Una medida sin precedentes pone en alerta al sistema aerocomercial argentino ante la posibilidad de que el Ministerio de Trabajo no dicte la conciliación obligatoria en las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) llevará adelante este viernes un “apagón informativo” de siete horas que podría provocar demoras en aeropuertos de todo el país y complicaciones adicionales en el transporte fluvial.

La protesta, impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), se extenderá entre las cinco y las 12 del mediodía y responde al despido de 140 trabajadores del organismo anunciado la semana pasada. Durante ese lapso, dejarán de difundirse pronósticos, avisos y reportes oficiales sobre las condiciones meteorológicas, un insumo clave para la operación segura de vuelos, barcos y ferris, según informaron fuentes gremiales.

Fuentes del sector aeroportuario describieron la situación como inédita. “Nunca ocurrió algo así. Sin información meteorológica pueden verse afectadas las operaciones”, reconoció un alto directivo consultado por medios nacionales. Desde una aerolínea con operaciones en el país admitieron que se trata de un escenario difícil de gestionar, justamente porque no existen antecedentes de un paro total del SMN en sus más de 150 años de historia.

De concretarse el apagón, el impacto se sentiría sobre todo en las partidas programadas durante la mañana del viernes, mientras que los arribos no reprogramados deberán ser atendidos por razones de seguridad operativa. 

Según explicaron fuentes gremiales del SMN, todo vuelo requiere un informe meteorológico oficial, y en los grandes aeropuertos también un pronóstico que permita planificar un vuelo seguro. Durante la medida, esos informes solo estarán disponibles para vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales.

Desde el sector aerocomercial señalaron que aguardarán hasta último momento una instancia de diálogo que permita levantar la medida. “Cancelar un vuelo genera una alteración muy difícil de normalizar; si podemos evitarlo, lo vamos a evitar”, explicó una fuente del sector.

El apagón informativo también tendrá impacto en el transporte fluvial. Desde el SMN advirtieron que no estarán disponibles los informes meteorológicos obligatorios para los servicios de ferry que unen Buenos Aires con Colonia o Montevideo, ni para los buques comerciales, que por normativa no pueden zarpar sin contar con un parte oficial del tiempo.

La medida de fuerza se inscribe en un conflicto más amplio en el organismo. Según denunciaron los trabajadores, los 140 despidos recientes ya están afectando la capacidad operativa del SMN. “Es la primera vez que tiene lugar una medida de esta naturaleza en los 153 años de historia del Servicio Meteorológico, lo que muestra la gravedad extrema de la situación”, advirtió Carla Gulizia, presidenta del Centro Argentino de Meteorólogos.

Por su parte, desde el Ministerio de Defensa, del que depende el SMN, indicaron que se trata de “un paro de ATE” y que el organismo debe garantizar servicios mínimos, aunque aclararon que no está en los planes solicitar la conciliación obligatoria.

Se produjeron novedades institucionales para la delegación local del PAMI luego de una semana de intensos reclamos y una conferencia de prensa realizada el pasado viernes frente a las oficinas de la calle Pinto. Según detalló el titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), las autoridades regionales con sede en Mar del Plata establecieron un esquema de presencialidad para normalizar la conducción de la agencia, que se encontraba acéfala.

Hernán Gasparini explicó que se acordó poner en funciones a una persona para que coordine la agencia local. El esquema inicial prevé que éste encargado asista a la ciudad al menos dos veces por semana, una medida que el gremialista calificó como "muy importante" para comenzar a dar cauce a las problemáticas administrativas y prestacionales acumuladas.

La situación interna de los trabajadores del organismo también sumó tensión durante las últimas horas. Gasparini recordó que se había convocado a una manifestación de alcance nacional en reclamo por las condiciones salariales, las cuales describió como "a la miseria" en todos los niveles del Estado. "La discusión es compleja no solo en el PAMI, sino en todos los organismos nacionales, provinciales y municipales", señaló.

En ese contexto, el dirigente adelantó que para la jornada de hoy se pactó un nuevo llamamiento a paritarias. Esta instancia resulta clave para intentar destrabar el conflicto que mantiene en vilo a los trabajadores. Para el gremio, la reapertura de la mesa de negociación es una oportunidad para evitar que se profundicen las medidas de fuerza en un organismo que ya opera al límite de sus capacidades.

La continuidad del paro de los médicos de cabecera fue uno de los puntos más alarmantes del diagnóstico realizado por el titular de ATE. La medida de fuerza, que se extendió por 72 horas más durante esta semana, responde al rechazo de la resolución del gobierno nacional. Gasparini advirtió que si el Ejecutivo no retrotrae la normativa, muchos profesionales están dispuestos a renunciar al sistema de atención del PAMI.

"Estamos frente a una posible catástrofe de salud con nuestros viejos", sentenció el dirigente. Para graficar la gravedad del ajuste, Gasparini relató el caso de un profesional médico que, bajo el esquema anterior, percibía 600.000 pesos por sus servicios, pero debía afrontar gastos de consultorio por 650.000 pesos. Con la nueva resolución, ese mismo profesional pasaría a cobrar apenas 350.000 pesos. "No tiene sentido lo que están haciendo, es realmente criminal", enfatizó.

La crisis del PAMI no solo afecta a sus afiliados directos, sino que derrama sus consecuencias sobre todo el esquema sanitario de la ciudad. Gasparini subrayó que el recorte nacional impacta de forma directa en el IOMA y en los servicios que brinda el Hospital Municipal. Recordó que el gobierno local comunicó recientemente una deuda total que supera los 3.000 millones de pesos, de los cuales una cifra superior a los 400 millones corresponde exclusivamente a lo adeudado por el PAMI y el IOMA.

Ante este panorama financiero, desde ATE instaron al Departamento Ejecutivo a buscar "maneras creativas" para recuperar los fondos. Gasparini insistió en la propuesta de que el municipio ingrese al SAMO (Sistema de Atención Médica Organizada), una herramienta que permitiría a la provincia de Buenos Aires gestionar los cobros a las obras sociales y prepagas con mayor poder de negociación.

"El municipio tiene que encontrar una lógica que permita recuperar más dinero. Antes ese laburo lo hacía la Superintendencia, pero con la desregulación actual, los hospitales municipales quedan solos negociando con monstruos que son lobos", analizó el secretario.

En el marco del paro convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que registró un alto nivel de adhesión en todo el país, se realizaron ayer protestas en los aeropuertos de Bariloche, en Río Negro, y El Calafate, en Santa Cruz.

La medida de fuerza tuvo como eje central el reclamo por la inmediata reapertura de las paritarias de la Administración Pública Nacional con el objetivo de recomponer el poder adquisitivo de los salarios estatales, deteriorado en los últimos dos años.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ATE se concentró desde las 11 en la zona de Costa Salguero, sobre la Avenida Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero. Además, el sindicato brindó una conferencia de prensa desde las 12 en el Aeroparque Jorge Newbery.

