La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha dispuesto la unificación y simplificación de los procedimientos vigentes del régimen de facturación electrónica. La medida fue oficializada a través de la Resolución General 5866/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La normativa introduce como novedad principal la Liquidación electrónica mensual. Este mecanismo permite que determinados sectores puedan facturar sus operaciones de forma individual o mediante un único comprobante por período mensual a cada cliente.

Los sujetos que pueden optar por esta modalidad serán entidades financieras (Ley 21.526), entidades de seguros (Ley 20.091), administradoras de tarjetas de crédito, prepagas y sistemas de pago por transferencia, instituciones educativas de gestión privada y entidades de medicina prepaga constituidas como asociaciones o fundaciones, y proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) inscriptos ante la CNV.

Según lo estipulado, estos comprobantes deberán emitirse hasta el último día de cada mes y ponerse a disposición de los receptores en un plazo máximo de diez días corridos desde su emisión.

La resolución también actualiza el umbral para la identificación obligatoria de consumidores finales. A partir de la entrada en vigencia de la norma, se deberá exigir el DNI, CUIL o pasaporte cuando el importe de la operación sea igual o superior a 10.000.000 de pesos. No obstante, si el receptor solicita la factura para computar deducciones en el impuesto a las ganancias, la identificación mediante CUIT será obligatoria sin importar el monto de la transacción.

En cuanto a las instituciones educativas de gestión privada, la normativa ratifica que los comprobantes deben detallar por separado la enseñanza programática, la extraprogramática y otros conceptos adicionales como comedor o transporte. Asimismo, deberán emitir facturas electrónicas que separen las actividades comprendidas en los niveles de educación oficial de aquellas que no lo están.

Por su parte, en el sector asegurador se eliminan los sistemas específicos previos, como el WebService de seguros de caución de la Resolución General 2668. De esta manera, todas las operaciones deberán gestionarse mediante un único “WebService” general, permitiendo que las aseguradoras operen bajo un sistema unificado de facturación electrónica.

Finalmente, aunque la norma general entrará en vigencia el 1 de julio de 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero estableció un cronograma escalonado para su implementación, detallando además quiénes se encuentran exceptuados de emitir comprobantes en situaciones específicas.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se encuentra trabajando en la próxima actualización semestral del Impuesto a las Ganancias, un proceso que traerá cambios significativos para los trabajadores en relación de dependencia. El mecanismo vigente ajusta las escalas y las deducciones en función de la inflación acumulada durante los seis meses previos, por lo que se espera el anuncio oficial para los próximos meses.

Las proyecciones privadas anticipan un incremento en los umbrales a partir de julio de 2026. Si bien los valores definitivos dependerán del dato inflacionario de junio y de la publicación oficial, ya existen estimaciones sobre quiénes continuarán alcanzados por el tributo. En caso de que la inflación de junio se ubique en un 2%, el acumulado del primer semestre alcanzaría un rango del 17%, lo que elevaría el mínimo para comenzar a tributar de manera considerable respecto de los valores actuales.

Actualmente, un trabajador soltero y sin hijos comienza a pagar el impuesto a partir de ingresos de 2.490.037,88 pesos netos mensuales, equivalentes a unos 3.000.046 pesos brutos. El nuevo esquema impactará en el bolsillo de los empleados de la cuarta categoría, ya que algunos dejarán de tributar y otros verán reducida la carga mensual que se descuenta en sus recibos de sueldo.

El sistema funciona de manera progresiva, donde la empresa empleadora actúa como agente de retención. Para determinar la base imponible, se toma el sueldo bruto y se descuentan los aportes obligatorios, como jubilación y obra social, que representan alrededor del 17%. Posteriormente, se aplican las deducciones permitidas por la normativa vigente. El sistema divide los ingresos en tramos con porcentajes que van desde el 5% hasta el 35%.

Para evitar pagar de más, es fundamental mantener actualizada toda la información en SiRADIG Trabajador, la herramienta digital disponible dentro de ARCA.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) introdujo modificaciones significativas en el sistema de resguardos fiscales, con el objetivo de ampliar el uso de la declaración jurada como garantía para los operadores del sector. Esta medida fue formalizada a través de la Resolución General 5864/2026, la cual fue publicada este martes en el Boletín Oficial.

La normativa se sustenta en el Decreto 838/2025, el cual habilitó la presentación de documentos suscritos por los interesados como garantía para las destinaciones de importación y exportación, ya sean estas definitivas o suspensivas. Según se detalla en los considerandos de la resolución, esta adecuación tiene como propósito fundamental “ofrecer a los operadores de comercio exterior una alternativa más accesible, sin comprometer la solvencia del sistema, el control aduanero ni el debido resguardo del interés fiscal”.

Con esta reforma, se actualizó el esquema previsto en la Resolución General N° 3.885, que regula los tipos de garantías aceptables para cada modo de operación u obligación. Entre las opciones de garantía que el sistema permite se encuentran: efectivo y depósitos a plazo fijo en el Banco Nación, seguros de caución y avales bancarios, títulos públicos y cauciones de acciones y declaraciones juradas o documentos suscritos por el interesado o terceros.

