Julio llegará con una nueva actualización de precios regulados y servicios esenciales que impactará en los presupuestos familiares, con aumentos en el transporte público, las cuotas de medicina prepaga, los alquileres, los colegios privados y los servicios públicos.

Las subas se implementarán luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara una inflación del 2,1 por ciento correspondiente a mayo, y sobre esa referencia se activarán distintos mecanismos de actualización tarifaria previstos tanto por organismos públicos como por contratos del sector privado.

De esta manera, aquellos que alquilaron bajo la Ley de Alquileres deberán afrontar en julio subas cercanas al 31,54 por ciento anual en los valores a pagar, a partir del Índice de Contratos de Locación (ICL), que realiza el Banco Central (BCRA) sobre la base de la inflación y los salarios, mientras que quienes ajustan por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), tomarán como referencia la inflación acumulada ya sea trimestral 8,1 por ciento; cuatrimestral 11; o semestral con el 16,7.

Los usuarios del transporte público en la provincia de Buenos Aires enfrentarán un aumento del 4,1 por ciento a partir del 1 de julio, por lo que el boleto de colectivo mínimo pasará a costar 1.057,25 pesos.

Este aumento en el boleto de colectivo, que regirá por doce meses, se basará en el mecanismo de actualización de tarifas que sigue la inflación más un adicional de dos puntos porcentuales, y según la administración nacional, “el ajuste tiene como objeto garantizar la continuidad y regularidad de los servicios, mejorar la calidad así como las condiciones en la prestación de los mismos”, en tanto que se mantendrá el descuento del 55 por ciento para quienes tengan la tarifa social, jubilados, pensionados y otros grupos que perciben ayuda de Anses.

En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, los viajes de hasta tres kilómetros pasarán a costar 822,18 pesos y en cuanto al subte, el boleto subirá de 1.558 a 1.621 pesos con SUBE registrada, mientras que quienes no tengan la tarjeta nominalizada deberán abonar 2.541 pesos.

Por el lado de la salud, al menos cinco empresas de medicina prepaga ya notificaron a sus clientes las subas previstas para las cuotas de julio de este año, que en la mayoría de los casos serán superiores a la inflación, ya que los incrementos estarán en torno al 2,9 por ciento, luego de que el sector volviera a estar desregulado tras el acuerdo realizado el 27 de mayo entre las empresas representantes del sector y el Gobierno nacional.

En cuanto a las tarifas, las facturas de luz del AMBA registrarán un nuevo ajuste en julio, en línea con el esquema de actualización mensual que aplican Edenor y Edesur en base a los índices de precios, por lo que la actualización del servicio eléctrico de junio a pagarse en julio tendrá una suba promedio del 1,5 por ciento.

Asimismo, las facturas de gas registrarán un aumento promedio del 2,81 por ciento en todo el país, en un mes de mayor consumo por la estacionalidad invernal, al tiempo que las facturas de agua y cloacas de AySA subirán tres puntos para los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano bonaerense. NA

Como ocurre cada mes, el inicio de julio llegará con una serie de ajustes en los precios regulados y servicios esenciales que impactarán directamente en los presupuestos familiares. Estas subas se producen luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara una inflación del 2,1% correspondiente a mayo, cifra que sirve de referencia para activar los mecanismos de actualización tarifaria previstos por organismos públicos y contratos del sector privado.

Entre los incrementos más destacados se encuentran los vinculados al transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde los boletos de colectivos y subtes ajustarán sus valores. Asimismo, se aplicarán actualizaciones en las tarifas de los servicios públicos, mientras que los usuarios de medicina prepaga y los inquilinos con contratos vigentes enfrentarán nuevas subas.

Si bien la administración del presidente Javier Milei derogó la Ley de Alquileres mediante el decreto de necesidad y urgencia (DNU) n° 70/2023, los contratos en curso deben respetarse hasta su vencimiento. Aquellos que alquilaron bajo la normativa anterior deberán afrontar subas cercanas al 31,54% anual a partir del Índice de Contratos de Locación (ICL), elaborado por el Banco Central (BCRA). Por otro lado, quienes ajustan por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tomarán como referencia la inflación acumulada, ya sea trimestral del 8,1%, cuatrimestral del 11% o semestral del 16,7%.

En cuanto al transporte, los usuarios de la provincia de Buenos Aires enfrentarán un aumento del 4,1% desde el 1° de julio. El boleto mínimo de colectivo pasará a costar $1.057,25, mientras que el tramo de 3 a 6 km tendrá un valor de $1.189,39. Los recorridos de 6 a 12 kilómetros costarán $1.321,55 y aquellos de 12 a 27 kilómetros llegarán a $1.585,89. Según la administración nacional, el ajuste busca garantizar la continuidad y calidad del servicio. Cabe destacar que los beneficiarios de la tarifa social, jubilados y pensionados mantendrán el descuento del 55%.

En la Ciudad de Buenos Aires, los viajes de hasta 3 kilómetros costarán $822,18. Por su parte, el subte subirá a $1.621 para quienes utilicen la tarjeta SUBE registrada, mientras que el valor para quienes no la tengan nominalizada será de $2.541. La tarifa social quedará en $567 y la estudiantil en $226.

El sector de la medicina prepaga vuelve a estar desregulado tras el acuerdo alcanzado el 27 de mayo entre las empresas y el Gobierno nacional. Al menos cinco compañías ya notificaron a sus clientes aumentos para julio en torno al 2,9%. En la comparación interanual, el alza alcanza el 29,5% en la Argentina y el 29,8% en el Gran Buenos Aires.

En el rubro de servicios, las facturas de luz en el AMBA registrarán una suba promedio del 1,5% para los clientes de Edenor y Edesur. Las facturas de gas, en tanto, tendrán un aumento promedio del 2,81% en todo el país. Por último, las tarifas de agua y cloacas de AySA subirán un 3% para los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano bonaerense, manteniendo vigentes las tarifas sociales para los sectores de menores recursos.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó nuevos aumentos en las tarifas de electricidad que comenzarán a regir desde el próximo 1° de junio y alcanzarán tanto a las distribuidoras eléctricas como a las cooperativas del interior bonaerense. Además, también se actualizarán las tarifas del servicio de gas natural.

La medida fue oficializada a través de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial y contempla la incorporación de los nuevos precios mayoristas definidos por la Secretaría de Energía de la Nación, además de una actualización transitoria del Valor Agregado de Distribución (VAD).

Según el análisis realizado por la Agencia DIB, para los usuarios residenciales sin subsidios el cargo fijo de la factura eléctrica aumentará entre un 6% y un 7%, dependiendo del nivel de consumo, mientras que el cargo variable tendrá una suba cercana al 8%.

