La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) envió un reclamo a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para frenar los embargos impuestos sobre empresas y Pymes que se encuentran en crisis.

La Cámara le envió una carta al titular de ARCA, Andrés Vásquez, con copia al ministro de Economía, Luis Caputo.

En la misma, sostienen que cortar el flujo comercial puede “agravar su situación hasta un punto irreversible”, e incluso “empujar a las más pequeñas a la marginalidad”.

“Nos referimos en particular a la traba de embargos sobre sumas a cobrar de sus clientes por los contribuyentes afectados, clientes que son notificados para que retengan los pagos y los depositen a favor de ARCA hasta completar la suma embargada”, indica la nota firmada por el titular de la CAC, Mario Grinman, y el secretario Ángel Machado.

La Cámara critica los embargos impuestos por el organismo estatal en el marco de acciones de cobro impulsivo.

“No desconocemos que esta y otras medidas cautelares las realiza ARCA en el marco de sus facultades legales y en defensa del crédito fiscal, resultando un accionar lícito; pero nos permitimos afirmar que lo consideramos totalmente inoportuno en las actuales circunstancias”, advierten.

Grinman argumentó que la situación que atraviesan las empresas, sobre todo las MiPymes, se da en un contexto donde se observa una reducción de ventas y márgenes, incrementos de costos, altas tasas de interés y dificultades de acceso al crédito como consecuencia de los “desarreglos macroeconómicos de larga data que aún no han podido ser plenamente corregidos, a pesar del mayúsculo ordenamiento que felizmente ha efectuado la actual administración nacional”.

Frente a esto, incitaron al Gobierno a “acompañar a las empresas en dificultades hasta que la situación económica general mejore, como algunos indicios permiten atisbar”, y le solicitan a ARCA que instruya a sus áreas legales para evitar tomar medidas precautorias. Al mismo tiempo, le demandan una flexibilización en las condiciones de acceso a planes de facilidades de pago.

“Esta forma de accionar preservará a la gran mayoría de las empresas y permitirá su adecuación a las nuevas condiciones de la economía, y a la vez posibilitará en el tiempo la recuperación del crédito del fisco. No dudamos que es el deseo de la enorme mayoría del empresariado”, concluyó la nota. NA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió este viernes ante la Justicia la denuncia penal contra el presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, en el marco de una investigación por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social.

La causa, que tramita en el juzgado a cargo de Diego Amarante, ya investigaba operaciones por alrededor de $19 mil millones. Sin embargo, la ampliación presentada por el organismo recaudador incorporó nuevos elementos que apuntan a una presunta maniobra de evasión fiscal mediante el uso sistemático de facturación apócrifa, con un perjuicio estimado para el Estado de $289.336.519,66.

Según la presentación impulsada por el titular de ARCA, Andrés Vázquez, tanto Tapia como Toviggino habrían integrado una supuesta “asociación ilícita fiscal” destinada a ocultar el destino final de fondos y reducir cargas tributarias.

La ampliación quedó incorporada al expediente CPE 1182/2025 y pone el foco en operaciones realizadas entre 2023 y 2025, especialmente aquellas vinculadas al predio que la AFA posee en Ezeiza. Allí, de acuerdo con la investigación, se detectaron pagos realizados a empresas con “irregularidades estructurales” y consideradas por el organismo como contribuyentes “no confiables”.

Además de Tapia y Toviggino, también aparecen mencionados en la investigación el secretario Víctor Blanco Rodríguez, el dirigente Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo.

La denuncia sostiene que existen “indicios graves, precisos y concordantes” de evasión tributaria agravada por el uso de facturas apócrifas. Para ARCA, las maniobras no habrían sido episodios aislados sino parte de un mecanismo reiterado a lo largo de distintos ejercicios fiscales.

La ampliación de la causa se produjo luego de una serie de fiscalizaciones y cruces de información bancaria realizados por el organismo recaudador sobre operaciones económicas relacionadas con la estructura financiera de la AFA.

En ese contexto, Vázquez solicitó que los dirigentes involucrados sean citados a declaración indagatoria y reclamó que la Justicia avance sobre el análisis integral de las operaciones financieras observadas en la investigación.

Existe un preconcepto generalizado por el cual se piensa que “Precios de Transferencia” (PdT) es una obligación exclusiva de las multinacionales, de aquellas empresas de capitales extranjeros que intercambian bienes y servicios con su casa matriz. Sin embargo, esto no es así: toda empresa que tenga fuertes vínculos con el exterior, incluso si estos no son societarios o accionarios, está alcanzada por la normativa y las obligaciones de PdT. Quedan comprendidas, por ejemplo, las empresas que tienen licencias o deudas que condicionan su actividad, y que las hace dependientes de otros sujetos del exterior.

Pero eso no es todo: también las empresas que importan y/o exportan a sujetos sin ninguna vinculación, cuando estos últimos están radicados en países considerados por Argentina como no cooperantes o de baja o nula imposición, deben cumplir obligaciones de Precios de Transferencia.

Por esto último, el potencial de estar obligado alcanza a un universo aún más amplio e inesperado: todos los que operen con países de la región como Paraguay o Bolivia, con países centrales como Irlanda o determinados cantones de Suiza, con Zonas Francas o traders (Uruguay, Hong Kong), así como con Islas Vírgenes Británicas y otros regímenes especiales o países calificados como paraísos fiscales en general, están alcanzados por las obligaciones de Precios de Transferencia.

