El Ministerio de Capital Humano aclaró que los ex titulares del programa Volver al Trabajo que se inscriban en los cursos de Formando Capital Humano no reciben dinero por realizar las capacitaciones. La precisión surgió ante una consulta sobre el alcance de los vouchers disponibles tras la finalización del programa que había absorbido a parte de los beneficiarios del antiguo Potenciar Trabajo.

Desde la cartera nacional confirmaron que Volver al Trabajo finalizó en abril de 2026, al cumplirse los dos años previstos desde su creación. A partir de ese momento, los exbeneficiarios pueden continuar utilizando herramientas de inserción laboral, aunque se aclaró que los vouchers no representan un pago que el organismo deposite en la cuenta del participante.

La Resolución 295/2026 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social estableció las condiciones para acceder a estos beneficios. El voucher funciona como una herramienta personal e intransferible que permite asistir al curso, pero no constituye una nueva asignación económica.

Si bien los cursos son gratuitos para quienes acceden a ellos, lo que implica que no debe abonarse el valor de la formación, tampoco existe un pago del Gobierno hacia el participante por capacitarse. La plataforma oficial informa que cada propuesta cuenta con sus propias características, requisitos y disponibilidad de vacantes.

El programa Formando Capital Humano no fue diseñado exclusivamente para los ex titulares de Volver al Trabajo. La normativa contempla a diversos sectores de la población, incluyendo personas desocupadas, trabajadores sin empleo formal registrado, monotributistas sociales y de categoría A, personal de casas particulares y determinados trabajadores rurales.

La gestión para acceder a estas herramientas se realiza de manera online. La plataforma aclara que la preinscripción no garantiza automáticamente una vacante, ya que la confirmación depende de los cupos disponibles para cada propuesta formativa.

El conflicto entre Tandil y Azul por la familia que fue abandonada en la Estación de Trenes sumó un nuevo capítulo, con la respuesta que el intendente Miguel Lunghi remitió a su par Nelson Desiderio Sombra. En la nota, exigió pagar las erogaciones económicas que realizó el Municipio para asistir a los once integrantes que, el 13 de agosto pasado, arribaron en un móvil oficial de esa ciudad. Además, solicitó coordinar el “retorno seguro” a la vecina localidad y advirtió que sostendrá las acciones legales iniciadas y de no obtener respuesta, realizará otra denuncia ante el Tribunal de Cuentas.

La nota enviada al jefe comunal azuleño el 27 de agosto pasado fue en réplica a la que había cursado Azul cinco días antes. En tanto, el secretario de Legal y Técnica, Juan Francisco Macia Cantarelli, procedió por “expresa instrucción” del intendente Lunghi a “responder de manera categórica”.

Hace diez días, la Municipalidad de Azul había rechazado las demandas de Tandil por el traslado de la familia que fue dejada en la Estación de Trenes, como así también se rehusó a pagar los gastos ocasionados por la asistencia a los seis adultos y cinco menores de edad en situación de vulnerabilidad. Como contrapartida, había propuesto conformar una mesa integrada por funcionarios de ambas comunas para escuchar las declaraciones de los integrantes del grupo arribado a esta ciudad.

Punto por punto

"Esta secretaría rechaza de plano por falsas, inexactas e improcedentes todas y cada una de las justificaciones y descalificaciones vertidas por su administración, dejando expuestas las gravísimas inconsistencias fácticas, técnicas y normativas en las que incurre su descargo, así como el reprochable y temerario obrar del personal municipal de Azul”, expuso Macia Cantarelli al comenzar la argumentación.

En paralelo, acusó que la notificación recibida “no hace más que confirmar que su gestión ha intentado resolver un problema social e institucional local mediante la mera ‘exportación fáctica del conflicto’ hacia nuestra jurisdicción” y enumeró una serie de once “inadmisibles contradicciones”.

En primer lugar, marcó una “incongruencia”, teniendo en cuenta que el municipio azuleño adujo que había asistido a la familia durante cuatro años, de forma “sistemática” y a través de distintos profesionales. “Esta afirmación, lejos de atenuar la responsabilidad de su gestión, la agrava de manera exponencial”, concluyó el letrado y le achacó que tras el “seguimiento institucional”, frente a un conflicto vecinal y de violencia “la única respuesta operativa que la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad de Azul haya podido articular” fuera “subir a once personas a un transporte oficial y depositarlas en otra ciudad sin aviso previo alguno. Si el seguimiento fue real, la decisión de trasladarlos constituye un fracaso rotundo de su política de contención; si no lo fue, su nota miente para maquillar el abandono”.

En el segundo punto, Macia Cantarelli se enfocó en la situación habitacional y la ordenanza que le asignó a esa familia que habitaba el asentamiento “Los Piletones” un módulo a construirse en el predio del Tiro Federal. “Aquí radica la contradicción más escandalosa de su descargo”, señaló y cuestionó que con el traslado “su gestión desbarató su propia política pública y los fundamentos de una ordenanza de emergencia”.

En ese sentido, evaluó que “no existe coherencia alguna en legislar una solución local para luego facilitar activamente que los adjudicatarios emigren en una combi oficial hacia otro partido, perdiendo el arraigo y la protección habitacional consagrada”.

Por otra parte, en materia de vulneración de derechos, expuso que “su nota pretende amparar la legalidad de semejante operativo señalando que existió una ‘solicitud de ser trasladados... realizada por uno de los adultos’” y remarcó que el personal azuleño “omitió deliberadamente” que el grupo está compuesto por once personas -seis adultos y cinco niños-, por lo que cuestionó que la medida se basara en la “supuesta petición” de uno de los integrantes “sin constatar de manera fehaciente la libre voluntad de los otros cinco mayores de edad”.

En esa línea, desde Azul habían fundamentado el respeto por la “autonomía personal”, cuando se trata de “un avasallamiento directo de las libertades de los demás integrantes del grupo, quienes declararon ante la policía de Tandil que el personal de Azul les impuso el viaje como ‘única alternativa’ por falta de presupuesto local”.

En tanto, añadió que el accionar “vulneró de forma dolosa la Ley 13.298 y la Ley 26.061, ignorando por completo el derecho constitucional de los cinco niños a ser oídos y a que se garantice su centro de vida, decidiendo sobre su destino como si fueran meros objetos de traslado”.

Como cuarto punto, Macia Cantarelli apeló a “la falsedad de la ‘voluntad de traslado’ y la coacción del personal de Azul”, teniendo en cuenta que los adultos declararon en la comisaría Segunda que concurrieron a la Municipalidad de Azul tras sufrir hechos de violencia vecinal y amenazas, y. como respuesta, la encargada de Desarrollo Social de Azul les manifestó que no contaban con presupuesto para asistirlos y “como ‘única alternativa’ les impuso el traslado a Tandil bajo la falsa promesa de que nuestro municipio ya les tenía asignado un hogar”.

Como agravante, mencionó que “la familia manifiesta que el personal municipal les hizo firmar un papel manuscrito de puño y letra que les fue quitado de inmediato de las manos, impidiéndoles leer su contenido. No existió autonomía personal ni decisión libre; existió una maniobra engañosa y compulsiva de sus funcionarios para ‘exportar’ un conflicto social local”.

