En el marco de una sesión extraordinaria convocada especialmente para el tratamiento de la propuesta designación autoridades para la Usina Popular y Municipal de Tandil SEM elevada por el Departamento Ejecutivo, el Concejo Deliberante convalidó por unanimidad el expediente y Atilio Della Maggiora asumirá la vicepresidencia de la empresa de capitales mixtos, cargo que quedó vacante tras el fallecimiento de Daniel Binando.

En un encuentro exprés, los concejales -sin debate ni participación en el recinto levantaron la mano para acompañar el planteo del intendente Miguel Lunghi, que apostó por el exsecretario de Protección Ciudadana para completar el directorio y acompañar a Oscar Teruggi en el directorio de la entidad distribuidora de energía eléctrica de la ciudad. 

La asunción del abogado en la vicepresidencia dejó un lugar vacante en la comisión fiscalizadora en representación del sector público. Della Maggiora cumplió ese rol desde diciembre de 2023 junto a Pablo Civalleri. Por el sector privado, en tanto, continúa el contador Marcos Redolatti.

Para el puesto de síndico titular fue elegido Andrés Curcio y de esta manera quedó completo el esquema de autoridades según lo que fija el estatuto de la empresa de capitales mixtos.

La primera sesión del año comenzó a las 10.10 con la presencia de 19 legisladores locales. Tras la lectura del decreto de convocatoria, procedieron al tratamiento del único tema del orden del día, un expediente elevado por la Jefatura de Gabinete de Secretarios. Seis minutos después, el encuentro había finalizado.

Movimientos internos

Los movimientos propuestos se conocieron hace una semana. A través del decreto 145/2025, con fecha del 14 de enero y publicado en el Boletín Oficial el jueves pasado, el intendente Miguel Lunghi dictó el acto administrativo por medio del cual aceptó la renuncia de Della Maggiora al cargo dentro del directorio, que se hará efectiva a partir de la fecha de designación de un nuevo síndico que integrará la comisión fiscalizadora.

La novedad derivó en algunas consultas, que terminaron por cerrar la propuesta presentada por el Gobierno comunal, que además contemplaba la designación del exsecretario de Legal y Técnica Andrés Curcio como síndico titular. El abogado había dejado la función pública en diciembre de 2023, antes del inicio de un nuevo período de gobierno comunal, para dedicarse a la actividad privada.

Las propuestas de designación dentro del directorio de la empresa de capitales mixtos se produjeron tras el fallecimiento, a los 66 años, de Daniel Binando el pasado 10 de diciembre. El exfuncionario municipal se desempeñaba como vicepresidente del directorio de la Usina desde diciembre de 2023 tras su paso en la estructura municipal en su rol como secretario de Economía y Administración entre 2015 y 2019.

Los argumentos 

Desde el Gobierno de Miguel Lunghi justificaron la decisión de proponer a Della Maggiora en el cargo por su perfil, experiencia y conocimiento en el sector privado.

En el ámbito de la administración pública, el abogado integró equipos de trabajo con los nombres que actualmente forman parte del directorio, por lo que consideraron como un aspecto clave para garantizar la eficiencia en la gestión en la empresa distribuidora de energía eléctrica en representación del sector público.

Della Maggiora se desempeñó como secretario de Protección Ciudadana cuando Oscar Teruggi (actual presidente del directorio de la Usina) ocupaba el cargo de jefe de Gabinete.

En esa misma época, Pablo Civalleri (actual síndico) cumplía el rol de vicejefe de Gabinete y Curcio se encontraba al frente de la Secretaría de Legal y Técnica.

El enfoque para la comisión fiscalizadora se complementa con la lógica del Municipio de contar con un síndico contador y otro abogado, lo que garantiza una estructura acorde a los desafíos que se presenten.

Ante el desempeño de la propuesta de designación en el Concejo Deliberante, se mostraron optimistas de su avance ya que se trata de dos profesionales con conocimiento de lo público.

Convalidación del directorio

Los actuales cargos correspondientes al sector público fueron convalidados por el Concejo Deliberante en diciembre de 2023, a pocos días de asumir el Intendente su sexto mandato.

En esa oportunidad, el jefe comunal apostó por Oscar Teruggi para la presidencia del directorio de la empresa de capitales mixtos. El exjefe de Gabinete que tuvo una amplia trayectoria dentro de la estructura comunal al desempeñarse como secretario de Gobierno, de Desarrollo Social y de Salud, fue sugerido para ocupar el cargo en reemplazo de Matías Civale, que asumió como diputado provincial por la Quinta Sección Electoral el 6 de diciembre de 2023.

El cuadro lo completaron Atilio Della Maggiora y Pablo Civalleri como integrantes de la comisión fiscalizadora por la parte pública.

A la hora de la votación, el bloque de Unión por la Patria adelantó su acompañamiento, pero reclamó un encuentro con los nuevos funcionarios para conocer el plan de trabajo para su administración al frente de la empresa de economía mixta.

El oficialismo, en tanto, respondió de manera positiva y se comprometió a generar los encuentros necesarios en el primer piso de la Municipalidad.

La votación resultó por mayoría, con la abstención de Mario Civalleri, al estar en juego la designación de su hijo Pablo.

