El Gobierno nacional oficializó este lunes 31 de agosto una serie de ajustes salariales destinados a los trabajadores de la Administración Pública Nacional, las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad federales. Las modificaciones, que fueron publicadas en el Boletín Oficial, contemplan un esquema de incrementos que comenzará a aplicarse en septiembre y se extenderá hasta el último mes del año.

Para los trabajadores estatales, el Decreto 832/2026 establece un esquema de cuatro aumentos mensuales consecutivos. La actualización alcanza tanto al personal permanente como al no permanente. Si bien la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la propuesta, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aceptó el esquema. Los incrementos serán del 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, calculados de manera acumulativa sobre la base actualizada de cada período.

La normativa también extendió hasta fin de año el Premio Estímulo a la Asistencia, con una actualización de sus montos, y mantuvo sin cambios las sumas fijas remunerativas y no bonificables previstas por el Decreto 56/20. Asimismo, se dispuso el pago de una suma fija excepcional de 80.000 pesos, de carácter remunerativo y no bonificable, que se abonará por única vez con los salarios de diciembre.

En paralelo, se actualizaron los ingresos del personal de las fuerzas de seguridad, con un incremento acumulado del 12,22% entre septiembre y diciembre de 2026. En el caso de las Fuerzas Armadas, el primer aumento será del 6,9% desde el 1° de septiembre y alcanzará a todo el personal sin distinción de grado ni jerarquía, incluyendo a los retirados. Este ajuste se suma al 17,62% acumulado entre enero y agosto, proyectando una suba cercana al 32% para el cierre del año.

Estos aumentos se adicionan al Suplemento por Título, que establece adicionales del 10%, 15% y 25% sobre el sueldo según el nivel educativo alcanzado. La actualización abarca a la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), la Prefectura Naval Argentina (PNA), la Policía Federal Argentina (PFA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF), impactando en diversos suplementos, compensaciones y haberes mensuales según la normativa específica de cada fuerza.

El servicio doméstico contará con un nuevo esquema de incrementos salariales que se aplicará de manera progresiva hasta diciembre próximo. La medida contempla subas mensuales inferiores al 2% y la incorporación de bonos no remunerativos, los cuales variarán de acuerdo a la cantidad de horas trabajadas por cada empleado.

A partir de agosto, el personal percibirá un incremento del 1,9%. A este porcentaje se le adicionará una suma no remunerativa por única vez, la cual se distribuirá de la siguiente manera: 20.000 pesos para quienes cumplan tareas de más de 16 horas semanales, 11.500 pesos para quienes trabajen entre 12 y 16 horas semanales, y 8.000 pesos para aquellos que presten servicios por menos de 12 horas a la semana.

El esquema de actualización continuará en septiembre con un incremento del 1,8%, sumado a la incorporación al básico del 25% de la suma otorgada en agosto. En octubre, el aumento será del 1,7% con la integración al básico del 50% del bono de agosto, mientras que en noviembre se aplicará un 1,6% adicional junto al 25% restante del bono. Finalmente, en diciembre se completará la serie con un incremento del 1,6%.

Desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, informaron a través de un comunicado oficial: “El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informa que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares acordó una actualización de los salarios mínimos para las trabajadoras del sector que contempla incrementos entre agosto y diciembre de 2026 y una suma no remunerativa por única vez”.

La cartera, encabezada por la secretaría de Trabajo bajo la gestión de Julio Cordero, reafirmó su compromiso con la negociación colectiva como herramienta central para la actualización de las condiciones laborales.

Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en Argentina existen 450.000 trabajadoras de casas particulares registradas. No obstante, desde la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) estiman que el sector cuenta con 1,3 millones de personas en la informalidad.

