a una mujer, con el fin de obtener un beneficio económico”.

Las maniobras atribuidas, en el presente a Palacio y Romay, las que damnificaron patrimonialmente al vecino tandilense aparecen acreditadas, al decir del juez, de modo indiscutible. 

“Los elementos colectados a lo largo de la investigación me persuaden de presumir con el grado propio que permite razonar una convicción certera en cuanto a la maniobra engañosa de la que fue víctima el denunciante”, señaló el magistrado.

Los profesiones

El juez subrayó en su resolución que la maniobra delictiva se habría perfeccionado con la participación de los profesionales que permitieron otorgarle al acto la apariencia de verosimilitud requerida para su efectiva concreción.

En ese sentido, tanto la escribana Palacio como el abogado Romay, tomaron parte activa en la maniobra, con relación a la notaría, en la confección y suscripción de las escrituras, y respecto del abogado, en la elaboración de un boleto de compraventa de manera previa, además de la gestión de los trámites en la transmisión del dominio del vehículo entregado como parte de pago por el damnificado, se esgrimió.

Esa participación encuentra sustento probatorio en el propio documento adulterado y en los documentos identificados en los soportes informáticos que fueron secuestrados en los allanamientos.

Medidas Cautelares

A la hora de imponer medidas cautelares, Bava evaluó sobre la prisión preventiva que el delito atribuido prevé una pena de prisión cuya escala penal oscila entre uno y seis años de prisión, por lo que resulta excarcelable.

Sin perjuicio de ello, consideró que debía imponerse a los encausados la obligación de constituir domicilio y se les aplicará la prohibición de salir del país, debiendo en todo caso solicitar previamente y con antelación autorización a este Juzgado

A su vez, se resolvió imponer un embargo, fijando una suma de dos millones de pesos.

En el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737 (tenencia y comercialización de estupefacientes), la policía detuvo a un hombre tras un allanamiento en una vivienda de Figueroa al 2400, en El Tropezón. 

El procedimiento, que se realizó el sábado al mediodía, fue realizado por personal de la división Unidad Operativa de la Federal a partir de lo que dispuso el Juzgado de Garantías 2, a cargo de la doctora Stella Maris Aracil, en virtud de una investigación dirigida por UFI 16, que encabeza el doctor Marcos Eguzquiza, de acuerdo a la ayudantía del fiscal Fabio Molinero.

La investigación se originó el año pasado, hace aproximadamente seis meses, a partir de una serie de denuncias sobre la existencia de un punto de venta de drogas.

Con la investigación en marcha, la policía llevó a cabo una serie de diligencias, como observaciones en el lugar, vistas fotográficas, filmaciones, seguimientos e intervenciones telefónicas, para corroborar la hipótesis.

Una vez reunidos los elementos suficientes, solicitó la orden de allanamiento, que se concretó el sábado al mediodía, logrando resultados positivos, ya que secuestraron unos 25 gramos de clorhidrato de cocaína sólida, dispuesta en dosis listas para su comercialización, más de un kilogramo de “cogollos” de marihuana en frascos de vidrios preparados también para la venta e inclusive una planta de marihuana. Asimismo, incautaron una muy importante cantidad de dinero, celulares y demás elementos probatorios que resultan de interés para la causa.

Por el hecho, el aprehendido, Nicolás Ramil, fue trasladado a las instalaciones de la Policía Federal, donde el domingo fue llevado a la sede Judicial a declarar. Luego, la instrucción solicitó la detención, a la espera de nuevos avances.

Ayer por la mañana, personal de la División de Unidad Operativa Federal llevó adelante dos procedimientos en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737 (comercialización y tenencia de estupefacientes) en el que secuestraron pastillas de diseño y una importante cantidad de ansiolíticos.

Por el hecho, aprehendieron a un sospechoso de 29 años sobre el cual pesaba un pedido de detención por una causa anterior, por lo que quedó demorado preventivamente a disposición de la Justicia.