En quinto término, el letrado atacó la versión de que un adulto del grupo adujo que contaba con alojamiento para todos en Tandil y puso en evidencia que “el chofer del vehículo oficial de Azul patente AG 567 BU los dejó abandonados a las 16.40 en una estación de trenes en desuso, inhabitada y desprovista de servicios básicos”, cuando los debería haber llevado a la puerta del domicilio y constatar la habitabilidad y recepción.

“Dejarlos a la intemperie en un paraje ferroviario abandonado prueba de forma irrefutable que su personal sabía perfectamente que la familia no tenía adónde ir, desentendiéndose de su suerte en el instante en que descendieron del rodado municipal”, aseveró.

En sexto lugar, el secretario de Legales intimó a que Azul “remita de manera perentoria copia certificada” de la “evaluación de las condiciones” de la familia, que detalle los profesionales que firmaron y explique “bajo qué parámetros técnicos determinaron que once personas sin recursos tenían resuelto su sustento y vivienda en nuestra ciudad. Está claro que dicha evaluación técnica no existe, o es una simulación documental posterior”, máxime cuando al ser dejados en la Estación de Trenes “debieron encender fuego entre los vagones abandonados para calentarse en pleno invierno, requiriendo el auxilio inmediato y urgente de nuestra Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat para no congelarse”.

Por otra parte, el abogado acusó una “violación del deber estatal de resguardo de menores” y objetó que la falta de antecedentes en el Servicio Local “no exime al Estado municipal de Azul de sus obligaciones como garante primario del Sistema de Promoción y Protección de Derechos de la Niñez”.

Y advirtió que “al haber menores de edad en el grupo humano que su administración decidió subir a un transporte oficial, sus funcionarios tenían la obligación ineludible de garantizar que el traslado tuviera como destino un domicilio real y seguro”, por lo que reflejó que expuso a los niños “a una situación de desamparo crítico y vulnerabilidad social extrema”.

Como octava objeción, puso en duda la capacidad de registro y control procedimental de la gestión de Azul, teniendo en cuenta que la respuesta afirmaba con “asombrosa ligereza” que el grupo trasladado estaba compuesto por diez personas –cuatro adultos y seis menores-. “Esta inconsistencia deja en evidencia que su municipio ni siquiera sabe a quiénes sube a sus vehículos oficiales”, alertó y ofreció como pruebas tanto las actas de la Municipalidad de Tandil como del procedimiento policial. En tanto, calificó la diferencia en el número de personas como “una negligencia técnica e institucional intolerable”.

El ítem nueve versó sobre el “pésimo obrar operativo y absoluta falta de comunicación previa”, lo que quedó constatado por las cámaras del Centro de Monitoreo local que registró a personal azuleño trasladando a las once personas vulnerables, a las que abandonó en la Estación a las 16.40. “El chofer de la combi oficial se retiró de inmediato del lugar. No existió un solo llamado formal, ni un informe social de derivación, ni articulación de ningún tipo con nuestra Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat”, alegó.

En décimo orden, el secretario de Legales expuso “la ratificación de reservas de repetición y resarcimiento de gastos”, en tanto rechazó “con firmeza su pretensión de no hacerse cargo de los costos económicos” debido a que “ha sido la negligencia y la conducta desaprensiva de Azul la que obligó a este Municipio a desplegar de forma inmediata recursos humanos, logísticos y financieros extraordinarios para proveer alojamiento transitorio, alimentos, vestimenta e intervenciones sanitarias urgentes para salvaguardar la vida de sus ciudadanos”.

En tanto, advirtió que de no afrontar las sumas devengadas y a devengarse, el Municipio de Tandil iniciará “las acciones legales correspondientes y las denuncias respectivas ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires por desvío de recursos públicos al utilizar rodados oficiales para fines ilícitos y ajenos a su jurisdicción”.

Como última cuestión, Juan Francisco Macia Cantarelli aceptó la Mesa de Trabajo ofrecida por la comuna de Azul, que calificó como lo único “positivo y aceptable” de la respuesta enviada a Tandil, aunque “bajo la premisa de que no servirá como un mecanismo de impunidad o blanqueo del pésimo obrar de su personal”.

Condicionó la participación en esa mesa a generar “una instancia técnica obligatoria” para  “escuchar de manera personal, directa y libre de coacciones a los integrantes de la familia trasladada” y presentar los informes oficiales del Servicio Local respecto de los menores, antecedentes de intervención por violencia de género y relacionadas a salud, educación, trabajo y habitación de los trasladados, y del secretario de Desarrollo con la Comunidad para analizar los motivos del traslado.

Además, ató la mesa a que arbitre “de forma inmediata los mecanismos económicos y de resarcimiento para que la Municipalidad de Azul asuma los gastos extraordinarios que este Municipio debió afrontar de urgencia para subsanar el abandono perpetrado por su personal”.

En paralelo, notificó que Tandil “mantendrá plenamente vigentes todas las acciones legales y penales iniciadas y por iniciarse, así como se reserva el derecho de realizar las denuncias correspondientes ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires por el desvío y uso irregular de recursos públicos de su comuna y ante Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires para que esté en debido conocimiento de lo sucedido”.

En paralelo, Macia Cantarelli manifestó que Azul deberá “eventualmente, arbitrar los medios para coordinar el retorno seguro y la asunción definitiva de la asistencia de la familia en su jurisdicción de origen” y expresó que “la convivencia democrática y el federalismo municipal exigen el cese inmediato de prácticas de desentendimiento territorial de personas en situación de vulnerabilidad”.

Para cerrar, el letrado quedó a la espera de la designación de los representantes de Azul para coordinar la primera reunión de la mesa técnica de trabajo.

A través del Decreto 617/2026 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional aceptó la renuncia de María Gabriela Real al cargo de presidente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, organismo que funciona bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. La funcionaria, considerada una de las colaboradoras técnicas de mayor confianza de la ministra Sandra Pettovello, dejó su puesto con el objetivo de continuar su carrera profesional en el sector privado.

En el marco de esta reestructuración, también presentó su dimisión el licenciado David Guido de Graaf, quien se desempeñaba como subsecretario de Políticas Sociales. No obstante, su salida responde a un acto formal necesario para asumir la titularidad del organismo que dejó vacante Real. La gestión saliente se destacó por impulsar una agenda de fortalecimiento en la coordinación entre organismos públicos, gobiernos provinciales y organizaciones de la sociedad civil, además de integrar herramientas de inteligencia artificial para el análisis de datos.

El nombramiento de David Guido de Graaf busca garantizar la continuidad del equipo técnico que venía trabajando bajo la gestión anterior. El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales cumple un rol estratégico en la estructura de Capital Humano, ya que su función principal es producir diagnósticos, evaluar resultados y generar evidencia para orientar las decisiones de política pública en un contexto de revisión de los mecanismos de asistencia nacional.

Por otro lado, el Gobierno oficializó modificaciones en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) mediante el Decreto 616/2026. Se aceptó la renuncia del abogado Leandro Horacio Massaccesi, quien representaba al Ministerio de Capital Humano en el Directorio del organismo. En su reemplazo, fue designado el abogado Mauro Esteban Brandi, quien ejercerá su función de manera ad honorem por un período de cuatro años.

Casi sin darse cuenta, un grupo de amigas fundó el Comedor Inmaculada Madre, que funciona junto a la Parroquia del Carmen, en Alberdi 936. Corría 2017 cuando pensaban en alguna actividad para acompañar a una joven que requería ocupar sus tardes. Ya habían pasado por las artesanías y el armado de rosarios, cuando la cocina se transformó en el nuevo propósito y empezaron a cocinar pequeñas viandas para personas que necesitaban reforzar su nutrición.