Un grupo de integrantes de la ocupación en La Movediza, se movilizó a la sede de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat en busca de una solución a su situación con respecto a la vivienda. Fueron recibidos y se les ofreció ingresar al Registro Demanda Habitacional, donde otras 3 mil personas aproximadamente aguardan en situaciones similares.

Fue durante la mañana del miércoles 28, cuando pasadas las 9, alrededor de 30 personas se convocaron en las puertas de la Secretaría ubicada en avenida Del Valle al 700. Si bien debieron aguardar, finalmente la responsable del área Alejandra Marcieri los atendió, acompañada por el secretario de Legal y Técnica del Municipio, el abogado Andrés Curcio.

Cabe recordar, la toma en calle Piccirilli al 1000 lleva 4 meses desde que un grupo de 15 mujeres inició la ocupación del predio. Como es sabido, al lugar fueron arribando cada vez más familias, y de acuerdo al último relevamiento realizado, se encuentran en el terreno 283 personas. 

En el marco del proceso judicial en curso, el juez de Garantías 1 José Alberto Moragas, respondió al pedido del fiscal Luis Piotti y ordenó que el predio sea desalojado en el marco de 45 días, que vencen el próximo 8 de julio. Desde Defensoría Oficial y otros organismos solicitaron que, como parte del Protocolo vigente, se articulen propuestas concretas para los grupos más vulnerables.

Verónica, una de las vecinas movilizadas a las puertas de la Secretaría de Desarrollo Humano, dialogó con El Eco Multimedios al momento de finalizar la reunión con Alejandra Marcieri y Andrés Curcio.

“Una vez más el Municipio no quiere dar el brazo a torcer”, comenzó la integrante de la ocupación. “Ellos dicen que no nos van a dar una solución habitacional, y que tienen 3 mil personas anteriores que están en la misma situación. Una vez más no nos brinda la oportunidad de ponernos un terreno, ya sea fiscal o algo así, que nosotros podamos pagarlo con una tarifa de vivienda social”, agregó.

La vecina respondió afirmativamente cuando fue consultada sobre si la respuesta concreta de parte de las autoridades municipales fue la de que ingresen al Registro Demanda Habitacional.

“Como todo el mundo sabe cómo es ingresar en eso, tener una base de por lo menos 200 mil pesos o más para entrar en el sorteo. SI tuviéramos nos pagaríamos cada uno un alquiler y nos vamos. Eso si uno tiene esa cantidad, pero ¿Cómo hacemos nosotros que estamos en la calle?”, observó.

Sobre la situación actual en la toma, Verónica señaló que “las familias siguen siendo las mismas de siempre, con la situación de que hoy en día a algunos les falta para comer, porque es así. Hay gente que ni siquiera trabaja, el que trabaja lo hace en negro, no tenemos una base para ir a tomar un alquiler. Te piden recibo de sueldo, te piden estar en blanco. ¿Cómo hacemos nosotros que no tenemos un trabajo en blanco? Es imposible”.

A su vez, planteó que “lo que tenemos hasta hoy día es que los 45 días corridos que habían decretado están parados, pero no quita que el día de mañana manden un desalojo y quedemos en la calle”.

La situación, consideró Verónica, requiere de una solución que contemple de fondo la problemática. “Los que estamos en la toma vamos a seguir ahí porque no tenemos otro lugar adonde ir. Salimos de ahí, pero nos vamos a la calle, o tomamos otro lote ¿Qué hacemos?”, sostuvo.

Los vecinos de la ocupación viven “el día a día”, según relató. “El día de nosotros es eso, estar con el frío, con los chicos, con el barro”, agregó. De acuerdo a lo que transmitió sobre el encuentro con las autoridades locales, Verónica señaló que “la solución que nos dicen es que para dar una solución habitacional, el Municipio no puede, no cuenta con eso. Que es salir de la toma, volver donde estábamos en la calle, e ir analizando familia por familia para ver en qué se puede ayudar”, concluyó.

La ocupación de un macizo ubicado en Piccirilli al 1000 el pasado febrero disparó una serie de debates, tensiones y actuaciones judiciales que volvió a poner en evidencia la problemática del acceso a la tierra.

Este Diario accedió al informe que presentó el Municipio ante la Justicia y las conclusiones a las que arribó, orientadas a defender el posicionamiento que el Ejecutivo mantuvo desde el principio: que ninguno de los ocupantes se encontraba en situación real de calle al momento de ocupar el predio.

Asimismo, en el reporte se encargaron de aclarar que la mayoría de los ocupantes de las tierras manifestaron en la entrevista tener dificultades para pagar el alquiler “como muchos vecinos”, dando a entender que se trata de una problemática que aqueja a toda la sociedad. 

Además, argumentaron que la falta de datos personales precisos dificulta el entendimiento de la real situación de vulnerabilidad en la que se hallan los grupos acampantes.

El devenir judicial 

La cronología marca que la toma de lotes  producida el 20 de febrero de 2023 desencadenó en una denuncia de la familia Moauro, titulares de la propiedad, que desembocó en una causa penal por “Usurpación” tramitada por la UFI 3 de Tandil, a cargo del fiscal Luis Piotti. En este marco, el juez interviniente, José Alberto Moragas, solicitó el cumplimiento del Protocolo propuesto por la Suprema Corte de Justicia para estos casos, con el objeto de encontrar una salida pacífica al conflicto. 