En tanto, los usuarios alcanzados por el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) también sufrirán incrementos. En esos casos, el cargo fijo aumentará alrededor de un 7,5% y el cargo variable llegará a un 11%.

Las nuevas tarifas alcanzarán a las empresas EDELAP, EDEA, EDEN y EDES, además de unas 200 cooperativas eléctricas del interior de la provincia. La actualización fue calculada por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA).

Por otra parte, el Gobierno nacional también aprobó nuevos cuadros tarifarios para el servicio de gas natural, que impactarán tanto en Metrogas como en Camuzzi, empresa que presta servicio en gran parte del territorio bonaerense.

Las resoluciones nacionales mantienen el esquema de subsidios vigente para hogares incluidos en el SEF. En el caso del gas, continuará durante junio la bonificación extraordinaria del 25% para usuarios de menores ingresos, mientras que en electricidad la bonificación adicional será del 11,97%.

Además, continuará vigente el límite de consumo subsidiado de 300 kWh mensuales para usuarios residenciales beneficiarios del esquema de asistencia estatal. Todo consumo que supere ese tope será facturado a tarifa plena.

Los aumentos en los servicios públicos se sumarán a otros incrementos previstos para junio, como transporte, prepagas y colegios privados, en un contexto de presión sobre el índice de inflación.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo aumento en las tarifas de energía eléctrica que comenzará a regir desde junio. La medida, formalizada mediante la Resolución 399/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, impactará en usuarios residenciales, comercios, industrias, clubes de barrio y grandes consumidores.

Según explicaron desde el Ejecutivo provincial, el esquema combina la actualización de los precios mayoristas fijados por la Secretaría de Energía de la Nación para el período mayo-julio de 2026 y un ajuste en el Valor Agregado de Distribución (VAD). El recálculo alcanza a las distribuidoras EDELAP, EDEA, EDEN y EDES, junto a cooperativas eléctricas y áreas de distribución Río de la Plata, Atlántica, Norte y Sur.

Desde la Subsecretaría de Energía bonaerense precisaron que el impacto en las boletas residenciales será de entre el 6 y el 14 por ciento, según el nivel de subsidio. Un hogar sin subsidios que pagó 50.500 pesos en mayo, pasará a abonar cerca de 53.600 pesos. Por su parte, un usuario subsidiado que recibió una factura de 31.800 pesos, pasará a pagar aproximadamente 36.350 pesos.

El ajuste responde a la quita de subsidios nacionales y a la implementación del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Decreto nacional 943/2025. Este sistema establece un tope subsidiado de 300 kWh mensuales para los meses de mayo, junio, julio, agosto, diciembre, enero y febrero, mientras que el límite bajará a 150 kWh en marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre. Todo consumo excedente perderá la bonificación.

Desde el Ejecutivo bonaerense remarcaron que la fijación del precio mayorista es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional, por lo que las decisiones del gobierno de Javier Milei impactan directamente en las tarifas provinciales.

En paralelo, se aprobó el nuevo cuadro tarifario de junio para el servicio de gas en las zonas concesionadas a Camuzzi, Metrogas y Naturgy BAN. Los usuarios del interior percibirán un aumento del 4,7 por ciento en el cargo fijo y del 1,94 por ciento en el cargo variable. En el área de Naturgy BAN, los usuarios residenciales R1 sin subsidio tendrán una suba del 4,4 por ciento en el cargo fijo y del 1,9 por ciento en el variable, con ajustes similares para los clientes de Metrogas.

En vísperas al tratamiento del proyecto para derogar artículos de la ley que incluyó a Tandil como Zona Fría y habilitó los descuentos en el consumo de gas, el concejal de Alternativa Tandil, Marcos Nicolini, clamó para que se mantenga el esquema actual, que fue producto de una lucha de toda la ciudad y que acompañaron todas las fuerzas políticas con representación en el Concejo.

El último jueves, Fuerza Patria y la UCR acompañaron el proyecto de resolución, aprobado por mayoría, que impulsó Alternativa Tandil, con el que le solicitaron a la Secretaría de Energía de la Nación y a las cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, que “en el caso de Tandil –nosotros pedimos por todo el partido de Tandil- mantengan el Régimen de Zona Fría para la ciudad y el partido”.

En tanto, indicó que esa solicitud “implica que los usuarios residenciales tengamos un descuento del 30 por ciento en la factura y aquellos usuarios que se consideran vulnerables de acuerdo a las pautas que da la ley tengan un descuento del 50 por ciento de manera directa”.

En diálogo con La Mañana de El Eco (El Eco Streaming y 104.1 Tandil FM), remarcó que “eso es lo que hemos planteado, que se mantenga ese esquema, asemejando a Tandil a lo que prevé la ley original que es que las zonas frías son las ciudades de la Patagonia, de la región de Malargüe –Mendoza- y de la Puna, en el noroeste argentino”.

En pleno debate por los subsidios al gas, Nicolini recalcó que “hay una condición objetiva y es el clima de Tandil, que hace que sea necesario” sostener los descuentos, “porque enfrentamos inviernos con las mismas o temperaturas más bajas que las ciudades patagónicas. Tandil varias veces está dentro de las ocho ciudades más frías del país y varias veces ha sido la ciudad más fría del país”.

El concejal reiteró que hay un proyecto que podría tratarse hoy en Diputados, por lo cual dirigieron la resolución del Concejo Deliberante a ambas cámaras. “Muchas veces se generaliza que se amplió en demasía la Zona Fría, que hay ciudades que no tienen temperaturas inferiores a 15 grados. No es el caso de nuestra ciudad, claramente. Nuestra ciudad por clima puede estar considerada tranquilamente como una ciudad patagónica”, insistió.

En cuanto a la postura de los concejales de La Libertad Avanza que defendieron la política de eliminar subsidios y el nuevo sistema focalizado, Marcos Nicolini sostuvo que “es una visión que tiene el Ejecutivo Nacional, por supuesto respetable”.

Si bien reconoció que puede haber cuestiones de la ampliación de Zona Fría que “ameriten esta revisión”, aseveró que “no es el caso de Tandil por su clima, por las temperaturas que enfrenta en todos los inviernos”.

Como contrapartida, argumento que “en el caso de Tandil debe quedar el subsidio que plantea la Zona Fría, porque lo que no sacan es cómo se financia el fideicomiso que sostiene la Zona Fría, eso lo vamos a seguir pagando todos, el 7,5 por ciento y a su vez, tienen la facultad de aumentarlo en el 50 por ciento desde el Ministerio de Economía según el proyecto de ley”.

Nicolini cuestionó que “sacan el beneficio pero como tandilense vas a seguir aportando a ese fondo” que irá para el Subsidio Energético Focalizado, “pero eso no es por Zona Fría, es de Jujuy hasta Ushuaia, por condiciones socioeconómicas, no es porque vivís en una región como la Patagonia que sí se sostiene la Zona Fría, o como Malargüe o como la Puna”.