Así, se escapa del empresario que, incluso si hubiera tenido una sola operación con este tipo de sujetos, con esa operación se compró una nueva obligación que involucra un gran trabajo técnico y una eventual multa por incumplimiento muy significativa.

Ahora bien, ¿por qué hablamos de un gran trabajo técnico? Porque se requiere un Estudio de Precios de Transferencia, el que involucra un análisis económico profundo que debe demostrar que los valores de las operaciones se corresponden con precios de mercado, conforme al estudio estadístico de comparables.

Es lógico entonces pensar que podría esperarse a que el Fisco cuestione los valores. Sin embargo, esto no es así: en materia de PdT son las empresas las que deben demostrar que los valores operados son de mercado. Y para ello, no hay espera posible: debe demostrarse debidamente y en los plazos preestablecidos al efecto, al vencimiento de la obligación. En nuestro país contamos con jurisprudencia que ha fallado en este sentido, desconociendo Estudios complementarios que pretendieron presentarse ya avanzada la revisión del Fisco y el proceso de determinación de oficio.

Entonces el trabajo debe hacerse con el detalle y profundidad de un buen análisis, y antes del vencimiento establecido al efecto por el Organismo Fiscal (al sexto mes del cierre del ejercicio comercial).

Y ¿qué pasa si no se presenta, y se espera al reclamo del Fisco?

Aquí es donde los recientes cambios en el régimen sancionatorio toman importancia: las multas por falta de presentación en término llegan hasta los $22 millones, y se agravan también otros incumplimientos con multas de hasta $40 millones.

De ahí la importancia de un buen y oportuno análisis de PdT, que debe entenderse como un costo propio de las operaciones con el exterior (importaciones, exportaciones y servicios en general), que puede ahorrarnos no sólo esas multas sino también ajustes del Impuesto a las Ganancias por diferencias en los precios intercambiados.

La autora es socia de LL&A

Diversos sectores vinculados al comercio exterior comenzaron a advertir sobre la preparación de modificaciones en el Código Aduanero por parte del Gobierno nacional. Los cambios estarían bajo la coordinación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, quien hasta el momento no brindó declaraciones oficiales sobre la iniciativa.

La versión sobre una transformación integral de la normativa creció a principios de este mes a partir de planteos de los trabajadores de la Aduana. Según detallaron, la cartera que conduce el extitular del Banco Central trabaja en el tema con el objetivo de flexibilizar controles, lo que podría derivar en una escasez de normativas para el ingreso y egreso de mercaderías.

Ante este escenario, el Centro Despachante de Aduana (CDA) mantuvo un encuentro con más de 20 cámaras y entidades del sector el pasado siete de abril. En dicho cónclave, se resolvió solicitar una audiencia con el director ejecutivo de ARCA, Andrés Vázquez, para dialogar sobre el futuro del marco regulatorio, aunque el encuentro todavía no se concretó.

Por su parte, Cristian Jerónimo, triunviro de la CGT y secretario general del sindicato del Vidrio, fue uno de los encargados de visibilizar la problemática.

"La verdad es que no conocemos los cambios en profundidad. Sí estamos enterados de algo que dejaron trascender, que es como todo lo que impulsa este Gobierno. Nos preocupa por demás que se busque debilitar toda esa estructura que sabemos lo que representa", señaló el dirigente.

El referente sindical destacó el profesionalismo de los trabajadores del Sindicato Único del Personal Aduanero (SUPARA), conducido por Daniel Mallotti, y subrayó la articulación con la AEFIP, encabezada por Pablo Flores. Ambas entidades representan a los trabajadores fiscales y de control aduanero dentro de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció modificaciones en la normativa para la determinación anual e ingreso del Impuesto a las Ganancias. La medida alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, según lo dispuesto en la Resolución General 5836/2026 publicada en el Boletín Oficial. 

La nueva norma incorpora el Régimen de Declaración Jurada Simplificada, una opción basada en las condiciones dispuestas por la Ley N° 27.799. Con esta iniciativa, el Gobierno nacional busca consolidar el sistema de Inocencia Fiscal para fomentar la circulación de ahorros de residentes locales.

Para acceder a este mecanismo tributario, los contribuyentes deberán realizar el trámite a través del servicio "Ganancias Personas Humanas - Portal Integrado" en el sitio web oficial de la institución. Es requisito indispensable contar con Clave Fiscal con Nivel de Seguridad dos o superior para ingresar al sistema.

Bajo esta modalidad, el organismo pondrá a disposición la información que ya posee en sus sistemas, así como la suministrada por responsables o terceros. Los usuarios podrán revisar estos datos precargados y realizar los ajustes, modificaciones o eliminaciones que consideren necesarios antes de confirmar la presentación definitiva.

Finalmente, la normativa aclara el procedimiento para corregir datos ya presentados. El texto establece que la presentación de declaraciones juradas rectificativas deberá efectuarse a través del régimen general o del simplificado, según corresponda en cada situación particular.

El empresario Alberto Samid, conocido durante décadas como el “rey de la carne”, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Tras ser una de las figuras más influyentes del sector ganadero en Argentina, el hombre de 78 años se declaró en quiebra y comenzó a utilizar las redes sociales para promocionar productos y generar ingresos alternativos.

