El sindicato que nuclea a los trabajadores de empresas informáticas consiguió la personería gremial mediante la ratificación, en segunda instancia, que le otorgó La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. 

Esta organización gremial se inició hace más de 30 años con el comienzo de la industria informática. En el 2018 el ministro de Trabajo de aquel momento, Jorge Triaca le otorgó la personería al sindicato que lidera Ezequiel Tosco.

Sin embargo, poco después el ministro que le continuó a Triaca, Dante Sica, derogó la personería que su antecesor había entregado a los informáticos. Desde entonces, AGC comenzó un largo proceso de litigio con el Ministerio de Trabajo. 

Luego de varias instancias judiciales y de pandemia de por medio, hace días atrás la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó la personería gremial de AGC. Ante esto otras organizaciones gremiales han presentado recursos judiciales contra esta decisión, pero hasta el momento ningún juez pidió la suspensión de la personería.

Con este fallo favorable, el sindicato de la actividad informática reclama que el Ministerio de Trabajo los convoque junto a la Cámara de la Industria del Software para negociar paritarias y elabora un convenio colectivo de trabajo. 

A raíz de este esta información, el ingeniero en sistemas Manuel Alonso, quien es delegado local de AGC e integrante del consejo directivo nacional, contó que entre las principales repercusiones en la actividad laboral del fallo se encuentra la elaboración de un convenio colectivo de trabajo. Según el representante de AGC, “un convenio nos permite perfilar mejor las condiciones laborares de una actividad informática. Es decir, podemos definir las caracterizas que tiene cada espacio de trabajo y cuáles son las escalas salariales que corresponden”. En este sentido, se refirió a que no solo se trata del nivel de ingreso sino también a como se estructura el trabajo. 

Declaró que “en nuestra industria no existe un piso salarial, ni hay categorías y no están definidos los roles labores. Tampoco existe una regulación en el reconocimiento del título universitario o terciario, del conocimiento en idiomas, ni cómo se premia la labor de trabajador. Son todas cosas que queremos revisar para que esta industria sea un lugar más atractivo para trabajar”. 

Indicó que la regulación de esta serie de cosas aclara el camino para los trabajadores que desean hacer una carrera dentro de las empresas. 

Además, señaló que uno de los objetivos que tienen para el sector es “cobrar un sueldo registrado, pensar tener un jubilación digna y un obra social propia”. Asimismo, reconoció que este es el piso para después soñar con planes a futuros como la puesta en marcha de un programa de viviendas para los informáticos. 

Con respecto las condiciones de los trabajadores informáticos y a los perfiles de estos,  Alonso describió que “a veces se publicitan realidades que no son tal para todo el conjunto. Hay colegas que hacen gran carrera, sin embargo, eso no es así para todos. La mayoría está en condiciones preciaras y tiene que negociar por si solo el suelo, eso es cruel y desgastante para el trabajador”. 

Por ello, remarco “proponemos poner un piso de esa negociación, el sindicato negocia un porcentaje para alcanzar la inflación y después cada trabajador, si lo desea, que puede elevar por encima de eso”.

El representante de AGC manifestó que “las empresas grandes, que son las que conducen las cámaras empresarias, tienden a ser bastante dogmáticas en cuanto a sus discursos y negociaciones, no se mueven tanto de su posición. En cambio las pequeñas y medianas suelen ser más receptivas al diálogo”. 

Pese a la desigual relación que sostienen con el universo empresarial de la informática, Alonso remarcó que están abiertos al diálogo con los empresarios. Aunque insistió  "como sindicato tenemos derecho a organizarnos y negociar porque la ley nos ampara, queremos hacer uso de ese derecho”. 

El impacto en Tandil

A su vez, el delegado regional de los informáticos aludió al impacto de este fallo en la industria local. De la ciudad destacó “siempre estuvimos atentos al trabajador, tenemos un monumento al picapedrero y al fundidor,  por eso tenemos que destacar al trabajador informático”.

Además, se refirió al edificio que inauguró una de las empresas más importantes del sector en la ciudad.  “Celebramos la inversión, pero también hay que velar por el derecho de los trabajadores. Tenemos que construir un Tandil con edificios inteligentes y modernos, pero que adentro las condiciones laborales sean modernas y con plenitud de derecho”

“Más allá de trabajar en una oficina linda, tiene que existir reconocimiento del título, el idioma y del esfuerzo que hacen todos los días” afirmó Alonso. En eta línea resaltó la importancia de “que la riqueza quede en Tandil, estas empresas exportan todo lo que producimos y solo traen divisas para pagar servicios y sueldos”. 

En relación a lo anterior, esbozó “Si podemos lograr que paguen mejores sueldos, y créeme que se puede, podemos tener más riqueza para dinamizar la económica en Tandil” 

Por último, el referente de AGC enfatizó que  “el activo más importante de una empresa informática es el trabajador, por lo tanto, es menester promocionar el trabajo en la empresa, reenumerarlo bien, cuidarlo, retenerlo, darle seguridad social, jurídica y protección gremial. Esta industria necesita de capital humano y este es el talento que tienen nuestros compañeros y compañeros, y los ciento miles de jóvenes que se están formando” 

En octubre del año 2020 el Congreso convirtió en ley el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, un nuevo plan de promoción que significó una ampliación de la antigua Ley de Software, vigente desde 2004, y que contó con mejoras y elementos novedosos que no estaban presentes en la ley anterior.

Una de las modificaciones centrales ha sido la inclusión en la nueva ley de un capítulo referido a las obligaciones gremiales, lo que desde la Asociación Gremial de Computación (AGC) señalaron como “una conquista del movimiento obrero argentino” y, en particular, del sindicato de la actividad informática que ostenta la personería gremial.

Siguiendo el trámite que le corresponde, dos meses más tarde, llegaría la reglamentación y sostuvieron que con ella aparecieron los primeros problemas. En palabras del secretario general de AGC, Ezequiel Tosco, determinados aspectos del Decreto Reglamentario (N 1034/2020) “son violatorios de la ley que le da origen y son contradictorios con las normas que rigen en nuestro país la relación formal entre empresarios y trabajadores”.