La jornada de protesta se extendió a otros organismos estratégicos del Estado. Desde las diez de la mañana se realizaron manifestaciones en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y en distintos entes de ciencia y tecnología, entre ellos el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

En este último organismo, la protesta estuvo dirigida contra el anuncio del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sobre la eliminación de más de 900 funciones consideradas vitales por los trabajadores.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el contexto social comienza a respaldar los reclamos del sector. “Tenemos que aprovechar este momento porque la sociedad nos empieza a dar la razón. Quedaron atrás la campaña de desprestigio y la estigmatización sobre el empleo público. Ya todos se dieron cuenta de que no había ñoquis y que los recortes sobre el Estado no beneficiaron a nadie, sino que se tradujeron en una fenomenal pérdida de derechos para toda la sociedad”, afirmó el dirigente.

En un tono crítico hacia el Ejecutivo, Aguiar cuestionó la agenda presidencial en medio del conflicto. “Mientras los trabajadores estamos en el país esperando respuestas y un aumento salarial, el Presidente se hace el cantante en Israel. Ya no soportamos más las payasadas y los papelones de Milei. Se terminó”, expresó.

Además, advirtió que, de no haber respuestas, el conflicto podría profundizarse: “Si no hay plata para los trabajadores, no habrá paz para el Gobierno. La conflictividad va a escalar y no será nuestra responsabilidad”.

Durante la medida de fuerza, solo se garantizaron guardias mínimas en hospitales y atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores. (NA).

Una comitiva de la Seccional Tandil–Benito Juárez de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) participó del Congreso Provincial de Salud (CoSaPro) 2026, desarrollado en la ciudad de Mar del Plata los días 15, 16 y 17 de abril, junto a trabajadores y trabajadoras de toda la provincia de Buenos Aires.

El encuentro, que se realiza de manera ininterrumpida desde 2022, reúne a equipos de salud municipales y provinciales, autoridades sanitarias y representantes del Ministerio de Salud bonaerense. Se trata de un espacio clave para el intercambio de experiencias y el análisis de las políticas públicas, en un contexto marcado por tensiones en el sistema sanitario.

Desde la seccional local participaron referentes y delegados del Sistema Integrado de Salud Pública municipal y del CPA Tandil, además de la secretaria general adjunta, Erica Lanzini. La delegación también estuvo integrada por Alejandra Esains, coordinadora del Centro Provincial de Atención; Pablo Abdala, delegado de Salud Comunitaria del Municipio; y Jorge Viviani, delegado del Laboratorio del Hospital Municipal Ramón Santamarina.

Durante el congreso, los representantes tandilenses intervinieron en distintos ejes temáticos, presentaciones de trabajos científicos y espacios de debate, donde se abordaron problemáticas vinculadas a la realidad sanitaria de los territorios. Entre los principales temas se destacaron el rol del Estado en la garantía del derecho a la salud, el aumento de las violencias, las tareas de cuidado, la salud mental y el abordaje de los consumos problemáticos, así como también las condiciones laborales del personal del sector.

En ese marco, Lanzini subrayó la importancia de la participación sindical en este tipo de instancias. “Desde nuestra seccional apostamos a la participación de referentes y afiliados en el CoSaPro, un congreso anual donde trabajadores de toda la provincia pueden intercambiar con pares y autoridades sobre las políticas sanitarias y las posibilidades de mejora según cada territorio”, expresó.

Asimismo, la dirigente remarcó que la formación y capacitación permanente del personal de salud resulta clave para fortalecer el sistema y mejorar la atención a la comunidad. En ese sentido, advirtió que el actual contexto presenta dificultades vinculadas a la sobrecarga de la demanda y a la reducción de recursos.

“En un escenario donde el sistema de salud municipal y provincial enfrenta una creciente presión y menos financiamiento, es fundamental sostener estos espacios de diálogo e intercambio que permitan construir estrategias para garantizar la atención de la población y cuidar a quienes sostienen ese derecho”, concluyó.

Finalmente, desde ATE Tandil destacaron que la participación en el CoSaPro constituye una herramienta central para fortalecer la organización, visibilizar problemáticas locales y aportar a la construcción de políticas sanitarias integrales en la provincia.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lleva a cabo hoy un paro nacional por 24 horas en reclamo de mejoras salariales y como rechazo al ajuste en el sector público impulsado por el Gobierno. En este contexto, el gremio advirtió que uno de los puntos centrales de las protestas serán los aeropuertos, por lo que podría haber demoras en los vuelos, aunque aclararon que no están previstas cancelaciones.

Marcelo Belelli, coordinador de ATE en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), explicó la situación operativa para la jornada en declaraciones radiales:

“En los aeropuertos habrá asambleas. Los vuelos van a tener algún tipo de afectación operativa, pero no va a haber cancelaciones. Seguramente pueda haber algunas demoras producto de las asambleas, pero los vuelos van a salir normalmente el día de hoy”.

El dirigente señaló que la medida responde a la falta de respuestas por parte de las autoridades. Según indicó, tras un mes y medio de conciliación obligatoria, la Secretaría de Trabajo no convocó a ni una sola audiencia para destrabar el conflicto. Belelli precisó que desde el 18 de marzo al 21 de abril no hubo contactos para dialogar sobre la situación salarial del sector.

La jornada de protesta incluye una movilización central a partir de las 11 en las inmediaciones de Costa Salguero, en la intersección de Avenida Costanera y Jerónimo Salguero, zona próxima al Aeroparque Jorge Newbery. Además, el gremio anunció que las acciones se replicarán en otros organismos estatales mediante asambleas, radios abiertas y ruidazos.

Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, fue tajante respecto a la continuidad del plan de lucha:

“Hemos agotado todas las instancias. No nos dejan otra alternativa que profundizar todas las medidas de fuerza. Amenazan con más motosierra, pero la motosierra los va a terminar cortando a ellos. La conflictividad va a escalar”.

El reclamo central de la organización sindical gira en torno a la reapertura inmediata de las paritarias, la recomposición salarial de emergencia y la defensa de los puestos de trabajo en la administración pública nacional. Desde el gremio advirtieron que evaluarán nuevos planes de acción ante cualquier intento de profundizar los recortes o avanzar con despidos en los distintos niveles del Estado.

Durante la mañana del viernes 17, la seccional ATE Tandil llevó a cabo una conferencia de prensa en la puerta de la oficina local de PAMI para denunciar la situación que atraviesan diferentes sectores de la salud. También para visibilizar su impacto a nivel local, en concreto la saturación del sistema público.

Al iniciar la exposición, el secretario general Hernán Gasparini brindó cifras alarmantes sobre la situación presupuestaria actual. “En el año 2024 se subejecutó a nivel nacional el 24% del presupuesto de salud. A eso hay que sumarle que en relación al 2023, el 13% más que se subejecutó en el año 2025. Con lo cual en términos estructurales suma un un ajuste del 31% de los gastos de salud para el Estado nacional para nuestra sociedad”, sentenció. 

"Eso implica que desborde la atención en todos los organismos vinculados a la salud, tanto nacionales, como provinciales o municipales. Que no se de abasto para dar una respuesta concreta y contundente que garantice derecho para nuestros vecinos y vecinas el sistema de salud en todas sus áreas estratégica", agregó.