La medida judicial fue decretada en diciembre por el Juzgado Comercial N°25, luego de que fracasara el acuerdo con acreedores en el marco de un concurso preventivo iniciado en 2022. El empresario acumuló un pasivo superior a los $276 millones, principalmente por deudas con organismos fiscales como ARCA y ARBA. Este escenario marcó el punto de quiebre en su situación financiera, obligándolo a buscar nuevas fuentes de sustento.

Ante la imposibilidad de operar comercialmente de forma tradicional, Samid explicó públicamente los motivos que lo llevaron a volcarse al mundo digital. “Me jubilé y con $300.000 por mes no vivo” expresó a través de su cuenta personal. A partir de esa realidad, el histórico dirigente empezó a ofrecer canjes publicitarios e invitó directamente a marcas y emprendedores a contactarlo para difundir sus servicios.

La situación actual de Samid refleja un giro drástico respecto de su trayectoria mediática y empresarial. Durante años fue uno de los rostros más visibles del negocio cárnico, pero hoy su estrategia consiste en monetizar su exposición pública en plataformas digitales. Este fenómeno, cada vez más común entre figuras conocidas, se convirtió en su principal recurso ante las restricciones legales y financieras que enfrenta.

El proceso judicial no solo implica dificultades económicas, sino también limitaciones para operar en el mercado. La falta de acuerdo con sus acreedores y las deudas acumuladas con organismos públicos condicionan su capacidad de recuperación en el corto plazo. De este modo, el capital simbólico de su nombre y su historia se transformaron en una herramienta de supervivencia en la economía digital.

La recaudación tributaria de marzo volvió a encender señales de alerta sobre la marcha de la economía. Si bien los ingresos del Estado nacional crecieron en términos nominales, volvieron a quedar por detrás de la inflación y reflejan el impacto de la pérdida de poder adquisitivo y la desaceleración de la actividad.

Según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los recursos tributarios alcanzaron los 16,017 billones de pesos durante marzo, lo que implicó un incremento interanual del 26,2 por ciento. Sin embargo, el dato quedó por debajo de la suba de precios del mismo período, que rondó el 31 por ciento, lo que en la práctica se traduce en una caída real de la recaudación.

El comportamiento de los principales tributos mostró un escenario heterogéneo, aunque con predominio de factores negativos. El Impuesto al Valor Agregado (IVA), uno de los principales termómetros del consumo, recaudó 5,6 billones de pesos y creció un 28,7 por ciento interanual, también por debajo de la inflación. En este caso, el componente impositivo fue el que sostuvo el resultado, mientras que el IVA aduanero evidenció el impacto de la caída de las importaciones.

Por su parte, el Impuesto a las Ganancias volvió a mostrar debilidad: generó ingresos por 2,6 billones de pesos, con una suba del 17,1 por ciento, muy por debajo del promedio general. La merma se explicó, entre otros factores, por la ausencia de anticipos de sociedades y por cambios en los parámetros del tributo que redujeron su impacto.

En la misma línea, los impuestos vinculados al comercio exterior reflejaron el enfriamiento de la actividad. Las retenciones a las exportaciones fueron el único rubro con caída nominal (-14,6 por ciento), afectadas por la reducción de alícuotas a cultivos clave como soja, trigo y maíz. A su vez, los derechos de importación crecieron, pero condicionados por una menor dinámica de compras al exterior.

El cuadro se completa con los recursos de la Seguridad Social, que ascendieron a 4,4 billones de pesos con una suba del 28,5 por ciento, impulsados por los salarios formales. En contrapartida, el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios fue uno de los pocos que logró ubicarse por encima de la inflación, con un alza del 38,4 por ciento.

Este fenómeno tiene además un efecto en cadena sobre las provincias y municipios. La menor recaudación nacional, sumada a las tensiones en la transferencia de fondos coparticipables, reduce los recursos disponibles en los niveles subnacionales, donde los gobiernos locales suelen ser la primera instancia de respuesta ante el aumento de la demanda social.

Febrero, mes de recategorización para los monotributistas y denuncias de aviso de cambios de categoría compulsivos por parte de ARCA. Pero la Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno tildó de “falso” un artículo de Página 12 titulado “Recategorización ilegal a monotribustistas”, y que lleva por bajada el siguiente texto: “ARCA aplica una suba arbitraria de la cuota que perjudicaría a 4 millones de contribuyentes”.

En la respuesta del Gobierno a través de la red social X, dice el posteo, “en estos días circularon versiones que indican que ARCA estaría usando transferencias personales o movimientos familiares de billeteras virtuales para recategorizar monotributistas de manera ‘ilegal’. Esto es categóricamente FALSO”. Y sigue el texto, la desmentida oficial.

Lo cierto es que la recategorización del Monotributo es una obligación semestral que deben cumplir los contribuyentes adheridos al régimen simplificado. El trámite se realiza en febrero y agosto y consiste en evaluar si, de acuerdo con los parámetros de los últimos doce meses, corresponde mantener la categoría actual o modificarla. Para eso, explica ARCA, se toman en cuenta los ingresos brutos acumulados, la energía eléctrica consumida, la superficie afectada a la actividad y, en caso de corresponder, el monto de los alquileres devengados.