Elementos extraños y confusión

Según plantearon desde la asociación, ocurre que en los anexos del decreto aparecen elementos “extraños” que se alejan del normal cumplimiento de las obligaciones gremiales, “confundiendo y complicando” el acatamiento de la norma madre.

“En el texto de la ley en su artículo 4to., apartado I, claramente se limita a disponer como requisito de inscripción en el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, en lo que atañe al punto en cuestión, a un ‘curso normal de cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales, gremiales y previsionales debidamente acreditados con el certificado de libre deuda de la entidad respectiva’”, detallaron en el documento compartido por el delegado regional Manuel Alonso.

Allí, aseveraron que nada dice la reglamentación acerca de declaraciones juradas ni mucho menos de segmentar las obligaciones gremiales entre afiliados y no afiliados a las entidades sindicales respectivas. Ocurre que, en el decreto reglamentario, se distingue entre trabajadores afiliados y no afiliados, un modo de evadir las obligaciones gremiales para aquellas empresas donde no haya afiliados que, al tratarse de un rubro que no cuenta con Convenio Colectivo de Trabajo, son la enorme mayoría.

Consideraron al respecto que dicha estratagema jurídica es ilegal, por lo que el gremio no tardó en responder. “Esta circunstancia puede tranquilamente considerarse discriminatoria. El texto no admite contingencia alguna, la exigencia representa un curso de normal cumplimiento de las obligaciones gremiales y eso debe ser acreditado mediante un certificado de libre deuda emitido por la entidad sindical respectiva. Entendemos que hubo un exceso reglamentarista que promueve confusión donde no la había e impone un falso atajo para evadir el cumplimiento del requisito dispuesto expresamente en la ley”, señaló Tosco.

Así, en un llamado a resolver la controversia, los representantes de AGC han solicitado una reunión con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, de quien depende la normativa.

“Como parte inescindible del movimiento sindical argentino estamos obligados a participar activamente en esta oportunidad apelando a todos los recursos legales disponibles, con el fin de promover un ordenamiento eficaz y eficiente de una industria informática que está llamada a ser una de las grandes protagonistas del desarrollo de nuestro país”, afirmaron los referentes de los trabajadores, quienes esperan poder resolver el conflicto por medio del diálogo con el Ejecutivo y sin tener que apelar a la Justicia, lo cual podría llevar a la suspensión de la Ley de Economía del Conocimiento hasta tanto no se resuelva la situación.

La Cámara de Diputados emprenderá hoy la tercera sesión telemática, en la que el oficialismo busca aprobar el proyecto de ley de Economía del Conocimiento, medida que cuenta con acuerdos y consensos con la oposición. En este marco, la Asociación Gremial de Computación (AGC), sindicato que nuclea y representa a los trabajadores de la industria Informática, manifestó su postura respecto de la normativa que apunta a beneficiar a uno de los sectores más pujantes de la economía.

Si bien aseguraron que celebran que el Estado brinde su apoyo a este sector de la industria, también advirtieron que la exclusión de la legítima representación sindical en la toma de decisiones que afectan al conjunto de la industria no solo es lesiva para los derechos laborales, sino que es nociva para el desarrollo productivo, económico, social y humano del país.

Así, Manuel Alonso, delegado regional de AGC, reveló que a lo largo de estos días llevaron a cabo varias reuniones virtuales con diputados para dar a conocer su postura, asegurando que varios estuvieron abiertos a escucharlos.

“Siempre hemos sido coherentes, estamos de acuerdo y apoyamos el desarrollo de la industria del conocimiento en general, porque aporta y mejora la situación económica del país, pero planteamos que los trabajadores puedan participar en las decisiones del texto de la Ley el régimen de aplicación”, explicó, ya que nuevamente no fueron convocados a debatir el proyecto impulsado.

A diferencia de otras oportunidades, ahora el sindicato de los trabajadores informáticos ya cuenta con la personería gremial que fue ratificada en primera y segunda instancia por la Justicia, lo que legitima la representación. “Ya no hay excusa para que nuestra voz sea escuchada”, indicó.

Con innovación y calidad

A modo de ejemplo, el gremio planteó que el uso de fondos públicos para el fomento sectorial sin la revisión de los trabajadores, “ha sido una constante en las últimas dos décadas, sin que exista evidencia de que los propósitos declamados se hayan alcanzado”, sobre todo en capacitación y formación laboral.

Por lo tanto, subrayaron que aspiran a que la industria informática sea capaz de complejizar su perfil productivo con innovación y calidad; que deje de competir por los bajos costos de la fuerza de trabajo, y que se proyecte globalmente en base a una estrategia de desarrollo orientada a la especialización en tecnologías avanzadas, capaz de generar empleos de altas habilidades, con altos salarios, “como lo han hecho países exitosos en la Economía del Conocimiento, como Irlanda o Finlandia, cada cual con su propio modelo”.

Para esto, aseguraron que se requiere de una política industrial de largo plazo, pero fundamentalmente, de trabajadores capacitados, con espíritu crítico y con visión de conjunto de la industria, “con una legítima representación sindical imbuida de un profundo compromiso gremial y solidario, pero también político, con el desarrollo del país”.

“En la mesa de las decisiones políticas, es imprescindible la presencia sindical y sostenemos que aprobar la Ley de Economía del Conocimiento sin un Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) en el sector informático, es un acto de Injusticia Social”, ratificaron

Sin Convenio Colectivo de Trabajo

En este sentido, Alonso remarcó la importancia de este convenio, que ampare sus derechos y regule las relaciones laborales en el sector, como ocurre en todas las demás actividades productivas, comerciales o de servicio.

Para el referente del sector en Tandil, una Ley de estas características debe estar acompañada de un CCT, ya que ven como una injusticia que no haya un encuadramiento que considere los salarios y condiciones laborales de los trabajadores, que son “los que aportan el conocimiento para que esta economía pueda desarrollarse”.