En la misma línea, objetó que  “eso es otro criterio y en ese criterio ese Fondo Fiduciario va a ir a sostener el Subsidio Energético Focalizado, y por ejemplo, en Tandil van a recibir subsidio aquellos que hayan tomado (terrenos), porque los que tengan certificado Renabap, que es el Registro Nacional de Barrios Populares, van a tener el subsidio. Son cuestiones que hay que revisar”.

Asemejó la situación al conflicto por el desfinanciamiento del transporte público y el estado de las rutas nacionales, al remarcar que “también pasa con los combustibles, sigue el impuesto para generar las obras en las rutas, y el impuesto sigue pero las obras no. Entonces, si van a sacar los subsidios, también que saquen los impuestos que sostuvieron esos subsidios y que sostienen esos subsidios. Esa es nuestra postura. Debe ser pareja para todos la regla, no puede ser para unos sí y para otros no”.

Entre los que van a acceder al subsidio focalizado, enumeró los hogares con certificado del Renabap, Veteranos de Malvinas y jubilados que sus ingresos no superen el equivalente a tras canastas básicas, aunque aclaró que “son varios requisitos”.

En el caso de las familias que sus ingresos no alcancen las tres canastas básicas –un monto de 4,3 millones de pesos-, advirtió que aplicarán quienes “no tengan un auto con un modelo de antigüedad menor a tres años. Ese requisito es claro, lo que no está claro es si hay que anotarse o no, porque hay interlocutores que hablan de que hay que inscribirse y otros que no, que es automático. En la implementación se verá”.

Por otra parte, el concejal de Alternativa Tandil expuso que “de acuerdo a lo que han manifestado los concejales de La Libertad Avanza aquí en Tandil, quienes recibían un subsidio por usuario vulnerable lo van a mantener y a su vez, se va a incrementar ese subsidio en un 25 por ciento, con lo cual pagarán menos de gas. Eso es lo que han dicho, que hay que celebrar esta medida porque van a pagar menos”.

Sin embargo, dudó de esa información, al igual que lo había hecho el coautor de la ley de ampliación de Zona Fría, Alejandro “Topo” Rodríguez. “Yo quiero verlo, la verdad no creo que sea así” y recordó que “Tandil dio una pelea por ingresar en Zona Fría, toda la sociedad, todos los bloques políticos del Concejo Deliberante acompañaron, así que ahora estamos en esta situación y pedimos que se mantenga el esquema por una cuestión objetiva del clima que enfrenta Tandil, que hace que se consuma mucho más gas en invierno porque hay que soportar no 15 grados, a veces, muchas veces y muchos días, temperaturas bajo cero”.

Consultado por el pronóstico del tratamiento en el Congreso, el concejal evaluó que “hay que plantearlo con fuerza para que llegue el reclamo a los legisladores, a los diputados, que en definitiva son los que van a definir si se vota la reforma a la ley que plantea el Ejecutivo Nacional o no, y también si se vota íntegramente o si se hace lugar a algunas ciudades para que mantengan el beneficio. Nosotros estamos pidiendo eso por Tandil”.

El Gobierno nacional aprobó nuevos aumentos en la tarifa de gas que comenzarán a regir desde este viernes 1° de mayo, en el marco del proceso de actualización del sistema energético nacional. La medida fue oficializada a través de la Resolución 463/2026 del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), publicada en el Boletín Oficial.

La normativa contempla un ajuste en el interior bonaerense de la mano de la prestadora Camuzzi Gas Pampeana. Según se desprende de la comparativa de los cuadros tarifarios, la suba para esta zona será en torno al 4,3 por ciento, un porcentaje superior al aplicado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Para la categoría R1, el cargo fijo aumenta de 3.889,24 a 4.057,95 pesos, mientras que el cargo variable sube un diez por ciento, pasando de 245,55 a 270,22 pesos. En tanto, en la categoría R4, el importe pasará de 26.332 a 27.474 pesos.

El nuevo esquema se enmarca en la profunda reconfiguración del sistema de transporte de gas natural impulsada por la Secretaría de Energía de la Nación. El objetivo declarado es garantizar la seguridad de abastecimiento, la eficiencia operativa y la equidad en el acceso al servicio, incorporando componentes como el Precio Anual Uniforme (PAU) y la Revisión Quinquenal Tarifaria 2025-2030.

En el AMBA, los valores de Metrogas también presentan variaciones. En los segmentos de mayor demanda (R4), el cargo por consumo asciende a 426,68 pesos en Capital Federal y a 387,12 pesos en la provincia, mientras que para el resto de los usuarios residenciales la tarifa se establece en 281,33 pesos por metro cúbico.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que la actualización responde a la necesidad de avanzar en una recomposición gradual de tarifas para reflejar los costos reales del sistema, en línea con los parámetros definidos para el sector energético bajo la emergencia vigente desde 2023.

La administración del gobernador Axel Kicillof oficializó un nuevo incremento en las tarifas de electricidad que comenzará a regir desde abril, con un impacto promedio del 1,3% en las facturas de los usuarios residenciales, tanto con subsidios como sin ellos. La medida fue dispuesta mediante la Resolución 173/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, publicada este martes en el Boletín Oficial.

El ajuste se enmarca en la actualización de los cuadros tarifarios del servicio eléctrico e incluye una modificación del valor agregado de distribución (VAD), uno de los componentes centrales de la tarifa, junto con la incorporación de variaciones en los precios mayoristas de la energía y el transporte definidos a nivel nacional. 

Según datos oficiales, un usuario residencial sin subsidios con consumo medio pasará de pagar unos $52.000 mensuales a cerca de $52.650, mientras que un usuario con subsidios verá su factura incrementarse de $33.300 a aproximadamente $33.700, valores que incluyen impuestos.

La resolución aprueba el recálculo de tarifas para las distribuidoras Edelap, Edea, Eden y Edes, en sus respectivas áreas de concesión dentro de la provincia, tomando como base los precios estacionales definidos por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación. El nuevo cuadro tarifario se aplicará a partir de los consumos de abril, por lo que el impacto se reflejará en las facturas que llegarán entre ese mes y mayo.

Paralelamente, el Gobierno nacional aprobó los nuevos cuadros tarifarios para el servicio eléctrico que comenzarán a regir desde abril, con subas diferenciadas según la empresa distribuidora y la zona. La decisión se formalizó a través de resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) y alcanza a usuarios residenciales, comerciales e industriales.