Pero en el texto publicado hoy por el Gobierno, se insiste en que “ARCA no utiliza transferencias personales (préstamos, regalos, propinas, dinero propio transferido entre cuentas, etc.) para recategorizar. Lo que se informa y se analiza son operaciones comerciales cobradas con tarjeta de crédito, débito o QR, tal como figura explícitamente en las notificaciones enviadas. Se miran cobros, no transferencias”.

En estos casos, dice ARCA, cuando se “detecta que un monotributista cobró por medios electrónicos más de lo que facturó, se envía una notificación y se otorgan quince días para justificar esos ingresos. Solo si no hay justificación, puede corresponder una recategorización. Además, la información sobre transferencias solo se reporta a partir de montos muy elevados: ARCA no recibe información de transferencias por debajo de 50 millones de pesos mensuales”.

El procedimiento de recategorización, siempre de acuerdo con la agencia de recaudación, se realiza de manera online a través del portal de Monotributo con clave fiscal. El sistema suele ofrecer una propuesta automática basada en la facturación registrada, lo que permite confirmar la categoría sugerida o modificar los datos si fuera necesario. Quedan exceptuados de recategorizarse quienes mantengan los mismos parámetros y aquellos contribuyentes que no hayan cumplido seis meses completos de actividad.

Pero, advierte la web, cuando el contribuyente no realiza el trámite en término o cuando el organismo detecta inconsistencias entre la categoría declarada y la información disponible -por ejemplo, movimientos bancarios o gastos superiores a los límites permitidos- la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) puede disponer una recategorización de oficio. Esta decisión se notifica en el Domicilio Fiscal Electrónico y detalla los fundamentos del cambio.

Frente a esa situación, el monotributista tiene derecho a apelar. El primer paso es revisar la notificación recibida y verificar los motivos invocados por el organismo. Si considera que la recategorización no corresponde, puede presentar una apelación dentro de los quince días hábiles administrativos posteriores a la notificación. La presentación se realiza a través del servicio “Presentaciones Digitales”, ingresando con clave fiscal y seleccionando el trámite “Recategorización de oficio del Monotributo – Apelación en término”.

Allí se debe fundamentar el reclamo de manera clara y precisa, explicando por qué los parámetros considerados no reflejan la realidad de la actividad. Es clave adjuntar documentación respaldatoria, como facturas emitidas, contratos, constancias bancarias u otros comprobantes que permitan demostrar el encuadre correcto.

Si el plazo de quince días ya hubiera vencido, aún es posible interponer un recurso fuera de término mediante la misma plataforma, aunque en este caso la situación procesal puede resultar más compleja. En cualquier caso, la revisión administrativa permitirá que el organismo analice nuevamente los datos antes de que la recategorización quede firme.

De no presentarse ningún recurso, la nueva categoría asignada de oficio quedará confirmada y el contribuyente deberá abonar el importe correspondiente a partir del período indicado en la notificación, con los ajustes que pudieran derivarse. Por eso, especialistas recomiendan controlar periódicamente el Domicilio Fiscal Electrónico y conservar ordenada la documentación de la actividad.

De nuevo al descargo oficial en la red X, “no se controlan transferencias personales hasta 50 millones de pesos, no se recategoriza por dinero familiar o movimientos entre cuentas, se controlan cobros comerciales no facturados, el proceso es el mismo de todos los años”. Y a modo de cierre, “ante cualquier duda, siempre recomendamos revisar la notificación recibida y consultar por los canales oficiales”.

El mes pasado ARCA publicó la tabla del monotributo que está vigente desde este mes, con valores incrementados en un 14,29% respecto de los del semestre anterior. El impacto que la suba tiene en cada monotributista respecto de lo pagado hasta enero depende de si, después de la recategorización, quedó en la misma categoría en la que ya estaba, o si se trasladó a otra más alta o más baja.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó la primera recategorización del Monotributo correspondiente a 2026. El trámite estará disponible hasta el próximo 5 de febrero y es obligatorio para todos los contribuyentes alcanzados por el régimen.

La recategorización define el monto de la cuota mensual que los monotributistas deberán abonar durante los próximos seis meses, en función de la facturación y otros parámetros registrados en los últimos 12 meses. Desde el organismo aclararon que el sistema mostrará de manera automática la categoría sugerida, aunque el contribuyente podrá modificar los datos si considera que no reflejan sus ingresos reales.

La habilitación del trámite se dio luego de que ARCA confirmara una actualización del 14,28% en los topes de facturación, las cuotas mensuales y otros parámetros del régimen, como los alquileres devengados. El ajuste responde a la inflación acumulada durante el segundo semestre de 2025 y tendrá impacto en los importes a pagar a partir de febrero.

Para determinar si corresponde un cambio de categoría, los monotributistas deben analizar la actividad desarrollada en los últimos 12 meses y comparar la facturación anual con los límites vigentes, además de otros factores como la superficie afectada a la actividad, el monto de los alquileres y el consumo de energía eléctrica. Si alguno de estos parámetros supera o queda por debajo de los valores de la categoría actual, corresponde realizar la recategorización.

El trámite se realiza de forma digital a través del portal Monotributo. Los contribuyentes deben ingresar con CUIT y clave fiscal, seleccionar la opción “recategorizarme”, revisar la categoría informada por el sistema, cargar la facturación de los últimos 12 meses, confirmar la nueva categoría e imprimir la credencial actualizada.