La conferencia fue brindada en el marco de una compleja situación vinculada a la salud pública: reciente paro de médicos de cabecera de PAMI por ajuste en el área, falta de médicos de cabecera de la misma obra social en Vela y en Gardey y la posibilidad de que concluya el Plan Remediar, entre otros. Todo tiene en Tandil un nivel de dificultad mayor, ya que la oficina local de PAMI se encuentra sin jefatura desde que Martiniano Corbetta dejó el organismo para asumir como concejal por el bloque Acción Tandilense / La Libertad Avanza. 

En este sentido, Gasparini remarcó que el escenario actual sobrepasa las capacidades de gestión local: "Es muy importante destacar y dejar en claro que tanto al gobierno municipal como al gobierno provincial se les está haciendo cada vez más difícil poder sostener los esquemas de intervención en la lógica de salud que se vienen desarrollando en Tandil". Esta situación, advirtieron, traslada una presión insostenible hacia el Hospital Santamarina y los centros de salud barriales.

Además de Gasparini, de la conferencia participó Iván Britos, delegado de ATE de trabajadores de Salud Comunitaria, Santiago Galeano, delegado de ATE de los trabajadores de la oficina de PAMI, Rubén Chía, delegado de los trabajadores de Iosfa, y Celia Sucurado, delegada de los trabajadores jubilados.

Impacto local

Al tomar la palabra, Iván Britos expresó la angustia que atraviesan los trabajadores municipales de Salud Comunitaria ante la eliminación de políticas públicas esenciales. "La realidad es que en Salud Comunitaria a esto lo vivimos con con angustia y mucha preocupación porque sistemáticamente se están eliminando las políticas de salud pública", señaló.

Britos hizo especial hincapié en los ya concretados recortes y en  la posible interrupción del programa Remediar, que garantiza el acceso a medicamentos básicos. "Lo del Plan Remediar es un atentado contra la salud porque los sectores más vulnerables que no tienen obra social, a quienes les llegan este estos medicamentos, que se iban del centro de salud con estos medicamentos en forma gratuita, van a pasar a no poder consumirlos. Hoy por hoy, comprarlos,es imposible. Esto es un atentado directo contra los sectores más vulnerables de Tandil", advirtió el delegado.

Por su parte, Santiago Galeano, delegado de los trabajadores de la oficina Tandil de PAMI, detalló el deterioro en la calidad de atención que reciben los jubilados. "Hay 15 afiliados por médico de cabecera. Nosotros entendemos que esa cantidad es muy alta, con lo cual no se está brindando hoy una calidad en  la atención. Hoy los médicos de cabecera que rondan esos números tienen  de dos a tres meses de demora para dar un turno, para atender a la gente", explicó Galeano, evidenciando la saturación del servicio.

La crisis también golpea con fuerza a los afiliados de Iosfa. Según se informó, la obra social acumula una deuda de 240 mil millones de pesos y, en Tandil, afecta a unas 3.500 familias que han perdido prácticamente todas las prestaciones. 

Finalmente, Hernán Gasparini advirtió sobre el impacto psicofísico que esta crisis genera en quienes deben garantizar la atención en la primera línea. "El contacto a los medios tiene que ver con visibilizar el esfuerzo que vienen haciendo nuestros compañeros y compañeros en cada una de las áreas es realmente enorme y está teniendo consecuencias muy complejas en su salud, con situaciones de estrés, de nervio, de cansancio que entendemos están al límite", concluyó el secretario general, exigiendo un freno inmediato a lo que definieron como una "política criminal" contra la salud pública.

En el marco de un plan de acción gremial orientado a fortalecer el contacto directo con las bases, referentes de los trabajadores municipales de ATE Tandil comenzaron a visitar distintas áreas de la administración local. Uno de los primeros encuentros del ciclo tuvo lugar el jueves 16 de abril en el SUM del Hospital de Niños, donde se congregaron agentes pertenecientes al Sistema Integrado de Salud Pública (SISP) para exponer sus inquietudes sobre el presente salarial y las condiciones en las que desempeñan sus tareas cotidianas. La iniciativa busca generar un diagnóstico preciso de la situación en cada sector antes de que se retomen las negociaciones paritarias con el Ejecutivo local.

Durante la jornada, Ariel Lappano, referente de los municipales de ATE Tandil, trazó un crudo panorama sobre la realidad socioeconómica que atraviesan los empleados de la comuna. Al respecto, el dirigente fue tajante al señalar la degradación del poder adquisitivo: "Nos olvidemos que los trabajadores municipales en muchos de los casos o en la mayoría de los casos tienen dos o tres trabajos para poder subsistir y eso hacía mucho tiempo que no acontecía. No es una nota menor a la hora de poder resolver las problemáticas de políticas públicas que hoy se plantean en este contexto".

La preocupación del gremio no solo se centra en la urgencia del presente, sino también en la planificación de los próximos meses. Según explicaron desde la organización, la intención es que los municipales asuman un rol activo en la definición de sus propias condiciones laborales. En este sentido, Lappano remarcó que es necesario empezar a juntar a los trabajadores para dar discusiones no solamente de condiciones laborales, sino de políticas públicas. El horizonte está puesto en el mes de mayo, fecha en la que comenzará la nueva discusión de la paritaria 2026.

Desde ATE consideran fundamental que los trabajadores sean protagonistas de esa discusión, especialmente por las condiciones actuales de la economía y la marcada pérdida salarial. El objetivo planteado es encontrar una solución colectiva entre todos los actores involucrados. La situación en el área sanitaria es particularmente sensible, dado que, según el referente gremial, en estos tiempos en donde la salud se resintió muchísimo, sobre todo en el contexto nacional, los trabajadores de la salud hoy son los que más le tienen que poner el cuerpo a esta situación cotidiana, lo cual se vuelve muy complejo si no existen condiciones determinadas para tal fin.

El impacto de la inflación y los recortes en el sector

El análisis numérico realizado por el gremio arroja cifras preocupantes sobre el desfasaje entre los haberes y el costo de vida. Si bien en el último acuerdo de febrero de 2026 se logró recomponer un 12% con respecto a la pérdida del año 2025, la realidad es que -según marcaron- ese porcentaje ha quedado corto frente a la escalada inflacionaria del primer trimestre del año en curso. Estimaciones de ATE indican que, en lo que va del año, ya se registra una pérdida de entre el ocho y el 10% respecto a la inflación, cifra que podría profundizarse al contemplar los meses de abril y mayo. Al ampliar la perspectiva temporal, el gremio advierte que desde 2023 hasta la fecha, los salarios han perdido cerca del 30% de su poder adquisitivo.

Esta caída en los ingresos impacta directamente en las necesidades básicas de los agentes municipales. "Y cuando hablamos de alquileres, cuando hablamos de posibilidad del transporte, cuando hablamos posibilidad de lo de la educación, estamos hablando de costos mucho mayores. Por eso para nosotros es muy importante estar en esta discusión", enfatizó Ariel Lappano. 

La problemática se extiende también a la reducción de beneficios que anteriormente compensaban los salarios bajos. Según denunciaron, en momentos de mayor estabilidad se otorgaban horas extras y bonificaciones de acuerdo a la necesidad de cada sector, pero hoy esos recortes se resienten en el bolsillo. Se mencionaron casos específicos como los Juzgados de Faltas, donde señalaron que se recortaron horas extras que se percibían desde hace 15 años. Asimismo, se alertó sobre la falta de insumos en Bromatología, afectando tanto al laboratorio como a las campañas de castración y al área de Bienestar Animal, un sector que el gremio calificó como "olvidado" a pesar de su importancia en la gestión de animales sueltos.

