La Asociación Judicial Bonaerense (AJB), que representa a los empleados de los tribunales de la provincia, rechazó la propuesta de aumento del 3% para febrero del gobierno de Axel Kicillof y el lunes definirá si avanzará con una medida de fuerza.

Los empleados judiciales mantuvieron una reunión con los funcionarios de la provincia de Buenos Aires de modo virtual el pasado viernes y escucharon el mismo ofrecimiento que les hicieron al resto de los estatales, docentes incluidos, del 3% para febrero. La ABJ rechazó de inmediato la oferta, como los demás gremios.

El gremio exigió una nueva convocatoria con una propuesta “superadora” que “permita recuperar el poder adquisitivo frente a la inflación” que el año pasado fue de al menos cinco puntos, según cálculos sindicales.

La AJB anunció en este contexto “la realización de asambleas en las 20 departamentales” judiciales el lunes 23 de febrero para “considerar medidas de acción gremial”, es decir la posibilidad de realizar un paro general.

Cabe resaltar que los docentes ya avanzaron con la declaración de una medida de fuerza que retrasará 24 horas el inicio de clases en la Provincia el próximo 2 de marzo, aunque en este caso la protesta también incluye un rechazo a la política educativa del gobierno de Javier Milei.

Aunque aún no realizó una nueva convocatoria, el gobierno de Axel Kicillof mantiene abierta la paritaria y dispuso el paso de un incremento del 1,5% a cuenta de futuros aumentos, porque de lo contrario los sueldos de febrero hubiese sido inferiores a los de enero.

Los judiciales, por su parte, dejaron sentado que al reclamo salarial se suman otras demandas relacionadas con los cambios en el escalafón, el funcionamiento de la carrera profesional y la infraestructura de los lugares de trabajo.

Una causa interna de la Justicia que llevaba su tiempo finalmente tuvo una resolución por parte de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires cesanteando al secretario del Juzgado de Garantías del Joven N° 1 de Tandil, Juan Raúl Duhalde, denunciado por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) ante la Subsecretaría de Control Disciplinario debido a los hechos de violencia laboral y de género ejercidos contra los y las integrantes de la dependencia en la que se desempeñaba.

Exigirle tener prendido el celular las 24 horas al personal, pedirles disponibilidad completa para el trabajo, conocer sus rutinas fuera del ámbito laboral, el uso de comentarios inadecuados, con violencia verbal, fueron algunos de los puntos que inclinaron a la Suprema Corte a la decisión.

Con las pruebas reunidas, la Corte consideró acreditado que Duhalde, en ejercicio de sus funciones de secretario del Juzgado, incurrió en comportamientos violatorios de las prohibiciones establecidas en la Ley de Violencia Laboral N°13.168.

Para ello, la Corte tuvo en cuenta que a partir de los diversos testimonios brindados por los trabajadores del Juzgado, fueron acreditadas “reiteradas conductas de maltrato verbal, psicológico y hostigamiento hacia integrantes de la planta funcional de dicho organismo, manteniendo una hostilidad continua y repetida hacia los subordinados, juzgando de manera ofensiva su desempeño en la organización y realizando acciones tendientes a incomodar a los agentes”.

También se consideró acreditado que el funcionario obligaba al personal a mantenerse disponible las 24 horas y durante los fines de semana y feriados -debiéndole informar sus actividades personales y familiares- períodos durante los cuales eran eventualmente convocados a realizar tareas.

“Esta medida demuestra una vez más que es fundamental recurrir al sindicato y denunciar los hechos de violencia en el ámbito laboral. Venimos demostrando que a través de la intervención gremial podemos erradicar las actitudes autoritarias, violentas y machistas dentro del Poder Judicial”, remarcó Pablo Abramovich, secretario General de la AJB, en un comunicado emitido.

Por su parte Diego González, secretario General de la Departamental Azul de la AJB agregó: “Lamentablemente no es un caso aislado el del secretario de Tandil, sino que hay muchas personas que aprovechándose de su rol jerárquico ejercen violencia en el ámbito de trabajo, generando sufrimiento en nuestros compañeros y compañeras y deteriorando el funcionamiento de las dependencias. Sin embargo, como se demuestra en este caso y en la reciente destitución del juez Claudio García de Olavarría, volvemos a poner de relieve la valentía de las y los trabajadores que tomaron la decisión de denunciar y el acompañamiento del gremio para poner un límite a este tipo de violencias”.