Con la actualización vigente desde enero, los nuevos topes de facturación anual van desde $10.277.988,13 para la categoría A hasta $108,35 millones para la categoría K. En paralelo, las cuotas mensuales totales, que incluyen impuesto integrado, aportes jubilatorios y obra social, registraron aumentos que oscilan desde los $42.386,74 en la categoría A hasta $1.381.687,90 para la categoría K en el caso de servicios.

Desde ARCA remarcaron que las modificaciones no son optativas y que la recategorización resulta clave para mantener la situación fiscal regularizada dentro del régimen simplificado.

Los monotributistas argentinos que deban actualizar su categoría tienen plazo hasta el 5 de febrero para realizar la recategorización del Monotributo, el trámite semestral que permite ajustar la categoría de acuerdo con los ingresos, el consumo de energía, la superficie del local o los alquileres registrados en los últimos 12 meses.

La recategorización es obligatoria para quienes hayan tenido variaciones en sus parámetros de actividad durante el último año. Si los ingresos u otros indicadores superan o quedan por debajo de los límites de la categoría vigente, corresponde modificarla dentro del sistema de Monotributo de ARCA.

El procedimiento se realiza de manera online a través del portal de Monotributo, con CUIT y clave fiscal. ARCA incorporó además una opción simplificada que permite visualizar automáticamente la facturación anual del contribuyente, facilitando la evaluación del encuadre correcto.

En cambio, quienes no tengan que recategorizarse porque no registraron cambios relevantes en sus parámetros o porque llevan menos de seis meses de actividad, no están obligados a realizar el trámite y conservarán su categoría actual.

La recategorización semestral se efectúa siempre en febrero y agosto, tomando como referencia los ingresos y demás parámetros del año calendario inmediato anterior. La nueva categoría tendrá efecto durante los siguientes seis meses dentro del régimen simplificado. A partir de este período, el trámite también puede realizarse desde dispositivos móviles mediante la app ARCA Móvil o desde la web de Monotributo.

En medio del fuerte crecimiento que registran en Argentina plataformas de comercio electrónico como Temu y Shein, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó una actualización del régimen de importación definitiva para consumo de mercaderías sin finalidad comercial ni industrial, destinada a personas humanas.

Con el objetivo de simplificar trámites, digitalizar procesos y mejorar el control aduanero, la Resolución General 5805/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, modifica el procedimiento establecido originalmente por la Resolución General 3172.

Según la nueva normativa, la importación personal de mercaderías nuevas o usadas deberá formalizarse mediante el procedimiento simplificado previsto en la Resolución General 3628, con registro en el Módulo Declaración Detallada del Sistema Informático Malvina (SIM) y utilización de los códigos aduaneros correspondientes.

Solo podrán ingresar productos destinados al uso o consumo personal, siempre que su cantidad, valor o características no indiquen una finalidad comercial.

Las operaciones estarán alcanzadas por los derechos y gravámenes del régimen general de importación, y el valor en aduana se definirá al momento de la verificación. También deberán respetarse las prohibiciones vigentes y, cuando corresponda, la intervención de otros organismos.

En los casos en que por cuestiones operativas no sea posible realizar el registro mediante el sistema simplificado, la importación deberá formalizarse a través del formulario “Solicitud para importar mercaderías por personas humanas sin finalidad comercial y/o industrial” (OM-2153-A), que fue transformado en un formato digital e interactivo.

Este formulario estará disponible en la sección “Formularios” y en el micrositio “Viajeros” del sitio web de la agencia de Recaudación y Control Aduanero.

Además, la resolución delegó en la dirección general de Aduanas la facultad de realizar las adecuaciones necesarias a los requisitos formales del procedimiento, con el fin de garantizar el debido control aduanero y la correcta aplicación de prohibiciones.

El licenciado Andrés Edgardo Vázquez asumirá como nuevo Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a partir del próximo jueves 18 de diciembre, en reemplazo de Juan Alberto Pazo, según se publicó este martes en el Boletín Oficial. 

Desde el Ministerio de Economía se aseguró que Pazo “seguirá colaborando incondicionalmente con el ministro Luis Caputo”, pero a partir de ahora desde el sector privado.

El Decreto 890/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, acepta las renuncias de Pazo al cargo de Director Ejecutivo de ARCA y de Vázquez a la Dirección General Impositiva (DGI), ambas con efecto desde el 18 de diciembre.

En el mismo acto administrativo se formaliza la designación de Vázquez como nuevo titular del organismo recaudador, para completar un período de ley. La norma agradece a los funcionarios renunciantes por los servicios prestados en el desempeño de sus respectivos cargos.

El cambio en la dirección ejecutiva apunta a asegurar la continuidad institucional del organismo en las tareas de recaudación, fiscalización y control aduanero en todo el país.

Simultáneamente a la publicación en el Boletín Oficial, en las redes del Ministerio de Economía se publicó un comunicado en el que se anunció el recambio. “El Director Ejecutivo de ARCA, Juan Pazo, le comunicó hoy (por el lunes) al Ministro de Economía, Luis Caputo, su decisión de renunciar al cargo que asumió el 11 de diciembre del 2024”, afirmó el texto.