La suba, que se da un día después del ajuste de los cuadros tarifarios de gas, se produce en el contexto de la emergencia energética dispuesta por el gobierno en diciembre de 2023, momento en que se consideró "imperioso continuar con la corrección de los precios relativos de la economía", entre los que incluyó a "las tarifas concernientes a los sectores de gas natural y energía eléctrica". En este sentido es que "las tarifas correspondientes al segmento de transporte y distribución de energía eléctrica son incrementadas conforme los resultados de las revisiones tarifarias quinquenales llevadas adelante por el Enargas".

En el caso de Edesur, el aumento será del 1,98% respecto de marzo. El nuevo cuadro tarifario surge a partir del aumento previsto en la revisión quinquenal, más el Índice de Precios Mayoristas (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en febrero fueron de 0,99% y 2,90% respectivamente. "El objetivo del mecanismo de actualización establecido es que el valor de la remuneración que percibe la distribuidora se mantenga durante todo el período tarifario de cinco años en términos reales", señala la normativa.

En cuanto a Edenor, la suba a partir de abril será del 2,04%, según lo indica la resolución 198/2026 del ENRE. En los dos casos, los aumentos recaerán sobre los usuarios residenciales con y sin subsidio y para los clubes de barrio y de pueblo que integran el listado confeccionado por el entonces Ministerio de Turismo y Deportes.

A partir del 1 de abril, entran en vigencia los nuevos esquemas tarifarios para el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la medicina prepaga, los alquileres y los servicios de electricidad y agua potable.

Esta dinámica responde a la aplicación de fórmulas de indexación mensual y a la continuidad del proceso de reducción de subsidios estatales en un contexto donde, según proyecciones privadas, la inflación de marzo “podría situarse en torno al 3 por ciento”.

En el rubro del transporte, el cuadro tarifario de colectivos en el AMBA presenta cambios significativos. Para los usuarios con tarjeta SUBE registrada en la provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo para el tramo de 0 a 3 kilómetros pasará a costar 873,37 pesos, lo que representa un ajuste del 4,90 por ciento.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pasaje mínimo para usuarios nominados se fija en 715,26 pesos. No obstante, la brecha tarifaria se profundiza para quienes no tengan su tarjeta registrada, ya que en territorio bonaerense el valor base saltará a 1.388,66 pesos, pudiendo llegar hasta los 1.903,85 en los recorridos más largos.

Por su parte, las facturas de energía eléctrica y agua también reflejan actualizaciones. Las distribuidoras Edenor y Edesur aplican nuevos valores en cargos fijos y variables; en el área de Edesur, un usuario residencial de altos ingresos enfrentará un cargo fijo de 1.393,73 pesos para consumos básicos.

En paralelo, la tarifa de agua aumentará un cuatro por ciento, según la Resolución ERAS 53/25 publicada en el Boletín Oficial. Se mantiene el descuento del 15 por ciento para zonales bajos, que alcanza al 48 de los usuarios residenciales, indicaron fuentes del AySA a la Agencia Noticias Argentinas.

El sector de la salud privada implementa su cuarto ajuste anual con un incremento del 2,9 por ciento en las cuotas, vinculado a la medición inflacionaria de febrero. De acuerdo con fuentes oficiales, empresas como OSDE, Galeno, Swiss Medical y Omint aplicarán dicha suba, mientras que el Hospital Italiano ajustará un 2,7 por ciento.

En el mercado inmobiliario, quienes mantienen contratos bajo la Ley 27.551 y deban cumplir con la actualización anual sufrirán un incremento del 33,3 por ciento por la aplicación del Índice de Contratos de Locación (ICL).

Finalmente, el panorama se completa con la incertidumbre en los combustibles, donde la nafta súper en CABA ya “superó por primera vez los 2.000 pesos por litro” en surtidores seleccionados, quedando su evolución supeditada al precio internacional del crudo. NA

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) dispuso la apertura de un procedimiento de consulta pública para avanzar en la adecuación del sistema de transporte de gas natural, en el marco de la emergencia energética vigente (prorrogada hasta fin de 2027) y la reciente reconfiguración definida por la Secretaría de Energía.

La medida, formalizada mediante la resolución 346/2026 publicada este viernes en Boletín Oficial, pone a consideración una serie de modificaciones regulatorias y tarifarias, entre ellas cambios en los factores de carga para distribuidoras, nuevos porcentajes de gas retenido, la elaboración de cuadros tarifarios provisorios y la derogación de normativa previa, con el objetivo de adaptar el esquema de transporte a las nuevas condiciones del sistema.

En particular, se propone modificar de manera provisoria los factores de carga para los usuarios residenciales de las distribuidoras Camuzzi Gas del Sur y Naturgy NOA, elevándolos del 35% al 45%, mientras que para el resto de las licenciatarias se mantendrán sin cambios.

Asimismo, revisará los porcentajes de gas retenido en las rutas de transporte, la operación y mantenimiento de activos de Energeía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) y las condiciones para determinados cargadores que cuentan con contratos firmes. Al tiempo que se pondrán en consulta cuadros tarifarios provisorios y los cargos fideicomiso asociados, mientras se avanza en la derogación de normativas que hoy resultan innecesarias en el nuevo marco regulatorio.

En materia tarifaria, el organismo elaboró cuadros provisorios que incluyen la actualización de los cargos fideicomiso, incorporando también los costos de operación y mantenimiento de activos de Enarsa, en línea con lo instruido por la Secretaría de Energía.

La consulta pública tendrá un plazo de quince días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial, período durante el cual empresas y usuarios podrán presentar observaciones y sugerencias a través de la web del organismo.

Finalizada esta instancia, el Enargas avanzará con la implementación de las medidas necesarias para la reasignación de capacidades de transporte y su correspondiente contractualización, con entrada en vigencia prevista para el 1° de mayo.

La iniciativa se inscribe en la emergencia del sector energético nacional declarada en 2023 y prorrogada hasta 2027, y busca garantizar un funcionamiento más eficiente, confiable y equitativo del sistema de transporte de gas natural, en un contexto de cambios estructurales en las fuentes de abastecimiento y en la configuración de la red.

En los últimos días comenzaron a llegar las boletas del impuesto a la Patente en la Ciudad de Buenos Aires y muchos vecinos se encontraron con incrementos que, en algunos casos, superan el 100%. Lejos de concentrarse en los sectores de mayor poder adquisitivo, las subas impactaron con mayor fuerza en sectores medios y medios bajos, lo que generó un fuerte malestar entre los contribuyentes.

Las boletas dispararon reclamos inmediatos y numerosas quejas en redes sociales. Ante esta situación, desde la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) explicaron que “no hay un aumento de la alícuota sino una actualización de la valuación de algunos modelos, especialmente de autos de mayor antigüedad, debido a que los valores estaban totalmente desactualizados”.