Nueve años después, Silvina Schang y Viviana Blanc compartieron la historia de este espacio solidario que ha crecido al ritmo de la pandemia y de las complicaciones socioeconómicas, pero también se ha profesionalizado y logró fidelizar a numerosas personas que aportan alimentos, dinero y manos para trabajar. “Tenemos unos donantes que son lo más”, repitieron en varias ocasiones.

Al principio, todo era bastante simple. Cocinaban, dejaban las viandas y se iban. No conocían a las personas que recibían esa comida ni imaginaban la dimensión de la necesidad que había detrás. Hasta que, dos años después de haber empezado, desde Cáritas las invitaron a participar de las entrevistas con las familias que se acercaban a pedir ayuda.

“Fue un shock”, recordó Silvina. Hasta entonces, el vínculo había sido distante: cocinar y entregar. Pero sentarse frente a quienes necesitaban asistencia cambió completamente la mirada del grupo. “Ahí nos dimos cuenta de que era una cantidad enorme de gente y que las viandas que dejábamos eran nada comparado con la necesidad que había”, contó.

La escena se repetía sábado tras sábado en la parroquia: familias esperando alimentos, madres relatando situaciones complejas, chicos atravesando carencias que muchas veces no se veían. Las amigas empezaron a preguntarse si lo que hacían alcanzaba realmente. Y casi sin darse cuenta, entre conversaciones informales y ganas de ayudar un poco más, apareció la idea de abrir el comedor.

Mientras seguían cocinando, comenzaron también a sumar manos. Algún amigo aportaba dinero, otros ofrecían mercadería y enseguida empezaron a aparecer personas con ganas de colaborar en aquello que todavía era un proyecto improvisado y completamente informal.

Finalmente, el 6 de abril de 2019, el comedor abrió sus puertas por primera vez. Cocinaban los sábados para las familias que ya asistían a través de Cáritas y rápidamente entendieron que necesitaban otra organización distinta a la de las viandas. “Había una hora determinada en que la gente llegaba a comer y tenía que estar todo listo”, recordó Silvina.

El grupo de voluntarios empezó a crecer. Primero dividieron las tareas entre dos equipos de cocina y ahora son tres. Juntaron vajilla, acondicionaron el quincho de la parroquia y sumaron mesas y sillas. “Todo a pulmón”, resumió. Ese sábado inaugural, compartieron el almuerzo con las familias que llegaron al comedor, en una jornada que fue más íntima y reducida.

Pero la noticia empezó a circular. Cada vez llegaba más gente y el espacio quedó chico rápidamente. “Ya no nos daban ni las mesas ni las sillas”, graficó. Y entonces vino la pandemia.

La emergencia sanitaria transformó por completo el funcionamiento del comedor. Además de sostener las viandas, el grupo quedó a cargo también de la organización de Cáritas de la parroquia. La demanda creció de golpe, pero también comenzaron a multiplicarse algunas donaciones. “Teníamos torres de ropa acá”, recordó Silvina, todavía sorprendida por el movimiento que se generó en aquellos meses.

Cuando el comedor obtuvo permiso para funcionar como actividad esencial, empezaron a organizar viandas en cajas para distribuir a las personas que antes iban de manera presencial y que arribaban de distintos puntos de Tandil. Voluntarios recorrían barrios como La Movediza, Villa Cordobita, Maggiori y sectores al norte de la Ruta 226 llevando alimentos y tomando contacto con las situaciones de las familias.

Cada uno volvía con anotaciones en un cuaderno: cuántos habitantes había en la casa, qué necesidades tenían, si faltaban frazadas, ropa o muebles, si algún caso los había impactado especialmente. “Eso nos permitió conocer cómo vivían”, explicaron.

En ese momento todavía no contaban con una trabajadora social y aceptaban prácticamente a todo aquel que manifestara necesitar ayuda. Pero con el tiempo entendieron que hacía falta profesionalizar el acompañamiento. “Nos dimos cuenta de que había gente preparada para esto, que sabía mucho más que nosotros”, dijo Silvina y apuntó a la importancia de ser responsables con el destino de aquello que donan los amigos del comedor.

Hace cinco años incorporaron una trabajadora social que realiza entrevistas presenciales y seguimientos periódicos de las familias. La intención fue evitar caer en un asistencialismo automático y poder evaluar cada situación de manera integral.

Actualmente, en Cáritas acompañan a 38 familias y en el comedor asisten a más de 30 grupos familiares, unas 220 personas en total. “Todas las semanas aumenta el número”, señaló Vivivana Blanc y explicó que también oscila levemente de acuerdo a la cantidad de personas en situación de calle que se acerquen los sábados.

Además de las viandas que preparan en función de la cantidad de integrantes de cada familia, todos los sábados suman leche, pan y frutas para el resto de la semana. Cada quince días, incorporan queso y huevos, junto a otros alimentos como galletitas o fideos cuando consiguen donaciones.

Con el tiempo y tras realizar una encuesta con los asistentes, dejaron atrás la modalidad presencial y comenzaron a entregar viandas para llevar. La decisión tuvo varias razones. Muchas familias caminaban largas distancias con chicos pequeños desde barrios alejados y el traslado se volvía agotador. Sin embargo, el cambio también generó dudas.

“A ellos les gustaba venir. Era su salida”, resaltó Silvina Schang. El comedor no era solamente un lugar donde comer. También era un espacio de encuentro, conversación y compañía.

Ese vínculo cercano se convirtió en una de las marcas más fuertes del lugar. Además de la asistencia alimentaria, ofrecen apoyo escolar, ropa, muebles y acompañamiento cotidiano. A veces ayudan con trámites, otras acompañan a alguien al médico.

Mientras entregan las viandas, los sábados suelen acercarse jóvenes en situación de calle para comer o pedir una ducha. En la parroquia siempre tienen toallas y elementos de higiene para ofrecerles.

“Tal vez con un abrazo ya se van contentos”, resaltó Viviana, quien agregó que fueron ganando experiencia para manejar algunas situaciones con los jóvenes en situación de calle por consumo problemático o problemas de salud mental.

En el camino, las amigas de Inmaculada Madre tuvieron que aprender algo difícil: entender que el objetivo era que las familias pudieran irse. Que consiguieran trabajo, resolvieran problemas de cuidado o encontraran herramientas para sostenerse sin asistencia.

“Nos costaba entender que se tenían que ir”, reconocieron y valoraron las herramientas que les aportó la trabajadora social. Muchas veces se encariñaban con las familias y les resultaba difícil asumir que dejar el comedor era, en realidad, una buena noticia.

Algunas personas todavía vuelven a saludar. Entran a la parroquia, preguntan cómo están o agradecen las fiestas compartidas. Los chicos se acuerdan de los festejos del Día del Niño, de Reyes o de los cumpleaños que organizaban un sábado por mes cuando el comedor todavía era presencial.

Más allá de las viandas que evitan los traslados masivos y el gasto en transporte, las tortas siguen existiendo. Un grupo de mujeres que colabora con la fruta para las familias también prepara tortas personalizadas –verdaderas obras de arte- para cada cumpleañero. Preguntan qué decoración les gusta a los chicos y aparecen personajes, colores y detalles pensados especialmente para cada uno. “Se llaman El Grupo por el Otro. Nunca quieren figurar en ningún lado”, señaló Silvina y mencionó que la vocera es María José Persson.

