El diputado bonaerense de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, volvió a reclamar el tratamiento de una ley provincial que establezca reglas claras para el uso de productos fitosanitarios. Su posicionamiento ocurrió tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires de suspender de manera preventiva las ordenanzas municipales que regulaban estas prácticas en los partidos de Tandil y Rauch.

De acuerdo a lo expresado por el legislador, la cuestión había sido abordada por su espacio político hace unos cuatro años, cuando impulsaron una iniciativa para ordenar el marco normativo. En ese contexto, Bugallo recordó que la normativa vigente no fija límites específicos. “La ley actual no estipula distancias”, sostuvo. Además indicó que, en función del principio de que “todo lo que no está prohibido, está permitido”, las aplicaciones pueden realizarse sin restricciones determinadas.

No obstante, el diputado señaló que la falta de una regulación provincial con parámetros definidos llevó a que numerosos municipios avanzaran con normativas propias. “Bajo presión social, cada uno mete una ordenanza”, expresó, al advertir que esas disposiciones locales avanzan sobre atribuciones que corresponden a la Legislatura bonaerense.

Desde su perspectiva, estas medidas municipales suelen justificarse en razones de “seguridad sanitaria”, pero terminan legislando sobre una temática de competencia provincial. “No le compete a los municipios”, sostuvo Bugallo, remarcando la ausencia de criterios homogéneos en el territorio bonaerense.

El legislador también puso en duda el rol de la Justicia en este tipo de definiciones y citó el antecedente de Pergamino, donde un fallo judicial estableció una distancia de 1.095 metros para las aplicaciones, una decisión que, según afirmó, “genera un desorden tremendo a nivel territorial”.

En ese marco, Bugallo reiteró que su espacio cuenta con un resumen del proyecto presentado anteriormente, con ejes centrales y lineamientos sobre los puntos que debería contemplar una futura ley provincial de fitosanitarios. Asimismo, adelantó que volverá a insistir con la iniciativa, que perdió estado parlamentario.

“La verdad que sí es necesaria una ley”, insistió el diputado al señalar que sin una norma general “cada municipio hace lo que quiere” y que, en muchos casos, predominan posturas ideológicas por sobre criterios técnicos o científicos.

“Hoy muchos hablan de glifosato, de Monsanto”, planteó Bugallo, al cuestionar ese enfoque y aclarar que la empresa ya no opera en la Argentina y que ese herbicida no es el único insumo utilizado en la producción agrícola.

Por último, el legislador sostuvo que los productos, cuando son aplicados de manera adecuada, no provocan los daños que se les atribuyen. “El glifosato es banda verde y está habilitado por el Senasa”, afirmó. “El problema no es el producto en sí, sino si se utiliza de manera incorrecta, sin receta agronómica ni supervisión profesional”, remarcó.

Bugallo explicó que el debate en torno a los fitosanitarios se encuentra principalmente ligado a la sanidad vegetal y que, en múltiples ocasiones, se mezclan esos conceptos con la salud humana.

La resolución de la Suprema Corte se dio en el marco de una causa de inconstitucionalidad vinculada al impacto ambiental en la cuenca del arroyo Chapaleofú. En ese sentido, el legislador de la Coalición Cívica sostuvo que afirmar que un producto “contamina, envenena o mata” es similar a considerar que un medicamento es dañino por naturaleza, y subrayó que el eje debe estar puesto en el uso responsable.

Finalmente, remarcó que las aplicaciones deben realizarse con receta agronómica, con el aval de un ingeniero agrónomo y utilizando productos autorizados por los organismos competentes.

Tras la recomendación del procurador Julio Conte Grand, la Suprema Corte de Justicia ordenó suspender de manera preventiva el artículo 8 de la ordenanza que regula la aplicación de fitosanitarios en Tandil -y su análoga de Rauch-, y en particular la distancia con respecto a establecimientos educativos y cauces hídricos. Fue a raíz de una solicitud de la organización vecinal Defensores Ambientales del Chapaleofú, quienes advirtieron por análisis que registraron presencia de 4D, Glifosato y Atrazina en el agua de las cuencas de arroyos que comparten ambos partidos. 

Por el tema fue consultado Juan Maciá Cantarelli, secretario de Legal y Técnica del Municipio, quien dio a conocer la mirada de las autoridades comunales sobre la situación. Indicó que al momento no fueron notificados de manera oficial –aparentemente por un error administrativo en la Justicia-, pero señaló que eso se producirá en febrero, y en todo caso deberán atenerse a lo resuelto por el máximo organismo judicial bonaerense.

Planteó que la suspensión del mencionado artículo retrotraería el marco normativo al del 1988, y que “siempre es peor un vacío legal”. Además, indicó que tomará contacto con las autoridades de Rauch, y que se encuentra reuniendo la información requerida por la Suprema Corte. También, que la ordenanza cuestionada fue resultado de un exhaustivo trabajo legislativo y ciudadano, votada por el conjunto de los bloques.

“Siempre es peor un vacío legal. Porque en el vacío legal es donde se producen las irregularidades, o las cuestiones que no deseamos. Y al no estar normadas no se puede aplicar una sanción que eventualmente podría disponer la norma”, expresó.

-La Suprema Corte de Justicia resolvió la suspensión preventiva del artículo de la ordenanza de aplicación de agroquímicos que marca la distancia para realizar esas aplicaciones en establecimientos y cauces de agua. ¿Cómo es la situación con respecto a esto? ¿El Municipio fue notificado?

-Juan Maciá Cantarelli: No. Consultamos el expediente de la causa que se inició en un juzgado contencioso administrativo de La Plata y después pasó a la Suprema Corte, y advertimos que la última resolución, del 30 de diciembre, fue notificada únicamente al domicilio electrónico de la Municipalidad de Rauch. No vimos nuestro domicilio cargado, por ende no nos llegó. Y nos enteramos por los medios.

-Era un tema que desde Legales venían siguiendo…

-Sí, a título informativo. Porque más tarde o más temprano nos van a correr traslado de la demanda y sí vamos a tener que dar otro tipo de intervención. Eso va a ser en febrero, salvo que se habilite durante la feria. Y esta notificación implica que tenemos que acompañar información y documentación de todo el recorrido que hizo la ordenanza, la 17.404 en el 2020, cuando arrancó.

-Por eso están reuniendo la documentación…

- Ya pedí el expediente al Concejo Deliberante, y lo estuvimos analizando. Independientemente de cumplir con la medida precautoria, que es recurrible, apelable, nosotros la tenemos que cumplir.

En ese cumplimiento es donde nosotros advertimos que hay una manera de ir hacia el pasado. Porque la Corte nos está diciendo que cumplamos una ley del año 1988 y un decreto de 1991, que solo circunscribe a aplicaciones aéreas de parte de empresas. En el ’91, entiendo que no existía el desarrollo que hay hoy de la aplicación de fitosanitarios. Entendemos que la Corte, al ordenar ir a aquella normativa, está dejando afuera los cursos de agua, los pozos…

-¿Sin regularizar?

-Totalmente. La ordenanza vino en su momento a regularizar cuestiones que no habían sido pensadas en el ’88 o el ’91. En la legislación nacional y provincial no se habla mucho de distancias. Solo el decreto del año 1991 habla de dos mil metros, pero circunscripto únicamente a las aplicaciones aéreas. O sea, los aplicadores podrían pasar con un mosquito por arriba del curso de agua hoy, porque la Corte nos llevó al ‘88.

-¿Quiere decir que desde el Municipio consideran peor que haya un vacío legal?

-Siempre es peor un vacío legal. Porque en el vacío legal es donde se producen las irregularidades, o las cuestiones que no deseamos. Y al no estar normadas no se puede aplicar una sanción que eventualmente podría disponer la norma.

-En el caso de que se haga efectiva la suspensión, ¿correría la distancia de 2 mil metros para aplicaciones aéreas, pero con un mosquito podrían ser menos de 50 metros?

-Es que no está normado. Volvemos un vacío. Y eso es lo riesgoso. Por eso está buenísimo que la Corte haya pedido los antecedentes legislativos de cada uno de los Concejos Deliberantes, porque esto necesariamente va a traer luz a la cuestión necesariamente.

-La Corte ordena suspender un artículo, pero pide mayor información sobre los antecedentes de la sanción de la ordenanza local.

-La Corte pide información, los antecedentes, y en qué se basaron para sancionar la ordenanza. Entonces, ahí es donde advierto que la ordenanza tiene muchísimos aspectos positivos en cuanto camino legislativo y la labor parlamentaria. 

Fue sancionada por 19 de 20 concejales, y no hubo 20 porque por lo que me cuentan, hubo manifestaciones y un concejal se levantó para hacer determinada cuestión en cuanto a la seguridad del recinto. O sea, hubiesen sido 20 de 20. 

Fue con un consenso de todos los espacios políticos, sumados a que hubo una participación activa de varios sectores de la sociedad, tanto del lado del campo, como de colectivos sociales de, si se quiere, preservación del medio ambiente. Fueron escuchadas todas las voces.

Fue una ordenanza que su elaboración llevó alrededor de dos años. Se trabajó intensamente, se mejoró y superaron los vacíos de la legislación provincial. Tiene muchísimas cosas positivas. Hoy volvemos con la resolución de la Corte a generar un vacío.

-Cuando sean notificados, ¿Cómo sigue todo?

-Internamente tenemos que cursar las distintas notificaciones de la medida precautelar a las autoridades de aplicación, a Asuntos Agropecuarios, a las Cámaras Empresarias, al Colegio de Ingenieros, a los aplicadores. La ordenanza generó varias mesas de diálogo y de seguimiento a la misma, en esa composición hay que comunicar a todos.

-Pero una vez que resuelve la Corte ¿el artículo queda suspendido en el momento?

-Sí, porque ordena a título cautelar la suspensión de lo previsto en el artículo, debiendo los municipios desplegar las debidas acciones para el cumplimiento de esta decisión.

Agua con fitosanitarios

-Esto tiene su origen en un análisis de agua que arrojó presencia de fitosanitarios en el Balneario de Rauch y en el cauce de arroyos que comparte con Tandil. ¿Qué mirada tienen sobre eso? ¿Hay algún tipo de acción a tomar?

-Me voy a poner en contacto con las autoridades y funcionarios de la Municipalidad de Rauch para trabajar en conjunto esta demanda que nos involucra a los dos.

Por haber sido director de Obras Sanitarias, conozco que nosotros los análisis que se hacen en nuestros pozos de agua. Con un protocolo que tenemos, avalado por la Autoridad del Agua con un laboratorio prestigioso de Mar del Plata, con cadena de custodia. Después, los análisis que se hacen sobre los cursos de agua, los desconozco. No era antes mi ámbito de funciones y hoy tampoco desde la Secretaría de Legal y Técnica. Cuando reunamos todos los elementos podemos hacer otra nota y contar qué vemos desde lo jurídico y normativo.

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires resolvió ordenar la suspensión preventiva de la ordenanza que regula el uso de agroquímicos en el partido de Tandil, en el marco de una causa que también involucra a la Municipalidad de Rauch y que cuestiona la constitucionalidad de ambas normativas por su impacto ambiental sobre la Cuenca del arroyo Chapaleofú.

La decisión fue adoptada como medida cautelar, hasta tanto el máximo tribunal bonaerense cuente con información suficiente para analizar de manera acabada los planteos formulados por los vecinos y vecinas demandantes. En ese sentido, la Corte advirtió que, en el estado actual del proceso, “se carece de información relevante para analizar acabadamente el andamiaje del planteo”, tanto en lo referido a la constitucionalidad de las ordenanzas como a la procedencia del remedio preventivo solicitado.

