La CTA confirmó a El Eco que este jueves participará de la jornada de protesta convocada en todo el país contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno nacional. La decisión fue ratificada luego de que el oficialismo retirara del texto el artículo que ampliaba los límites para la venta de tierras a extranjeros, en un intento por reunir apoyos para su tratamiento en el Senado.

Desde las centrales sindicales remarcaron que la modificación no altera los motivos de la protesta, ya que el proyecto mantiene otros aspectos que consideran regresivos. En ese marco, la convocatoria en Tandil continúa bajo la consigna "La Argentina no está en venta", con la participación de organizaciones sindicales, sociales, políticas, estudiantiles, culturales y vecinos.

A nivel nacional, la CGT, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y organizaciones sociales como la UTEP confirmaron que sostendrán la movilización frente al Congreso. Desde la conducción cegetista señalaron que "se sostiene la movilización", mientras que otros sectores sindicales argumentaron que el proyecto aún incluye artículos que habilitan desalojos exprés para inquilinos, comunidades indígenas y campesinos, limitan la capacidad del Estado para realizar expropiaciones y modifican la legislación sobre el manejo del fuego, permitiendo la venta de tierras incendiadas.

En Tandil, la CTA de los Trabajadores había convocado a la comunidad a sumarse a la manifestación en defensa de la soberanía nacional y en rechazo a las políticas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, al considerar que afectan derechos sociales, laborales y el patrimonio del país.

El proyecto será debatido este jueves en el Senado, donde el oficialismo resolvió eliminar el capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros para intentar destrabar la sesión. Sin embargo, el resto del articulado continúa generando un fuerte rechazo entre las centrales obreras y distintos sectores sociales, que consideran que la iniciativa implica un retroceso en materia de derechos y de capacidad de intervención del Estado.

En ese contexto, la movilización prevista en Tandil se desarrollará en sintonía con las protestas convocadas en distintos puntos del país para expresar el rechazo al proyecto de ley y reclamar que no avance su aprobación.

En el marco de una nueva jornada de protesta nacional, el secretario general de ATE Tandil, Hernán Gasparini, explicó los motivos que llevaron al sindicato a convocar a un paro de actividades. Según detalló, la medida responde a una situación salarial crítica para los trabajadores estatales, quienes han registrado incrementos inferiores al 5 por ciento en los últimos cuatro meses. Además, el dirigente subrayó que el conflicto no es solo económico, sino que también denuncia un "corrimiento del Estado" en áreas fundamentales para el desarrollo social.

Consultado sobre el impacto de la medida en la región, Gasparini señaló que la adhesión es significativa tanto en el ámbito nacional como provincial. "Hoy se adhieren los afiliados tanto en el Estado nacional como en el provincial", afirmó. Respecto a organismos específicos como Anses y PAMI, el dirigente aclaró que, si bien son dependencias donde ATE tiene una fuerte representación, el desarrollo de la jornada dependerá del relevamiento que realicen los delegados en cada sector durante la mañana.

El paro también cuenta con la participación de auxiliares y porteros de establecimientos educativos, un sector que, según indicó el referente gremial, se suma a la protesta en conjunto con los docentes nucleados en Suteba. En este sentido, Gasparini calificó como "anticonstitucional" el planteo del gobierno nacional sobre la obligatoriedad de presencialidad docente, considerándolo una ilegalidad que agrava el descontento en el sector educativo.

Durante la entrevista, Hernán Gasparini hizo referencia a un reciente encuentro con el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Trabajo bonaerense, donde participaron representantes de la CTA de los Trabajadores y diversos secretarios generales de ATE del país. En dicho cónclave, se discutió la visión sobre el rol del Estado y la difícil tarea que enfrentará cualquier gestión futura para restituir derechos que, según el dirigente, están siendo vulnerados por la actual administración nacional.

En el plano local, Gasparini aprovechó la instancia para exponer ante las autoridades provinciales la situación de los trabajadores estatales en Tandil. "Pude plantear al gobernador que hay un desconocimiento por parte del gobierno municipal respecto del dictamen que el Ministerio de Trabajo plantea sobre nuestra participación en las negociaciones paritarias", sostuvo. Asimismo, insistió en la necesidad de aplicar los descuentos por insalubridad a los trabajadores del cementerio, un reclamo histórico que cuenta con respaldo normativo pero que aún no ha sido resuelto.

Hacia el final de la charla, el secretario general de ATE Tandil anticipó las próximas jornadas de lucha que se organizan junto a otros sindicatos y organizaciones sociales. El 6 de agosto se prevé una concentración en el centro de la ciudad en rechazo a la denominada "Ley de tierras", la cual, según el dirigente, facilita la extranjerización de zonas estratégicas y periglaciales bajo un discurso de inviolabilidad de la propiedad privada que ya se encuentra garantizado en la Constitución.

Finalmente, Gasparini anunció que para el 7 de agosto, en el marco de la festividad de San Cayetano, se llevará a cabo una conferencia de prensa. "Es importante empezar a construir una alternativa diferente para los laburantes, para los trabajadores y trabajadoras, no solamente del Estado, sino también de la actividad privada que vienen padeciendo una situación extremadamente compleja", concluyó el dirigente sindical.

El secretario general de ATE Tandil-Juárez, Hernán Gasparini, participó el pasado lunes 27 de julio de un encuentro entre una delegación nacional de la Agrupación Verde y Blanca de ATE y de la CTA de los Trabajadores con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la ciudad de La Plata.

La reunión tuvo como eje el análisis de la situación política, económica y social que atraviesa el país y el intercambio de propuestas orientadas a la construcción de una alternativa de desarrollo con eje en el trabajo y la justicia social.

Además de Gasparini, participaron el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano; el secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo; el secretario general de ATE La Plata, Rubén Schaponik; el dirigente de ATE Santa Fe, Adolfo Aballone; junto a otros referentes nacionales de la Agrupación Verde y Blanca y de la CTA de los Trabajadores.

Durante el encuentro, los dirigentes sindicales realizaron un análisis del escenario nacional y manifestaron su preocupación por las consecuencias de las políticas impulsadas por el Gobierno del presidente Javier Milei. Según expresaron, “el ajuste sobre el Estado, el desfinanciamiento de áreas esenciales, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, los despidos y el avance sobre derechos conquistados afectan de manera directa a millones de trabajadores y trabajadoras, deteriorando las condiciones de vida de amplios sectores de la sociedad”.

