Christa Pike, la mujer estadounidense condenada a muerte por el asesinato de su compañera de clase Colleen Slemmer en 1995, presenta una mejoría en su estado de salud tras haber sobrevivido a una ejecución fallida. Según indicó su abogado, la mujer de 50 años ya puede caminar por sus propios medios y comunicarse con mayor claridad, logrando formar oraciones completas.

El episodio ocurrió el 30 de septiembre, cuando se le administraron dos dosis letales de pentobarbital. Pike es, según el Death Penalty Information Center, la única persona que ha sobrevivido tras recibir fármacos de inyección letal durante una ejecución. Testigos presenciales relataron que, durante el procedimiento, la mujer permaneció despierta y llegó a preguntar a los funcionarios si era normal la sensación que experimentaba en su brazo.

Tras el intento fallido, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una investigación externa y suspendió las ejecuciones programadas en el estado. Por su parte, los representantes legales de Pike presentaron una moción de emergencia para exigir al Departamento de Correccionales de Tennessee la preservación de pruebas, incluyendo registros y los números de lote de los fármacos utilizados. Según informes de CNN, la moción detalla que se intentó acceder a la vía intravenosa mediante el uso de al menos siete agujas.

En un comunicado oficial, sus abogados informaron sobre su situación actual:

Christa Pike fue dada de alta de un hospital local y ahora se encuentra en el Centro de Rehabilitación Deborah K. Johnson, donde estuvo recluida durante más de 30 años. Está agradecida con los equipos de emergencia y con el personal médico por la atención brindada en estas circunstancias extraordinarias.

Actualmente, los médicos supervisan su evolución para determinar si existen daños irreversibles en su funcionamiento cognitivo o psicológico. Pike permanece bajo tratamiento en la prisión mientras se continúa monitoreando su recuperación física y motriz.

Los dos adolescentes acusados del crimen del empresario Andrés Blaquier durante un robo en la autopista Panamericana en octubre de 2022 fueron condenados a 15 años de prisión.

De acuerdo al veredicto, los menores que al momento del hecho tenían 16 y 17 años fueron condenados a la pena máxima establecida en el nuevo régimen penal juvenil que entró en vigencia en septiembre de 2026.

Ambos adolescentes ya habían sido hallados culpables en octubre de 2023 por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil número uno de San Isidro, pero faltaba la audiencia de cesura, la cual se llevó a cabo este martes en la que se conoció la sentencia a 15 años de cárcel dictada por los jueces Alejandro Flori, Silvia Chomiez y Silvina Coto.

Por el caso Blaquier fueron hallados culpables del delito de homicidio doblemente agravado, lesiones graves y robo agravado, y lesiones graves a su esposa Magdalena De Elordy. Asimismo, se los acusó por tentativa de homicidio cuando trataron de fugarse.

Además, uno de los implicados también fue condenado por los delitos de robo con armas y encubrimiento de un vehículo sustraído.

Ramiro Salaber, abogado de la familia de la víctima, conversó con este medio y confirmó que no van a apelar la sentencia dictada.

“De nuestro lado esperamos que se cumpla la pena impuesta y que no les autoricen la libertad condicional o salidas transitorias porque son gravísimos los delitos por los cuales los condenaron y, además, tuvieron problemas importantes de conducta en las cárceles”, expuso.

El homicidio del empresario sucedió el 29 de octubre de 2022, cuando se encontraba junto con su esposa circulando por la autopista Panamericana, en sentido norte, a bordo de una moto BMW 1200.

A la altura del kilómetro 50 fueron sorprendidos por otra moto, la cual había sido robada días antes, y sin mediar palabras uno de los delincuentes le disparó a Blaquier en el pecho.

Como consecuencia del disparo, la víctima y su esposa cayeron de la moto, momento en el que el ladrón que disparó levantó el rodado del empresario y se dio a la fuga.

Tras amplios operativos, ambos adolescentes fueron detenidos y los videos de la zona fueron más que importantes para sus capturas.

Dichos archivos mostraron la secuencia completa del asalto y el intento de huida, que incluyó la caída de uno de los imputados; por esas lesiones que sufrió fue atendido en un hospital cercano, cuya médica de guardia lo reconoció habida cuenta de que el tema ya había escalado en los medios de comunicación.

Finalmente, las novias de ambos declararon en el juicio y afirmaron que, en la intimidad, ambos habían aceptado su participación en los hechos. NA

La defensa del cantante Cristian "Pity" Álvarez, acusado por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, solicitó este viernes la nulidad de la pericia interdisciplinaria llevada a cabo en el Cuerpo Médico Forense (CMF) al considerar que el documento habría sido elaborado previamente. Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro pidieron la invalidez e "ineficacia" del análisis.

Los letrados sostuvieron que el informe se encontraba sustancialmente confeccionado antes de realizarse el intercambio y la deliberación técnica que debía preceder a sus conclusiones. Por este motivo, requirieron ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires la recusación de los peritos oficiales firmantes del dictamen, al tiempo que peticionaron un nuevo examen para el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados.

De manera subsidiaria, la defensa solicitó la citación a declarar de los peritos Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego, quienes firmaron en disidencia. Si bien el informe no advierte una alteración de las facultades psíquicas, ambos profesionales señalaron que el peritado no se encontraba lúcido al momento de realizar el análisis.