Es importante destacar que los valores establecidos representan mínimos legales obligatorios y no precios de mercado. Por ejemplo, hasta julio pasado, la hora con retiro se fijaba en 3.348 pesos y la hora sin retiro en 3.599 pesos. Sin embargo, desde la Upacp señalan que, en la práctica, los valores de mercado son superiores, rondando los 10.000 pesos la hora sin retiro, mientras que el salario mensual promedio que abonan las familias oscila entre los 600.000 y 700.000 pesos.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció este lunes un aumento salarial escalonado del 7% destinado a las fuerzas de seguridad. La medida fue comunicada este lunes durante una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el ministro de Economía, Pablo López.

Según detalló el titular de la cartera económica, el incremento se hará efectivo en dos etapas: un 5% correspondiente al mes de julio y un 2% adicional en agosto. El cálculo se realizará sobre la base de los salarios percibidos en junio. Asimismo, el funcionario precisó que se aplicará una mejora del 30% en las asignaciones familiares.

“Al igual que con los trabajadores docentes y con los estatales, las fuerzas de seguridad de la Provincia recibirán un incremento salarial del 7% que se hará efectivo en dos tramos: un 5% en julio y un 2% en agosto. También hemos contemplado un incremento de las asignaciones familiares en un 30%”, indicaron las autoridades del gobierno bonaerense.

Este esquema salarial sigue la línea de los acuerdos alcanzados previamente con los trabajadores docentes y aquellos comprendidos en la Ley 10.430.

Durante el anuncio, Pablo López se refirió al complejo escenario económico que atraviesa el país. Al respecto, el ministro señaló: “Como todo el país, estamos en un momento muy difícil: las vías de recaudación caen, la actividad se derrumba, el consumo disminuye y el endeudamiento de las familias está en niveles récord”.

Finalmente, el funcionario destacó el esfuerzo presupuestario realizado por la gestión provincial para intentar mitigar el impacto de la crisis. Al respecto, concluyó: “En este contexto, es doblemente meritorio el esfuerzo que hace la Provincia para fortalecer la gestión y, a la vez, sostener el poder adquisitivo de todos los trabajadores y trabajadoras bonaerenses”.

Los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) aceptaron la propuesta salarial presentada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires en la mesa paritaria del pasado 6 de julio.

El ofrecimiento contempla un incremento acumulado del siete por ciento sobre los haberes de junio, distribuido en un cinco por ciento para julio y un dos por ciento para agosto, y fue aprobado por las distintas organizaciones que conforman el frente sindical.

La definición se conoció luego de las asambleas realizadas en los distritos y de las reuniones de los órganos de conducción de cada gremio.

En el caso de Suteba, el Plenario de Secretarios Generales aprobó por amplia mayoría tanto la propuesta salarial como un acuerdo paritario referido a mejoras en las condiciones laborales.

Por su parte, el Congreso de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) resolvió aceptar la oferta por una mínima diferencia tras un extenso debate entre sus congresales.

El acuerdo salarial prevé un aumento acumulado del siete por ciento, aunque el impacto varía según el cargo. De acuerdo con lo informado por Suteba, algunos ejemplos de incremento para docentes sin antigüedad alcanzan el 8,9 por ciento para un preceptor, el 8 por ciento para un maestro de grado y el 7,5 por ciento para un profesor.

Además de la recomposición salarial, la propuesta incorpora una serie de compromisos vinculados con las condiciones de trabajo planteadas por el FUDB durante la negociación.

Entre ellos se encuentran la ampliación del acuerdo paritario de prevención, erradicación, resguardo y reparación frente a situaciones de violencia; la implementación de políticas para afrontar el impacto de la baja de la natalidad sin pérdida de puestos de trabajo; la revisión del régimen académico de la escuela secundaria; la titularización de docentes de Educación Técnica y Agraria, y mejoras en el funcionamiento del sistema de licencias médicas.

La inclusión de estos puntos respondió a reclamos que los gremios venían sosteniendo desde hacía varias semanas.

De hecho, la falta de convocatoria a la paritaria y la ausencia de respuestas frente a distintas problemáticas laborales, entre ellas el incremento de los hechos de violencia en los ámbitos educativos, habían derivado en un paro de actividades realizado el martes 30 de junio.