Asimismo, la normativa efectivizó la implementación de la declaración jurada sistémica para un amplio abanico de situaciones operativas. Esta modalidad será válida para operaciones tales como exportaciones e importaciones temporales, mercadería sujeta a análisis o investigación de valor, envíos en consignación y tránsitos terrestres o sustitución de importaciones y exportaciones.

Desde el organismo informaron que las modificaciones entraron en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial. No obstante, la aplicación efectiva de estos cambios se llevará a cabo de manera gradual, siguiendo un cronograma de implementación que será difundido por ARCA a través de su sitio web oficial.

ARCA inició una fiscalización masiva orientada a revisar los conceptos que los empleados en relación de dependencia utilizan para disminuir el pago del Impuesto a las Ganancias.

A través de un cruce sistémico de información, el fisco nacional detectó un volumen de irregularidades superior al promedio habitual y comenzó a enviar miles de notificaciones electrónicas a los domicilios fiscales de los contribuyentes.

Según confirmaron fuentes de ARCA, las mayores inconsistencias se concentraron en los gastos de adquisición de indumentaria y equipamiento para uso exclusivo en el lugar de trabajo. Al tratarse de un concepto deducible que carece de un tope nominal estricto -a diferencia de otras cargas-, el organismo identificó abusos y desvíos en los montos informados.

Ante este escenario, las autoridades optaron por abrir una instancia de “regularización temprana”, invitando a los asalariados a rectificar sus datos de manera voluntaria antes de avanzar con intimaciones de carácter punitivo. NA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), una iniciativa diseñada para facilitar la regularización de relaciones laborales mediante condonaciones de deuda y esquemas de pago extendidos hasta 72 cuotas.

La normativa fue formalizada este jueves a través de la Resolución General 5862/2026, publicada en el Boletín Oficial. El esquema permite normalizar vínculos laborales iniciados hasta el 5 de marzo de 2026 inclusive, siempre que se encuentren vigentes al momento de la adhesión. Los empleadores tendrán plazo hasta el 28 de noviembre de 2026 para concretar el registro formal de su personal, incluyendo obligaciones devengadas hasta el período de octubre de este año.

El régimen abarca tanto a relaciones laborales totalmente no registradas como a aquellas que presentan deficiencias, tales como fechas de inicio inexactas o remuneraciones declaradas por debajo de lo percibido. La medida contempla la condonación parcial de deudas de capital e intereses por aportes y contribuciones destinados a la seguridad social, incluyendo el SIPA, PAMI, el Fondo Nacional de Empleo y Asignaciones Familiares. Asimismo, se otorgará una condonación del 100% en deudas vinculadas al Sistema Nacional del Seguro de Salud, la Ley de Riesgos del Trabajo (ART) y el Seguro Colectivo de Vida Obligatorio.

Para las deudas remanentes, ARCA estableció dos vías de cancelación que deberán finalizarse antes del 28 de noviembre de 2026. Los empleadores deberán gestionar el trámite mediante el servicio con Clave Fiscal denominado Simplificación Registral. En caso de rectificaciones de remuneraciones, se deberá utilizar el sistema Declaración en Línea o las versiones actualizadas de los aplicativos de seguridad social.

La resolución excluye expresamente a las relaciones laborales del sector público nacional, provincial o municipal, así como a aquellos empleados que ya hubieran sido regularizados bajo la Ley de Bases. Aunque la norma entró en vigencia de forma inmediata, los sistemas informáticos específicos estarán plenamente operativos a partir del 16 de junio de 2026.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), una iniciativa diseñada para regularizar relaciones laborales mediante importantes condonaciones de deuda y planes de pago de hasta 72 cuotas. 

La medida fue formalizada este jueves a través de la Resolución General 5862/2026, publicada en el Boletín Oficial, donde se establecieron los requisitos y plazos para que los empleadores del sector privado normalicen situaciones de trabajadores no registrados o con datos declarados de forma deficiente.

El esquema alcanza a los vínculos laborales iniciados hasta el 5 de marzo de 2026 inclusive, siempre que se encuentren vigentes al momento de la adhesión. Los empleadores tendrán tiempo hasta el 28 de noviembre de 2026 para realizar el registro formal de su personal, pudiendo incluir obligaciones devengadas hasta el período de octubre de este año.

La normativa contempla tanto a las relaciones laborales totalmente no registradas como a aquellas que presentan irregularidades, tales como una fecha de inicio posterior a la real o una remuneración declarada inferior a la efectivamente percibida. El régimen incluye la condonación parcial de deudas de capital e intereses correspondientes a aportes y contribuciones destinados a los subsistemas de seguridad social, tales como el SIPA, PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asignaciones Familiares.

Asimismo, se otorga una condonación del 100% de la deuda vinculada a aportes y contribuciones al Sistema Nacional del Seguro de Salud, Ley de Riesgos del Trabajo (ART) y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio. Para saldar la deuda remanente, ARCA ofrece dos vías de cancelación que deberán concretarse antes del 28 de noviembre de 2026.

