El Gobierno Nacional convocó a renegociar convenios en el sector público, pero la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) le respondió que sus propuestas son “chantajes y extorsiones” porque pretende que los estatales “resignen sus derechos y beneficios”.

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, el secretario general del sindicato Rodolfo Aguiar sostuvo que ATE “concurrirá a la audiencia” pero “rechazará cualquier modificación” vinculada a las condiciones laborales o salariales actuales: “Mediante intimidación o violencia pretenden obligarnos a que firmemos la quita de nuestros derechos”, agregó.

“Los trabajadores queremos discutir nuestros convenios colectivos, pero debe tratarse de una discusión libre y voluntaria. En este caso, el Estado nos quiere obligar a discutir para profundizar sus políticas antisindicales y de destrucción de derechos”, indicó Aguiar.

En la misma línea, manifestó que los empleados públicos “deben tener claro” que la gestión del presidente Javier Milei tiene una Secretaría de Trabajo con una particularidad y es que “ya no actúa como moderadora” de las negociaciones, sino que es un “brazo ejecutor del ajuste” impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional.

Por otra parte, remarcó que hay convenios que “especifican bonos o adicionales importantes que dejarán de percibirse” mientras se negocie esta nueva propuesta por parte del Gobierno y afirmó que “no se puede aceptar” que la renegociación se transforme en “un instrumento para aplicar una brutal rebaja salarial sobre ingresos” que fueron “congelados” desde diciembre de 2023.

La nueva discusión de los convenios comenzó en el sector privado a partir de la eliminación de la ultraactividad incluida en la Ley de Modernización Laboral (27.802), sin embargo, en las últimas horas, llegaron notificaciones desde el Ministerio de Capital Humano, comandado por Sandra Pettovello, para renegociar la normativa de organismos como PAMI, Anses y Acumar, entre otros.

“La única manera que debe entenderse esta renegociación es como parte de una política antisindical y de destrucción de los derechos sociales. No tenemos que aceptarla”, concluyó. (NA).

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) volvió a reclamar la reapertura urgente de la discusión salarial y advirtió que existe un fuerte malestar entre los empleados públicos ante la pérdida del poder adquisitivo acumulada en los últimos años.

Desde el sindicato señalaron que la situación económica de los trabajadores estatales se ha deteriorado de manera sostenida y sostuvieron que resulta indispensable convocar nuevamente a negociaciones paritarias para alcanzar una recomposición que permita recuperar parte de los ingresos perdidos. Según planteó la conducción gremial, los salarios actuales no alcanzan para cubrir necesidades básicas y cada vez son más los empleados que enfrentan dificultades para llegar a fin de mes.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, insistió en la necesidad de otorgar aumentos por encima de la inflación y una suma fija destinada a recomponer los salarios más bajos del sector público. El dirigente aseguró que la pérdida del poder adquisitivo supera el 40 por ciento y advirtió que, si no existen respuestas concretas, podría incrementarse la conflictividad dentro de la administración pública.

Entre los principales reclamos del gremio figuran la implementación de una cláusula de actualización automática por inflación, la reapertura de todos los convenios colectivos del sector público, la reactivación de programas de capacitación laboral y el cese de los despidos en organismos estatales.

El pedido se produce en un contexto de tensión luego de que ATE rechazara la última propuesta salarial presentada por el Gobierno nacional. La oferta contempló incrementos escalonados para el período junio-agosto y un bono extraordinario, pero fue considerada insuficiente por el sindicato, que sostuvo que consolida la pérdida salarial acumulada en los últimos años.

Desde la organización sindical remarcaron que el descontento entre los trabajadores es cada vez mayor y reclamaron una negociación integral que contemple tanto la recuperación del salario como las condiciones laborales dentro del Estado. Mientras tanto, esperan una nueva convocatoria oficial que permita retomar el diálogo y acercar posiciones en una discusión que continúa abierta.

El Gobierno cerró este jueves una nueva paritaria para los trabajadores de la administración pública nacional con una mejora acumulada del 6,64% para el período junio-agosto y un bono remunerativo de 50.000 pesos el mes próximo. Sin embargo, el incremento otorgado volvió a dividir a los sindicatos: la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) lo aceptó, mientras que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lo rechazó al considerar que consolida la pérdida salarial en el sector público.

Según datos difundidos por ATE, en el período paritario anterior los aumentos salariales sumaron 21%, mientras que la inflación acumulada fue del 33,2%. Para el gremio, esa brecha de 12,2 puntos explica su negativa a una oferta que no incluye mecanismos de recuperación ni actualización automática frente a los precios.

El entendimiento corresponde a la apertura del período paritario junio de 2026-mayo de 2027 del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06. La propuesta oficial fija incrementos del 2,4% desde el 1° de junio, del 2,2% a partir del 1° de julio y del 1,9% desde el 1° de agosto, además del pago por única vez de 50.000 pesos durante ese último mes.

Con la firma de UPCN, el aumento quedó formalmente homologado para el próximo trimestre. Desde el oficialismo sostienen que el esquema busca acompañar la evolución de los precios en un escenario de desaceleración inflacionaria.

Por su parte, ATE cuestionó tanto los porcentajes como la falta de una recomposición por la pérdida acumulada del poder adquisitivo. El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, expresó al finalizar la reunión:

No estamos dispuestos a negociar ningún ajuste. La oferta es insuficiente, perjudica a los trabajadores y quita derechos a todo el pueblo.

Aguiar afirmó que el Gobierno viola la buena fe en las negociaciones y señaló que, según estimaciones del sindicato, la pérdida de poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei supera el 40%. El dirigente advirtió que la decisión oficial acelera la conflictividad en el Estado al no dar respuesta a reclamos como la reapertura de convenios y el cese de los despidos.

Investigadores y científicos del Conicet realizaron ayer una jornada de lucha a nivel nacional destinada a visibilizar una serie de reclamos vinculados con la situación de las personas que desarrollan tareas de investigación científica mediante becas del organismo. La actividad se desarrolló en las primeras horas de la tarde frente a la sede del Centro Científico Tecnológico (CCT) Conicet Tandil del Campus.

Entre las principales demandas planteadas durante la jornada se encuentran la “restitución inmediata de la cobertura de salud para todas las personas afectadas”, la “normalización urgente de las prestaciones de Unión Personal”, el “fin de las bajas arbitrarias y de los coseguros discriminatorios” y el reconocimiento de “obra social y derechos laborales para todos los becarios Conicet”.

El Eco de Tandil dialogó con Juliana González, delegada de ATE Conicet en Tandil, quien detalló el panorama sobre la situación de los investigadores, principalmente de los becarios, ante los recortes en la cobertura de la obra social. La investigadora detalló que la jornada de movilización se realizó para “reclamar por los derechos laborales de cobertura de salud, más que nada de becarios y becarias, donde fueron notificados a principio del mes pasado sobre la baja de su cobertura si es que tenían un cargo docente”.