En tanto, Débora Bertone, secretaria de Géneros e Igualdad de Oportunidades de la AJB manifestó que “la cesantía de Duhalde ratifica la importancia del rol del sindicato en este tipo de denuncias, a la vez que pone en evidencia la necesidad de que la Suprema Corte dé una respuesta inmediata a las múltiples denuncias que se encuentran en trámite, habilitando el debate para una modificación del régimen disciplinario que garantice que este tipo de expedientes se desarrollen con mayor celeridad y especificidad, incorporándose las medidas preventivas necesarias para el resguardo de las compañeras y de los grupos de trabajo durante el proceso”.

Con base en la ausencia de respuestas a los planteos realizados desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y sumado a la gravedad de la situación epidemiológica y sanitaria, es que el gremio de los judiciales decidió avanzar en una medida de fuerza, con retención de tareas presenciales desde hoy hasta el viernes inclusive.

Según recordó Favio Salgado, secretario Gremial de la departamental Azul, desde principios del mes de abril, cuando se empezó a registrar un crecimiento descontrolado de casos de Covid-19 que amenazaba con saturar el sistema sanitario, la AJB “ha realizado numerosas gestiones y presentaciones ante la Suprema Corte para que disponga medidas que limiten a su mínimo indispensable el trabajo presencial en los tribunales bonaerenses”.

La última fue realizada en conjunto con el Colegio de Magistrados el pasado 28 de abril, en la que se solicitaba además la convocatoria a una instancia de diálogo en el marco del comité de crisis.

Explicó que la reunión del comité de crisis fue convocada para este lunes 3 de mayo, en la que pese a las exigencias de la AJB los funcionarios de la Corte presentes “no transmitieron compromisos concretos respecto del dictado de las medidas reclamadas”.

Vale mencionar que las resoluciones que dictó el Tribunal durante abril se mostraron ineficaces para producir una baja sustancial de la presencialidad, en un contexto de fuerte crecimiento de los contagios registrados en el Poder Judicial en ese mes, que duplicaron los producidos durante marzo.

“Es a partir de la falta de respuestas a los planteos realizados y de la gravedad de la situación epidemiológica y sanitaria, que la AJB resuelve llevar a cabo una medida gremial de retención de tareas presenciales a partir del miércoles 5 de mayo, con puesta a disposición para realizar trabajo remoto en los casos en que ello sea posible”, aseveró.

En principio, la medida tendrá vigencia hasta el próximo viernes 7, y una vez finalizada el sindicato evaluará su continuidad en función de las modificaciones que disponga la Suprema Corte al esquema de funcionamiento actual.

Reducir la circulación

Tal como detallaron desde la AJB, la retención de tareas es una de las acciones de autotutela y prevención del daño que el ordenamiento jurídico brinda a los trabajadores ante incumplimientos en las obligaciones de salud, higiene y preservación de la capacidad psicofísica por parte del empleador.

Esto consiste en la abstención de la prestación de tareas hasta tanto aquellas sean adecuadas y garanticen dicha integridad, en especial para evitar un riesgo grave o inminente.

Al corresponderse con el ejercicio regular de un derecho, dicha conducta no puede traer aparejada consecuencia alguna en relación a su condición de empleo ni habilitará el descuento de los salarios correspondientes.

“Esta medida tiene como principal objetivo reducir transitoriamente la convocatoria de personal presencial, evitando así el riesgo de contagios al interior de las dependencias judiciales o aquellos producidos por la mera circulación fuera de los hogares”, sostuvieron desde la Asociación. Por lo tanto, indicaron que aplica especialmente a todos los empleados y funcionarios cuyas funciones puedan realizarse de manera remota o respecto de aquellas tareas que no estén relacionadas con cuestiones de máxima urgencia.

Asimismo, se recuerda la vigencia de las dispensas para quienes integran los grupos de riesgo o tienen a su cargo el cuidado de hijos e hijas en edad escolar.