La red solidaria se sostiene gracias a muchos aportes significativos y constantes. Está Pablo, el panadero que cada semana lleva pan y hace los panes dulces para Navidad. Está la persona que deja pagos packs de leche en el mayorista Daedaz sin decir su nombre. Está El Holandés, que cada semana colabora con queso, ricota y muzzarella. “Tenemos unos donantes que son lo más”, resaltaron otra vez.

Después de tantos años, el comedor ya forma parte de sus vidas. “A esta altura es parte nuestra”, reconocieron. A veces dicen que deberían dar un paso al costado o dejar el espacio en otras manos. Pero cada sábado vuelven a la parroquia, organizan las viandas, reciben donaciones y abren una vez más para dar lo mejor. Porque, como dicen ellas mismas: “No le cerramos la puerta a nadie”.

Para colaborar o conocer más, en Instagram @comedor.inmaculadamadre. 

Desde el comedor Los Tatú, que asiste a 45 familias del barrio La Movediza, advirtieron de un fuerte incremento en la demanda ante la llegada del invierno. Según relató Paola Quero, referente del espacio, la necesidad de asistencia se ha incrementado de manera sostenida en las últimas semanas, alcanzando a familias que anteriormente lograban autosustentarse mediante empleos informales o changas.

Al respecto, Paola Quero señaló: "La demanda viene creciendo. Esta semana se agregaron cuatro familias nuevas todo más que nada de la zona de La Movediza de arriba. Todas las semanas, de una a dos familias se van agregando. Está complicado, se viene complicado el asunto, más ahora con el invierno, y la demanda aumenta".

La situación, planteó la referente,  se agrava por el contexto macroeconómico que golpea a los sectores más vulnerables. Al respecto explicó que el sentimiento predominante entre los concurrentes es de frustración. "La situación económica está cada vez peor y la gente no llega", afirmó. Asimismo, detalló que "las familias transmiten la impotencia de no llegar a fin de mes, de no poder sostener el plato de comida, de no poder tener una campera de abrigo para sus hijos, de mucha bronca e impotencia".

Uno de los puntos de mayor preocupación para los responsables del comedor es la imposibilidad de las familias para acceder a servicios esenciales como la calefacción y la cocción de alimentos. La eliminación del Plan Hogar, señalaron, ha dejado a muchos vecinos en una situación de desamparo frente al costo de la energía, en particular de las garrafas.

Sobre este punto, Paola Quero manifestó: "Uno de los temas que más preocupa es el tema de la garrafa, está complicado. La garrafa hoy cuesta 30 mil pesos. No existe más lo que es el Plan Hogar. Entonces eso también lleva a la gente a no tener. En Desarrollo Humano del Municipio le dan 15 mil pesos pesos y tampoco alcanza para comprarla".

La referente enfatizó que la carencia es integral: "No tienen para calefaccionarse, no tienen para cocinar, faltan frazadas, falta ropa de abrigo, es todo junto". Ante este panorama, surgió una iniciativa solidaria impulsada por las propias colaboradoras del espacio. "Sí, hay un grupo de mamás que colabora con el comedor y salió de ellas la idea de poder realizar frazadas en polar para las familias del comedor", comentó.

La logística de distribución representa un desafío adicional debido a la cantidad de integrantes por grupo familiar. "Nosotros tenemos familias donde hay cinco o seis chicos, entonces como que es medio complicado después para repartir porque va a alcanzar una frazada para cada familia. Lo importante es que se suman y estas mamás están trabajando para poder hacer esas frazadas para que lleguen al comedor", explicó Quero.

Actualmente, el comedor asiste a 45 familias. La dinámica de trabajo se desarrolla de lunes a jueves, donde las voluntarias comienzan la preparación a las 16:30. Entre las 19:30 y las 20:00, los vecinos se acercan con sus recipientes para retirar la ración diaria. La organización prioriza a quienes residen en la zona más alta del barrio para facilitar su retorno. 

Además de la comida caliente, el comedor distribuye otros insumos cuando están disponibles: "Se llevan la comida. Si hay manzana, se les da, si hay galletitas o latas de tomate que se consiguieron también se les reparte, además de la comida", concluyó la referente.

En mayo, los más de 900 mil beneficiarios del programa Volver al Trabajo volverán a percibir la asignación, luego de que un fallo de la Justicia Federal ordenara al gobierno nacional restituir los pagos correspondientes. La medida fue dictada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien instruyó al Ministerio de Capital Humano a reactivar la prestación de manera inmediata.

La resolución judicial obliga a la cartera que conduce la ministra Sandra Pettovello a mantener vigentes las transferencias económicas del programa, al menos hasta que exista una sentencia definitiva sobre su continuidad. Cabe recordar que el programa había sido dado de baja por el gobierno con la intención de reemplazarlo por un esquema de vouchers de capacitación laboral. Según la ministra, este nuevo sistema permitiría acceder a una formación profesional con inserción en el empleo registrado, pero tras la decisión judicial, esa transición quedó en pausa y se deberá continuar con el esquema anterior.

A diferencia de las jubilaciones y pensiones que se abonan según la terminación del DNI, el programa Volver al Trabajo se paga habitualmente antes del quinto día hábil de cada mes. Para el período actual, el pago se acreditará el martes cinco de mayo, de acuerdo a lo informado por la ANSeS.

En cuanto a los montos, no se informaron modificaciones, por lo que el valor se mantendrá igual que en los meses previos. En este sentido, los beneficiarios recibirán una asignación mensual fija y no remunerativa de 78.000 pesos. Los titulares pueden verificar el estado de su cobro, así como el Acompañamiento Social, a través de las aplicaciones oficiales Mi ANSeS o Mi Argentina.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, puso en marcha la tercera edición del Programa de Vouchers Educativos 2026. Esta iniciativa consiste en una asistencia económica mensual dirigida a familias que envían a sus hijos a instituciones educativas de gestión privada que cuentan con un alto subsidio por parte del Estado.

El beneficio busca acompañar el pago de las cuotas escolares de estudiantes de hasta 18 años que cursen los niveles inicial, primario y secundario en establecimientos con al menos un 75% de aporte estatal. La convocatoria quedó formalmente abierta este miércoles tras la publicación de la Resolución 205/2026 en el Boletín Oficial.

Para ser beneficiario del programa, los solicitantes deben cumplir con una serie de condiciones de carácter obligatorio. En primer lugar, deben ser argentinos nativos o naturalizados, o extranjeros con una residencia legal en el país de al menos dos años. Asimismo, los ingresos del grupo familiar no pueden superar los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), lo que representa un tope de $2.504.600 según los valores actualizados a febrero de este año.

Por otro lado, el estudiante debe mantener la condición de alumno regular. La ANSES realizará una evaluación socioeconómica mensual para validar la continuidad del beneficio, mientras que la regularidad escolar se verificará dos veces al año, con una certificación final al concluir el ciclo lectivo.

La inscripción es 100% online y gratuita, y debe ser realizada por uno de los responsables parentales a través de la plataforma oficial del programa o mediante Mi Argentina. Es fundamental contar con el DNI y número de CUIL de los menores, así como el nombre y dirección exacta de la institución educativa.

Desde el organismo aclararon que no se debe acumular dos cuotas impagas consecutivas, ya que esto genera la suspensión temporal del cobro. En caso de alcanzar las tres cuotas impagas, se procederá a la cancelación definitiva del beneficio. El programa es compatible con otras prestaciones del Estado y apunta a garantizar la continuidad pedagógica en un contexto económico complejo.

