La incertidumbre crece entre los trabajadores de la delegación local de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) ante el inminente cierre de las oficinas, previsto para el próximo 30 de noviembre. 

Durante una entrevista en Tandil Despierta, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, Rubén Chía, delegado del personal, junto a Lourdes Battistelli y Mónica Díaz, expusieron la situación que atraviesan los 15 empleados y las consecuencias que podría tener la decisión para los afiliados.

El conflicto se profundizó el pasado viernes, cuando los trabajadores recibieron notificaciones oficiales fuera del horario laboral. Según explicaron, ocho empleados fueron informados de que se desconocía su condición de planta permanente y pasarían a ser considerados contratados, mientras que al resto se le comunicó la finalización de su vínculo laboral a fines de noviembre.

Los afectados cuestionaron la decisión porque, según denunciaron, no contempla indemnizaciones ni alternativas de reubicación, una situación que deja a 15 familias frente a un escenario de incertidumbre económica y laboral.

Más allá de la continuidad de los puestos de trabajo, Lourdes Battistelli advirtió sobre las consecuencias que tendrá el cierre para los 6.200 afiliados que dependen de la delegación de Tandil.

Desde su experiencia en la mesa de entrada, explicó que la atención presencial cumple un papel fundamental para quienes atraviesan enfermedades crónicas u oncológicas y necesitan acompañamiento para resolver trámites y acceder a prestaciones.

En ese sentido, sostuvo que la eliminación de las oficinas dificultará el acceso a los servicios, especialmente para las personas mayores o quienes no cuentan con conocimientos y herramientas para realizar gestiones mediante plataformas digitales.

Durante la entrevista, Mónica Díaz también hizo referencia al deterioro de los servicios que brinda la obra social. Señaló que, pese a que los afiliados cumplen regularmente con sus aportes, durante el último año se registraron importantes recortes en las prestaciones.

Entre las dificultades mencionó problemas en la provisión de medicamentos y en la cobertura de cirugías de mayor complejidad, situaciones que profundizan el malestar de los beneficiarios.

Otro de los aspectos planteados fue la situación contractual del personal. Los empleados denunciaron que, aunque en 2023 fueron reconocidos como trabajadores de planta permanente, esa condición no se habría formalizado mediante los contratos correspondientes. Además, señalaron que algunos integrantes del equipo acumulan entre 10 y 23 años de antigüedad bajo distintas modalidades de contratación.

Como ejemplo de esta problemática, mencionaron casos de trabajadoras que se jubilaron después de décadas de servicio sin haber obtenido el reconocimiento formal de su condición laboral.

Los representantes también señalaron que el cierre resulta especialmente preocupante por las características de la ciudad. Tandil cuenta con dos unidades militares y tiene previsto recibir los aviones F-16 entre 2027 y 2028. En ese contexto, plantearon interrogantes sobre cómo se garantizará la atención sanitaria del personal militar y sus familias si deja de funcionar la delegación local.

En este panorama, los trabajadores comenzaron a impulsar distintas acciones para visibilizar el conflicto. Solicitaron el acompañamiento de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), recurrieron al Concejo Deliberante y comenzaron una campaña de recolección de firmas. También anticiparon que buscarán reunirse con el intendente para que el tema sea considerado una preocupación prioritaria de la agenda política local.

A su vez, convocaron a la familia militar y a los afiliados a acompañar el reclamo. La comunidad comenzó a expresar su respaldo mediante la firma de petitorios y la difusión de un código QR que permite adherir al pedido.

Finalmente, los trabajadores advirtieron que la eventual derivación de los afiliados al sistema público de salud podría incrementar la demanda sobre hospitales que ya afrontan una importante carga de atención.

También manifestaron su preocupación por la falta de explicaciones oficiales sobre los motivos de la reestructuración y el funcionamiento que tendrá la nueva estructura de la obra social, que absorbería solamente a una parte del personal a nivel nacional.

Con el 30 de noviembre como fecha prevista para el cierre, los 15 trabajadores aseguraron que continuarán con las gestiones y medidas de visibilización para intentar revertir la decisión. Su reclamo apunta tanto a defender sus fuentes laborales como a preservar un espacio de atención que consideran fundamental para miles de afiliados de Tandil y la región.

En lo que ya prácticamente se confirma como la crónica de otra muerte anunciada, el gobierno nacional notificó a siete trabajadores de la oficina Tandil de la obra social de las Fuerzas Armadas: desde el próximo 30 de noviembre estarán desvinculados de sus fuentes laborales.

Se trata de siete de los catorce empleados civiles de la delegación local de Obra Social de las Fuerzas Armadas (exIosfa). De acuerdo a lo planteado por delegados de los trabajadores, se trata de personal de planta que había formalizado su condición en el año 2023. Las notificaciones recibidas, ampliaron, desconocieron esa formalización, por lo que fueron considerados como contratados.

De parte del personal que todavía permanece en funciones no dudaron en confirmar un hecho sobre el que se viene comentando hace tiempo, y que incluso se aseguró en medios de alcance nacional: la oficina Tandil de la obra social de las Fuerzas Armadas cerrará sus puertas. Cabe señalar, no hay información oficial al respecto.

El próximo lunes 2 de noviembre, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), realizará una reunión en la delegación local de OSFA. En vistas de los recientes despidos, los trabajadores determinarán una estrategia gremial, una política y otra judicial. El mismo día, el secretario general de ATE Tandil, Hernán Gasparini, mantendrá un encuentro con secretarios de localidades con las mismas problemáticas para definir acciones en conjunto.

Crónica de una muerte anunciada

“La situación ya no es una incertidumbre, es una realidad. Hay siete personas que el 30 de noviembre no van a tener trabajo, quedan afuera. Y otras siete que no sabemos, pero podemos esperar a las peores noticias. Todavía no hay información de qué van a ser con el resto del personal, pero sabemos que la información viene de un día para el otro. No sabemos si el edificio se va a vender”, expresó Rubén Chía, delegado de los trabajadores de la oficina local de OSFA.

“De 14 que somos, la notificación les llegó a siete que habían pasado a planta en diciembre de 2023 y nunca más habían firmado un contrato. Ahora le dicen que son contratados. Además, queda un trabajador que está contratado hasta el 30 de noviembre. Y los otros 6 que quedamos somos de planta y no nos llegó la notificación”, sumó Chía, quien aportó otro dato: de las personas que fueron notificadas, 4 son afiliadas a la obra social.

La delegación Tandil de la actual OSFA cuenta con una cápita de alrededor de 3500 afiliados de la ciudad, entre miembros de Fuerzas Armadas y sus familias. Además, la oficina -en la que se desempeñan 27 trabajadores entre militares y civiles- tiene jurisdicción sobre los 1500 afiliados de Azul y los 970 de Olavarría.

Más allá de los despidos y el posible cierre, la crisis de la obra social involucra deudas, corte de prestaciones y reclamos por la demora en la autorización de prácticas. Una vecina afiliada contó a El Eco que espera hace dos años por una prótesis.

La misma vecina dio cuenta también de otros casos: afiliados que deben trasladarse a Mar del Plata u otras delegaciones para someterse a intervenciones complejas de salud.

Si bien portales nacionales aseguraron que se concretaría el cierre de oficinas como la de Tandil, y las noticias al respecto indican una intención clara al respecto, hasta el cierre de esta edición la medida no estaba confirmada.

Días atrás, la seccional Tandil-Benito Juárez de ATE presentó una nota ante el Concejo Deliberante para solicitar un pronunciamiento sobre la situación de la obra social.  “El funcionamiento de la obra social es deficiente y ha ido empeorando desde que asumió el gobierno de Javier Milei. Los afiliados de la obra social padecen la interrupción o corte definitivo de prestaciones y servicios”, afirmaron los firmantes.

“Por un lado se dispone la adquisición por parte del Ministerio de Defensa de las aeronaves F-16 para la VI Brigada Aérea, consolidando a Tandil como un punto estratégico militar, a la vez que se decide dejar sin oficina de atención a afiliados de la Obra Social de las Fuerzas Armadas”, consideraron desde la nota presentada.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), seccional Tandil-Benito Juárez, presentó una nota ante el Concejo Deliberante para solicitar un pronunciamiento sobre la situación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) y las consecuencias que podría tener el cierre del Centro de Atención al Afiliado de Tandil.

El escrito, fechado el 27 de octubre y dirigido al presidente del cuerpo legislativo, Juan Pablo Frolik, advierte sobre el impacto que tendría la medida tanto para los trabajadores de la oficina como para los afiliados que asisten al lugar para realizar trámites y consultas vinculados con la obra social.

Según detallaron los representantes gremiales, en la dependencia local se brinda atención a 6.248 afiliados de Tandil y la zona comprendida en su jurisdicción.

Además, cuenta con una planta de 14 agentes técnico-administrativos capacitados en el funcionamiento del organismo.

En ese contexto, señalaron que la reestructuración de Iosfa contemplaría el cierre de algunas delegaciones territoriales y advirtieron que la continuidad laboral del personal de la oficina local podría verse comprometida.