En ese marco, también plantearon la necesidad de fortalecer los espacios de debate y articulación política y sindical para impulsar una propuesta que promueva la defensa del empleo, la producción nacional, la educación y la salud públicas, la industria, la ciencia y la tecnología, además del rol del Estado como garante de derechos e igualdad de oportunidades.

Los representantes de la Verde y Blanca de ATE señalaron además su preocupación por el actual modelo económico, al considerar que “favorece la concentración de la riqueza en manos de unos pocos grupos económicos y grandes intereses multinacionales, mientras avanza sobre los recursos estratégicos del país y compromete el futuro de las próximas generaciones”.

Al término de la reunión, Gasparini destacó la importancia de consolidar la unidad del movimiento obrero para afrontar el contexto actual. “Los trabajadores y las trabajadoras tenemos la enorme responsabilidad de construir una alternativa que vuelva a poner en el centro al empleo, la producción, la justicia social y la soberanía. La unidad del movimiento obrero es indispensable para enfrentar este modelo de exclusión y para devolverle la esperanza a nuestro pueblo”, afirmó el dirigente tandilense. "Debemos seguir organizándonos y construyendo consensos para alcanzar la ciudad, la provincia y el país que las y los argentinos merecemos: con más derechos, más igualdad, mejores salarios, un Estado presente y un futuro con oportunidades para todos", concluyó.

Un paro de estatales convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) repercutió hoy en el dictado de clases en las escuelas de gestión pública de Tandil y Benito Juárez por la amplia adhesión de los auxiliares de la educación.

La medida de fuerza anunciada ayer tuvo alcance en distintos organismos provinciales de ambos distritos y, de acuerdo con el gremio, registró un alto nivel de acatamiento.

La protesta fue impulsada por la seccional Tandil-Benito Juárez en reclamo de una mejora salarial y para exigir tanto al Gobierno nacional como al provincial respuestas frente a la situación que atraviesan los trabajadores estatales.

El secretario general de ATE Provincia en la seccional Tandil-Benito Juárez, Hernán Gasparini, aseguró que "hubo un acatamiento altísimo al paro en todos los organismos provinciales" de ambas ciudades.

Como ejemplo, indicó que “en el Instituto de Previsión Social el acatamiento fue del 100 por ciento y, en las escuelas, esta tarde estimábamos que la adhesión de los auxiliares era de entre un 68 y un 75 por ciento”. Esto derivó en suspensiones de las clases en varios establecimientos educativos debido a que “no se pueden garantizar las medidas de higiene necesarias”, según informaron directivos docentes.

Dos reclamos centrales

Consultado por El Eco de Tandil, Gasparini explicó que la medida "fue definida en asamblea de trabajadores y trabajadoras provinciales porque, más allá del acuerdo paritario, hay dos cuestiones fundamentales a transmitir con este paro".

En ese sentido, sostuvo que uno de los reclamos apunta al Ejecutivo que conduce Javier Milei. "Una es que el Gobierno nacional pague toda la deuda que mantiene con la provincia de Buenos Aires, porque eso impacta directamente sobre los salarios, y que además los vecinos y vecinas sean conscientes de qué es lo que se reclama cuando planteamos que el ajuste cae sobre los laburantes y no sobre la casta", expresó.

Además, remarcó que el gremio también exige mayores esfuerzos presupuestarios por parte de la administración bonaerense. 

"Por otro lado, también queremos exigirle al Gobierno de la provincia de Buenos Aires que haga un mayor esfuerzo. Porque la verdad es que los laburantes provinciales están padeciendo situaciones muy complejas en términos salariales", afirmó.

La medida había sido anunciada ayer martes por ATE Tandil-Benito Juárez, luego de una asamblea de trabajadores en la que se resolvió realizar un paro de 24 horas bajo la consigna "Salarios dignos para vivir mejor".

En ese momento, el sindicato advirtió que los ingresos "ya no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de las familias" y reclamó tanto el envío de fondos nacionales a la Provincia como una recomposición urgente de los salarios.

El paro se concretó pocos días después de que la conducción provincial de ATE aceptara la propuesta salarial formulada por el Gobierno que conduce Axel Kicillof.

El acuerdo contempla un incremento del siete por ciento en dos tramos para los estatales provinciales y, en el caso de los auxiliares de la educación, una suba del cinco por ciento para julio y del cuatro por ciento para agosto, además de la convocatoria a una mesa técnica para revisar la normativa del sector.

Sin embargo, desde la seccional local sostuvieron que ese entendimiento no modifica la situación salarial que motivó la jornada de protesta.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) solicitó formalmente al Gobierno nacional que declare un asueto administrativo con cese de actividades a partir de las 12 del mediodía de este miércoles 15 de julio. La medida busca que los empleados de la Administración Pública Nacional, tanto de la Administración Central como de los Organismos Descentralizados, puedan seguir el partido de la Selección Argentina frente a Inglaterra por las semifinales del Mundial 206.

El pedido, dirigido al presidente Javier Milei, incluye también al personal de entes públicos, empresas y sociedades del Estado. Según el comunicado oficial, el sindicato contempla la garantía de funcionamiento de los servicios básicos mediante guardias mínimas para la atención de urgencias.

El encuentro entre ambos equipos en un Mundial supera el marco estrictamente deportivo. Se trata de un encuentro de enorme trascendencia cultural e histórica para nuestro país y que moviliza el sentir nacional.

Así lo sostuvo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, quien argumentó que el Gobierno debería determinar el cese de tareas para que los trabajadores puedan compartir la tarde junto a sus familias. El dirigente subrayó que diversas instituciones ya están adaptando sus jornadas para permitir el seguimiento de este hito social.

El documento presentado ante el Ejecutivo menciona como antecedente las medidas adoptadas por otros gobiernos de la región y provincias argentinas durante la presente Copa del Mundo. Entre los ejemplos citados se encuentra Paraguay, que decretó feriado tras un triunfo de su selección, y las provincias de Jujuy, La Rioja y San Juan, que habilitaron permisos especiales para que los agentes estatales pudieran presenciar los compromisos del seleccionado nacional.

Mientras se espera una respuesta oficial, el equipo que dirige el técnico Lionel Scaloni se prepara para el duelo de las 16 frente al conjunto del entrenador Thomas Tuchel. En los últimos entrenamientos, el estratega probó una línea de tres defensores con la presencia de Nicolás Otamendi, Cristian Cuti Romero y Lisandro Martínez.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Tandil-Juárez anunció un paro de 24 horas para este miércoles 15 de julio, que alcanzará a las y los trabajadores de los organismos dependientes del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en los distritos de Tandil y Benito Juárez.