El operativo se concretó una vez que las tareas investigativas llevadas a cabo a lo largo de los últimos meses permitieron identificar a una persona que tenía una orden de captura por la Ley de Drogas y reunir los elementos suficientes.

Los allanamientos 

En detalle, los procedimientos se realizaron en una de las unidades habitacionales de un exhotel ubicado en la esquina de Saavedra y Pinto, y en una vivienda de Fidanza al 800, en el barrio Villa Cordobita.

En el primero de los lugares, la Policía Federal secuestró drogas de diseño (éxtasis) que serían utilizadas para fiestas electrónicas, y en el automóvil propiedad del morador una importante cantidad de pastillas (ansiolíticos) y dinero.

Como resultado, quedó aprehendido un hombre mayor de edad oriundo de la ciudad, identificado como Kevin Hernán Fernández.

Las medidas fueron solicitadas por la UFI 16 a cargo del doctor Marcos Eguzquiza, y de la ayudantía fiscal que dirige Fabio Molinero, y fueron otorgadas por el Juzgado de Garantías 1 de Tandil, del magistrado José Alberto Moragas.

Detención 

Mientras avanza la investigación, el sospechoso quedó apresado y alojado en las instalaciones de Maipú 541. Durante el transcurso de la jornada, será llevado a declarar ante el fiscal en la sede judicial por el delito que se le endilga.

La disposición se adoptó por una orden de detención previa por una causa que se inició en su contra por tenencia simple. Según indicaron fuentes consultadas por este Diario, quedó imputado en un hecho ocurrido en 2013 y las actuaciones fueron realizadas por personal de la Bonaerense. 

Ayer, en el marco de una causa que investiga la distribución de material pornográfico de menores, personal de la Unidad Operativa de la Policía Federal de Tandil y Dolores, junto con la división de Comunicaciones de la Agencia Regional Mar del Plata, realizó un allanamiento en Ayacucho que terminó con la detención de un hombre de 25 años.

Según se informó, la UFI 8 de Madariaga, a cargo del doctor Walter Mércuri, solicitó una investigación a la dependencia con asiento en Tandil, tras un reporte de Missing Children Argentina, que alertó sobre la circulación virtual de material pornográfico de menores.

Luego de una ardua tarea, los uniformaron determinaron el domicilio desde donde se originaba la distribución y reunir los elementos suficientes para solicitar una orden de allanamiento, que fue otorgada por el Juzgado de Garantías del Joven 1, de la doctora María Fernanda Hachmann.

El procedimiento se dispuso sobre una propiedad ubicada en cercanías al estadio municipal de la ciudad de Ayacucho. 

Como resultado de la medida judicial, los efectivos secuestraron distintos dispositivos de almacenamiento, telefonía celular y una notebook, que eran utilizados para el acopio y distribución de abundante material pornográfico de niños.

A raíz de ello, se logró la aprehensión de un joven de unos 25 años, oriundo de Ayacucho.

Tras realizar dos allanamientos en Chacabuco al 1200 y en Garibaldi al 1300, ordenados por la UFIJ N° 16, a cargo del doctor Fabio Molinero, personal de la Policía Federal secuestró elementos de interés para la causa por promoción de la prostitución y abuso sexual, pero no aprehendió a ninguno de los sujetos involucrados. Personal de la Policía Federal realizó dos allanamientos por promoción de la prostitución y abuso sexual

Pese a que no detuvieron a ninguno de los tres hombres que estarían involucrados, los efectivos recolectaron elementos de prueba -computadoras, libretas con anotaciones y celulares-, constataron las identidades y los domicilios, y continuarán con la investigación.

Cabe señalar que, según trascendió, la víctima tenía una relación cercana con uno de los sindicados y, al pasar el tiempo, él la habría hecho comenzar a trabajar a cambio de diferentes productos y luego de dinero.

Personal de la Policía Federal realizó dos allanamientos -uno en Chacabuco al 1200 y otro en Garibaldi al 1300– por promoción de la prostitución y abuso sexual.