“No vemos con buenos ojos que se promocione o se le den beneficios fiscales a grandes empresas informáticas que por otra parte están dando aumentos salariales por debajo de la línea de la inflación”, sostuvo al explicar por qué es necesario dicho convenio.

Aseguró que son esas grandes firmas las que están teniendo un inmenso beneficio fiscal, con notable aumento en su facturación en términos nominales y reales grandes, pero que no se ven reflejados en los sueldos de los trabajadores.

De hecho, en el comunicado presentado por la AGC advirtieron que “el representante empresario propicia un clima de desregulación, individualización y segmentación de las condiciones laborales de los trabajadores informáticos (TI), precarizándolas”.

Qué contempla la Ley

La propuesta en debate, que cuenta con el aval del Ministerio de Producción, da continuidad a la Ley 25.922, modificada por 26.692, manteniendo para los beneficiarios la reducción de un 60 por ciento la alícuota sobre el impuesto a las Ganancias y del 70 por ciento sobre el pago de las contribuciones patronales, que puede llegar al 80 en caso de que incorporen mujeres, profesionales con estudios de posgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales; discapacitados; y personas que sean previamente beneficiarias de planes sociales o que habiten en zonas de menor desarrollo relativo.

Al mismo tiempo, se mejoran las condiciones de acceso al régimen para las pequeñas y medianas empresas y se contempla la creación de un Fondo exclusivo para la promoción de la Economía del Conocimiento, con el objetivo de financiar la capacitación y formación laboral, proyectos de inversión productiva, internacionalización de empresas y actividades de innovación.  El texto establece, asimismo, la creación de un Consejo Consultivo integrado por entidades del sistema de ciencia, tecnología e innovación.

Conscientes de que su industria no es ajena a la recesión económica que está generando a nivel global la pandemia del Covid-19, el sector informático emitió un comunicado advirtiendo que justamente ellos no deberían ser alcanzados por las reducciones salariales admitidas por la Ley del Contrato de Trabajo a la que muchos empleadores están apelando.

Asimismo, pidieron al Gobierno Nacional que controle “rigurosamente” el impacto de la crisis en las finanzas de cada empresa, ya que a su parecer algunas están abusando de los beneficios otorgados.

“Sabemos que el impacto no es igual en todos los casos, ya que hay empresas que están aumentando considerablemente su facturación como consecuencia de la aceleración de proyectos de digitalización de procesos y servicios”, indicaron desde la Asociación Gremial de Computación (AGC) sobre la crítica situación.

Ante las disposiciones del Gobierno Nacional en el marco de la pandemia del coronavirus para pagar salarios por parte del Estado y la eventual suspensión de tareas, manifestaron su inquietud por aclarar cuestiones que faciliten el análisis.

Abuso de los beneficios estatales

En primer lugar, recordaron que el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) (creado por DNU 332/20, DNU 376/20 y reglamentado por RA 591/20), sostiene que aquellas empresas que hayan tenido un “sustancial reducción en su facturación con posterioridad al 12 de marzo de 2020” obtendrán los siguientes beneficios:

Postergación o reducción de hasta el 95 por ciento del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino.

Salario Complementario: Subsidio del Estado Nacional de hasta el 50% de los salarios, con un mínimo de un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) ($16.875) y un máximo de 2 SMVM ($33.750). Dichos pagos realizados por la ANSES en la cuenta bancaria de cada trabajador empezaron a tener vigencia desde el jueves 7.

“En los últimos días hemos detectado múltiples empresas de la industria que están acudiendo a estas políticas públicas de forma indiscriminada, sobrepasando la normativa de orden público, hecho que distrae recursos para aquellas pymes que realmente lo requieren”, denunciaron.

Por ello, instaron a las autoridades nacionales a realizar un riguroso control sobre el impacto de la crisis en las finanzas de cada empresa.

Recibir la totalidad del sueldo

En segundo lugar, mencionaron que ha trascendido el acuerdo entre la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial (UIA), homologado por Resolución 397/20, que dan marco a la aplicación del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, y por el cual se podrán realizar reducciones salariales de hasta un 25 por ciento a aquellos trabajadores suspendidos en el marco de dicha norma.

Destacaron que este acuerdo alcanza a los trabajadores que no han podido realizar sus tareas debido a la cuarentena y cuyo sindicato acuerde con empleadores los términos de suspensiones. Por lo tanto, dado que la inmensa mayoría de los trabajadores informáticos no han suspendido las actividades, sino que siguen trabajando desde sus casas, y que dicha organización sindical al día de la fecha no ha realizado acuerdo alguno, subrayaron que les corresponde percibir el 100 por ciento de su salario.

“La Asociación Gremial de Computación, en representación del conjunto de los trabajadores informáticos, se reserva el derecho de iniciar los reclamos correspondientes a aquellas empresas que no informen al gremio de su actividad y sus trabajadores”, advirtieron.

Conscientes de que su industria no es ajena a la recesión económica que está generando a nivel global la pandemia del Covid-19, el sector informático emitió un comunicado advirtiendo que justamente ellos no deberían ser alcanzados por las reducciones salariales admitidas por la Ley del Contrato de Trabajo a la que muchos empleadores están apelando.

Asimismo, pidieron al Gobierno Nacional que controle “rigurosamente” el impacto de la crisis en las finanzas de cada empresa, ya que a su parecer algunas están abusando de los beneficios otorgados.

“Sabemos que el impacto no es igual en todos los casos, ya que hay empresas que están aumentando considerablemente su facturación como consecuencia de la aceleración de proyectos de digitalización de procesos y servicios”, indicaron desde la Asociación Gremial de Computación (AGC) sobre la crítica situación.

Ante las disposiciones del Gobierno Nacional en el marco de la pandemia del coronavirus para pagar salarios por parte del Estado y la eventual suspensión de tareas, manifestaron su inquietud por aclarar cuestiones que faciliten el análisis.