“Dichos cambios suponen el cierre de algunas delegaciones territoriales, situación que afecta directamente al Centro de Atención al Afiliado de Tandil, tanto a sus trabajadores, ya que peligra la continuidad de sus fuentes de trabajo, como al universo de afiliados de la obra social”, expresaron en la presentación.

En la nota, ATE también cuestionó el funcionamiento de la obra social y sostuvo que las dificultades en la prestación de los servicios se profundizaron durante la actual gestión nacional.

“El funcionamiento de la obra social es deficiente y ha ido empeorando desde que asumió el gobierno de Javier Milei. Los afiliados de la obra social padecen la interrupción o corte definitivo de prestaciones y servicios”, afirmaron los firmantes.

Para el sindicato, el eventual cierre de la oficina local agravaría esa situación y dificultaría el acceso de los afiliados a la atención administrativa.

En ese sentido, consideraron que avanzar con la medida dejaría a los usuarios “en una situación de abandono y profundo desamparo”.

Otro de los argumentos planteados por ATE se relaciona con la presencia de distintas unidades militares en Tandil.

Los representantes gremiales cuestionaron lo que consideran una contradicción entre la decisión nacional de avanzar con la adquisición de aeronaves F-16 para la VI Brigada Aérea y la posibilidad de cerrar la oficina de atención de la obra social.

En el documento, señalaron que la situación no afectaría únicamente al personal de la Base Aérea, sino también a quienes prestan servicios en la I Brigada Blindada “Brigadier General Martín Rodríguez”, el Escuadrón de Comunicaciones Blindado I, la Base de Apoyo Logístico Tandil y el Haras General Lavalle.

“Por un lado se dispone la adquisición por parte del Ministerio de Defensa de las aeronaves F-16 para la VI Brigada Aérea, consolidando a Tandil como un punto estratégico militar, a la vez que se decide dejar sin oficina de atención a afiliados de la Obra Social de las Fuerzas Armadas”, plantearon.

A partir de estos argumentos, ATE solicitó que el Concejo Deliberante trate un pronunciamiento para expresar su preocupación por las consecuencias que podría tener el cierre del Centro de Atención al Afiliado.

“Solicitamos tengan a bien disponer el tratamiento de un pronunciamiento que refleje la preocupación por las consecuencias que el inminente cierre del Centro de Atención a Afiliados Tandil va a tener sobre nuestra comunidad”, concluyeron en la nota, firmada por representantes de la conducción de la seccional.

Tras solicitar una reapertura de la paritaria municipal y un bono por el Día del Trabajador Municipal, desde ATE reclamaron participar de espacios de toma de decisión respecto a la situación del personal de la Comuna. 

“Nosotros estamos pidiendo participar”, plantearon desde la entidad en diálogo con El Eco. En concreto, presentaron al Municipio una solicitud formal para que la organización integre la Comisión de Asistencia a la Víctima (CAV), la Junta de Ascensos y Calificaciones, la Junta de Disciplina y la veeduría de los concursos municipales.

“Más participación, más transparencia, más derechos”, publicaron desde los perfiles de redes sociales de ATE Tandil y Benito Juárez. La solicitud se enmarca en un debate mayor por el reconocimiento de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para integrar la mesa de negociación paritaria municipal, de la que al momento forma parte el gobierno local y el Sindicato de Trabajadores Municipales.

“ATE reclama participación en las decisiones”, señalaron desde el gremio. “Lo que estamos pidiendo es que se nos incluya en las comisiones en las cuales hay participación entre el Municipio y los trabajadores”, precisó Ariel Lappano, referente de ATE, en comunicación con El Eco.

“Estamos pidiendo que se nos incluya en las juntas de ascenso y promociones, que es la junta que dos veces al año determina la correspondiente categoría en las distintas carreras, sea obrera, administrativa, profesional o técnica. Es algo que se evalúa y cada seis meses hay un listado de compañeros que pasarían de categoría, que le corresponde pasar de categoría”, explicó Lappano

Aunque el de las juntas de ascenso y promociones no fue la única solicitud de ATE presentada ante el Municipio. “Estamos pidiendo ingresar también a la Comisión de Disciplina. Es la que evalúa los dictámenes que se efectúan sobre distintas problemáticas, ya sean sanciones a los trabajadores, sumarios, o cese de trabajadores”, planteó el referente del gremio.

A su vez, indicó Lappano, por lo menos desde el año pasado llevan un sostenido reclamo exigiendo ser parte de la Comisión de Asistencia a la Víctima (CAV).

“Venimos insistiendo desde el año pasado. Creemos que tiene que haber una representación de los trabajadores que pertenecen a ATE, tiene que estar a ATE en eso. Más ahora, porque lo que está pasando es que las compañeras que están con la CAV, hoy tienen una representación sindical que es la del Sindicato de Trabajadores Municipales (STMT), en el cual está sentado su secretario gremial que es arte y parte”, sostuvo.

“Entonces, les decimos que deberían excusarse también, que debería haber una representación para generar transparencia”, sumó a respecto.

“Lo último que estamos pidiendo es la participación como veedores y en el armado de los concursos en las distintas áreas del municipio. Nosotros tenemos compañeros que participan de esos concursos y queremos que ATE esté”, concluyó.

Además de los pedidos mencionados, desde ATE presentaron días atrás otra nota: solicitaron la reapertura de la paritaria municipal y un incremento del 10 por ciento. También plantearon que el personal comunal perciba un bono por el Día del Trabajador Municipal equivalente a una categoría inicial 1, de 924 mil pesos.

Como una nueva parte de su proyecto gremial, ATE Tandil conformó El Estado que se Viene. Se trata de un espacio que surgió con el objetivo de poner en el centro de la agenda política local la voz de los trabajadores estatales de la ciudad. 

Desde la organización comenzaron a reunirse con personal de organismos de previsión social, de salud, jubilados y otros: lo hacen para relevar necesidades pero también propuestas para “seguir trabajando de cara al 2027”.

El Eco dialogó con Érica Lanzini, una de las principales referentes de ATE Tandil y de El Estado que se Viene. Planteó la necesidad de que una voz de los trabajadores estatales y del movimiento obrero organizado pueda escucharse en el Concejo Deliberante, y los desafíos rumbo a las elecciones del año próximo. Adelantó que el 13 de noviembre presentarán parte de los resultados de loso relevamientos realizados por la organización.

“Este es un trabajo que se viene haciendo desde ATE y que tiene como finalidad acercar la voz de los trabajadores al proyecto político que represente a los sectores nacionales y populares, que represente al pueblo en en las próximas elecciones. Somos un proyecto gremial, y desde allí pensamos al Estado hoy, y pensamos el Estado hacia adelante”, definió Lanzini.

- ¿Cómo surgió El Estado que se Viene y cuál es su objetivo?

-Érica Lanzini: En principio es parte del trabajo que venimos haciendo desde la seccional de ATE Tandil. Veníamos con una gran preocupación y y al mismo tiempo con un gran reconocimiento a todo lo que los trabajadores del Estado hacen. Pero que en realidad muchas veces la información que los propios trabajadores tienen por su quehacer cotidiano, por su contacto con la población se quedaba simplemente ahí y no se traducía nunca en un programa o por lo menos en un documento que dé cuenta de cómo los estatales, los trabajadores estamos viendo la necesidad de transformación de Estado.

En las reuniones con delegados y en asambleas salía este tema. Por eso veníamos pensando de qué manera poder hacer para que eso se pueda documentar, que pueda ser incorporado en la discusión de la política pública pensando en que viene un año electoral y que en ese año probablemente haya cambios en la gestión municipal.

-La continuidad o no de la actual gestión es un punto clave si están pensando en el Estado que se viene...

-Nosotros apostamos a que quien continúe en la gestión municipal o quien inicie un nuevo periodo sea representativo de la voz de los trabajadores. Por lo tanto la apuesta es construir un documento que esté al servicio del proyecto político que mejor escuche a la comunidad, a los laburantes del Estado en nuestro caso, pero a todos las trabajadores y las trabajadoras que terminan siendo el sujeto político menos escuchado por lo menos en el último tiempo. Por eso este es también un proyecto para el desarrollo de instrumentos para mediciones y relevamientos.

-Y un espacio integrado por ahora por trabajadores que forman parte de ATE Tandil...

-Por ahora está integrado por gente de ATE y trabajadores estatales de Tandil de todos los niveles.

Hay un equipo. Porque hay una particularidad que tiene nuestra composición, sobre todo en la conducción de la seccional, que es que tenemos muchos compañeros y compañeras super formados. Hay abogados, una socióloga, un licenciado en gestión pública. De verdad que tenemos una masa de trabajadores muy formados pensando el Estado.

-¿Cuáles fueron las primeras acciones?

-Lo primero que hicimos fue empezar a hacer reuniones periódicas convocando a trabajadores de los tres niveles del Estado por áreas temáticas. Hicimos una reunión con trabajadores de infancias y juventudes, con trabajadores de la seguridad social, con trabajadores de salud y de la salud mental y consumos problemáticos, y con jubilados.

Empezamos a relevar estas estas necesidades, pero no se trata simplemente de hacer un diagnóstico de la situación actual, sino de poder pensar de qué manera podríamos estar más presentes en tanto Estado pensando en el futuro inmediato. Se habla del Estado presente, pero además necesitamos que ese Estado presente esté conformado por trabajadores y trabajadoras activos. Sujetos activos que efectivamente tengan capacidad de agencia y se sientan parte de la posibilidad de transformar la vida de la comunidad a partir de su trabajo en el Estado.