Con la aceptación de la oferta, el Gobierno bonaerense y los sindicatos acordaron retomar las negociaciones durante septiembre para dar continuidad a la discusión salarial y evaluar la evolución de la situación del sector docente.

El Gobierno nacional homologó el acuerdo paritario alcanzado para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública Nacional, que contempla incrementos salariales escalonados entre junio y agosto de 2026, el pago de una suma fija extraordinaria de $50.000 y la prórroga de diversos beneficios laborales.

La medida fue oficializada este martes mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, que homologa las actas acuerdo firmadas el pasado 18 de junio por la Comisión Negociadora.

De acuerdo con lo establecido, los trabajadores recibirán un aumento del 2,40% a partir del 1° de junio, calculado sobre los salarios vigentes al 31 de mayo; un 2,20% desde el 1° de julio, sobre los haberes de junio; y un 1,90% a partir del 1° de agosto, aplicado sobre las remuneraciones correspondientes a julio.

Además, el acuerdo dispone el pago de una suma fija remunerativa y no bonificable de $50.000, por única vez y de percepción única por persona, que será abonada junto con los haberes de agosto de 2026.

Actualización de escalas y beneficios

El decreto también establece la actualización de las escalas salariales de los distintos regímenes comprendidos en el convenio colectivo, así como de los montos correspondientes a viáticos, el adicional por prestación de servicios en la Antártida y los reintegros por gastos de comida, movilidad y guarderías.

Por otra parte, se prorrogó hasta el 31 de agosto de 2026 la entrada en vigencia del Régimen de Dirección Pública, mientras continúan las negociaciones para su revisión e implementación definitiva.

En la misma línea, se extendió la vigencia del Premio Estímulo a la Asistencia, cuyos montos fueron incrementados, y se mantuvieron las condiciones especiales vinculadas a licencias por exámenes, enfermedades y acompañamiento terapéutico de familiares.

Asimismo, la norma preserva hasta el 31 de agosto las sumas fijas remunerativas no bonificables establecidas por el Decreto 56/2020, aclarando que los nuevos incrementos salariales no se aplicarán sobre esos conceptos.

Nuevos valores para residentes de Salud

El decreto también fijó las nuevas remuneraciones para los profesionales residentes nacionales que prestan servicios en hospitales e institutos dependientes del Ministerio de Salud y en el Hospital Garrahan.

Desde el 1° de agosto, un residente jefe percibirá $1.691.131, mientras que un residente de primer año cobrará $1.282.419. Además, fueron actualizados los montos de las becas destinadas a estos profesionales.

Finalmente, la medida dispone que los aumentos también alcanzarán al personal civil de inteligencia de la Secretaría de Inteligencia de Estado y faculta a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar las normas complementarias necesarias para la aplicación del decreto.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó una actualización en el valor de la compensación especial por recargo de servicio destinada al personal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). La medida, que impactará directamente en los haberes de los agentes, rige con retroactividad al 1 de mayo de 2026.

A través de un decreto, se establecieron nuevos valores para los trabajadores del sector. El personal que desempeña tareas de índole estrictamente administrativa percibirá 900 pesos por hora, mientras que aquellos agentes afectados a funciones de seguridad recibirán 1.800 pesos por hora. Esta modificación representa un incremento del 50 por ciento en este concepto, superando los valores fijados en la última actualización realizada en septiembre de 2024.

Con esta resolución, se dejan sin efecto los montos establecidos mediante el Decreto N° 2000/24, que había determinado una compensación de 600 pesos por hora para el personal administrativo y 1.200 pesos por hora para el personal de seguridad.

En los fundamentos de la norma, el Poder Ejecutivo explicó que la decisión busca garantizar la operatividad del servicio en áreas críticas. La extensión de la jornada laboral resulta indispensable para el cumplimiento de tareas esenciales, tales como el traslado de internos, la realización de guardias reforzadas, la ejecución de diligencias administrativas urgentes y la cobertura de servicios extraordinarios.