El escrito presentado, de 22 páginas, también reclama la suspensión de la audiencia convocada para este viernes a las 11:30 y solicita la nulidad del debate debido a que transcurrieron más de 16 días desde la última audiencia. Asimismo, los abogados pidieron que se convoque a los profesionales de la Clínica Dharma, el Hospital Tornú y otros equipos asistenciales para esclarecer las contradicciones existentes.

La acusación sostiene que el artista asesinó de cuatro disparos a Díaz el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano. Tras el hecho, el imputado se dio a la fuga y concurrió al boliche Pinar de Rocha, en Ramos Mejía. El intérprete, de 54 años, enfrenta una imputación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, con una pena prevista de ocho a 25 años de prisión.

Una nueva pericia interdisciplinaria se realiza este lunes al cantante Cristian "Pity" Álvarez, quien se encuentra acusado del homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano. El objetivo del estudio es determinar si el imputado está apto para continuar con el juicio en su contra.

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, que permanece internado en el hospital psiquiátrico Solar Colonial de Castelar tras haber estado en el Hospital Tornú, fue trasladado al Cuerpo Médico Forense para el análisis. Sebastián Queijeiro, uno de los defensores del músico, confirmó que la defensa participará del procedimiento con peritos de parte.

“Hoy es un día bisagra. Se va a definir si se sigue con el juicio o si queda suspendido. Estamos yendo con dos peritos de nuestro estudio para que estén en la pericia”.

Sobre la situación actual del artista en el nosocomio de Morón, el abogado señaló que Álvarez "anda como puede" y remarcó que "es el último lugar en el que quería estar internado".

La causa investiga el hecho ocurrido el 12 de julio de 2018, donde la acusación sostiene que el artista asesinó de cuatro disparos a Díaz. Tras el episodio, el imputado se dio a la fuga, descartó el arma en una alcantarilla y se dirigió al boliche Pinar de Rocha, en Ramos Mejía. Al entregarse a la policía, el músico había declarado: "Era él o yo, y creo que cualquier animal hubiera hecho lo mismo".

Actualmente, el intérprete de 54 años enfrenta una imputación por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, cuya pena estipulada oscila entre los ocho y 25 años de prisión.

El estado de Tennessee se prepara para ejecutar a Christa Pike, quien se convertirá en la primera mujer en recibir la pena capital en dicha jurisdicción en más de 200 años. La mujer, de 50 años, fue condenada por el asesinato de Colleen Slemmer, ocurrido en 1995, cuando ambas participaban en un campamento de formación laboral.

El crimen, que conmocionó a la ciudad de Knoxville, involucró a Pike y a su entonces novio, Tadaryl Shipp. Según los testimonios judiciales, la víctima fue torturada y asesinada, hallándose en su cuerpo un pentagrama grabado. Mientras que Pike recibió la pena de muerte, Shipp, quien tenía 17 años en aquel momento, fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional.

Este lunes, el gobernador Bill Lee rechazó formalmente la solicitud de clemencia presentada por la defensa. En un comunicado oficial, el mandatario expresó:

Tras considerar detenidamente la solicitud de clemencia de Christa Gail Pike y revisar exhaustivamente el caso, mantengo la sentencia del estado de Tennessee y no tengo previsto intervenir.

Los abogados de la condenada argumentaron que, de ser juzgada en la actualidad, no recibiría la pena de muerte, citando un historial documentado de abuso sexual infantil, abandono y negligencia que no fue debidamente considerado por el jurado original. Sandra Babcock, experta en género y pena de muerte de la Facultad de Derecho de Cornell, señaló que el caso resulta conmovedor debido a la combinación de violencia sufrida en la infancia, la juventud de la acusada al momento del hecho y su salud mental.

Por su parte, Ashlee Sellars, allegada a Pike, relató que la condenada ha solicitado que sus seres queridos no presencien el momento de su ejecución.

Ella no quiere que pasemos por eso

, afirmó Sellars. En contraste, la madre de la víctima ha manifestado su deseo de que la sentencia se cumpla para que su hija pueda descansar en paz.

La Justicia francesa condenó este viernes a Loïk Le Priol y Romain Bouvier a 26 y 19 años de prisión, respectivamente, por el asesinato del exrugbier argentino Federico Martín Aramburú, cometido en París en marzo de 2022.

El veredicto se conoció luego de más de once horas de deliberación. El tribunal declaró a Le Priol culpable de homicidio no premeditado, mientras que Bouvier fue condenado por intento de asesinato. La Fiscalía había solicitado penas de 27 y 20 años para ambos.

Al fundamentar la sentencia contra Le Priol, el juez remarcó “la extrema gravedad de los hechos” y sostuvo que el ataque provocó “la muerte sin sentido de un padre de 42 años”. También mencionó su relación con las armas y consideró que presentaba un elevado riesgo criminológico.

Respecto de Bouvier, el magistrado señaló que disparó a quemarropa contra Aramburú cuando la víctima se retiraba del lugar y consideró acreditada una intención homicida.

En el mismo proceso, Lyson R., expareja de Le Priol, fue absuelta del cargo de complicidad en el asesinato, aunque recibió una pena de tres años de prisión por obstrucción a la Justicia. Antony S. también fue condenado a tres años por entorpecer la investigación y encubrir a Bouvier.

Antes de escuchar el veredicto, los dos principales acusados tuvieron la posibilidad de dirigirse al Tribunal de lo Penal de París.

“Jamás encontraré palabras para expresar el sufrimiento y la dignidad de la familia del señor Aramburú”, expresó Bouvier.