González, quien conforma un cuerpo de delegados de cinco personas que representan distintas unidades ejecutoras del CCT Tandil en la Unicen, desarrolló sobre la situación “compleja” de los becarios y afirmó: “Tienen una situación de precarización laboral muy grande, no solo el problema de su obra social”. En ese sentido añadió que están cinco años con un régimen de beca “sin ningún tipo de derecho laboral. Tienen obra social y únicamente licencia por maternidad”.

Todas las personas que trabajan en el Conicet tienen a Unión Personal como su obra social pero, según informaron los investigadores, cada vez son menos las prestaciones que se están dando e incluso en algunas regionales, como Tucumán, se cortó directamente la atención médica. A los trabajadores de este escalafón, el Estado les ofreció salir a buscar una obra social que les dé cobertura por 90 mil pesos.

González detalló que a esta problemática que afrontan con el recorte de las prestaciones de la obra social, se suma la delicada situación salarial de todos los investigadores y científicos del Conicet. Desde diciembre de 2025 no han tenido aumento en su sueldo, siendo este último de un uno por ciento.

Además, el sistema hoy sufre una falta de inversión a nivel nacional debido a que no se están ejecutando los fondos internacionales para el desarrollo de proyectos de investigación. “Peligra que haya nuevos desembolsos por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para Argentina”, indicó la referente de ATE Conicet.

Estos fondos para financiar los proyectos de investigación son ejecutados por el Estado nacional, que decide los lineamientos que se van a investigar. “Hay un par de convocatorias que fueron iniciadas, pero no se están ejecutando. Hasta hubo distintos proyectos que supuestamente iban a ser subsidiados y está todo eso frenado”, añadió González y luego agregó que la Agencia, el espacio del Gobierno, fue “desmantelada” con “muchísimos despidos” y no hay respuestas en cuanto a la ejecución de ese dinero.

Consultada sobre la situación de los becarios a nivel local, la investigadora fue contundente: “Realmente es una tristeza. No solo como Conicet, sino como Unicen estamos viendo el éxodo de un montón de gente joven que se ha formado muchísimo o que tenía cierta esperanza o ilusión de insertarse en el sistema científico y ya no es atractivo porque no hay una proyección. Además se suma que los sueldos no son para nada tentadores”.

A título personal, como trabajadora de la Facultad de Ciencias Veterinarias, González describió que “tenemos muchas compañeras que están optando por trabajar en el privado y otras que están optando por buscar becas de investigación en el exterior”.

El reciente acuerdo que alcanzó el Gobierno nacional con las universidades no impacta sobre los investigadores, científicos y becados del Conicet a menos que ejerzan un cargo docente en la casa de estudios superiores. No obstante, la referente de ATE reconoció que brinda un piso “para discutir no solo los sueldos de Conicet, sino para otros sectores”, aunque señaló que no es lo que se pedía en la Ley de Financiamiento pero “es algo importante”.

Hernán Gasparini, secretario general de ATE, se hizo presente en la actividad realizada en el Campus de la Unicen y mantuvo un diálogo con los investigadores que se sumaron a la medida. Allí reconoció la lucha de los científicos y aseguró que el espacio de ATE está disponible para la organización. Por otro lado, en tiempos adversos para los trabajadores públicos, llamó a no bajar las banderas de una lucha por el compromiso que tienen con la ciencia y con el Estado.

De cara al futuro, González detalló que “noticias de este tipo nos hacen mantener la esperanza de llegar a un acuerdo, pero hay que seguir movilizándose, encontrándose y reclamando por nuestros derechos”. Añadió que en la actualidad está peligrando la continuidad laboral de 380 personas que tienen becas posdoctorales: “Están esperando los resultados de sus ingresos a carrera para agosto o septiembre, pero peligra su continuidad”, concluyó.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Tandil-Juárez reclamó una urgente recomposición salarial para los trabajadores municipales y advirtió sobre el deterioro del poder adquisitivo frente al incremento sostenido del costo de vida.

El gremio formalizó ante el Departamento Ejecutivo un pedido de aumento del 15 por ciento al básico para todas las categorías, a pagar con los haberes de mayo, además de la reapertura de la discusión paritaria en julio de 2026.

En diálogo con El Eco de Tandil, el referente local de ATE, Hernán Gasparini, expresó la preocupación del sector por la falta de avances en la negociación salarial y cuestionó la demora en el tratamiento de la paritaria correspondiente a este año.

“Históricamente, las paritarias se hacían en marzo. Pero este año se pasó para mayo”, señaló. Según explicó, el primer encuentro formal entre el Ejecutivo y los gremios se concretó el 1ro. de mayo, aunque -agregó- desde ATE ya habían solicitado previamente la apertura de la discusión.

“Respecto al incremento que pedimos, nosotros solicitamos un 15 por ciento en un solo pago desde mayo. Todavía no se ha resuelto nada sobre el tipo de incrementos y tampoco hemos tenido una respuesta en relación al período de aumento salarial”, sostuvo.

Desde el sindicato remarcaron que el planteo responde a una situación económica cada vez más compleja para los trabajadores municipales. En el comunicado difundido públicamente señalaron que “la realidad cotidiana no se mide en estadísticas sino en el costo de vida que enfrentan las familias todos los días”.

En esa línea, advirtieron que el incremento permanente de los precios de los alimentos, las tarifas de servicios, el transporte y otros gastos esenciales “deteriora permanentemente el poder adquisitivo de los salarios municipales”.

“Hoy miles de hogares municipales atraviesan una situación crítica. Ya no alcanza con empatarle a la inflación oficial; necesitamos una recomposición salarial real que impacte efectivamente en el bolsillo de las y los trabajadores”, manifestaron desde ATE.

En la misma sintonía, Gasparini indicó que los últimos incrementos otorgados corresponden todavía a la paritaria de 2025. “El último aumento que hubo fue del 6 por ciento en febrero y 6 por ciento en abril”, detalló. 

También mencionó el pago de un bono extraordinario de 300 mil pesos, abonado en dos cuotas, aunque aclaró que “no refleja el número real de la inflación”.

Para el dirigente gremial, la negociación salarial de este año llega con retraso y eso complejiza aún más la situación de los trabajadores. “La paritaria de 2026 no refleja ningún aumento para el trabajador y la trabajadora municipal”, afirmó.

Además, consideró que la demora reduce las posibilidades de alcanzar una recomposición significativa en el corto plazo. “Esa paritaria 2026 está tardía: no fue en marzo, no fue el 1ro. de mayo. Y es muy difícil que se pague un aumento salarial el mismo mes en que se paga el aguinaldo; en junio”, indicó.

En ese sentido, advirtió sobre la posibilidad de que el acuerdo termine siendo menor al solicitado por el gremio. “Estamos muy preocupados. Porque lo que puede pasar es que, en vez de tener una composición salarial del 15 por ciento, se otorgue un pequeño aumento porque también se va a pagar el aguinaldo”, expresó.

ATE insistió asimismo en la necesidad de garantizar que ningún trabajador municipal quede por debajo de la línea de pobreza. 

Actualmente, según precisó Gasparini, un ingresante percibe alrededor de 820 mil pesos por un régimen laboral de 35 horas semanales.