Para el sindicato, estas discusiones deben generarse y encontrar soluciones urgentes por parte de la gestión, evitando que los problemas se invisibilicen si no aparecen en las redes sociales o en los medios de comunicación.

La seccional local de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un encuentro abierto destinado a  trabajadores municipales bajo la consigna “DesayunATE en el Debilio”, que tendrá lugar este jueves 16 de abril, entre las 11 y las 13, en el SUM del Hospital Debilio Blanco Villegas.

La propuesta busca generar un espacio de diálogo directo entre compañeros y compañeras, donde se puedan compartir inquietudes, experiencias y problemáticas vinculadas al ámbito laboral. Según expresaron desde ATE, la iniciativa apunta a “mirarse a la cara y charlar sin vueltas” sobre distintos ejes que atraviesan la actualidad del sector.

Durante la jornada se abordarán temas como paritarias, condiciones de trabajo, salarios y la realidad de cada área, en un contexto que consideran clave para fortalecer la organización colectiva de los empleados municipales.

Desde el gremio remarcaron que se trata de un momento para escucharse, intercambiar y construir herramientas conjuntas que permitan defender los derechos laborales.

El encuentro se desarrollará en un formato distendido, compartiendo mates, y está dirigido a todos los trabajadores municipales que deseen participar.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevará adelante un paro nacional con movilización el próximo martes 21 de abril. La medida se fundamenta en el reclamo por la reapertura de paritarias y se da en el marco de un profundo conflicto con el Gobierno nacional por la situación salarial y los recortes en organismos como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, expresó su descontento con las políticas económicas vigentes. "Si no hay plata, no habrá paz social. El Gobierno sigue destrozando los salarios y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento", manifestó. El dirigente gremial advirtió que "el poder adquisitivo está en caída libre y en este momento el endeudamiento de todos los hogares es total".

Desde el sindicato señalaron que la protesta también busca "rechazar cualquier recorte sobre la estructura estatal". Aguiar enfatizó que "las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata" y lanzó una advertencia a las autoridades: “Si no lo hacen los vamos a llenar de conflictividad”.

La jornada de protesta tendrá un impacto directo en la provincia de Buenos Aires, donde se prevé el cese de actividades en diversas oficinas públicas. Asimismo, la medida afectará el normal dictado de clases en escuelas públicas, debido a la adhesión de los auxiliares afiliados al gremio.

Respecto a la pérdida del valor real de los ingresos, Aguiar arremetió contra la gestión de Javier Milei, asegurando que los trabajadores "ya perdieron más del 44% de su poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei". En ese sentido, agregó que “se van a arrepentir de esa actitud miserable de ponerle techo a todos los incrementos salariales. La situación no da para más”.

A fines del mes pasado, el Gobierno nacional oficializó un esquema de aumentos que fue rechazado por ATE, aunque contó con la aprobación de UPCN. Dicho cronograma contempla subas mensuales escalonadas del 2,5 por ciento en enero, 2,2 por ciento en febrero, dos por ciento en marzo, 1,7 por ciento en abril y 1,5 por ciento en mayo.

En este contexto, el titular de ATE se refirió a la controversia por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores oficialistas por montos de hasta 350.000 dólares. “Los estatales queremos tener los mismos salarios que a los funcionarios libertarios les permitieron calificar para obtener créditos multimillonarios”, reclamó Aguiar.

Finalmente, se informó que el gremio resolvió acompañar la movilización de los trabajadores de la fábrica FATE hacia la Plaza de Mayo, programada para el martes 14 de abril.

Investigadores del sistema científico y representantes sindicales convocaron a una jornada de lucha a nivel nacional que tendrá su réplica en Tandil este jueves, con una concentración prevista para las 16 30 horas en la intersección de Pinto y Rodríguez.

La actividad incluirá una volanteada y una reunión abierta, en un contexto que, según describieron, atraviesa una situación “muy complicada” para el sector de ciencia y tecnología. Ignacio Simoi, investigador asistente del Conicet, advirtió que los salarios del sector vienen perdiendo poder adquisitivo de manera sostenida. “Ya registramos una pérdida de más del 40% en los últimos dos años”, afirmó.

A ese panorama se suma la falta de financiamiento para proyectos de investigación, lo que impacta directamente en el trabajo cotidiano. “No hay fondos para realizar investigaciones, lo que dificulta muchísimo la tarea del día a día”, explicó.

Por su parte, Emilse Bartoli, secretaria de formación de ATE, señaló que la situación se enmarca en un proceso más amplio de ajuste sobre el Estado. “Desde que asumió este gobierno no hemos tenido tregua: hubo recortes, cierres de organismos y degradación de ministerios a secretarías”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que la estrategia del sector ha sido articular con otros espacios sindicales para fortalecer las medidas de visibilización. En la actividad de este jueves participarán también gremios universitarios, como los docentes y no docentes, junto a la mesa intersindical local.

Uno de los puntos que remarcaron los referentes es el bajo nivel de acompañamiento social a estos reclamos. “El deterioro del sistema científico no afecta solo a los trabajadores, sino a toda la sociedad”, subrayaron, al tiempo que insistieron en la necesidad de generar mayor conciencia sobre el impacto de estas políticas.

Además, advirtieron que el problema no se limita al Conicet, sino que alcanza a múltiples organismos del sistema científico y tecnológico. En ese marco, mencionaron conflictos en áreas del Ministerio de Salud y posibles despidos en el Servicio Meteorológico Nacional.

“No se puede pensar la ciencia y la tecnología sin financiamiento estatal. Eso no sucede en ningún país del mundo”, enfatizaron.

Finalmente, alertaron sobre las consecuencias a mediano y largo plazo. La fuga de profesionales altamente calificados hacia el sector privado o el exterior. “Estamos perdiendo recursos humanos muy valiosos que después va a ser muy difícil recuperar”, concluyeron, al advertir sobre el riesgo de un Estado “desfinanciado, desarticulado y desprofesionalizado”.

Tras la reacción que generaron las versiones sobre el posible cierre de dependencias, el secretario general de ATE Tandil - Juárez, Hernán Gasparini, brindó detalles sobre la situación actual de la Agencia Territorial y destacó que el avance sobre la estructura de la Secretaría de Trabajo de la Nación logró frenarse momentáneamente gracias a la respuesta “gremial, política y social” en los distintos puntos del territorio nacional.

El tema se originó semanas atrás cuando trascendió la presunta intención del Gobierno nacional de desvincular a 1.600 agentes en todo el país, entre ellos los 33 trabajadores de la sede local que funciona en 9 de Julio al 800. Este escenario derivó en una serie de medidas para visibilizar el impacto que tendría en la región la pérdida de políticas públicas de empleo y el riesgo laboral para más de 30 familias.