Abuso de los beneficios estatales

En primer lugar, recordaron que el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) (creado por DNU 332/20, DNU 376/20 y reglamentado por RA 591/20), sostiene que aquellas empresas que hayan tenido un “sustancial reducción en su facturación con posterioridad al 12 de marzo de 2020” obtendrán los siguientes beneficios:

Postergación o reducción de hasta el 95 por ciento del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino.

Salario Complementario: Subsidio del Estado Nacional de hasta el 50% de los salarios, con un mínimo de un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) ($16.875) y un máximo de 2 SMVM ($33.750). Dichos pagos realizados por la ANSES en la cuenta bancaria de cada trabajador empezaron a tener vigencia desde el jueves 7.

“En los últimos días hemos detectado múltiples empresas de la industria que están acudiendo a estas políticas públicas de forma indiscriminada, sobrepasando la normativa de orden público, hecho que distrae recursos para aquellas pymes que realmente lo requieren”, denunciaron.

Por ello, instaron a las autoridades nacionales a realizar un riguroso control sobre el impacto de la crisis en las finanzas de cada empresa.

Recibir la totalidad del sueldo

En segundo lugar, mencionaron que ha trascendido el acuerdo entre la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial (UIA), homologado por Resolución 397/20, que dan marco a la aplicación del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, y por el cual se podrán realizar reducciones salariales de hasta un 25 por ciento a aquellos trabajadores suspendidos en el marco de dicha norma.

Destacaron que este acuerdo alcanza a los trabajadores que no han podido realizar sus tareas debido a la cuarentena y cuyo sindicato acuerde con empleadores los términos de suspensiones. Por lo tanto, dado que la inmensa mayoría de los trabajadores informáticos no han suspendido las actividades, sino que siguen trabajando desde sus casas, y que dicha organización sindical al día de la fecha no ha realizado acuerdo alguno, subrayaron que les corresponde percibir el 100 por ciento de su salario.

“La Asociación Gremial de Computación, en representación del conjunto de los trabajadores informáticos, se reserva el derecho de iniciar los reclamos correspondientes a aquellas empresas que no informen al gremio de su actividad y sus trabajadores”, advirtieron.

A partir de la pandemia del coronavirus, la mayoría de las empresas informáticas recurrieron al trabajo remoto, desde casa, para todos sus empleados, incluso desde antes del dictado del aislamiento social preventivo y obligatorio.

A raíz de varias consultas e inquietudes que le acercaron trabajadores, desde la Asociación Gremial de Computación decidieron realizar un relevamiento.

En los primeros resultados pudieron observar que en comparación con otros sectores, esta industria ¨está bastante preparada¨ para trabajar desde los hogares; y es posible que esta cuarentena haga que aún más empresas se familiaricen con esta modalidad. 

Sin embargo, advirtieron el teletrabajo o “home office” debe ser abordado con responsabilidad por parte del empleador, ya que no se trata sólo de brindar una computadora, sino de garantizar todos los derechos de los trabajadores/as así como las herramientas para el correcto desempeño tanto de la vida profesional como personal. 

Consideraciones especiales

En este sentido, plantearon como fundamental que las empresas puedan tener un cuidado especial para con aquellos con menores a cargo, ya que la cuarentena requiere cuidar a los hijos a toda hora y además dedicarle tiempo a su educación.

¨Por eso, en línea con la Resolución 207/2020 del Ministerio de Trabajo de la Nación, instamos a los empleadores a brindar licencias, reducción horaria y justificación de inasistencias para los trabajadores/as en dicha situación¨, enfatizaron. 

Además, aseguraron que resulta importante brindar asistencia y capacitación en materia de ergonomía y preparación del espacio de trabajo. Asimismo, informaron que es obligación del empleador extender e informar acerca la cobertura de A.R.T. que debe a proteger a su empleado donde sea que desempeñe sus tareas. 

¨A los trabajadores les recomendamos seguir todos los consejos oficiales para cuidarse a sí mismos y a sus familias¨, aconsejaron. En ese sentido, sugirieron establecer límites de tiempo y espacio entre el trabajo y la vida personal o familiar; es necesario realizar una “desconexión” del trabajo para el ocio, entretenimiento y la familia. A partir de las conclusiones, instaron también a los trabajadores con hijos a colaborar con las tareas y responsabilidades del cuidado y del hogar en general. 

A continuación, los gráficos develan que más del 80 por ciento de los trabajadores están desempeándose desde sus casas, mientras que de esa cantidad casi un 70 por ciento no obtiene consideraciones de su empleador por tener menores a cargo. De este grupo, a más de la mitad le afecta notablemente la educación y cuidado de los hijos.

Desde la Asociación Gremial de Computación (AGC), que nuclea a los trabajadores de la industria informática, manifestaron su respaldo a la decisión adoptada por el Gobierno nacional, respecto de la suspensión del Régimen de Promoción de Economía del Conocimiento, en los términos expresados en la Resolución 30/2020, que lleva la rúbrica del ministro de Desarrollo Productivo.

Cabe recordar que días atrás se dio marcha atrás con la reglamentación de la norma aprobada el año pasado por unanimidad en el Congreso, ya que el Ministerio de Desarrollo Productivo apuesta a sumarle a la ley, por lo menos, tres ejes: pequeñas y medianas empresas, desarrollo en las provincias y equidad de género.

En este sentido, el delegado de Tandil Manuel Alonso, extendió las percepciones del gremio coincidiendo no sólo con la necesidad de revisar el alcance de la aplicación de dicho régimen, a efectos de determinar con precisión las actividades alcanzadas por los beneficios contemplados en la norma, sino que asimismo consideraron que deben incluirse en su articulado las medidas pertinentes “para el ordenamiento de un sector que genera exportaciones por seis mil millones de dólares al año y en el que, según estimaciones oficiales, trabajan unas 120 mil personas”.