Sin embargo, este lunes el fiscal le pidió al Juzgado de Garantías 1 que habilite el desalojo compulsivo, al considerar que se agotaron las instancias del Protocolo y no se llegó a buen puerto. La solicitud, entonces, está a la espera de que el juez Moragas se expida. 

Para dar curso al marco de actuación de la Corte, las partes se reunieron el 29 de marzo en la sede de la Defensoría del Pueblo  de Tandil y acordaron en ese momento llevar adelante un censo en forma personal y territorial, georreferenciado. 

De este modo, el 17 de abril diferentes organismos estatales realizaron el relevamiento en el lugar, para conocer de primera mano el componente socioambiental de los participantes de la toma. Asimismo, el Municipio había hecho lo propio con anterioridad - el 8 de marzo- y entregó esa información al Poder Judicial. 

Ambos reportes son sustancialmente diferentes y exponen de manera distinta la problemática, sin criterios unánimes sobre el tema. El 12 de mayo los actores intervinientes se reunieron nuevamente en la Defensoría para analizar los datos recolectados pero, ante la falta de consenso, el Ejecutivo decidió presentar su propio análisis. 

La mirada del Municipio 

En tal sentido, el informe comunal rubricado por la secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat de Tandil, Alejandra Marcieri, y por el secretario Legal y Técnico, Andrés Curcio, entrecruza los datos censales del 17 de abril con los obtenidos en el relevamiento del 8 de marzo, para verificar si continuaban en la ocupación las mismas personas que habían sido identificadas por personal policial el  28 de febrero de 2023, y extraer conclusiones acerca de la realidad de la situación habitacional y familiar de cada uno de ellos.

Según se desprende de la evaluación, la situación de la toma se modificó con el correr del tiempo y más personas se fueron sumando al predio, pese a regir una cautelar desde el 17 de marzo que impide innovar en el lugar.

En el primer relevamiento se registraron 86 adultos mayores de edad en la ocupación, mientras que en el segundo relevamiento la misma población ascendía a 174. Asimismo, el trabajo del Municipio hizo hincapié en que en el censo no se requirió tipo y número de DNI, sino que sólo se relevó el género masculino o femenino. 

Frente a ello, enfatizaron la importancia de contar con estos datos para constatar lo declarado en las entrevistas y acceder a más información  de los ocupantes, por ejemplo, cruzamiento de datos con la Anses u otras dependencias oficiales, y al respecto declararon que “no es posible realizar un adecuado cruce de datos con el Registro Único de Beneficiarios (RUB) con que cuenta el Municipio de Tandil”. 

En relación a la población infantil, en el primer relevamiento se registraron 53 menores de edad, mientras que en el segundo se relevaron 109 niños y adolescentes. En términos de grupos familiares, en el segundo reporte se registraron 283 personas, nucleadas en grupo familiar 81 y los 36 agrupamientos restantes corresponde a individuos solos. En síntesis, resultaron 117 situaciones a atender.

En cuanto a la evaluación de los acampantes, en el desglose comunal las autoridades afirmaron que “ninguno de los ocupantes se encontraba en situación real de calle al momento de ocupar el predio. Si bien algunos de ellos manifiestan inicialmente que encontrarse en situación de calle habría sido uno de los motivos por los cuales se dispusieron a realizar la ocupación de los predios”.

En este punto, en el reporte se aclara que en la encuesta, los entrevistados “declararon y/o reconocieron estar habitando una vivienda alquilada, cedida, compartida o propia, antes de realizar la toma”. 

En tanto, en otra parte se expone que, de acuerdo a lo declarado por la población relevada, a excepción de cinco casos que manifestaron en la entrevista haber recibido algún tipo de ayuda estatal del Municipio -y por lo tanto encontrarse registrados como población vulnerable-, el resto nunca ha demando asistencia alguna en términos de vulnerabilidad de cualquier/ningún tipo (alimentaria, habitacional, en materia de salud, etc.) al Estado.

Situación habitacional 

En cuanto a la situación habitacional previo a la ocupación, dentro de los 117 agrupamientos se dan diversas situaciones. De acuerdo a lo declarado, 3 tienen casa propia; 34 habitan una vivienda prestada o cedida bajo otra modalidad: 69 son inquilinos: 2 grupos afirmaron ocupar una casa en razón de trabajo; un grupo ocupa una vivienda “de hecho”; y 8 de ellos comparten vivienda con familiares. 

En relación a los motivos que llevaron a las personas participar de la ocupación, adujeron que “se dificulta establecer parámetros claros al respecto”. En este marco, la valoración efectuada por los equipos municipales identificó ocho móviles: dificultad para el pago del alquiler; hacinamiento; no tener la posibilidad de acceder tierra propia; violencia de género; violencia; vivienda destruida por siniestro; motivos sin especificar; y situación de calle por desalojo. El último ítem fue negado sistemáticamente por la comuna. 