“Pazo, quien volverá a desempeñarse en el sector privado en el cual desarrolló exitosamente toda su vida profesional, seguirá colaborando incondicionalmente con el Ministro Caputo y aportando su mirada para potenciar la actividad privada y el crecimiento de la economía argentina”, añadió.

El texto destacó que durante la gestión de Pazo se llevaron adelante “grandes y profundas transformaciones en el organismo, tales como la simplificación de regímenes informativos, la implementación del IVA Simple, el Régimen Simplificado de Ganancias, el impulso del Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, entre otros”.

Se comunicó que “en su lugar asumirá Andrés Vázquez, actual titular de la Dirección General Impositiva, quien representa la continuidad de las políticas del Presidente Milei y el Ministro Caputo en materia tributaria y aduanera”.

“El Ministro agradece a Juan Pazo la tarea realizada y su compromiso el desarrollo económico de la Argentina, y lo invita a seguir aportando su experiencia desde el lugar que ocupe”, concluyó el comunicado.

Luis Caputo despidió a Juan Pazo a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, donde destacó su aporte clave al equipo económico.

“Su honestidad, su profesionalismo y su capacidad de ejecución son extraordinarias”, señaló Caputo, al mismo tiempo que agradeció “infinitamente” los servicios prestados durante su paso por la administración pública.

El ministro expresó además su deseo de poder convencerlo en el futuro de regresar al sector público y cerró su mensaje con una frase de despedida. “Te vamos a extrañar, Juan”, finalizó.

Por orden de la justicia federal de Lomas de Zamora, la Policía Federal y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizan este martes 35 allanamientos en forma simultánea. Estos procedimientos forman parte de la investigación por presunto lavado de dinero de la compañía Sur Finanzas, de Ariel Vallejo, empresario vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

La búsqueda de documentación, celulares y vehículos se lleva a cabo en las dos sedes de la AFA -el edificio de la calle Viamonte y el predio "Lionel Andrés Messi" de Ezeiza-, la sede de la Superliga Profesional y 18 clubes, de los que 15 están en la Provincia de Buenos Aires. Todas las entidades están relacionadas con Sur Finanzas, ya sea mediante contratos de sponsoreo o eventuales vínculos administrativos bajo investigación.

Además de las sedes de la AFA y la de la Superliga, estas son las instituciones deportivas involucradas:

En la Provincia de Buenos Aires

En CABA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso una actualización de los importes y parámetros del régimen especial de ingreso del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicable a las operaciones realizadas a través de plataformas digitales, en el marco de la Resolución General 5319.

La medida comenzó a regir desde diciembre y alcanza tanto a ventas de bienes muebles no registrables, ya sean nuevos y usados, como a locaciones y prestaciones de obras y servicios perfeccionadas electrónicamente a través de plataformas digitales como Mercado Libre, Tiendanube o similares.

La actualización alcanza, según explicó la ARCA, a aquellos sujetos que “no acreditando la calidad de responsables inscriptos, de exentos o no alcanzados en el IVA, o en su caso, la condición de sujetos adheridos al Monotributo, realicen operaciones en forma habitual, frecuente o reiterada”.

La Resolución General 5794/25, publicada este martes en el Boletín Oficial, incorpora nuevos criterios para determinar la habitualidad de quienes operan a través de plataformas digitales sin estar inscriptos en IVA ni adheridos al Régimen Simplificado. 

Desde diciembre, un usuario será considerado “sujeto no categorizado” cuando registre en un mes 10 o más operaciones por un monto total igual o superior a $750.000. También quedará comprendido quien concrete 4 o más operaciones por mes durante cualquiera de los tres cuatrimestres del año, siempre que el monto acumulado alcance el mismo umbral.

Para ventas de bienes usados de uso personal, no se aplicará el régimen cuando las operaciones acumuladas sean inferiores a $1.500.000. Esta excepción podrá declararse ante el agente de percepción, pero solo una vez cada dos años calendario.

La ARCA indicó que los montos y cantidades de operaciones que determinaban si un usuario era considerado “habitualista” habían quedado desactualizados frente al aumento de precios y la evolución del comercio digital. La nueva medida “responde a la necesidad de modernizar los montos, parámetros y procedimientos con el objeto de adecuarlos al crecimiento del comercio electrónico y ofrecer mayor certeza a contribuyentes y operadores”.

La actualización también precisa el momento en que se perfecciona la percepción, al cobrarse total o parcialmente la comisión por intermediación, y establece que los sujetos no categorizados quedarán alcanzados desde el primer día del mes siguiente a aquel en el que se verifiquen las condiciones de habitualidad, hasta que regularicen su situación fiscal o cese la reiteración de operaciones.

Asimismo, se incorpora la obligación de que plataformas y operadores consignen en la factura el monto percibido y la referencia expresa al régimen. Finalmente, se habilita la consulta de motivos y alícuotas aplicadas a través del servicio “Nuestra Parte”, con Clave Fiscal.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó los valores del monotributo que regirán durante diciembre de 2025. Según el comunicado del organismo, las escalas y los montos de las cuotas mensuales se mantendrán sin cambios hasta febrero de 2026, cuando se aplicará una actualización automática basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado en los últimos seis meses.

ARCA recordó a los contribuyentes la necesidad de verificar su categoría vigente antes de efectuar el pago mensual, ya que el incumplimiento puede generar recargos, intereses y, en casos prolongados, la exclusión automática del régimen simplificado. Además, la falta de pago afecta el acceso a la obra social y los aportes previsionales, lo que puede derivar en la suspensión de servicios o pérdida de cobertura.