Según detallaron desde el organismo porteño, la actualización se produjo a partir de un cambio en la tabla de referencia utilizada para la valuación de los automotores. Hasta ahora, se tomaba como base la tabla elaborada por la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor (DNRPA), que llevaba varios meses sin actualizarse. Por ese motivo, la AGIP resolvió comenzar a utilizar la tabla publicada por la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA).

A partir de este cambio, se conocieron casos concretos que reflejan el impacto del ajuste. Un vecino informó que un Chevrolet Prisma modelo 2016 pasó de pagar 34 mil pesos en diciembre a 64 mil pesos en la primera cuota de este año. En la misma línea, el sitio Autoblog reveló que un Chevrolet Onix del mismo año pasó de abonar 20 mil pesos a 60 mil pesos de un mes a otro, lo que representa una suba del 200%.

En paralelo, durante 2026 comenzó a regir de manera efectiva una parte del régimen aprobado por la Legislatura porteña en 2024, que establece beneficios temporales para determinadas tecnologías. En ese esquema, los vehículos híbridos cuentan con beneficios bajo condiciones específicas, mientras que los eléctricos mantienen la exención total del tributo.

De acuerdo con la información oficial de la AGIP, durante el ejercicio fiscal 2026 continúan exentos del impuesto automotor en la Ciudad de Buenos Aires los vehículos eléctricos, con una exención del 100%; las personas con discapacidad, incluidos los vehículos destinados a servicios de transporte; los excombatientes de Malvinas; y los vehículos con más de 25 años de antigüedad. En el caso de los autos híbridos, la aplicación del beneficio depende de la valuación fiscal y la antigüedad del vehículo.

Pese a que este año atravesó la incertidumbre electoral, 2025 cerrará con la inflación anual más baja desde 2017. El acumulado de enero a noviembre de este año es del 27,9%, y a la espera de los datos de diciembre una serie de aumentos que llegarán en el inicio del año le meterán presión a los datos oficiales del Indec.

Los contratos que todavía se rigen bajo la derogada ley de Alquileres tendrán un aumento en torno al 36,39% en enero, una suba más moderada que los últimos meses, aunque sigue siendo significativa para los inquilinos. Así, por ejemplo, si desde enero de 2025 una familia viene pagando $700.000 al mes por su vivienda, el nuevo monto mensual será ahora de $954.730 para el período anual que va desde enero de 2026 hasta diciembre de ese año.

En tanto, los contratos celebrados del 30 de diciembre de 2023 en adelante se rigen por el "Mega DNU" 70/23 de Javier Milei, que permitió acordar libremente entre las partes tanto la frecuencia como el índice. Lo más común pasó a ser el uso del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec cada 3 o 4 meses, aunque las partes también pueden pactar actualizaciones por ICL, CCP y otras fórmulas.

Los que tengan una actualización trimestral por IPC sufrirán subas en torno al 7,4%. Es decir que un alquiler de $700.000 pasará a $752.263 para enero, febrero y marzo. Para los acuerdos de índole cuatrimestral evidenciarán subas del 9,7%. Un inmueble con contrato por $700.000 pasará a costar $767.900.

Los aranceles de las prepagas tendrían un nuevo ajuste para enero de 2026, para ubicarse en torno del 2,5% a nivel nacional tomando en cuenta la evolución de los precios media por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta manera, acumularía una suba anual del 25,6%. El alza también aplica a los copagos.

Las empresas justifican estos incrementos en el aumento sostenido de los costos del sistema de salud, que incluye salarios del personal médico, insumos, medicamentos y gastos operativos.

El Ministerio de Transporte bonaerense actualizará desde mediados de enero la tarifa básica del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV), que pasará a costar $97.057,65 con IVA incluido, un 21,8% más que la que se pagaba desde febrero.

El monto se estableció según lo dispuesto mediante la Resolución 369/2025 publicada en el Boletín Oficial. Corresponde a los vehículos de hasta 2.500 kilos y funciona como referencia para el resto de las categorías del cuadro tarifario, que se calculan a partir de ese valor base. Las motos tendrán un valor de $38.801,03, mientras que vehículos de más de 2500 kilos pagarán $174.604,64.

El Gobierno nacional volvió a mover una de las variables clave del esquema tarifario. A través de una resolución oficial, la Secretaría de Energía dispuso una actualización en el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), un componente central en la conformación de las facturas que pagan usuarios residenciales y comerciales. El ajuste comenzará a regir para los consumos realizados desde enero de 2026.

La medida quedó formalizada mediante la resolución 605/2025, publicada en el Boletín Oficial, y establece un incremento del 0,53% respecto del valor vigente. Si bien el aumento se aplica sobre el gas mayorista -el precio que abonan las distribuidoras antes de sumar transporte, distribución, impuestos y cargos adicionales-, su impacto llega de manera directa al monto final que pagan los usuarios.

Las empresas comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de enero, aplicarán un nuevo retoque de tarifas, con un incremento que oscilará entre 3 y 4,5%, según el servicio y la operadora.

El Gobierno nacional publicó este lunes una serie de resoluciones que resultan el primer paso oficial para la determinación de los aumentos de tarifas energéticas para enero de 2026. Las mismas, como mínimo, seguirán el sendero de la inflación y responderán al nuevo criterio de asignación de subsidios.

La Secretaría de Energía de la Nación emitió nueve resoluciones, donde fijó las pautas para los precios desde el 1º de enero. Los diferentes cuadros tarifarios serán publicados en las próximas horas por los entes reguladores.

Entre las resoluciones se destaca la 605/2025 que determinó un aumento del Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) del gas natural, lo que provocará un incremento en las facturas de 0,53% para el mes próximo. Luego, restará sumar los aumentos para los sistemas de transporte y distribución.

“El ministerio de Economía instruyó a esta Secretaría a continuar para el mes de enero de 2026 con el sendero de actualización de precios y tarifas del sector energético, en un contexto de notoria desaceleración inflacionaria verificada a la fecha, y con el objetivo de mantener dichos precios y tarifas en valores reales lo más constantes posibles”, se señaló en los considerandos de la norma.

Por otro lado, la Resolución 606/2025 definió adecuaciones al Plan Gas A. En ese sentido, los productores que adhieran recibirán compensaciones del Estado por los volúmenes entregados.

En esa misma línea, la Resolución 602/2025 definió que a partir del 1° de enero de 2026 se establecerá un nuevo precio spot de $14.381/MWh en el Mercado Eléctrico Mayorista, que impactará de manera directa en las tarifas eléctricas.