-¿Falta hoy la voz de los trabajadores del Estado en el Concejo Deliberante?

-Tenemos la posibilidad de dialogar con varios de los concejales que actualmente ocupan bancas. Cacha Cena, por ejemplo es concejal y es afiliada de ATE, y tenemos buen vínculo con el bloque de Fuerza Patria, y diálogos con concejales del oficialismo. También hay concejales que nos ignoran, e incluso que nos agravian todo el tiempo.

Pero sí es cierto que no hay actualmente nadie que represente a los trabajadores organizados en el Concejo. Que lo ha habido en Tandil, en otros momentos. El último concejal que representaba un sindicato fue Juan Carri por La Bancaria, pero no hay actualmente concejales que sean parte del movimiento obrero organizado.

No es un proceso de la composición actual del Concejo, pero la voz de los trabajadores ha dejado de ser parte de la voz de los sujetos políticos más relevantes de la ciudad.

Por eso nos reunimos con trabajadores que están sumamente endeudados, y ahí vemos que nadie escucha qué es lo que sucede con eso laburantes. Nos juntamos con los compañeros de Amalu y tienen una fuerte preocupación por lo que va a pasar con el sistema previsional.

-Cuando hablan de proyecto de futuro o del Estado que se viene, lo hacen desde una bajada local...

-Sí. Y ahí aparece algo muy interesante porque nuestra composición implica laburantes de los tres niveles del Estado, pero también hay una realidad que es que nosotros desde Tandil no podemos permear todas las decisiones que pueda tomar el Estado provincial o el Estado nacioal.

Pero sí tenemos mucha responsabilidad porque vivimos en Tandil, porque somos parte de esta comunidad, y queremos poder incidir en la política municipal. Y la verdad es que no se escucha a los laburantes.

Y hay que volver a pensar la estructura del Estado municipal. Si recorrés los barrios y hablás con los trabajadores de ámbitos de salud, de educación, te das cuenta que están faltando articulaciones. Que no se está pensando al Estado presente en los territorios. La zonificación en barrios sirve a los efectos de que el municipio pueda tener ordenada la gestión municipal, pero no sirve a los efectos de darle respuesta a los propios vecinos y vecinas que viven en esos barrios.

Ahí lo que decimos es nadie mejor que los trabajadores y trabajadoras de esos barrios para poder entender cuál es la realidad que vive esa comunidad y poder construir con la comunidad alternativas para pensar una salida.

-Es un desafío...

-Es un desafío en el que nos metimos. Somos los que somos, y mientras tanto estamos en nuestros lugares de trabajo atendiendo gente todo el día. Después de eso intentamos poner cuerpo y cabeza para pensar, pero sí creemos que estamos en un momento donde se habilita una oportunidad de dar vuelta el discurso de desgaste permanente respecto de cuál es la tarea que tienen los trabajadores del Estado y que tiene el Estado en términos de su responsabilidad y capacidad de transformación

-¿Cuál es el próximo paso de El Estado que se viene?

-Este proyecto se presentó a los trabajadores y trabajadoras en el almuerzo del día de los estatales que lo celebramos el 5 de julio con 400 laburantes. El 13 de noviembre vamos a estar realizando un plenario donde estaremos presentando alguno de los resultados de lo que en estos meses construimos, y que entendemos puede ser un primer insumo para seguir trabajando de cara al 2027.

 En la sede del Rectorado, integrantes de distintos claustros de la Unicen anunciaron formalmente la Quinta Marcha Federal Universitaria, que se desarrollará este jueves 15 de octubre, desde las 17, con concentración en Garibaldi y Rodríguez. Tras la cautelar por la inconstitucionalidad del decreto que la derogó por segunda vez, el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento sumó la defensa de la democracia.

“Hay un conflicto que involucra a los tres poderes, porque es una ley del Congreso, pero que ha sido avalada por la Justicia y que el Poder Ejecutivo no cumple”, refrendó el rector Marcelo Aba.

En ese sentido, puso como ejemplo la derogación de la ampliación de Zona Fría, publicada ayer en el Boletín Oficial, y que todos los ciudadanos estarán obligados a acatar. “Son dos leyes exactamente iguales, a la cual una tendremos que atender sin ningún tipo de atenuante, cueste lo que cueste, y la otra está sin cumplirse. Algo está fallando en la democracia argentina”.

En la mesa del anuncio, además del rector, participaron los decanos de las facultades de Ciencias Económicas, Marcelo Rébori; de Ciencias Exactas, Claudio Aciti; de Arte, Daniela Ferrari; de Ciencias Humanas, Josefina Di Nucci; y la vicedecana de Ciencias Veterinarias, Andrea Caselli; el secretario adjunto de Adunce, Marcelo Stipcich; el secretario general de ATE, Hernán Gasparini, y su par de Atuncpba, Diego Jongewaard de Boer.

“Parece increíble que ya estemos transitando una quinta marcha reclamando por la aplicación de una ley que está vigente, que tiene todos sus atributos para ser ejecutada, pero sin embargo el Poder Ejecutivo sigue negando su validez”, expresó Aba, en el inicio de la convocatoria dirigida a la comunidad en defensa de la universidad pública, pero también de la soberanía y la democracia.

La Quinta Marcha Federal Universitaria fue convocada a nivel nacional, con epicentro en Capital Federal y réplicas en todas las ciudades que albergan casas de estudio. En el caso de la Unicen, además de en Tandil, también se realizarán movilizaciones en las sedes de Azul, Olavarría y Quequén.

Respecto de la ley, el rector Marcelo Aba repasó que “hemos recorrido todo lo que tiene que ver con la vía parlamentaria; hemos recorrido la vía legal, la vía de la Justicia con la cautelar, pero ahora también el amparo que va al fondo de la cuestión, que es la aplicación plena de toda la ley, tiene un fallo favorable. Y sin embargo, no logramos que esa ley se aplique”.

De inmediato, resaltó los “enormes problemas” que el desfinanciamiento acarrea al interior de la casa de estudios.  

En primer lugar, consignó “un retraso salarial que seguramente supera largamente el 30 por ciento, que estaría de alguna manera atendido si la ley se cumpliera. Eso lógicamente trae para todos los trabajadores de la Universidad, serias dificultades para llegar a fin de mes sobre todo en las escalas iniciales”.

Por otro lado, apuntó que “tenemos serias dificultades para mantener la universidad funcionando; no ya para crecer, sino simplemente para mantener lo que hemos logrado construir”.

Y como otros puntos, remarcó que “en ese contexto también entran las becas estudiantiles; también entra la ciencia y la tecnología, que en buena parte no es presupuesto universitario directo, pero es un presupuesto que se vuelca a la universidad para el funcionamiento de los distintos grupos” de investigación.

Aba afirmó que el presupuesto “ nos resulta totalmente exiguo” e informó que el Consejo Interuniversitarios Nacional (CIN) estimó un presupuesto de 11 billones  para 2027, cuando el Gobierno propuso alrededor de 7,2 billones.

“Allí está la diferencia salarial y está la diferencia que tiene que ver con la parte de funcionamiento, algo de ciencia y tecnología, algo de infraestructura”, sostuvo sobre los números contemplados para el año próximo.

En tanto, aclaró que “este empecinamiento en no cumplir con la ley es lo que ha llevado a convocar a esta quinta marcha” y precisó que “el llamado es tanto a nuestra propia comunidad universitaria como a la comunidad en general, una vez más, a la defensa de la universidad pública, a la defensa de lo que significa esa universidad pública para una sociedad que pretende crecer, que pretende ser soberana”.

En igual sentido, advirtió que “empieza a estar en riesgo el funcionamiento de un sistema que ha sido el modelo sobre el cual se ha desarrollado el país y ahora, además de lo que significa para la vida universitaria, también se suma el significado que adquiere sobre la propia democracia, porque tenemos una ley que, insisto, no tiene absolutamente ninguna posibilidad de no estar vigente. El decreto es absolutamente inconstitucional, lo acaba de decir la Justicia”.

En tanto, indicó que para las universidades la aplicación de la Ley de Financiamiento “hoy es sustancial” y precisó que “es lo que estamos necesitando para recuperar de alguna manera lo que era la universidad en el 2023, en términos salariales, en términos de funcionamiento, en términos de ciencia y técnica”.

Por ese motivo, llamó a la comunidad a “encontrarnos” para “volver a demostrar en todo el país lo que significa la universidad, lo que representa la universidad”.

Como otra cuestión sumó como consignas la defensa de la democracia y de la soberanía. “Entendemos que conocimiento, ciencia, tecnología son componentes fundamentales de lo que es la soberanía de un país y hoy también está terriblemente amenazados”, dijo.

Deseó que la quinta marcha concentre a una multitud, porque “hay mucho por defender” y evaluó que “no es solamente la universidad en sí como institución, sino lo que ese sistema universitario genera para el desarrollo del país”.

Por Adunce, el secretario adjunto Marcelo Stipcich cambió el eje del reclamo y evitó referirse a la pérdida salarial para enfocarse en que se aplique la Ley de Financiamiento.