Para adherirse, los empleadores deberán utilizar el servicio con Clave Fiscal denominado Simplificación Registral, aplicando los códigos de modalidad de contratación específicos según el tamaño de la empresa. En los casos de rectificación de remuneraciones, se deberá emplear el sistema Declaración en Línea o las versiones actualizadas de los aplicativos de seguridad social.

La norma aclara que quedan excluidas las relaciones laborales del Sector Público nacional, provincial o municipal. Del mismo modo, no podrán adherirse aquellos empleados que ya hubieran sido regularizados previamente bajo la Ley de Bases. Si bien la resolución general entró en vigencia de forma inmediata, ARCA informó que los sistemas informáticos específicos estarán plenamente disponibles a partir del 16 de junio de 2026.

El Gobierno nacional oficializó este miércoles la reglamentación para la instalación de tiendas libres de impuestos, conocidas como free shops, en los pasos fronterizos terrestres del país. La medida fue establecida mediante el Decreto 438/2026, el cual incorpora una normativa adoptada por el Mercosur en 2018.

El nuevo marco normativo permite que estos locales se ubiquen en áreas bajo control aduanero en pasos habilitados, tales como Puerto Iguazú, Paso de los Libres, Santo Tomé, Cristo Redentor o La Quiaca. Para operar, los interesados deberán obtener una doble autorización del Ministerio de Economía y la habilitación aduanera de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El decreto, que lleva las firmas del ministro de Economía, Luis Caputo, y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, especifica que las ventas estarán destinadas exclusivamente a viajeros que crucen la frontera. Asimismo, las mercaderías adquiridas deberán cumplir con las franquicias, límites y controles del régimen de equipaje vigente.

En los fundamentos de la norma, el Gobierno destacó que el objetivo es dotar de mayor competitividad a las zonas de frontera, promover la actividad turística, incentivar el comercio regional y contribuir al desarrollo económico local, equiparando las condiciones con otros Estados Partes del Mercosur como Brasil, Paraguay y Uruguay.

La fiscalización de las operaciones, el control de las mercaderías y la supervisión de los locales estarán a cargo de la ARCA. Por otro lado, se informó que los free shops que ya operaban bajo el régimen anterior podrán continuar con su actividad bajo las mismas condiciones. Cabe recordar que, a comienzos del año pasado, la administración de Javier Milei inició procesos de licitación para la concesión de predios de servicios en puntos de cruce, donde se prevé la instalación de gastronomía, hotelería y otros servicios.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso la exoneración de Ricardo Echegaray, luego de que quedara firme la sentencia judicial que le impuso una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La medida fue comunicada a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), organismo que monitoreaba la situación administrativa del ex funcionario tras su condena por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.

La decisión administrativa se fundamenta en el Régimen Disciplinario Unificado del organismo, que establece la exoneración ante la imposición de penas que inhabiliten al agente para el ejercicio de la función pública. Según se informó, la inhabilitación dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3 ya posee fuerza ejecutoria, tras el rechazo del recurso extraordinario federal por parte de la Cámara Federal de Casación Penal el 12 de mayo de 2024.

Ricardo Echegaray, quien estuvo al frente de la AFIP entre 2009 y 2015, fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión. La investigación judicial se centró en irregularidades detectadas en la empresa Oil Combustibles, donde se determinó que se otorgaron planes de facilidades de pago que permitieron evitar el cobro de una deuda multimillonaria por el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC).

Con esta resolución, el organismo recaudador dio cumplimiento a la orden judicial, cerrando administrativamente un proceso que vinculó al ex funcionario con una de las causas de corrupción más relevantes de su gestión. La medida implica su desvinculación definitiva de la estructura estatal, ejecutando así la sanción accesoria impuesta por la Justicia.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó una serie de modificaciones clave en los procedimientos para la importación temporaria de mercaderías destinadas al perfeccionamiento industrial. Las adecuaciones fueron formalizadas mediante la Resolución General 5854/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Según el organismo, la medida busca “concretar la optimización de los procesos logísticos y de gestión, tanto para los operadores como para el propio servicio aduanero, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de simplificación y modernización aduanera”.

La normativa introduce cambios significativos en los plazos para solicitar extensiones de permanencia de la mercadería. A partir de ahora, los importadores deberán realizar la solicitud a través del sistema SITA con una anterioridad mínima de 10 días hábiles al vencimiento del plazo original. Además, el declarante tiene la obligación de notificar a la aduana de registro sobre la interposición de dicho pedido.

Al explicar este cambio, el organismo sostuvo que “resulta necesario establecer un plazo razonable de antelación para la presentación de las solicitudes de prórroga, que permita al servicio aduanero planificar adecuadamente los procedimientos de control y evaluación de dichas solicitudes”.