En la previa de la sesión en la Cámara de Diputados que busca rechazar los vetos del presidente Javier Milei, el Gobierno nacional salió a decir que "está considerando" otorgar un aumento a las prestaciones para discapacidad. Así lo hizo saber en un breve mensaje el vocero Manuel Adorni, aunque no dio precisiones sobre los montos de suba que estarían siendo evaluados.

"Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo. Este aumento reforzaría la cobertura en todo el país ya que aseguraría un financiamiento más justo y acorde a la realidad actual. De concretarse, la medida se podría ejecutar gracias a los ahorros que conseguimos a partir de auditar las pensiones por invalidez mal otorgadas y terminar con ‘curros’ de muchos años", escribió en la red social X.

De esta manera, el Ejecutivo ratificó que pondrá mayores fondos para discapacidad, ante la inminente postura de la oposición en la Cámara Baja para revertir los vetos del Presidente. “Esto se trata de un paso en la agenda de mejoras para el sector que impulsa el Gobierno, con el foco puesto en las personas y en el uso responsable y eficiente de los recursos públicos”, cerró Adorni.

Previo al posteo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, contó que estaban "tratando de convencer" a la mayoría de los legisladores para que ratifiquen los vetos.

Sin embargo, la oposición tiene confianza en insistir con la ley de Emergencia en Discapacidad, que en la sesión de este miércoles está fija como primer punto del temario.

Con el anuncio en la previa de la sesión donde la oposición busca asestarle un duro golpe al Gobierno libertario, el oficialismo busca restar votos en su contra.

La Subsecretaría de Desarrollo Humano y Hábitat del Municipio se encuentra ante un panorama desafiante, registrando un incremento significativo en la demanda de asistencia social, especialmente en lo que respecta a la seguridad alimentaria. Juliana Teerink, subsecretaria del área, ofreció un diagnóstico de la situación actual en diálogo con El Eco Multimedios. "A esta altura del año tenemos un panorama donde podemos dar alguna observación sobre cómo se fue planteando la situación, donde obviamente notamos un incremento sobre todo en la época de invierno y más que nada en Tandil, que se hace notar y mucho".

Este aumento se refleja en el programa de seguridad alimentaria, que es administrado por Desarrollo Humano con recursos propios. Mientras que en el invierno del año pasado el programa beneficiaba a cerca de 2.000 familias, las cifras actuales son considerablemente más altas. Teerink precisó que "hoy estamos hablando de alrededor de 2,700 familias y tal vez un poco más en algunos en algunos momentos más puntuales". 

Un factor clave que ha disparado esta demanda es la situación con la recarga de gas envasado, que es fundamental para la elaboración de alimentos. "Más allá de la cuestión de la calefacción, que muchos también utilizan el gas envasado, nosotros lo asociamos directamente con el programa de seguridad alimentaria, donde no solo los alimentos son necesarios para poder acompañar, sino también la posibilidad de elaborarlos".

La indefinición del gobierno nacional con respecto al Plan Hogar, que contemplaba un ingreso extra para las familias destinado justamente a la compra de garrafas, se ha reflejado en las finanzas municipales, generando una cuestión presupuestaria no prevista en estos términos. Ante esta situación, el departamento está "fuertemente apuntalando, si se quiere, lo presupuestado como para poder dar respuestas efectivas".

En cuanto a la articulación con los comedores comunitarios y el reciente desarrollo del registro de este tipo de instituciones, la Subsecretaria aclaró: "nosotros siempre hemos tenido contacto, siempre hubo un registro de los comedores, sobre todo aquellos que no  están asociados a algún movimiento o partido político, sino aquellos comedores que surgen de algún vecino, alguna vecina de los barrios que promueva este tipo de servicio desde sus propios domicilios". 

Esta ordenanza ha permitido generar un nuevo tipo de articulación para obtener datos concretos sobre cómo trabajan y cuál es el incremento de la demanda, incluyendo si se trata de niños, adolescentes o adultos mayores.  Un claro ejemplo de tendencia alcista en terminos de necesidad es el comedor de la parroquia del Carmen, que ha triplicado su atención, lo cual llamó la atención del área. Teerink confirmó que tienen “absoluto contacto con ellos como con algunas de las iglesias evangelicas”, adonde las familias, en ocasiones, acuden en busca de un módulo alimentario "como para reforzar la última semana del mes".

El titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Miguel Carlos Blanco, aseguró que las auditorías realizadas sobre los registros de comedores y merenderos del exministerio de Desarrollo Social (hoy Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia) revelaron irregularidades de magnitud.

“Sobre 54.613 inscripciones, el 87% estaban duplicadas y solo el 3% fueron validadas físicamente. Es decir, más de 38.000 comedores nunca fueron visitados por un inspector”, advirtió.

Blanco explicó que se trató de una primera etapa de control centrada en el sistema RENACOM, la base digital donde se registraban los comedores: “Muchos formularios estaban incompletos, con datos nulos, direcciones inexistentes o campos vacíos. El sistema permitía inconsistencias sin validación y no tenía control de integridad. Es decir, la base misma ya estaba mal diseñada”. Según detalló, en una muestra aleatoria de visitas, encontraron establecimientos que no existían o que no cumplían con lo declarado.

Consultado sobre si esos lugares recibieron fondos durante ese tiempo, respondió: “La parte física y financiera aún no fue auditada. Eso es materia de la segunda etapa. Pero es evidente que no se controlaba a quién se le giraba dinero ni qué hacían con él”. Y agregó con crudeza: “La falta de control es el terreno fértil para la corrupción. Esto lo estamos viendo en todos los organismos que auditamos”.

Además, Blanco advirtió sobre un patrón estructural en la administración anterior: “No hay rendición de cuentas, ni evaluación de impacto de los programas. Todo giraba en torno al anuncio político, sin importar si los objetivos se cumplían o no”.

La auditoría demoró más de un año debido a cambios constantes en la conducción del área. “Desde diciembre de 2023 pedimos datos, pero recién ahora logramos acceder a información clave. Hubo tres titulares en ese período, lo que retrasó todo”, explicó.

Blanco también se refirió al conflicto con la Universidad de Buenos Aires (UBA), que se niega a ser auditada por la SIGEN y judicializó el caso alegando autonomía. “La autonomía universitaria no implica no rendir cuentas. Las universidades nacionales manejan fondos públicos, por eso deben ser auditadas. Hasta 2022, la SIGEN auditaba sin inconvenientes. Fue recién con un dictamen posterior que eso cambió”, detalló.

Actualmente, la SIGEN mantiene un litigio judicial con la UBA, aunque Blanco destacó que otras universidades sí están colaborando. “Ya firmamos convenios con varias universidades del país y comenzamos los trabajos de revisión. La Universidad de La Matanza, la del Nordeste y otras están siendo auditadas normalmente. La única que se negó es la UBA”, afirmó.

Además, señaló que la UBA comenzó recientemente a cargar datos en el sistema CINTRARED –registro de la Secretaría de Educación para la rendición de fondos–, lo que considera un primer paso hacia la normalización.

“La Argentina necesita volver a una lógica básica de administración: saber quién recibe fondos públicos, para qué y con qué resultados. Eso no es persecución, es sentido común”, concluyó.