Le Priol, en tanto, aseguró que durante el juicio intentó ser sincero y brindar respuestas a la familia de la víctima. También manifestó su deseo de cambiar y pidió que algún día los familiares del argentino pudieran perdonarlo.

El crimen de Federico Aramburú ocurrió el 19 de marzo de 2022, luego de una discusión en un bar de París. El exintegrante de Los Pumas se encontraba junto a su amigo y excompañero en Biarritz Olympique, Shaun Hegarty.

Después de una primera pelea, ambos abandonaron el lugar y caminaron hacia su hotel. Sin embargo, mientras transitaban por el boulevard Saint-Michel fueron alcanzados por una camioneta.

Según la reconstrucción realizada durante la investigación, Bouvier descendió del vehículo y disparó contra Aramburú, provocándole heridas en el muslo y el costado. Posteriormente, Le Priol tomó el arma, persiguió al argentino y volvió a abrir fuego.

Aramburú recibió múltiples impactos, varios de ellos por la espalda mientras intentaba escapar, y murió en el lugar antes de poder recibir asistencia médica.

Tras el crimen, Le Priol huyó de Francia y fue detenido cuatro días después en la frontera entre Hungría y Ucrania. Bouvier permaneció oculto durante varios días en un hotel hasta que fue arrestado el 23 de marzo de 2022.

Ambos condenados tenían antecedentes y vínculos con organizaciones de ultraderecha francesas. Le Priol, exintegrante de la Marina francesa, ya había sido condenado por un episodio de violencia relacionado con un antiguo dirigente del grupo de ultraderecha GUD. Bouvier había recibido una condena por el mismo caso.

Durante el juicio, la defensa de Le Priol cuestionó el tratamiento público del crimen y sostuvo que el expediente había quedado condicionado por la repercusión mediática y las referencias a la ideología de los acusados.

El proceso tuvo además una importante repercusión tanto en Francia como en Argentina. Familiares, amigos y figuras del deporte reclamaron durante los últimos años “Justicia para Fede”. Incluso Los Pumas se sumaron al pedido utilizando camisetas negras con esa consigna antes de uno de sus partidos.

Aramburú había desarrollado buena parte de su carrera deportiva en Francia y mantenía un fuerte vínculo con el rugby de ese país. Su asesinato, ocurrido cuando tenía 42 años, generó una profunda conmoción en el deporte argentino y francés.

A más de un año del fatal accidente, el tiktoker Agustín López Gagliasso, de 22 años, fue condenado a 16 años de prisión por el Tribunal de Rosario. El joven fue hallado culpable de los delitos de homicidio simple con dolo eventual y lesiones leves, tras haber atropellado y causado la muerte de Tania Gandolfi, de 41 años, y de su hija Agustina García, de 17.

El siniestro ocurrió el 21 de enero de 2025 en la intersección de la avenida Arturo Illia y Presidente Roca. Según la reconstrucción de la fiscal Valeria Piazza, de la Unidad Fiscal especializada en Siniestros Viales y Delitos Culposos, el acusado circulaba en su Peugeot 206 a una velocidad de 120,7 kilómetros por hora tras iniciar una persecución contra un motociclista. Al realizar maniobras en zigzag, perdió el control, subió a la vereda e impactó contra las víctimas que se encontraban junto a un semáforo.

Durante el juicio, que comenzó el 7 de septiembre, se presentó el testimonio de una joven que viajaba en el vehículo del condenado:

Estaba cegado. Yo tenía miedo, pensé que me moría. Me agarré fuerte. No sentí el impacto. Salí sola del auto, me vi llena de sangre. Me dolía todo. Al principio no podía caminar, tenía vidrios pegados en la cara. Pedí ayuda. Agustín siempre estuvo enfocado en seguir a la moto. Estaba en la suya, no le importó nada, ni si yo me moría o si chocaba con otros autos. Un inconsciente.

El tribunal, integrado por los jueces de primera instancia Silvana Lamas Gonzalez, Valeria Pedrana y Paula Álvarez, también impuso una inhabilitación para conducir por 10 años. La fiscalía sostuvo que el acusado actuó con dolo eventual al circular al doble de la velocidad permitida, señalando que el condenado representó el resultado como una posibilidad seria, sin desistir de su accionar.

Además de las víctimas fatales, otras tres personas sufrieron lesiones leves en el hecho. Agustín López Gagliasso deberá cumplir la pena impuesta en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero.

Un violento episodio de inseguridad ocurrió en el partido de Moreno, donde un abuelo defendió a su nieto de un robo y terminó con la vida de uno de los delincuentes. El hecho tuvo lugar en un comercio mayorista de alimentos y bebidas propiedad de Víctor Insfrán, de 41 años.

Según fuentes del caso, tres individuos armados ingresaron al local con fines delictivos. Al advertir la situación, los vecinos dieron aviso a Lorenzo Rivero, de 81 años, abuelo del comerciante. El hombre se acercó al lugar portando una escopeta y efectuó varios disparos, impactando uno de ellos en el cráneo de uno de los asaltantes, identificado como Nahuel, quien falleció en la vía pública con un arma de fuego en su mano.

Personal del Comando de Patrullas acudió al cruce de las calles Juramento y Patricias Argentinas tras un llamado al 911. En el sitio, los efectivos constataron la presencia del fallecido y lograron la aprehensión de los otros dos implicados, Aníbal Ricardo Rivero, de 45 años, y Hugo Alberto Coronel Romero, de 48, quienes habían sido reducidos y agredidos por los vecinos antes de la llegada de las fuerzas de seguridad.