En diálogo con el ciclo Tandil Despierta (EcoTV y 104.1 Tandil FM), Gasparini explicó que, “luego de haber organizado durante varias semanas una estrategia de visibilización respecto a lo que se trascendía que iba a pasar con la Agencia Territorial, se logró construir una red de presión gremial, política y social fundamental que llevó a parar determinadas definiciones por el momento”.

El plan incluyó la exposición pública de las funciones que desempeña la oficina y el impacto que tendría su desaparición en el entramado social de Tandil y las localidades vecinas.

Desde su perspectiva, consideró que el análisis también podría referir a una “discusión interna dentro del Gobierno nacional respecto a qué hacer con estas estructuras del Estado que intervienen directamente en el territorio”.

En ese sentido, Gasparini especuló que “desprenderse de la política que desarrolla una agencia del Ministerio de Trabajo de la Nación” resulta “bastante contradictorio” si se pretende tener una proyección política nacional, provincial y territorial.

El alcance regional

En cuanto a la oficina local, planteó que la Agencia Territorial Tandil funciona desde 1974 y que tiene incidencia en 11 municipios de la región, lo que convierte a Tandil en un centro para la aplicación de políticas laborales en una amplia zona de la provincia.

Entre los distritos que dependen de la gestión de la agencia local se encuentran Azul, Olavarría, Las Flores, Rauch, Tapalqué, General Alvear, General La Madrid, Ayacucho, Benito Juárez, Gonzales Chaves y Laprida. “El volumen de trabajo que tiene es enorme”, justificó.

Entonces, para el referente sindical, la idea que 33 trabajadores representan un número excesivo para la planta del Estado es una lectura errónea. Por el contrario, aseguró que la cantidad actual de personal “no alcanza para desarrollar todas las políticas públicas que la ciudadanía merece en términos de garantía de derechos”.

Fiscalización y protección de derechos

En otro pasaje de la entrevista, Gasparini detalló que los 33 agentes tienen incidencia en áreas como la formación y capacitación laboral en talleres protegidos, la fiscalización y la inspección laboral.

Un aspecto central de la actividad de la agencia es el seguimiento de las estructuras vinculadas al transporte de carga y de pasajeros, donde el control estatal es clave para la seguridad y la legalidad, y la aplicación de políticas públicas contra la trata de personas, el trabajo infantil y el trabajo adolescente.

“A veces, ningunear el trabajo que hace el Estado nacional a través de sus diferentes instancias en el territorio tiene que ver con la ignorancia, la crueldad o el oportunismo”, sentenció el referente.

En un contexto de profunda incertidumbre para los trabajadores del sector público, el titular de ATE Tandil, Hernán Gasparini, brindó un pormenorizado análisis sobre la situación de las dependencias nacionales en la ciudad y el impacto de las medidas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional. Durante su participación en Tandil Despierta, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, el dirigente gremial se refirió específicamente al futuro de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo y a la precarización que atraviesan otros organismos clave.

Resaltando que, tras semanas de una estrategia de visibilización y presión gremial, se ha logrado frenar momentáneamente el cierre de agencias territoriales y una reducción drástica de personal que amenazaba a 16 trabajadores en todo el país. Según explicó, existe una discusión interna en el Ejecutivo nacional sobre qué hacer con estas estructuras que intervienen directamente en el territorio. Para el referente, desprenderse de esta política es "contradictorio" si se pretende tener una proyección política real.

La Agencia Territorial de Tandil, que funciona desde el año 1974, tiene un alcance que abarca a once municipios lindantes, entre los que se encuentran Ayacucho, Azul, General Alvear, Olavarría y Rauch. "El volumen de trabajo que tiene es enorme. Cuando se plantea que 33 trabajadores es mucho, nosotros decimos que no alcanza la cantidad de personal para desarrollar las políticas públicas que nuestro pueblo se merece en términos de garantía de derechos", enfatizó el titular de ATE.

Gasparini fue el intento de modificar la estructura operativa del Ministerio de Trabajo, desplazando la tarea de fiscalización e inspección por una lógica de "concientización". El representante advirtió sobre el peligro de este cambio de paradigma, especialmente en sectores donde se detectan irregularidades graves como el trabajo infantil o la trata de personas.

"Ustedes han seguido el laburo respecto a situaciones detectadas en la zona en relación al trabajo infantil y trata de personas. ¿Qué vamos a ir a hacer, a concientizar? Obviamente tenemos que ir a fiscalizar y auditar. Correr los controles del Estado es fundamental para el desarrollo de la sociedad", sentenció. En este sentido, calificó de "cruel" u "oportunista" el ninguneo hacia las tareas que el Estado nacional desarrolla en las diferentes instancias territoriales.

Respecto a la continuidad de la sede local, Hernán llevó tranquilidad al confirmar que la Agencia Territorial de Tandil cuenta con edificio propio, lo que la pone a resguardo de la reciente decisión administrativa de dejar de pagar alquileres en ocho agencias del país, como ocurre en Bariloche, Neuquén o Mendoza. No obstante, aclaró que la nueva estructura que pretende lanzar el Gobierno nacional aún no tiene lineamientos cerrados para su implementación en el territorio.

También denunció situaciones de extrema gravedad en áreas vinculadas a la discapacidad. Mencionó que, tras el traspaso de la Andis (Agencia Nacional de Discapacidad) al Ministerio de Salud, se registraron irregularidades en el pago de salarios, con trabajadores que percibieron sumas irrisorias de nueve mil o 50 mil pesos. "Además, les cambiaron la categoría arbitrariamente, desconociéndoles la antigüedad de 18 o 20 años de labor. Eso es parte de la reforma laboral", denunció.

Estas medidas reflejan un nivel de "crueldad" en el corrimiento del Estado que afecta directamente la vida cotidiana de los vecinos. En ese marco, destacó el acompañamiento de la Mesa Intersindical y de un sector de la sociedad que valora el trabajo de los estatales, aunque reconoció que existe otra parte de la población que, por desconocimiento u otras razones, aún no dimensiona el impacto de estos recortes.

En el plano local, Hernán Gasparini destacó el notable crecimiento de ATE Tandil, que en los últimos dos años pasó de tener poco más de 200 afiliados a superar los 800. Este incremento le ha otorgado una representación significativa en áreas clave de la Municipalidad de Tandil, como Salud Comunitaria y el Cementerio. "Hoy ATE tiene un reconocimiento concreto. Nos sentamos con todos los funcionarios y la voz la llevan los delegados del sector, lo cual es fundamental para discutir lo cotidiano", explicó.

Uno de los objetivos centrales del gremio es la incorporación formal a la mesa de negociación paritaria municipal, lugar que hoy ocupa exclusivamente el Sindicato de Trabajadores Municipales. Gasparini reveló que existe un dictamen del Ministerio de Trabajo que avala la participación de ATE, dado que cumple con los requisitos de personería gremial y el porcentaje de afiliados necesarios según la ley provincial.

"Estamos esperando que se tome una definición en el Juzgado Laboral de Tandil. Creemos que es cuestión de días o semanas para que ATE sea parte de esa discusión salarial junto al Ejecutivo y al otro sindicato", afirmó. Según detalló, el gremio supera ampliamente el diez por ciento de representación exigido por la normativa vigente para integrar la mesa de negociación.