En lo concreto, el fallo dispuso suspender provisoriamente la aplicación del artículo 8 de la ordenanza 17.404/21 de Tandil, que establece las distancias y condiciones para la aplicación de agroquímicos, y del artículo 18 de la ordenanza 850/12 de Rauch, hasta tanto se sustancien los requerimientos de información ordenados por el Tribunal y se dicte una resolución definitiva sobre el fondo de la cuestión. La Corte también instruyó a ambos municipios a desplegar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de la medida.

En el caso de Tandil el artículo 8º de la mencionada ordenanza dice: “Las aplicaciones de agroquímicos con equipos terrestres autopropulsados o de arrastre y equipos aéreos deberán dejar una distancia libre de aplicación (zona de exclusión) de 50 metros desde el margen de los cursos de agua principales, entiéndase lagunas, ríos, arroyos y estaciones de bombeo. En todos los casos se tomará en cuenta desde la vera de cualquiera de estos cursos de agua". También hace mención a: “Cursos de agua secundarios: son los denominados como afluentes menores, manantiales, acuíferos menores, arroyos menores (con un ancho menor a 2 metros), arroyos temporales, tendrán una zona de exclusión de 20 metros contando desde sus márgenes” y a “de los pozos de agua: la distancia de exclusión será de 50 metros cuando se trate de los pozos de agua pertenecientes a la Dirección de Obras Sanitarias del Municipio de Tandil”.

Demanda

La causa fue iniciada por un grupo de vecinos y vecinas de Tandil y Rauch, quienes promovieron una demanda originaria de inconstitucionalidad al considerar que las ordenanzas cuestionadas habilitan criterios de protección regresivos, irrazonables e incongruentes, permitiendo el uso de agroquímicos peligrosos en áreas sensibles desde el punto de vista ambiental y sanitario. En particular, señalaron el riesgo que estas prácticas representan para la Cuenca del Chapaleofú, a la que solicitaron se reconozca como un bien colectivo de interés público.

En los considerandos, la Suprema Corte puso el foco en el potencial riesgo de contaminación del recurso hídrico, así como en la necesidad de adoptar decisiones judiciales acordes a los principios preventivo y precautorio que rigen en materia ambiental. En ese marco, destacó que los límites previstos para la aplicación aérea de agroquímicos en ambas ordenanzas “prima facie se apartan de las pautas que la Provincia ha fijado” en su normativa general, lo que refuerza la necesidad de una evaluación más profunda.

Contexto estacional

La resolución también tuvo en cuenta el contexto estacional, ya que la temporada de verano implica un incremento natural de la concurrencia de vecinos, turistas y visitantes a los balnearios municipales ubicados sobre la cuenca, lo que —según indicó el Tribunal— agrava los riesgos derivados de eventuales fumigaciones en zonas cercanas a cursos de agua y áreas recreativas.

Como parte de la medida para mejor proveer, la Corte ordenó librar oficio a los intendentes de Tandil y Rauch para que, en un plazo de diez días, remitan copias digitales de todos los antecedentes administrativos y actuaciones que dieron origen a las ordenanzas impugnadas, incluyendo estudios técnicos, evaluaciones de impacto ambiental y procesos de participación ciudadana, si los hubiera.

En diálogo con este medio, desde el Municipio de Tandil advirtieron que ellos no habían sido notificados a la fecha del fallo de la Suprema Corte.

El fallo se enmarca en una línea de análisis que ya había sido anticipada por el procurador general de la Provincia, Julio Conte Grand, quien en noviembre pasado dictaminó a favor de hacer lugar a las medidas cautelares solicitadas. En su opinión, recomendó adoptar la solución más adecuada en resguardo del interés superior comprometido, especialmente ante la posible afectación de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Hasta tanto la Suprema Corte se expida de manera definitiva sobre la pretensión de inconstitucionalidad, el Tribunal dejó establecido que, en lo referido al uso aéreo de agroquímicos, será aplicable de manera interina el régimen previsto en la ley provincial 10.699 y su decreto reglamentario 499/91, que fija los parámetros generales en la materia.

Un grupo de vecinos de Tandil y Rauch pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires por la inconstitucionalidad de las ordenanzas que regulan las fumigaciones y la aplicación de agroquímicos. A la espera del fallo del máximo organismo judicial bonaerense, el Procurador General –Julio Conte Grand-, emitió un dictamen de recomendación para la suspensión de dichas normativas.

El Eco de Tandil dialogó con Joaquín Benavídez, integrante y abogado del grupo Defensores Ambientales del Chapaleofú, quien compartió detalles de la solicitud a la Justicia, de los agroquímicos detectados en análisis de agua, y del futuro de la acción judicial en curso. Entre otros aspectos, hizo mención a que análisis de agua realizados junto a universidades nacionales detectaron la presencia de 4D, Glifosato y Atrazina en la cuenca hídrica compartida por las localidades.

“Estamos esperando la declaración por parte de la Corte, y vamos a presentar un escrito para reiterar la urgencia. Entendemos que la situación es realmente muy grave. Porque la temporada estival coincide con las campañas de fumigaciones, señaló el abogado.

El grupo Defensores Ambientales del Chapaleofú está integrado por vecinos tanto de Tandil como de María Ignacia, Gardey y Rauch. Se conformaron recientemente motivados por la preocupación en torno a las fumigaciones que afectan al conjunto de la zona. “Tandil y Rauch están conectados por una cuenca hidrológica, y las fumigaciones en Tandil repercuten en Rauch. Emprendimos este trabajo con el enfoque de la cuenca porque consideramos que la problemática alcanza a todos los habitantes de la cuenca”, expresó. La presentación ante la Suprema Corte fue la primera acción del grupo, pero también llevan a cabo charlas en escuelas y otras propuestas.

“En la Corte presentamos una acción originaria de inconstitucionalidad, que es una vía procesal contemplada en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, con la finalidad de que de que el máximo Tribunal de Justicia bonaerense revise las ordenanzas tanto de Tandil como de Rauch. Que revise los criterios porque entendemos que a partir de toda la prueba que se ha venido realizando gracias al trabajo de las organizaciones y de la universidad pública, entendemos que esos criterios son ostensiblemente insuficientes para garantizar la salud y el ambiente sano tanto de la comunidad de Vela, como de Gardey, de Tandil y de Rauch”, precisó Benavídez.

El grupo pidió en concreto la inconstitucionalidad de la ordenanza N° 850/12 –de Rauch-, y la de la N° 17.404/21, de Tandil. Cabe recordar, la normativa local fue aprobada en el marco de una importante resistencia ciudadana y la irrupción de vecinos manifestantes al Concejo Deliberante.

El abogado del grupo vecinal Defensores Ambientales del Chapaleofú indicó que previo a la resolución de la Suprema Corte, “el Procurador emite un dictamen cuando están en juego los derechos de las infancias”, en referencia a lo emitido por Conte Grand.

A su vez Benavídez hizo referencia a estudios de la calidad del agua que realizaron en articulación con centros de investigación tanto de la Unicen como de la Universidad Nacional de La Plata, los cuales incorporaron a lo presentado ante la Suprema Corte, para que conste como argumento de la solicitud.

“Los resultados son lapidarios, y por eso me parece que el procurador Conte Grand emite un dictamen de esta naturaleza”, sostuvo el abogado. Consultado por lo que los análisis arrojaron en cuanto a los compuestos detectados en el agua, indicó que hubo “4D, Atrazina y Glifosato, que son los más conocidos. Pero hubo muchos. En una muestra que se tomó en Rauch se llegó a detectar Endosulfán, un contaminante orgánico persistente prohibido por el Convenio de Estocolmo y que es extremadamente peligroso”.

A la espera de lo que dictamine la Suprema Corte, desde el grupo Defensores Ambientales del Chapaleofú abrieron una cuenta en la red social Instagram a partir de la cual difunden sus actividades. “El Chapaleofú no es recurso hídrico de recreación: es sujeto vivo de derechos, es cuerpo y refugio de memorias colectivas. Protegerlo de los agrotóxicos no es solo defender nuestros cuerpos-territorios: también es un acto de justicia ambiental y social para las generaciones presentes y futuras”, marcaron en su primera publicación.

Con fecha del último 20 de noviembre, la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense emitió una recomendación al máximo organismo judicial de la Provincia con respecto a la solicitud elevada por el grupo vecinal.

“Lo expuesto lleva a la necesidad de que la Suprema Corte de Justicia disponga la suspensión de las ordenanzas cuestionadas, dejando expresamente aclarado que ello no aparejará un vacío legal, ya que se encuentran plenamente vigentes en el orden provincial tanto la Ley N° 10699, como así el decreto 499/91. No obstante, es dable señalar en esta oportunidad procesal la necesidad de que las normas antes citadas sean actualizadas”, marca la recomendación.

El texto presenta el pedido de los Defensores Ambientales del Chapaleofú, y en particular aquel por la determinación cautelar de “distancias terrestres de seguridad ambiental requeridas respecto a todos los centros poblados, centros de salud, escuelas rurales, y pozos de extracción de agua dentro del ámbito de aplicación de las respectivas ordenanzas”. 

Ante la solicitud –y la prueba presentada por los vecinos-, el Procurador advirtió “que ambas ordenanzas aquí cuestionadas prima facie no se corresponden con los estándares de protección ambiental que emanan de las normas de origen nacional y provincial, interfiriendo a las mismas. En el sentido expuesto, esta Procuración General reitera que toda norma que reglamente un derecho de carácter ambiental, puede brindar mayor grado de protección, más no empeorar la mencionada protección, tal como parece presentarse en el caso de autos”. Además, insta al Ejecutivo Provincial a que lleve adelante el control estricto del cumplimiento de los parámetros indicados en cada una de las normativas vigentes.

“Tal como se adelantara, esta Procuración General solicita que la Suprema Corte de Justicia inste a los Poderes Ejecutivo y Legislativo sobre la urgente necesidad de la elaboración y sanción de normas a través de las cuales se actualice el uso y manipulación racional y sostenible de los plaguicidas, con los debidos registros, clasificadores y sistemas de controles, audiencias e información ante la situación planteada que exige contar con una legislación inmediata de base que preserve y garantice los indiscutibles derechos que se ponen en juego”, expone el texto de la Procuración.

Agrega además que “alcance de los derechos y garantías cuestionados excede a la responsabilidad de los municipios demandados, por lo que entiendo que sería aconsejable se cite a la Provincia de Buenos Aires a los fines de ejercer los derechos que hacen a la competencia antes señalada y con especial relevancia en la cuestión de fondo puesta en consideración por vecinos de los municipios bonaerenses de Rauch y Tandil. Por lo expuesto, considero que, con las pautas expuestas, podría hacerse lugar a la medida cautelar solicitada”.

El 6 de agosto de 1883, en el Instituto “Santa Catalina” de Lomas de Zamora se dictaron en Argentina los primeros estudios agrícolas y veterinarios. En conmemoración de este acontecimiento, cada 6 de agosto se celebra en nuestro país el Día del Veterinario y el Día del Ingeniero Agrónomo, dos profesiones diferentes pero de alguna manera vinculadas. 

“Los agrónomos vendríamos a ser los médicos de los cultivos”, explicó Natali Lázzaro –MP 230- integrante del Círculo de Ingenieros Agrónomos de Tandil (CIAT). “Nosotros conocemos cómo viene el proceso de cultivo, conocemos la región y cómo es el suelo en el que estamos trabajando”, amplió. 

En diálogo con El Eco de Tandil, la profesional de la ciudad explicó los alcances de la profesión y los desafíos actuales. 

En ese marco, señaló que “necesitamos conocer mucho sobre la historia de lo que pasa en el lugar en el que se produce para poder manejar correctamente a un cultivo”.