Según informó el sindicato a través de un comunicado, la medida fue resuelta durante una asamblea de trabajadores ante la crítica situación salarial que atraviesa el sector. Desde la organización sostuvieron que los ingresos actuales "ya no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de las familias", motivo por el cual decidieron avanzar con una jornada de protesta.

En ese marco, ATE reclamó al Gobierno nacional que regularice el envío de fondos y de las partidas presupuestarias que, según señalaron, mantiene adeudadas con la Provincia de Buenos Aires. Desde el gremio afirmaron que esa situación repercute en el funcionamiento de los organismos públicos y limita las posibilidades de mejorar los salarios de los trabajadores estatales.

Al mismo tiempo, la organización sindical también dirigió un pedido al Gobierno bonaerense, al que le solicitó que evalúe e impulse alternativas que permitan recomponer de manera urgente los ingresos del sector, con el objetivo de garantizar salarios dignos frente al incremento sostenido del costo de vida.

La convocatoria está dirigida a todas las trabajadoras y trabajadores de las dependencias provinciales de Tandil y Benito Juárez, a quienes el gremio instó a sumarse a la medida de fuerza "en defensa del salario".

Bajo la consigna "Salarios dignos para vivir mejor", ATE remarcó que la protesta busca visibilizar la situación económica que atraviesan los empleados estatales y reclamar respuestas concretas de los distintos niveles del Estado para mejorar las condiciones salariales del sector.

Con la participación de alrededor de 500 trabajadores y trabajadoras estatales, ATE Tandil-Juárez celebró este domingo la 4.ª Fiesta por el Día del Trabajador y la Trabajadora Estatal, un encuentro que reunió a afiliados de los ámbitos municipal, provincial y nacional en una jornada marcada por la camaradería, los reconocimientos y los discursos en defensa del empleo público.

La actividad se desarrolló en un clima festivo, con un almuerzo compartido, importantes sorteos y el cierre musical de la histórica banda tandilense Ajenjo, que puso el broche de oro a una celebración que, según destacaron desde la organización, se consolidó como un espacio de encuentro y reflexión sobre la realidad que atraviesan las y los trabajadores estatales.

Durante el acto central, el secretario general de ATE Tandil-Juárez, Hernán Gasparini, realizó un análisis de la situación del sector y advirtió sobre el deterioro de los salarios en los distintos niveles del Estado.

"En muchos casos, los ingresos ya no alcanzan para cubrir las necesidades básicas y obligan a sostener dos o incluso tres empleos para llegar a fin de mes", expresó.

El dirigente también cuestionó las políticas del gobierno nacional encabezado por Javier Milei. "La crueldad con la que se conduce el Estado nacional no solo ha dejado a miles de trabajadores sin empleo, sino que además está desguazando al Estado y, como consecuencia, desprotegiendo al pueblo de Tandil y de toda la Argentina", afirmó.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el reconocimiento a los veteranos de la Guerra de Malvinas que integran la organización sindical. El homenaje fue acompañado por un prolongado aplauso de pie de los asistentes, en reconocimiento a quienes combatieron en defensa de la soberanía nacional.

La celebración contó además con la presencia del secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires, Claudio Arévalo, quien destacó el crecimiento de la seccional Tandil-Juárez y remarcó la importancia de la unidad del movimiento obrero frente al contexto político y social. También participaron Vanina Zurita, Beti Mendoza, Olivia Ruiz y Marcelo Corvalán, junto a representantes de la Mesa Intersindical de Tandil, concejales de Fuerza Patria y referentes de organizaciones sociales.

Por su parte, la secretaria adjunta de ATE Tandil-Juárez, Erica Lanzini, convocó a participar del plenario "El Estado que se viene. Una mirada desde los trabajadores públicos", previsto para el 6 de noviembre de 2026.

"La iniciativa buscará generar un espacio de debate y construcción colectiva para elaborar propuestas desde la experiencia cotidiana de quienes sostienen las políticas públicas, con el objetivo de fortalecer la gestión estatal y garantizar que la voz de las y los trabajadores ocupe un lugar central en la planificación de las políticas públicas y en la defensa de los derechos de la comunidad", sostuvo.

Desde la conducción de la seccional resaltaron que la convocatoria reafirmó el compromiso de las y los trabajadores estatales con la organización colectiva y la defensa del Estado. "La fuerza de nuestra organización se construye todos los días en cada lugar de trabajo, y encuentros como este renuevan ese compromiso colectivo con un Estado presente al servicio de nuestro pueblo", concluyeron.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó con dureza la política de ajuste del Gobierno nacional al asegurar que los despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) representan un “golpe al corazón” del desarrollo tecnológico argentino.

Además, rechazó las cifras oficiales sobre la reducción del empleo público, reclamó la salida de los funcionarios incorporados durante la gestión de Manuel Adorni y advirtió que el gremio evalúa convocar a un nuevo paro nacional.

Aguiar sostuvo que la situación de la CNEA trasciende el conflicto laboral y afecta directamente a uno de los organismos estratégicos del país.

“Los despidos que se intentan llevar adelante en la Comisión Nacional de Energía Atómica son un golpe al corazón del Plan Nuclear de la Argentina”, afirmó por Splendid AM 990.

El dirigente explicó que la CNEA “produce conocimiento y desarrolla tecnología nuclear propia”, participa en el diseño y construcción de reactores, genera energía, produce radioisótopos para tratamientos médicos y forma profesionales altamente especializados.

“Estamos hablando de un organismo que participa en proyectos estratégicos vinculados a la defensa de nuestra soberanía nacional”, remarcó.

Aguiar rechazó además uno de los argumentos utilizados por el Gobierno para justificar el ajuste. “No es un organismo deficitario, es superavitario. Estas cesantías ilegales tienen más que ver con un proceso de vaciamiento orientado a favorecer las privatizaciones y los grandes negocios”, aseguró.

En ese sentido vinculó los despidos con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “Buscan un andamiaje jurídico para favorecer la rentabilidad de las grandes empresas. Pretenden vaciar ahora la CNEA porque buscan su privatización. No los vamos a dejar”, advirtió.