El gremio cuenta con aproximadamente 230 afiliados dentro de una planta municipal cercana a los 2.700 trabajadores.

Gasparini también volvió a cuestionar el esquema de negociación salarial vigente y el rol que ocupa ATE dentro de las discusiones paritarias.

“En líneas generales termina pasando que, por lo menos hasta que la Justicia defina la participación de ATE en la paritaria, nosotros hacemos un pedido real de lo que necesitamos recomponer y terminan negociando por debajo de lo que planteamos”, sostuvo.

Aun así, defendió la estrategia del sindicato de instalar públicamente un porcentaje más alto. “Lo que está bueno es que pone la vara alta para que no se sigan destruyendo los salarios”, afirmó.

Por último, aseguró que hasta el momento no hubo novedades desde el Ejecutivo municipal. “En lo que va de mayo todavía no se planteó nada en función de un aumento” y agregó que, según tienen entendido, tampoco el Sindicato de Trabajadores Municipales recibió una propuesta formal.

“Estiraron la paritaria de una manera espantosa”, concluyó.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Tandil expresó su profunda preocupación por el impacto que, según señalaron, está generando el ajuste implementado por el Gobierno nacional sobre el sistema de salud pública argentino.

A través de un comunicado, la organización gremial denunció el desmantelamiento de programas esenciales, la reducción de prestaciones y el abandono de políticas sanitarias que consideran fundamentales para garantizar el acceso a la atención médica.

Desde el sindicato remarcaron que “la salud es un derecho humano fundamental” y advirtieron que, desde la asunción del presidente Javier Milei, se profundizó un proceso de recorte que afecta directamente el acceso a medicamentos, vacunas y servicios de salud para millones de argentinos.

Entre los aspectos más críticos, se mencionó el desmantelamiento del Programa Remediar, la crisis que atraviesa el PAMI y la falta de provisión de vacunas por parte del Estado nacional.

Además, el gremio alertó sobre el agravamiento de la crisis social y sanitaria en el contexto del invierno, y sostuvo que el deterioro de las condiciones de vida impacta con mayor fuerza sobre los sectores más vulnerables de la población.

En ese sentido, también señalaron la ausencia de políticas públicas de salud mental en un escenario social que describieron como cada vez más complejo.

Finalmente, desde ATE Tandil afirmaron que “ajustar sobre la salud es criminal” y consideraron que el retiro del Estado nacional profundiza las desigualdades y pone en riesgo derechos fundamentales de toda la población.

En ese marco, exigieron al Gobierno nacional que garantice políticas públicas orientadas a proteger la salud y la vida del pueblo argentino.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro de 24 horas para este jueves en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La medida de fuerza surge como respuesta a la denuncia del gremio sobre la intención del Gobierno nacional de concretar 700 despidos y eliminar 1.000 funciones de las 3.000 que el organismo desempeña actualmente.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, expresó su rechazo a la iniciativa oficial: "Intentan destruir una de las instituciones públicas más prestigiosas y necesarias para toda la comunidad. Del INTI depende en buena medida el desarrollo y el crecimiento de toda la sociedad. Vamos a un paro y el Gobierno tiene que saber que las medidas se van a incrementar".

Según trascendió, el organismo cuenta hoy con 2.300 trabajadores. En este escenario, el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, presiona para avanzar con el vaciamiento de la institución. Esta postura encuentra cierta resistencia en el presidente del ente, Miguel Romero, funcionario vinculado a Luis Caputo y al secretario de Industria, Pablo Lavigne.

Desde el sindicato detallaron que el recorte afectaría tareas críticas como los ensayos microbiológicos en alimentos para detectar bacterias como Salmonella, Escherichia coli y Listeria, el control de contaminantes y el análisis de calidad de agua. También se verían comprometidos los servicios de metrología, la calibración de instrumentos y los ensayos de seguridad en materiales de construcción, electricidad y transporte.

"No aceptamos la amenaza de despedir masivamente trabajadores y desarticular numerosas líneas de trabajo. Están poniendo en riesgo a toda la población", advirtió Rodolfo Aguiar. El dirigente subrayó que el INTI no representa una carga para las arcas públicas: "El Gobierno no puede usar el argumento de que se trata de un organismo deficitario, ya que los servicios que realiza el INTI son pagados por las empresas. No solo no tiene pérdidas, sino que además es superavitario".

Finalmente, el gremialista alertó sobre "la militarización del INTI, una presencia policial absolutamente desproporcionada mediante la cual se intenta que no se pueda ejercer el derecho de protestar. Hacemos directamente responsable al Gobierno nacional por cualquier hecho que el próximo jueves hubiera que lamentar". 

Una medida sin precedentes pone en alerta al sistema aerocomercial argentino ante la posibilidad de que el Ministerio de Trabajo no dicte la conciliación obligatoria en las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) llevará adelante este viernes un “apagón informativo” de siete horas que podría provocar demoras en aeropuertos de todo el país y complicaciones adicionales en el transporte fluvial.

La protesta, impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), se extenderá entre las cinco y las 12 del mediodía y responde al despido de 140 trabajadores del organismo anunciado la semana pasada. Durante ese lapso, dejarán de difundirse pronósticos, avisos y reportes oficiales sobre las condiciones meteorológicas, un insumo clave para la operación segura de vuelos, barcos y ferris, según informaron fuentes gremiales.

Fuentes del sector aeroportuario describieron la situación como inédita. “Nunca ocurrió algo así. Sin información meteorológica pueden verse afectadas las operaciones”, reconoció un alto directivo consultado por medios nacionales. Desde una aerolínea con operaciones en el país admitieron que se trata de un escenario difícil de gestionar, justamente porque no existen antecedentes de un paro total del SMN en sus más de 150 años de historia.

De concretarse el apagón, el impacto se sentiría sobre todo en las partidas programadas durante la mañana del viernes, mientras que los arribos no reprogramados deberán ser atendidos por razones de seguridad operativa. 

Según explicaron fuentes gremiales del SMN, todo vuelo requiere un informe meteorológico oficial, y en los grandes aeropuertos también un pronóstico que permita planificar un vuelo seguro. Durante la medida, esos informes solo estarán disponibles para vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales.

Desde el sector aerocomercial señalaron que aguardarán hasta último momento una instancia de diálogo que permita levantar la medida. “Cancelar un vuelo genera una alteración muy difícil de normalizar; si podemos evitarlo, lo vamos a evitar”, explicó una fuente del sector.

El apagón informativo también tendrá impacto en el transporte fluvial. Desde el SMN advirtieron que no estarán disponibles los informes meteorológicos obligatorios para los servicios de ferry que unen Buenos Aires con Colonia o Montevideo, ni para los buques comerciales, que por normativa no pueden zarpar sin contar con un parte oficial del tiempo.

La medida de fuerza se inscribe en un conflicto más amplio en el organismo. Según denunciaron los trabajadores, los 140 despidos recientes ya están afectando la capacidad operativa del SMN. “Es la primera vez que tiene lugar una medida de esta naturaleza en los 153 años de historia del Servicio Meteorológico, lo que muestra la gravedad extrema de la situación”, advirtió Carla Gulizia, presidenta del Centro Argentino de Meteorólogos.