Y continuó: “nosotros hacemos el diagnóstico: si es un problema de malezas, de insectos, fúngico, de virus y, a través de la receta agronómica, se busca documentar lo que antes se hacía de palabra”. 

En efecto, de acuerdo a la Ley provincial 10.699 sancionada en 1988, los ingenieros agrónomos son los únicos profesionales legalmente habilitados para prescribir y certificar el uso de agroquímicos en los cultivos.

“La utilización de la receta está creciendo, pero todavía falta”, reconoció Lázzaro y aseguró que “tenemos que educar mucho aún para que se entiendan los beneficios de por qué trabajar con receta”.

Ocurre que de una correcta aplicación de productos fitosanitarios y agroquímicos dependerá la salud de los cultivos y –por ende- de la población. 

El ingeniero agrónomo Daniel Garaguso (MP 005), también integrante del CIAT, se refirió por su parte a otro aspecto: el económico. 

“Todo esto lo hacemos para mejorar la eficiencia de todos los insumos”, indicó a El Eco de Tandil, y agregó: “cuánto mejor es contar con el asesoramiento de un ingeniero agrónomo para hacer un uso eficiente de estos insumos que son carísimos”.

Lázzaro contó que, para mejorar todo el proceso, “desde el Círculo trabajamos con los agroaplicadores, que armaron su propia asociación. Consideramos que eso es profesionalizar toda la cadena”. 

Un Colegio propio

A la formación y la capacitación permanente es a lo que apuntan hoy en día los agrónomos. “En estos 140 años de trabajo, la constante ha sido la educación, tanto profesional como hacia los productores”, dijo Garaguso.

“En los últimos años se han dado muchos cambios en el sistema de producción, son cambios generacionales: ahora hay nuevas tecnologías, monitoreos con drones, imágenes satelitales… es otra faceta, pero todo sigue siendo aprender y difundir para mejorar todas las producciones”, manifestó el profesional.

En ese camino recorrido, gracias a una amplia militancia y organización, los agrónomos lograron la sanción en 2018 de la Ley 15.030 que creó su propio Colegio, separado del Colegio de Ingenieros tradicional.

“Ese fue un paso muy importante, porque ahora podemos tratar de defender los derechos de nuestra profesión”, señaló Garaguso y destacó que “en cuatro años, pasamos de ser entre 1200 y 1500 profesionales matriculados a 4000, es decir que triplicamos la cantidad de matriculados en la provincia de Buenos Aires”.

“Teníamos un divorcio bastante grande con los demás ingenieros en cuanto a la formación, que no nos permitía a nosotros tener una participación importante en el Colegio anterior”, contó el agrónomo.

Y destacó que ahora, en cambio, “tenemos una relación más estrecha con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia, con el que abordamos directamente cuestiones propias como la receta agronómica y la participación de los profesionales del sector en distritos procesos como la agroecología, la producción sustentable y el cuidado del medio ambiente”.

Antonio Gustavo Gómez es fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, y la semana pasada visitó Tandil para ofrecer un taller sobre Delitos Ambientales y Acceso a la Justicia, con el respaldo que le otorga una dilatada trayectoria en derecho penal ambiental. 

La actividad se celebró en el centro cultural La Compañía y formó parte de las acciones que el funcionario judicial lleva adelante en todo el país, con el objeto de fomentar una conciencia crítica en la ciudadanía para que ejerza sus derechos. Hasta aquí llegó invitado por el ingeniero Claudio Lowy y la investigadora de la Unicen, Graciela Canziani, referentes del Nodo Tandil de la Fundación Bios Argentina. 

Con 14 provincias recorridas en lo que va del año, Gómez visitó también otras ciudades cercanas como Rauch y Benito Juárez para “sembrar” en los ciudadanos la certeza de que pueden transformase ellos mismos en actores sociales y judiciales capaces de torcer el destino de un pueblo. Así, en diálogo con El Eco de Tandil el fiscal repasó que, a su criterio, a través de esta labor pedagógica es fundamental que la gente se reconozca como víctima de un delito ambiental, además de dar a conocer los principios básicos de este tipo de hechos y enseñar cómo hacer una denuncia de estas características.

En este sentido, explicó que un delito ambiental es todo hecho de contaminación al medio ambiente por encima de los niveles permitidos por la ley. En Argentina rige la Ley 24.051, que establece límites máximos de tolerancia para la contaminación y considera toda la gama de posibilidades y de actividades que pueden contaminar y, en esas proporciones, si uno las supera, comete un delito ambiental. La normativa, entonces, entiende al delito ambiental como un delito de peligro abstracto y no se necesita probar daño. 

Ordenanza agroquímicos 

El pasado 31 de agosto entró en plena vigencia la ordenanza municipal que regula la aplicación de fitosanitarios en el Partido de Tandil, que fue sancionada en diciembre del año pasado por el Concejo Deliberante. Dicha normativa generó fuertes controversias y, de hecho, se realizó una reunión abierta previa a su tratamiento en el recinto y el proyecto se votó con –innecesaria- custodia policial en las afueras del Municipio. 

El encono se generó porque algunas organizaciones vecinales consideran que la ordenanza resulta muy permisiva y nociva para la ciudadanía. En esta línea, vale recordar que el encuadre propuesto fijó la prohibición de fumigar a 60 metros para la planta urbana y localidades rurales, y 150 metros para escuelas, establecimientos alimenticios y centros de salud. El amortiguamiento, en tanto, se delimitó entre los 300 y 500 metros, dependiendo el sector. Una cautelar anterior que ya perdió vigencia, firmada por el juez Blanc impedía, en tanto, efectuar  aplicaciones a menos de 500 metros. 

Al respecto, Gómez expuso que este tipo de normativas de alguna forma “legitiman” la contaminación y no dimensionan los verdaderos daños que estas prácticas producen. “Soy crítico de esas ordenanzas porque tiene una visión antropocentrista, y diría hasta egoísta,  porque construyen muros imaginarios donde adentro no debe contaminar y afuera se hace lo que quieran;  la casa común es lo que tenemos que cuidar y estos marcos consienten de alguna manera los delitos ambientales fuera de esa muralla”, explicó. 

De acuerdo a su óptica, las multas previstas en las ordenanzas de esta índole constituyen una entidad inferior a la gravedad del problema porque contaminar con agrotóxicos es un delito y declaró categóricamente que se opone a este tipo de regulaciones porque “dejan a parte de la sociedad afuera, dejan a la pachamama afuera, no podemos manejarnos de esa manera; es un delito y hay que tenerlo claro”. 

La acción penal 

En esta línea, su principio rector es que la acción penal ambiental es la mejor herramienta disponible para enfrentar estos eventos, que afectan a un sinnúmero de ciudadanos en todo el país. De esta manera, sostuvo que “el delito ambiental es silente, no es explícito por eso a veces es complicado explicarle a la gente que es víctima de esto y, si bien hay diagnósticos  de la problemática,  no se utilizan las herramientas que existen”.

Como se trata de hechos muchas veces solapados y siempre infradenunciados, son muy pocas las ocasiones en las que una institución, organización o vecinos encaran algún litigio judicial sobre el tema. En este marco, subrayó que “no he visto en Tandil causas penales, excepto alguna acción aislada, entonces no sé si pensar que no hay contaminación o que hay mucha impunidad”.  

Para ilustrar la problemática graficó que, el hecho de que se arroje un contaminante al agua, por ejemplo, ya es suficiente para configurar el hecho ilícito. En tanto, el marco punitivo vigente hace responsable de los delitos ambientales no al que comete el delito en los hechos sino, por caso, al directorio de una empresa. 

Para sintetizarlo, detalló que en Tucumán quedaron procesados por delitos de contaminación ambiental los directores de muchas empresas, entre ellas, la compañía La Alumbrera, una empresa minera que ya se retiró de Catamarca, pero que hizo una inversión de unos seis mil millones de dólares y provocó estragos en la población. 

Denuncias locales 

El 1 de julio pasado, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata condenó al Municipio de Tandil a que, en el plazo de 15 días desde la notificación, ponga a disposición la información pública ambiental respecto de la calidad del servicio público de agua de red, solicitada por Graciela Canziani y Claudio Lowy. 

fue la primera vez que dicha Corte diagrama una sentencia basándose en el Acuerdo de Escazú, tratado ambiental que entró en vigencia en abril del 2021 para toda Latinoamérica y el Caribe y al cuál Argentina suscribe. 

Con el pedido de acceso a la información pública, los vecinos de esta ciudad buscaron conocer puntualmente características físicas, químicas, sustancias inorgánicas, características microbiológicas y contaminantes orgánicos del agua de red local, con copia de los análisis de calidad del servicio de red, de acuerdo a lo indicado por el Código Alimentario Argentino, desde el año 2000 hasta el 2021.

Un ida y vuelta de respuestas insatisfactorias y apelaciones se desató desde entonces hasta que se conoció finalmente la sentencia concluyente a favor de Lowy y Canziani, a quienes la comuna antes había negado la información.  

“Cuando solicitaron el informe a la Municipalidad de la calidad del agua, dijo que no los tenía, los negó y se tuvo que hacer un juicio. Tengo muchos años de carrera judicial y no había visto algo así; Lowy ganó y la comuna presentó los informes que antes dijo que no tenía, la verdad es me llama muchísimo la atención”, ponderó el fiscal.

Además, en 2020, un grupo de vecinos de La Porteña presentó un recurso de amparo para impedir las fumigaciones cerca de la escuela de la zona y lograron que el juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial 2 de Tandil, Francisco Blanc, prohibiera fumigar desde el aire con agroquímicos a una distancia menor a dos mil metros y, en forma terrestre a una distancia menor a 500 metros. 

Al respecto, Gómez ahondó que “un juez puede ordenar una cautelar que limite este accionar y, si se perfecciona la técnica, un ciudadano puede  constituirse como querellante, lo que le permitirá apelar el fallo si no está de acuerdo”. 

Hacer para cambiar 

Como Rosa Parks, la legendaria activista por los derechos civiles estadounidense que en 1955 se negó a ceder su asiento a un hombre blanco en un autobús y desencadenó un exitoso boicot masivo en protesta por su detención y procesamiento, el fiscal Gómez cree que  las pequeñas acciones vecinales y el empoderamiento de la población son el germen para modificar incluso aquello que parece inalcanzable. En este caso, un modelo productivo extractivista, que vincula el rinde económico al uso de sustancias tóxicas y al cual, ante la imposibilidad de desterrar, se elige regular para reducir el daño. 

En este punto, aludió al procesamiento de dueños de ingenios azucareros de Tucumán que arrojaban litros de vinaza al cauce del Río Medinas y contaminaba toda la cuenca hídrica de la región, y las consecuencias legales de la denuncia que se realizó en su momento para impedir este accionar por parte de las empresas. 

“Cambiar el modelo productivo es posible, incluso desde Tandil. Cuidado con sostener que esto no se puede cambiar, hacer una ordenanza de ese tipo es darle legitimidad. En otro orden, por ejemplo, el fracking es un delito, no por eso hay que aceptarlo y regular. Hay modelos mejores, sustentables y agroecológicos, con buenos rindes económicos, sin agrotóxicos. En el mismo Tandil tienen la respuesta para cambiar el paradigma productivo”, reflexionó. 

Por su parte, ratificó que “tenemos los insumos para no dejarnos adormecer con las excusas que nos dan, porque la acción penal de ciudadanos hartos puede cambiar un modelo productivo, que no tiene por qué perjudicar la salud de las personas para ganar más dinero”.