Los comedores comunitarios de la ciudad enfrentan un invierno de necesidades crecientes y desafíos económicos, apelando a la solidaridad de los tandilenses para sobrellevar una demanda de asistencia que se ha duplicado, e incluye a personas con trabajos estables que, aun así, no logran satisfacer las urgencias de su familia. La coordinadora de uno de estos espacios, Paola Quero, detalló la situación en diálogo con El Eco Multimedios, y repasó los temas más apremiantes, que van desde el abrigo hasta la calefacción de las instalaciones, y la creciente cantidad de vecinos que acuden en busca de ayuda.

La principal preocupación de Los Tatu, el comedor que dirige, en esta época del año, es abastecerse de lo necesario para combatir las bajas temperaturas. Señaló que la mayor necesidad es ropa de abrigo, frazadas y calzado, y subrayó que muchos de los niños que asisten al lugar han ido creciendo, y las prendas invernales que tenían ya no les quedan, lo que se agrava por las condiciones de vivienda de muchas familias.

“Hay muchas casas muy humildes que necesitan bastantes frazadas, porque sabemos que los chicos duermen todos juntos, y no por no tener cama, sino porque no tienen con qué taparse y con estos fríos extremos que hay tienen que compartir lo que tienen”, explicó. La vestimenta de abrigo que más escasea abarca todos los talles para los niños, desde bebés recién nacidos hasta adolescentes de 12, 13 o 14 años. También hay una falta notable de ropa de hombre, aunque sí cuentan con indumentaria para mujeres adultas.

Además de la escasez de abrigo, existe un peligro latente en los hogares vulnerables, ya que algunos intentan calefaccionarse con métodos rudimentarios que los ponen en “peligro constante de que puedan perder lo único que tienen, que es su hogar”. Quero recordó un triste episodio del invierno pasado, cuando “a una de las chicas se le prendió fuego su casa y perdió todo lo que tenía”.

El propio comedor enfrenta grandes obstáculos para mantener su espacio cálido. “Nosotros no contamos con calefacción, o sea, lo hacemos con la luz, con aparatos electrónicos, lo que conlleva un gasto mayor”. Dada la variedad de actividades que se realizan en el lugar –funciona como sede social de lunes a jueves, con actividades para niños en la mañana y al mediodía, y talleres por la tarde, además de servir la cena–, “el espacio tiene que estar calefaccionado todo el día”. Esto implica un uso intensivo que varía entre el uso de caloventores y garrafas. “Si prendemos la garrafa, después no llegamos con el gas”, aseguró. La asistencia del Municipio solo provee una garrafa mensual, y aunque reciben donaciones adicionales, el consumo se disparó de “dos a cuatro garrafas por mes, que es un montón”.

La demanda de asistencia se ha incrementado exponencialmente en los últimos dos años, reflejando una realidad económica que golpea a todos los estratos sociales. Quero afirma que “los comedores están todos rebalsados”. La situación ha cambiado drásticamente, “porque antes trabajábamos con el universo de las familias más vulnerables y ahora es también con ese trabajador registrado, con ese albañil que antes no se acercaba porque la podía sobrellevar, pero ahora les cuesta el doble”.

La subsistencia del comedor depende en gran medida de la comunidad. Quero destaca que gran parte de los recursos “los conseguimos gracias a la gente, a la colaboración de los vecinos de Tandil, que se acercan y nos traen”. La compra de insumos es complicada, ya que no todos los artículos necesarios se encuentran en el Banco de Alimentos, que es la entidad a través de la cual se reciben muchas donaciones en colaboración con el Municipio, y esto los obliga a acudir a la solidaridad de los tandilenses.

En ese sentido, señaló que, en base a las necesidades mencionadas, cualquier ayuda será bien recibida, y se puede coordinar la entrega comunicándose al número 2494 33-5489 o acercándose a la sede del comedor en calle Azucena 1823.

A fines de 2024, a raíz de un proyecto presentado por el concejal Nicolás Carrillo, se aprobó en la ciudad el Registro de Comedores y Merenderos. El Eco de Tandil dialogó con las funcionarias municipales a cargo de la implementación de la ordenanza, quienes brindaron detalles del “acompañamiento integral” que llevan a cabo, del mapeo que realizaron de 20 establecimientos que elaboran sus propios alimentos, de las reuniones mensuales y del aporte de Bromatología en cuestiones sanitarias.

“La línea de trabajo que se está siguiendo desde la Secretaría es que esto sea integral. Que no nos enfoquemos solamente en observar cuántas familias comen en los comedores, sino por qué comen estas familias ahí. Después hacemos el contacto con el Centro comunitario que corresponde y que hay una trabajadora social en ese barrio. Porque la articulación hoy es buena, y hay un canal fluido con todos. Nos conocemos con nombre y apellido, sabemos dónde funcionan. Si sucede algo, nos lo hacen saber. La comunicación es buena, hay un canal directo y eso optimiza muchísimas cosas”, expresó María Eugenia Civalleri, subsecretaria de Desarrollo Humano y Hábitat.

La funcionaria dialogó con El Eco de Tandil junto a Carla Mucklowe –del Área de Vinculación Programática-, la trabajadora social a cargo de recorrer cada uno de los comedores y merenderos de la ciudad. De acuerdo a lo que contaron, tras comenzar con el relevamiento contaban con alrededor de 30 establecimientos a nivel local. Durante las recorridas pudieron establecer cuáles se adecúan a la normativa aprobada –los que elaboran alimentos en el lugar-, y así conformaron un listado de 20 de los cuales 3 son merenderos y el resto comedores. Uno, cabe destacar, está ubicado en la localidad de María Ignacia Vela.

“La sanción de la ordenanza nos ordenó en cuanto a la sistematización de un trabajo que nosotros ya veníamos haciendo, de acompañamiento con merenderos y comedores de la ciudad. Desde la sanción de la misma, convocamos a todas las instituciones y nos empezamos a reunir mensualmente”, sostuvo Civalleri.

Tras el primer relevamiento –a partir del cual determinaron los 20 establecimientos mencionados-, desde la Secretaría comenzaron con una segunda etapa de la implementación del Registro. Volvieron a los comedores y merenderos junto a personal de Bromatología para asesorar en cuestiones de sanidad alimentaria.

“Hemos trabajado cómo subir los alimentos por los roedores, cómo pintar determinadas paredes, y en combinación con otros proyectos que tenemos en la Secretaría, a todos se les entregaron delantales y cofias para que trabajaran en condiciones como cualquier lugar que elabora”, explicaron.

El objetivo de este trabajo, sumaron “es tener un asesoramiento que les permita a ellos mejorar y poder brindar dentro de esas condiciones las mejores posibilidades en cuanto a la elaboración y entrega de comida. Algunos de ellos tienen óptimas condiciones y otros no, y la idea es acompañar para llegar al mejor estado posible”.

Parte de las trabajadoras de los comedores –de acuerdo a lo que comentaron, son en su mayoría mujeres-, ya contaban con el curso de manipulación de alimentos. En ese sentido, proyectan poder brindarle a las cocineras la libreta sanitaria, con el fin de que puedan acceder a otros posibles trabajos.

Fue a partir del relevamiento que la trabajadora social elaboró un mapeo de los establecimientos recorridos.  “Pudimos centralizar en qué zona de la ciudad tenemos la mayor demanda o dónde estarían ubicados los comedores. La mayoría están ubicados en todo lo que es La Movediza, San Juan o Maggiori”, indicaron.