Finalmente, el titular de ATE convocó a una jornada que se realizará este viernes en defensa del Conicet y el sector científico-tecnológico. La actividad se desarrollará en conjunto con Adunce y otros sectores vinculados a la Unicen. "El ajuste también viene por nuestra ciencia y tecnología. Es fundamental dar esa discusión en una ciudad donde la universidad, la investigación y el desarrollo son centrales para sostenernos como ciudadanos y laburantes", concluyó.

Este viernes 10 de abril se llevará a cabo en Tandil una jornada de lucha en defensa de la ciencia, la tecnología y la universidad pública. La convocatoria, impulsada por trabajadores del sistema científico junto a gremios docentes y nodocentes de la Unicen, tendrá lugar desde las 16:30 en la intersección de Pinto y Rodríguez.

Bajo la consigna “Si hay miseria, que se note”, la actividad se enmarcará en el Día de los Trabajadores de la Ciencia y la Tecnología y buscará visibilizar la situación que atraviesa el sector. La jornada es organizada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Tandil-Juárez, la Asociación Gremial de Docentes de la Unicen (Adunce) y la Asociación de Trabajadores Nodocentes de la Unicen (Atuncpba).

Durante la jornada, se desarrollarán distintas acciones abiertas a la comunidad. El cronograma previsto indica que a las 16:30 se realizará la concentración inicial. A las 17, los trabajadores repartirán folletos informativos en la zona céntrica, mientras que a las 18 se concretará una reunión abierta para debatir sobre la actualidad del sistema científico y universitario.

Desde la organización señalaron que la actividad tendrá como objetivo principal reclamar mejoras salariales y un mayor financiamiento para la investigación. En ese sentido, remarcaron la importancia de fortalecer el sistema científico-tecnológico como eje estratégico para el desarrollo del país.

Asimismo, destacaron que la defensa de la ciencia pública no solo involucra a quienes trabajan en el sector, sino que constituye una causa de interés general. “Defender la ciencia es defender el futuro”, expresaron, invitando a la comunidad a formar parte de la jornada.

Los sectores sindicales agrupados en el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que mantienen una postura crítica frente a la conducción de la CGT, llevarán adelante un plenario el próximo primero de mayo. La convocatoria, que coincide con el Día del Trabajador, buscará profundizar una agenda de oposición a las políticas implementadas por el Gobierno nacional.

El encuentro tendrá lugar en el camping recreativo de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ubicado en el partido de Pilar. Según se confirmó, se espera la participación de más de 1.500 delegados de las diversas organizaciones que conforman el espacio. 

El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, destacó la importancia de la jornada: “Hemos definido la realización de un plenario que reunirá a más de 1.500 delegados de todas las organizaciones que integran el Frente. El encuentro tiene que ser el primer paso en la elaboración del programa del movimiento obrero para el país”.

El FreSU está integrado por gremios de la CGT y de las dos CTA, entre los que se destacan Aceiteros, Aeronáuticos, la UOM y ATE. La decisión de convocar a este plenario se tomó durante una reunión previa en la sede de la Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA).

Respecto a los objetivos de la movilización, Aguiar señaló que la iniciativa “tiene que servir para seguir afianzando y consolidando el FreSU. Nos tenemos que encontrar, nos tenemos que mezclar porque el ajuste lo sufrimos todos. La destrucción de los salarios y de los puestos de empleo nos atraviesa tanto al sector público como al sector privado”.

Finalmente, el dirigente remarcó que el frente gremial mantendrá su presencia en el espacio público para cuestionar las medidas oficiales. “Por un lado está la lucha en la calle para terminar de derogar una reforma laboral que no podemos dejarla en manos de una Corte Suprema adicta al poder, y por el otro la necesidad de construir un programa”, concluyó el referente sindical.

El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema de aumentos salariales para empleados públicos, junto con el pago de una suma fija extraordinaria. La medida fue formalizada mediante el Decreto 206/2026 publicado en el Boletín Oficial, que homologa las Actas Acuerdo firmadas el 6 de marzo.

De esta manera, la Rosada cerró la paritaria para los próximos meses con el aval de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y el rechazo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

El incremento tiene carácter retroactivo y alcanza a trabajadores permanentes y no permanentes de la administración pública nacional. El esquema prevé subas mensuales escalonadas: 2,5% en enero, 2,2% en febrero, 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo, calculadas sobre las remuneraciones habituales vigentes en cada período.

A su vez, también se extenderán aumentos anteriores —homologados por varios decretos entre 2024 y 2026— al suplemento previsto para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), según lo dispuesto en el artículo 84 del convenio sectorial.

Además, se establecieron nuevos topes para el pago de servicios extraordinarios, que irán desde $791.210 en enero hasta $851.392 en mayo de 2026. Para su cálculo no se incluirán adicionales como zona, presentismo u otros conceptos no bonificables.

En paralelo, el acuerdo contempla el pago de una suma fija no bonificable de $40.000, que se abonará en mayo y será percibida por única vez. El refuerzo apunta a cubrir el desfasaje generado por la inflación acumulada.

En el área de salud, se fijaron nuevos valores para los residentes nacionales que se desempeñan en dependencias del Ministerio de Salud y en el Hospital Garrahan. Un jefe de residentes pasará de $1.473.717 en enero a $1.585.814 en mayo, mientras que un residente de primer año cobrará entre $1.117.549 y $1.202.555 en el mismo período. También se actualizaron becas y asignaciones vinculadas a estos cargos, en línea con la política de recomposición de ingresos del sector.

Por otra parte, el Gobierno avanzó con ajustes específicos para personal docente y administrativo de organismos estatales mediante el Decreto 208/2026. La medida alcanza a instituciones como la Escuela Nacional de Bibliotecarios y el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), dependiente del ENACOM.

En ese marco, el salario de bedeles del ISER se fijó en $111.212 desde abril y en $112.880 a partir de mayo, mientras que el valor de la hora cátedra se actualizó a $8.143 y luego a $8.266.

El pasado viernes, personal de la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo de Nación llevó a cabo una asamblea ante la incertidumbre sobre el posible cierre de la oficina local. Sin embargo, desde la jefatura del organismo plantearon que no cuentan con información oficial al respecto, y que pese a la consulta elevada a autoridades provinciales y nacionales, a la fecha no obtuvieron respuesta.

En paralelo, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), y la Mesa Intersindical Tandil convocaron para el próximo jueves 26 de marzo a las 18 a una movilización a la sede ubicada en 9 de Julio 860.

De parte de la jefatura de la Agencia Territorial indicaron que recibieron a representantes de los trabajadores para escuchar los planteos del personal. En el marco de la reunión se intercambiaron posiciones, entre otras cuestiones sobre la posibilidad de que desde Nación implemente un nuevo organigrama para la Secretaría. Sin embargo, sobre ese aspecto las autoridades locales contaban con información.

“No tenemos ningún tipo de información desde el punto de vista oficial”, transmitieron desde la jefatura de la oficina local a El Eco de Tandil. Pese a contactos con autoridades superiores del mismo organismo, al momento no hubo tampoco comunicaciones al respecto.