Como consecuencia del intercambio de disparos, el jubilado sufrió una herida en el tórax y debió ser intervenido quirúrgicamente, mientras que su nieto resultó herido con un disparo en la mano derecha. En el lugar, las autoridades secuestraron dos armas de fuego en el domicilio de Lorenzo Rivero, además de un revólver y un cuchillo que portaba el delincuente abatido.

La causa, que se encuentra bajo investigación de la UFI N°4 de Moreno, fue caratulada como homicidio criminis causa en grado de tentativa en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

El juicio oral contra Cristian “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en 2018, se reanuda este lunes tras una serie de suspensiones que habían postergado el proceso. La continuidad del debate fue confirmada por fuentes del caso, quienes ratificaron que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29 de la Ciudad de Buenos Aires retomará las audiencias con la comparecencia de los testigos citados originalmente.

El proceso había quedado en suspenso debido a un pedido presentado por la defensa del acusado, los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños, quienes solicitaron la recusación de los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, además del fiscal Sandro Abraldes. Los letrados argumentaron que existían situaciones que permitían generar un temor sobre la imparcialidad del tribunal, cuestionando la negativa a incorporar un informe médico sobre el estado de salud del acusado.

Tras el planteo, el recurso fue elevado a la Cámara de Casación, donde el juez Gustavo Bruzzone coincidió con lo expuesto por el tribunal y rechazó el pedido de los defensores, permitiendo así la continuidad del debate. Para las próximas jornadas, se espera la declaración de Angélica Cristina Bustos, quien realizó la autopsia de la víctima, y de la médica legista Mariela Biazoni Rolla. Asimismo, deberán presentarse Esteban Toro Martínez y Celminia Guzmán, ambos integrantes del Cuerpo Médico Forense.

La Justicia rechazó la recusación presentada por la defensa de Cristian “Pity” Álvarez contra los integrantes del tribunal y el fiscal que intervienen en el juicio por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en 2018. De esta manera, el debate podría continuar el próximo lunes 14 de septiembre, aunque los abogados del músico anticiparon una nueva presentación.

Según informaron fuentes del caso, el planteo había sido realizado por los defensores Sebastián Queijeiro y Javier Baños contra los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires, y contra el fiscal Sandro Abraldes.

La recusación fue rechazada este viernes por el camarista Gustavo Bruzzone, quien consideró que la defensa no logró acreditar elementos suficientes para sostener un temor objetivo sobre la imparcialidad de los magistrados.

“La defensa no logra demostrar que se configure un supuesto de los previstos en el artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación, ni la existencia de circunstancias que permitan inferir de modo razonable un temor de parcialidad”, sostuvo Bruzzone en su resolución.

El magistrado señaló además que los abogados expresaron principalmente su desacuerdo con distintas decisiones adoptadas por los jueces durante el juicio, pero que esas resoluciones fueron tomadas dentro de las facultades que posee el tribunal para conducir el debate y no representan por sí mismas un adelantamiento de opinión.

Tras conocer el fallo, los defensores de Álvarez comenzaron a analizar una nueva estrategia judicial y cuestionaron la resolución. Según adelantaron, consideran que debería declararse nula “porque no hicieron la audiencia, ni produjeron la prueba”.

“Vamos a evaluar la situación y a interponer un recurso de inconstitucionalidad”, anticiparon los abogados, quienes remarcaron que difícilmente obtengan una respuesta antes del lunes, fecha prevista para la reanudación del debate.

El planteo de recusación había sido presentado durante la audiencia del lunes 7 de septiembre. El juicio retomaba entonces su actividad luego de una suspensión provocada por una descompensación de Pity Álvarez, pero antes de que comenzaran nuevas declaraciones la defensa cuestionó formalmente al tribunal y al fiscal.

En aquella oportunidad, los abogados mencionaron distintas circunstancias que, según argumentaron, “permitirían generar un temor acerca de la imparcialidad del tribunal”. Entre otros puntos, cuestionaron decisiones vinculadas con testimonios y la negativa a incorporar un informe médico que advertiría sobre los posibles riesgos que el desarrollo del juicio podría ocasionar en la salud del acusado.

Luego del rechazo, la defensa volvió a intentar frenar la audiencia prevista para el lunes 14 y acudió al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

A través de un recurso de inconstitucionalidad, los abogados solicitaron la nulidad de la resolución de Casación y pidieron que se suspenda el debate oral hasta que el Tribunal Superior resuelva el planteo sobre la supuesta falta de imparcialidad de los magistrados.

La defensa reclamó además una decisión de carácter “urgente” o “inmediato”, al considerar que una resolución posterior al comienzo o finalización de la audiencia del lunes podría volver abstracto su pedido.

De manera subsidiaria, solicitaron que, si el Tribunal Superior entiende que cuenta con elementos suficientes para resolver la cuestión, haga lugar directamente a la recusación y ordene una nueva integración del Tribunal Oral N.º 29.

Mientras se aguarda una definición sobre esta última presentación, el juicio contra el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados por el crimen de Cristian Díaz continúa previsto para el lunes 14 de septiembre.

El juicio contra Pity Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz continúa en suspenso y, por el momento, no cuenta con una fecha confirmada para la reanudación del debate. Este martes se produjo el primer avance para destrabar la situación, tras el sorteo que determinó que el juez Gustavo Bruzzone, titular de la Vocalía N°2, intervendrá de manera unipersonal para resolver la recusación presentada por la defensa contra los integrantes del TOC N°29.