La Asociación Judicial bonaerense (AJB) reiteró el pedido para que se convoque de “manera urgente” a paritarias y así dar un cierre a las negociaciones salariales correspondientes al año 2020.

El pedido fue realizado en una nota enviada al Ministerio de Trabajo provincial, informó la entidad gremial.

“En la nota presentada al Ministerio de Trabajo provincial se hizo especial hincapié en la demora irrazonable en la que incurrió el Gobierno provincial para darle continuidad a la negociación salarial de la última etapa del año, iniciada el 9 de diciembre de 2020, que trajo como consecuencia una nueva pérdida del poder adquisitivo del salario de las trabajadoras y trabajadores judiciales”, señaló el gremio en un comunicado de prensa.

La Asociación que nuclea a los 19 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires sostiene que “luego de esa primera instancia, el Poder Ejecutivo convocó a una nueva reunión para el 29 de diciembre próximo pasado, y frente al rechazo de la propuesta salarial por insuficiente hasta el día de la fecha no se ha formalizado nueva convocatoria para continuar las negociaciones pendientes”.

“La demora impuesta por el Gobierno provincial al desarrollo de las negociaciones no tiene justificación y resulta inaceptable. Pasaron casi veinte días desde la última reunión y la convocatoria no aparece”, sostuvo el secretario general del gremio, Pablo Abramovich.

Agregó que “por la falta de continuidad en el diálogo paritario tuvimos que cerrar el año con una medida de fuerza y esperamos que se produzcan avances para no tener que retomar las medidas los primeros días de febrero”.

Desde el gremio judicial resaltan “la necesidad de avanzar en una negociación que permita garantizar que los salarios de las y los judiciales no queden por debajo de la inflación”.

Piden que para lograr eso que “el último tramo de esta paritaria debe cerrar entre el porcentaje de incrementos salariales acordados hasta el mes de noviembre (27 por ciento) y la inflación registrada durante el año 2020 (36,1 por ciento)”.

Asimismo, reiteran la necesidad “de incluir en la negociación la consolidación de un cronograma de recomposición del poder adquisitivo del salario que permita poner un freno al proceso de deterioro salarial operado durante los años 2018 y 2019, así como la restitución del 3 por ciento de antigüedad respecto de los períodos que al día de la fecha se liquidan por debajo de ese porcentaje”.

Los judiciales bonaerenses analizaron en asambleas la nueva oferta de aumento salarial que realizó el gobierno de Axel Kicillof en el marco de las paritarias y la rechazaron. De esta manera, los trabajadores que dependen del Poder Judicial anunciaron que la semana próxima realizarán un nuevo paro. Al mismo tiempo, exigieron a la Provincia que realice otra propuesta.

Tal como precisó el delegado en Tandil de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), Fabio Salgado, todavía no hay fecha específica para hacer efectiva la medida de fuerza, sino que se determinará el lunes 19 pasado el mediodía.

La oferta realizada esta semana por el Gobierno consistió en un aumento de 10 por ciento a partir del de septiembre, dos por ciento en octubre y otro dos en noviembre. Esto se le suma al nueve por ciento acordado en marzo y concluiría con un 23 por ciento para el 2020. Además, la Provincia se comprometió aplicar una cláusula de revisión en diciembre.

El Ministerio de Trabajo notificó a la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) una nueva prórroga a la reunión paritaria convocada para el último viernes, fijando nueva fecha para el próximo martes en horas del mediodía.

Desde la entidad, consideraron que dicha suspensión de la mesa salarial se produce en un contexto de “máxima incertidumbre” por la demora en la actualización de los salarios de los trabajadores judiciales, y en una semana en la que el Ejecutivo provincial mantuvo reuniones y realizó propuestas salariales a los gremios de la administración pública y del sector docente.

Entonces, cumpliendo con lo anticipado luego de la ausencia de una propuesta de recomposición salarial en la reunión anterior, y en línea con el mandato de las asambleas departamentales, la AJB decretó un paro total de actividades para este lunes en todas las dependencias judiciales de la provincia.

En este sentido, el delegado local del gremio, Fabio Salgado, reveló que en función de las modalidades de trabajo impuestas durante la pandemia, la medida de fuerza implica la no concurrencia a los lugares de trabajo para quienes están realizando tareas de manera presencial y apagón informático durante toda la jornada del lunes para quienes están realizando trabajo remoto.