Así, Gómez espera generar un efecto transformador con la certeza de que antes de que el último árbol sea talado, el último río envenenado y el último animal esté muerto, las personas se den cuenta de que no pueden comerse el dinero. 

El cuerpo Deliberativo sancionó ayer por mayoría el nuevo marco regulatorio para la aplicación de agroquímicos en el partido de Tandil. En medio de un agitado ánimo social, que incluyó un gran despliegue policial y la presencia del GAD en la sede del Municipio ante la movilización de los grupos ciudadanos ambientalistas, en el recinto los ediles de los tres bloques votaron a favor de la normativa en general, excepto el concejal del Frente de Todos, Juan Arrizabalaga, que se abstuvo de hacerlo ante la “excesiva” intervención policial.

Cabe aclarar que tras la votación general del dictamen de mayoría, su pusieron a consideración de manera particular los artículos 5 y 6 del proyecto, que establecen la cantidad de metros de las zonas de exclusión y de amortiguamiento para aplicar los herbicidas, el tema más controvertido del asunto. El encuadre propuesto fijó 60 metros para la planta urbana y localidades rurales, y 150 metros para escuelas, establecimientos alimenticios y centros de salud. El amortiguamiento, en tanto, se delimitó entre los 300 y 500 metros, dependiendo el sector. 

En este caso, levantaron la mano por la afirmativa los ediles de Juntos por el Cambio e Integrar, sin los votos del Frente de Todos, resultando de igual forma  sancionado por mayoría.

El descontento popular 

La sesión fue convocada especialmente para este lunes, luego de que el jueves 25 de noviembre las organizaciones irrumpieran en el Concejo con los legisladores sesionando para expresar su rechazo al tratamiento del proyecto y pedir una audiencia pública. Frente a este panorama, el lunes de la semana pasada hubo una reunión abierta en el Teatro del Fuerte donde se expresaron diversas voces a favor y en contra, pero no se dio lugar a la audiencia a partir de un dictamen de mayoría avalado por Juntos por el Cambio e Integrar, y se denegó la posibilidad de diferir el tratamiento del proyecto. 

Así se llegó a la jornada de ayer. Desde temprano el Municipio apareció vallado y bloqueado en todos sus accesos para impedir el ingreso de los manifestantes, nucleados en diferentes juntas y asamblea vecinales contra el uso de agrotóxicos. 

De este modo, permanecieron pacíficamente  afuera del edificio, en el sector al que dan los ventanales del Concejo, sobre la calle Fuerte Independencia, solicitando el acceso a la sesión mientras la transmitían por streaming y altoparlantes. 

Con cánticos y carteles protestaron tanto por la calidad de la ordenanza –que permite fumigar a 60 metros de lugares habitados-, como por la imposibilidad de participar del debate en el recinto. 

Ayer por la mañana, vecinos que sostienen el pedido de acceder al derecho de Audiencia Pública para debatir el proyecto de ordenanza de regulación de aplicaciones de agroquímicos en el partido de Tandil se reunieron en asamblea en la Plaza Independencia. 

Con incertidumbre todavía por la fecha en que los concejales darían vía a la normativa, a las 9.30 se nuclearon frente al Municipio para debatir acciones a seguir. Allí, entre otras cosas, reafirmaron que la reunión ampliada del pasado lunes en el Teatro del Fuerte no satisfizo su reclamo. 

Con la impronta de poder informarse de la fecha en que se sesionaría la legislación se dirigieron a la Intendencia y en la vía pública se encontraron con el presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Frolik, quien defendió la instancia celebrada el lunes como acto donde todos se pudieron “expresar libremente”. 

Allí, el funcionario les develó que el lunes a las 10 el cuerpo deliberativo daría una sesión especial para dar tratamiento a la ordenanza de aplicaciones. Tal como se había anticipado en el Eco de Tandil, la intención era poder definirlo antes del 10 de este mes, día en que se celebrará la asunción de los nuevos concejales elegidos, marcando el inicio de una nueva composición que se mantendrá hasta 2023. 

El lunes a las 10

En la oportunidad, a la reunión donde convergen distintos vecinos de Tandil se sumaron algunos nuevos actores en apoyo al rechazo de la ordenanza, como el caso de una docente que representa a la red nacional de escuelas rurales fumigadas. 

Ella expresó su gran preocupación por lo que ocurre a lo largo de la provincia y el país, admitiendo que las pulverizaciones llegan hasta la puerta de los establecimientos, provocando daños irreparables en los chicos.

Ya frente al titular del HCD insistieron que no todas las voces han sido escuchadas, ya que el proyecto no se consideró con la Comisión de Salud, por ejemplo, ni siquiera contaron con en el tiempo que pudiera comprender la preparatoria para una Audiencia Pública, porque el llamado a la reunión ampliada fue con poca anticipación. 

"El lunes que viene se van a tratar dos dictámenes y en todo caso, ustedes pueden seguir trabajando por una modificación de la ordenanza", determinó Frolik, sin dar lugar al intercambio de posturas.

Declaraciones formales, no mediáticas

Por otro lado, luego de que el jueves pasado tras interrumpirse la sesión ordinaria del Concejo Deliberante por la manifestación social y ante las declaraciones del presidente del Bloque del Frente de Todos, Rogelio Iparraguirre, de apoyar el pedido de Audiencia Pública, los vecinos apelaron a que se haga de manera formal. 

En este sentido, desde ese Bloque habían comunicado que “siendo que la naturaleza del tema en cuestión es claramente de interés social”, aceptaban y acompañaban toda instancia “que tiende a ampliar la participación social en el marco de las instituciones de la democracia es asumido por nuestro espacio político como saludable y necesaria”.

Así, posteriormente al intercambio con Frolik, mantuvieron una reunión que dijeron “larguísima” con el concejal por el Frente de Todos, Juan Arrizabalaga, quien se comprometió con el grupo a viabilizar el pedido de Audiencia Pública, aunque les adelantó que “no tienen fuerza real”.

En la conversación el edil también consideró que la discusión de fondo en torno a la ordenanza no está planteada y que tiene que ver con la cuestión productiva en sí misma, pero recordó que el Bloque ya se expidió al respecto de la ordenanza, aunque la insistencia de los vecinos es que lo hagan de manera oficial y formal, no mediática.

El Honorable Concejo Deliberante convocó a una reunión abierta y pública de la Comisión de Producción, Trabajo y Medioambiente para tratar el proyecto de Ordenanza: “Regulación de aplicaciones de agroquímicos en el Partido de Tandil”.

Se llevará a cabo el próximo lunes 29 de noviembre a las 17 en el Teatro Municipal del Fuerte.

La convocatoria es abierta y pública a las personas que deseen manifestar su opinión sobre el tema de referencia, ya sea de forma particular o en representación de alguna organización.

En caso de representar a una organización, se ruega inscribir a un único orador, en función de garantizarles a todas las personas que se inscriban para la asamblea la posibilidad de exponer sus opiniones.

Podrán registrarse el mismo lunes entre las 8 y las 13 en la secretaría de este cuerpo legislativo o de 15.30 a 17 en el mismo teatro.

Luego de un año y medio de trabajo, el Concejo Deliberante debatirá el nuevo proyecto de ordenanza sobre aplicación de fitosanitarios en el Partido de Tandil, un tema que ha desatado varias controversias a lo largo del tiempo.

Según trascendió, los ediles lo tratarían en la sesión de este jueves o en la del 9 de diciembre a más tardar, previa emisión del dictamen y los pasos correspondientes dentro de la labor parlamentaria. Esto se debe a que el 10 de diciembre se producirá el recambio de autoridades y algunos de los concejales implicados de cerca en la confección del texto legislativo, como Ariel Risso, del Frente de Todos, dejarán sus bancas y la idea es que el proyecto pueda ser tratado sobre tablas, discutido y votado con la conformación actual del cuerpo Deliberativo. 

Si bien los ediles no quisieron aún exponer públicamente el borrador del texto, que fue confeccionado por la Comisión de Trabajo, Producción y Medioambiente, presidida por la legisladora de Juntos por el Cambio Maridé Condino, lo cierto es que parece que la normativa no dejará conforme por completo a ninguno de los sectores en pugna; a las organizaciones ambientalistas y a los productores agropecuarios. 

A los primeros, porque consideran que el texto normativo sigue avalando las fumigaciones indiscriminadas -incluso acorta distancias- y no propone una nueva mirada direccionada hacia el cuidado de la salud y la tierra. 

En la vereda de enfrente, el sector del agro, en algunos casos, manifestó cierta reserva ante la costosa nueva tecnología que deberán incorporar gradualmente para desarrollar las tareas de fumigación y otros requerimientos que consideraron muy exhaustivos. 

Un largo recorrido

Luego de varios meses de trabajo, los bloques políticos lograron un consenso y acordaron un articulado de 36 puntos denominado "Regulación de aplicaciones de agroquímicos en el Partido de Tandil" para reemplazar a la Ordenanza Municipal 12.316 que quedó desactualizada y perimida. 

La iniciativa -a la que accedió este Diario- remarca que se llevaron a cabo una serie de encuentros que comenzaron el 22 de junio de 2020 con distintos actores involucrados en la temática para reunir información al respecto.

Así, pasaron por la mesa de diálogo científicos, vecinos de localidades rurales, la Mesa Agropecuaria: representantes del Colegio de Ingenieros Agrónomos, del Círculo de Ingenieros Agrónomos, Aapresid y Aeroaplicadores; integrantes de la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable Tandil, Fitoaplicadores del Partido de Tandil, endocrinólogos, dirigentes ruralistas, exconcejales y la Cámara Empresaria, además de participaciones en jornadas técnicas sobre aplicaciones. 

No obstante esto, desde la junta vecinal expusieron que solamente algunos referentes como Claudio Lowy y Garciela Canziani, que además son profesionales del tema, fueron convocados para hablar sobre la problemática y que no se abrió el juego a la construcción colectiva con el resto de los ciudadanos del espacio. En tanto, asentaron su preocupación ante la eventual sanción de la ordenanza y se declararon en alerta.  

Generalidades del proyecto 

La propuesta justifica que "es necesario definir límites claros de aplicación de agroquímicos y arbitrar los medios necesarios para que el control sea efectivo, no sólo por parte de las autoridades sino también de la comunidad".

"La nueva normativa establece un objeto y un ámbito de aplicación claro, para regular las acciones relativas al manejo responsable de los productos fitosanitarios; se modifica y amplía la zona de exclusión y la zona de amortiguamiento de la aplicación de los productos fitosanitarios; y en ese sentido se modifican sobre distintos espacios que comprenden las urbanizaciones especiales, las banquinas de rutas, los cursos de aguas, los campos deportivos, la circunscripción 1, las zonas A y B de los Centro de servicios rurales de 1ra categoría y los de 2da categoría (establecimientos educativos rurales, centros de salud y los establecimientos elaboradores de productos alimenticios)", puntualiza el proyecto.

Con respecto a los establecimientos educativos rurales se establece que al momento de la aplicación debe haber 150 metros de exclusión y hasta 500 metros de amortiguamiento, se fija la obligación de tener una barrera forestal, de acordar con las instituciones el horario de aplicación y como premisa fundamental que la escuela esté vacía. 

Además, se realizó una aclaración en lo que respecta a las escuelas agropecuarias con producción agrícola, porque utilizan la aplicación de productos fitosanitarios con fines educativos y de experimentación. Por otra parte, se prohíbe la siembra en banquinas de todas las rutas nacionales y provinciales del Partido; y se agregó la necesidad de trasladar los envases de fitosanitarios vacíos al Centro de Acopio Transitorio según Ley 27.279.