Sobre el final del análisis, el Ejecutivo ratificó que “ninguno de los ocupantes se encontraba en situación real de calle al momento de ocupar/tomar el predio objeto de la IPP en curso”, ni tampoco en riesgo de entrar en situación de calle, según ponderaron. 

En consecuencia, alegaron que “al igual que muchos de nuestros vecinos manifiestan tener dificultades para poder afrontar el pago de un alquiler”. En este punto, repararon en que dado el formato de la entrevista no es posible “verificar fehacientemente” datos vinculados a ingresos y situación laboral por no contar con los números de documento –o datos filiatorios- de los involucrados.

Frente a este panorama, la comuna concluyó: “No podemos evaluar cómo se hubiese deseado la eventual condición de vulnerabilidad frente a la posibilidad -o no- de afrontar los gastos del pago de un alquiler, debiendo tomar como parámetro lo declarado por ellos mismos en relación a que no reciben o no han recibido ayuda del Estado de ningún tipo; infiriendo asimismo que no la han requerido dada la posibilidad de resolución por sus propios medios”. 

Por último, consignaron que si se produce el desalojo del macizo, los ocupantes podrán  solicitar acompañamiento en la Secretaría de Desarrollo Humano “munidos de Documento Nacional de Identidad”.

El intendente Miguel Lunghi recibió este miércoles a un grupo de vecinos, a quienes les entregó las actas de declaración de bien de familia de sus viviendas, a partir de los trámites realizados por la Dirección de Relaciones con la Comunidad de la Secretaría Legal y Técnica del Municipio.

El encuentro contó con la presencia del intendente Miguel Lunghi; el secretario legal y técnico, Andrés Curcio; y la directora de Relaciones con la Comunidad, Zulma Ferreira; quienes entregaron la documentación a los representantes de las familias que culminaron el trámite.

Lunghi felicitó a las 12 familias que completaron el trámite y resaltó la importancia de completar el trámite que ofrece un resguardo para cada una de sus viviendas.

Además destacó que “hace muchos años que iniciamos este importante trabajo desde la Dirección de Relaciones con la Comunidad y la Secretaría Legal y Técnica para ofrecer a los vecinos una gran cantidad de servicios gratuitos. En ese espacio los tandilenses pueden tramitar el acta de bien de familia, escrituración social, acceder a instancias de mediación, defensa al consumidor o información para inquilinos”, afirmó.

Por su parte el Secretario Legal y Técnico, Andrés Curcio, agradeció a todas las familias por confiar en el área a su cargo para realizar los trámites y brindó algunos detalles sobre las características y ventajas de contar con el acta de declaración de Bien de familia.

Los inmuebles declarados como Bien de Familia cuentan con un mayor resguardo jurídico, debido a que no son susceptibles de ejecuciones o embargos por deudas posteriores a su inscripción, como tampoco responden ante quiebras o concursos.

Al mismo tiempo aclararon que esas propiedades pueden estar atravesando por un trámite de hipoteca.

El Municipio, en labor conjunta con el Estado de la provincia de Buenos Aires, lleva adelante los trámites como parte de los servicios que se ofrecen a la comunidad y que incluyen desde el acceso al sistema de mediación y escrituración social, hasta las gestiones de defensa de los derechos del consumidor.

En el caso de las actas de declaración de Bien de familia las entregas se realizan cada dos meses y se gestionan de manera inmediata y con un trámite bastante rápido. 

Todos los interesados en conocer más sobre este servicio podrán dirigirse a la sede de la repartición comunal, ubicada en Chacabuco 383.

El Departamento Ejecutivo finalmente apeló el fallo del juez Martín Zárate de noviembre de 2020, que exhortaba al Municipio a cumplir con una serie de medidas preventivas para reforzar el control de acceso a las cavas de Cerro Leones, en el marco de una causa que se inició por un hecho fatal ocurrido en 2011.

El secretario Legal y Técnico de la comuna, Andrés Curcio, en diálogo con el ciclo “Informadísimas” (Eco TV y 104.1 Tandil FM), reiteró que en la resolución del Juzgado Civil y Comercial 1 se le endilgó a la comuna un rol de vital importancia para evitar el ingreso al sitio, que está prohibido y pertenece a una compañía privada.

“Entendemos que hay exceso en cuanto al mandato conferido a la Municipalidad. Lo que la Cámara dijo inicialmente es que a manera de colaboración y por los recursos técnicos disponibles, el Municipio recomiende acciones a la empresa. Pero con este fallo se desvirtúa en una obligación directa”, explicó.

“Exceso de mandato”

Luego de tres años, la Justicia se expidió a fines del año pasado homologando la propuesta que el Gobierno y el privado hicieron en 2017, pero incrementó de alguna forma las competencias y responsabilidades del Ejecutivo local. De este modo, el juez Zárate exhortó al Estado a que evalúe la contratación de personal para vigilar el ingreso al sitio, e instó a las autoridades municipales a procurar que los destacamentos policiales otorguen prioridad ante los llamados que se hagan al 101 por alerta de entrada a las cavas.

“La comuna no tiene potestad por encima de la Provincia, la policía es provincial, no es sencillo ir a decirle que por favor manden móviles para eso y mucho menos que le den prioridad ante otros delitos”, sostuvo, y enfatizó que “no se pueden distraer recursos públicos tan livianamente para contratar personal”.