Por su parte, desde el Ministerio de Defensa, del que depende el SMN, indicaron que se trata de “un paro de ATE” y que el organismo debe garantizar servicios mínimos, aunque aclararon que no está en los planes solicitar la conciliación obligatoria.

Se produjeron novedades institucionales para la delegación local del PAMI luego de una semana de intensos reclamos y una conferencia de prensa realizada el pasado viernes frente a las oficinas de la calle Pinto. Según detalló el titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), las autoridades regionales con sede en Mar del Plata establecieron un esquema de presencialidad para normalizar la conducción de la agencia, que se encontraba acéfala.

Hernán Gasparini explicó que se acordó poner en funciones a una persona para que coordine la agencia local. El esquema inicial prevé que éste encargado asista a la ciudad al menos dos veces por semana, una medida que el gremialista calificó como "muy importante" para comenzar a dar cauce a las problemáticas administrativas y prestacionales acumuladas.

La situación interna de los trabajadores del organismo también sumó tensión durante las últimas horas. Gasparini recordó que se había convocado a una manifestación de alcance nacional en reclamo por las condiciones salariales, las cuales describió como "a la miseria" en todos los niveles del Estado. "La discusión es compleja no solo en el PAMI, sino en todos los organismos nacionales, provinciales y municipales", señaló.

En ese contexto, el dirigente adelantó que para la jornada de hoy se pactó un nuevo llamamiento a paritarias. Esta instancia resulta clave para intentar destrabar el conflicto que mantiene en vilo a los trabajadores. Para el gremio, la reapertura de la mesa de negociación es una oportunidad para evitar que se profundicen las medidas de fuerza en un organismo que ya opera al límite de sus capacidades.

La continuidad del paro de los médicos de cabecera fue uno de los puntos más alarmantes del diagnóstico realizado por el titular de ATE. La medida de fuerza, que se extendió por 72 horas más durante esta semana, responde al rechazo de la resolución del gobierno nacional. Gasparini advirtió que si el Ejecutivo no retrotrae la normativa, muchos profesionales están dispuestos a renunciar al sistema de atención del PAMI.

"Estamos frente a una posible catástrofe de salud con nuestros viejos", sentenció el dirigente. Para graficar la gravedad del ajuste, Gasparini relató el caso de un profesional médico que, bajo el esquema anterior, percibía 600.000 pesos por sus servicios, pero debía afrontar gastos de consultorio por 650.000 pesos. Con la nueva resolución, ese mismo profesional pasaría a cobrar apenas 350.000 pesos. "No tiene sentido lo que están haciendo, es realmente criminal", enfatizó.

La crisis del PAMI no solo afecta a sus afiliados directos, sino que derrama sus consecuencias sobre todo el esquema sanitario de la ciudad. Gasparini subrayó que el recorte nacional impacta de forma directa en el IOMA y en los servicios que brinda el Hospital Municipal. Recordó que el gobierno local comunicó recientemente una deuda total que supera los 3.000 millones de pesos, de los cuales una cifra superior a los 400 millones corresponde exclusivamente a lo adeudado por el PAMI y el IOMA.

Ante este panorama financiero, desde ATE instaron al Departamento Ejecutivo a buscar "maneras creativas" para recuperar los fondos. Gasparini insistió en la propuesta de que el municipio ingrese al SAMO (Sistema de Atención Médica Organizada), una herramienta que permitiría a la provincia de Buenos Aires gestionar los cobros a las obras sociales y prepagas con mayor poder de negociación.

"El municipio tiene que encontrar una lógica que permita recuperar más dinero. Antes ese laburo lo hacía la Superintendencia, pero con la desregulación actual, los hospitales municipales quedan solos negociando con monstruos que son lobos", analizó el secretario.

En el marco del paro convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que registró un alto nivel de adhesión en todo el país, se realizaron ayer protestas en los aeropuertos de Bariloche, en Río Negro, y El Calafate, en Santa Cruz.

La medida de fuerza tuvo como eje central el reclamo por la inmediata reapertura de las paritarias de la Administración Pública Nacional con el objetivo de recomponer el poder adquisitivo de los salarios estatales, deteriorado en los últimos dos años.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ATE se concentró desde las 11 en la zona de Costa Salguero, sobre la Avenida Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero. Además, el sindicato brindó una conferencia de prensa desde las 12 en el Aeroparque Jorge Newbery.

La jornada de protesta se extendió a otros organismos estratégicos del Estado. Desde las diez de la mañana se realizaron manifestaciones en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y en distintos entes de ciencia y tecnología, entre ellos el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

En este último organismo, la protesta estuvo dirigida contra el anuncio del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sobre la eliminación de más de 900 funciones consideradas vitales por los trabajadores.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el contexto social comienza a respaldar los reclamos del sector. “Tenemos que aprovechar este momento porque la sociedad nos empieza a dar la razón. Quedaron atrás la campaña de desprestigio y la estigmatización sobre el empleo público. Ya todos se dieron cuenta de que no había ñoquis y que los recortes sobre el Estado no beneficiaron a nadie, sino que se tradujeron en una fenomenal pérdida de derechos para toda la sociedad”, afirmó el dirigente.

En un tono crítico hacia el Ejecutivo, Aguiar cuestionó la agenda presidencial en medio del conflicto. “Mientras los trabajadores estamos en el país esperando respuestas y un aumento salarial, el Presidente se hace el cantante en Israel. Ya no soportamos más las payasadas y los papelones de Milei. Se terminó”, expresó.

Además, advirtió que, de no haber respuestas, el conflicto podría profundizarse: “Si no hay plata para los trabajadores, no habrá paz para el Gobierno. La conflictividad va a escalar y no será nuestra responsabilidad”.

Durante la medida de fuerza, solo se garantizaron guardias mínimas en hospitales y atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores. (NA).

Una comitiva de la Seccional Tandil–Benito Juárez de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) participó del Congreso Provincial de Salud (CoSaPro) 2026, desarrollado en la ciudad de Mar del Plata los días 15, 16 y 17 de abril, junto a trabajadores y trabajadoras de toda la provincia de Buenos Aires.

El encuentro, que se realiza de manera ininterrumpida desde 2022, reúne a equipos de salud municipales y provinciales, autoridades sanitarias y representantes del Ministerio de Salud bonaerense. Se trata de un espacio clave para el intercambio de experiencias y el análisis de las políticas públicas, en un contexto marcado por tensiones en el sistema sanitario.

Desde la seccional local participaron referentes y delegados del Sistema Integrado de Salud Pública municipal y del CPA Tandil, además de la secretaria general adjunta, Erica Lanzini. La delegación también estuvo integrada por Alejandra Esains, coordinadora del Centro Provincial de Atención; Pablo Abdala, delegado de Salud Comunitaria del Municipio; y Jorge Viviani, delegado del Laboratorio del Hospital Municipal Ramón Santamarina.