En caso de una denegatoria de prórroga una vez vencido el plazo, el servicio aduanero otorgará 20 días hábiles desde la notificación del rechazo para que el operador regularice la situación de la mercadería. Respecto a las garantías, se exigirá un refuerzo únicamente cuando el total de los tributos de importación para consumo supere el monto garantizado inicialmente.

Finalmente, ARCA dispuso que el Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (CTIT) debe ser presentado de forma física al momento de solicitar la aprobación técnica y fiscalización de las destinaciones.

De esta forma, se establecerá que la relación insumo/producto coincida con lo tipificado en el certificado. Además, las exportaciones o nacionalizaciones de mermas, residuos y sobrantes deberán respetar los porcentajes declarados en el CTIT o en el Certificado de Tipificación y Clasificación (CTC).

En el marco de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina, el FMI publicó un documento con un enfoque de mediano plazo que incluye una propuesta de reforma tributaria. El organismo, conducido por Kristalina Georgieva, planteó que el gobierno debería completar las modificaciones impositivas con una reforma fiscal integral, un compromiso que la gestión de Javier Milei asumió presentar antes de fin de año.

Según el análisis, una reforma integral a nivel federal podría generar ingresos de hasta 3,3% del PBI, de los cuales la mitad correspondería a las provincias. El informe detalla cinco ejes fundamentales para ampliar la base impositiva.

En primer lugar, el organismo sugiere la reducción del gasto tributario, evaluado en un 3,5% del PBI, mediante la unificación de los tipos del IVA y la reducción de regímenes preferenciales. En segundo lugar, propone la ampliación de la base del impuesto a las Ganancias.

La reforma de 2023 redujo drásticamente la base, dejando a menos del 1% de los trabajadores formales pagando el IRPF. La reforma debería reducir el umbral para que al menos el 20% de los trabajadores paguen Ganancias, lo que generaría alrededor del 0,4% del PIB.

El tercer punto es la reforma del régimen Monotributo. El FMI sostiene que, al alinear este sistema con el régimen general, el Estado podría obtener una recaudación adicional del 0,4% del PBI. El cuarto eje apunta a la simplificación del Impuesto sobre Sociedades, sugiriendo un impuesto mínimo basado en la facturación y un tipo fijo del 30%. Finalmente, el quinto punto propone el fortalecimiento de los impuestos especiales sobre el tabaco, el alcohol y las bebidas azucaradas.

Tras estas modificaciones, el organismo considera que existiría espacio para eliminar impuestos distorsivos, con especial énfasis en las retenciones a las exportaciones agrícolas. El documento estima que la eliminación de estos gravámenes podría incrementar las exportaciones en un 10% y aumentar los ingresos anuales en divisas en aproximadamente 5000 millones de dólares.

Tal como había adelantado el ministro de Economía, Luis Caputo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la prórroga para la presentación y el pago de las declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales e Impuesto Cedular correspondientes al período fiscal 2025.

La medida extiende excepcionalmente los vencimientos hasta el 27 de julio de 2026 para personas humanas y sucesiones indivisas, abarcando tanto a contribuyentes del régimen general como a quienes adhieran al Régimen de Declaración Jurada Simplificada. Asimismo, las declaraciones juradas informativas previstas en las Resoluciones Generales 2.442 y 4.003 podrán presentarse hasta el 31 de julio de 2026. La resolución entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial, modificando el calendario original que escalonaba los vencimientos desde el 11 de junio según la terminación del CUIT.

Según informó el organismo, la decisión respondió a las solicitudes de diversas entidades profesionales de ciencias económicas, que requerían mayor tiempo para la correcta confección de las declaraciones juradas del período fiscal 2025. El anuncio se concretó luego de una reunión en el Palacio de Hacienda entre el ministro Caputo y un grupo de contadores y especialistas tributarios.

Durante el encuentro, los profesionales plantearon inquietudes técnicas sobre el nuevo régimen simplificado, una herramienta clave dentro del paquete de la denominada ley de inocencia fiscal, diseñada para incentivar la declaración de fondos fuera del sistema formal. Tras la reunión, el ministro de Economía utilizó sus redes sociales para confirmar el aplazamiento y destacar el diálogo con el sector.

"Excelente reunión con el grupo de contadores, que nos explicaron en detalle sus sugerencias con respecto a la ley de inocencia fiscal", expresó el funcionario.

"Hubo consenso en que si implementamos esas modificaciones, habrá muchas más adhesiones al nuevo régimen", agregó, concluyendo que "también nos comprometimos a prorrogar los vencimientos para fin de julio".

Los especialistas trasladaron dudas operativas sobre las condiciones de ingreso al régimen simplificado, particularmente respecto a los topes máximos de adhesión, que contemplan límites de hasta $1.000 millones de ingresos brutos anuales y $10.000 millones de patrimonio total. También se discutieron los criterios de exclusión por inconsistencias fiscales y el sistema de sanciones previsto.