Tras la sanción de la ordenanza, comenzaron a reunirse de manera mensual con referentes de los comedores y merenderos. “Es con acta, participan la secretaria y la subsecretaria, y siempre alguien del Concejo Deliberante”, sostuvieron.

En el marco de los encuentros, compartieron, profundizaron el vínculo con los establecimientos, y generaron un espacio a partir del cual poner en común problemáticas tanto generales como particulares. Así pueden relevar de primera mano necesidades puntuales, como el faltante de mercadería del Banco de Alimentos, y suplirlo con asistencia municipal o derivaciones de donaciones.

“Hay un aumento de la demanda, obviamente.  Por el frío, las bajas temperaturas y muchas situaciones que se han venido dando. Pero ese aumento de demanda, lo hemos podido suplir con un aumento nuestro, de parte de la Secretaría, de donaciones también que han llegado y los hemos podido cubrir nosotros a ellos”, señalaron al respecto.

De cara al futuro, una vez concluidos los detalle del relevamiento, de parte de la Secretaría continuarán con la implementación de la ordenanza a partir de la publicación del Registro, y otros aspectos de señalización de los establecimientos.

El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina –conocido como Progresar– cumplió 11 años. El Gobierno de Javier Milei lleva recortados 500 mil beneficiarios desde que asumió y, en el mismo período, esmeriló el poder adquisitivo un 44%, lo que significó un ahorro en la partida real acumulado de casi 90% hasta fin de 2024.

El Centro CEPA difundió estos datos y advirtió que, para este año, lo presupuestado proyecta una reducción adicional de 18% en comparación con 2024, lo cual sugiere que no habrá recuperación del poder adquisitivo y que podría haber nuevos recortes en la cantidad de beneficiarios.

Si bien la meta física del presupuesto 2025 prevé alcanzar 1,5 millones de jóvenes, en 2024 el programa solo llegó a un millón, pese a contar con un monto asignado mayor en términos reales.

En cuanto al poder adquisitivo de las becas, se había desplomado a la mitad del valor registrado en 2023.

Al licuarse la asignación individual y reducirse entre 2019 y 2025 la cantidad de beneficiarios, el presupuesto destinado a Progresar siguió una dinámica similar, según CEPA.

Progresar fue implementado en 2014 para garantizar una transferencia monetaria a jóvenes entre 18 y 24 años que estudiaran y cuyos hogares no superaran un salario mínimo.

Actualmente, el programa cuenta con tres líneas de becas: Progresar Obligatorio, Progresar Superior y Progresar Trabajo.

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto de resolución presentado por el bloque UCR para pedir información a las autoridades nacionales sobre los montos otorgados mediante el programa Hogar. La iniciativa surgió a partir de que se hayan detectado casos en los que una jubilada recibió de parte de Anses 1231 pesos como ayuda mensual para la compra de garrafas, mientras que una familia recibió poco más de 5 mil pesos. Por la merma en el aporte, aumentó la demanda de los Centros Comunitarios municipales.

“El tema es que si el monto por una persona es, como cobró esta vecina, 1.231 pesos, la realidad es que hay un desfinanciamiento del programa, porque el programa no está cubriendo las expectativas para lo que fue creado”, expresó la concejal Guillermina Cadona, impulsora del proyecto de resolución, en diálogo con El Eco.

El plan Hogar “garantiza el acceso a la garrafa para hogares de menores ingresos y entidades de bien público”, informa el portal oficial de la Secretaría de Energía, ente a cargo de la política pública. “El beneficio consiste en un subsidio directo y mensual fijado por la Secretaría de Energía que cubre un porcentaje del valor efectivo de la garrafa de 10 kg”, agrega la información oficial.

En concreto, pueden acceder al beneficio aquellos hogares que no cuenten con conexión a la red de gas, y cuyos ingresos no superen los dos salarios mínimos. El programa ya había sido objeto de cuestionamientos –y motivó otros proyectos en el Legislativo local- al inicio de la gestión de Javier Milei al frente de la presidencia de la Nación, ya que se registraron contratiempos en la continuidad de la implementación.

La iniciativa del bloque UCR surgió a raíz de que comenzaron a registrar que muchos vecinos concurrían a los Centros Comunitarios y debido a la escasa ayuda recibida de parte de Nación, se daban de baja de los programas de Anses para acceder a las políticas de asistencia municipales.

“En un caso puntual, una jubilada había cobrado 1231 pesos, que le viene como ‘Ayuda Plan Hogar’. Otro caso era una familia de cuatro integrantes que habían cobrado alrededor de 5 mil pesos. Empezamos a poder investigar, y cuando se inició el programa el monto era del 80 por ciento del valor aproximado de una garrafa. Hoy en Tandil una garrafa está 14500 pesos en la planta, y si pedís que te la lleven a tu casa alrededor de 17 mil pesos. Cuando hablamos con vecinos, nos decían que usaban dos garrafas semanales, porque en la mayoría de los casos una es para la cocina y el termo, y la otra es una estufa garrafera que va dando vueltas por los ambientes de la casa”, contó Cadona.

La concejal revisó la normativa vigente con respecto al Plan Hogar, en el cual la Secretaría de Energía estableció –sin mayores detalles-, que el aporte varía en función del tamaño del grupo familiar. “Vemos que el programa está desfinanciado, que realmente a la gente no le sirve ser parte”, sostuvo.

“Entonces lo que hemos notado es mucha más demanda en los Centros Comunitarios”, planteó Cadona, quien agregó que “hoy se están triplicando las ayudas, porque había muchas personas de la ciudad que eran parte del programa Hogar, y que hoy al no servir el programa directamente se están acercando a los Centros Comunitarios”.

En concreto, el proyecto de resolución aprobado está dirigido a la secretaria de Energía de Nación –María Carmen Tettamanti-, con copia la jefe Regional de Anses Gonzalo Santamarina, y solicita “información con respecto a las diferencias de los montos en los distintos depósitos bancarios realizados a beneficiarios del programa Hogar”.

Desde el comedor de la parroquia Nuestra Señora del Carmen se está organizando un locro para recaudar fondos destinados a la compra de alimentos y otras necesidades, tanto del espacio en sí como también de la fundación Cáritas, que cuenta con un punto de atención en la iglesia, buscando hacer frente a la creciente demanda de asistencia. El tradicional plato patrio estará a la venta para ser retirado el 25 de mayo en Alberdi 936, con una porción que cuesta $10.000. Se trata una porción abundante y elaborada con ingredientes de primera calidad. 

Viviana Blanc, una de las trabajadoras del lugar, que lleva el nombre de Inmaculada Madre, comentó en diálogo con El Eco Multimedios que, desde el año pasado hasta este, se ha observado un crecimiento significativo en la cantidad de personas que necesitan ayuda, una situación que genera preocupación. En el último tiempo, Cáritas ha sumado cinco familias y el comedor, catorce familias nuevas a las que ya atendían. En total, se atiende a aproximadamente 230 personas entre ambos sitios. Además, asisten a chicos de la calle que van a comer al lugar los viernes, cuando se entregan las viandas. El número de personas que requieren asistencia sigue creciendo, y hay varias familias en lista de espera que no pueden ser sumadas aún, ya que se prioriza “atender bien, con todo lo que necesitan, a cada una, sin quitarle a otra”.