Se agregó también a la ordenanza una reglamentación sobre urbanizaciones especiales o nuevas zonas urbanas, banquinas y campos deportivos; la carga de agua del mosquito; apiarios con su determinado registro y cuidados específicos; la obligación de tener VTV de la maquinaria; la responsabilidad del ingeniero agrónomo; la responsabilidad compartida de la aplicación entre quien o quienes que hayan ordenado la aplicación en lote y el titular de la empresa que haya realizado la aplicación; la obligatoriedad de tener un certificado de aptitud física; el registro de operarios; la obligatoriedad de instalar en las maquinarias tecnología de aplicación selectiva y de georreferenciación de la trayectoria del equipo; la creación de una comisión de seguimiento; un artículo específico para realizar denuncias a quien esté incumpliendo la presente ordenanza y la aplicación de onerosas multas económicas. 

Un artículo que generó suspicacias entre las entidades ambientalistas establece que quedan fuera del alcance de la ordenanza las actividades relacionadas con el control de plagas, cuando la aplicación sea efectuada por un organismo municipal, provincial o nacional, autorizado a tal efecto o agentes privados que cuenten con previa autorización municipal. De esta forma, creen que se va a poder seguir utilizando biocidas en la planta urbana blandiendo la carta del control de plagas. 

Zonas de exclusión y amortiguamiento 

El apartado dedicado a las zonas de exclusión y de amortiguamiento define que son las superficies delimitadas que, por su ubicación, requieren de un tratamiento especial para garantizar la protección de la salud de la población y el cuidado del medioambiente. Bajo esta lógica, se determina que la zona de exclusión es aquella en donde no se autoriza la aplicación de ningún tipo de productos agroquímico a partir de la línea municipal del lote productivo. Sólo se permiten aquellos de tipo biológicos, línea jardín perihogareña o domisanitarios.

Asimismo, se delimita como zona de amortiguamiento a aquella donde sólo se podrán aplicar productos agroquímicos banda verde o azul (Clase III y Clase IV), excluyendo productos de mayor volatilidad y únicamente con equipos terrestres, bajo las pautas ambientales y tecnológicas adecuadas, respetando las Buenas Prácticas Agropecuarias  indicadas por el Senasa, el INTA y el Ministerio de Producción de la Provincia. Se inicia a partir de la línea final de la zona de exclusión.

Las aplicaciones en esta zona deberán ser informadas por los responsables a la Autoridad de Aplicación, con 24 horas de anticipación, mediante la presentación de plano escrito con la ubicación del lote a tratar y la copia de la correspondiente receta agronómica.

Como zonas de exclusión quedan fijadas la planta urbana de acuerdo a la clasificación del plano 4 del PDT; las zonas A y B de los Centros de Servicios Rurales de 1ra. Categoría; María Ignacia  y Gardey; y las zonas de servicios rurales de 2da. categoría: Azucena, Fulton, De la Canal, Iraola, La Pastora y Desvío Aguirre. El radio excluido abarca 60 metros de las zonas especificadas anteriormente, menor al que se usa en la actualidad que, según la ley provincial, es de 150 metros. La zona de amortiguamiento va hasta los 500 metros. 

Además, se prohíbe la aplicación terrestre de productos agroquímicos en lotes que se encuentren a menos de 150 metros de establecimientos escolares, centros de salud y establecimientos elaboradores de productos alimenticios; una distancia con la que ya se venía trabajando. Por otro lado, la zona de amortiguamiento de los servicios educativos rurales se establece desde el límite de los 150 metros de exclusión hasta los 500 metros. 

Para delinear una comparativa, la cautelar del Juzgado Civil y Comercial 2 de Tandil, a cargo del juez Julio Blanc, prohíbe la aplicación aérea de agroquímicos a menos de 2000 metros de lugares habitados y a 500 metros de forma terrestre. La medida fue prorrogada  sin plazo en mayo de este año, pero no se ejerce ningún control por parte del Estado local. 

Fumigaciones aéreas y cursos de agua 

Por otro lado, el texto dictamina que se podrán realizar aplicaciones aéreas a partir de los 2000 metros desde el límite urbano o de edificaciones habitadas urbanas o rurales, establecimientos escolares, centros de salud y establecimientos elaboradores de productos alimenticios.

Las aplicaciones de agroquímicos con equipos terrestres autopropulsados o de arrastre y equipos aéreos deberán dejar una distancia libre de aplicación (zona de exclusión) de 50 metros desde el margen de los cursos de agua principales, entiéndase lagunas, ríos, arroyos y estaciones de bombeo. En todos los casos se tomará en cuenta desde la vera de cualquiera de estos cursos de agua.

Aplicadores y sanciones 

Siguiendo el articulado, la novedad del texto legislativo es que se exigirán controles médicos anuales a los aplicadores para monitorear su estado de salud y elaborar estadísticas al respecto. Esta iniciativa parte de un convenio que se va a firmar entre el Sistema Integrado de Salud Pública y la Asociación de Aplicadores  de Fitosanitarios, pero el proyecto establecerá la obligatoriedad de los controles más allá del acuerdo de colaboración mutua entre ambos actores. 

También será preciso que quienes desempeñan estas tareas y las empresas vinculadas al agro realicen todos los años capacitaciones sobre el tema para mantenerse actualizados, y seguirá siendo condición excluyente el uso de la receta agronómica que rige por ley provincial desde 1998, a cargo de un ingeniero agrónomo que certifique la práctica y el producto que se utilizará en la misma. 

Otra de las novedades que obtuvo el consenso unánime  fue la creación de un Comité de Seguimiento conformado por Ejecutivo, el Legislativo, el INTA, la Dirección de Fiscalización Vegetal de la Provincia, el Senasa, la Defensoría del Pueblo y la Jefatura Distrital de Educación, para controlar el funcionamiento de la ordenanza y plantear los cambios que se consideren necesarios a medida que pasa el tiempo. 

La autoridad de aplicación encargada de hacer cumplir la ley será designada por decreto municipal  y seguramente abarcará más de un área comunal.  La unidad de aplicación para las sanciones será el sueldo municipal de treinta (30) horas, categoría 4, escalafón administrativo. 

Cualquier infracción, según su gravedad, podrá ser penada con una multa que va de los 5 a los 30 sueldos. En el caso de primera reincidencia se duplicarán los montos de las sanciones. 

Este jueves, vecinos congregados en la Junta vecinal por un ambiente saludable y en el MTE se movilizaron en la esquina de la Municipalidad para exponer lo que se vive en la ciudad en torno al uso indiscriminado de agrotóxicos. 

Con carteles con diferentes leyendas como “Tandil lugar fumigado”, “Paren de matarnos” y “Paren de fumigarnos”, visibilizaron una lucha que ya lleva años. En los últimos tiempos, d iversos emprendimientos productivos y huertas de la ciudad han sido afectados por derivas de productos agroquímicos tóxicos y así también se registraron fumigaciones linderas a los pueblos rurales del partido, incluso en horarios nocturnos.

En algunos casos, los daños afectaron tanto al emprendimiento familiar y autogestivo de venta de plantines, como a la misma huerta de autoconsumo que abastece de alimentos a la familia. En esta línea, uno de los eventos más destacables tomó conocimiento público hace unas semanas y sucedió en la Huerta de Elama, en Los Álamos 2224 de la ciudad. 

Un emprendimiento familiar donde Marta y Carolina, madre e hija, desde hace nueve años producen semillas y plantines de manera agroecológica. Ellas estuvieron también presentes con sus plantines afectados, para mostrarle a la ciudadanía lo que este tipo de productos genera en las plantas y la tierra. 

Una huerta perdida 

Fue en julio, cuando al comenzar las siembras de las variedades de primavera-verano notaron anormalidades en el crecimiento de su producción. Hasta la fecha perdieron más de 6 mil almácigos y plantines, que eran el sustento familiar para este periodo. 

En diálogo con este medio, Marta compartió que muchas veces las personas piensan que sus cultivos y plantas son afectados por causas naturales o porque se  hizo algo mal durante el proceso de siembra y cuidado, pero objetó que “no se dan cuenta de que muchos de los problemas que presentan las plantas son consecuencia de las fumigaciones. Nos pasa a nosotras que estamos en un área más rural pero también a la gente del MTE que está en planta urbana”.

Con respecto a lo sucedido en su huerta, la Dirección de Medioambiente de la comuna intervino a pedido de las mujeres damnificadas, a través de un expediente abierto el 20 de septiembre (21-06309-00), para elaborar un informe sobre lo ocurrido allí pero sin carácter de denuncia por no existir un destinatario. 

Esta semana, el organismo municipal a cargo de Héctor Creparaula les entregó a Marta y Carolina el informe confeccionado por un ingeniero agrónomo que, tras relevar y evaluar el lugar, llegó a la conclusión de que la producción fue atacada por un herbicida hormonal, que se desconoce cómo llegó a su huerta, si por vía aérea, terrestre o a través del agua. 

Además, Marta puntualizó que ahora es necesario que profesionales del INTA Balcarce tomen muestras para analizar  y así poder avanzar en la resolución del caso, con la intención también de motorizar la denuncia judicial correspondiente. Pero según indicó, les piden que sean ellas quienes recolecten las muestras y las lleven, una práctica que está fuera de su alcance en este momento, por eso insisten en que la institución tecnológica agropecuaria se acerque al espacio para realizar el relevamiento pertinente. 

“Perdimos nuestra fuente de ingresos y nuestro alimento, no podemos costear la toma de muestras. Queremos llegar a la conclusión de lo que está pasando, hace tres meses y medio que  luchamos por esto”, describió.

Con un borrador de proyecto de ordenanza sobre el cual trabaja la Comisión de Producción, Trabajo y Medioambiente del Concejo Deliberante, anticiparon que podrían estar ante la etapa final para lograr una nueva reglamentación de aplicación de agroquímicos en el partido de Tandil.

Más allá de calificar como “valioso” al trabajo de elaboración del bosquejo realizado por el concejal Ariel Risso, el coordinador de la ONG Bios Argentina Nodo Tandil y uno de los que presentó el anteproyecto para modificar dicha ordenanza en 2019, Claudio Lowy, consideró necesario realizar algunas reflexiones acerca de la próxima legislación.

Vale recordar que el edil del Frente de Todos explicó que la nueva norma se enfocaría principalmente en un control eficiente del cumplimiento de la misma, apoyándose básicamente sobre lo resuelto desde Provincia en cuanto a las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y priorizar el uso de productos catalogados como “Banda verde”, sin precisar los metros de restricción para las fumigaciones.

“Está claro que no vamos a cambiar el sistema productivo que actualmente tenemos en el país, la provincia y en nuestro distrito, porque hay una legislación que lo permite y porque hay organismos de control que así lo avalan, caso Senasa o de INTA”, había señalado Risso en conversación con El Eco de Tandil.

Relación glisfosato-cáncer

A raíz de la nota publicada en este Diario, el ingeniero forestal y máster en Desarrollo Humano Sostenible, recordó que la ordenanza vigente no impide emplear agroquímicos plaguicidas en el área urbana, sino que según su artículo 2, avala el uso de aquellos clasificados como Clase III Banda Azul y Clase IV Banda Verde.

“Por ejemplo, permite la aplicación en espacios verdes públicos y privados de formulados de glifosato, comprobadamente cancerígeno según el Instituto de Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, y también reconocido así por Instituto Nacional del Cáncer dependiente del Ministerio de Salud de la Nación; sin dejar de mencionar las múltiples condenas multimillonarias a Bayer-Monsanto en los EE.UU.”, expresó.

Cabe destacar que, como informó El Eco de Tandil, en un hecho histórico recientemente el Estado argentino reconoció la relación entre el glisfosato y el cáncer.