Ante estos planteos, el Gobierno nacional evalúa realizar ajustes técnicos y normativos para ampliar el alcance del esquema y facilitar la incorporación de más contribuyentes. Hasta el momento, ARCA registró más de 80.000 adhesiones al régimen simplificado, una cifra que se duplicó en las últimas semanas, aunque se estima que el universo potencial supera el millón de personas.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la implementación del recibo de sueldo 100% digital para trabajadoras de casas particulares. La medida fue establecida mediante la Resolución General 5850/2026 y alcanzará a más de 600.000 relaciones laborales del régimen especial. Con el nuevo sistema, las empleadas podrán acceder de manera online a los comprobantes de pago de sus salarios, en una iniciativa que busca simplificar trámites, reducir el uso de papel y agilizar la gestión administrativa.

Según explicó el organismo, el nuevo formato incorpora mecanismos de autenticidad, integridad, inmutabilidad, disponibilidad y trazabilidad documental. De esta manera, el recibo adquiere carácter de instrumento electrónico formal y refuerza la seguridad jurídica tanto para empleadores como para trabajadoras. Además, ARCA señaló que la digitalización permitirá minimizar errores formales en la emisión de recibos, fomentar la formalización de los pagos salariales y facilitar la presentación de prueba electrónica ante eventuales conflictos laborales.

A partir de ahora, los empleadores que emitan recibos mediante el Registro Especial del Personal de Casas Particulares deberán ponerlos a disposición de las trabajadoras exclusivamente en formato digital. La actualización se enmarca en la Ley 27.802 de Modernización Laboral.

Dentro de la sección “Pagos y recibos”, los empleadores podrán visualizar una nueva columna denominada “Fecha de lectura”, que indicará cuándo la trabajadora accedió al documento a través del Registro Especial de Casas Particulares con Clave Fiscal. Por su parte, las empleadas podrán consultar el Recibo de Sueldo Electrónico desde la sección “Mis trabajos”, en la opción “Recibos de sueldo”. Allí, al seleccionar “Ver recibo”, el documento podrá descargarse y compartirse de manera electrónica.

Consultado por La Nación, Sebastián Domínguez, ceo de SDC Asesores Tributarios, explicó que, hasta ahora, cuando el empleador abonaba el salario en efectivo, debía imprimir el recibo electrónico y solicitar la firma de la trabajadora para dejar constancia del pago. En ese sentido, señaló que la nueva modalidad podría impulsar una mayor bancarización dentro del régimen de casas particulares.

“El cambio puede generar que más empleadores abran cuentas bancarias a nombre de los empleados para evitar tener que imprimir y hacer firmar el recibo”

Para el especialista, la medida representa “un avance muy positivo” porque simplifica la operatoria para los empleadores. “Emite el recibo, no necesita imprimirlo ni hacerlo firmar y puede transferir el sueldo por banco”, sostuvo.

Además, destacó que el nuevo esquema permitirá a ARCA contar con información actualizada sobre los salarios abonados. “Quienes utilizaban el formulario en papel no informaban mensualmente el sueldo al organismo. Aunque existía la obligación de actualizarlo, en muchos casos no se hacía. Entonces, el organismo quedaba con registros salariales desactualizados mientras el empleador pagaba un monto superior”, explicó. Según Domínguez, con el recibo digital el ente recaudador “va a tener esos datos en su sistema para cruzarlos con la información de las declaraciones juradas”.

A través de la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución General 5850/2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) formalizó la implementación del recibo de pago electrónico obligatorio para el personal de casas particulares. La medida, que surge de la reciente Ley de Modernización Laboral, busca simplificar los trámites administrativos y reemplazar definitivamente el uso del papel en el ámbito laboral.

Con la entrada en vigencia de esta normativa, quienes empleen personal doméstico deberán generar los recibos de sueldo de forma exclusiva mediante el servicio web "Registro Especial del Personal de Casas Particulares", disponible en la página oficial del organismo.

Uno de los cambios principales es que la validación de identidad a través de la clave fiscal será suficiente para garantizar la autenticidad del documento, por lo que ya no se requerirá la firma del empleador en el formato digital. Por su parte, los trabajadores podrán visualizar sus recibos, consultar aportes y verificar constancias de pago ingresando al mismo portal o al sistema "Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos".

En los casos en que la remuneración se abone en efectivo, el empleador tendrá que imprimir el recibo electrónico por duplicado. El empleado deberá firmar la copia que quede en poder del empleador como constancia de la recepción del dinero.

Según lo estipulado por la resolución, estas disposiciones se aplicarán para los salarios devengados a partir del período de mayo de 2026. Para resolver dudas sobre las modalidades de pago, el organismo habilitó el micrositio "Casas Particulares" en su web institucional.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió modificar su estrategia judicial y dejará de apelar las sentencias que declaran inconstitucional el cobro del impuesto a las Ganancias sobre haberes jubilatorios. La decisión se tomó luego de que la Corte Suprema mantuviera durante años un criterio reiterado en favor de los pasivos que cuestionaron esos descuentos ante la Justicia.