Asimismo, el decreto detalla que esta actualización responde a la realidad económica actual. El proceso administrativo contó con la intervención favorable de las áreas técnicas y presupuestarias de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Economía, además del aval de la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares oficializó el esquema de aumento escalonado destinado a las remuneraciones horarias y mensuales mínimas del personal que realiza tareas domésticas. La medida, que abarca el periodo comprendido entre abril y julio de 2026, fue formalizada mediante la Resolución 4/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Esta actualización salarial, que se concreta tras más de un mes de haberse alcanzado el acuerdo paritario, establece una suba del 1,8% en abril sobre la remuneración vigente, del 1,6% en mayo, del 1,5% en junio y del 1,4% en julio. Según lo dispuesto, los incrementos serán de carácter remunerativo y se aplicarán de manera acumulativa.

Además de la actualización de las escalas, se determinó la incorporación a los salarios básicos de la suma no remunerativa que había sido pactada para marzo pasado. Dicho proceso se realizará en dos tramos: el 50% se integrará sobre los sueldos de abril, mientras que el 50% restante se hará efectivo sobre los haberes de julio. Cabe recordar que el bono extraordinario original oscilaba entre los 8.000 y los 20.000 pesos, dependiendo de la carga horaria semanal de cada trabajador.

La normativa también contempla un incremento en el adicional por zona desfavorable. A partir del 1 de abril de 2026, este concepto pasó del 30% al 31% sobre los salarios mínimos fijados para cada categoría. Este beneficio alcanza al personal que desempeña sus tareas en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, y en el partido bonaerense de Patagones.

En el marco de la tercera reunión de la comisión negociadora paritaria, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil (STMT) y el Departamento Ejecutivo sellaron un acuerdo para la primera etapa del período 2026/2027. El esquema contempla un incremento inicial del 10 por ciento en los básicos a partir del 1 de julio y cláusulas de ajuste mensual por inflación para el resto del trimestre.

Tras una serie de negociaciones, las partes alcanzaron el viernes un consenso que busca dar previsibilidad a los ingresos de los trabajadores frente al contexto económico actual.

El acuerdo contempla una suba del 10 por ciento sobre todos los básicos de la escala salarial, la cual entrará en vigencia el 1 de julio. Según informaron desde el sindicato que conduce Roberto Martínez Lastra, este porcentaje inicial tiene como objetivo cubrir el impacto de la inflación acumulada entre los meses de abril y julio inclusive.

La mesa de diálogo, que contó con la participación de representantes sindicales y funcionarios de las secretarías de Gobierno y Economía, puso el foco en la recuperación del salario básico.

Esta decisión se fundamentó en la necesidad que los incrementos tengan un impacto directo y proporcional en toda la escala jerárquica y, fundamentalmente, que se trasladen de manera automática a los haberes que perciben los compañeros jubilados.

Indexación por IPC y reapertura en noviembre

El acta firmada establece además un mecanismo de protección contra el avance de los precios para el segundo tramo del año. De esta manera, se acordó un incremento según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que se aplicará a partir del 1 de septiembre. Es suba será de carácter acumulativo sobre los básicos correspondientes al mes anterior. Bajo la misma lógica, en octubre se aplicará una nueva actualización basada en el IPC de septiembre, también acumulativa.

Este esquema de movilidad permitirá que los sueldos municipales acompañen la evolución de las variables de la economía de forma mensual, evitando el deterioro del poder adquisitivo antes de la próxima instancia de revisión.

Las partes fijaron para noviembre una nueva reapertura de la paritaria, encuentro en el cual se evaluarán los efectos de esta recomposición y el comportamiento de los indicadores financieros globales.

En dicha instancia de fin de año, se retomará la discusión sobre ítems específicos que quedaron pendientes en este acuerdo. Entre ellos, el sindicato adelantó que incluirá la posibilidad de incrementar la bonificación por presentismo y definirá el monto de la bonificación especial por el “Día del Trabajador Municipal”. Ambos conceptos, junto con sus respectivos ajustes, formarán parte de la agenda de negociación para el último bimestre del ejercicio.