Por otro lado, la Resolución 604/2025 establece nuevos precios de referencia para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para el período que va del 1º de enero al 1º de abril de 2026. La norma establece que se aplicarán bonificaciones para usuarios residenciales de niveles 2 y 3, alineadas con las tarifas de los usuarios de nivel 1.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, anunció que a partir de enero de 2026 la provincia de Buenos Aires aplicará modificaciones en el esquema de subsidios energéticos, en línea con los cambios normativos que impulsa el Gobierno nacional. Las medidas apuntan, según explicó, a mejorar los criterios de inclusión y exclusión del sistema de tarifa social y a adecuarse a la nueva segmentación que definirá la Secretaría de Energía de la Nación.

“Hay algunos cambios que se vienen en materia de subsidios a la energía en la provincia de Buenos Aires, en virtud de las modificaciones que está llevando adelante el Gobierno nacional en materia energética”, señaló Bianco en conferencia de prensa desde la Gobernación bonaerense, al anticipar que las definiciones serán anunciadas con antelación para evitar que los usuarios se vean afectados de manera sorpresiva.

Uno de los ejes centrales de la modificación será la eliminación de la tarifa social para residencias ubicadas en barrios cerrados. Según detalló, a partir de enero de 2026 dejarán de recibir subsidios unos 79.500 usuarios en toda la provincia, de los cuales 66.900 corresponden al Gran Buenos Aires, en áreas reguladas por Edenor y Edesur, y otros 12.600 al interior bonaerense, bajo la órbita del OCEBA.

“Se van a eliminar todos los subsidios, todas las tarifas sociales a todas aquellas residencias que están en barrios cerrados”, explicó Bianco, al precisar que la medida surge de un trabajo conjunto con la Agencia de Recaudación de la Buenos Aires (ARBA) y el Ministerio de Economía provincial, orientado a revisar los criterios de asignación del beneficio.

Uno de los ejes centrales de la modificación será la eliminación de la tarifa social para residencias ubicadas en barrios cerrados.

En paralelo, el Ministro describió el nuevo esquema de segmentación energética que impulsa la Nación y que actualmente se encuentra en consulta pública. El funcionario bonaerense recordó que el sistema vigente clasifica a los usuarios en tres categorías:

Ese esquema será reemplazado por uno de dos categorías: “Va a haber hogares con subsidio, que van a ser hogares con ingresos menores a tres canastas básicas totales”, explicó Bianco, y detalló que recibirán asistencia sobre el consumo de hasta 300 kWh mensuales en meses de alta demanda y hasta 150 kWh en meses de clima templado.

La segunda categoría será la de hogares sin subsidio, integrada por aquellos con ingresos superiores a tres canastas básicas totales, que no recibirán ningún tipo de asistencia energética. Bianco remarcó que estas definiciones nacionales impactan directamente en el esquema provincial de subsidios.

En ese marco, explicó que la Provincia de Buenos Aires tenía un sistema que “en cierta parte espejaba esos criterios” para las empresas reguladas por el OCEBA. Allí existían dos grupos: uno de usuarios con ingresos menores a dos salarios mínimos, que continuará recibiendo la tarifa social, y otro grupo que replicaba la categoría N2 nacional.

Con la eliminación de la categoría N2 a nivel nacional, ese segundo grupo provincial quedaría alcanzado por la quita de subsidios. Sin embargo, Bianco aclaró que la Provincia sostendrá el beneficio para esos usuarios, siempre que cumplan determinadas condiciones.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, anunció que a partir de enero de 2026 se aplicará modificaciones en la tarifa social.

“Nosotros los vamos a poder seguir subsidiando, los vamos a poder seguir incluyendo en la tarifa social provincial, siempre y cuando se anoten en la página web del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) y cumplan obviamente las condiciones para obtener el subsidio energético”, afirmó Bianco, y subrayó que el objetivo de adelantar estos anuncios es informar con tiempo a los usuarios bonaerenses. “No queremos que nuestros usuarios de golpe se enteren que se han quedado sin subsidios por esta modificación regulatoria a nivel nacional”, concluyó.

Las modificaciones anunciadas por el ministro de Gobierno se inscriben en un contexto de cambios más amplios en la política energética nacional, que comenzarán a regir formalmente a partir del 1º de enero de 2026. La Provincia busca, según explicó Bianco, amortiguar el impacto de esas decisiones sobre los sectores de menores ingresos.

En ese sentido, la continuidad de la tarifa social provincial para usuarios que queden excluidos del esquema nacional dependerá de la inscripción en el registro correspondiente y del cumplimiento de los requisitos establecidos por el OCEBA. La Provincia anticipó que brindará mayores precisiones operativas en los próximos meses.

El rediseño del sistema de subsidios también implica una revisión más estricta de los criterios patrimoniales y de localización de las viviendas, como en el caso de los barrios cerrados, que dejarán de estar alcanzados por el beneficio.

El gasto de un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para cubrir el consumo de energía eléctrica, gas natural, agua potable y transporte público fue de $173.480 durante el mes de noviembre. Sin tener en cuenta los subsidios, la cifra representa un aumento del 1,8% respecto del mes anterior.

En la comparación interanual, el gasto para esta canasta de servicios públicos fue un 30% superior al de igual mes de 2024. Además, en lo que va de 2025 subió un 23%.

Los datos fueron relevados del Reporte de Tarifas y Subsidios N° 32, elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP (UBA-Conicet) y publicado por la Agencia Noticias Argentinas.

El aumento mensual del 1,8% en la canasta es el resultado de los incrementos atravesados en todos los cuadros tarifarios y del aumento en las cantidades consumidas de energía eléctrica.

En el caso del gas, el cargo fijo aumentó 3,5% y el cargo variable 4% en promedio. Para la energía eléctrica, los cuadros tarifarios mostraron un incremento del 3,6% en el cargo fijo y 3,8% en el cargo variable. Finalmente, en el rubro transporte, el costo promedio ponderado del boleto de colectivos aumentó 6,6% en noviembre.

Estos tres cambios se dieron en conjunto con un aumento en el consumo de energía eléctrica y una baja en las cantidades demandadas de gas.

Además, la reducción de subsidios para estos servicios fue del 44%. Se explica por recorte real en transporte del 20% y en energía del 44%.

El relevamiento indicó que los hogares del AMBA pagan tarifas que, en promedio, cubren el 52% de los costos, mientras que el Estado se hace cargo del 48% restante.

Según se desprende de diferentes resoluciones que publicó este viernes la Secretaría de Energía de la Nación se estableció que, desde el 1° de noviembre, las tarifas de luz y gas aumentarán en promedio 3,8%. De esta forma, los usuarios verán impactados valores más elevados en las facturas de noviembre y diciembre.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia aprobó la Resolución Nº 1042 que actualiza los cuadros de octubre e introduce una nueva actualización a regir desde noviembre, en línea con los precios mayoristas definidos a nivel nacional y el esquema de reducción gradual de bonificaciones.