“El uso de agroquímicos puede provocar cáncer en seres humanos” admitió en abril del año pasado el Instituto Nacional del Cáncer (INC), reafirmando el concepto establecido por la Agencia Internacional de Investigación sobre el cáncer dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esta información llegó justamente a manos de Claudio Lowy y Marcos Filardi, quien como abogado de derechos humanos y soberanía alimentaria, integrante de la Cátedra libre de Soberanía Alimentaria (Calisa) Nutrición en la UBA y del Museo del Hambre, entre otros destacados, fue quien accedió al documento en abril del 2019 luego de realizar una solicitud de acceso a la información pública ante la que fuera secretaria de Gobierno de Salud.

No es cambiar el sistema productivo

Por otro lado, Lowy aclaró que el anteproyecto de ordenanza presentado por Banca 21 en agosto de 2019 junto a Graciela Canziani tampoco propone cambiar el sistema productivo en el partido de Tandil, sino “apenas” alejar las aplicaciones terrestres de agroquímicos a dos mil metros de los lugares donde la gente desarrolla su vida, y prohibir las aplicaciones aéreas como ocurre, por ejemplo, en el partido de Cañuelas desde el año 2010.

“El argumento de las BPA es echarle la culpa de los daños que están generando los agroquímicos biocidas a quien aplica el producto en el campo, preferentemente al trabajador rural”, manifestó.

Consideró que así, “invisibiliza” las responsabilidades de las corporaciones empresarias que se benefician con la venta de los plaguicidas, de los ingenieros agrónomos que los recetan, de los Colegios de Ingenieros Agrónomos que los legitiman, del Senasa que registra los productos para su uso a pesar de sus toxicidades y derivas incontrolables, y de las autoridades de aplicación a nivel nacional, provincial y municipal.

Sin política pública no hay control

Finalmente, el referente de Bios destacó que la normativa provincial sólo establece dos mil metros libres de fumigaciones aéreas, sin especificar distancias libres del uso terrestre. A pesar de ello, indicó que muchos partidos de la provincia de Buenos Aires regularon las aplicaciones de plaguicidas con medidas “protectivas” tanto para los usos terrestres como aéreos. “Es claramente una competencia de los gobiernos locales”, enfatizó.

En otro sentido, negó que sea cierto que los agroquímicos clasificados toxicológicamente como Banda Verde no sean prácticamente nocivos para la vida en general. “Si fuera así no se aplicarían”, refutó y agregó que “son biocidas por definición”.

Por otro lado, informó que esa clasificación sólo evalúa la toxicidad letal aguda, es decir, si mata en el corto plazo pero no si enferma. “Por ejemplo, la Atrazina, con formulados Clase IV Banda Verde, es un reconocido disruptor endócrino de máximo nivel, que genera daños al sistema inmunológico, que tanto necesitamos todos cuidar mucho, sobre todo en estas épocas de pandemia virósica”, comparó.

Por último, referenció que la Sociedad Rural de Tandil reconoció que se realizan 30 mil aplicaciones de plaguicidas por año en el partido, lo cual a su parecer resulta “imposible” para que los registros y controles que propone la nueva ordenanza puedan ser realizados sólo por un ingeniero agrónomo, “por más buena voluntad que tenga”.

“Como bien dice el Concejal Risso, no hay políticas públicas si no hay control adecuado”, determinó al concluir.

Desde que se decretó la Fase 5 en Tandil, las comisiones del Honorable Concejo Deliberante (HCD) volvieron a reunirse semanalmente, en su último encuentro la delegación de Producción, Trabajo y Medioambiente comenzó a interiorizarse sobre el anteproyecto de Ordenanza de Regulación de la Aplicación de Agroquímicos Plaguicidas en el Partido de Tandil.

Para esto, tanto los titulares de dicha comisión María Haydeé Condino y Ariel Risso, como el resto de los concejales, recibieron a los autores de la propuesta, Graciela Canziani y Claudio Lowy.

Según reveló Condino, la intención era poder concretar la reunión antes de la pandemia pero no pudo darse, por lo que ahora se pusieron como objetivo avanzar en este sentido, por eso de aquí en adelante los jueves, cada 15 días, trabajarán exclusivamente en el proyecto.

“No hubo debate porque es nuestro primer encuentro”, aseguró, y advirtió que tanto el Ejecutivo como el Concejo trabajarán en la modificación de la ley vigente ya que quieren la mejor ordenanza para Tandil.

Un camino que empieza

Muy conforme con la recepción que tuvieron por parte de los ediles, Claudio Lowy manifestó también su satisfacción por el hecho de que el documento haya pasado a esta Comisión, luego de la presentación ante Banca 21 en 2018.

“Lo más auspicioso en esta instancia es que empezaron con las actividades en el HCD y comenzaron con el tratamiento del anteproyecto”, consideró. “Si va a salir, no sabemos”, añadió.

Explicó que los concejales manifestaron su interés en conversar con cada uno de los sectores involucrados, cuestión que fue confirmada por Condino, quien adelantó que contemplan charlar con aplicadores, productores tradicionales y agroecológicos, referentes del INTA, representantes de vecinos agrupados y médicos.

En este sentido, los autores brindaron algunas sugerencias de contactos que fueron bien receptados y serán tenidos en cuenta para las distintas instancias del análisis.

El respaldo para el cambio

Los referentes de la ONG que apunta al trabajo en ambiente y desarrollo sustentable, Bios Argentina, aprovecharon el espacio para exponer y explicar los fundamentos que sostienen el planteo de modificación de la regulación local actual.

“Hoy la ordenanza vigente permite que se apliquen plaguicidas de forma aérea hasta el borde de la edificación de las poblaciones rurales”, exclamó Lowy, señalando que dicha normativa se contradice incluso con la provincial, que fue promulgada 23 años antes. “Eso se aprobó así por cuestiones políticas y económicas”, analizó.

Tal como reveló, los integrantes de la Comisión estuvieron de acuerdo en la propuesta e hicieron algunas preguntas, pero lo que les resultó impactante fue cuando mostraron lo que implicaba el triple lavado de los bidones vacíos de plaguicidas de 20 litros. La acción incluso fue realizada por uno de los presentes, para demostrar que es una tarea muy dificultosa como para poder aplicarse en tantas cantidades, ni podría ser fiscalizado. “Los que lleguen al centro de acopio no podrían ser controlados”, dijo.

Además, los propulsores mostraron videos sobre los mitos y realidades sobre las derivas de las aplicaciones, alertando sobre las mentiras que hay en torno al tema y las publicidades que circulan. “El producto se va evaporando y las partículas llegan mucho más lejos de lo que es capaz de medirse, son publicidades mentirosas como la clasificación toxicológica”, aseveró.

Finalmente, Lowy destacó que lo que más les gustó del encuentro fue que tengan predisposición para escuchar, reconociendo que el proceso será largo. “El consenso estará entre los envenenadores y quienes lo padecemos, lo que es complejo por los intereses”, remató sin rodeos.

“No estamos haciendo resistencia”

La presidente de la Comisión de Producción , Trabajo y Medioambiente garantizó que en este camino que emprendieron buscarán elementalmente la diversidad de voces para lograr la mejor ordenanza para Tandil.

Subrayó que es un momento en que muchas ciudades están tratando el mismo tema, por lo que han hablado con otros municipios de la Quinta Sección que están en proceso de modificar sus ordenanzas, para interiorizarse y tomar ejemplos.

Asimismo, consideró que sería bueno que se realicen investigaciones a nivel nacional y provincial, ya que “si se habla de un producto que realmente es venenoso, como plantearon los autores del proyecto”, son primero aprobados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Si así se confirmara, planteó que habría que lograr que se deje de otorgar etiqueta verde a esos implementos que se venden.

“Somos un Municipio del interior, va a ser un camino largo, pero está bueno haberlo empezado a transitar”, sostuvo Condino, que además manifestó que le encantaría que la ordenanza salga por unanimidad, lo que llevará mucho trabajo. “No estamos haciendo ningún tipo de resistencia”, aclaró.

A pocos días del inicio del ciclo escolar, padres de alumnos que asisten a la Escuela 33 y la comunidad de La Porteña en general, manifestaron su preocupación ante la falta de respuesta o avances en torno a los reclamos por la aplicación de agroquímicos en el lugar.

De acuerdo al detalle que brindaron los voceros Silvia Gómez, Lucía Mestre y Marcelo Tello, se va a cumplir medio año de la problemática, ya que la inquietud los llevó a empezar a juntarse en septiembre del 2019, presentando la primera denuncia ante el Municipio el 4 de octubre.

Esto llevó a que Héctor Creparula, de la Dirección de Medio Ambiente,  junto a la titular de Fiscalización Vegetal del Ministerio de Agroindustria Analía Alonso y al responsable de Asuntos Agrarios Igancio Diribarne, inspeccionaran el lugar un par de veces, resultando “negativo” el primer monitoreo.

Sin embargo, el pasado 5 de enero pudieron retirar el expediente, haciendo uso del derecho de acceso a la información pública, en el finalmente que se le da la razón a los denunciantes por confirmar las fumigaciones a cero metros de la Escuela 33.

Además, como por internet se puede hacer el seguimiento de un recurso judicial también se enteraron que el que ellos presentaron el 5 de diciembre se encuentra en el Juzgado de Faltas 2 en estado “no tratado”.

“Han pasado varios meses y no se ha sancionado, no se ha multado, ni siquiera el Intendente habló del tema”, lamentó Gómez, asegurando es una situación urgente como para que no se trate y que nunca escucharon a Miguel Lunghi hacer ninguna referencia al tema. Por este motivo y frente al apremio del tiempo es que optaron por hacer una presentación ante la Defensoría del Pueblo.

Agotando instancias

Actualmente el campo que linda con la institución educativa está cultivado con girasol y los vecinos no saben si se ha vuelto a aplicar en esas inmediaciones o no. De todas formas, Mestre recalcó que si bien la preocupación inmediata es por los alumnos y maestros de la escuela, no hay que olvidar que están rodeados de campos donde se realiza agricultura convencional y continúan con las aplicaciones de herbicidas, fungicidas y fertilizantes.

“Verlo o no verlo es circunstancial, sabemos que estamos siendo fumigados”, aseveró.

Ante esta realidad, la semana pasada se presentaron en la dependencia dirigida por Paula Lafourcade. En primera instancia se presentaron como “Asamblea de Vecinos La Porteña, por un ambiente saludable”, que es como se conformaron para trabajar en comisiones, y mediante una carta actualizaron sobre su situación.

“Le pedimos su intervención el derecho nuestro y nuestros hijos por un ambiente saludable, luego a pedido de la Defensora tomamos copia del expediente y se lo llevamos”, explicó.

El grupo se mostró conforme con la respuesta de Lafourcade, ya que antes de la presentación que realizaron ya había manifestado apoyo al reclamo. “Sentimos la mejor predisposición”, destacaron. “Por lo pronto, tenemos fe en que va a poder destrabar esto que desde principio de diciembre está estancado”, dijeron expectantes.

“Tandil está atrasada”

Al comparar los avances percibidos en otras localidades de la Provincia, incluso algunas vecinas como Olavarría que se unió a la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología (Renama), determinaron que Tandil está muy atrasada “en las distancias o el desarrollo de un ‘cordón verde’”.

“Hay un montón de alternativas”, ofrecieron, destacando que no están en contra de nadie, sino que quieren la salud para todos, ahora puntualmente preocupados por los niños y docentes que van a esa Escuela.

En este sentido revelaron que están trabajando en conjunto con los vecinos de Gardey, que también vienen luchando hace tiempo por las aplicaciones de agroquímicos.