“Llegamos a esta medida de fuerza por la falta de decisión del Ejecutivo provincial de abrir la negociación para la recomposición de nuestros salarios”, determinaron desde la AJB. Manifestaron que desde mayo se mantienen reclamando una oferta salarial concreta, que garantice no seguir perdiendo la carrera contra la inflación, y esta nueva postergación “exige reforzar el reclamo construyendo un paro masivo de actividades para que el gobierno entienda que la situación exige una respuesta urgente”.

Inflación y poder adqisitivo

“Esperamos una propuesta medianamente seria para poder analizar, ya que en lo que va del año solamente hemos recibido un nueve por ciento”, sostuvo Salgado.

De acuerdo a su explicación, lo que están buscando en primer lugar es equiparar la inflación de este año. “Nosotros estamos más o menos entre un 10 y 11 por ciento por debajo del índice marcado en agosto”, señaló y estimó que los datos de septiembre serán entre tres y cuatro puntos más. La intención es volverse a juntar en noviembre o diciembre para equiparar la totalidad del año.

Asimismo, tienen como objetivo acercarse a esos números que no lograron alcanzar en los dos últimos años durante la gestión de María Eugenia Vidal. “Ahí perdimos cerca de un 20 por ciento de poder adquisitivo”, dijo. De todas formas, insistió en que la prioridad es tratar de acompañar la inflación de este año y equipararse a la misma, ya que también en su caso advirtió que “la situación está durísima”.

Cabe recordar que en el acuerdo salarial del primer trimestre el Ejecutivo se comprometió a retomar las paritarias a principios de mayo. Pese a ello, recién convocó a una primera reunión el 31 de julio, en la que manifestó no poder realizar ninguna oferta de aumento salarial. Igual resultado tuvo el siguiente encuentro realizado el 25 de septiembre, que habilitó el cuarto intermedio para el viernes pasado, luego suspendido.

Otras consideraciones

La AJB reclama que se garantice un aumento salarial superior o igual a la inflación para 2020, avanzar en un proceso de recuperación del poder adquisitivo perdido durante los años 2018 y 2019, más la liquidación al tres por ciento de los años de antigüedad que se pagan por debajo de ese porcentaje.

Asimismo, el gremio judicial planteó la necesidad de darle continuidad a las mesas técnicas para la sanción del proyecto de ley de negociación colectiva para el Poder Judicial; el abordaje de la crisis de infraestructura edilicia; el nombramiento de personal, y la devolución de los descuentos por los paros realizados en 2018 y 2019.

En tanto que la entidad también esbozó al Gobierno la incorporación a planta permanente de los trabajadores que actualmente realizan esa tarea contratados por las empresas tercerizadas de limpieza y la creación de una partida extraordinaria para el Poder Judicial que permita financiar gastos en medidas de prevención contra el Covid-1, como la instalación de barreras fijas de protección en todos los espacios de atención al público, solución de los problemas en la provisión de equipamiento de protección personal y en el servicio de limpieza.

En el marco de las paritarias judiciales, el Gobierno bonaerense y los representantes de los trabajadores acordaron ayer un incremento salarial del nueve por ciento.

La decisión llegó luego de la celebración de asambleas, en la que la mayoría de las departamentales votaron positivamente. Entre las que rechazaron la propuesta estuvo la delegación de Azul, que comprende también a Tandil.

Fabio Salgado, diregente local de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), dio a conocer el detalle del acuerdo y aclaró que no fue por unanimidad. “No hubo el ciento por ciento de conformidad porque se ha perdido mucho en los últimos dos años, pero la idea es retomar en mayo las charlas y negociaciones”, sostuvo.

El aumento aplica para el primer trimestre de 2020, e incluye además el pago de una suma fija única de entre tres mil y cinco mil pesos en concepto de retroactivo. Esta bonificación, que no contempla a los rangos superiores, impactará también en los jubilados. Los nuevos montos comenzarán a aplicarse en los próximos días.