La resolución alcanza a EDELAP, EDEA, EDEN y EDES, como también a las áreas de referencia Río de la Plata, Atlántica, Norte y Sur. Para octubre, se incorporan los Precios de Referencia de la Potencia y el Precio Estabilizado de la Energía del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) fijados por la Secretaría de Energía de la Nación, el componente de transporte y la disminución mensual de bonificaciones.

Desde noviembre, en tanto, se aplica una actualización transitoria del Valor Agregado de Distribución (VAD), del Sobrecosto de Generación Local (SGL), del Agregado Tarifario (AT) y del Cargo Transición Tarifaria (CTT).

Los nuevos cuadros comprenden a usuarios residenciales, no residenciales hasta 10 kW y entre 10 y 300 kW, alumbrado público hasta 10 kW, organismos públicos de salud y educación, grandes demandas, clubes de barrio y pueblo, y la categoría sin subsidio del Estado nacional.

En paralelo, el Enargas aprobó nuevos cuadros tarifarios para la distribuidora Camuzzi Gas Pampeana S.A. que regirán a partir del 1° de noviembre, en el marco de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) y la actualización mensual prevista en las Reglas Básicas de la Licencia (RBL).

La medida que aprueba los valores correspondientes a la nueva cuota de la RQT, incorpora los nuevos precios del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) definidos por la Secretaría de Energía, más el recargo que pagan los usuarios de todo el país para financiar el régimen de tarifas diferenciales conocido como Zona Fría.

Si se toma como referencia la categoría R1, la suba del gas es del 4% mensual. En octubre un usuario de ese grupo tenía un cargo fijo de $3210,44 y ahora pasará a $3.341,16. A esto se le suma otro 4% de aumento en el cargo variable que sube de 178,31 a 185,53 pesos por metro cúbico de consumo.

En lo que va del año, los subsidios ya sumaron seis billones de pesos, lo que representó una caída del 46 por ciento respecto del 2024.

Entre diciembre de 2023 y octubre de este año la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó 514 por ciento, es decir, se multiplicó por seis.

Esto supone que si un hogar de clase media pagaba 50 mil pesos entre gas, electricidad y agua en noviembre de 2023, en estos últimos 22 meses pasó a afrontar unos 300 mil pesos, lo cual explica las dificultades de los sectores medios para llegar a fin de mes.

Se debe tener en cuenta que en el caso de los sectores más postergados que viven en villas o asentamientos, el servicio de electricidad está subsidiado, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El acceso a ese tipo de barriadas pobres suele tener un gran medidor central y, todos los meses, el gobierno de la provincia de Buenos Aires o el de la Ciudad le pagan a los distribuidores el costo de esa energía.

Esto incluye, por ejemplo, a las distribuidoras de electricidad Edesur y Edenor, y las de gas Metrogas y Naturgy. NA

El comienzo de octubre, como sucede en cada mes, trae aparejado la puesta en marcha de nuevos aumentos en diferentes rubros que impactarán en la inflación y en el bolsillo de los argentinos en las próximas semanas.

A pesar de la desaceleración de la variación de precios en los últimos meses y de la expectativa gubernamental de que dicho proceso se siga profundizando, los incrementos en diferentes sectores continúan presionando el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Los inquilinos que hayan firmado contratos regidos por la derogada ley que regulaba al mercado de alquileres, deberán afrontar la actualización del Índice de Contratos de Locación, que marca un incremento anual de 46,1% para octubre.

De esta manera, continúa con la desaceleración que viene experimentando hace varios meses. En septiembre el aumento de los alquileres fue de 50,3%, en agosto alcanzó el 55,6%, en julio el 66,1%, en junio fue de 80,6%, en mayo había sido de 95,24%, en abril de 116,85%, en marzo de 149,3%, en febrero de 174% y en enero de 190,69%.

El descenso se acentúa respecto a las cifras del año pasado, cuando empezó el camino decreciente. En diciembre de 2024 el incremento fue de 208,67%, en noviembre de 227,3%, en octubre de 238% y en septiembre de 243,16%.

El boleto de los colectivos que circulan en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires vuelve a aumentar en octubre, en un 3,9%. De esta manera, el pasaje con SUBE pasará a costar entre $526,13 y $707,26, dependiendo la cantidad de kilómetros recorridos y la jurisdicción.

En tanto que el pasaje de subte en el territorio porteño también exhibirá un incremento del mismo orden. Así, la nueva tarifa del subte pasará de $1.071 a $1.112,76. Mientras que el premetro alcanzará $389,46.

Las entidades que nuclean a los establecimientos educativos privados con subvención estatal de la Ciudad de Buenos Aires aplicarán un aumento del 2,1% en las cuotas de octubre, mientras que los del territorio bonaerense no informaron nuevos ajustes.

La nafta y el gasoil subirán en el décimo mes del año, producto de la prevista actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Al igual que viene sucediendo en las últimas semanas, el incremento será aplicado directamente sin aviso previo.

Los planes de salud de las prepagas tendrán una suba en el mes entrante que rondará entre el 1,1% y el 2,4%, dependiendo de la empresa, el plan y la región del país, en sintonía con la variación general de los precios en los últimos meses.

Las tarifas de servicios públicos seguirán con sus actualizaciones mensuales, tomando como referencia la inflación. De esta manera, las facturas de electricidad, gas natural y agua llegarán con aumentos en octubre, aunque el impacto puede ser menor debido a la estacionalidad del consumo.

Las compañías de telefonía celular y cable aplicarán nuevos aumentos en octubre, que rondan el 3%. De esta manera, continúan con las actualizaciones mensuales, tras la decisión del Gobierno de eliminar las regulaciones que limitaban los aumentos en las tarifas de internet, celulares y cable.

El Gobierno nacional dispuso un nuevo procedimiento para que los clubes de barrio y de pueblo puedan mantener el beneficio de la tarifa diferencial en los servicios de luz y gas por redes en un contexto en que “la focalización es una herramienta clave para la asignación de la ayuda a quienes realmente la necesitan”.

Lo hizo a través de la disposición 4/2025 de la Subsecretaría de Planeamiento Energético publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Allí se indica que se determinó la reestructuración de los regímenes de subsidios a la energía de jurisdicción nacional, a fin de asegurar una transición gradual, ordenada y previsible hacia un esquema que “permita trasladar a los usuarios los costos reales de la energía, promover la eficiencia energética; y asegurar a los usuarios residenciales vulnerables el acceso al consumo indispensable de energía eléctrica, gas por redes y gas envasado”.

Para el Ejecutivo “no resulta razonable otorgar ni mantener subsidios al consumo energético en aquellas entidades que, si bien tienen fines deportivos o recreativos, su situación financiera está sostenida por el aporte de socios con capacidad contributiva”.