“Recordemos que el artículo 10 de la ordenanza actual permite el uso de todos estos herbicidas en espacios públicos”, resaltó Mestre. “Es terrible”, coincidieron los tres voceros, lamentando que en la Plaza del centro, como en todo el resto de la ciudad, estén presentes estos productos.

“Lo más preocupante es que en el caso de las piletas de Gardey el responsable de Asuntos Agrarios, Ignacio Diribarne, haya dicho que el riesgo esté reducido a la mínima potencia porque el cloro desactiva los agroquímicos”, enfatizó Gómez. Al respecto, desestimó esa conjetura, ya que no resulta una hipótesis confirmada científicamente en ningún caso.

Los vecinos decidieron darle una entidad al grupo para que se sepa que esta lucha no es circunstancial, sino que van a sostenerse en el tiempo, siempre clamando por un ambiente saludable.

Prácticas naturalizadas

Por su parte, Marcelo Tello, es docente en establecimientos rurales y ve con mucha intranquilidad que las fumigaciones sean cuestiones ya naturalizadas. “Alrededor de las escuelas incluso hay familias que trabajan de aplicadores y a la vez son víctimas de las aplicaciones”, contó.

Asimismo, se refirió a la falta de conciencia existente ante el modelo productivo imperante, que ni siquiera se cuestiona. “En Tandil no se deja abierta la posibilidad a buscar otras alternativas, mientras que otros Municipios han avanzado”, dijo.

Exteriorizó, entonces, que tanto en el cuidado del medioambiente como el de la salud de las poblaciones están avanzando en todo el país. “Acá no se nos escucha”, advirtió, señalando que el derecho como ciudadanos es proteger estas cuestiones, lamentando que los chicos estén tan expuestos.

Vale mencionar que la Mesa de Escuelas Rurales fue la entidad convocada para “dar calma” a la colectividad y no generar paranoia ante las denuncias y el estado público que tomó el tema, sin embargo a los vecinos les llamó la atención que no haya sido convocada la comunidad en general.

Además, les sorprendió la ausencia de médicos, ambientalistas, biólogos o cualquier persona experta en la temática, dentro de esa mesa para que sean capaces de brindar una “visión más completa”.

“El discurso resumido que nos dieron fue que la aplicación de fitosanitarios es una de las tareas que se tienen que realizar en los espacios rurales y que, ejerciendo buenas prácticas agrícolas, no hay riesgos”, explicó Silvia Gómez que como madre de alumnos sí pudo presenciar el encuentro.

Cabe recordar que el compromiso del grupo los ha llevado a interiorizarse e informar sobre los distintos aspectos y consecuencias de la fumigación con pesticidas, al punto de discernir con las “buenas prácticas agrícolas” que promueven desde los gobiernos Nacional, Provincial y Municipal.

Con unos dos mil matriculados, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires (Ciafpba) cierra el año con un muy buen balance. Si bien en enero y febrero de 2019 empezaron con las asambleas provincial y regional, fue recién en mayo que comenzaron a funcionar operativamente, entonces en sus primeros ocho meses de trabajo han podido cumplir con las metas que se habían propuesto para esta parte.

“Estamos en los 400 matriculados en la región sudeste, cuando nuestro propósito es llegar a los 500, así que muy contentos de estar a poco de lograrlo”, sostuvo Daniel Garaguso, secretario de esta región.

Fue un año de mucha discusión, comunicación entre colegas y de negociación de las autoridades actuales con las del anterior colegio para resolver la serie de pasos administrativos para terminar la separación.

Cabe recordar que esta entidad surgió luego de una larga lucha por independizarse del Colegio de Ingenieros en general. En la división establecida, Tandil resultó sede de la región sudeste, que abarca a todas las localidades comprendidas dentro del triángulo Olavarría, Necochea y General Madariaga, siendo un total de 22 partidos.

“Estamos llegando a buen puerto”, celebró al considerar que se superaron los 1500 matriculados históricos que tuvo siempre el colegio anterior, y reveló que la meta para el año que viene es duplicar los dos mil actuales. Asimismo, contó que quieren acercarse a los 10 mil o 12 mil profesionales de la provincia.

“Entendemos que este es un beneficio para el productor y la sociedad, que tiene garantías de que quien lo asesore será un ingeniero agrónomo recibido y con título, no un idóneo”, realzó. A su vez, mencionó que el profesional va a tener un respaldo en cuanto a los honorarios que debe cobrar por su tarea, en cualquiera de las áreas que se desempeñe.

Planificar en pos del medioambiente

“Aunque a la gente le parezca mentira, nosotros somos los primeros ambientalistas y nos preocupa el cuidado del medioambiente, porque sabemos cómo hay que hacer las aplicaciones, dónde se puede hacer otra cosa que no sea aplicando productos”, indicó Garaguso.

Es que desde los comienzos del Ciafpba postularon que uno de los principales intereses que tienen es dar respuesta a inquietudes como la efectiva aplicación de la Ley de Agroquímicos en la provincia de Buenos Aires.

“Está bien que la sociedad reclame más controles, porque todos somos buenos, pero si nos controlan somos mejores”, analizó. Por eso es que hacen constante hincapié en las buenas prácticas agrícolas, y otras alternativas posibles a ir desarrollando.

Ya habían anunciado la idea de que la innovación en la profesión del agrónomo va hacia un equilibrio entre producir más y mantener el recurso suelo cuidando el medioambiente.  Así, previo a la conformación del colegio, Garaguso había avisado que trabajarían sobre el reclamo que hay con respecto al control de las pulverizaciones cerca de los centros urbanos. Con este fin es que actualmente están en permanente contacto, tanto con el Ministerio de Agroindustria como con la Dirección de Sanidad Vegetal.

“La idea es interactuar con ellos todo el tiempo, estar juntos en las etapas y procesos de uso de productos agroquímicos, porque hay conflictividad en las zonas aledañas a las urbanas”, explicó. En este sentido, aseguró que se está trabajando mucho a nivel de los municipios para que estas aplicaciones sean controladas, tengan la presencia de un profesional y den aviso de cuándo van a realizar las tareas.

Sin embargo, y haciendo directamente pie en el anteproyecto recientemente presentado por Graciela Canziani en la Banca XXI del Concejo Deliberante, advirtió que no se puede ligeramente legislar sobre las prohibiciones. “Es como querer disminuir la tasa de accidentes de tránsito evitando que circulen los vehículos”, ejemplificó. Para él, esto sería muy eficiente, pero data de muy poca imaginación para resolver el tema, y propuso que hay muchas alternativas y variantes que se pueden desarrollar.

“Queremos ser orgánicos, naturales, podemos hacerlo, pero planificando, no cambiando el hábito de un día para otro”, insistió, apoyando las medidas que van hacia los modelos productivos que no se sustentan solamente a base de insumos.

Buscando puntos de encuentro

El colegio tiene previsto avanzar en una serie de convenios con la Provincia para facilitar los controles, pero con el cambio de presidencia todo se demoró un poco y tendrán que volver a conversar para llevarlas adelante.

“En Tandil estamos en permanente contacto con la Secretaría de Medioambiente de acá y nos parece fantástico que si alguien hace una contravención, se multe y se controle. Lo que tiene que funcionar es la comunicación, ya nadie puede hacer su actividad como si estuviera aislado del mundo. Para esto, destacó que es necesaria la colaboración de todos.

Como colegio, remarcó que apoyan la actividad del Círculo de Ingenieros Agrónomos de la ciudad. Asimismo, están integrando una Mesa Intersectorial de Producción Agropecuaria de Tandil, que se formó hace un mes, en donde están involucrados todos los actores en el proceso productivo: entidades de productores, grupo de aplicadores, Círculo y Colegio de Veterinarios, apicultores, más asesoramiento de la Municipalidad de Tandil, la Provincia y el Senasa.

“Así como tenemos un Tandil que exportamos por el turismo, podemos tener una ciudad que produce sin tener conflicto en las zonas que están entre lo rural y lo urbano”, anheló. Para esto, aseguró que son ellos los que tiene conocimiento pleno de cómo armar alternativas que sean productivas, cuiden el medioambiente y el recurso del suelo.

En la sesión ordinaria del Concejo Deliberante, a través de la Banca 21, se presentó un anteproyecto de ordenanza para regular la aplicación de plaguicidas en el territorio y la prohibición de la aplicación aérea, a fin de resguardar la salud de la población y el ambiente. Tras la presentación, el texto ingresó para su tratamiento y evaluación  en las comisiones de labor parlamentaria pertinentes.

La doctora Graciela Canziani, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas de la Unicen, hizo uso de la palabra desde la “Banca del Pueblo”, la herramienta que tienen los ciudadanos para hacer llegar sus inquietudes al cuerpo legislativo.

El completo trabajo llevado adelante por la doctora Canziani, en colaboración con estudiantes y graduados de la carrera de Tecnología Ambiental de la Unicen y el ingeniero Claudio Lowy, propone una nueva mirada hacia un cambio de paradigma que se corra del sistema de producción de monocultivo hacia la agroecología, respetando a las personas y su entorno natural.

El proyecto 

El anteproyecto contempla múltiples aristas que incluye la regulación  adecuada para la aplicación, la prohibición de aplicación aérea,  los alcances de la normativa, la creación de una autoridad de aplicación y de un registro de aplicadores y equipos, zonas para transporte y circulación, verificación de seguridad, lavado de equipos, responsabilidades, realización de análisis  ambientales, manipulación de envases, capacitación, educación y monitoreo, y  sanciones.

En su exposición, Canziani realizó un relato exhaustivo de la literatura científica y los estudios que confirman el daño que estos productos generan en las personas y el entorno. La preocupación surgió en el seno de la Universidad frente a una normativa municipal que permite la aplicación de agroquímicos sin restricción en espacios verdes y la zona rural, y la falta de estudios que evalúen la presencia de estos elementos en el agua, el suelo y el aire. También se señaló la vacancia de estudios epidemiológicos que releven la situación real de la población en cuanto a la toxicidad.

Además, apuntaron a conocer cualitativa y cuantitativamente los tipos de agroquímicos usados en el Partido y su distribución territorial.

Venenos a la orden del día

En diálogo con El Eco de Tandil, la doctora Canziani ratificó que la ordenanza actual es muy permisiva y expuso que “no  protege a nadie menos a los niños, que están formándose y son más vulnerables a las acciones de estos productos a biocidas”.

La prestigiosa académica focalizó la problemática  en los efectos reproductivos de estas sustancias; cáncer, abortos espontáneos, malformaciones, celiaquía, problemas hormonales, entre otros, y la ausencia de una línea de trabajo que sistematice y vincule las cuestiones epidémicas con la utilización de agroquímicos.

En Tandil objetó que no hay registro de qué insumos se aplican, dónde ni cuánto, pese a que eso debería estar  registrado con receta agronómica. “Tenemos que llevar registro para poder entender cuáles son las causas y los efectos”, destacó.

Volver a la agroecología

Según indicó Canziani, hay un estudio reciente del INTA que demuestra que en la  provincia de Buenos Aires  la materia orgánica de los suelos se redujo del 30 al 50 por ciento. En este punto afirmó que para revertir la merma en la capacidad productiva del suelo hay que volver a la rotación de cultivos y a la agricultura en combinación con la ecología, sin por eso descuidar las ganancias que el productor agropecuario pueda obtener.

“Hay que analizarlo muy cuidadosamente para mantener la productividad, cambiar el sistema y proteger desde ahora a la población”, sintetizó.

La normativa vigente

En febrero, el Ministerio de Agroindustria bonaerense  atrás con la resolución 246/18 sobre fitosanitarios, que había entrado  en vigencia el 1 de enero del corriente año y a la que Tandil adhirió.