Aunque no existe una convocatoria oficial, entre las partes circulan estimaciones sobre cuándo podría retomarse el proceso. Algunas fuentes indican que, si la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional resuelve con celeridad, el debate podría reiniciarse la próxima semana. No obstante, existe preocupación por el límite de 10 días hábiles para la interrupción del debate, plazo tras el cual el juicio podría quedar anulado.

La defensa, encabezada por los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro, sostiene que el cómputo de esos 10 días es una cuestión técnica compleja. Una fuente cercana al músico señaló:

“Si el juicio se para más de 10 días, se cae”.

La recusación fue presentada el lunes, luego de una audiencia marcada por cruces sobre el estado de salud de Álvarez. La defensa solicitó la suspensión basándose en un informe médico posterior a la descompensación que sufrió el músico el 2 de septiembre, el cual advertía sobre un consumo anárquico de medicamentos y un posible riesgo de vida. El fiscal Sandro Abraldes se opuso al pedido, argumentando que no existían hechos nuevos que justificaran volver a discutir la capacidad del acusado.

El presidente del tribunal, Gustavo Goerner, rechazó la suspensión y cuestionó la reiteración de planteos por parte de la defensa. El magistrado recordó que el tribunal ya había autorizado al músico a no permanecer en la sala si su estado no se lo permitía, enfatizando que el deber del cuerpo es resguardar la integridad del acusado.

Tras el rechazo, la defensa solicitó apartar a Sandro Abraldes y a los tres jueces del TOC N°29, argumentando una supuesta vulneración al principio de igualdad de armas durante el episodio del 2 de septiembre. Mientras Gustavo Bruzzone analiza el planteo, el debate permanece suspendido sin fecha de retorno.

El juicio por el asesinato del exjugador de rugby Federico Martín Aramburu comenzó en París con una declaración que generó conmoción. Loïk Le Priol, el principal acusado de efectuar los disparos que terminaron con la vida del deportista el 19 de marzo de 2022, afirmó ante el Tribunal de lo Penal que actuó en legítima defensa.

El crimen ocurrió tras una pelea en el bar Le Mabillon, ubicado en el barrio de Saint-Germain-des-Prés. Según la investigación, tras un altercado inicial, los agresores habrían regresado para confrontar a los rugbiers. Le Priol, de 32 años y exmiembro de una organización radical, enfrenta la posibilidad de una cadena perpetua.

“Soy responsable de la muerte de Federico Martín Aramburu. Siempre he explicado que disparé en legítima defensa. Corresponderá al Tribunal de lo Penal decidir si esta defensa fue legítima o no”.

Junto a él es juzgado Romain Bouvier, quien reconoció haber ejercido violencia armada pero negó la intención de matar. Por su parte, una expareja de Le Priol, de 29 años, comparece bajo cargos de complicidad, mientras que un cuarto hombre es juzgado por asistir a Bouvier durante su etapa como prófugo.

El tribunal deberá determinar el impacto de un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático en la responsabilidad penal de Le Priol. La fiscalía sostiene la hipótesis de una premeditación, apoyada en imágenes de cámaras de seguridad y testimonios que reconstruyen la persecución callejera que culminó con la muerte del ex integrante de Los Pumas, quien al momento del ataque tenía 42 años.

La audiencia de juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en 2018, volvió a suspenderse este lunes. La medida se tomó luego de que la defensa del acusado solicitara la recusación de los tres jueces y del fiscal que intervienen en el debate oral y público.

El proceso judicial se había reactivado tras una suspensión previa, motivada por una descompensación del músico que requirió su internación en el Hospital Fernández. Sin embargo, un fuerte cruce en la sala de audiencias determinó una nueva pausa en el desarrollo del juicio.

Fuentes del caso confirmaron  que los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños, representantes legales de Álvarez, presentaron el pedido para apartar a los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29 de la Ciudad de Buenos Aires, además de recusar al fiscal Sandro Abraldes.

Con el artista presente en la sala, la defensa fundamentó su pedido de suspensión:

“Frente a los hechos nuevos de que nuestro asistido tuvo que ser trasladado, hicimos esta presentación simplemente para reiterar la necesidad de suspender el debate”.

Por su parte, el fiscal Sandro Abraldes rechazó la solicitud al considerar que los argumentos presentados por la defensa no constituían hechos nuevos, sino que representaban un intento de volver a discutir la capacidad del músico para afrontar el proceso judicial.

Tras varios minutos de deliberación, el juez Gustavo Goerner anunció que el Tribunal resolvió rechazar los planteos de la defensa y continuar con el juicio. Se espera que en las próximas 48 horas se resuelva la recusación solicitada para definir la continuidad del debate contra el artista.

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez, acusado por el homicidio de Cristian Díaz ocurrido en 2018, se reanuda este lunes 7 de septiembre. El artista estará presente en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 de la Ciudad de Buenos Aires, luego de que la audiencia anterior debiera suspenderse por motivos de salud.

El pasado miércoles 2 de septiembre, el músico sufrió una descompensación durante el debate oral, lo que obligó a las autoridades judiciales a solicitar asistencia médica. Tras la llegada del SAME, se constató que el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados padecía un pico de presión y glucosa alta. Por este motivo, fue trasladado al Hospital Fernández, donde recibió el alta voluntaria horas más tarde.