Críticas a los datos oficiales y los nombramientos de Adorni

Consultado sobre la cifra difundida por el Gobierno que señala que unos 70.000 empleados dejaron el Estado, Aguiar sostuvo que los registros de ATE no coinciden con esos números.

Al mismo tiempo, apuntó directamente contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni y reclamó revisar las incorporaciones realizadas durante su gestión.

“Adorni fue uno de los mayores verdugos que tuvimos los estatales. Lo recordamos riéndose y celebrando cada vez que anunciaba despidos en las conferencias de prensa”, expresó.

El sindicalista, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, pidió que se dé de baja a quienes calificó como “ñoquis” vinculados al exfuncionario.

“La militancia rentada que llegó con Adorni se tiene que ir con él. En lugar de despedir trabajadores altamente capacitados deberían echar a los 249 ñoquis que fueron designados por Adorni”, sostuvo.

Según detalló, entre esos nombramientos figuran asesores de comunicación, personal administrativo, cuatro choferes, diecinueve cargos jerárquicos e incluso una arquitecta. (NA).

Representantes de tres sindicatos con fuerte presencia en Tandil coincidieron en un diagnóstico crítico sobre la actualidad de los trabajadores y advirtieron que el deterioro del poder adquisitivo, la pérdida de empleos y el debilitamiento de las políticas públicas conforman un escenario que impacta de lleno en la vida cotidiana de miles de familias.

Durante una mesa de análisis realizada en Calle Belgrano por la 104.1 Tandil FM, ECO TV y El Eco Streaming, Estela Sinópoli, secretaria General de Suteba Tandil, Juan Manuel Carri, secretario General de La Bancaria Tandil y Ariel Lappano, secretario Gremial de ATE Tandil, expusieron las principales problemáticas que afectan a cada uno de sus sectores, aunque remarcaron que existe un denominador común: los salarios ya no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.

Sinópoli explicó que los docentes provinciales llegaron a la medida de fuerza luego de varios meses sin una recomposición que acompañara el incremento del costo de vida.

La dirigente sostuvo que la inflación oficial "no refleja la realidad que viven los trabajadores" porque no contempla gastos esenciales como los alquileres y otras erogaciones cotidianas. En ese sentido, aseguró que muchos docentes deben acumular cargos o desarrollar emprendimientos personales para complementar sus ingresos.

Además, señaló que uno de los principales problemas que atraviesa hoy el sistema educativo es el crecimiento de situaciones de violencia dentro de las escuelas.

"No hablamos de violencia escolar porque la escuela no genera violencia; es una violencia social que ingresa a las instituciones y cada vez resulta más difícil de contener", afirmó.

También cuestionó la suspensión de programas nacionales vinculados al financiamiento educativo y la alfabetización, y sostuvo que esas decisiones terminan repercutiendo en el funcionamiento cotidiano de las escuelas bonaerenses.

Por su parte, Carri advirtió que, aun en un sector que mantiene negociaciones salariales periódicas, el salario perdió capacidad de compra frente al incremento del costo de vida.

Explicó que, según un relevamiento realizado por el gremio, una familia bancaria promedio destina alrededor del 60 por ciento de sus ingresos únicamente a cubrir la canasta básica y los gastos esenciales.

El dirigente también puso el foco en la situación del empleo privado y señaló que el cierre de pequeñas y medianas empresas constituye uno de los principales indicadores de la crisis.

En esa línea, recordó el cierre de la sucursal local del Banco Hipotecario y sostuvo que la desregulación del sistema financiero favoreció la concentración del mercado en grandes plataformas digitales.

Asimismo, indicó que la morosidad en tarjetas de crédito y préstamos personales aumentó porque muchas familias recurren al financiamiento para afrontar gastos básicos como alimentos o alquileres.

Lappano sostuvo que los trabajadores municipales no escapan al deterioro general de los ingresos y remarcó que el incremento salarial acordado resulta insuficiente frente al aumento del costo de vida.

Además, planteó que existe un fuerte achatamiento salarial dentro de la administración municipal y cuestionó la falta de discusión sobre la carrera administrativa.

Como ejemplo, señaló que entre un trabajador recién ingresado y otro con dos décadas de antigüedad la diferencia del último incremento salarial apenas supera los cuatro mil pesos.

También vinculó las dificultades financieras del Municipio con la reducción de recursos provenientes de la Nación y sostuvo que eso terminó afectando áreas sensibles como la salud pública y la prestación de servicios.

Según afirmó, la crisis obliga al Estado municipal a absorber cada vez más demandas mientras los recursos disponibles resultan insuficientes.

Los tres dirigentes coincidieron en que el movimiento sindical enfrenta un escenario complejo, atravesado por el desgaste de los trabajadores, la pérdida de confianza en las organizaciones gremiales y las dificultades para sostener medidas de fuerza cuando muchos empleados no pueden afrontar el descuento de un día de salario.

Sin embargo, defendieron la necesidad de fortalecer la organización colectiva como herramienta para reclamar mejores condiciones laborales y salariales.

"Los sindicatos son más necesarios que nunca en momentos de crisis", sostuvo Lappano.

Por su parte, Sinópoli remarcó que, pese a las dificultades, los gremios continúan movilizados para sostener los reclamos de sus representados, mientras que Carri consideró que el movimiento obrero atraviesa un proceso de desgaste que exige recuperar la unidad y reconstruir la confianza de los trabajadores.

Los tres concluyeron que la situación social y económica requiere respuestas políticas de fondo y coincidieron en que, sin una recuperación del salario y del empleo, será difícil revertir el escenario que hoy atraviesan tanto los trabajadores estatales como los del sector privado.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que despidieron a 100 trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y por eso tomó la sede del organismo. “Exigimos su reincorporación”, expresó el sindicato que representa al personal estatal.

La noticia fue difundida por ATE mediante sus redes sociales. Por esa vía, el gremio, que es uno de los más refractarios al Gobierno nacional, cargó contra la gestión. Es decir, no solo tomó la sede del organismo, sino que acusó al oficialismo de “vaciar el órgano para rematarlo” y además hubo críticas al titular de la CNEA, Martín Porro.

El funcionario no dio respuesta al reclamo, pero según el gremio “está atrincherado” en su puesto de trabajo. Horas después se retiró, junto a otras autoridades, escoltado por personal de Gendarmería que había ingresado un rato antes para garantizar su seguridad.