Finalmente, el acuerdo ratifica el compromiso de mantener una mesa de diálogo permanente para monitorear la situación social y laboral de los agentes comunales.

Con la firma de este convenio, el Ejecutivo y el STMT cierran una etapa de la negociación, brindando un marco salarial para los próximos cuatro meses en un escenario que demanda un monitoreo permanente.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires retomará la próxima semana las negociaciones paritarias con los trabajadores estatales, en un contexto marcado por la cercanía del pago del medio aguinaldo y el reclamo de los gremios por una actualización salarial que permita recuperar ingresos frente a la inflación.

La convocatoria oficial fue realizada para el jueves 11 de junio y alcanzará a los principales sindicatos que representan a los empleados públicos bonaerenses, entre ellos la Asociación Trabajadores del Estado, la Unión del Personal Civil de la Nación y la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires.

Las conversaciones llegan luego de una reunión exploratoria realizada a fines de mayo, en la que las autoridades provinciales expusieron las dificultades financieras que atraviesa la administración bonaerense y no presentaron una propuesta concreta de incremento salarial. Sin embargo, los gremios confían en que esta vez exista una oferta formal sobre la mesa.

Uno de los puntos centrales de la discusión será el impacto que un eventual aumento pueda tener sobre el Sueldo Anual Complementario (SAC). El calendario juega un papel clave: los salarios de junio comenzarán a liquidarse pocos días después del encuentro paritario, por lo que cualquier acuerdo deberá alcanzarse rápidamente para que pueda reflejarse en los haberes de este mes.

Hasta el momento, los trabajadores estatales bonaerenses recibieron incrementos que acumulan un 9,1% en lo que va del año, mientras que la inflación acumulada en el mismo período ronda el 12%, una diferencia que alimenta el malestar en las bases sindicales. Además, los gremios sostienen que durante 2025 los salarios quedaron rezagados frente al aumento del costo de vida.

Desde la administración del gobernador Axel Kicillof analizan la posibilidad de avanzar en un acuerdo de varios meses de duración, una alternativa que permitiría otorgar previsibilidad a las cuentas provinciales y evitar negociaciones permanentes.

Por su parte, los representantes sindicales adelantaron que además de la cuestión salarial insistirán con reclamos vinculados a los pases a planta permanente y la mejora de las condiciones laborales dentro de la administración pública provincial.

La negociación se desarrollará además el mismo día en que el Instituto Nacional de Estadística y Censos difundirá el índice de inflación de mayo, un dato que podría resultar determinante para las pretensiones de los gremios y la propuesta que finalmente presente la Provincia.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Tandil-Juárez reclamó una urgente recomposición salarial para los trabajadores municipales y advirtió sobre el deterioro del poder adquisitivo frente al incremento sostenido del costo de vida.

El gremio formalizó ante el Departamento Ejecutivo un pedido de aumento del 15 por ciento al básico para todas las categorías, a pagar con los haberes de mayo, además de la reapertura de la discusión paritaria en julio de 2026.

En diálogo con El Eco de Tandil, el referente local de ATE, Hernán Gasparini, expresó la preocupación del sector por la falta de avances en la negociación salarial y cuestionó la demora en el tratamiento de la paritaria correspondiente a este año.

“Históricamente, las paritarias se hacían en marzo. Pero este año se pasó para mayo”, señaló. Según explicó, el primer encuentro formal entre el Ejecutivo y los gremios se concretó el 1ro. de mayo, aunque -agregó- desde ATE ya habían solicitado previamente la apertura de la discusión.

“Respecto al incremento que pedimos, nosotros solicitamos un 15 por ciento en un solo pago desde mayo. Todavía no se ha resuelto nada sobre el tipo de incrementos y tampoco hemos tenido una respuesta en relación al período de aumento salarial”, sostuvo.