No hubo unanimidad

Vale recordar que, la semana pasada, el gobierno que conduce Axel Kicillof propuso un aumento de sueldos para todas las categorías del 9 por ciento a cobrar en marzo y del 16,5 por ciento a junio que la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) rechazó por “insuficiente”. Por este motivo, se pasó a un cuarto intermedio.

Finalmente, las departamentales que votaron por la aceptación fueron Bahía Blanca, Dolores, Junín, La Matanza, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Moreno-General Rodríguez, Morón, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, Trenque Lauquen y Zárate-Campana; mientras que Azul, La Plata, Necochea y San Nicolás votaron por el rechazo.

Además del incremento del 9 por ciento, el acuerdo también logró una suma fija remunerativa, a percibir por única vez durante el mes de marzo por trabajadores activos y jubilados, en concepto de retroactivo. Será de tres mil pesos para los niveles 8 a 12, de cuatro mil para los niveles 14 a 17 y de cinco mil pesos para los niveles 18 a 19.5, mientras que no será percibido por las categorías superiores a las previstas.

Asimismo, constituyeron las mesas técnicas reclamadas por la AJB para abordar la ley de negociación colectiva para el Poder Judicial, la devolución de los descuentos por días de paro de 2018 y 2019, y lo referido a infraestructura, designación de personal, puesta en funcionamiento de dependencias creadas por ley.

Por último, acordaron que las negociaciones paritarias salariales se retomen durante el segundo trimestre, a partir de los primeros días del mes de mayo.

Según confirmó el delegado local de la AJB Fabio Salgado, la reanudación de actividades luego de la feria judicial se verá comprometida por una nueva medida de fuerza.

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) decretó un paro total de actividades para hoy y realizó una nueva presentación exigiendo al Gobierno la reanudación de las negociaciones paritarias. Además, indicaron que mañana se realizarán asambleas en los 19 departamentos judiciales de la provincia para definir la continuidad del plan de acción.

Ratificando la presentación realizada el pasado 6 de junio, la AJB formalizó un nuevo reclamo al Poder Ejecutivo bonaerense, exigiendo una convocatoria “para dar continuidad a las negociaciones salariales con los trabajadores del Poder Judicial”.

Ante el rechazo de la AJB de la oferta salarial por considerarla insuficiente, el pasado 8 de mayo las autoridades gubernamentales suspendieron de manera unilateral las reuniones paritarias que se llevaban a cabo hasta ese momento, y decretaron tres incrementos de haberes a cuenta de un futuro acuerdo.

“La urgencia de retomar las negociaciones paritarias obedece a la necesidad de revertir el deterioro salarial que venimos padeciendo los trabajadores judiciales desde el inicio de esta gestión al frente del Ejecutivo provincial, el que se ha profundizado durante los años 2018 y 2019 como consecuencia directa de la decisión del Gobierno provincial de cancelar toda posibilidad de arribar a acuerdos salariales a través de la negociación colectiva”, expusieron desde la entidad gremial a través de un comunicado.

La asociación sindical cuestionó el proceder del Ejecutivo y señaló que viola la normativa vigente en torno a la pauta salarial y demás condiciones laborales, que deben acordarse en el ámbito paritario. Cabe recordar que en los años 2016 y 2017, con esta administración, se firmaron acuerdos salariales que, aún en un contexto económico recesivo, posibilitaron proteger los ingresos de  los integrantes del Poder Judicial.

La AJB expuso que partir de 2018 la política salarial del Gobierno provincial se basó en otorgar incrementos unilaterales y por debajo de la inflación, que provocaron una importante reducción del poder adquisitivo de los trabajadores.

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) decretó un paro total de actividades para este lunes y realizó una nueva presentación exigiendo al gobierno la reanudación de las negociaciones paritarias. Además, indicaron que mañana se realizarán asambleas en los 19 departamentos judiciales de la Provincia para definir la continuidad del plan de acción.

Según confirmó el delegado local de la AJB Favio Salgado, la reanudación de actividades luego de la feria judicial se verá comprometida por la medida de fuerza.

Ratificando la presentación realizada el pasado 6 de junio, la AJB formalizó  un nuevo reclamo al Poder Ejecutivo bonaerense exigiendo una convocatoria “para dar continuidad a las negociaciones salariales con los trabajadores del Poder Judicial”.