La medida quedó formalizada a través de la Instrucción General 4/2026 de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos del organismo. Allí se dispuso que los representantes fiscales no presenten nuevos recursos ante el máximo tribunal en este tipo de causas y que, incluso, desistan de los recursos ya iniciados que todavía no fueron resueltos.

Según sostuvo ARCA en el texto oficial, el cambio busca evitar "mayores erogaciones a cargo del Fisco Nacional", en un contexto en el que el máximo tribunal viene rechazando de manera sistemática las apelaciones del organismo.

La decisión de ARCA tiene como base el fallo "García, María Isabel c/ AFIP", dictado por la Corte Suprema el 26 de marzo de 2019. En ese caso, el tribunal declaró la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Impuesto a las Ganancias en la medida en que gravaban haberes jubilatorios. El caso se convirtió en un antecedente central dentro del ámbito previsional y tributario.

La demandante era una jubilada de 79 años que presentaba problemas de salud y que, según el expediente, sufría retenciones que representaban entre el 29,33% y el 31,94% de sus ingresos previsionales. En aquel fallo, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco consideraron que el cobro del tributo, en esas condiciones, vulneraba principios constitucionales vinculados a la igualdad y a la protección de sectores en situación de vulnerabilidad.

El tribunal ordenó reintegrar las sumas retenidas desde la presentación de la demanda y estableció que, hasta tanto el Congreso dictara una ley específica sobre la materia, no debían aplicarse descuentos por Ganancias sobre la prestación previsional de la demandante.

Con la nueva instrucción, ARCA definió que los representantes fiscales no deberán presentar recursos extraordinarios ante la Corte Suprema ni recursos de queja cuando esos planteos sean rechazados en instancias anteriores. El documento firmado el 15 de mayo por Gustavo Heber Paturlannes, subdirector general de asuntos jurídicos de la entonces AFIP, señala que la decisión se fundamenta en la "sostenida jurisprudencia" de la Corte Suprema a partir del precedente "García".

En ese marco, ARCA instruyó a sus áreas jurídicas para que adapten la gestión judicial de los casos a la doctrina fijada por el máximo tribunal, mientras no exista un cambio de criterio por parte de la Corte Suprema o una nueva legislación del Congreso que establezca un régimen diferencial para jubilados en situación de vulnerabilidad.

La nueva postura de ARCA implica, en los hechos, reconocer que la estrategia judicial sostenida hasta ahora no venía teniendo resultados favorables para el organismo. Sin embargo, se aclaró que podrá continuar litigando en relación con honorarios profesionales y costas judiciales, con el objetivo de reducir gastos para el Estado.

De todos modos, la decisión no alcanzará a todos los expedientes. La norma establece excepciones para determinadas situaciones, como cuando quienes impulsan la demanda no tengan legitimación activa, o en aquellos casos en los que la representación fiscal considere que existen circunstancias particulares que permitan revertir el criterio judicial aplicado hasta el momento.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) envió un reclamo a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para frenar los embargos impuestos sobre empresas y Pymes que se encuentran en crisis.

La Cámara le envió una carta al titular de ARCA, Andrés Vásquez, con copia al ministro de Economía, Luis Caputo.

En la misma, sostienen que cortar el flujo comercial puede “agravar su situación hasta un punto irreversible”, e incluso “empujar a las más pequeñas a la marginalidad”.

“Nos referimos en particular a la traba de embargos sobre sumas a cobrar de sus clientes por los contribuyentes afectados, clientes que son notificados para que retengan los pagos y los depositen a favor de ARCA hasta completar la suma embargada”, indica la nota firmada por el titular de la CAC, Mario Grinman, y el secretario Ángel Machado.

La Cámara critica los embargos impuestos por el organismo estatal en el marco de acciones de cobro impulsivo.

“No desconocemos que esta y otras medidas cautelares las realiza ARCA en el marco de sus facultades legales y en defensa del crédito fiscal, resultando un accionar lícito; pero nos permitimos afirmar que lo consideramos totalmente inoportuno en las actuales circunstancias”, advierten.

Grinman argumentó que la situación que atraviesan las empresas, sobre todo las MiPymes, se da en un contexto donde se observa una reducción de ventas y márgenes, incrementos de costos, altas tasas de interés y dificultades de acceso al crédito como consecuencia de los “desarreglos macroeconómicos de larga data que aún no han podido ser plenamente corregidos, a pesar del mayúsculo ordenamiento que felizmente ha efectuado la actual administración nacional”.

Frente a esto, incitaron al Gobierno a “acompañar a las empresas en dificultades hasta que la situación económica general mejore, como algunos indicios permiten atisbar”, y le solicitan a ARCA que instruya a sus áreas legales para evitar tomar medidas precautorias. Al mismo tiempo, le demandan una flexibilización en las condiciones de acceso a planes de facilidades de pago.

“Esta forma de accionar preservará a la gran mayoría de las empresas y permitirá su adecuación a las nuevas condiciones de la economía, y a la vez posibilitará en el tiempo la recuperación del crédito del fisco. No dudamos que es el deseo de la enorme mayoría del empresariado”, concluyó la nota. NA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió este viernes ante la Justicia la denuncia penal contra el presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, en el marco de una investigación por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social.