En ese sentido, expuso que junto con los gremios nucleados en Adunce, optaron por evitar “un recuento de las penurias que estamos pasando” pese a que “las situaciones, en algunos casos, de docentes es crítica”.

Y señaló que “ponemos el acento fuerte y ponemos la discusión en el cumplimiento de la ley, porque la verdad es que no sabemos cómo puede pasar en un país democrático que no se cumple una ley que fue promulgada con todos los puntos que debe tener una ley para ser promulgada”.

Como mensaje, expuso que “eso nos debería sorprender más de lo que nos sorprende” y remarcó que “quizá estamos normalizando que el Gobierno no haga las cosas que tiene que hacer”.

En cuanto a la situación salarial, Stipcich evaluó hasta parece injusto, “porque decir cuánto estamos perdiendo hasta ahora es empezar a compararnos con todo el resto de la sociedad que está perdiendo lo mismo. Un poco más algunos, un poco menos, pero estamos todos igual; estamos todos en el mismo tren, en un Gobierno que básicamente está haciendo un montón de cosas que le conviene económicamente para después compartirlas con un grupo de amigos que se queda con el agua, que se queda con la tierra, que se queda con la soberanía”.

En tanto, llamó a reflexionar sobre “cualquier empresa que esté aprovechando los conocimientos que genera Argentina para hacer dinero. Y hay un montón. La verdad que es una locura pensar en eso. Y ahí es que hablamos para esta marcha de defender la soberanía y la democracia”.

En tanto, insistió en que “pongamos el eje en donde tiene que estar, en donde una ley cuando es promulgada se debe cumplir, así como la cumplimos nosotros, así como tenemos que pagar el alquiler todos los meses o la factura de la luz o la cuota de lo que hayamos comprado”.

El representante de Atuncpba, Diego Jongewaard de Boer, definió que se trata de “un momento como de inflexión”, por lo cual consideró que “no solo tenemos que movilizarnos porque la educación pública en la Argentina está en riesgo” y apuntó que “es un momento como para convocar porque tenemos un adversario común, no solo la educación pública en Argentina, sino la salud, los jubilados, los discapacitados”.

El secretario general de los nodocentes convocó a unirse ante “un gobierno que que vino a esto, que dijo que venía a destruir la educación pública en la Argentina, a destruir la salud, a ir contra los estatales, contra el trabajo en Argentina. Entonces creo que es un momento para empezar a juntarnos, a unirnos y pensar también en el mañana”.

Por ATE, Hernán Gasparini, resaltó que “para nosotros es muy importante ser parte de esta discusión por lo que venimos padeciendo los estatales en todos los términos respecto de las políticas públicas que el Gobierno nacional viene llevando adelante”.

Y refrendó la importancia de poder transmitir a la comunidad “este mensaje de la necesidad de unidad para poder enfrentar el modelo que venimos padeciendo los trabajadores, las trabajadoras, los empleados públicos, es fundamental”.

Gasparini se enfocó en “la dimensión del daño que estamos recibiendo los laburantes y el daño que está recibiendo el desarrollo de las políticas públicas en términos nacionales, pero también en términos de lo que sucede en nuestra ciudad”.

Además, consideró que “de verdad” Javier Milei “es un topo que vino a destruir el Estado, en cuanto al ataque hacia las políticas públicas, y destruir el Estado es destruir nuestras vidas, nuestro futuro, nuestros proyectos, es destruir el proyecto de nuestros pibes y pibas, de los estudiantes, de las estudiantes. Entonces, me parece que poder plantear la necesidad de pensar en unidad, una resistencia clara, concreta, al daño que este Gobierno nacional viene siendo hacia nuestros estudiantes, hacia la salud, hacia la universidad, hacia la educación es fundamental”.

Poco después de la conferencia, ATE anunció un paro por 24 horas para el próximo jueves, en coincidencia con la marcha. Ante lo cual, Gasparini recalcó que “pensar el desarrollo de la ciencia y la tecnología sin un financiamiento concreto real a las universidades es imposible” y afirmó que en Tandil es palpable ese desarrollo que no podría concretarse en términos de infraestructura si se lo separa de la universidad.

En relación con el salario, informó que los trabajadores del Conicet “vienen sufriendo una pérdida del 47,5 por ciento en los últimos 3 años. Es otro convenio colectivo de trabajo, con lo cual el 20 por ciento que han recibido de aumento los docentes no lo recibieron”.

Por último, recalcó que “es imposible pensar el desarrollo científico y tecnológico sin financiamiento a las universidades y sin un presupuesto que acompañe lo que nuestros investigadores y lo que nuestra sociedad requiere y necesita”.

Al igual que sucede en otras ciudades del país, en Tandil también hay incertidumbre por el futuro de la delegación local de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA): desde la entidad plantearon que la oficina –que cuenta con un personal de 27 trabajadores entre militares y civiles- podría ser una sobre las que se proyecta su cierre. El número de trabajadores llega a 31 contando a los de Azul y Olavarría.

“Hay incertidumbre por la continuidad de la oficina. Ya hay una propuesta de que de casi 30 delegaciones van a quedar 13 que serían cabeceras, y Tandil está afuera. Quedaríamos  27 empleados entre civiles y militares sin trabajo”, expresó Rubén Chía, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), de la obra social.

La crisis en la obra social no es nueva, y los reclamos de trabajadores y afiliados se remontan por lo menos a dos años atrás e incluso más. El gobierno nacional anunció la disolución de Iosfa y su conversión en OSFA, un proceso que se formalizó a partir del pasado 1 de octubre. Sin embargo, todavía está pendiente el pago de la deuda de la obra social, estimada en unos 200 mil millones de pesos.

Las problemáticas más preocupantes son aquellas vinculadas al corte en las prestaciones, pero en el último tiempo se sumaron reclamos vinculados a la continuidad laboral de los trabajadores de la entidad.

La delegación Tandil cuenta con una cápita de alrededor de 3500 afiliados de la ciudad, entre miembros de Fuerzas Armadas y sus familias. Además, la oficina tiene jurisdicción sobre los 1500 afiliados de Azul y los 970 de Olavarría.

Recientemente, una vecina afiliada dialogó con El Eco y dio cuenta en primera persona del reclamo: hace dos años que espera por una prótesis de rodilla. Además, días atrás se confirmó el corte de la obra social en farmacias locales, aunque fue repuesto.

La vecina dio cuenta también de otros casos: afiliados que deben trasladarse a Mar del Plata u otras delegaciones para someterse a intervenciones complejas de salud.

“Estamos esperando que se reactive porque la realidad es que tenemos los reclamos de los afiliados. Cuando vienen acá es porque ya tienen el problema de salud. Nosotros le damos las indicaciones, le decimos lo que tienen que hacer para ser atendidos. Y no pueden ser atendidos porque no hay atención, está todo cortado”, sostuvo Chía. El delegado precisó que el corte de las prestaciones se remonta a un año y medio atrás.

Frente a la falta de respuesta de la obra social ante casos extremos, planteó el delegado, los afiliados deben iniciar amparos para acceder a prioridades de pago. Contó que si bien dichos amparos solían pagarse en tiempo y forma, a la fecha se realiza con demoras de hasta dos meses.

“La realidad es que en Tandil al estar todo cortado, los afiliados para hacerse una práctica compleja tienen que ir a Buenos Aires o a Mar de Plata. Acá en Tandil lo único que tiene para atenderse es el Hospital. No tenemos otra”, señaló.

“Esto es una incertidumbre. La realidad es que  no tenemos noticias  que nos bajen para saber qué es lo que va a pasar”, agregó.

El delegado dio cuenta también de otra situación que motivó movilizaciones de ATE a la casa central de OSFA a nivel nacional: el anuncio del cierre de establecimientos hoteleros y farmacias pertenecientes a la obra social.

Tras la medida de fuerza, los contratos de los trabajadores hoteleros se extendieron hasta el próximo 1 de diciembre. Sin embargo la incertidumbre se extiende también a los más de 500 trabajadores afectados. “No sabemos qué va a pasar”, concluyó.

Tandil fue una de las localidades de la Provincia donde se replicó el paro realizado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en reclamo por recomposición salarial y pase a planta permanente del personal de Provincia. 

Uno de los sectores en los que impactó la medida fue en el de los auxiliares de educación: de acuerdo a lo transmitido desde el propio gremio el acatamiento fue alto (superior al 85 por ciento), y muchas escuelas de la ciudad permanecieron cerradas.

“El principal reclamo  es por la pérdida del poder adquisitivo de nuestro salario. Ya es insostenible porque los compañeros han empezado a endeudarse y es muy difícil recuperarnos de esta pérdida de salario”, expresó Andrea Lezica, trabajadora auxiliar y parte de la comisión directiva de ATE Tandil y Benito Juárez, donde se desempeña como secretaria de Acción Social y responsable del área de Educación.

La dirigente gremial detalló que la problemática salarial se arrastra desde el año pasado y que la última propuesta presentada por el Ejecutivo provincial resultó insuficiente, al no alcanzar siquiera un punto porcentual de incremento real. Esta situación, sumada al contexto económico nacional, ha generado un escenario de vulnerabilidad extrema para los trabajadores del sector.