Escalas del monotributo en diciembre de 2025La facturación anual permitida para cada categoría es la siguiente:

Estas escalas estarán vigentes hasta febrero de 2026, momento en que ARCA aplicará un nuevo ajuste por IPC.

Cuotas mensuales del monotributo en diciembreLos montos varían según la categoría y el tipo de actividad, e incluyen el impuesto integrado, los aportes previsionales y la contribución a la obra social:

ARCA indicó que el pago debe realizarse antes del vencimiento mensual, ya sea a través de los canales digitales del organismo o de manera presencial en las oficinas habilitadas.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una denuncia penal contra la empresa Sur Finanzas PSP S.A. y sus autoridades, tras detectar movimientos y operatorias que podrían constituir delitos de lavado de activos agravado y evasión tributaria agravada. La investigación incluyó un allanamiento a la financiera en el marco del supuesto desvío de fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

La presentación formal fue realizada por la abogada María Belén Cionci, jefa de la Sección Penal Tributaria de la Dirección Regional Sur de la Dirección General Impositiva (DGI). Según indicó, los hechos fueron detectados en el marco de la Orden de Intervención n.º 2.240.439, iniciada el 25 de abril de 2024, cuando la firma estaba registrada como NEBLOCKCHAIN S.A., nombre que fue modificado a Sur Finanzas PSP S.A. el 30 de agosto de 2024.

De acuerdo con la denuncia, la empresa intensificó sus operaciones a partir de noviembre de 2023, ofreciendo servicios de billetera electrónica para comercios, cobros mediante QR, links de pago y otras modalidades de procesamiento. Sur Finanzas PSP S.A. está registrada como proveedor de servicios de pago ante el Banco Central de la República Argentina, y según la firma, el personal se dedicó a tareas comerciales y a la autorización de pagos, mientras que los impuestos fueron liquidados por su estudio contable y abonados por los directores.

ARCA detectó transferencias millonarias realizadas por clientes sin capacidad económica para operar esos montos, e indicó que la firma podría haber actuado “en connivencia con terceros que se esconden tras el velo de sujetos apócrifos, no categorizados o adheridos al régimen simplificado”.

El relevamiento incluyó cruces de información y constataciones en domicilios fiscales, siguiendo normativas sobre facturación apócrifa y riesgos tributarios. Los documentos adjuntos como prueba incluyen informes de investigación, análisis de billeteras virtuales y listados de sujetos no confiables. Según ARCA, el total de movimientos en billeteras virtuales asociadas a Sur Finanzas PSP S.A. alcanzó $818.000.000.000 durante el período investigado.

Del universo relevado:

Estos grupos movilizaron $471.000.000.000, de los cuales 86% se concentró en cuentas que superan individualmente $1.000 millones. Además, el 9% de los débitos y créditos investigados correspondió a empresas no confiables, por un total de $72.342.312.476. Entre enero y abril de 2025, 26 empresas de esa base movieron aproximadamente $35.000.000.000 en billeteras virtuales de la firma denunciada.

La denuncia también señala operatorias irregulares en relación al Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios. Entre septiembre de 2023 y abril de 2025, se registraron operaciones por $277.272.253.994, cuyo cálculo nominal arrojaría un saldo presunto de diferencia a ingresar de $3.327.267.047,93, que según ARCA no fue detractado.

El organismo argumentó que el beneficio de exención vigente para personas humanas y responsables del régimen simplificado no alcanzaría a sociedades ni a operatorias con sujetos apócrifos, lo que podría configurar interposición de sujetos para ocultar a los verdaderos obligados tributarios.

A través de una serie de Resoluciones Generales publicadas este miércoles en el Boletín Oficial, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mejoró las condiciones de los planes de facilidades de pago para las empresas.

El organismo dispuso ampliar los límites de adhesión en el plan permanente de facilidades. Esta medida permite regularizar las obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social, así como también sus intereses y multas.

A su vez, a través de la Resolución General 5776/2025, redujo el período de cómputo de los planes caducos de 1 año a 6 meses, asegurando que “permitirá a las empresas tomar nuevos planes”.

En el texto oficial se argumentó la decisión indicando que “con el objeto de promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, resulta oportuno incrementar la cantidad máxima de planes de facilidades de pago por deuda general que los contribuyentes y responsables podrán presentar en el marco del citado régimen, brindando así mayor flexibilidad y facilitando el acceso a los mecanismos de regularización propuestos por este Organismo”.

Con los nuevos límites de adhesión las pymes podrán acceder hasta 15 planes simultáneos, que antes eran 10. Además, las grandes empresas accederán hasta 10 planes, cuando antes eran 6.

Al mismo tiempo, en el plan excepcional vigente hasta el 31 de diciembre, ARCA amplió el plazo de las deudas a incluir hasta el 31 de agosto, cuando era hasta el 30 de abril. También redujo los pagos a cuenta, por medio de la Resolución General 5777/2025.

De esta manera, los porcentajes de pagos a cuenta se reducen del 10% al 5% para las pymes, del 15% al 10% para las medianas empresas y del 20% al 15% para las grandes empresas.