“Este Gobierno comete una nueva canallada al pretender despedir a casi 100 trabajadores de la Comisión. Las desvinculaciones afectan a profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado con más de diez años de antigüedad que sostienen áreas críticas del desarrollo nuclear argentino”, manifestó el colectivo sindical.

Ante este hecho, el gremio que conduce Rodolfo Aguiar informó que lleva adelante una permanencia “pacífica” en la sede central de la CNEA y exigió explicaciones a las autoridades acerca de las cesantías.

“Están escondidos y evitan dar la cara ante los trabajadores”, planteó. ATE además indicó que las protestas están a la orden del día. “Se multiplican en las sedes del organismo en todo el país”, detallaron.

“Se trata de un claro intento de desmantelamiento que permita la privatización del organismo. Argentina es uno de los tres países del hemisferio sur que tienen energía eléctrica por vía nuclear y quieren desarmar todo ese proyecto soberano de nuestro país. Están incurriendo en una ilegalidad manifiesta, el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional consagra el derecho a la estabilidad laboral en el Estado. Si actúan al margen de la ley ¡Van a terminar todos presos!”, agregaron. NA

El Gobierno nacional homologó el acuerdo paritario alcanzado para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública Nacional, que contempla incrementos salariales escalonados entre junio y agosto de 2026, el pago de una suma fija extraordinaria de $50.000 y la prórroga de diversos beneficios laborales.

La medida fue oficializada este martes mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, que homologa las actas acuerdo firmadas el pasado 18 de junio por la Comisión Negociadora.

De acuerdo con lo establecido, los trabajadores recibirán un aumento del 2,40% a partir del 1° de junio, calculado sobre los salarios vigentes al 31 de mayo; un 2,20% desde el 1° de julio, sobre los haberes de junio; y un 1,90% a partir del 1° de agosto, aplicado sobre las remuneraciones correspondientes a julio.

Además, el acuerdo dispone el pago de una suma fija remunerativa y no bonificable de $50.000, por única vez y de percepción única por persona, que será abonada junto con los haberes de agosto de 2026.

Actualización de escalas y beneficios

El decreto también establece la actualización de las escalas salariales de los distintos regímenes comprendidos en el convenio colectivo, así como de los montos correspondientes a viáticos, el adicional por prestación de servicios en la Antártida y los reintegros por gastos de comida, movilidad y guarderías.

Por otra parte, se prorrogó hasta el 31 de agosto de 2026 la entrada en vigencia del Régimen de Dirección Pública, mientras continúan las negociaciones para su revisión e implementación definitiva.

En la misma línea, se extendió la vigencia del Premio Estímulo a la Asistencia, cuyos montos fueron incrementados, y se mantuvieron las condiciones especiales vinculadas a licencias por exámenes, enfermedades y acompañamiento terapéutico de familiares.

Asimismo, la norma preserva hasta el 31 de agosto las sumas fijas remunerativas no bonificables establecidas por el Decreto 56/2020, aclarando que los nuevos incrementos salariales no se aplicarán sobre esos conceptos.

Nuevos valores para residentes de Salud

El decreto también fijó las nuevas remuneraciones para los profesionales residentes nacionales que prestan servicios en hospitales e institutos dependientes del Ministerio de Salud y en el Hospital Garrahan.

Desde el 1° de agosto, un residente jefe percibirá $1.691.131, mientras que un residente de primer año cobrará $1.282.419. Además, fueron actualizados los montos de las becas destinadas a estos profesionales.

Finalmente, la medida dispone que los aumentos también alcanzarán al personal civil de inteligencia de la Secretaría de Inteligencia de Estado y faculta a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar las normas complementarias necesarias para la aplicación del decreto.

La Justicia Federal de Azul ordenó la reincorporación inmediata de un trabajador del Centro de Referencia (CDR) de Tandil que había sido despedido por el Gobierno nacional. La resolución hizo lugar a una medida cautelar presentada por el equipo jurídico de ATE Provincia de Buenos Aires y ATE Seccional Tandil.

El fallo beneficia a Juan Ignacio Villanueva, quien se desempeñaba en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia hasta que fue desvinculado en el marco de las cesantías impulsadas por la administración nacional.

Desde ATE señalaron que la decisión judicial constituye "una nueva victoria" frente a los despidos en el Estado y afirmaron que marca un límite a las medidas adoptadas por el Gobierno de Javier Milei.

El sindicato sostuvo que la resolución reconoce que el despido fue "arbitrario e ilegítimo" y remarcaron que las cesantías vulneraron derechos de los trabajadores y garantías constitucionales vinculadas al empleo público.

Asimismo, destacaron que el resultado fue posible gracias al trabajo conjunto entre el equipo jurídico de ATE Provincia de Buenos Aires y ATE Seccional Tandil, junto con el respaldo de los secretarios generales Claudio Daniel Arévalo y Hernán Gasparini, quienes impulsaron la estrategia judicial para cuestionar los despidos.

En un comunicado, la organización gremial consideró que "cada reincorporación obtenida no es solo una reparación individual, es un mensaje claro de que los derechos se deben defender", y ratificó que continuará recurriendo a todas las herramientas sindicales y judiciales para reclamar por los trabajadores afectados.

Finalmente, ATE aseguró que seguirá "combatiendo para defender a los y las trabajadoras, en sus lugares de trabajo, en la calle y también en los tribunales", al tiempo que destacó que ninguna política de ajuste puede ubicarse por encima de la Constitución y la legislación vigente.

El Gobierno nacional convocó a un proceso de renegociación de convenios en el Estado, una medida que alcanzará a un total de casi 800 convenios colectivos. Ante este anuncio, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifestó su firme rechazo y calificó la acción como una maniobra de presión sobre los trabajadores.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, fue contundente al referirse a la convocatoria oficial. Según el dirigente, la medida busca forzar a los empleados estatales a ceder conquistas históricas.

Estamos ante una presión o amenaza que tiene por finalidad obligarnos a los estatales a resignar derechos o beneficios que se encuentran contemplados en nuestros convenios colectivos.

Desde el sindicato confirmaron que asistirán a la audiencia convocada, aunque adelantaron que la postura será rechazar cualquier intento de modificación que afecte las condiciones laborales vigentes. Rodolfo Aguiar calificó la propuesta gubernamental como un chantaje y una extorsión.

En el marco de este conflicto, el dirigente gremial destacó la importancia de la estabilidad laboral obtenida en los últimos años. Al respecto, señaló que el pase a planta permanente representa un avance fundamental frente a las políticas de ajuste.