Lezica analizó el complejo panorama financiero que atraviesa la administración bonaerense y su impacto directo en los trabajadores: "A la Provincia, al no tener los recursos de Nación le hace muy difícil poder resolver la cuestión salarial de los trabajadores de la Provincia".

La suba de precios y el estancamiento de los ingresos  fueron parte de las argumentos para llevar adelante la medida de fuerza, en particular por el impacto de la realidad económica de los trabajadores estatales provinciales. Los auxiliares de educación a nivel local, señaló Lezica, no escapan a dicha realidad.

Según indicó la trabajadora, el salario promedio de los auxiliares -para una jornada de seis horas oscila- entre los 750 y 800 mil pesos, cifra que resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas de un hogar. "La realidad de los auxiliares es que no llegan a pagar ni siquiera lo básico, los impuestos o algunos compañeros que tienen que pagar el alquiler", afirmó.

La entrevistada destacó que muchos trabajadores se ven obligados a buscar empleos adicionales, acumulando dos o tres puestos laborales sin lograr, aun así, alcanzar una estabilidad económica mínima. "Es imposible", sentenció sobre la realidad que atraviesan los trabajadores del sector educativo.

Además de la recomposición salarial, ATE mantiene un reclamo histórico por el pase a planta permanente. Esta demanda se discute en mesas técnicas con la Provincia, buscando garantizar la estabilidad laboral de aquellos trabajadores que actualmente se desempeñan bajo modalidades similares a la de los docentes suplentes, dependiendo de listados con puntaje. "Es importante el pase a planta permanente para el trabajo seguro y la estabilidad de cada compañero en su lugar de trabajo", remarcó Lezica.

Sobre el desarrollo de la jornada de protesta, la dirigente enfatizó el respaldo de las bases: "El acatamiento del paro hoy, la verdad que fue muy importante. No tenemos los números definitivos pero fue arriba del 85 por ciento. Hoy los colegios están cerrados".

Finalmente, Lezica reconoció la angustia de los trabajadores, quienes solicitan profundizar las medidas de fuerza. No obstante, desde la conducción gremial buscan mantener un equilibrio para proteger a los empleados ante posibles descuentos salariales. 

"La situación de los compañeros es preocupante. Ellos nos piden que nosotros hagamos más horas o más días de paro, pero tratamos de cuidarlos. Vamos a seguir con medidas de fuerza y seguir en esta lucha hasta que podamos lograr algo", concluyó.

El calendario escolar y el funcionamiento de las dependencias estatales en la provincia de Buenos Aires se verán afectados este miércoles 7 de octubre debido a una jornada de protesta. La medida de fuerza, que se extenderá por 24 horas, es impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y sectores disidentes del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación (Suteba).

La conducción de ATE bonaerense confirmó formalmente la medida ante el ministro de Trabajo, Walter Correa. La notificación, que lleva las firmas del secretario general Claudio Arévalo y la adjunta Eliana Aguirre, detalla que el gremio realizará una movilización hacia la Legislatura en La Plata. Esta acción coincide con el tratamiento del Presupuesto 2027, instancia que el sindicato busca aprovechar para instalar su agenda de reclamos.

Desde la organización gremial explicaron que la protesta responde a la falta de una oferta salarial concreta tras la reunión paritaria del pasado 24 de septiembre. Entre los puntos centrales de su pliego exigen la creación de cargos para erradicar la precarización laboral, la continuidad de los pases a planta permanente, la regularización de becarios, la reapertura de la paritaria y la discusión de un convenio colectivo de trabajo.

En paralelo, la lista Multicolor de Suteba anunció un paro docente de 24 horas para la misma jornada en todo el territorio bonaerense. Esta medida forma parte de un plan de lucha que contempla movilizaciones y la participación en la Marcha Federal Educativa prevista para el 15 de octubre.

Los docentes disidentes fundamentan su reclamo en la crisis salarial y las condiciones laborales. Entre sus exigencias, destacan la necesidad de un salario equivalente a la canasta familiar, con un pedido específico de 1.700.000 pesos para el cargo de preceptor. Asimismo, solicitan la actualización de haberes, el cese de la violencia en los establecimientos educativos y una cobertura integral del IOMA, rechazando explícitamente los copagos.

Ante este escenario, se recomienda a las familias consultar en cada establecimiento educativo sobre el nivel de adhesión a la medida, ya que la coincidencia de ambas convocatorias impactará de manera directa en el dictado de clases y en la atención al público en diversas dependencias provinciales.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro de actividades de 24 horas para el miércoles próximo, con el objetivo de exigir la creación de los cargos necesarios para terminar con la precarización laboral en la administración pública bonaerense. 

La medida de fuerza se desarrollará en un contexto de tensión, ya que la paritaria salarial abierta con el Gobierno de Axel Kicillof aún no ha presentado una oferta concreta, lo que implica que los trabajadores no percibirán un aumento de sueldos en octubre.

Con esta protesta, el gremio busca profundizar una reivindicación histórica vinculada a las modalidades laborales vigentes en el estado provincial, donde un número significativo de agentes se desempeña bajo contratos o en planta transitoria, careciendo de estabilidad. El punto central del reclamo es la incorporación a planta permanente de quienes se encuentran bajo modalidades de contratación precarias, incluyendo a becarios y otros vínculos laborales que, según el sindicato, precarizan la tarea.

El sindicato, que lidera Claudio Arévalo, también demanda la incorporación de más personal en áreas críticas del Estado provincial, especialmente en sectores vinculados a la atención de las políticas públicas. La medida fue comunicada tras la reapertura de la paritaria bonaerense y antes de que comience formalmente la discusión del Presupuesto. En este sentido, la organización sostuvo que el Presupuesto bonaerense debe funcionar como “una herramienta para garantizar derechos, fortalecer el Estado y mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores”.

Además, ATE enfatizó que el presupuesto debe contemplar recursos para fortalecer la carrera administrativa y avanzar hacia la implementación de un Convenio Colectivo de Trabajo que establezca derechos, estabilidad y condiciones laborales claras. Durante la reunión paritaria realizada este jueves, el gremio reclamó una recomposición para recuperar el poder adquisitivo perdido y planteó que los salarios deben ser una de las prioridades del presupuesto provincial.

La organización sindical vinculó la situación de los trabajadores bonaerenses con el ajuste impulsado por el Gobierno nacional y reclamó que la Provincia destine recursos a sostener el empleo público. Asimismo, insistió en una mayor progresividad tributaria, con mayor presión sobre los sectores de mayor capacidad contributiva para financiar la recuperación salarial. 

El listado de demandas se completa con la conformación del Consejo del Salario Municipal y el pedido de boleto gratuito para trabajadores estatales de las áreas de Educación y Salud.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció que solicitará formalmente un examen médico para determinar si el presidente Javier Milei se encuentra en condiciones mentales aptas para ejercer su cargo. La iniciativa fue comunicada por el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, quien cuestionó el estado de salud del mandatario.

A través de su cuenta en la red social X, Rodolfo Aguiar argumentó que la salud del jefe de Estado no debe considerarse un asunto privado cuando está vinculada directamente a la capacidad para desempeñar funciones públicas. El dirigente sindical comparó la situación con los requisitos que se exigen a los empleados estatales.

“Los desequilibrios del presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que Javier Milei padece algún tipo de psicosis”.

En ese sentido, el secretario general de ATE señaló que resulta inaceptable que los trabajadores deban cumplir con numerosos requisitos, incluyendo un examen médico preocupacional, mientras que la máxima autoridad política del país queda exenta de este control. Rodolfo Aguiar advirtió que, de no encontrarse apto, las consecuencias jurídicas serían graves y muchos de sus actos deberían ser declarados nulos.

El dirigente aclaró que la intención no es acceder a información médica privada, sino garantizar la aptitud para el ejercicio de la función. Asimismo, propuso avanzar en una iniciativa legal que exija exámenes psicofísicos a todos los cargos electivos a partir del año que viene.

Cabe recordar que ATE no es la única entidad que ha manifestado inquietud por la salud del jefe de Estado. El 30 de julio, la vicepresidenta Victoria Villarruel expresó a través de sus redes sociales su preocupación por el hecho de que el presidente replique informaciones que calificó como insensateces e inventos, mencionando su inquietud por las persecuciones imaginarias que el mandatario suele replicar.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Tandil-Benito Juárez obtuvo un dictamen favorable del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires en el reclamo para que la totalidad del personal del Cementerio Municipal de Tandil sea alcanzado por el reconocimiento de tareas insalubres, independientemente de la función que desempeñe.

Se trata del Dictamen 915/2026, elaborado a partir de un pedido de aclaratoria presentado por el sindicato sobre los alcances de la Resolución 548/94 y el Decreto 1308/10, vinculados con la declaración de insalubridad de las tareas desarrolladas en el Cementerio Municipal.

La presentación se produjo luego de distintas audiencias entre ATE y el Ejecutivo municipal, en las que surgieron diferentes interpretaciones acerca de qué trabajadores debían quedar comprendidos por la normativa.