Desde el organismo recaudador remarcaron que “así, fortalecemos las herramientas de financiamiento para todos los sectores productivos, con condiciones más justas y adaptadas al contexto económico actual”.

Las modificaciones implementadas a ambos planes estarán disponibles a partir del lunes 3 de noviembre.

Por otro lado, ARCA adecúa el plazo para adherir al régimen de facilidades de pago establecido para regularizar el saldo del Impuesto a las Ganancias resultante de las declaraciones juradas, originales o rectificativas, de ejercicios comerciales cerrados entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, en las que se computen los quebrantos a valores históricos, incluyendo los intereses vinculados a anticipos y/o pagos a cuenta, así como las multas aplicadas o que pudieran aplicarse como consecuencia de la presentación de las mencionadas declaraciones juradas rectificativas.

A partir de la Resolución General 5775/2025, la adhesión a partir de estos momentos podrá formularse hasta el 28 de noviembre próximo o hasta el último día del quinto mes siguiente al del vencimiento del pago de la respectiva declaración jurada, lo que ocurra con posterioridad. Esta modificación entrará en vigencia desde el 23 de octubre.

Pazo expuso en la segunda de las seis reuniones del cronograma de reuniones informativas de la Comisión de Presupuesto, que preside el libertario Alberto ‘Bertie’ Benegas Lynch.

Benegas Lynch anunció que buscará definir lo antes posible los nombres de los funcionarios que concurrirán el martes 21 y el miércoles 22, y anticipó ante un pedido de los diputados que no podrá concurrir el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

La reunión se realizó como parte del emplazamiento aprobado hace una semana en la Cámara de Diputados para realizar seis reuniones informativas y emitir dictamen el 4 de noviembre.

Fuentes parlamentarias señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que Benegas Lynch buscará ser un puente entre los pedidos de los diputados opositores y el Gobierno, aunque reconocieron que las negociaciones avanzarán luego de las elecciones del 26 de octubre.

La reunión, que se llevó a cabo entre las 15 y las 17, tuvo su primer conflicto cuando Pazo empezó su disertación con una explicación del proyecto de Inocencia Fiscal que no estaba en el temario, lo que generó un reclamo de los diputados de izquierda y de Unión por la Patria (UxP).

En ese contexto, el presidente del bloque de UxP, German Martínez, le reclamó que expusiera sobre el presupuesto de ARCA para el cual había sido invitado, al plantear que “es lo mismo que yo quiera hablar propiedades no declaradas en Florida”.

En forma airada, Pazos respondió que tiene todas sus “propiedades declaradas de haber trabajado en el sector privado”, tras lo cual convocó a la oposición a “probar con trabajar en el sector privado”.

“Yo soy el administrador de los recursos tributarios, no el armador del Presupuesto”, acotó.

Otro momento tenso tuvo lugar cuando Pazo justificó la baja de retenciones con un cupo debido a la crisis financiera y culpó a los legisladores por las leyes que se aprobaron y que, a su juicio, ponían en riesgo el déficit fiscal.

“La medida fue una medida excepcional en un momento de crisis financiera, crisis cambiaria, que se produjo porque en este recinto se quiso vulnerar una de las patas más importantes que tenía el Gobierno, que era el superávit fiscal”, agregó.

Esa frase provocó quejas de los diputados opositores que, con gritos, buscaban interrumpir al funcionario, que señaló que “la soja en Chicago estaba a 370 dólares y en el puerto de Rosario estaba a 295 dólares; cuando tomamos la medida, al día siguiente a la apertura, ese es el precio que cobran los productores, no los exportadores”.

“Insisto, los productores no venden de manera directa y no exportan de manera directa”, añadió. NA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) eliminó la factura “M” y la reemplazo por la clase “A” con la leyenda “Operación Sujeta a Retención”, según informó el organismo este jueves a través de sus canales oficiales de comunicación.

La nueva medida, que se implementó a través de la Resolución General 5762/2025 publicada en el Boletín Oficial, entrará en vigencia desde el 1° de diciembre del corriente año.

Desde ARCA afirmaron que, a través de esta implementación, se “busca simplificar y modernizar los procedimientos relacionados con la emisión de comprobantes”.

ARCA otorgará esta nueva habilitación en las mismas circunstancias en las que previamente se emitían los comprobantes "M". Aquellos contribuyentes que ya posean habilitación para facturas "M" al momento de la entrada en vigencia del nuevo esquema recibirán automáticamente la nueva habilitación.

La codificación y la numeración correlativa de los comprobantes se mantendrán, a menos que se habilite un nuevo punto de venta.

Al mismo tiempo, la normativa introduce una opción para los contribuyentes que soliciten la habilitación de comprobantes clase "A" y cumplan los requisitos, pero no puedan acreditar solvencia patrimonial. En estos casos, podrán optar por utilizar facturas clase "A" con la leyenda "Pago en CBU Informada", las cuales no estarán sujetas a las retenciones estipuladas en la resolución.

Junto con estos cambios, ARCA flexibiliza la evaluación cuatrimestral automática del comportamiento fiscal. Se ejecutará una simulación preventiva antes de la evaluación para que los contribuyentes puedan corregir irregularidades detectadas. Si las inconsistencias se regularizan después de la evaluación definitiva, los contribuyentes podrán solicitar un reproceso de los controles para recuperar la habilitación de comprobantes clase "A”.