La luz de la oportunidad

Sin embargo, a raíz de la carencia de un Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) específico del sector informático, advirtieron que prevalecen en el mismo modalidades precarias de contratación y prácticas fraudulentas que resultan en un grave perjuicio para la seguridad social y el fisco, que repercuten negativamente en el conjunto de la sociedad.

“Sostenemos que esta es la oportunidad histórica para la definitiva formalización de las relaciones laborales en la industria del conocimiento, estableciendo seguridad jurídica para sus trabajadores y reglas claras para el desempeño de los distintos roles ocupacionales, con sus respectivas escalas salariales y de conformidad con la legislación laboral vigente”, enfatizaron.

Igualmente, creyeron necesario revisar y profundizar las iniciativas para la formación de los nuevos trabajadores que el sector demanda en forma incremental. Este es un tema que, “a la luz de los decepcionantes resultados arrojados hasta el momento, producto de la gestión exclusiva de las actividades de formación laboral por parte de las cámaras empresariales” requiere, como es de uso en todas las ramas de la producción, de la participación activa y el compromiso de la organización gremial competente.

De esta manera, sostuvieron que quienes cotidianamente se desempeñan en la producción de conocimiento esperan contribuir activamente a la formulación de una alternativa superadora de esta ley. Remarcaron que la misma debe ser redefinida “no sólo pensando en exenciones impositivas o de cargas tributarias, sino como un verdadero instrumento para la promoción de la industria nacional y el trabajo decente de los argentinos y argentinas”.

Pymes, provincias y equidad de género

En la cartera que conduce Matías Kulfas ya les reafirmaron a las principales firmas de tecnología y también a la Unión Industrial Argentina (UIA) que la Ley de Economía del Conocimiento sigue todavía vigente, que cualquier cambio será retroactivo al 1 de enero y que la decisión de introducir las modificaciones tuvo que ver con problemas de aplicabilidad que detectaron las nuevas autoridades.

Ya desde la Cámara de Empresas del Polo Informático de Tandil (Cepit) habían manifestado su preocupación e incertidumbre sobre la decisión ante este Diario. Al respecto, Esteban Sarabia referente de Q4Tech y miembro de la comisión directiva de Cepit, sostuvo: “Es prematuro dar muchas definiciones sobre el tema, no se sabe lo que pasará definitivamente”, y explicó que la entidad local pertenece a su vez a la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi) y que desde ese lugar ya tomaron contacto con las autoridades nacionales para entablar una serie de conversaciones sobre el tema.

La primera novedad a sumar será mejorar el acceso de las pymes a los beneficios fiscales que otorga la ley. La reglamentación original que fue suspendida en los últimos días “excluía” a las pymes y a las startups, porque las obligaba a tener un cupo mínimo de exportaciones para que el Estado las incorporara como beneficiarias. Entre esas ventajas aparecen la Ley de Reducción del Pago de Ganancias, menores contribuciones patronales y la eliminación de la doble imposición tributaria.

Esto no implica que dejen afuera a las grandes empresas, sin embargo, sí es posible que se diferencien según el tamaño los beneficios fiscales otorgados hasta ahora.

Otro de los cambios importantes buscará el desarrollo federal de la economía del conocimiento y premiará a las empresas que generen nuevos empleos. Básicamente, la idea oficial es que las compañías que decidan invertir en provincias con bajo desarrollo tecnológico y generen nuevos trabajos tengan mayores beneficios.

El tercer eje que el ministerio de Kulfas planea incorporar a la norma tiene que ver con la equidad de género. Así, las empresas que sumen mujeres a sus proyectos también tendrán mayores beneficios.

Gran parte de los trabajadores que se desarrollaron como instructores del Plan 111 Mil en Tandil sigue sin cobrar. Prácticamente a un año de haber finalizado la mayoría de los cursos, la cámara que nuclea las empresas informáticas les propuso pagarles lo adeudado a valores de 2018 en tres cuotas.

A través de un comunicado, la delegación local de la Asociación Gremial de Computación y con apoyo de la comisión directiva nacional, decidió visibilizar la situación que siguen atravesando con respecto a la falta de compromiso de la Cámara de Empresas del Polo Informático de Tandil (Cepit). Los trabajadores advirtieron que la entidad les propuso un pago a valores de 2018, en tres cuotas de 50 por ciento en mayo, 30 en julio y 20 por ciento en octubre, sin considerar la demora “ni la tremenda inflación de todos estos meses”.

En consecuencia, los instructores decidieron realizar en conjunto una contrapropuesta que contemple una compensación por los meses de demora en el pago, la que simplemente agregaba a la original un pago de un 40 por ciento extra en caso de que la cámara cobrara el segundo desembolso de 2,3 millones de pesos que aún tramita ante el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. “Cabe notar, este gesto de buena fe por parte de los trabajadores, que contemplaron una compensación sólo en caso de cobro, es decir, sin requerir un esfuerzo extra a la Cepit”, aclararon.

Sin embargo, la entidad de empresas se niega a aceptar la proposición y también a negociar sobre la misma. Según explicó el gremio, alegan que esos fondos ya los tendrían comprometidos para otros asuntos, desconociendo el trabajo de los instructores que ya fue realizado, facturado y hasta tributado por los mismos.

A su vez, denunciaron que la Cepit fomenta acuerdos individuales por parte de los instructores, invitándolos a firmar cuanto antes frente a su abogado a cambio de pagarles, desligarse del problema y desgastar el reclamo justo que colectivamente lleva adelante la mayoría de los instructores.

“El bolsillo de los trabajadores no puede ser el que pague los platos rotos ocasionados por errores administrativos, negligencias o incumplimientos por parte de la cámara y ministerio”, aseveraron. Por eso es que exigen el pago de una compensación. “Reclamamos hace casi un mes una reunión ante el ministerio para esclarecer la situación del convenio”, sostuvieron.