Según trascendió, se radicó una denuncia porque explotaban sexualmente a una mujer mayor y la UFIJ N° 16, a cargo del doctor Fabio Molinero, dispuso los procedimientos en ambas direcciones para avanzar con la investigación.

Si bien aún el caso se encuentra en etapa investigativa, se supo que serían tres los hombres involucrados y que, tras las diligencias, el fiscal interviniente determinará si se los detiene.

Actualmente se están secuestrando elementos de interés para la causa y de ello depende la decisión que tomará Molinero. Cabe señalar que en caso de que solo se retengan los teléfonos, no se aprehenderá a los sujetos hasta que se periten los mismos.

En el marco de una extensa investigación por el delito de infracción a la Ley 23.737 (Tenencia y tráfico de estupefacientes), efectivos de la Policía Federal lograron desbaratar una serie de puntos de venta de estupefacientes al detener a tres personas tras seis allanamientos.

Según se informó, las averiguaciones se extendieron durante un año y estuvieron a cargo del personal de la Unidad de Inteligencia Criminal en conjunto con el de la brigada de la Subdelegación Tandil de la Policía Federal Argentina.

En ese marco, los efectivos de la fuerza de seguridad federal realizaron seis allanamientos en distintos domicilios de la ciudad que arrojaron resultados positivos y permitieron sumar elementos de interés para la causa.

El despliegue se hizo en las propiedades ubicadas en Carriego al 300 y al 400, en Colombia al 800, Pasteur al 1100, Caseros al 700 y en una casaquinta de Luther King al 300.

En concreto, la policía indicó que incautaron 53 plantas de cannabis sativa y más de 600 gramos de cogollos de marihuana distribuidos en frascos de vidrio listos para ser comercializados, mil semillas de marihuana, dinero, teléfonos celulares, varias envoltorios con cocaína y aparatos de comunicación móvil.

Además, tras los allanamientos quedaron tres personas detenidas por su vinculación en la causa, cuyas identidades no fueron reveladas.

La instrucción está a cargo del titular de la ayudantía fiscal, doctor Fabio Molinero, que funciona bajo la órbita de la Unidad Fiscal 21, de Guillermo Vaticano, en función de lo dispuesto por el Juzgado de Garantías 1.

Tal se detalló en la edición pasada, personal de Gendarmería y de la AFIP llevaron a cabo el procedimiento en un domicilio de calle Haití al 1000 de la ciudad, donde reside Raúl Pressa, conocido por vender rezagos militares, al decir de los vecinos de la cuadra.

Según se encargó de difundir el Ministerio de Seguridad nacional, la pesquisa desarrollada desde octubre pasado sobre los integrantes de la red de tráfico de armas permitió a los investigadores determinar que la pieza más importante del arsenal estaba a punto de ser comercializada. “Un grupo narco brasileño, presuntamente el Comando Vermelho, había ofrecido US$1.500.000 por una pieza de artillería robada en un arsenal militar argentino: un cañón antiaéreo Oerlikon calibre 20 mm”, se consignó.

Al decir de los medios capitalinos, esa arma le habría dado a la banda que opera principalmente en las favelas de Río de Janeiro -y cuyo poder se expandió a Paraguay y busca introducirse en la Argentina- el poder de fuego necesario para derribar helicópteros policiales o enfrentar a los blindados militares usados en operaciones antidrogas. Ese cañón, cuyo origen es ahora investigado, estaba oculto en un predio ubicado en la cuidad. Allí no había municiones para esa arma. La red tenía separados el armamento y los proyectiles, se destacó.

El “Operativo Palak”

Asimismo, se informó que los 21 hombres detenidos en todo el país en el marco del denominado “Operativo Palak”, que descubrió una presunta organización que abastece armamento a grupos criminales brasileños y derivó en el secuestro de un arsenal cuyo valor es de entre 150 y 200 millones de dólares, son aficionados a las armas, practican tiro y poseen grandes colecciones en sus casas.