Según explicó el gremio, históricamente el reconocimiento se pretendió circunscribir a determinados trabajadores, particularmente a quienes integran la cuadrilla de sepultureros. ATE, en cambio, sostuvo que debía abarcar a todas las personas que trabajan en el lugar, incluidas las distintas cuadrillas y el personal administrativo.

En su análisis, el Ministerio de Trabajo señaló que los considerandos de la Resolución 548/94 hacen referencia al personal que desarrolla tareas dentro del Cementerio Municipal sin establecer diferencias según la actividad específica desempeñada.

El dictamen también reparó en el artículo primero de aquella resolución, que declaró insalubres las tareas desarrolladas por agentes municipales dentro del Cementerio. A partir de esos elementos, el organismo provincial sostuvo que “del propio cuerpo de la resolución surgiría la inclusión de la totalidad del personal ocupado en el Cementerio Municipal dentro de las tareas calificadas como insalubres”.

Además, indicó que no se advierte una distinción según la actividad específica de cada trabajador y consideró que la voluntad administrativa plasmada originalmente en la normativa habría sido alcanzar a todo el personal del sector.

De todos modos, el Ministerio introdujo una salvedad: aclaró que carece de facultades para realizar interpretaciones generales de las normas y que una eventual discusión sobre el alcance definitivo de la resolución deberá quedar reservada a la instancia judicial competente.

Desde ATE consideraron que el pronunciamiento representa un avance significativo en un reclamo que mantienen desde hace años y anticiparon que exigirán al Municipio que instrumente el reconocimiento de los beneficios vinculados con la insalubridad para todo el personal alcanzado.

“Estamos frente a un logro muy importante para las trabajadoras y los trabajadores municipales de Tandil”, expresó el secretario general, Hernán Gasparini.

El dirigente destacó que el sindicato llevó el reclamo ante el Ministerio y obtuvo “un dictamen favorable que respalda la inclusión de la totalidad del personal del Cementerio, sin distinguir entre sepultureros, mantenimiento o administrativos”.

“Ahora vamos a exigir que el Municipio cumpla y que ningún trabajador quede afuera de los beneficios que corresponden por insalubridad”, afirmó Gasparini.

Por su parte, el secretario gremial de ATE, Ariel Lappano, sostuvo que el pronunciamiento “confirma lo que ATE viene sosteniendo: la insalubridad no puede quedar limitada arbitrariamente a una determinada cuadrilla”.

“El Ministerio analiza la propia resolución y sostiene que la voluntad administrativa expresada habría sido abarcar a todo el personal del sector. Ahora corresponde que el Municipio dé cumplimiento efectivo a ese derecho”, concluyó Lappano.

ATE adelantó que continuará con las gestiones para que ningún trabajador o trabajadora del Cementerio Municipal quede excluido de los beneficios previstos por la normativa vigente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional y una movilización para este martes 8 de septiembre a las 13 a la sede central del PAMI, ubicada en avenida Corrientes 655, en el centro porteño. La medida, que contará con una paralización de actividades en dependencias del organismo de todo el país, busca denunciar la profunda crisis que atraviesa la obra social de los jubilados.

Desde el sindicato informaron que el PAMI mantiene una deuda con prestadores superior a los 500.000 millones de pesos y enfrenta serias dificultades para garantizar la atención a sus más de 5 millones de afiliados. Asimismo, denunciaron que los salarios de los trabajadores se encuentran por debajo del valor de la canasta básica.

“Más de cinco millones de jubilados son víctimas y rehenes de quienes están haciendo negocios a costa de su salud”, afirmó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien además es trabajador del organismo. El dirigente sostuvo que el vaciamiento de la obra social no tiene precedentes y advirtió sobre el deterioro constante en la atención a jubilados y pensionados. En este sentido, Aguiar aseguró que “en los últimos dos años murieron 45.000 adultos mayores más de los esperados por la falta de medicamentos y de prestaciones”, basándose en cifras difundidas por el gremio.

El conflicto se desarrolla en un contexto de cambios en la conducción del organismo. Recientemente se confirmó la salida de Juan Cruz Montero de la coordinación ejecutiva del PAMI, quien será reemplazado por Verónica Gabriela Pérez. A su vez, se produjo la salida de Florencia Zicavo de la sindicatura, sin que hasta el momento se haya oficializado su reemplazo.

Por otro lado, ATE vinculó los problemas financieros con la eliminación del Impuesto PAIS, tributo que destinaba una porción de su recaudación al organismo. Según datos del sindicato, de los 2,8 billones de pesos que el PAMI hubiera recibido, el Tesoro Nacional solo compensó 0,9 billones hasta julio de este año. “Hay un riesgo cierto de que desaparezca una de las obras sociales más grandes, prestigiosas y solidarias de Latinoamérica. Mientras los funcionarios cobran sueldos millonarios, los salarios de los trabajadores se encuentran congelados”, indicaron.

Finalmente, Aguiar anticipó que, de no recibir respuestas por parte de las autoridades, el gremio profundizará las medidas de fuerza. “Después de haber aportado durante toda su vida, a los jubilados no se les puede vulnerar su derecho de acceder al sistema de salud. Por eso hemos decidido parar en todo el país y movilizarnos a la sede central del PAMI”, concluyó el dirigente.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) le solicitó formalmente al gobernador bonaerense Axel Kicillof la reapertura de las negociaciones salariales para el último tramo del año. El pedido se formalizó tras la percepción del último incremento acordado, que fue del 5% y correspondió al mes de agosto.

El sindicato presentó una nota dirigida al Director de Negociación Colectiva del Ministerio de Trabajo, Juan Pablo Lorenzo. En el documento, se reclama la reapertura de la paritaria de manera urgente con el objetivo de alcanzar un nuevo acuerdo salarial para el último cuatrimestre.

Cabe recordar que el entendimiento previo entre el Gobierno provincial y los estatales contempló una actualización acumulada del 7%, compuesta por un aumento del 5% para los salarios de julio y un 2% adicional en agosto. Dicho acuerdo incluyó una cláusula de revisión que es la que el gremio busca activar en la actualidad.

En la presentación, ATE argumentó que el contexto económico nacional y las restricciones sobre las cuentas provinciales repercuten directamente en los trabajadores. El gremio cuestionó el esquema fiscal impulsado por el presidente Javier Milei, señalando que el recorte de transferencias hacia las provincias impacta sobre las finanzas bonaerenses y, en consecuencia, sobre las condiciones de vida de los empleados públicos.

A este escenario, el sindicato sumó los incrementos registrados en tarifas y servicios esenciales, tales como transporte, electricidad, gas y agua. Según la organización, estos aumentos profundizaron el deterioro del poder adquisitivo. “La defensa del salario y de las condiciones de vida de los trabajadores debe constituir una prioridad”, sostuvo el gremio en la carta enviada al gobierno provincial.

Asimismo, ATE advirtió sobre el “gravísimo nivel de endeudamiento” en las familias, señalando que el crédito ha dejado de utilizarse para capitalizarse o proyectar mejoras, convirtiéndose en una herramienta para afrontar gastos básicos como el alquiler, los servicios o la alimentación. Ante esta situación, el sindicato instó a realizar los mayores esfuerzos posibles para recuperar el poder adquisitivo y solicitó que la mesa paritaria sea convocada durante septiembre para evitar dilaciones.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llevará adelante este jueves un paro total de actividades y una movilización hacia el Ministerio de Defensa. La medida tiene como objetivo central reclamar mejoras salariales y laborales para el personal civil de las Fuerzas Armadas, además de brindar respaldo a las demandas de los trabajadores militares. La jornada de protesta alcanza a administrativos, técnicos, docentes civiles y empleados de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).

Según informó el gremio liderado por Rodolfo Aguiar, la acción busca visibilizar el deterioro de los ingresos del sector y exigir la reapertura de las negociaciones paritarias. La organización sindical advirtió que la pérdida del poder adquisitivo repercute directamente en el funcionamiento de diversas áreas vinculadas con la defensa y la seguridad: “El 99% de los trabajadores de las Fuerzas Armadas son pobres y se encuentran endeudados. La situación no da para más. Por eso tomamos esta medida extrema”.

El secretario general de ATE señaló que los salarios actuales resultan insuficientes para afrontar los gastos de alimentación, alquiler, servicios y otras obligaciones familiares. El sindicato detalló que el salario del personal civil se establece mediante una Unidad Retributiva que se actualiza en paritarias, pero existen categorías con salarios básicos cercanos a los 402.396 pesos. Esta situación, según el gremio, ha derivado en un incremento del endeudamiento y en un aumento de las licencias por situaciones de depresión, angustia y agotamiento.

Otro de los ejes de la movilización es la situación financiera de la Obra Social de las Fuerzas Armadas. El gremio denunció su desfinanciamiento y reclamó una investigación sobre una deuda que, de acuerdo con sus relevamientos, supera los 223.000 millones de pesos.

Asimismo, la protesta expresa el rechazo al cierre de la Base Aeronaval Punta Indio, anunciado por el Gobierno nacional. Según ATE, la medida pone en riesgo más de 180 puestos de trabajo civiles y unos 250 efectivos militares. El intendente de Punta Indio, David Angueira, cuestionó el Plan Dédalo implementado por el ministro de defensa, Carlos Presti, debido al impacto económico local: “De concretarse el traslado a Bahía Blanca, dentro de nuestra economía regional dejarían de circular más de 500 millones de pesos mensuales por la ida de la base”.