Sebastián Queijeiro, uno de los defensores del músico, confirmó que su cliente se encuentra acompañado por su hermana y volvió a hacer referencia a los problemas de salud que atraviesa el imputado.

“No es que lo quiera poner en el lugar de víctima, pero hay un Estado ausente. La hermana lo asiste para cocinar porque él es un peligro”.

El letrado reiteró que el músico sufre graves problemas de consumo, situación que marca el contexto de su asistencia durante el proceso judicial.

El próximo lunes 7 comenzará en París el juicio por el asesinato de Federico Martín Aramburu, el ex rugbier argentino que fue ultimado el 19 de marzo de 2022. El deportista, quien se sentía tan argentino como vasco, fue atacado en el Boulevard Saint-Germain mientras se encontraba junto a su socio, Shaun Hegarty, quien logró sobrevivir al episodio.

Los acusados por el crimen son Loïk Le Periol, ex comando de la Marina francesa, y su compañero Romain Bouvier, quienes deberán responder ante la justicia por el asesinato de Aramburu y la tentativa de homicidio contra Hegarty. Además, la novia de Le Periol será juzgada por complicidad en el hecho.

En este contexto, su amigo Pierre Guerin ha impulsado la creación de la agrupación Hego Pampa, una iniciativa que busca mantener vivo el legado del rugbier y fortalecer los vínculos culturales y deportivos entre Argentina y el País Vasco.

Hay que poner luz en lo que ocurrió, que no podemos aceptar,

expresó Guerin sobre el objetivo de la organización.

La agrupación, que ya cuenta con la venta de remeras y pañuelos con el número 13 —dorsal que Aramburu utilizó durante su carrera en Los Pumas—, busca brindar apoyo a la familia del ex deportista.

Lo que vamos a hacer será con mucho amor, pensando en Ceci, en María y en sus hijos, y como papá estar acá para ayudar. Somos un apoyo muy importante,

concluyó Guerin ante la proximidad del inicio del proceso judicial.

Un ciudadano argentino identificado como Diego Sebastián Rosen fue detenido en México, acusado de ser el autor material de los asesinatos de un músico y su familia. El hecho ocurrió en Atizapán de Zaragoza, donde las víctimas fueron halladas sin vida el 1 de septiembre dentro de un departamento en una torre residencial de la Zona Esmeralda.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó la detención de dos sospechosos, entre ellos Rosen, un empresario de 51 años, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Ciudad de México. El otro arrestado fue identificado como Gerardo N.

Las víctimas fueron reconocidas como Jonathan Meléndez Ochoa, tecladista y productor de la banda Camilo Séptimo; su esposa de 35 años, quien cursaba un embarazo de cuatro meses; la hija de ambos de tres años; la empleada doméstica de 21 años; y la mascota de la familia. En el lugar, las autoridades encontraron a un niño de 6 años que sobrevivió al ataque sin presentar signos de violencia.

De acuerdo con el informe oficial, dos adultos y la menor presentaron impactos de bala en la cabeza, mientras que la cuarta víctima recibió un disparo en la espalda. Las investigaciones preliminares sugieren que los agresores habrían utilizado una relación de confianza para ingresar al domicilio.

“Las investigaciones establecieron que uno de los detenidos era socio de una de las víctimas. Presuntamente, aprovechó esa relación de confianza para ingresar al domicilio”, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El próximo lunes se cumplirá un año del asesinato de Milagros Quenaipe y su familia prepara un homenaje en la esquina donde ocurrió la tragedia, en Rodríguez y Uriburu Sur. En la vereda de la plaza, enfrente del lugar del crimen, descubrirán una baldosa para recordar a la joven de 18 años que fue ultimada de una puñalada.

César Quenaipe, padre de la víctima, contó que pelea día a día “con este dolor que va a ser eterno” y anunció que “el lunes será el descubrimiento de una baldosa conmemorativa en honor a Mili, en el primer aniversario de su fallecimiento”.

Muy conmovido, de visita en Tandil Despierta (Eco TV y 104.1 Tandil FM), invitó para “el lunes que viene, a las 18, en Rodríguez y Uriburu, ahí vamos a estar. Los vecinos que nos quieran acompañar, les vamos a estar agradecidos”.

El domingo 31 de agosto por la mañana, Milagros Quenaipe encontró la muerte de un modo tan sorpresivo como difícil de comprender. Había salido de bailar y estaba en la esquina de Rodríguez y Uriburu ayudando a una chica que se encontraba descompuesta. Se acercó el ahora acusado, Wilson Natanael Sánchez, le murmuró dos palabras y le asestó un puntazo mortal a la altura del cuello.

“No es ningún festejo ni nada por el estilo”, advirtió el padre de la víctima y agradeció la autorización del Municipio a través del Concejo Deliberante, “porque poner una baldosa en un lugar público no es cualquier cosa”.

César Quenaipe reflexionó que “no fue un accidente lo de Mili, no fue una estrella amarilla; es una baldosa conmemorativa por un asesinato. Por desgracia me tocó a mí y en ese momento, Milagros, mi hija, estaba ayudando a otra persona, cuando pasó lo que sabemos todos”.

“Le podría haber tocado a cualquier persona”, indicó tras recordar que el asesino actuó sin conocer a Mili, la atacó de manera fortuita y sin anticipar sus intenciones.