Fuentes ligadas a la pesquisa dijeron que el dato no pasó inadvertido a los investigadores, ya que los sospechosos fueron detenidos en lugares muy distantes de la Argentina como la localidad bonaerense de Martínez y las provincias de Santiago del Estero o Córdoba y todos tienen el mismo pasatiempo.

Uno de ellos es Ricardo Deisernia (53), apresado en su casa de la calle Pringles al 2500 de Martínez y supuesto líder de la banda, quien tenía un depósito con gran cantidad de fusiles, subfusiles y ametralladoras al que efectivos de Gendarmería llegaron al descubrir una puerta blindada detrás de un estante.

Cuando los efectivos entraron a la propiedad, el hombre estaba escondido en ese depósito y pedía que no filmaran las armas, las cuales estaban colgadas de la pared, como en exhibición, indicó un vocero.

Las fuentes indicaron que Deisernia tenía como actividad legal “reparaciones eléctricas del tablero e instrumental de autos, reparación y recarga de baterías, instalación de alarmas, radios, sistemas de climatización”, de acuerdo a lo que figura en varios registros.

Pero además establecieron que contaba con antecedentes judiciales en el país y en los Estados Unidos, donde registra causas en los estados de Florida y Ohio por importación y fabricación de armas de fuego y contrabando de bienes, excepto drogas, según surge de bases de datos públicas de la Justicia.

Otro de los detenidos es un odontólogo de Bahía Blanca que tenía un búnker detrás de su consultorio, donde se hallaron 45 armas, mecanismos para la formación de equipamientos de esas armas, rearmado de balas, municiones y cuchillos, según explicó el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco.

Al parecer, estos fanáticos se contactaron y montaron una organización que enviaba armamento a la ciudad paraguaya de Pedro Caballero y, de allí, llegaba a manos de miembros de Comando Vermelho y Primer Comando Capital, las más peligrosas organizaciones criminales de Brasil.

Paralelamente, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que el arsenal secuestrado ayer en múltiples allanamientos en distintas provincias del país está valuado en “entre 150 y 200 millones de dólares” y que aún resta abrir con explosivos un búnker donde creen que hay más armas escondidas.

“Estamos hablando en este secuestro de unas 1.200 armas, más pólvora para unos 400.000 proyectiles, más proyectiles, más cañones antiaéreos. Estamos hablando de una cantidad de plata impresionante”, dijo la ministra a radio La Red.

Bullrich remarcó que sólo uno de los cañones con balas antiaéreas que tenía la banda, “lo estaban vendiendo a dos millones de dólares”.

La ministra explicó que los 49 allanamientos realizados en la “Operación Palak” -denominada así por el nombre de uno de los barcos en los que venían las piezas de armas-, fueron parte de una segunda investigación, ya que en una primera etapa, en noviembre pasado, “se había encontrado a cuatro aduaneros que habían facilitado la entrada de estas piezas de armas”.

“Se abrió una investigación en paralelo, a cargo del juez Penal Económico Pablo Yadarola, y comenzaron a trabajar en toda la inteligencia de esta organización la Gendarmería, la AFI y la AFIP”, detalló.

La funcionaria agregó que en esta segunda etapa “comenzó a analizarse cómo era el circuito de armado, recepción de piezas y luego de exportación criminal de estas armas por (la localidad paraguaya de) Pedro Juan Caballero hacia Brasil”.

“El jefe de la primera parte de esta investigación estaba en comunicación con el jefe que fue detenido ayer en Martínez, que tenía un búnker atrás de su casa. Uno parecía que entraba como a una especia de lavadero y ahí había una alacena llena de cosas de comida y limpieza, se sacaba esa alacena y había una puerta blindada y atrás había un búnker con aire acondicionado especial para tener las armas”, contó.