Desde el gremio informático remarcaron su acompañamiento a los instructores y se pusieron a entera disposición de todas las partes para resolver este conflicto, aunque fijaron que en caso de no prosperar el diálogo se verán obligados a tomar medidas legales para defender los derechos de sus compañeros.

Gran parte de los trabajadores que se desarrollaron como instructores del Plan 111milen Tandil siguen sin cobrar. Prácticamente a un año de haber finalizado la mayoría de los cursos, la Cámara que nuclea las empresas informáticas les propuso pagarles lo adeudado a valores de 2018 en tres cuotas.

A través de un comunicado, la Delegación local de la Asociación Gremial de Computación y con apoyo de la Comisión Directiva Nacional, decidieron visibilizar la situación que siguen atravesando con respecto a la falta de compromiso de la Cámara de Empresas del Polo Informático de Tandil (Cepit). Los trabajadores advirtieron que la entidad les propuso un pago a valores de 2018, en tres cuotas de 50 por ciento en mayo, 30 en Julio y 20 por ciento en Octubre, sin considerar la demora “ni la tremenda inflación de todos estos meses”.

En consecuencia, los instructores decidieron realizar en conjunto una contrapropuesta que contemple una compensación por los meses de demora en el pago, la que simplemente agregaba a la original un pago de un 40 por ciento extra en caso de que la Cámara cobrara el segundo desembolso de 2.3 millones de pesos que aun tramita ante el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. “Cabe notar, este gesto de buena fe por parte de los trabajadores, que contemplaron una compensación sólo en caso de cobro, es decir, sin requerir un esfuerzo extra a la Cepit”, aclararon.

Sin embargo, la entidad de empresas se niega a aceptar la proposición y también a negociar sobre la misma. Según explicó el gremio, alegan que esos fondos ya los tendrían comprometidos para otros asuntos, desconociendo el trabajo de los instructores que ya fue realizado, facturado y hasta tributado por los mismos.

A su vez, denunciaron que la Cepit fomenta acuerdos individuales por parte de los instructores, invitándolos a firmar cuanto antes frente su abogado a cambio de pagarles, desligarse del problema y desgastar el reclamo justo que colectivamente llevan adelante la mayoría de los instructores.

“El bolsillo de los trabajadores no puede ser el que pague los platos rotos ocasionados por errores administrativos, negligencias o incumplimientos por parte de la Cámara y Ministerio”, aseveraron. Por eso es que exigen el pago de una compensación. “Reclamamos hace casi un mes una reunión ante el Ministerio para esclarecer la situación del convenio”, sostuvieron.

Desde el gremio informático remarcaron su acompañamiento a los instructores y se pusieron a entera disposición de todas las partes para resolver este conflicto, aunque fijaron que en caso de no prosperar el dialogo se verán obligados a tomar medidas legales para defender los derechos de sus compañeros.

La semana pasada la cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Ley de Economía del Conocimiento que había sido anunciado en marzo, con miras a reemplazar a la vieja Ley del Software, que caduca en diciembre de este año. La Unión Informática participó de la reunión de la Comisión de Comunicaciones e Informática de esa cámara y demostró su disconformidad con varios de los puntos.

La nueva propuesta busca ampliar el campo de la Ley del Software a otras actividades como la biotecnología, audiovisuales, videojuegos y otros. Si bien desde el gremio juzgaron como positiva la idea de incentivar la inversión en un sector dinámico y en expansión de la economía, desde el campo del trabajo, como representante de los empleados del sector IT, puede realizar importantes aportes a una próxima política de Estado en esta materia. Desde la Asociación Gremial de Computación (AGC) calificaron de necesario, para un desarrollo sustentable y con beneficios para todo el país, que se contemplen temáticas como la formación profesional permanente de los trabajadores, ampliar beneficios especialmente para Pymes y emprendedores nacionales así como cuestiones laborales y de reglas claras de trabajo.

En el marco de la sesión conjunta de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados de la Nación, los representantes de la AGC expusieron las objeciones de los trabajadores informáticos al proyecto impulsado por el Gobierno y las corporaciones del sector IT, por entender que el mismo sólo tiene como objetivo una transferencia de recursos públicos multimillonaria a las grandes empresas, sin el menor contralor del Estado ni un compromiso real por parte del empresariado, ya sea en la generación de empleo genuino o en la reinversión de sus ganancias para la consolidación de la industria.

Números exagerados y falta de compromiso

Al respecto, Manuel Alonso, delegado del gremio en esta región, se manifestó de acuerdo con que haya una ley de este tipo y que se fomente la industria informática en particular y del conocimiento en general, pero remarcó que hay algunos puntos que objetar y que consideran elemental revisar.

En principio, porque hubo algunos actores que no fueron consultados ni tenidos en cuenta para la redacción del documento, ya que los trabajadores no tuvieron ningún tipo de lugar para la participación, como tampoco las universidades contaron con espacio para aportar. “Más que nada fue una iniciativa llevada adelante por el sector privado, directamente por las grandes empresas”, aseveró.

Tras la presentación, surgieron para el sector IT algunas cuestiones dignas de atención, por lo que pidieron que se trate con seriedad el proyecto. En este sentido, el delegado regional sostuvo que se habla de números grandilocuentes de creación de empleo, sin embargo no se establece compromiso alguno por parte del empresariado en pos de la generación de esos puestos. Así como también se dan exenciones impositivas, pero sin una contraparte que las garantice.

“En concreto, se habla mucho de empleo de calidad, pero habría que ver exactamente a qué se refieren, porque en nuestro sector no contamos con una negociación paritaria, nunca la hemos tenido”, analizó, entendiendo que para contar con trabajos dignos es necesario hablar de salarios que sean capaces de ofrecer un poder adquisitivo que sea sostenido en el tiempo. Para esto, ve fundamental una representación clara, reconocida y contundente de los trabajadores, donde pueda haber espacios de negociación.

“Estamos organizados, pero hay un claro interés de ningunear o desconocer la genuina representación del personal del sector. Como dijo Tosco en las comisiones, se trabaja para que nosotros no tengamos paritarias”, lamentó.