Cabe recordar que el vocero presidencial Manuel Adorni adelantó a fines de junio que la reinscripción apunta a “sanear el esquema tarifario” y eliminar “privilegios indebidos” otorgados durante años a entidades que no cumplen con las condiciones del régimen.

El funcionario dijo que las instituciones que accedían a subsidios deberán volver a revalidar esos beneficios, los cuales pueden ser denegados. Es decir, más allá de que cada institución valide su permanencia en el beneficio, el Gobierno aplicará criterios de inclusión y exclusión para garantizar que solo reciban el subsidio quienes realmente lo necesitan. Y puso como ejemplo un club de Ciudad de Buenos Aires, donde una entidad debía abonar 57 millones de pesos y solo desembolsó 34 millones, con un subsidio de 23 millones.

Según los resultados de la reciente Encuesta Nacional de Clubes realizada por Táctica, laboratorio del deporte argentino, el 40% de los clubes de barrio de todo el país manifestó estar “peor” económicamente que en 2023, lo que da cuenta del fuerte impacto que la crisis económica golpea sobre estas instituciones.

En este contexto, el 75% de los clubes chicos y medianos aumentó su cuota social por debajo de la inflación, a pesar de que, por ejemplo, el 95% registró incrementos en los servicios. Este dato es el que enciende la alarma de las autoridades de las instituciones.

Según datos de la Secretaría de Energía de la Nación, actualmente hay 2.228 entidades incluidas en el régimen de beneficios sobre las facturas de energía. La Ley 27.098 establece como requisitos para acceder al beneficio contar con personería jurídica vigente y domicilio legal en la Argentina, acreditar al menos tres años de antigüedad desde su constitución formal y tener entre 50 y 2.000 asociados al momento de la inscripción.

Desde el 1 de septiembre entran en vigencia una serie de nuevos aumentos en las tarifas del gas y luz en todo el país, que son el resultado de las actualizaciones oficiales dispuestas por los organismos reguladores y la Secretaría de Energía.

Estas subas afectan a los usuarios de todas las categorías, incluyendo residenciales y comerciales, siguiendo los lineamientos de las revisiones tarifarias y el esquema de ajustes mensuales implementado para ambos servicios. Así lo establecieron el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) en resoluciones publicadas este lunes en el Boletín Oficial.

Para el servicio eléctrico, el aumento final en las facturas será del 2,97% para Edenor y del 2,90% para Edesur respecto de agosto. En ambos casos, el ajuste combina dos componentes: por un lado, una actualización del 2,54% sobre el Costo Propio de Distribución (CPD), determinada según la evolución de los índices de precio mayoristas y minoristas determinados por el Indec. Por otro, el traslado a tarifas de los nuevos precios estacionales de la energía mayorista, fijados por la Secretaría de Energía para septiembre y octubre.

En paralelo, el Gobierno bonaerense publicó en el Boletín Oficial el incremento de tarifas eléctricas mediante la Resolución 861/2025. Este incremento incluye el traslado de precios mayoristas definido por nación a partir de agosto y un ajuste del valor agregado de distribución (VAD), el impacto en factura final será en promedio del 1,5% en la factura final para los usuarios residenciales.

En ese sentido, un usuario residencial N1 (ingresos altos) con un consumo medio pasará de pagar $40.270/mes a pagar $40.900/mes. Mientras que un usuario N2 (ingresos bajos) pagaba $25.700/mes y ahora pagará $26.100/mes. El ajuste se verá reflejado en los consumos del mes de agosto y septiembre e impactará en las facturas que los usuarios recibirán entre septiembre y octubre.

En el caso del gas natural, también rigen desde septiembre nuevos cuadros tarifarios para los usuarios de Metrogas y Naturgy Ban S.A. en sus área de concesión. La actualización contempla un ajuste en los márgenes de distribución y refleja los nuevos precios del gas establecidos por la Secretaría de Energía, calculados en función de los contratos firmados bajo el Plan Gas.Ar.

La medida responde a la revisión quinquenal de tarifas y a la adecuación de precios mayoristas del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST), afectando a los usuarios residenciales, comerciales e industriales de la zona licenciada. A partir de septiembre, los nuevos precios de gas en el PIST se trasladan íntegramente a los usuarios finales, conforme lo publicado y dispuesto en las resoluciones N° 357/2025 y 263/2025 de la Secretaría y del ente regulador.

En lo que respecta al impacto en la provincia de Buenos Aires, la resolución 638 actualiza los cuadros tarifarios de Camuzzi Gas Pampeana. En este caso, tomando como referencia a un usuario residencial R1 nivel 1, la suba es del 3,6% para el cargo fijo y del 1,1% para el cargo variable (el que depende de los metros cúbicos de gas que se consumen por mes).

Cabe recordar que la semana pasada, Economía oficializó un incremento al 6,8% en el recargo que afecta a casi dos tercios de los usuarios de gas natural por redes. Esa medida tiene el fin de financiar los descuentos que reciben quienes habitan en zonas frías del país y que beneficia a unos 77 distritos bonaerenses.

El comienzo de agosto trae consigo una lista de nuevos aumentos en diferentes rubros que impactarán en la inflación y en el bolsillo de los argentinos en las próximas semanas.

Con el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, que fue de 1,6%, el Gobierno continúa con su plan económico y el eje central de terminar con la inflación. Sin embargo, el aumento en distintos rubros tendrá un impacto dentro del IPC de julio, que se dará a conocer en la segunda semana de agosto.

Las facturas de electricidad, gas y agua seguirán con sus actualizaciones mensuales, tomando como referencia la inflación. Las facturas eléctricas del AMBA recibirán un aumento promedio del 2%, mientras que las de gas subirán entre 2,6% y 2,8%. El agua, por su parte, tendrá un incremento de 1% en su factura.

Los planes de salud de las prepagas tendrán una suba en el octavo mes que rondará entre el 1,3% y el 1,95%, dependiendo de la empresa, siguiendo en sintonía con el promedio del último dato de inflación.

Los inquilinos que hayan firmado contratos regidos por la derogada ley que regulaba al mercado de alquileres, deberán afrontar la actualización del Índice de Contratos de Locación (ICL), que marca un incremento anual de 121,6% para el mes entrante.

Durante el séptimo mes del año, la petrolera YPF aplicó dos subas acumuladas del 6% en la nafta y gasoil. La primera fue del 3,5% durante el inicio del mes, mientras que la segunda, del 2,5%, se dio a conocer el 19 de julio.

Estos aumentos surgieron tras la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al dióxido de carbono.

Para el mes entrante se espera que vuelva a aumentar, completando la suba correspondiente al primer trimestre de 2024, aún con actualizaciones pendientes de los tres trimestres siguientes.