La causa, que tramita en el juzgado a cargo de Diego Amarante, ya investigaba operaciones por alrededor de $19 mil millones. Sin embargo, la ampliación presentada por el organismo recaudador incorporó nuevos elementos que apuntan a una presunta maniobra de evasión fiscal mediante el uso sistemático de facturación apócrifa, con un perjuicio estimado para el Estado de $289.336.519,66.

Según la presentación impulsada por el titular de ARCA, Andrés Vázquez, tanto Tapia como Toviggino habrían integrado una supuesta “asociación ilícita fiscal” destinada a ocultar el destino final de fondos y reducir cargas tributarias.

La ampliación quedó incorporada al expediente CPE 1182/2025 y pone el foco en operaciones realizadas entre 2023 y 2025, especialmente aquellas vinculadas al predio que la AFA posee en Ezeiza. Allí, de acuerdo con la investigación, se detectaron pagos realizados a empresas con “irregularidades estructurales” y consideradas por el organismo como contribuyentes “no confiables”.

Además de Tapia y Toviggino, también aparecen mencionados en la investigación el secretario Víctor Blanco Rodríguez, el dirigente Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo.

La denuncia sostiene que existen “indicios graves, precisos y concordantes” de evasión tributaria agravada por el uso de facturas apócrifas. Para ARCA, las maniobras no habrían sido episodios aislados sino parte de un mecanismo reiterado a lo largo de distintos ejercicios fiscales.

La ampliación de la causa se produjo luego de una serie de fiscalizaciones y cruces de información bancaria realizados por el organismo recaudador sobre operaciones económicas relacionadas con la estructura financiera de la AFA.

En ese contexto, Vázquez solicitó que los dirigentes involucrados sean citados a declaración indagatoria y reclamó que la Justicia avance sobre el análisis integral de las operaciones financieras observadas en la investigación.

Existe un preconcepto generalizado por el cual se piensa que “Precios de Transferencia” (PdT) es una obligación exclusiva de las multinacionales, de aquellas empresas de capitales extranjeros que intercambian bienes y servicios con su casa matriz. Sin embargo, esto no es así: toda empresa que tenga fuertes vínculos con el exterior, incluso si estos no son societarios o accionarios, está alcanzada por la normativa y las obligaciones de PdT. Quedan comprendidas, por ejemplo, las empresas que tienen licencias o deudas que condicionan su actividad, y que las hace dependientes de otros sujetos del exterior.

Pero eso no es todo: también las empresas que importan y/o exportan a sujetos sin ninguna vinculación, cuando estos últimos están radicados en países considerados por Argentina como no cooperantes o de baja o nula imposición, deben cumplir obligaciones de Precios de Transferencia.

Por esto último, el potencial de estar obligado alcanza a un universo aún más amplio e inesperado: todos los que operen con países de la región como Paraguay o Bolivia, con países centrales como Irlanda o determinados cantones de Suiza, con Zonas Francas o traders (Uruguay, Hong Kong), así como con Islas Vírgenes Británicas y otros regímenes especiales o países calificados como paraísos fiscales en general, están alcanzados por las obligaciones de Precios de Transferencia.

Así, se escapa del empresario que, incluso si hubiera tenido una sola operación con este tipo de sujetos, con esa operación se compró una nueva obligación que involucra un gran trabajo técnico y una eventual multa por incumplimiento muy significativa.

Ahora bien, ¿por qué hablamos de un gran trabajo técnico? Porque se requiere un Estudio de Precios de Transferencia, el que involucra un análisis económico profundo que debe demostrar que los valores de las operaciones se corresponden con precios de mercado, conforme al estudio estadístico de comparables.

Es lógico entonces pensar que podría esperarse a que el Fisco cuestione los valores. Sin embargo, esto no es así: en materia de PdT son las empresas las que deben demostrar que los valores operados son de mercado. Y para ello, no hay espera posible: debe demostrarse debidamente y en los plazos preestablecidos al efecto, al vencimiento de la obligación. En nuestro país contamos con jurisprudencia que ha fallado en este sentido, desconociendo Estudios complementarios que pretendieron presentarse ya avanzada la revisión del Fisco y el proceso de determinación de oficio.

Entonces el trabajo debe hacerse con el detalle y profundidad de un buen análisis, y antes del vencimiento establecido al efecto por el Organismo Fiscal (al sexto mes del cierre del ejercicio comercial).

Y ¿qué pasa si no se presenta, y se espera al reclamo del Fisco?

Aquí es donde los recientes cambios en el régimen sancionatorio toman importancia: las multas por falta de presentación en término llegan hasta los $22 millones, y se agravan también otros incumplimientos con multas de hasta $40 millones.

De ahí la importancia de un buen y oportuno análisis de PdT, que debe entenderse como un costo propio de las operaciones con el exterior (importaciones, exportaciones y servicios en general), que puede ahorrarnos no sólo esas multas sino también ajustes del Impuesto a las Ganancias por diferencias en los precios intercambiados.