Este pase a planta se convierte en un oasis en el desierto de destrucción de derechos en el que se ha transformado la Argentina. En la última década y media pasamos de una ley de disponibilidad a la plena estabilidad en el empleo público. Hay que afiliarse a ATE para seguir ganando derechos.

La renegociación de los convenios se enmarca en un proceso más amplio de reforma laboral que el Gobierno busca implementar en el sector público, generando una fuerte tensión con los representantes gremiales.

El Gobierno Nacional convocó a renegociar convenios en el sector público, pero la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) le respondió que sus propuestas son “chantajes y extorsiones” porque pretende que los estatales “resignen sus derechos y beneficios”.

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, el secretario general del sindicato Rodolfo Aguiar sostuvo que ATE “concurrirá a la audiencia” pero “rechazará cualquier modificación” vinculada a las condiciones laborales o salariales actuales: “Mediante intimidación o violencia pretenden obligarnos a que firmemos la quita de nuestros derechos”, agregó.

“Los trabajadores queremos discutir nuestros convenios colectivos, pero debe tratarse de una discusión libre y voluntaria. En este caso, el Estado nos quiere obligar a discutir para profundizar sus políticas antisindicales y de destrucción de derechos”, indicó Aguiar.

En la misma línea, manifestó que los empleados públicos “deben tener claro” que la gestión del presidente Javier Milei tiene una Secretaría de Trabajo con una particularidad y es que “ya no actúa como moderadora” de las negociaciones, sino que es un “brazo ejecutor del ajuste” impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional.

Por otra parte, remarcó que hay convenios que “especifican bonos o adicionales importantes que dejarán de percibirse” mientras se negocie esta nueva propuesta por parte del Gobierno y afirmó que “no se puede aceptar” que la renegociación se transforme en “un instrumento para aplicar una brutal rebaja salarial sobre ingresos” que fueron “congelados” desde diciembre de 2023.

La nueva discusión de los convenios comenzó en el sector privado a partir de la eliminación de la ultraactividad incluida en la Ley de Modernización Laboral (27.802), sin embargo, en las últimas horas, llegaron notificaciones desde el Ministerio de Capital Humano, comandado por Sandra Pettovello, para renegociar la normativa de organismos como PAMI, Anses y Acumar, entre otros.

“La única manera que debe entenderse esta renegociación es como parte de una política antisindical y de destrucción de los derechos sociales. No tenemos que aceptarla”, concluyó. (NA).

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) volvió a reclamar la reapertura urgente de la discusión salarial y advirtió que existe un fuerte malestar entre los empleados públicos ante la pérdida del poder adquisitivo acumulada en los últimos años.

Desde el sindicato señalaron que la situación económica de los trabajadores estatales se ha deteriorado de manera sostenida y sostuvieron que resulta indispensable convocar nuevamente a negociaciones paritarias para alcanzar una recomposición que permita recuperar parte de los ingresos perdidos. Según planteó la conducción gremial, los salarios actuales no alcanzan para cubrir necesidades básicas y cada vez son más los empleados que enfrentan dificultades para llegar a fin de mes.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, insistió en la necesidad de otorgar aumentos por encima de la inflación y una suma fija destinada a recomponer los salarios más bajos del sector público. El dirigente aseguró que la pérdida del poder adquisitivo supera el 40 por ciento y advirtió que, si no existen respuestas concretas, podría incrementarse la conflictividad dentro de la administración pública.

Entre los principales reclamos del gremio figuran la implementación de una cláusula de actualización automática por inflación, la reapertura de todos los convenios colectivos del sector público, la reactivación de programas de capacitación laboral y el cese de los despidos en organismos estatales.

El pedido se produce en un contexto de tensión luego de que ATE rechazara la última propuesta salarial presentada por el Gobierno nacional. La oferta contempló incrementos escalonados para el período junio-agosto y un bono extraordinario, pero fue considerada insuficiente por el sindicato, que sostuvo que consolida la pérdida salarial acumulada en los últimos años.

Desde la organización sindical remarcaron que el descontento entre los trabajadores es cada vez mayor y reclamaron una negociación integral que contemple tanto la recuperación del salario como las condiciones laborales dentro del Estado. Mientras tanto, esperan una nueva convocatoria oficial que permita retomar el diálogo y acercar posiciones en una discusión que continúa abierta.

El Gobierno cerró este jueves una nueva paritaria para los trabajadores de la administración pública nacional con una mejora acumulada del 6,64% para el período junio-agosto y un bono remunerativo de 50.000 pesos el mes próximo. Sin embargo, el incremento otorgado volvió a dividir a los sindicatos: la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) lo aceptó, mientras que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lo rechazó al considerar que consolida la pérdida salarial en el sector público.

Según datos difundidos por ATE, en el período paritario anterior los aumentos salariales sumaron 21%, mientras que la inflación acumulada fue del 33,2%. Para el gremio, esa brecha de 12,2 puntos explica su negativa a una oferta que no incluye mecanismos de recuperación ni actualización automática frente a los precios.

El entendimiento corresponde a la apertura del período paritario junio de 2026-mayo de 2027 del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06. La propuesta oficial fija incrementos del 2,4% desde el 1° de junio, del 2,2% a partir del 1° de julio y del 1,9% desde el 1° de agosto, además del pago por única vez de 50.000 pesos durante ese último mes.

Con la firma de UPCN, el aumento quedó formalmente homologado para el próximo trimestre. Desde el oficialismo sostienen que el esquema busca acompañar la evolución de los precios en un escenario de desaceleración inflacionaria.

Por su parte, ATE cuestionó tanto los porcentajes como la falta de una recomposición por la pérdida acumulada del poder adquisitivo. El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, expresó al finalizar la reunión:

No estamos dispuestos a negociar ningún ajuste. La oferta es insuficiente, perjudica a los trabajadores y quita derechos a todo el pueblo.

Aguiar afirmó que el Gobierno viola la buena fe en las negociaciones y señaló que, según estimaciones del sindicato, la pérdida de poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei supera el 40%. El dirigente advirtió que la decisión oficial acelera la conflictividad en el Estado al no dar respuesta a reclamos como la reapertura de convenios y el cese de los despidos.

Investigadores y científicos del Conicet realizaron ayer una jornada de lucha a nivel nacional destinada a visibilizar una serie de reclamos vinculados con la situación de las personas que desarrollan tareas de investigación científica mediante becas del organismo. La actividad se desarrolló en las primeras horas de la tarde frente a la sede del Centro Científico Tecnológico (CCT) Conicet Tandil del Campus.