Sin políticas para Pymes

Además, centrándose en el artículo 13 sugirieron una modificación precisamente en lo que respecta al órgano de gobierno como responsable de la nueva normativa, al considerar que también deberían estar involucrados o representados los trabajadores.

Alonso quiere creer que todos bregan por el crecimiento del sector y su continuo desarrollo, y enumeró algunas de las virtudes que tiene como generador de valor, de empleo y exportaciones, por lo tanto como productor divisas, lo que es sumamente positivo para la economía nacional.

“Sospecho que son los intereses de las grandes corporaciones los que limitan la existencia de una política segmentada para las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan la mayor cantidad de empleos en todos los ámbitos y las que en gran medida forman a los profesionales”, aseguró, ejemplificando que hay exención de impuestos, pero sin diferenciación por el tamaño de la compañía.

Los profesionales y su formación

Otro de los puntos que remarcaron de la presentada Ley está justamente relacionado con la formación, entendiendo que este incentivo al desarrollo de la industria del conocimiento tiene que darse de manera integral, debiendo considerar lo que son las políticas de formación profesional. En este sentido, recordó que el sector se nutre mayormente de expertos egresados de las universidades públicas, lamentando que hoy en día este sistema educativo está sufriendo ajustes presupuestarios, dentro de ello las áreas de ciencia y tecnología.

“Entonces, por un lado se busca fomentar el desarrollo de la industria, pero por otro los espacios genuinos de formación académica se ven desfinanciados y atravesando un momento muy difícil”, planteó Alonso.

Finalmente, la normativa ya obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación y aguarda el pase al Senado. De todas formas, la Asociación Gremial de Computación propuso una prórroga de la Ley 26.692 actualmente vigente, para que los actores del sector informático excluidos del debate de este nuevo proyecto puedan participar en su discusión. En el caso de que siga adelante el tratamiento del actual proyecto parlamentario, el sindicato informático propuso introducir algunos cambios en el artículo 13 del mismo, donde se estipulan las entidades de control, de modo que exista una representación igualitaria de los sectores de la producción y el trabajo para garantizar la correcta aplicación de los fondos asignados.

“Nosotros ya hemos visto en etapas anteriores otras iniciativas similares donde el sector empresario se daba a sí mismo los fondos para formación y era también el único que se controlaba, con los resultados antes mencionados. Señores, tratemos de ser serios en esto”, concluyó el secretario General de la Asociación Gremial de Computación, Ezequiel Tosco, en medio de la reunión.

En el documento firmado por el Delegado de la Asociación Gremial de Computación (AGC) en la ciudad, Manuel Alonso, y respaldado por la comisión directiva nacional, recuerdan que se trata de un programa gubernamental de capacitación en el área de desarrollo de software, iniciado en el año 2017 en todo el país.

En esta localidad puntualmente fue ejecutado por distintas instituciones, siendo la CEPIT la principal impulsora, “quien en su momento firmó un convenio millonario con el Ministerio de Trabajo para pagar a empleados de empresas de servicios informáticos que se desempeñaran como instructores, facilitadores de los contenidos de dicho plan”. Los últimos cursos del proyecto finalizaron el pasado marzo, sin embargo, al momento la Cámara adeuda pagos a los instructores, en algunos casos, desde hace más de 10 meses. Según estimaron desde la AGC, la deuda asciende al millón de pesos.

“Como representantes de los Trabajadores Informáticos de Tandil, a cargo de la delegación local de la Asociación Gremial de Computación, nos hemos involucrado en el tema para buscarle una solución”, aseveraron. En este camino, se han comunicado con el Ministerio de Producción y Trabajo, tanto a nivel local como nacional, supieron entonces que existe un convenio por más de cinco millones de pesos entre el Ministerio y la CEPIT.  Si bien el primer pago, de 2,8 millones de pesos, fue realizado, denuncian el incumplimiento por parte de la Cámara, que no cargó los informes en tiempo y forma durante el desarrollo del curso, razón por la cual no se realizó el segundo desembolso de unos 2,3 millones estipulado en el convenio.

Ante esta situación se tramita una excepción en la Secretaría de Empleo de la Nación, para salvar la irregularidad y cancelar la deuda. Asimismo, se han comunicado con la CEPIT, sin embargo, advirtieron no haber tenido una respuesta clara, ni voluntad de reunirse para avanzar en una genuina solución al conflicto.

“Nos llama poderosamente la atención que la Cámara no haya cumplido con las obligaciones del mencionado convenio. También es llamativo el hecho de que si bien la cobró una suma considerable al iniciar los cursos, a los instructores les hicieron facturar de manera mensual, pero se les pagaba cada tres meses”, detallaron.

Considerando la delicada situación, de manifestaron a la espera de respuesta por parte de la Dirección de la Región Pampeana del Ministerio de Producción y Trabajo a la solicitud formal de una reunión entre todas las partes, con carácter de urgente para llegar a un acuerdo, presentada el pasado 26 de abril. “Como trabajadores, reclamamos el pago inmediato de las deudas para con los instructores, ajustando dichos montos por inflación según INDEC y según corresponda en cada caso; ya que no podemos aceptar que los problemas administrativos repercutan en el poder adquisitivo y el bolsillo de quienes de buena fe brindaron su confianza y su trabajo para garantizar este Plan de capacitación tan publicitado y controvertido”, demandaron.

A su vez, solicitaron un compromiso por escrito ante el Ministerio y escribano público que garantice su cumplimiento y brinde tranquilidad a los instructores.

“Más allá de las valoraciones que podamos tener sobre la implementación de este plan, como Asociación Gremial de Computación de Tandil, consideramos inadmisible la demora y la falta de pagos a los colegas informáticos que han desarrollado la tarea de instrucción de estos cursos. Estamos convencidos de que la mejor forma de avanzar es a través del diálogo entre todas las partes involucradas”, sostuvieron. Por último, se pusieron a disposición para realizar cualquier acción que esté a su alcance para resolver el conflicto y seguir potenciando el desarrollo de la industria informática tanto a nivel local como nacional.