La movilización se desarrollará un día después de que ATE rechazara la última propuesta salarial del Gobierno nacional, que contempla aumentos del 1,7% mensual entre septiembre y diciembre, mientras que la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aceptó la oferta.

Una vez más, el aumento dispuesto en la paritaria de los trabajadores estatales dividió a los sindicatos del sector público. En la reunión convocada este martes por el Gobierno, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aceptó la propuesta oficial de un incremento de 6,8%, más un bono de 80.000 pesos, para el período septiembre-diciembre, pero la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la oferta y anunció inminentes medidas de fuerza por considerarla insuficiente.

En la audiencia entre las partes, realizada en la Dirección de Análisis de las Relaciones Laborales del Sector Público, en 25 de Mayo 633 de Capital, se anunciaron las mejoras para los empleados de la administración pública nacional que consisten en aumentos de 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, además de una suma fija de 80.000 pesos no remunerativa por única vez para el último mes del año.

En las redes sociales, la UPCN, que lidera Andrés Rodríguez, informó sobre el acuerdo alcanzado con el Gobierno y destacó que el incremento acumulado para el período junio-diciembre 2026 asciende al 14,08%. Sin embargo, ATE, que dirige Rodolfo Aguiar, rechazó el aumento y anunció que convocará en las próximas horas a un plenario federal de delegados para definir nuevas medidas de fuerza ante lo que considera otro recorte del salario estatal.

Según ATE, desde la asunción de Javier Milei la pérdida del poder adquisitivo en la administración pública nacional, bajo el convenio colectivo de trabajo 214/06, supera el 44%. El sindicato remarcó que las paritarias a la baja fueron rechazadas de manera sistemática por esa organización y aceptadas por UPCN.

Milei está más cerca de lograr la paritaria cero que la inflación cero. Con la ayuda de UPCN, el Presidente cumple lo que dijo y sigue recortando los salarios en el sector público; después de la firma, deben estar festejando juntos, afirmó Aguiar.

El sindicalista señaló que la negociación es inaceptable porque vuelve a combinar aumentos por debajo de la inflación con bonos por única vez en diciembre. Aguiar anticipó que el plenario federal de delegados evaluará un plan de acción para aumentar la presión sobre la administración libertaria.

Por su parte, la secretaria adjunta del sindicato, Mercedes Cabezas, sostuvo:

Seguimos insistiendo en que el ofrecimiento del Gobierno es miserable y por eso rechazamos la oferta. No representa ningún aumento significativo en los salarios de las y los trabajadores, que encima hoy están endeudados para poder comer. Están sobreviviendo, y lo que queremos es que puedan vivir de manera digna.

En la audiencia oficial, ATE exigió una suma fija de 400.000 pesos para establecer un nuevo piso salarial y la apertura de los convenios colectivos de trabajo, en especial los del personal civil y docente de las Fuerzas Armadas, la obra social IOSFA, el SINEP y los profesionales de la salud.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) difundió el informe “La deuda es con lxs trabajadorxs”, un relevamiento que analiza las condiciones laborales y económicas de trabajadores y trabajadoras estatales y su impacto en la vida cotidiana. El estudio fue realizado a partir de una encuesta desarrollada entre abril y julio de este año y reunió 1.033 respuestas.

El trabajo, al que tuvo acceso El Eco, indaga sobre los vínculos entre salarios, multiempleo, endeudamiento, condiciones de vida, tareas de cuidado, salud mental y participación política y comunitaria. Desde ATE Tandil–Juárez consideraron que los resultados permiten dimensionar cómo la insuficiencia de los ingresos repercute sobre los hogares de los trabajadores.

Uno de los principales datos del informe indica que el 87% de las personas encuestadas tiene deudas vigentes. Entre quienes se encuentran endeudados, el consumo cotidiano —como alimentos, ropa y bienes de uso— aparece como el principal destino del crédito, seleccionado por más del 60% de los participantes. También se destacan el pago de tarjetas de crédito, con un 56,5%, y el pago de deudas contraídas previamente, con un 42,2%.

En cuanto a las entidades acreedoras, el 89% señaló a los bancos emisores de tarjetas de crédito, mientras que un 46% mencionó préstamos personales bancarios. Además, casi el 73% de los hogares endeudados tiene compromisos con dos, tres o más entidades simultáneamente.

El relevamiento también expone dificultades para afrontar los compromisos asumidos. Casi el 52% manifestó estar atrasado con el pago de sus deudas, y dentro de ese grupo casi la mitad aseguró haber recibido contactos del área de cobranzas mediante correos electrónicos, llamados telefónicos, WhatsApp o redes sociales.

Otro de los ejes del estudio es el crecimiento del multiempleo. Aunque más del 95% de las respuestas indica que el trabajo estatal constituye la principal actividad laboral, el 55,4% afirmó tener al menos otro empleo, porcentaje que llega al 56% entre las mujeres.

El informe señala además que el 57% declaró haber tenido que sumar horas de trabajo durante los últimos dos años. Entre las estrategias utilizadas para ampliar los ingresos aparecen las ventas y reventas de productos a través de plataformas digitales, las ventas en ferias, la docencia y las actividades profesionales.

En este escenario, las jornadas laborales también se extendieron. El 33,7% de las mujeres encuestadas trabaja entre ocho y doce horas diarias y un 10,3% supera las doce horas. En los varones, esos porcentajes son del 29,5% y el 10%, respectivamente.

A esta carga se suma el trabajo no remunerado dentro de los hogares. Casi el 80% de las mujeres manifestó realizar tareas de cuidado de niños, adolescentes o adultos mayores, frente al 71% de los varones. El informe sostiene que esta distribución desigual genera una sobrecarga que también repercute sobre el bienestar, el tiempo libre y las posibilidades de participación comunitaria y política.

El endeudamiento también se traduce en cambios concretos en los hábitos de los hogares. La estrategia más mencionada para evitar contraer nuevas deudas o reducir las existentes fue dejar o disminuir actividades recreativas, con el 79,3% de las respuestas.

Le siguieron reducir alimentos o reemplazarlos por opciones más económicas, con el 73%, y utilizar tiempo propio para realizar tareas que anteriormente se delegaban, con el 57,4%. Además, un 46,8% indicó que aumentó sus horas de trabajo como estrategia para afrontar la situación económica.

El informe también registra que un 37% optó por atrasar el pago de servicios como luz, gas o internet, mientras que un 28,2% manifestó haber interrumpido tratamientos, terapias o medicación y un 22,9% declaró haber vendido bienes del hogar.

Uno de los capítulos centrales del relevamiento está vinculado con las consecuencias de estas transformaciones sobre la salud mental. El 85,4% de quienes respondieron la encuesta manifestó haber experimentado un deterioro en su salud mental durante el último año.

Entre quienes señalaron afectaciones, los síntomas más frecuentes fueron ansiedad (73,4%), angustia (65,2%) y agotamiento (64,5%). También se registraron desánimo, con un 60,8%, e insomnio, con un 55,5%.

A su vez, el 73,4% afirmó que el incremento de la jornada laboral remunerada y/o el multiempleo impactó sobre su red afectiva y grupal.

La extensión de las jornadas también aparece vinculada con un menor nivel de participación comunitaria y política. El informe señala que, entre quienes previamente participaban de algún espacio colectivo, el 43% actualmente participa menos y el 19,5% dejó de hacerlo. Entre los factores mencionados aparecen el cansancio físico y mental, la falta de tiempo, la superposición de horarios, las dificultades económicas y las responsabilidades de cuidado.

En sus conclusiones, el estudio plantea que existe una relación entre la intensificación del trabajo remunerado, el endeudamiento, el deterioro de la salud mental y el debilitamiento de los vínculos comunitarios. Según el documento, el salario ya no garantiza por sí solo la estabilidad económica de numerosos hogares, lo que lleva a recurrir al multiempleo, extender las jornadas y modificar los usos del tiempo.

Desde ATE Tandil–Juárez remarcaron que el informe constituye un aporte para visibilizar esta problemática y señalaron que los resultados permiten observar cómo las dificultades de ingresos y el endeudamiento trasladan parte del peso del ajuste hacia el interior de los hogares trabajadores.

El propio informe aclara que la encuesta fue autoadministrada y de participación voluntaria, por lo que sus resultados no pretenden establecer causalidades ni constituir una muestra representativa del conjunto de los trabajadores estatales. El documento busca, según sus autores, ofrecer un panorama sobre las tensiones actuales entre empleo, deuda y calidad de vida.

Representantes de diversas organizaciones gremiales y sociales de la ciudad realizaron una conferencia de prensa denominada “Paz, Pan y Trabajo”. El encuentro tuvo como objetivo primordial visibilizar la realidad que atraviesan los sectores laborales y denunciar lo que definieron como un modelo de desmantelamiento de la estructura estatal y sus políticas públicas.

Los dirigentes analizaron las consecuencias de los despidos masivos, la erosión de los salarios frente a la inflación y el retiro del Estado nacional en áreas sensibles como la salud, la discapacidad y la niñez, lo que plantea un escenario de extrema vulnerabilidad para las familias de la región.