Bullrich mencionó que “hay otro (búnker) al que todavía no se pudo entrar porque tiene una puerta con un blindaje que hay que sacarlo con explosivos”, aunque aclaró que está evaluando cuándo y cómo hacerlo.

Fuentes de la pesquisa dijeron que ese otro sitio donde se cree que hay más armas está en el partido bonaerense de Escobar.

El Juzgado de Garantías 1, que avaló el allanamiento que realizó la Policía Federal en Sarmiento al 200, aclaró que no se encontró marihuana fraccionada para la venta en el operativo del último miércoles. La causa quedó caratulada “Estupefacientes, siembra o cultivo o guarda de semillas para la producción de sustancias estupefacientes”.

Por otra parte, ratificaron las declaraciones que la dueña del domicilio publicó a través de Facebook, quien sostuvo que no se resistió al procedimiento y colaboró con la policía, al tiempo que explicó que sólo cultiva marihuana.

En cuanto a los elementos hallados, se precisó que fueron cuatro plantas cannabis sativa de 1,5 metros de altura, que dieron positivo al test orientativo; una picadura de marihuana de 1,7 gramos; papel para armar cigarrillos y un dispositivo metálico usado para picar y una caja con 988 semillas de cannabis.

“Fui la perejila de turno”

Tras el allanamiento de la Policía Federal al domicilio de Sarmiento al 200, la mujer imputada en la causa realizó un franco descargo en las redes. Dijo que tenía cuatro plantas de marihuana en macetas y semillas que junta hace 20 años. Expresó que “cultivo para no caer en mano de los narcos, esos que la policía no puede atrapar”.

A través de Facebook, Melisa Camio comentó la noticia en la que este medio informó sobre el operativo difundido por la Policía Federal. “Esta vez me tocó a mí. Las cuatro plantas que secuestraron eran mías, de unos 2 metros de alto cada una y en macetas, por lo que no tenían un gran tamaño, al igual que las semillas que se llevaron, eran mías, semillas que recolecto hace unos 20 años”.

En su posteo, aclaró que “me presento para que sepan que, lejos de ser una delincuente, soy una persona transparente, y ayer (por el miércoles) fui la perejila de turno. Me llamo Melisa, trabajo, tengo 34 años, pago religiosamente todo lo que debo pagar (alquiler, luz, gas, agua, cable no tengo porque es un gasto innecesario para mí, internet me convida el vecino y le doy plata a él), no le debo nada a nadie, y no le pido nada a nadie, ando en el mismo auto hace 10 años, un Renault 6, cuido el medioambiente guardándome hasta el último papel en mi bolsillo, soy proteccionista animal, y trato de no comer carne ya que me parece un acto despiadado de los seres humanos”.

Melisa agregó que “soy hija de laburantes, jubilados pero que aún siguen laburando; humilde, sin lujos, y sobre todo digna. ¡Pero fumo marihuana! Y por ello a los consumidores nos quieren hacer pasar por personas que no somos. Cultivo en lo posible en mi casa, para no caer en manos de los narcos, esos que la policía ‘no puede atrapar’”.

Sobre el operativo, relató que el miércoles “repentinamente, como si fuera una delincuente, a las 16.30 de la tarde, llegó la Policía Federal a mi casa, con una orden de allanamiento. Sin oponerme, los dejé entrar, y haciéndome cargo de las plantas, los dejé que revisaran toda la casa ya que no oculto nada, y lo único que encontraron fueron mis plantitas, las mencionadas semillas y 1,7 gramos de marihuana que tenía para consumo personal, (todo constatado en el acta de procedimiento)”.

Melisa Camio sostuvo que “nunca encontraron marihuana fraccionada, como cuentan los medios. Por eso voy a dejar bien en claro que acá están mintiendo: jueza, fiscales, policías y/o medios de comunicación, ya que en mi casa nunca hubo marihuana fraccionanada, porque trabajo de moza y nada más, porque la marihuana la comparto con mis amigos, no la vendo, no lucro con eso”.