Durante el congreso, los representantes tandilenses intervinieron en distintos ejes temáticos, presentaciones de trabajos científicos y espacios de debate, donde se abordaron problemáticas vinculadas a la realidad sanitaria de los territorios. Entre los principales temas se destacaron el rol del Estado en la garantía del derecho a la salud, el aumento de las violencias, las tareas de cuidado, la salud mental y el abordaje de los consumos problemáticos, así como también las condiciones laborales del personal del sector.

En ese marco, Lanzini subrayó la importancia de la participación sindical en este tipo de instancias. “Desde nuestra seccional apostamos a la participación de referentes y afiliados en el CoSaPro, un congreso anual donde trabajadores de toda la provincia pueden intercambiar con pares y autoridades sobre las políticas sanitarias y las posibilidades de mejora según cada territorio”, expresó.

Asimismo, la dirigente remarcó que la formación y capacitación permanente del personal de salud resulta clave para fortalecer el sistema y mejorar la atención a la comunidad. En ese sentido, advirtió que el actual contexto presenta dificultades vinculadas a la sobrecarga de la demanda y a la reducción de recursos.

“En un escenario donde el sistema de salud municipal y provincial enfrenta una creciente presión y menos financiamiento, es fundamental sostener estos espacios de diálogo e intercambio que permitan construir estrategias para garantizar la atención de la población y cuidar a quienes sostienen ese derecho”, concluyó.

Finalmente, desde ATE Tandil destacaron que la participación en el CoSaPro constituye una herramienta central para fortalecer la organización, visibilizar problemáticas locales y aportar a la construcción de políticas sanitarias integrales en la provincia.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lleva a cabo hoy un paro nacional por 24 horas en reclamo de mejoras salariales y como rechazo al ajuste en el sector público impulsado por el Gobierno. En este contexto, el gremio advirtió que uno de los puntos centrales de las protestas serán los aeropuertos, por lo que podría haber demoras en los vuelos, aunque aclararon que no están previstas cancelaciones.

Marcelo Belelli, coordinador de ATE en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), explicó la situación operativa para la jornada en declaraciones radiales:

“En los aeropuertos habrá asambleas. Los vuelos van a tener algún tipo de afectación operativa, pero no va a haber cancelaciones. Seguramente pueda haber algunas demoras producto de las asambleas, pero los vuelos van a salir normalmente el día de hoy”.

El dirigente señaló que la medida responde a la falta de respuestas por parte de las autoridades. Según indicó, tras un mes y medio de conciliación obligatoria, la Secretaría de Trabajo no convocó a ni una sola audiencia para destrabar el conflicto. Belelli precisó que desde el 18 de marzo al 21 de abril no hubo contactos para dialogar sobre la situación salarial del sector.

La jornada de protesta incluye una movilización central a partir de las 11 en las inmediaciones de Costa Salguero, en la intersección de Avenida Costanera y Jerónimo Salguero, zona próxima al Aeroparque Jorge Newbery. Además, el gremio anunció que las acciones se replicarán en otros organismos estatales mediante asambleas, radios abiertas y ruidazos.

Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, fue tajante respecto a la continuidad del plan de lucha:

“Hemos agotado todas las instancias. No nos dejan otra alternativa que profundizar todas las medidas de fuerza. Amenazan con más motosierra, pero la motosierra los va a terminar cortando a ellos. La conflictividad va a escalar”.

El reclamo central de la organización sindical gira en torno a la reapertura inmediata de las paritarias, la recomposición salarial de emergencia y la defensa de los puestos de trabajo en la administración pública nacional. Desde el gremio advirtieron que evaluarán nuevos planes de acción ante cualquier intento de profundizar los recortes o avanzar con despidos en los distintos niveles del Estado.

Durante la mañana del viernes 17, la seccional ATE Tandil llevó a cabo una conferencia de prensa en la puerta de la oficina local de PAMI para denunciar la situación que atraviesan diferentes sectores de la salud. También para visibilizar su impacto a nivel local, en concreto la saturación del sistema público.

Al iniciar la exposición, el secretario general Hernán Gasparini brindó cifras alarmantes sobre la situación presupuestaria actual. “En el año 2024 se subejecutó a nivel nacional el 24% del presupuesto de salud. A eso hay que sumarle que en relación al 2023, el 13% más que se subejecutó en el año 2025. Con lo cual en términos estructurales suma un un ajuste del 31% de los gastos de salud para el Estado nacional para nuestra sociedad”, sentenció. 

"Eso implica que desborde la atención en todos los organismos vinculados a la salud, tanto nacionales, como provinciales o municipales. Que no se de abasto para dar una respuesta concreta y contundente que garantice derecho para nuestros vecinos y vecinas el sistema de salud en todas sus áreas estratégica", agregó.

La conferencia fue brindada en el marco de una compleja situación vinculada a la salud pública: reciente paro de médicos de cabecera de PAMI por ajuste en el área, falta de médicos de cabecera de la misma obra social en Vela y en Gardey y la posibilidad de que concluya el Plan Remediar, entre otros. Todo tiene en Tandil un nivel de dificultad mayor, ya que la oficina local de PAMI se encuentra sin jefatura desde que Martiniano Corbetta dejó el organismo para asumir como concejal por el bloque Acción Tandilense / La Libertad Avanza. 

En este sentido, Gasparini remarcó que el escenario actual sobrepasa las capacidades de gestión local: "Es muy importante destacar y dejar en claro que tanto al gobierno municipal como al gobierno provincial se les está haciendo cada vez más difícil poder sostener los esquemas de intervención en la lógica de salud que se vienen desarrollando en Tandil". Esta situación, advirtieron, traslada una presión insostenible hacia el Hospital Santamarina y los centros de salud barriales.

Además de Gasparini, de la conferencia participó Iván Britos, delegado de ATE de trabajadores de Salud Comunitaria, Santiago Galeano, delegado de ATE de los trabajadores de la oficina de PAMI, Rubén Chía, delegado de los trabajadores de Iosfa, y Celia Sucurado, delegada de los trabajadores jubilados.

Impacto local

Al tomar la palabra, Iván Britos expresó la angustia que atraviesan los trabajadores municipales de Salud Comunitaria ante la eliminación de políticas públicas esenciales. "La realidad es que en Salud Comunitaria a esto lo vivimos con con angustia y mucha preocupación porque sistemáticamente se están eliminando las políticas de salud pública", señaló.

Britos hizo especial hincapié en los ya concretados recortes y en  la posible interrupción del programa Remediar, que garantiza el acceso a medicamentos básicos. "Lo del Plan Remediar es un atentado contra la salud porque los sectores más vulnerables que no tienen obra social, a quienes les llegan este estos medicamentos, que se iban del centro de salud con estos medicamentos en forma gratuita, van a pasar a no poder consumirlos. Hoy por hoy, comprarlos,es imposible. Esto es un atentado directo contra los sectores más vulnerables de Tandil", advirtió el delegado.

Por su parte, Santiago Galeano, delegado de los trabajadores de la oficina Tandil de PAMI, detalló el deterioro en la calidad de atención que reciben los jubilados. "Hay 15 afiliados por médico de cabecera. Nosotros entendemos que esa cantidad es muy alta, con lo cual no se está brindando hoy una calidad en  la atención. Hoy los médicos de cabecera que rondan esos números tienen  de dos a tres meses de demora para dar un turno, para atender a la gente", explicó Galeano, evidenciando la saturación del servicio.