En el caso de concretarse, el cierre de la agencia territorial sería otra de las acciones del gobierno nacional en función de la anunciada “reestructuración” del Estado. En Tandil se concretó, por ejemplo, en el fin del Centro de Referencia, que dependía del exMinisterio de Desarrollo Social de la Nación.

Dicha oficina estaba ubicada en calle Las Heras 784 y contaba con personal abocado a la atención directa tanto de políticas públicas del mencionado Ministerio como de la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (SENNAF), la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el Ministerio de Mujeres. El cierre del CDR se concretó en mayo de 2024. 

El despido de trabajadores motivó la presentación de parte de los gremios de medidas cautelares solicitando la reincorporación del personal. En septiembre pasado, el Juzgado Federal de Azul resolvió a favor de dos trabajadoras, de las que ordenó que regresen a sus puestos laborales.

Abrazo a la Agencia

Cabe recordar, fue el pasado viernes 20 de marzo cuando los trabajadores de la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo de la Nación se declararon en “estado de alerta” ante el posible cierre de oficinas municipales, entre otras la que funciona en Tandil en calle 9 de Julio 860.

Desde medios nacionales habían informado de la posibilidad de que el gobierno nacional avance en tal sentido, lo que activó la movilización de trabajadores. En la ciudad, el cierre del organismo supondría la pérdida del empleo para más de 30 familias.

La situación derivó en una asamblea de la que participaron representantes de diversos gremios locales, nucleados en la Mesa Intersindical Tandil. Luego del encuentro, los presentes emitieron un comunicado en el que marcaron su preocupación por la pérdida de las fuentes laborales. Pero a su vez, dieron cuenta de que el cierre supondría no solo la reducción de estructuras administrativas, sino también el retiro del Estado en funciones que consideraron esenciales en el ámbito local.

En ese sentido plantearon que la presencia del organismo en el territorio cumple un rol clave en el acompañamiento a trabajadores, la garantía de derechos y la implementación de políticas públicas vinculadas al empleo.

A la espera de definiciones oficiales, desde la Mesa Intersindical Tandil convocaron a una “Concentración y abrazo” para exigir “no al cierre de la agencia de Trabajo” y “Ni un despido”. La movilización será el próximo jueves 26 de marzo a las 18 en la propia sede de la Agencia, en 9 de Julio 860.

En una jornada atravesada por la tensión y la protesta, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) seccional Tandil - Juárez, junto a la Mesa Intersindical, llevó adelante este jueves una concentración y “abrazo” simbólico frente a la sede de la Agencia Territorial local, ubicada en 9 de Julio 860. 

La medida surgió como respuesta a las versiones sobre una posible reestructuración o cierre de dependencias nacionales de la Secretaría de Trabajo, lo que pondría en riesgo el sustento de 33 familias y dejaría sin cobertura a numerosas localidades de la región.

Durante el acto, el secretario general de ATE Hernán Gasparini brindó un encendido discurso en el que destacó la unidad del sector gremial frente al escenario planteado. “No hay nada, absolutamente ninguna diferencia que detenga la unidad de los trabajadores y trabajadoras de este ministerio para enfrentar lo que tenemos que enfrentar”, afirmó, y remarcó que esa cohesión constituye un “orgullo” para la seccional.

Gasparini hizo hincapié en la función social que cumple el espacio, al señalar que no se trata simplemente de una estructura edilicia. “No es una mole de cemento ni cuatro oficinas”, expresó, al tiempo que describió el trabajo cotidiano que allí se realiza.

“Aquí hay compañeros y compañeras que todos los días reciben, escuchan, asesoran y acompañan a trabajadores que no tienen otra alternativa cuando son despedidos, sufren acoso laboral o atraviesan situaciones de violencia de género”, sostuvo.

En la misma línea, otros delegados advirtieron que un eventual cierre implicaría el retiro del Estado de funciones esenciales, como la fiscalización del trabajo no registrado, la lucha contra el trabajo infantil y la capacitación laboral. Además, remarcaron que ciudades como Ayacucho, Azul, Benito Juárez, Olavarría y Rauch quedarían sin atención presencial.

Críticas al Gobierno y reclamos locales

Uno de los momentos del discurso estuvo dirigido a las explicaciones oficiales que minimizan la situación como un “rumor”. Gasparini recordó antecedentes recientes: “Con rumores cerraron el Centro de Referencia de Desarrollo Social… esto no es un rumor. Esto es el inicio de la política concreta de desguace, de una política de achicamiento del Estado”, afirmó.

Asimismo, vinculó las medidas actuales con procesos económicos anteriores, al considerar que responden a “las mismas lógicas” implementadas durante la dictadura de 1976, los años 90 y el macrismo.

En el plano local, si bien el Concejo Deliberante aprobó un repudio al posible cierre, el dirigente cuestionó con dureza a sectores políticos que —según señaló— hoy no acompañan el reclamo. “Sepan todos aquellos que hoy no tuvieron los huevos para bancar a estos laburantes… no nos vamos a olvidar de la actitud de miedo que hoy están teniendo”, sentenció.

Durante la movilización también se manifestó inquietud por la posible venta de inmuebles del IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, lo que podría afectar la atención de miles de afiliados en Tandil.

La jornada concluyó con una clara señal de continuidad del conflicto. Los trabajadores reafirmaron que no están solos y que sostendrán las medidas necesarias para defender tanto la continuidad de la agencia como los puestos laborales.

“Vamos a dar todas las peleas que tengamos que dar para sostener no solamente a la agencia territorial en pie, sino también a cada uno de los puestos de laburo”, aseguraron.

Por su parte, la delegada Carolina Gallardo adelantó que continuarán informando a la comunidad sobre el impacto que tendría el cierre, con el objetivo de visibilizar la importancia de estos servicios públicos en la vida cotidiana de la región.

Por mayoría –el proyecto no fue acompañado por Acción Tandilense/La Libertad Avanza-, el Concejo Deliberante se pronunció en repudio al “inminente cierre de la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social”, y alertó por el “impacto negativo que dicha medida generará en el acceso y resguardo de los derechos laborales de los vecinos y vecinas de Tandil”.

Cabe recordar, en los últimos días trabajadores alertaron por el posible cierre de la oficina local de Trabajo. En el caso de concretarse la medida, no solo más de 30 tandilenses perderían el empleo, sino que correrían peligro las políticas públicas que acompañan a Pymes y a trabajadores.

Por tal motivo la comisión de Labor Parlamentaria –junto con la comisión de Trabajo y Producción, presidida por Marcos Nicolini-, elevó la iniciativa para plantear el repudio ante la posibilidad de que se lleve a cabo el cierre. Personal de la oficina local y referentes de ATE Tandil concurrieron al recinto con carteles en los que manifestaron “No al cierre de la Agencia Territorial Tandil”.

El debate se centró entre Fuerza Patria y Acción Tandilense/La Libertad Avanza. Como parte del primer bloque, Rogelio Iparraguirre planteó consideró que “si dejamos pasar esto por altos, sin más estaríamos cometiendo un error. No es el cierre de una oficina más, es el cierre de una agencia del Estado nacional que tiene que ver ni más ni menos que con el entramado productivo y el trabajo en un momento de crisis y recesión”. Al respecto, amplió marcando que según datos oficiales se registró el cierre de más de 22 mil Pymes.