Ante el rechazo de la AJB de la oferta salarial por considerarla insuficiente, el pasado 8 de mayo las autoridades gubernamentales suspendieron de manera unilateral las reuniones paritarias que se llevaban a cabo hasta ese momento, y decretaron tres incrementos de haberes a cuenta de un futuro acuerdo, instancia que no conformó a la representación gremial.

Luego de la huelga realizada el jueves en toda la provincia, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) confirmó la medida de fuerza para después de la feria de invierno a pesar de la decisión del gobierno de depositar un incremento “unilateralmente”.

La AJB convocó el pasado jueves a un paro provincial en reclamo de paritarias, al que se sumaron los trabajadores tandilenses y de las 18 departamentales restantes. Además, adelantaron que si el gobierno de María Eugenia Vidal continúa sin convocarlos a dialogar no empezarán las actividades tras el receso por la feria de invierno que empieza la semana que viene.

La última protesta puntualmente consistió en denunciar la pérdida de poder adquisitivo que vienen registrando desde el año pasado, con más de 15 puntos porcentuales de salario en 2018 y otros diez más de este 2019. “Hasta la fecha solamente habíamos percibido un 11,5 por ciento de aumento en lo que va del año, con el atraso de un 15,5 de la paritaria del año pasado que nunca la cerramos”, detalló el delegado de la AJB en Tandil, Fabio Salgado.

En este sentido, recordó que lo que vienen pidiendo hace tiempo es la convocatoria del Ejecutivo para dialogar y poder llegar a un acuerdo salarial. Sin embargo, esto nuevamente no se ha dado y durante la jornada de lucha que llevaron adelante, percibieron un incremento a cuenta del 13 por ciento sobre los sueldos de diciembre de 2018 que estarán cobrando el mes que viene.

Aunque de esta forma, según indicó Salgado, estarían equiparando la inflación semestral, la decisión generó malestar en los agremiados por considerar que no es la forma de negociar con los empleados,. Por este motivo, la comisión directiva ha decidido continuar con la medida de fuerza el lunes 5 de agosto y no iniciar las actividades al regreso de la feria judicial. “En lo que va del año hemos recibido solamente tres aumentos, y a cuenta, sin discutirlos jamás en el marco de una paritaria”, aseveró el representante local del gremio.

En el mismo sentido, para el martes 6 convocaron a asamblea en todas las departamentales para ver como seguirán el plan de lucha. “Nosotros lo que buscamos, como hemos tenido con todos los demás gobiernos, es que se hagan paritarias y podamos debatir sobre el salario y todas las cuestiones que hacen al Poder Judicial”, insistió. Así, dejó en claro que también están en jaque temas edilicios, memorando que hay edificios que están muy deteriorados, como la cobertura de cargos vacantes.

Cabe destacar que los trabajadores judiciales han sido convocados por el gobierno solamente en dos oportunidades a reuniones, pero el referente local advirtió que siempre ha sido sin ánimo de negociación sino de imposición. “Venían con ofertas irrisorias que eran imposibles de aceptar, con lo cual caíamos nuevamente en paros”, dijo. “No escuchan al trabajador judicial, van a aumentos por decretos”, agregó.

Por eso desde el gremio consideran urgente que el Ejecutivo cumpla con el mandato constitucional de garantizar la negociación paritaria, y hasta que eso ocurra continuarán con el plan de lucha que venimos sosteniendo desde el mes de marzo.

Baja convocatoria

En esta oportunidad, y como viene sucediendo últimamente, el acatamiento no ha sido como esperaban. Esto, según indicó Salgado, es debido a la problemática del descuento salarial que los trabajadores sufren al adherirse a estas jornadas de protesta.

“Con estas rebajas masivas se hace insostenible una medida de fuerza”, lamentó. A tal caso, reveló que las reducciones en los sueldos son en torno a los 1.200 y 1.500 pesos que corresponden al valor del día de trabajo.

Para contextualizar y respaldar la decisión de los que eligen no sumarse, explicó que a la fecha tenían una inflación de más de 20 puntos con  la percepción de un aumento “atrasadísimo”, entonces si encima les descuentan unos diez mil pesos mensuales, considerando dos paros semanales, “se hace imposible de llegar”.