Hernán Gasparini, referente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), inició su exposición remarcando que el sector atraviesa dos cuestiones fundamentales: el desguace institucional y las políticas de ajuste que lleva adelante el Gobierno nacional. El dirigente subrayó que el impacto no se limita solo a Tandil, sino que se extiende a todo el territorio argentino. Según Gasparini, los trabajadores estatales han padecido más de 70.000 despidos, lo que representa un golpe no solo para las familias afectadas, sino también para la ejecución de políticas territoriales.

Respecto a la situación económica de los empleados públicos, el dirigente fue contundente al señalar que atraviesan una realidad de "salarios de hambre”. Estimó que la pérdida del poder adquisitivo en los últimos dos años y medio ha superado el 30 por ciento en términos generales, lo que afecta desde docentes hasta administrativos. "La verdad es que la pérdida de los salarios de los trabajadores del Estado ha sido tremenda y probablemente hayan sido los más perjudicados con este modelo", afirmó el representante de ATE.

Gasparini también puntualizó sobre el corrimiento del Estado nacional en áreas estratégicas. Mencionó de manera específica la situación de la atención a la discapacidad y la desarticulación de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en Tandil. El dirigente calificó como "nefasta" la falta de líneas de acción claras, y ejemplificó que se publicó en el Boletín Oficial un manual de intervención que los trabajadores del área esperaron durante dos años y medio.

Por su parte, Valeska Galaz, representante de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), recordó que se cumplen diez años de la primera movilización bajo la consigna de pan, paz, tierra, techo y trabajo. Para la dirigente, esta fecha tiene una carga simbólica fundamental, ya que permitió en su momento la creación del salario social complementario, un ingreso que, según denunció, le ha sido quitado a los trabajadores del sector. Galaz resaltó que estas consignas "hoy más que nunca siguen vivas" frente a las políticas que atacan la organización popular.

La referente de la economía popular precisó que en Tandil cerca de mil trabajadores percibían el salario social complementario, al que calificó como una herramienta que venía a dignificar el trabajo que ya se realizaba en el entramado social para sostener la ausencia del Estado. Sostuvo que el sector se encuentra "totalmente destrozado" por la pérdida de estos ingresos, lo que afecta no solo a los trabajadores directos, sino al consumo en el mercado local y a la dinámica comercial de la ciudad.

En su intervención, Galaz destacó: "En la frase paz, pan y trabajo, entendemos y sostenemos que está la esencia de lo que es un proyecto de país". Asimismo, enfatizó que "esta fecha no es de los movimientos, es de todos los trabajadores", llamando a la sociedad a reconocer que el pueblo trabajador es el motor que sostiene la estructura del país.

La dirigente de la UTEP también alertó sobre la situación local del espacio “Vientos de Libertad”, que se encuentra en peligro de cerrar debido a que la Municipalidad de Tandil no estaría respetando los convenios vigentes, lo que dejaría sin contención a jóvenes de los barrios y sin ingreso a sus trabajadores.

Finalmente, Diego De Boer, en representación de la CGT y del sindicato de trabajadores de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Atuncpba), reafirmó el compromiso con los conceptos de soberanía y justicia social. El dirigente coincidió en que el país atraviesa una situación compleja donde el Gobierno nacional "quiere entregar nuestra soberanía".

De Boer manifestó la necesidad de unirse para enfrentar lo que consideró un modelo en las antípodas del pensamiento nacional y popular, que no busca dignificar a quienes producen. Desde el ámbito universitario, el referente gremial detalló que los trabajadores de la Unicen han perdido alrededor del 50 por ciento de su salario en los últimos dos años y medio.

Ante este panorama, informó que el Frente Universitario está desarrollando un plan de lucha que incluirá diversas actividades la semana próxima en conjunto con los gremios docentes. "Es un gobierno que vamos a tener que enfrentar y para eso tenemos que estar todos organizados y buscar las maneras en cómo vamos a organizar esa lucha", concluyó De Boer, instando a que la unidad se exprese con fuerza en las calles de la ciudad.

La CTA confirmó a El Eco que este jueves participará de la jornada de protesta convocada en todo el país contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno nacional. La decisión fue ratificada luego de que el oficialismo retirara del texto el artículo que ampliaba los límites para la venta de tierras a extranjeros, en un intento por reunir apoyos para su tratamiento en el Senado.

Desde las centrales sindicales remarcaron que la modificación no altera los motivos de la protesta, ya que el proyecto mantiene otros aspectos que consideran regresivos. En ese marco, la convocatoria en Tandil continúa bajo la consigna "La Argentina no está en venta", con la participación de organizaciones sindicales, sociales, políticas, estudiantiles, culturales y vecinos.

A nivel nacional, la CGT, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y organizaciones sociales como la UTEP confirmaron que sostendrán la movilización frente al Congreso. Desde la conducción cegetista señalaron que "se sostiene la movilización", mientras que otros sectores sindicales argumentaron que el proyecto aún incluye artículos que habilitan desalojos exprés para inquilinos, comunidades indígenas y campesinos, limitan la capacidad del Estado para realizar expropiaciones y modifican la legislación sobre el manejo del fuego, permitiendo la venta de tierras incendiadas.

En Tandil, la CTA de los Trabajadores había convocado a la comunidad a sumarse a la manifestación en defensa de la soberanía nacional y en rechazo a las políticas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, al considerar que afectan derechos sociales, laborales y el patrimonio del país.

El proyecto será debatido este jueves en el Senado, donde el oficialismo resolvió eliminar el capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros para intentar destrabar la sesión. Sin embargo, el resto del articulado continúa generando un fuerte rechazo entre las centrales obreras y distintos sectores sociales, que consideran que la iniciativa implica un retroceso en materia de derechos y de capacidad de intervención del Estado.

En ese contexto, la movilización prevista en Tandil se desarrollará en sintonía con las protestas convocadas en distintos puntos del país para expresar el rechazo al proyecto de ley y reclamar que no avance su aprobación.

En el marco de una nueva jornada de protesta nacional, el secretario general de ATE Tandil, Hernán Gasparini, explicó los motivos que llevaron al sindicato a convocar a un paro de actividades. Según detalló, la medida responde a una situación salarial crítica para los trabajadores estatales, quienes han registrado incrementos inferiores al 5 por ciento en los últimos cuatro meses. Además, el dirigente subrayó que el conflicto no es solo económico, sino que también denuncia un "corrimiento del Estado" en áreas fundamentales para el desarrollo social.

Consultado sobre el impacto de la medida en la región, Gasparini señaló que la adhesión es significativa tanto en el ámbito nacional como provincial. "Hoy se adhieren los afiliados tanto en el Estado nacional como en el provincial", afirmó. Respecto a organismos específicos como Anses y PAMI, el dirigente aclaró que, si bien son dependencias donde ATE tiene una fuerte representación, el desarrollo de la jornada dependerá del relevamiento que realicen los delegados en cada sector durante la mañana.

El paro también cuenta con la participación de auxiliares y porteros de establecimientos educativos, un sector que, según indicó el referente gremial, se suma a la protesta en conjunto con los docentes nucleados en Suteba. En este sentido, Gasparini calificó como "anticonstitucional" el planteo del gobierno nacional sobre la obligatoriedad de presencialidad docente, considerándolo una ilegalidad que agrava el descontento en el sector educativo.

Durante la entrevista, Hernán Gasparini hizo referencia a un reciente encuentro con el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Trabajo bonaerense, donde participaron representantes de la CTA de los Trabajadores y diversos secretarios generales de ATE del país. En dicho cónclave, se discutió la visión sobre el rol del Estado y la difícil tarea que enfrentará cualquier gestión futura para restituir derechos que, según el dirigente, están siendo vulnerados por la actual administración nacional.

En el plano local, Gasparini aprovechó la instancia para exponer ante las autoridades provinciales la situación de los trabajadores estatales en Tandil. "Pude plantear al gobernador que hay un desconocimiento por parte del gobierno municipal respecto del dictamen que el Ministerio de Trabajo plantea sobre nuestra participación en las negociaciones paritarias", sostuvo. Asimismo, insistió en la necesidad de aplicar los descuentos por insalubridad a los trabajadores del cementerio, un reclamo histórico que cuenta con respaldo normativo pero que aún no ha sido resuelto.

Hacia el final de la charla, el secretario general de ATE Tandil anticipó las próximas jornadas de lucha que se organizan junto a otros sindicatos y organizaciones sociales. El 6 de agosto se prevé una concentración en el centro de la ciudad en rechazo a la denominada "Ley de tierras", la cual, según el dirigente, facilita la extranjerización de zonas estratégicas y periglaciales bajo un discurso de inviolabilidad de la propiedad privada que ya se encuentra garantizado en la Constitución.

Finalmente, Gasparini anunció que para el 7 de agosto, en el marco de la festividad de San Cayetano, se llevará a cabo una conferencia de prensa. "Es importante empezar a construir una alternativa diferente para los laburantes, para los trabajadores y trabajadoras, no solamente del Estado, sino también de la actividad privada que vienen padeciendo una situación extremadamente compleja", concluyó el dirigente sindical.