“La Justicia estableció oportunamente que, dada la complejidad del lugar y la necesidad de que no vuelva a ocurrir una fatalidad como la discutida en la causa, el Municipio dé intervención a los organismos técnicos y proponga un plan de tareas para que lleve a cabo la firma privada”, reseñó.

Pero más allá de estar de acuerdo con brindar esa colaboración, las consideraciones vertidas en el último fallo no contentaron al Ejecutivo porque no está dispuesto a hacerse cargo de un problema que, a su criterio, excede la competencia municipal.

Las medidas de disuasión 

En la presentación efectuada en 2017, la administración comunal y la empresa diseñaron una serie de medidas concretas orientadas a disuadir a los eventuales intrusos.

En este sentido, propusieron la reparación del cerco perimetral del predio de 55 hectáreas; el refuerzo y agregado de cartelería indicativa; y también se sugirió el movimiento de suelos para levantar taludes de tierra de más de dos metros que dificulten el acceso al territorio.

“En vez de sugerirle a la empresa que contrate a un profesional se establecía que la comuna, a modo de colaboración, sugiriera las medidas. Se convoca al Municipio por la complejidad del tema, pero no porque tengamos competencia en el lugar”, aclaró Curcio.

Lentamente, los dueños del lugar realizaron algunos movimiento en esa dirección, colocando carteles y levantando taludes, con el objetivo de disminuir el flujo de público, pero la peregrinación de personas hacia las cavas nunca cesó.

Un problema activo 

El espejo de agua sigue siendo para muchos vecinos un punto de encuentro y recreación durante los días más calurosos, que hacen caso omiso a las restricciones imperantes y a los potenciales peligros que presenta el espacio.

Hace unas semanas, la Municipalidad intimó a la empresa titular del predio para conocer el estado de cumplimiento de las medidas dispuestas por el juzgado. Ante este requerimiento, la empresa respondió que como la comuna decidió apelar el fallo, las medidas no estaban vigentes y por lo tanto no eran obligatorias.

Al respecto, el secretario legal afirmó que se presentó un recurso de apelación para rebatir las consideraciones de la resolución en torno a la vigilancia y custodia de las cavas, pero que no se apeló el esquema de medidas homologado. Ante esto, la compañía deberá dar cumplimiento a las acciones pertinentes para evitar el ingreso indebido al lugar, más en esta época.

“El acuerdo sigue firme porque el juzgado lo dictaminó y nosotros no apelamos esa parte; la empresa propietaria debe velar por cumplir las medidas de seguridad”, sentenció el abogado.

La causa que se inició el año pasado a instancias de una denuncia que presentó la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable sumó un nuevo capítulo al conocerse la presentación que realizó días atrás el Municipio, tercero interesado en la disputa judicial contra productores agrícolas del partido de Tandil por la aplicación de agroquímicos.

La Secretaría de Legal y Técnica del Gobierno comunal presentó el viernes 20 ante el juzgado Civil y Comercial 2, a cargo del doctor Francisco A. Blanc, un escrito por medio del cual planteó que la medida cautelar que restringe a 2000 metros las aplicaciones aéreas y 500 para las terrestres, excedía el marco de las facultades del Poder Judicial.

El planteo apunta a que “la pretensión de los actores, al solicitar que se suspenda la aplicación de los agroquímicos por encima de lo dispuesto por la ordenanza, debió haber sido canalizada mediante una acción de impugnación o inconstitucionalidad de la normativa”, argumentó el titular de la dependencia comunal, Andrés Curcio.

Esa acción, en efecto, tramita en otro fuero, concretamente en el Contencioso y Administrativo. En ese caso, el Municipio tendría que haber sido el demandado, sostuvo.

En esta causa, donde vecinos demandan a productores “y no al Municipio”, una cautelar que se dicte debería haber afectado a esas partes. Sin embargo, “haber dado el alcance a todo el partido de Tandil, modificando el contenido de la ordenanza, implica una afectación de algo que es facultad de Concejo Deliberante”.

Entonces, si lo que se pretende es modificar la ordenanza en cuanto a los artículos que regulan la actividad (metros permitidos para aplicar las pulverizaciones, la categoría de agroquímicos que se pueden aplicar y demás aspectos), “debería haberse discutido en el seno del Concejo”, planteó.

Con esta medida, el Gobierno comunal pide al juez que se declare incompetente, que le dé intervención al Juzgado en los Contencioso y Administrativo y a partir de allí “discutir la validez de la ordenanza”.

“Una cuestión política”

Para el secretario de Legal y Técnica, “el hecho que una causa entre dos particulares tenga como consecuencia una cautelar que afecte a todo el partido de Tandil o a una ordenanza que tiene el mismo alcance, independientemente de los sujetos, podría replicarse en otro expediente”.

Allí, en una causa entre dos particulares, “uno de ellos pide una cautelar para todo el partido y esa práctica sucesivamente realizada implicaría modificar ordenanza por órdenes judiciales y eso no puede pasar”.