La asistencia brindada es considerable; en Cáritas, se entrega una caja mensual muy completa con artículos secos como jabón, champú, fideos, arroz, aceite, y todo lo que es comestible. En el comedor, los trabajadores preparan las viandas "como si cocinaran para uno mismo o su propia familia", y además se les agrega leche, queso, huevo, fruta y pan.

Entre las familias recién incorporadas, sostuvo Blanc, algunas no habían buscado asistencia previamente, y se volcaron a pedir comida ante la agobiante situación económica que atraviesa el país. Asimismo, un grupo que ha visto un incremento constante en la necesidad de ayuda son los jubilados. Muchos de ellos son asistidos a través de Cáritas debido a que la caja que se entrega es más completa y les permite cubrir varios días.

Estos jubilados, explicó la trabajadora, relatan la creciente dificultad para llegar a fin de mes, expresando con crudeza: “Antes llegaba al 18, después al 15, ahora ya no llego”. Blanc comparte la angustia de tener que afrontar gastos básicos como la luz y otras cuentas, una situación que califica de “muy triste, porque no deberían estar en la necesidad de pedir ayuda, sino disfrutando de la comodidad en sus hogares”.

Para sumar un granito de arena al incansable trabajo de los cocineros y disfrutar de un imperdible plato patrio este domingo 25 de mayo, pueden encargarse al número 2494 324553.

La Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo confirmó ayer la sentencia que obliga al Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, a restituir el abastecimiento de alimentos a los comedores comunitarios.

El fallo responde al amparo presentado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), con el patrocinio del CELS y del abogado y dirigente de Argentina Humana, Juan Grabois.

La resolución fue dictada por la Cámara, integrada por los jueces Sergio Gustavo Fernández, Jorge Eduardo Morán y Susana María Mellid, quienes ratificaron que el Estado no puede suspender la asistencia alimentaria sin afectar gravemente derechos constitucionales.

Con esta decisión, ya son 12 los jueces que se pronunciaron contra las políticas de Milei y Pettovello en materia de asistencia social.

En paralelo, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7 volvió a intimar al Ministerio de Capital Humano, exigiendo el abastecimiento de alimentos a 53 comedores comunitarios más.

Esta medida se suma a una orden previa que obligó a abastecer a otros 66 comedores, elevando el total de nuevos espacios que deben ser incorporados a los programas alimentarios vigentes.

La decisión enfatiza el tiempo transcurrido, el derecho alimentario vulnerado y el accionar dilatorio de la cartera dirigida por Pettovello.

El Municipio comienza con los preparativos para el invierno, reforzando la asistencia a familias vulnerables, en una época invernal que amenaza con ser realmente fría a raíz del cambio climático, que se manifiesta en los múltiples acontecimientos meteorológicos alrededor del mundo, y en un contexto de aumento de la demanda en comedores y centros de salud de la ciudad.

Juliana Teerink, Secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, dialogó con El Eco Multimedios, y repasó las diferentes vías de ayuda que ofrece el gobierno comunal para paliar las consecuencias del invierno en los sectores más necesitados.

“Cuando empiezan los primeros fríos se empieza a activar todas las propuestas que tienen que ver con la calefacción y con el refuerzo sobre todo en cuestiones de mejoramiento de viviendas para evitar que en el transcurso del invierno tengamos mayores complicaciones”, afirmó la secretaria.

Una de ellas, por ejemplo, es la entrega de leña, la cual desde hace algunos años ya no se entrega directamente en la casa, sino que se le entrega a la familia un monto específico para su compra. "Nos pareció mucho más práctico y operativo hacer un depósito a las personas que están bajo este programa, evaluadas por el trabajador social, para que cada uno pueda hacer uso de ese recurso en el comercio de mayor proximidad", señaló. Además, se reforzará la inversión en la recarga de gas envasado para aquellas familias que no cuenten con dispositivos para utilizar leña.

Reconociendo el contexto económico, la funcionaria anticipó un posible aumento de los pedidos de asistencia. “Ya el año pasado tuvimos una fuerte demanda, a la cual pudimos dar respuesta. Nunca que es suficiente lo que uno puede este aportar desde el Estado municipal a partir de un presupuesto que está elaborado previamente a todo esto, pero sí está la disposición y la decisión del intendente como para poder reforzar a partir de otras partidas, para que Desarrollo Humano como también el Sistema Integrado de Salud cuente con los recursos necesarios para dar esta respuesta a una nueva demanda que podamos tener”, explicó.

Actualmente, 2400 familias son alcanzadas por la secretaría, número que se mantiene en aumento de manera constante. La identificación de las necesidades se realiza a través de los centros comunitarios de los barrios, los cuales poseen, cada uno en particular, un trabajador social. Se priorizan situaciones habitacionales, de salud y la conformación del grupo familiar. Además, la secretaría articula con diversas organizaciones sociales, fundaciones y comedores. “Estamos trabajando justamente ahora a partir de la ordenanza por la que se va a generar el registro de comedores para poder ordenar también esta cuestión. Por supuesto que la respuesta también está a partir de esto, de esta articulación. La idea es no superponerse, sino que el recurso le llegue a la persona que lo requiere”, manifestó.

Para aquellos que necesiten asistencia, Teerink señaló a los centros comunitarios como el primer punto de contacto. “Nosotros siempre hablamos de la accesibilidad, por eso los centros comunitarios están en cada barrio. Ese sería el primer punto de atención. En todo caso, el trabajador social hará la articulación con el área correspondiente si así lo requiere, pero bueno, es el punto de mayor cercanía del vecino”. También mencionó la secretaría misma, el Consejo Pastoral con las iglesias evangélicas, Cáritas y las ONGs nucleadas en Mesa Solidaria como otras vías para acceder a la ayuda.

Luego del devastador temporal que arrasó Bahía Blanca, dejando graves daños materiales y afectando a cientos de familias, Mesa Solidaria Tandil, con el acompañamiento del Municipio de Tandil, el Consejo Pastoral, Caritas, la Cámara Empresaria y APYMET, lanza la campaña "Tandil Solidario Abriga a Bahía Blanca".

El objetivo es reunir artículos esenciales para colaborar con la limpieza y la recuperación de las zonas afectadas.

Se solicita la donación de:

• Artículos de limpieza: lavandina, trapos de piso, detergente, escurridores, escobas.• Agua mineral.

Los vecinos podrán acercar sus donaciones a los diferentes centros de recepción, donde posteriormente serán organizadas y enviadas a Bahía Blanca a través de las instituciones que están coordinando la asistencia en la zona, cuando sea posible llegar a la ciudad.

Las personas interesadas en colaborar pueden acercar sus donaciones, desde este sábado 8 al martes 11 de marzo, a los siguientes puntos, desde las 10 a 18 horas:

• Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat (Del Valle 757)• Iglesia Vida para Todos (Alem 1627)• Club Kramer (Kramer 250)

(En las próximas horas se agregarán nuevos puntos de recepción que serán informados por este medio)

Claudia Caballero, representante de Mesa Solidaria, expresó: "Una vez más apelamos a la generosidad de los tandilenses para ayudar en esta situación de emergencia. Sabemos que contamos con una comunidad comprometida y solidaria, y confiamos en que podremos brindar una ayuda significativa a Bahía Blanca".

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, Juliana Teerink, señaló que "Tandil Solidario Abriga no solo es una campaña para el invierno, sino un compromiso permanente de solidaridad. Hoy Bahía Blanca nos necesita, y estamos seguros de que los tandilenses una vez más darán una gran muestra de apoyo".