Durante la entrevista, el padre de la víctima sostuvo que el detenido por el crimen “por las pericias psicológicas que se le han hecho hasta el momento es imputable. Era consciente de sus actos, porque él anterior a eso había tenido unas peleas en el boliche con la gente de seguridad de Sol, con otras personas afuera, y siguió con la violencia, con el hecho de querer asesinar a alguien, desquitarse con alguien ese odio que había tenido adentro que no lo pudo complacer, no pudo llegar a su objetivo adentro del boliche como afuera cuando lo sacaron”.

César Quenaipe consideró que cuando lo sacaron del boliche, “la policía no actuó como debería haber actuado” y apuntó que asistieron cuatro o cinco patrulleros. Evaluó que “una persona violenta, uno hace un disturbio y enseguida lo agarran y lo meten preso. Esa persona fue violenta adentro del boliche, afuera, cuatro patrulleros en la puerta de Sol Tropical y ninguno actuó”.

En tanto, lamentó que si la policía lo huera aprehendido, “yo no estaría dando esta nota. La verdad que fue así, actuó mal la policía, la seguridad de los tandilenses”.

Recordó las circunstancias en las que su hija fue ultimada, cuando contenía a una joven desconocida que estaba descompuesta. “Vino esta persona que volvía hacia el boliche, porque había ido a buscar un cuchillo a la casa, y atacó a dos personas: al amigo de mi hija, que le pegó un puntazo en la espalda, y después cruzó dos palabras y le pegó a mi hija en el cuello. Mi hija no se dio ni cuenta de lo que pasó, porque no tuvo oportunidad de defenderse”, reflejó.

Describió el acto del asesino como “una alevosía y una crueldad” y lo calificó como “un cobarde” que atacó a su hija en lugar de volver al boliche a pelearse con las personas que habían provocado su ira.

“Se la agarró con la persona que cruzó en el camino”, lamentó y recordó que antes había corrido a otro joven. “Hoy estamos acá, peleando, pidiendo justicia, que vamos a seguir. Yo sé que la justicia la vamos a tener, lleva su tiempo, está todo encaminado. El fiscal Borean y la doctora Menéndez están haciendo muy bien las cosas. Uno por ahí quiere todo ya y lleva su tiempo, y no es el trabajo de Mili solamente, hay mucho trabajo en la Justicia”.

Al recordar a Mili, su padre contó que estaba terminando la secundaria en la exEscuela de Comercio. “En plena juventud, salía un fin de semana a divertirse, estudiaba, no trabajaba pero hacía algunas cosas en la casa, pero Mili era una chica dulce, buena, como cualquier adolescente”, expresó.

Conmovido, afirmó que “una situación de estas es muy complicada para un padre, para un hermano, para una madre. El dolor de la pérdida de un hijo creo que es el dolor más fuerte que tiene el ser humano, el dolor de perder un hijo adolescente”.

Respecto del agresor, Wilson Sánchez de 23 años, oriundo de Chaco, Quenaipe contó que “trabajaba en la empresa Sandoval Construcciones. Es una empresa que contrata y trae mano de obra de afuera, extranjera, no sé si será por los costos, más baratos o mejor calidad, no sé. Le alquila algo, como en este caso la casa de Alem frente al Hospital de Niños, que tengo entendido que anterior a esto ya había denuncias en ese sector por malas convivencias: música alta, consumo de bebidas y drogas, de todo había ahí”.

Respecto de las circunstancias en las que el imputado arribó a Tandil, agregó que “el de Sandoval Construcciones sabrá la gente que trae. Por ahí todos traen gente buena, gente mala, pero la mayoría de esos que vienen así son de malos hábitos”

Horas después del crimen de su hija, César Quenaipe comenzó a instalar su postura de que la Argentina cambie las leyes para que exista la pena de muerte. 

“Yo, mi familia, los amigos, ahora tenemos que llevar el dolor de la pérdida de Mili, y ahora la persona a la que van a juzgar por el asesinato de mi hija va a gozar de la vida y los familiares lo van a ir a ver”, remarcó.

Evaluó que más allá de la extensión de la pena, “los familiares de él lo van a ir a ver, lo van a ver crecer, va a poder gozar de la vida, va a tener un plato de comida, va a ver el sol, va a tener frío o calor, y si tiene hijo, tal vez un día va a ver que sale de la cárcel. Por eso pido la pena capital, que sea para ambos lados el dolor”.

Al comparar la situación de ambas familias, consideró que “ellos van a tener el dolor de tener un hijo, un hermano, encerrado. Yo no. A mí se me terminó la vida. El 31 de agosto de 2025 a mí se me terminó la vida. Estoy en pie, sigo, por los que quedan. Hay que tratar de ser fuertes para los que quedan”.

Más allá del caso de Mili, señaló que “hoy que estoy del lado de las víctimas, es muy común la muerte: matan como nada. Está lleno de femicidios y de asesinatos por nada, y la gente pidiendo justicia, justicia, justicia. Después los juzgan y tiene la Justicia la parte que defiende a los asesinos, los derechos. Las víctimas quedamos destrozadas para el resto de nuestras vidas. Voy a cumplir 55 años y este dolor me lo voy a llevar a la tumba. Dios quiera que un día al final del túnel encuentre a mi hija, pero es un dolor que no remediamos más. “¿Por qué nosotros las víctimas solamente? Eso fue causado a propósito”.

Al hablar de los crímenes, evaluó que “Argentina se fue de las manos totalmente”, y consideró que “muchos piden la pena de muerte, pero para algunos es algo muy trágico. Él no tuvo piedad con mi hija cuando le metió el puntazo en el cuello”.