Desde la Delegación Regional Tandil de la Asociación Gremial de Computación (AGC) pusieron en marcha un relevamiento anual del sector local a través de una encuesta anónima que respondieron más de cien trabajadores de veinte empresas diferentes.

Según indicó el delegado, Manuel Alonso, el objetivo del sondeo fue recolectar datos objetivos a fin de tener un conocimiento de las problemáticas del sector y sus trabajadores, y la intención es poder organizar mejor en base a eso el programa de tareas y sus prioridades, además de efectivizar el vínculo con sus compañeros.

“Este año realizamos una encuesta a mitad de año, justo cuando fue todo el cimbronazo en la economía, más la devaluación y la inflación que se disparó bastante”, contó el delgado y destacó que en su sector en particular no cuentan con paritarias ni convenio colectivo, lo que impacta directamente en el poder adquisitivo. Esto hace que las negociaciones dentro de la empresa se concreten de manera individual, dependiendo de la capacidad de cada uno para arreglar una mejora salarial. “Si bien hay empleadores que están atentos a esta problemática y dan aumentos, en la mayoría de los casos no se trata de incrementos colectivos ni por inflación, sino de rendimiento personal”, explicó y recordó que el índice inflacionario este año superó el 45 por ciento.

Sobre este fin de año se llevó a cabo otra consulta para poder realizar un balance anual con respecto al salario y fue respondida por más de cien trabajadores informáticos de unas veinte empresas locales.

Cabe destacar que la delegación se conformó el 20 de julio de este año y desde allí pusieron en marcha un arduo trabajo que se ve reflejado en el gran número de personas que se va acercando para conocer las herramientas que brindan. “Lo más valioso es que se acerquen a participar y encuentren un espacio abierto de trabajo”, indicó.

Por un convenio colectivo de trabajo

En los resultados recabados de la encuesta se vio reflejado que más del 80 por ciento de los encuestados tuvo un aumento salarial menor a la inflación percibida de enero a diciembre de este año, mientras que sólo un 19 por ciento recibió más del 44 por ciento.

Dentro de los cuestionamientos, surgió la necesidad de saber si en las empresas está bien diferenciado el aumento que es por el rendimiento de cada uno, de aquel que es justamente por adecuación inflacionaria. “Esta es una suba que debería ser para todos por igual para poder sostener el nivel adquisitivo”, sostuvo. Sin embargo, de aquí resultó que sólo el 38 por ciento de las firmas hace esta distinción, mientras que más del 60 no la concreta. “Esto se da porque hasta ahora no había una representación oficial de los informáticos y los empleadores deciden diferente en cada caso”, analizó, y reforzó la idea de que lo que buscan con el gremio es poder representar a todos los trabajadores del sector y que esas negociaciones no queden en manos de uno solo, sino que sea de manera colectiva con las herramientas que son capaces de brindarles.

Asimismo, entre los datos arrojados con relación a la inflación, se observó que los incrementos salariales por esta causa para los distintos empleados de una misma empresa no fueron igual. De esta manera, un 18 por ciento declaró percibir lo mismo que sus compañeros, pero otro 40 dijo que ha sido dispar, con un restante del 32 por ciento que no sabe cómo se efectuó.

Por otro lado, en cuanto al bono de fin de año, casi un 80 por ciento de los encuestados aseguró haberlo recibido, aunque hubo un porcentaje del 13 que al momento de responder no había tenido noticias sobre el mismo, en tanto que solamente un 8 por ciento aseveró que no se lo pagarían.

“Nosotros lo analizamos con nuestro equipo de abogados y se entendía que el decreto presidencial aplicaba para el sector informático, ya que es privado y no está en crisis”, sostuvo, contando que hicieron una pequeña campaña para advertir que era un beneficio que les correspondía a todos los que trabajan en el área. Por lo tanto, destacó como muy positivo que la mayoría de las empresas lo hayan pagado.

“Si hablamos entre nosotros y conocemos nuestra realidad, podemos empezar a tomar conciencia de las diferencias que hay, de las injusticias que muchas veces se cometen en el sector”, dijo al referirse a una parte de la encuesta que buscó promediar los salarios de las distintas categorías, pero con plena conciencia de que es un tema bastante “tabú” entre quienes se desempeñan en el área informática. Trajo a colación, cómo a los de rangos intermedios a altos los afecta fuertemente el Impuesto a las Ganancias.

“Son todas herramientas que nos van sirviendo para delinear lo que va a ser un convenio colectivo de trabajo, es decir, identificar las categorías y los niveles salariales, que son los grandes desafíos que tenemos para los años venideros en general”, adelantó.

La gran conquista

Finalmente, el Ministerio de Trabajo y Producción firmó la personería gremial para la Asociación Gremial de Computación. Esta agrupación se creó en 1993 y el expediente para lograr esa categoría se había iniciado dos años después. “La historia de la AGC ha sido atravesada por la lucha por esa personería gremial, porque son 25 años en los que han pasado todo tipo de gobiernos”, dijo celebrando lo que denominó como “la gran conquista”.

Sostuvo que es una herramienta fundamental para ellos, porque les da la representación oficial de los trabajadores informáticos de la ciudad de Buenos Aires y de toda la provincia, en esta primera etapa. Asimismo, señaló que esto los pone delante de una gran responsabilidad y muchos desafíos, pero sobre todo les da una legalidad al momento de sentarse a negociar de igual a igual con las cámaras empresariales.

“Por supuesto que esto era una meta, pero no el objetivo final, y nos permite avanzar con mucha más fuerza en lo que es la defensa de los derechos de los trabajadores informáticos”, relató, así como también podrán seguir hacia la elaboración de un convenio colectivo de trabajo y en un esquema de paritarias que les permita sostener e incluso, mejorar su poder adquisitivo.