La crisis también golpea con fuerza a los afiliados de Iosfa. Según se informó, la obra social acumula una deuda de 240 mil millones de pesos y, en Tandil, afecta a unas 3.500 familias que han perdido prácticamente todas las prestaciones. 

Finalmente, Hernán Gasparini advirtió sobre el impacto psicofísico que esta crisis genera en quienes deben garantizar la atención en la primera línea. "El contacto a los medios tiene que ver con visibilizar el esfuerzo que vienen haciendo nuestros compañeros y compañeros en cada una de las áreas es realmente enorme y está teniendo consecuencias muy complejas en su salud, con situaciones de estrés, de nervio, de cansancio que entendemos están al límite", concluyó el secretario general, exigiendo un freno inmediato a lo que definieron como una "política criminal" contra la salud pública.

En el marco de un plan de acción gremial orientado a fortalecer el contacto directo con las bases, referentes de los trabajadores municipales de ATE Tandil comenzaron a visitar distintas áreas de la administración local. Uno de los primeros encuentros del ciclo tuvo lugar el jueves 16 de abril en el SUM del Hospital de Niños, donde se congregaron agentes pertenecientes al Sistema Integrado de Salud Pública (SISP) para exponer sus inquietudes sobre el presente salarial y las condiciones en las que desempeñan sus tareas cotidianas. La iniciativa busca generar un diagnóstico preciso de la situación en cada sector antes de que se retomen las negociaciones paritarias con el Ejecutivo local.

Durante la jornada, Ariel Lappano, referente de los municipales de ATE Tandil, trazó un crudo panorama sobre la realidad socioeconómica que atraviesan los empleados de la comuna. Al respecto, el dirigente fue tajante al señalar la degradación del poder adquisitivo: "Nos olvidemos que los trabajadores municipales en muchos de los casos o en la mayoría de los casos tienen dos o tres trabajos para poder subsistir y eso hacía mucho tiempo que no acontecía. No es una nota menor a la hora de poder resolver las problemáticas de políticas públicas que hoy se plantean en este contexto".

La preocupación del gremio no solo se centra en la urgencia del presente, sino también en la planificación de los próximos meses. Según explicaron desde la organización, la intención es que los municipales asuman un rol activo en la definición de sus propias condiciones laborales. En este sentido, Lappano remarcó que es necesario empezar a juntar a los trabajadores para dar discusiones no solamente de condiciones laborales, sino de políticas públicas. El horizonte está puesto en el mes de mayo, fecha en la que comenzará la nueva discusión de la paritaria 2026.

Desde ATE consideran fundamental que los trabajadores sean protagonistas de esa discusión, especialmente por las condiciones actuales de la economía y la marcada pérdida salarial. El objetivo planteado es encontrar una solución colectiva entre todos los actores involucrados. La situación en el área sanitaria es particularmente sensible, dado que, según el referente gremial, en estos tiempos en donde la salud se resintió muchísimo, sobre todo en el contexto nacional, los trabajadores de la salud hoy son los que más le tienen que poner el cuerpo a esta situación cotidiana, lo cual se vuelve muy complejo si no existen condiciones determinadas para tal fin.

El impacto de la inflación y los recortes en el sector

El análisis numérico realizado por el gremio arroja cifras preocupantes sobre el desfasaje entre los haberes y el costo de vida. Si bien en el último acuerdo de febrero de 2026 se logró recomponer un 12% con respecto a la pérdida del año 2025, la realidad es que -según marcaron- ese porcentaje ha quedado corto frente a la escalada inflacionaria del primer trimestre del año en curso. Estimaciones de ATE indican que, en lo que va del año, ya se registra una pérdida de entre el ocho y el 10% respecto a la inflación, cifra que podría profundizarse al contemplar los meses de abril y mayo. Al ampliar la perspectiva temporal, el gremio advierte que desde 2023 hasta la fecha, los salarios han perdido cerca del 30% de su poder adquisitivo.

Esta caída en los ingresos impacta directamente en las necesidades básicas de los agentes municipales. "Y cuando hablamos de alquileres, cuando hablamos de posibilidad del transporte, cuando hablamos posibilidad de lo de la educación, estamos hablando de costos mucho mayores. Por eso para nosotros es muy importante estar en esta discusión", enfatizó Ariel Lappano. 

La problemática se extiende también a la reducción de beneficios que anteriormente compensaban los salarios bajos. Según denunciaron, en momentos de mayor estabilidad se otorgaban horas extras y bonificaciones de acuerdo a la necesidad de cada sector, pero hoy esos recortes se resienten en el bolsillo. Se mencionaron casos específicos como los Juzgados de Faltas, donde señalaron que se recortaron horas extras que se percibían desde hace 15 años. Asimismo, se alertó sobre la falta de insumos en Bromatología, afectando tanto al laboratorio como a las campañas de castración y al área de Bienestar Animal, un sector que el gremio calificó como "olvidado" a pesar de su importancia en la gestión de animales sueltos.

Para el sindicato, estas discusiones deben generarse y encontrar soluciones urgentes por parte de la gestión, evitando que los problemas se invisibilicen si no aparecen en las redes sociales o en los medios de comunicación.

La seccional local de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un encuentro abierto destinado a  trabajadores municipales bajo la consigna “DesayunATE en el Debilio”, que tendrá lugar este jueves 16 de abril, entre las 11 y las 13, en el SUM del Hospital Debilio Blanco Villegas.

La propuesta busca generar un espacio de diálogo directo entre compañeros y compañeras, donde se puedan compartir inquietudes, experiencias y problemáticas vinculadas al ámbito laboral. Según expresaron desde ATE, la iniciativa apunta a “mirarse a la cara y charlar sin vueltas” sobre distintos ejes que atraviesan la actualidad del sector.

Durante la jornada se abordarán temas como paritarias, condiciones de trabajo, salarios y la realidad de cada área, en un contexto que consideran clave para fortalecer la organización colectiva de los empleados municipales.

Desde el gremio remarcaron que se trata de un momento para escucharse, intercambiar y construir herramientas conjuntas que permitan defender los derechos laborales.

El encuentro se desarrollará en un formato distendido, compartiendo mates, y está dirigido a todos los trabajadores municipales que deseen participar.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevará adelante un paro nacional con movilización el próximo martes 21 de abril. La medida se fundamenta en el reclamo por la reapertura de paritarias y se da en el marco de un profundo conflicto con el Gobierno nacional por la situación salarial y los recortes en organismos como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, expresó su descontento con las políticas económicas vigentes. "Si no hay plata, no habrá paz social. El Gobierno sigue destrozando los salarios y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento", manifestó. El dirigente gremial advirtió que "el poder adquisitivo está en caída libre y en este momento el endeudamiento de todos los hogares es total".