La autora es socia de LL&A

Diversos sectores vinculados al comercio exterior comenzaron a advertir sobre la preparación de modificaciones en el Código Aduanero por parte del Gobierno nacional. Los cambios estarían bajo la coordinación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, quien hasta el momento no brindó declaraciones oficiales sobre la iniciativa.

La versión sobre una transformación integral de la normativa creció a principios de este mes a partir de planteos de los trabajadores de la Aduana. Según detallaron, la cartera que conduce el extitular del Banco Central trabaja en el tema con el objetivo de flexibilizar controles, lo que podría derivar en una escasez de normativas para el ingreso y egreso de mercaderías.

Ante este escenario, el Centro Despachante de Aduana (CDA) mantuvo un encuentro con más de 20 cámaras y entidades del sector el pasado siete de abril. En dicho cónclave, se resolvió solicitar una audiencia con el director ejecutivo de ARCA, Andrés Vázquez, para dialogar sobre el futuro del marco regulatorio, aunque el encuentro todavía no se concretó.

Por su parte, Cristian Jerónimo, triunviro de la CGT y secretario general del sindicato del Vidrio, fue uno de los encargados de visibilizar la problemática.

"La verdad es que no conocemos los cambios en profundidad. Sí estamos enterados de algo que dejaron trascender, que es como todo lo que impulsa este Gobierno. Nos preocupa por demás que se busque debilitar toda esa estructura que sabemos lo que representa", señaló el dirigente.

El referente sindical destacó el profesionalismo de los trabajadores del Sindicato Único del Personal Aduanero (SUPARA), conducido por Daniel Mallotti, y subrayó la articulación con la AEFIP, encabezada por Pablo Flores. Ambas entidades representan a los trabajadores fiscales y de control aduanero dentro de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció modificaciones en la normativa para la determinación anual e ingreso del Impuesto a las Ganancias. La medida alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, según lo dispuesto en la Resolución General 5836/2026 publicada en el Boletín Oficial. 

La nueva norma incorpora el Régimen de Declaración Jurada Simplificada, una opción basada en las condiciones dispuestas por la Ley N° 27.799. Con esta iniciativa, el Gobierno nacional busca consolidar el sistema de Inocencia Fiscal para fomentar la circulación de ahorros de residentes locales.

Para acceder a este mecanismo tributario, los contribuyentes deberán realizar el trámite a través del servicio "Ganancias Personas Humanas - Portal Integrado" en el sitio web oficial de la institución. Es requisito indispensable contar con Clave Fiscal con Nivel de Seguridad dos o superior para ingresar al sistema.

Bajo esta modalidad, el organismo pondrá a disposición la información que ya posee en sus sistemas, así como la suministrada por responsables o terceros. Los usuarios podrán revisar estos datos precargados y realizar los ajustes, modificaciones o eliminaciones que consideren necesarios antes de confirmar la presentación definitiva.

Finalmente, la normativa aclara el procedimiento para corregir datos ya presentados. El texto establece que la presentación de declaraciones juradas rectificativas deberá efectuarse a través del régimen general o del simplificado, según corresponda en cada situación particular.

El empresario Alberto Samid, conocido durante décadas como el “rey de la carne”, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Tras ser una de las figuras más influyentes del sector ganadero en Argentina, el hombre de 78 años se declaró en quiebra y comenzó a utilizar las redes sociales para promocionar productos y generar ingresos alternativos.

La medida judicial fue decretada en diciembre por el Juzgado Comercial N°25, luego de que fracasara el acuerdo con acreedores en el marco de un concurso preventivo iniciado en 2022. El empresario acumuló un pasivo superior a los $276 millones, principalmente por deudas con organismos fiscales como ARCA y ARBA. Este escenario marcó el punto de quiebre en su situación financiera, obligándolo a buscar nuevas fuentes de sustento.

Ante la imposibilidad de operar comercialmente de forma tradicional, Samid explicó públicamente los motivos que lo llevaron a volcarse al mundo digital. “Me jubilé y con $300.000 por mes no vivo” expresó a través de su cuenta personal. A partir de esa realidad, el histórico dirigente empezó a ofrecer canjes publicitarios e invitó directamente a marcas y emprendedores a contactarlo para difundir sus servicios.

La situación actual de Samid refleja un giro drástico respecto de su trayectoria mediática y empresarial. Durante años fue uno de los rostros más visibles del negocio cárnico, pero hoy su estrategia consiste en monetizar su exposición pública en plataformas digitales. Este fenómeno, cada vez más común entre figuras conocidas, se convirtió en su principal recurso ante las restricciones legales y financieras que enfrenta.

El proceso judicial no solo implica dificultades económicas, sino también limitaciones para operar en el mercado. La falta de acuerdo con sus acreedores y las deudas acumuladas con organismos públicos condicionan su capacidad de recuperación en el corto plazo. De este modo, el capital simbólico de su nombre y su historia se transformaron en una herramienta de supervivencia en la economía digital.