“Si el particular, en su pretensión, está demostrando que quiere modificar una ordenanza, es una cuestión política no justiciable, no se puede dilucidar en una causa”, aclaró el funcionario.

Por el contrario, esa intención es necesario canalizarla en el Concejo Deliberante, que es el órgano con competencia legislativa, “o en el fuero que corresponda por la acción, que no es un Juzgado Civil y Comercial en una causa por daños y perjuicios”.

A modo de ejemplo, Curcio citó como hipotético caso qué sucedería si durante la vigencia de la cautelar una persona de otra localidad arrienda un campo en Tandil y comienza a regirse bajo los conceptos que incorpora la ordenanza. “No tiene por qué conocer que, en una causa entre privados, un juez dictó una cautelar y por lo tanto, estaría en infracción. Eso denota que la medida no puede ser dictada abiertamente en la causa donde el Municipio no es parte y no se mandó a suspender la ordenanza”, argumentó el abogado.

El debate en el Concejo

En simultáneo a esta discusión, la Comisión de Producción del Legislativo se encuentra en pleno proceso de estudio y reformulación de la ordenanza que rige la aplicación de fitosanitarios.

En ese marco, los integrantes del espacio mantienen reuniones con distintos actores, que hacen su aporte con miras a enriquecer el debate y avanzar en las modificaciones del texto sancionado hace algunos años.

En ese intercambio, aún sigue sin definirse la cantidad de metros que deben tenerse en cuenta para realizar las pulverizaciones.

Por otro lado, Curcio marcó como otra particularidad de la cautelar la referencia a la conformación de una mesa de intercambio intersectorial “para la aplicación, manipulación, traslado y disposición racional y responsable de agroquímicos, incluyendo su acopio y puntos de venta, ponderando tanto la protección del medioambiente y la salud de los habitantes como el desarrollo de la actividad”.

Desde su perspectiva, este planteo también podría constituir un exceso en las atribuciones del Poder Judicial, dado que observan que “no puede decir con quién se deben juntar” los concejales para la elaboración de una ordenanza.

“Los ciudadanos eligen a sus representantes para que dicten las normas”, enfatizó y aclaró que vale a modo de sugerencia“, pero no necesariamente tendría que ser acatada porque los concejales son 20 y representan a todas las fuerzas políticas elegidas por el pueblo”.

Luego de que se confirmara que Ayacucho había iniciado acciones legales por la reunión familiar que mantuvieron personas de Tandil, Buenos Aires y Mar del Plata en un campo de Udaquiola, autoridades locales informaron que el Municipio está definiendo los pasos a seguir. Ayacucho denunció a la familia tandilense que mantuvo una reunión en un campo y se contagió de coronavirus

Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública, había anticipado a este medio que iniciarían acciones penales, teniendo en cuenta que en el encuentro contrajeron el virus y que pusieron en riesgo la salud pública.

En tanto, el secretario de Legal y Técnica, Andrés Curcio, confirmó que están evaluando el tema con la Secretaría de Protección Ciudadana y con el SISP, y que “probablemente presentemos la denuncia”, pero que lo definirán con mayor detalle entre este miércoles y el jueves.

El Departamento Ejecutivo aguarda que el dueño del predio de la Ruta 30, donde funcionaba un basural clandestino, presente los resultados de los estudios de suelo para incorporarlos a la causa que tramita en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Azul. Como se informó, la denuncia por riesgo ambiental la presentó el concejal Rogelio Iparraguirre y tras las audiencias de conciliación, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) le pidió al Municipio que realice cateos de tierra y agua para determinar si existe contaminación.

En tanto, el área de Legal y Técnica pretende que el propietario presente los estudios que formaron parte del acuerdo de mitigación, teniendo en cuenta el costo de las perforaciones para los análisis de suelo que el OPDS delegó en el Municipio. En tanto, ya adjuntó a la causa un estudio del agua, que arrojó que es apta para el consumo humano.

“Las partes, de común acuerdo, nos apartamos del proceso tradicional, y estamos en un escenario de conciliación, donde estamos haciendo las gestiones para efectivamente ver si hay en el predio, como afirma Rogelio (Iparraguirre), algún tipo de contaminación. Ahora, estando los estudios en trámite, no es cuestión de salir a derrochar recursos para tener tres veces el mismo estudio. Vamos a presentar los que tenemos y, en todo caso, si el juez define algo diferente, avanzaremos según corresponda”, adelantó el secretario.

Un largo camino

En diálogo con El Eco de Tandil, Andrés Curcio repasó que en 2014 detectaron que había una cava, donde extraían tierra y además se arrojaba basura, que afectaba a un inmueble municipal. A partir de ese momento, se firmó un convenio con el propietario de los terrenos, ubicados sobre la Ruta 30, donde se comprometió a sanear, nivelar y parquizar, y como indemnización al Municipio, a devolver la parcela a la comuna y donarle otra que le pertenecía.

Se trata de una manzana con cinco parcelas, de las cuales una era municipal, otra la donó al Municipio y las otras tres pertenecen al mismo propietario. Luego de la formalización del acuerdo, la comuna ya está tramitando la escritura ante la Escribanía General de Gobierno.