Desde el sindicato señalaron que la protesta también busca "rechazar cualquier recorte sobre la estructura estatal". Aguiar enfatizó que "las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata" y lanzó una advertencia a las autoridades: “Si no lo hacen los vamos a llenar de conflictividad”.

La jornada de protesta tendrá un impacto directo en la provincia de Buenos Aires, donde se prevé el cese de actividades en diversas oficinas públicas. Asimismo, la medida afectará el normal dictado de clases en escuelas públicas, debido a la adhesión de los auxiliares afiliados al gremio.

Respecto a la pérdida del valor real de los ingresos, Aguiar arremetió contra la gestión de Javier Milei, asegurando que los trabajadores "ya perdieron más del 44% de su poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei". En ese sentido, agregó que “se van a arrepentir de esa actitud miserable de ponerle techo a todos los incrementos salariales. La situación no da para más”.

A fines del mes pasado, el Gobierno nacional oficializó un esquema de aumentos que fue rechazado por ATE, aunque contó con la aprobación de UPCN. Dicho cronograma contempla subas mensuales escalonadas del 2,5 por ciento en enero, 2,2 por ciento en febrero, dos por ciento en marzo, 1,7 por ciento en abril y 1,5 por ciento en mayo.

En este contexto, el titular de ATE se refirió a la controversia por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores oficialistas por montos de hasta 350.000 dólares. “Los estatales queremos tener los mismos salarios que a los funcionarios libertarios les permitieron calificar para obtener créditos multimillonarios”, reclamó Aguiar.

Finalmente, se informó que el gremio resolvió acompañar la movilización de los trabajadores de la fábrica FATE hacia la Plaza de Mayo, programada para el martes 14 de abril.

Investigadores del sistema científico y representantes sindicales convocaron a una jornada de lucha a nivel nacional que tendrá su réplica en Tandil este jueves, con una concentración prevista para las 16 30 horas en la intersección de Pinto y Rodríguez.

La actividad incluirá una volanteada y una reunión abierta, en un contexto que, según describieron, atraviesa una situación “muy complicada” para el sector de ciencia y tecnología. Ignacio Simoi, investigador asistente del Conicet, advirtió que los salarios del sector vienen perdiendo poder adquisitivo de manera sostenida. “Ya registramos una pérdida de más del 40% en los últimos dos años”, afirmó.

A ese panorama se suma la falta de financiamiento para proyectos de investigación, lo que impacta directamente en el trabajo cotidiano. “No hay fondos para realizar investigaciones, lo que dificulta muchísimo la tarea del día a día”, explicó.

Por su parte, Emilse Bartoli, secretaria de formación de ATE, señaló que la situación se enmarca en un proceso más amplio de ajuste sobre el Estado. “Desde que asumió este gobierno no hemos tenido tregua: hubo recortes, cierres de organismos y degradación de ministerios a secretarías”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que la estrategia del sector ha sido articular con otros espacios sindicales para fortalecer las medidas de visibilización. En la actividad de este jueves participarán también gremios universitarios, como los docentes y no docentes, junto a la mesa intersindical local.

Uno de los puntos que remarcaron los referentes es el bajo nivel de acompañamiento social a estos reclamos. “El deterioro del sistema científico no afecta solo a los trabajadores, sino a toda la sociedad”, subrayaron, al tiempo que insistieron en la necesidad de generar mayor conciencia sobre el impacto de estas políticas.

Además, advirtieron que el problema no se limita al Conicet, sino que alcanza a múltiples organismos del sistema científico y tecnológico. En ese marco, mencionaron conflictos en áreas del Ministerio de Salud y posibles despidos en el Servicio Meteorológico Nacional.

“No se puede pensar la ciencia y la tecnología sin financiamiento estatal. Eso no sucede en ningún país del mundo”, enfatizaron.

Finalmente, alertaron sobre las consecuencias a mediano y largo plazo. La fuga de profesionales altamente calificados hacia el sector privado o el exterior. “Estamos perdiendo recursos humanos muy valiosos que después va a ser muy difícil recuperar”, concluyeron, al advertir sobre el riesgo de un Estado “desfinanciado, desarticulado y desprofesionalizado”.

Tras la reacción que generaron las versiones sobre el posible cierre de dependencias, el secretario general de ATE Tandil - Juárez, Hernán Gasparini, brindó detalles sobre la situación actual de la Agencia Territorial y destacó que el avance sobre la estructura de la Secretaría de Trabajo de la Nación logró frenarse momentáneamente gracias a la respuesta “gremial, política y social” en los distintos puntos del territorio nacional.

El tema se originó semanas atrás cuando trascendió la presunta intención del Gobierno nacional de desvincular a 1.600 agentes en todo el país, entre ellos los 33 trabajadores de la sede local que funciona en 9 de Julio al 800. Este escenario derivó en una serie de medidas para visibilizar el impacto que tendría en la región la pérdida de políticas públicas de empleo y el riesgo laboral para más de 30 familias.

En diálogo con el ciclo Tandil Despierta (EcoTV y 104.1 Tandil FM), Gasparini explicó que, “luego de haber organizado durante varias semanas una estrategia de visibilización respecto a lo que se trascendía que iba a pasar con la Agencia Territorial, se logró construir una red de presión gremial, política y social fundamental que llevó a parar determinadas definiciones por el momento”.

El plan incluyó la exposición pública de las funciones que desempeña la oficina y el impacto que tendría su desaparición en el entramado social de Tandil y las localidades vecinas.

Desde su perspectiva, consideró que el análisis también podría referir a una “discusión interna dentro del Gobierno nacional respecto a qué hacer con estas estructuras del Estado que intervienen directamente en el territorio”.

En ese sentido, Gasparini especuló que “desprenderse de la política que desarrolla una agencia del Ministerio de Trabajo de la Nación” resulta “bastante contradictorio” si se pretende tener una proyección política nacional, provincial y territorial.

El alcance regional

En cuanto a la oficina local, planteó que la Agencia Territorial Tandil funciona desde 1974 y que tiene incidencia en 11 municipios de la región, lo que convierte a Tandil en un centro para la aplicación de políticas laborales en una amplia zona de la provincia.

Entre los distritos que dependen de la gestión de la agencia local se encuentran Azul, Olavarría, Las Flores, Rauch, Tapalqué, General Alvear, General La Madrid, Ayacucho, Benito Juárez, Gonzales Chaves y Laprida. “El volumen de trabajo que tiene es enorme”, justificó.

Entonces, para el referente sindical, la idea que 33 trabajadores representan un número excesivo para la planta del Estado es una lectura errónea. Por el contrario, aseguró que la cantidad actual de personal “no alcanza para desarrollar todas las políticas públicas que la ciudadanía merece en términos de garantía de derechos”.

Fiscalización y protección de derechos

En otro pasaje de la entrevista, Gasparini detalló que los 33 agentes tienen incidencia en áreas como la formación y capacitación laboral en talleres protegidos, la fiscalización y la inspección laboral.

Un aspecto central de la actividad de la agencia es el seguimiento de las estructuras vinculadas al transporte de carga y de pasajeros, donde el control estatal es clave para la seguridad y la legalidad, y la aplicación de políticas públicas contra la trata de personas, el trabajo infantil y el trabajo adolescente.