Pero además, Iparraguirre hizo referencia al concejal Gonzalo Santamarina, y su paso como director de la Oficina Regional de Trabajo durante la gestión de Mauricio Macri en la presidencia. “Nos contaba las bondades de estas agencias territoriales. Si hay una persona que puede decir lo que significa el cierre de la agencia territorial es quien fue el jefe de esto y nos encontramos con un silencio absoluto de su parte”, expresó el concejal.

Quien contestó de parte de Acción Tandilense/La Libertad Avanza fue el jefe de bloque, Federico Sánchez Chopa, quien sostuvo que al momento no existe información oficial sobre el posible cierre de la oficina. 

“Cada noticia es como que nosotros somos los culpables de absolutamente todos los males que tiene la Argentina”, indicó el concejal, quien agregó que se manifestarán al momento de que exista información oficial. “Mientras tanto, son titulares, y bien que hemos discutido acá sobre titulares en algunos medios”, subrayó.

 “Llegado el caso, obviamente que escucharemos a todos y daremos la batalla que tengamos que dar siempre pensando en el mismo concepto, que lamentablemente en una Argentina de crisis tenemos que buscar las mejores herramientas para tratar de sacar lo máximo posible”, concluyó.

Las organizaciones sindicales que integran la Mesa Intersindical de Tandil, junto con ATE Tandil-Juárez, expresaron su profunda preocupación ante el posible cierre de las agencias territoriales del Ministerio de Trabajo de la Nación, los despidos que podrían derivarse de esa decisión y las consecuencias que conllevaría para el bienestar de los trabajadores.

A través de un comunicado, los gremios señalaron que la medida no implicaría únicamente una reducción de estructuras administrativas, sino también el retiro del Estado de funciones que consideran esenciales en el ámbito laboral. Según plantearon, la presencia del organismo en el territorio cumple un rol clave en el acompañamiento a trabajadores, la garantía de derechos y la implementación de políticas públicas vinculadas al empleo.

En ese marco, advirtieron que en Tandil más de 30 familias podrían quedarse sin su fuente de trabajo si finalmente se concreta el cierre de las dependencias locales. “Detrás de cada puesto hay un hogar, una mesa, una vida que depende de ese ingreso”, expresaron en el documento difundido por las organizaciones sindicales.

El secretario general de ATE Tandil, Hernán Gasparini, dialogó con El Eco de Tandil y brindó mayores detalles sobre la preocupación del gremio ante esta posible medida. “Estamos esperando que suceda, aunque no perdemos la esperanza de que siempre haya alguno que recapacite y entienda lo que significa terminar con las agencias territoriales del Ministerio de Trabajo de la Nación”, señaló.

El referente gremial mantuvo una videollamada con otros representantes en la jornada de ayer con el objetivo de coordinar acciones y respuestas en términos federales para que sea “lo más efectiva posible, tenga el mayor volumen posible con las mejores articulaciones posibles”. Desde el sector, sospechan que cuando las versiones del desguace del Estado se filtran en medios afines a la idea del Gobierno nacional terminan sucediendo.

“Lo que salimos a plantear es que hay más de 30 compañeros y compañeras que se quedarían sin laburo si esto avanza como se rumorea, no hay nada oficial planteado todavía, pero la verdad que los rumores son muy fuertes”, señaló Gasparini sobre el presente a nivel local.

Respecto a los despidos, sostuvo que el método utilizado es repetido: “Siempre salen a plantear 1.600 despidos y después terminan siendo 700 u 800, pero que es significativamente enorme tantos laburantes sin su fuente de trabajo”. Aseguró que los despidos se hacen con una lista en un Excel en donde no hay reparos a la hora de dejar sin fuente de ingresos a una embarazada, a un paciente oncológico o a una persona que tiene un Certificado Único de Discapacidad.

“Barren con políticas públicas que construyen respuestas a demandas sociales y comunitarias. Por ejemplo, que es fundamental, la fiscalización a través de los inspectores a los ámbitos de laburo. Ahora están pensando en modificar la figura del fiscalizador para que sea una especie de concientizador, con lo cual en vez de ir a multar aquellos espacios laborales que abusan de los trabajadores, van a concientizar que no tienen que vapulear los derechos laborales”, aseveró Gasparini.

Para el referente se trata de un Gobierno que piensa en las empresas y en que los grandes empleadores sigan acumulando más dinero en lugar de garantizar mejorar la situación de los trabajadores. “Es un Gobierno que ha avanzado sin medir las consecuencias. Y si llega a surgir un achicamiento a la mínima expresión de las agencias territoriales del Ministerio de Trabajo, va a dejar un tendal”, aseguró.

A su vez señaló que el Gobierno nacional “no está en su mejor momento y empieza a dar manotazos de ahogado” para correr del eje situaciones como el caso Libra o lo sucedido con Manuel Adorni, vocero presidencial. “Creció el desempleo, cada vez es más difícil llegar a fin de mes, los sueldos no alcanzan, la situación es muy compleja y la salida que plantea el gobierno parece que va en sentido contrario y profundiza cada vez más la crisis económica, social y cultural por la que está atravesando nuestro país”, concluyó.

Mientras transitan los días en alerta ante lo que creen será el inminente cierre de la agencia territorial, el referente de ATE contó que se realizaron asambleas con una importante participación de los trabajadores y que se empezó a elaborar una campaña de visualización de lo que está sucediendo con el exministerio de Trabajo.

Además, adelantó que este viernes habrá otra reunión con dirigentes sociales y sindicales porque “el achicamiento extremo del Ministerio de Trabajo no solo afecta a los trabajadores estatales, sino que tiene una incidencia directa sobre los trabajadores de todos los sindicatos de la ciudad y el país”.

Por último, detalló que van a mantener una reunión con los otros sindicatos que integran la Mesa Intersindical y que además están pensando en una movilización o concentración “lo más masiva posible” para la próxima semana.

La Secretaría de Trabajo de la Nación anunció la conciliación obligatoria en el conflicto laboral que mantenían la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). A raíz de esta determinación, durante el próximo fin de semana largo los vuelos operarán con normalidad en todo el territorio nacional.

La medida tendrá vigencia por el plazo de 15 días a partir de las nueve de la mañana de este miércoles 18 de marzo. Según se informó oficialmente, el objetivo de la disposición fue “buscar una solución al conflicto y garantizar la normal prestación de los servicios”.

Al mismo tiempo, la cartera que se desempeña bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano intimó a la organización sindical y a los trabajadores representados “a dejar sin efecto durante el período de conciliación toda medida de acción directa y a prestar servicios de manera normal y habitual”.

En paralelo, la dependencia encabezada por Julio Cordero dispuso que la ANAC deberá abstenerse de “adoptar represalias de cualquier tipo, debiendo garantizar el normal funcionamiento de las tareas” en las terminales aéreas.

El paro de actividades, que se iba a desarrollar entre este miércoles 18 y el martes 24 de marzo, amenazaba con afectar el servicio en 20 aeropuertos del país. La medida de fuerza se justificaba, según explicaron desde ATE, en que el Gobierno nacional no cumplió con el pago de los aumentos salariales que habían sido acordados previamente con la administración pública.