Entre las principales demandas planteadas durante la jornada se encuentran la “restitución inmediata de la cobertura de salud para todas las personas afectadas”, la “normalización urgente de las prestaciones de Unión Personal”, el “fin de las bajas arbitrarias y de los coseguros discriminatorios” y el reconocimiento de “obra social y derechos laborales para todos los becarios Conicet”.

El Eco de Tandil dialogó con Juliana González, delegada de ATE Conicet en Tandil, quien detalló el panorama sobre la situación de los investigadores, principalmente de los becarios, ante los recortes en la cobertura de la obra social. La investigadora detalló que la jornada de movilización se realizó para “reclamar por los derechos laborales de cobertura de salud, más que nada de becarios y becarias, donde fueron notificados a principio del mes pasado sobre la baja de su cobertura si es que tenían un cargo docente”.

González, quien conforma un cuerpo de delegados de cinco personas que representan distintas unidades ejecutoras del CCT Tandil en la Unicen, desarrolló sobre la situación “compleja” de los becarios y afirmó: “Tienen una situación de precarización laboral muy grande, no solo el problema de su obra social”. En ese sentido añadió que están cinco años con un régimen de beca “sin ningún tipo de derecho laboral. Tienen obra social y únicamente licencia por maternidad”.

Todas las personas que trabajan en el Conicet tienen a Unión Personal como su obra social pero, según informaron los investigadores, cada vez son menos las prestaciones que se están dando e incluso en algunas regionales, como Tucumán, se cortó directamente la atención médica. A los trabajadores de este escalafón, el Estado les ofreció salir a buscar una obra social que les dé cobertura por 90 mil pesos.

González detalló que a esta problemática que afrontan con el recorte de las prestaciones de la obra social, se suma la delicada situación salarial de todos los investigadores y científicos del Conicet. Desde diciembre de 2025 no han tenido aumento en su sueldo, siendo este último de un uno por ciento.

Además, el sistema hoy sufre una falta de inversión a nivel nacional debido a que no se están ejecutando los fondos internacionales para el desarrollo de proyectos de investigación. “Peligra que haya nuevos desembolsos por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para Argentina”, indicó la referente de ATE Conicet.

Estos fondos para financiar los proyectos de investigación son ejecutados por el Estado nacional, que decide los lineamientos que se van a investigar. “Hay un par de convocatorias que fueron iniciadas, pero no se están ejecutando. Hasta hubo distintos proyectos que supuestamente iban a ser subsidiados y está todo eso frenado”, añadió González y luego agregó que la Agencia, el espacio del Gobierno, fue “desmantelada” con “muchísimos despidos” y no hay respuestas en cuanto a la ejecución de ese dinero.

Consultada sobre la situación de los becarios a nivel local, la investigadora fue contundente: “Realmente es una tristeza. No solo como Conicet, sino como Unicen estamos viendo el éxodo de un montón de gente joven que se ha formado muchísimo o que tenía cierta esperanza o ilusión de insertarse en el sistema científico y ya no es atractivo porque no hay una proyección. Además se suma que los sueldos no son para nada tentadores”.

A título personal, como trabajadora de la Facultad de Ciencias Veterinarias, González describió que “tenemos muchas compañeras que están optando por trabajar en el privado y otras que están optando por buscar becas de investigación en el exterior”.

El reciente acuerdo que alcanzó el Gobierno nacional con las universidades no impacta sobre los investigadores, científicos y becados del Conicet a menos que ejerzan un cargo docente en la casa de estudios superiores. No obstante, la referente de ATE reconoció que brinda un piso “para discutir no solo los sueldos de Conicet, sino para otros sectores”, aunque señaló que no es lo que se pedía en la Ley de Financiamiento pero “es algo importante”.

Hernán Gasparini, secretario general de ATE, se hizo presente en la actividad realizada en el Campus de la Unicen y mantuvo un diálogo con los investigadores que se sumaron a la medida. Allí reconoció la lucha de los científicos y aseguró que el espacio de ATE está disponible para la organización. Por otro lado, en tiempos adversos para los trabajadores públicos, llamó a no bajar las banderas de una lucha por el compromiso que tienen con la ciencia y con el Estado.

De cara al futuro, González detalló que “noticias de este tipo nos hacen mantener la esperanza de llegar a un acuerdo, pero hay que seguir movilizándose, encontrándose y reclamando por nuestros derechos”. Añadió que en la actualidad está peligrando la continuidad laboral de 380 personas que tienen becas posdoctorales: “Están esperando los resultados de sus ingresos a carrera para agosto o septiembre, pero peligra su continuidad”, concluyó.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Tandil-Juárez reclamó una urgente recomposición salarial para los trabajadores municipales y advirtió sobre el deterioro del poder adquisitivo frente al incremento sostenido del costo de vida.

El gremio formalizó ante el Departamento Ejecutivo un pedido de aumento del 15 por ciento al básico para todas las categorías, a pagar con los haberes de mayo, además de la reapertura de la discusión paritaria en julio de 2026.

En diálogo con El Eco de Tandil, el referente local de ATE, Hernán Gasparini, expresó la preocupación del sector por la falta de avances en la negociación salarial y cuestionó la demora en el tratamiento de la paritaria correspondiente a este año.

“Históricamente, las paritarias se hacían en marzo. Pero este año se pasó para mayo”, señaló. Según explicó, el primer encuentro formal entre el Ejecutivo y los gremios se concretó el 1ro. de mayo, aunque -agregó- desde ATE ya habían solicitado previamente la apertura de la discusión.

“Respecto al incremento que pedimos, nosotros solicitamos un 15 por ciento en un solo pago desde mayo. Todavía no se ha resuelto nada sobre el tipo de incrementos y tampoco hemos tenido una respuesta en relación al período de aumento salarial”, sostuvo.

Desde el sindicato remarcaron que el planteo responde a una situación económica cada vez más compleja para los trabajadores municipales. En el comunicado difundido públicamente señalaron que “la realidad cotidiana no se mide en estadísticas sino en el costo de vida que enfrentan las familias todos los días”.

En esa línea, advirtieron que el incremento permanente de los precios de los alimentos, las tarifas de servicios, el transporte y otros gastos esenciales “deteriora permanentemente el poder adquisitivo de los salarios municipales”.