“Ese convenio, que contemplaba esa compensación a modo de indemnización con otro terreno, pero que además contemplaba todo el rellenado, saneamiento y parquización del inmueble se firmó ad referéndum del Concejo Deliberante”, explicó y agregó que el 20 de febrero de 2016, “los veinte concejales, por unanimidad, incluyendo a Iparraguirre, lo convalidaron”.

Tras esa reseña, cuestionó que “recién después de las PASO de 2017, y antes de las generales, es cuando el concejal Iparraguirre ingresa el amparo, un año y medio después de que ya tenía conocimiento y de que lo había aprobado”.

“Él aprobó el convenio que ahora está cuestionando, que se firmó en 2015 y fue aprobado por ordenanza en febrero de 2016”, remarcó y agregó que “el convenio estaba sometido al referéndum del Concejo Deliberante, cosa que se hace muy poco, pero dada la especialidad del caso, se pidió que se haga ad referéndum del Concejo Deliberante”.

La autoridad de aplicación

Por otra parte, el abogado explicó que “cuando la demanda la interpone el concejal Iparraguirre contra la Municipalidad de Tandil y otros, ese otros es el OPDS. Entiendo que con justa razón. La autoridad de aplicación que tiene que intervenir en estos casos es el OPDS, siempre que se trate de saneamiento de un riesgo o pasivo ambiental, el OPDS es la autoridad de aplicación”.

Pero además, dijo que cuando se inició la causa y el Municipio expuso las actuaciones administrativas, el juez dispuso realizar audiencias con el objetivo de que las partes avanzaran de común acuerdo y en ese marco, el OPDS recomendó realizar los estudios de agua y suelo.

El letrado consideró que “es una causa muy particular, porque al contestar la demanda, nosotros como Municipio, también propusimos que se cite, se traiga a juicio, al responsable del predio, porque las leyes que regulan la materia ambiental dicen que el responsable de la eventual contaminación es el que la lleve adelante o el titular del predio, entonces pedimos citar al titular del predio. Así, se convoca a una audiencia, donde no interviene todavía el titular, y se intenta hacer, con todas las partes de acuerdo, un convenio de seguimiento. Con lo cual, de alguna manera, el expediente judicial se termina desvirtuando en lo que son los pasos procesales normales”.

A partir de entonces, hubo una serie de audiencias con el representante legal de Iparraguirre, el Municipio y funcionarios del OPDS, donde llegaron a un punto en que el juez determinó que se avance para saber si existe contaminación.

El letrado explicó que en una de las audiencias, con presencia de un técnico del OPDS, “dicen que no tienen capacidad técnica ni recursos como para llevar a cabo los estudios y se le pidió que, al menos, indique qué estudios hay que hacer porque la competencia la tiene el OPDS”.

En ese encuentro se pautaron diez días para que el Ejecutivo le entregara la documentación al organismo provincial y otros veinte para la recomendación. “En el informe, el OPDS sugiere que la Municipalidad lo haga”, dijo y remarcó que “cita la Ley de Gestión Integral de Residuos Urbanos, con la que hoy tenemos regulada la recolección nuestra, pero cuando vamos a la ley que regula la existencia de pasivos o riesgos ambientales, que incluso es posterior, esa ley específica dice que la competencia es del OPDS a través de la Dirección Provincial de Residuos. La competencia la tienen ellos”.

En paralelo a la causa judicial, el Municipio le reclamó al dueño de los terrenos que acredite el cumplimiento del convenio y ya entregó un estudio de agua, que data de octubre de 2018, realizado por un laboratorio local, habilitado y con las normas ISO, que afirma que es apta para el consumo humano. “Lo presentamos ante el OPDS y está en la causa. Seguimos pidiéndole que nos informe el estado de saneamiento del suelo”, precisó Curcio y detalló que se iban a tomar 48 muestras, con seis pozos de 8 metros de profundidad cada uno.

“Estamos esperando que lo presente. Ínterin sale este informe del OPDS que pretende ponerlo en cabeza del Municipio. No son estudios baratos como para que uno diga ahora que un concejal está demandando esto, salgo a hacer los estudios en lotes privados cuando el responsable es el particular. Si tengo la posibilidad de tener el estudio que exigí al particular, lo voy a tomar y lo voy a presentar en el expediente. Luego, si exigen hacer otro, lo haremos, pero veremos quién lo hace, porque no es correcto poner en cabeza del Municipio algo que es competencia del OPDS y que por las razones que fuera, no lo está haciendo”, concluyó Andrés Curcio.

El convenio está vigente

En el expediente administrativo del Municipio, que se inició a partir de que se detectara la ocupación del terreno fiscal, la extracción de tierra y la contaminación de un basural clandestino sobre la Ruta 30, consta que hubo percepciones diferentes de las direcciones de Medioambiente e Inspección General en cuanto al cumplimiento del convenio por parte del privado.

El secretario de Legal y Técnica Andrés Curcio argumentó que “en algún momento, lo que hace Medioambiente es decir ‘revisen los cumplimientos porque puede que no se esté llevando adelante’. Lo cierto es que como el convenio tenía cinco años, de hecho está vigente que es otra de las cosas particulares de este amparo, se vence recién el año que viene el plazo que tiene el propietario para sanear. Con lo cual esta advertencia lo que hace es decir ‘empecemos a contactar al propietario, que nos vaya informando cómo va haciendo’”.