El caso de Ricardo Barreda, el odontólogo que en 1992 asesinó a escopetazos a su esposa, su suegra y sus dos hijas en La Plata, vuelve a estar en el centro de la escena con el estreno de la película Barreda. La producción, que cuenta con la actuación de Luis Machín, llega este viernes a la plataforma Prime Video para revisitar un hecho que marcó a la sociedad argentina.

El crimen ocurrió el domingo 15 de noviembre de 1992 en el caserón ubicado en calles 48, entre 11 y 12. Las víctimas fueron su esposa, Gladys McDonald (57); su suegra, Elena Arreche (86); y sus hijas, Cecilia (24) y Adriana (26). Tras cometer el cuádruple femicidio, Barreda intentó simular un robo, pero terminó confesando ante la policía.

No sé la sociedad, pero pienso que, en un principio, mi familia tendría que haber sido solidaria conmigo.

Durante el juicio oral de 1995, el asesino sostuvo que era humillado por las mujeres de su familia y que se sentía abrumado por los maltratos. La sala I de la Cámara Penal de La Plata lo condenó a prisión perpetua, aunque el fallo contó con el voto en disidencia de la jueza María Cielia Rosentock, quien consideró que era inimputable. Los magistrados Pedro Soria y Eduardo Hortel, en cambio, sostuvieron su responsabilidad penal.

Tras años de encierro en la Unidad 9 de La Plata, donde conoció a Berta Pochi André, Barreda obtuvo diversos beneficios de prisión domiciliaria y libertad condicional a partir de 2008. Su vida en libertad estuvo marcada por la inestabilidad y el fin de su relación con André, quien falleció en 2015. El odontólogo, que murió en 2020 a los 84 años, siempre se mantuvo en el centro del debate público, siendo objeto de numerosos libros y documentales a lo largo de las décadas.

El Tribunal Oral en el Criminal y Correccional N°29 rechazó el pedido de la nueva defensa de Cristian “Pity” Álvarez para volver a evaluar su capacidad de afrontar el proceso judicial por el asesinato de un vecino. La decisión se tomó este miércoles, luego de que el músico se durmiera y comenzara a roncar mientras su abogado, Javier Baños, exponía sus argumentos ante los magistrados.

El presidente del tribunal, Gustavo Goerner, interrumpió la exposición ante la situación y advirtió sobre la continuidad del debate. “Yo ya lo he dicho en audiencias anteriores: si no puede estar en condiciones adecuadas, lo invito a que se retire y quede representado por sus defensores. No vamos a continuar en estas condiciones”, señaló el letrado.

Tras el llamado de atención, Álvarez se reincorporó, bebió agua y tomó una pastilla. Sin embargo, el fiscal Sandro Abraldes cuestionó la conducta del imputado, calificándola de selectiva. Para sustentar su postura, el fiscal hizo referencia a un video publicado por el músico apenas 11 horas antes en redes sociales, donde se lo observaba cantando y hablando sobre la suspensión de sus presentaciones musicales.

La defensa presentó un informe médico-legal de 31 páginas elaborado por el psiquiatra Rafael Herrera Milano. El documento, que analiza documentación sanitaria previa, sostiene que la somnolencia no es un fenómeno nuevo ni exclusivo del juicio. El perito destaca antecedentes registrados desde febrero de 2023, cuando Álvarez fue asistido en la institución Vive Libre y presentó un estado de aletargamiento.

El informe subraya que, en abril de 2023, el músico fue descrito como hipolúcido y somnoliento durante una consulta domiciliaria, lo que derivó en una internación involuntaria. Herrera Milano concluye que la somnolencia constituye un fenómeno clínico repetido y no un episodio aislado. Pese a esto, el tribunal mantiene su postura y el proceso continúa su curso legal.

El exasesor de La Libertad Avanza, Fernando Cerimedo, se negó a declarar este martes en el marco de la causa que lo tiene imputado por tentativa de femicidio en perjuicio de su expareja, Nadie Beller, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Tras su negativa, el consultor político continúa bajo custodia de la policía local en La Paz, donde cumplía funciones como asesor de Rodrigo Paz Pereira, presidente del país vecino.

La investigación apunta a Fernando Cerimedo como el autor intelectual del ataque a balazos contra la abogada de 33 años, quien fue interceptada el lunes pasado en la puerta de un hotel. El fiscal general Roger Mariaca señaló que la responsabilidad por el intento de asesinato no recaería únicamente sobre el exasesor del presidente Javier Milei, ya que no se descarta la participación de otros autores intelectuales en la planificación del atentado.

El hecho ocurrió cuando dos hombres, vestidos como repartidores y a bordo de una moto robada, abordaron a la víctima bajo el pretexto de un compromiso laboral. Tras efectuar tres disparos, los agresores le sustrajeron sus pertenencias y se dieron a la fuga en otro vehículo. Nadie Beller, quien logró sobrevivir al ataque, brindó su testimonio al medio boliviano DTV:

“Él (Cerimedo) me mandó a los sicarios, él sabe quiénes son. Si no fingía estar muerta, me remataban”.

Rodrigo Paz, actual asesor del presidente de Bolivia, fue detenido cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Buenos Aires. Tras su captura, fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), quedando a disposición de la Justicia mientras se intenta establecer el vínculo entre los planificadores del ataque y los sicarios materiales.