“A veces, ningunear el trabajo que hace el Estado nacional a través de sus diferentes instancias en el territorio tiene que ver con la ignorancia, la crueldad o el oportunismo”, sentenció el referente.

En un contexto de profunda incertidumbre para los trabajadores del sector público, el titular de ATE Tandil, Hernán Gasparini, brindó un pormenorizado análisis sobre la situación de las dependencias nacionales en la ciudad y el impacto de las medidas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional. Durante su participación en Tandil Despierta, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, el dirigente gremial se refirió específicamente al futuro de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo y a la precarización que atraviesan otros organismos clave.

Resaltando que, tras semanas de una estrategia de visibilización y presión gremial, se ha logrado frenar momentáneamente el cierre de agencias territoriales y una reducción drástica de personal que amenazaba a 16 trabajadores en todo el país. Según explicó, existe una discusión interna en el Ejecutivo nacional sobre qué hacer con estas estructuras que intervienen directamente en el territorio. Para el referente, desprenderse de esta política es "contradictorio" si se pretende tener una proyección política real.

La Agencia Territorial de Tandil, que funciona desde el año 1974, tiene un alcance que abarca a once municipios lindantes, entre los que se encuentran Ayacucho, Azul, General Alvear, Olavarría y Rauch. "El volumen de trabajo que tiene es enorme. Cuando se plantea que 33 trabajadores es mucho, nosotros decimos que no alcanza la cantidad de personal para desarrollar las políticas públicas que nuestro pueblo se merece en términos de garantía de derechos", enfatizó el titular de ATE.

Gasparini fue el intento de modificar la estructura operativa del Ministerio de Trabajo, desplazando la tarea de fiscalización e inspección por una lógica de "concientización". El representante advirtió sobre el peligro de este cambio de paradigma, especialmente en sectores donde se detectan irregularidades graves como el trabajo infantil o la trata de personas.

"Ustedes han seguido el laburo respecto a situaciones detectadas en la zona en relación al trabajo infantil y trata de personas. ¿Qué vamos a ir a hacer, a concientizar? Obviamente tenemos que ir a fiscalizar y auditar. Correr los controles del Estado es fundamental para el desarrollo de la sociedad", sentenció. En este sentido, calificó de "cruel" u "oportunista" el ninguneo hacia las tareas que el Estado nacional desarrolla en las diferentes instancias territoriales.

Respecto a la continuidad de la sede local, Hernán llevó tranquilidad al confirmar que la Agencia Territorial de Tandil cuenta con edificio propio, lo que la pone a resguardo de la reciente decisión administrativa de dejar de pagar alquileres en ocho agencias del país, como ocurre en Bariloche, Neuquén o Mendoza. No obstante, aclaró que la nueva estructura que pretende lanzar el Gobierno nacional aún no tiene lineamientos cerrados para su implementación en el territorio.

También denunció situaciones de extrema gravedad en áreas vinculadas a la discapacidad. Mencionó que, tras el traspaso de la Andis (Agencia Nacional de Discapacidad) al Ministerio de Salud, se registraron irregularidades en el pago de salarios, con trabajadores que percibieron sumas irrisorias de nueve mil o 50 mil pesos. "Además, les cambiaron la categoría arbitrariamente, desconociéndoles la antigüedad de 18 o 20 años de labor. Eso es parte de la reforma laboral", denunció.

Estas medidas reflejan un nivel de "crueldad" en el corrimiento del Estado que afecta directamente la vida cotidiana de los vecinos. En ese marco, destacó el acompañamiento de la Mesa Intersindical y de un sector de la sociedad que valora el trabajo de los estatales, aunque reconoció que existe otra parte de la población que, por desconocimiento u otras razones, aún no dimensiona el impacto de estos recortes.

En el plano local, Hernán Gasparini destacó el notable crecimiento de ATE Tandil, que en los últimos dos años pasó de tener poco más de 200 afiliados a superar los 800. Este incremento le ha otorgado una representación significativa en áreas clave de la Municipalidad de Tandil, como Salud Comunitaria y el Cementerio. "Hoy ATE tiene un reconocimiento concreto. Nos sentamos con todos los funcionarios y la voz la llevan los delegados del sector, lo cual es fundamental para discutir lo cotidiano", explicó.

Uno de los objetivos centrales del gremio es la incorporación formal a la mesa de negociación paritaria municipal, lugar que hoy ocupa exclusivamente el Sindicato de Trabajadores Municipales. Gasparini reveló que existe un dictamen del Ministerio de Trabajo que avala la participación de ATE, dado que cumple con los requisitos de personería gremial y el porcentaje de afiliados necesarios según la ley provincial.

"Estamos esperando que se tome una definición en el Juzgado Laboral de Tandil. Creemos que es cuestión de días o semanas para que ATE sea parte de esa discusión salarial junto al Ejecutivo y al otro sindicato", afirmó. Según detalló, el gremio supera ampliamente el diez por ciento de representación exigido por la normativa vigente para integrar la mesa de negociación.

Finalmente, el titular de ATE convocó a una jornada que se realizará este viernes en defensa del Conicet y el sector científico-tecnológico. La actividad se desarrollará en conjunto con Adunce y otros sectores vinculados a la Unicen. "El ajuste también viene por nuestra ciencia y tecnología. Es fundamental dar esa discusión en una ciudad donde la universidad, la investigación y el desarrollo son centrales para sostenernos como ciudadanos y laburantes", concluyó.

Este viernes 10 de abril se llevará a cabo en Tandil una jornada de lucha en defensa de la ciencia, la tecnología y la universidad pública. La convocatoria, impulsada por trabajadores del sistema científico junto a gremios docentes y nodocentes de la Unicen, tendrá lugar desde las 16:30 en la intersección de Pinto y Rodríguez.

Bajo la consigna “Si hay miseria, que se note”, la actividad se enmarcará en el Día de los Trabajadores de la Ciencia y la Tecnología y buscará visibilizar la situación que atraviesa el sector. La jornada es organizada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Tandil-Juárez, la Asociación Gremial de Docentes de la Unicen (Adunce) y la Asociación de Trabajadores Nodocentes de la Unicen (Atuncpba).

Durante la jornada, se desarrollarán distintas acciones abiertas a la comunidad. El cronograma previsto indica que a las 16:30 se realizará la concentración inicial. A las 17, los trabajadores repartirán folletos informativos en la zona céntrica, mientras que a las 18 se concretará una reunión abierta para debatir sobre la actualidad del sistema científico y universitario.

Desde la organización señalaron que la actividad tendrá como objetivo principal reclamar mejoras salariales y un mayor financiamiento para la investigación. En ese sentido, remarcaron la importancia de fortalecer el sistema científico-tecnológico como eje estratégico para el desarrollo del país.

Asimismo, destacaron que la defensa de la ciencia pública no solo involucra a quienes trabajan en el sector, sino que constituye una causa de interés general. “Defender la ciencia es defender el futuro”, expresaron, invitando a la comunidad a formar parte de la jornada.