Y agregó que “de hecho, en ese ínterin se le exigió que presente el plan de remediación para elevar al OPDS, porque nos pasa en otros casos acá en Tandil que el que interviene es el OPDS cuando hay pasivo ambiental. Entonces, se elevó todo al OPDS para que siga o asesore, por si había que modificar el plan o lo que fuera, al propietario y responsable del saneamiento”.

Negó que se trate de una contradicción entre las áreas municipales y reiteró que Medioambiente solicitó que controlaran si se estaba cumpliendo el plan. Entonces, como tenía 5 años de plazo, se le requirió al particular que avance con el convenio.

El viernes de la semana pasada desde el Sistema Integrado de Salud Pública (SISP) del Municipio se informó sobre un incidente ocurrido en el Hospital Ramón Santamarina, en concreto, de un sabotaje en una tubería de la red cloacal que afectó algunos sectores.

Las autoridades del SISP anunciaron que iniciarían entonces un sumario para dar con los responsables del incidente que originó, entre otras cuestiones, pérdidas en medicamentos.

En diálogo con El Eco de Tandil, el secretario de Legal y Técnica, Andrés Curcio, detalló que entre martes o miércoles estaría ingresando el informe completo por parte de las autoridades del SISP para comenzar el proceso administrativo.

“Generalmente el informe puede demorar unos días, porque muchas veces se agrega información que aceleran los tiempos ya que después no la tenemos que andar pidiendo”, dijo Curcio y detalló que “cuando se habla de sumario se hace mención a un proceso por el cual se investiga un hecho cuando se conoce el presunto responsable o responsables, es decir, de tal o cual empleado municipal. En este caso, cuando no se sabe inicialmente quiénes podrían ser los responsables, se inicia lo que se conoce como pre-sumario, que la misma Ley de Empleo Público lo prevé”.

Curcio explicó que en este caso “el procedimiento es muy similar, aunque con una salvedad, que es una etapa netamente de investigación, por parte del Instructor pre sumarial, que una vez que logra arribar a las conclusiones de quiénes podrían ser los presuntos responsables da lugar a la apertura del sumario propiamente dicho”.

“El sumario investiga lo mismo y se le da traslado al presunto responsable para que haga su descargo y ahí se avanza. El Instructor sumarial luego realiza su conclusión, que es la opinión fundada y con eso más el expediente se va a la Junta de Disciplina, integrada por funcionarios municipales y miembros del Sindicato de Trabajadores, y lo que hacen es dar su opinión sobre el expediente”, enumeró Curcio sobre los pasos.

El funcionario municipal destacó luego que “con este dictamen final pasa a una resolución del intendente que a través de un decreto puede resolver lo que él considere, incluso apartándose de cualquiera de los informes previos”.

Posibilidades

“Si la sanción ameritaba una cesantía del trabajador municipal, hay un paso previo a la decisión del intendente, que es que el expediente vuelve a la Secretaria de Legal y Técnica para que otro asesor letrado haga un dictamen jurídico diferente y recién ahí pasa al intendente. Esto es una garantía legal extra que contempla la nueva Ley de Empleo Público que ya estaba en la anterior normativa”, afirmó Curcio y subrayó: “La decisión final siempre es el intendente, como un acto administrativo”.

En relación al tiempo que llevará el procedimiento, el responsable municipal de Legal y Técnica dijo que “depende mucho de cada sumario. Hay distintas situaciones que van apareciendo. Muchas depende también de los testigos que se cita y lo que pueden decir. O de alguna confesión. O de las cámaras de seguridad si tomaron algún movimiento sospechoso. Hay una serie de cuestiones a tener en cuenta que hacen lento el proceso. Es verdad que es muy difícil dar con el presunto responsable en éstos casos si no hay capturas de imágenes o confesiones de trabajadores. Pero bueno, hay que investigarlo”.

Para Curcio, no se descarta “que pueda haber sido un acto de descuido. Es decir, que quizás pasó algo con los trapos que no se dieron cuenta de que se les fue o se pudieron dar cuenta y no dijeron nada por miedo a sanciones. El descuido puede terminar en una cuestión, pero sin dudas será menores”.

El sabotaje

A más precisiones, se detectó el bloqueo en un codo del caño de cloacas. Como no se podía desatascar manualmente, se tuvo que utilizar aire a presión y allí salieron dos trapos de piso que habían sido arrojados allí.

Los inconvenientes provocados por esta obstrucción afectaron a diversos sectores, algunos de ellos sensibles, como la cámara frigorífica de la cocina, donde afortunadamente “no se produjo la contaminación de ningún alimento”. De todos modos se llevará adelante una limpieza “muy a fondo” para volver al grado de asepsia que debe tener una institución sanitaria.

A su vez también afectó la Umaad (Unidad Municipal de Adquisición y Almacenamiento de Medicamentos) y la Farmacia, que tuvo que cerrar y restringir sus actividades durante algunas horas. Por el ingreso de aguas servidas a ese sector se perdieron medicamentos y guantes estériles.