“Hoy miles de hogares municipales atraviesan una situación crítica. Ya no alcanza con empatarle a la inflación oficial; necesitamos una recomposición salarial real que impacte efectivamente en el bolsillo de las y los trabajadores”, manifestaron desde ATE.

En la misma sintonía, Gasparini indicó que los últimos incrementos otorgados corresponden todavía a la paritaria de 2025. “El último aumento que hubo fue del 6 por ciento en febrero y 6 por ciento en abril”, detalló. 

También mencionó el pago de un bono extraordinario de 300 mil pesos, abonado en dos cuotas, aunque aclaró que “no refleja el número real de la inflación”.

Para el dirigente gremial, la negociación salarial de este año llega con retraso y eso complejiza aún más la situación de los trabajadores. “La paritaria de 2026 no refleja ningún aumento para el trabajador y la trabajadora municipal”, afirmó.

Además, consideró que la demora reduce las posibilidades de alcanzar una recomposición significativa en el corto plazo. “Esa paritaria 2026 está tardía: no fue en marzo, no fue el 1ro. de mayo. Y es muy difícil que se pague un aumento salarial el mismo mes en que se paga el aguinaldo; en junio”, indicó.

En ese sentido, advirtió sobre la posibilidad de que el acuerdo termine siendo menor al solicitado por el gremio. “Estamos muy preocupados. Porque lo que puede pasar es que, en vez de tener una composición salarial del 15 por ciento, se otorgue un pequeño aumento porque también se va a pagar el aguinaldo”, expresó.

ATE insistió asimismo en la necesidad de garantizar que ningún trabajador municipal quede por debajo de la línea de pobreza. 

Actualmente, según precisó Gasparini, un ingresante percibe alrededor de 820 mil pesos por un régimen laboral de 35 horas semanales.

El gremio cuenta con aproximadamente 230 afiliados dentro de una planta municipal cercana a los 2.700 trabajadores.

Gasparini también volvió a cuestionar el esquema de negociación salarial vigente y el rol que ocupa ATE dentro de las discusiones paritarias.

“En líneas generales termina pasando que, por lo menos hasta que la Justicia defina la participación de ATE en la paritaria, nosotros hacemos un pedido real de lo que necesitamos recomponer y terminan negociando por debajo de lo que planteamos”, sostuvo.

Aun así, defendió la estrategia del sindicato de instalar públicamente un porcentaje más alto. “Lo que está bueno es que pone la vara alta para que no se sigan destruyendo los salarios”, afirmó.

Por último, aseguró que hasta el momento no hubo novedades desde el Ejecutivo municipal. “En lo que va de mayo todavía no se planteó nada en función de un aumento” y agregó que, según tienen entendido, tampoco el Sindicato de Trabajadores Municipales recibió una propuesta formal.

“Estiraron la paritaria de una manera espantosa”, concluyó.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Tandil expresó su profunda preocupación por el impacto que, según señalaron, está generando el ajuste implementado por el Gobierno nacional sobre el sistema de salud pública argentino.

A través de un comunicado, la organización gremial denunció el desmantelamiento de programas esenciales, la reducción de prestaciones y el abandono de políticas sanitarias que consideran fundamentales para garantizar el acceso a la atención médica.

Desde el sindicato remarcaron que “la salud es un derecho humano fundamental” y advirtieron que, desde la asunción del presidente Javier Milei, se profundizó un proceso de recorte que afecta directamente el acceso a medicamentos, vacunas y servicios de salud para millones de argentinos.

Entre los aspectos más críticos, se mencionó el desmantelamiento del Programa Remediar, la crisis que atraviesa el PAMI y la falta de provisión de vacunas por parte del Estado nacional.

Además, el gremio alertó sobre el agravamiento de la crisis social y sanitaria en el contexto del invierno, y sostuvo que el deterioro de las condiciones de vida impacta con mayor fuerza sobre los sectores más vulnerables de la población.

En ese sentido, también señalaron la ausencia de políticas públicas de salud mental en un escenario social que describieron como cada vez más complejo.

Finalmente, desde ATE Tandil afirmaron que “ajustar sobre la salud es criminal” y consideraron que el retiro del Estado nacional profundiza las desigualdades y pone en riesgo derechos fundamentales de toda la población.

En ese marco, exigieron al Gobierno nacional que garantice políticas públicas orientadas a proteger la salud y la vida del pueblo argentino.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro de 24 horas para este jueves en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La medida de fuerza surge como respuesta a la denuncia del gremio sobre la intención del Gobierno nacional de concretar 700 despidos y eliminar 1.000 funciones de las 3.000 que el organismo desempeña actualmente.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, expresó su rechazo a la iniciativa oficial: "Intentan destruir una de las instituciones públicas más prestigiosas y necesarias para toda la comunidad. Del INTI depende en buena medida el desarrollo y el crecimiento de toda la sociedad. Vamos a un paro y el Gobierno tiene que saber que las medidas se van a incrementar".

Según trascendió, el organismo cuenta hoy con 2.300 trabajadores. En este escenario, el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, presiona para avanzar con el vaciamiento de la institución. Esta postura encuentra cierta resistencia en el presidente del ente, Miguel Romero, funcionario vinculado a Luis Caputo y al secretario de Industria, Pablo Lavigne.

Desde el sindicato detallaron que el recorte afectaría tareas críticas como los ensayos microbiológicos en alimentos para detectar bacterias como Salmonella, Escherichia coli y Listeria, el control de contaminantes y el análisis de calidad de agua. También se verían comprometidos los servicios de metrología, la calibración de instrumentos y los ensayos de seguridad en materiales de construcción, electricidad y transporte.

"No aceptamos la amenaza de despedir masivamente trabajadores y desarticular numerosas líneas de trabajo. Están poniendo en riesgo a toda la población", advirtió Rodolfo Aguiar. El dirigente subrayó que el INTI no representa una carga para las arcas públicas: "El Gobierno no puede usar el argumento de que se trata de un organismo deficitario, ya que los servicios que realiza el INTI son pagados por las empresas. No solo no tiene pérdidas, sino que además es superavitario".

Finalmente, el gremialista alertó sobre "la militarización del INTI, una presencia policial absolutamente desproporcionada mediante la cual se intenta que no se pueda ejercer el derecho de protestar. Hacemos directamente responsable al Gobierno nacional por cualquier hecho que el próximo jueves hubiera que lamentar".