La normativa generó variadas controversias porque habilitaba la fumigación cerca de áreas urbanas y escuelas rurales, de acuerdo a determinadas condiciones meteorológicas, de toxicidad y equipos a utilizar.

Haciéndose eco del malestar de la opinión pública y atendiendo diferentes demandas, el ministro Leonardo Sarquís, exgerente de Monsanto, estableció la abstención total en cuanto a la realización de aplicaciones y pulverizaciones de fitosanitarios, en los lotes que linden con establecimientos educativos, campos de bombeo o baterías de pozos para el abastecimiento público, cuerpos y cursos de agua emplazados en el área rural.

“El problema que se planteó con la resolución de Sarquís es que hubo un rechazo desde la gente. Se está tomando conciencia de lo que significa la aplicación irrestricta de los plaguicidas y se quiere proteger el hábitat”, consideró.

La legislación sancionada en la ciudad en abril de 2011 solamente  prohíbe dentro del Partido de Tandil la aplicación de agroquímicos por vía aérea o terrestre, en lotes que se encuentren a menos de 150 metros de establecimientos escolares, centros de salud, establecimientos elaboradores de productos alimenticios. En cuanto a los cursos de agua principales, la reglamentación local impide las fumigaciones a menos de 50 metros, e indica una distancia de aplicación para cursos de agua menores de dos veces el ancho del curso tomada desde la línea de ribera.

Voluntariado universitario 

Con el afán de nuclear varias voluntades Jonathan Cepeda -estudiante de la carrera de Tecnología Ambiental en la Facultad de Ciencias Exactas-, junto a las graduadas Leyli Kazlauskas y Carla Stadler, entre otros, se contactaron con la docente Canziani para vehiculizar una acción concreta en pos de hacer aportes sobre el tema.

En este marco surgió un proyecto de voluntariado universitario financiando por la Secretaría de Políticas Universitarias, y a lo largo de dos años trabajaron  en 15 escuelas  de la zona rural del Partido, con docentes, niños y adolescentes, y el aval de la Jefatura Distrital de Educación.

De esta manera, pudieron conocer la realidad del área rural y constatar la falta de conocimiento del daño toxicológico que estas sustancias provocan. De acuerdo a las conclusiones obtenidas, el desconocimiento unido al discurso de que con las buenas prácticas agrícolas se minimizan los riesgos, induce a la población a no tomar las precauciones necesarias.

Escuelas contaminadas

Los investigadores del proyecto tomaron muestras de suelo y agua de pozo para analizarlas, los estudios detectaron la presencia de 16 agroquímicos  plaguicidas en las escuelas rurales del partido de Tandil, varios de ellos caracterizados por su condición de disruptores endócrinos.

Con la intención de poder efectuar análisis a la población para obtener datos estadísticos que ayuden a impulsar el tema y a obtener un panorama detallado de lo que sucede en el territorio, la buena voluntad de los sujetos  se topó con la vacancia estatal.

“La realidad es que no tenemos los recursos materiales ni económicos para avanzar. En su momento el trabajo fue financiado por la secretaría para realizar los estudios de cromatografia de agua de pozo y suelo”, contó Jonathan, peor no cuentan con fondos actuales para desarrollar estudios de otro tipo.

Por su parte, Leyli afirmó que “estamos en una instancia en la que el Estado tiene que ayudarnos. Colaboramos en esto y nos seguimos formando, pero nos haría falta apoyo para seguir avanzando”.

“La otra pata es la concientización, la parte social hacia la población rural y general, no alcanza con la ordenanza sin hacer entender la problemática y que se sepa cómo actuar y cuidarnos”, observó Carla.

Este jueves, en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante, la doctora Graciela Canziani, docente e investigadora de la Facultad de Exactas de la Unicen, presentó un anteproyecto de ordenanza elaborado en conjunto con otros actores, para regular la aplicación de plaguicidas en el territorio y prohibir su aplicación aérea, a fin de resguardar la salud de la población y el ambiente.

La especialista hizo uso de la palabra desde la Banca 21 o “Banca del Pueblo”, la herramienta que tienen los ciudadanos para hacer llegar sus inquietudes al cuerpo legislativo. En su exposición, Canziani realizó un relato exhaustivo de la literatura científica y los estudios que confirman el daño que estos productos -como el glifosato- generan en las personas y el entorno.

El ministro de Agroindustria suspendió por un año la aplicación de la resolución sobre agroquímicos

El completo trabajo llevado adelante por la doctora Canziani, en colaboración con estudiantes y graduados de la carrera de Tecnología Ambiental de la Unicen y el ingeniero Claudio Lowy, propone una nueva mirada hacia un cambio de paradigma que se corra del sistema de producción de monocultivo hacia la agroecología, respetando a las personas y el hábitat natural.

La preocupación surgió en el seno de la Universidad frente a una normativa municipal que permite la aplicación de agroquímicos sin demasiadas restricciones en espacios verdes y la zona rural, y la falta de estudios que evalúen la presencia de estos elementos en el agua, el suelo y el aire.

También se señaló la vacancia de estudios epidemiológicos que releven la situación real de la población en cuanto a la toxicidad. Además, apuntaron a conocer cualitativa y cuantitativamente los tipos de agroquímicos usados en el Partido y su distribución territorial.

Especialista del Acuerdo del Bicentenario cuestionó al Ejecutivo por adherir al protocolo de fitosanitarios

El anteproyecto contempla múltiples aristas que incluye la regulación adecuada para la aplicación terrestre y la prohibición de aplicación aérea; la creación de una autoridad de aplicación y de un registro de aplicadores y equipos; zonas para transporte y circulación; verificación de seguridad; lavado de equipos; responsabilidades; realización de análisis  ambientales; manipulación de envases; capacitación, educación y monitoreo; y sanciones.

Tras la presentación, el texto ingresó para su tratamiento y evaluación en las comisiones de labor parlamentaria pertinentes.

Como cada 6 de agosto desde 1959, hoy se celebra el Día del Ingeniero Agrónomo y del Médico Veterinario, en conmemoración a que en esa fecha, pero en 1883, se dictó por primera vez en Argentina la carrera de agronomía en la Escuela Agrotécnica y Veterinaria “Santa Catalina”.

En esta oportunidad los agrónomos pueden decir que tienen un motivo más para festejar, ya que a principio de año lograron la conformación de su propio Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires (Ciafpba). Hace unos tres meses que están trabajando en la sede que comparten con el Colegio de Veterinarios y en estos primeros pasos están transitando la etapa de registro de profesionales.

Según reveló Daniel Garaguso, secretario de la región sudeste del Ciafpba e integrante de la comisión directiva del Círculo de Ingenieros Agrónomos de Tandil (CIAT), ya prácticamente están llegando al número de matriculados que había en la otra entidad que los nucleaba. “Venimos muy bien, estamos en una etapa de crecimiento”, aseguró.

Al respecto, informó que a fines de agosto dejará de estar vigente la matrícula del otro colegio, ya que hasta ahora están superpuestas, entonces a partir de esa fecha podrán saber la plena actividad profesional porque tendrán que estar registrados en el nuevo para poder ejercer.

Además, desde su creación se han ocupado de desarrollar un sistema de visado de los contratos, sobre todo para aquellos que son necesarios entre los profesionales y las agronomías, principalmente ligados a la aplicación de agroquímicos. Esto es algo que se puede hacer a través del sitio web, con la intención de facilitar el trámite y agilizar la gestión del mismo.

Haciendo girar la rueda

Por otro lado, el secretario de la región sudeste contó que la devolución que están teniendo por parte de los matriculados es muy buena por las posibilidades que están dando para poder colegiarse, sin tener que trasladarse.

“Convengamos que es algo tan nuevo que de nuestra parte implica una tarea de difusión y de acercarnos a los colegas para informar desde la vigencia de la ley hasta los beneficios que van a tener estando adentro de la entidad”, reflexionó.

Entre estas posibilidades, cabe destacar que cada matriculado cuenta con una tabla de honorarios mínimos que puede utilizar para cotizar y valorizar su tarea profesional, como así también el asesoramiento en la parte previsional. Asimismo, los colegas recién recibidos podrán registrarse sin costo de matrícula durante su año de egreso y el siguiente.

Durante este año, entonces, advirtió que estarán en un proceso de concientización para que todos entiendan que tienen sus derechos y obligaciones para el momento de ejercicio de la profesión y para eso aseguró que requieren del compromiso de todos.

“Obviamente nuestra idea es llegar a tener la mayor cantidad de colegiados que podamos y poder brindar mayores servicios, pero estamos muy conformes con lo que hemos logrado en estos meses, haciendo que la rueda empiece a funcionar”, aseveró.

Control de las aplicaciones de agroquímicos

La innovación en la profesión del agrónomo va hacia un equilibrio entre producir más y mantener el recurso suelo cuidando el medioambiente. Según indicó el referente local, la conformación de este espacio independiente ayuda a potenciar el desarrollo de las actividades que venían desarrollando desde los centros.

Uno de los principales intereses que tienen es dar respuesta a muchas inquietudes que está planteando la sociedad en relación a la actividad agropecuaria. Entre las cuestiones más relevantes está la efectiva aplicación de la Ley de Agroquímicos en la provincia de Buenos Aires.

Ya previo a la conformación del colegio, Garaguso había avisado que trabajarían sobre el reclamo que hay con respecto al control de las pulverizaciones cerca de los centros urbanos. Con este fin es que actualmente están en permanente contacto tanto con el Ministerio de Agroindustria como con la Dirección de Sanidad Vegetal.

“La idea es interactuar con ellos todo el tiempo, estar juntos en las etapas y procesos de uso de productos agroquímicos, porque hay conflictividad en las zonas aledañas a las urbanas”, explicó. En este sentido, aseguró que se está trabajando mucho a nivel de los municipios para que estas aplicaciones sean controladas, tengan la presencia de un profesional y den aviso de cuándo van a realizar las tareas.

Vale aclarar que la provincia de Buenos Aires cerró el 2018 con el anuncio de una normativa que buscaba unificar la legislación vigente. De esta manera, la Resolución 246/18 de Agroindustria apuntaba a ordenar el uso de estos productos, en donde más allá de la Ley 10.699 cada municipio tenía la palabra final, sobre todo en un apartado tan sensible como las distancias de aplicación.

Si bien la resolución entró en vigencia en enero de este año, finalmente el Gobierno dio marcha atrás con esta resolución y fue suspendida hasta el próximo año. De todas maneras, desde el Estado garantizaron seguir trabajando en la búsqueda de mejorar todos los aspectos vinculados a la aplicación de fitosanitarios en territorio bonaerense.

Los pasos hacia la independencia

Vale recordar que en enero de este años, tras dos décadas intentando independizarse de los ingenieros en general, se formalizó la creación del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires (Ciafpba).

El primer intento fue allá por el 2000, pero no tenían a nivel provincial gente capacitada que pudiera ponerse al frente del mismo. Pasaron los años con actividad en el Círculo y en las demás entidades, hasta que en 2016 se pudo volver a presentar un proyecto que fue aprobado en Diputados en 2017 y durante 2018 en Senadores. Finalmente salió la ley que garantizó su creación.

En la asamblea de conformación se puso a consideración la aprobación del reglamento interno y el código de ética del nuevo colegio, mediante los cuales se han establecido las pautas para el funcionamiento y trabajaron en una comisión especial formada por integrantes de las asociaciones de ingenieros agrónomos y el Ministerio de Justicia.

En la división establecida, Tandil resultó sede de la región sudeste, que abarca a todas las localidades comprendidas dentro del triángulo Olavarría, Necochea y General Madariaga, siendo un total de 22 partidos.