Desde el sindicato remarcaron que el planteo responde a una situación económica cada vez más compleja para los trabajadores municipales. En el comunicado difundido públicamente señalaron que “la realidad cotidiana no se mide en estadísticas sino en el costo de vida que enfrentan las familias todos los días”.

En esa línea, advirtieron que el incremento permanente de los precios de los alimentos, las tarifas de servicios, el transporte y otros gastos esenciales “deteriora permanentemente el poder adquisitivo de los salarios municipales”.

“Hoy miles de hogares municipales atraviesan una situación crítica. Ya no alcanza con empatarle a la inflación oficial; necesitamos una recomposición salarial real que impacte efectivamente en el bolsillo de las y los trabajadores”, manifestaron desde ATE.

En la misma sintonía, Gasparini indicó que los últimos incrementos otorgados corresponden todavía a la paritaria de 2025. “El último aumento que hubo fue del 6 por ciento en febrero y 6 por ciento en abril”, detalló. 

También mencionó el pago de un bono extraordinario de 300 mil pesos, abonado en dos cuotas, aunque aclaró que “no refleja el número real de la inflación”.

Para el dirigente gremial, la negociación salarial de este año llega con retraso y eso complejiza aún más la situación de los trabajadores. “La paritaria de 2026 no refleja ningún aumento para el trabajador y la trabajadora municipal”, afirmó.

Además, consideró que la demora reduce las posibilidades de alcanzar una recomposición significativa en el corto plazo. “Esa paritaria 2026 está tardía: no fue en marzo, no fue el 1ro. de mayo. Y es muy difícil que se pague un aumento salarial el mismo mes en que se paga el aguinaldo; en junio”, indicó.

En ese sentido, advirtió sobre la posibilidad de que el acuerdo termine siendo menor al solicitado por el gremio. “Estamos muy preocupados. Porque lo que puede pasar es que, en vez de tener una composición salarial del 15 por ciento, se otorgue un pequeño aumento porque también se va a pagar el aguinaldo”, expresó.

ATE insistió asimismo en la necesidad de garantizar que ningún trabajador municipal quede por debajo de la línea de pobreza. 

Actualmente, según precisó Gasparini, un ingresante percibe alrededor de 820 mil pesos por un régimen laboral de 35 horas semanales.

El gremio cuenta con aproximadamente 230 afiliados dentro de una planta municipal cercana a los 2.700 trabajadores.

Gasparini también volvió a cuestionar el esquema de negociación salarial vigente y el rol que ocupa ATE dentro de las discusiones paritarias.

“En líneas generales termina pasando que, por lo menos hasta que la Justicia defina la participación de ATE en la paritaria, nosotros hacemos un pedido real de lo que necesitamos recomponer y terminan negociando por debajo de lo que planteamos”, sostuvo.

Aun así, defendió la estrategia del sindicato de instalar públicamente un porcentaje más alto. “Lo que está bueno es que pone la vara alta para que no se sigan destruyendo los salarios”, afirmó.

Por último, aseguró que hasta el momento no hubo novedades desde el Ejecutivo municipal. “En lo que va de mayo todavía no se planteó nada en función de un aumento” y agregó que, según tienen entendido, tampoco el Sindicato de Trabajadores Municipales recibió una propuesta formal.

“Estiraron la paritaria de una manera espantosa”, concluyó.

Los empleados bancarios percibirán un incremento salarial del 2,6 por ciento correspondiente al mes de abril. Esta actualización fue acordada entre la Asociación Bancaria, liderada por Sergio Palazzo, y las cámaras empresarias, con el objetivo de mantener la paridad con el último índice de inflación, que registró la misma cifra.

El ajuste se aplicará de manera retroactiva con los salarios de junio sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, tanto normales como habituales. De esta forma, en los primeros cuatro meses del año, la suba acumulada alcanza el 12,3 por ciento respecto a los sueldos de diciembre de 2025, igualando la variación de precios acumulada en dicho período.

Con esta nueva actualización, el salario inicial de los bancarios se ubicará en $2.319.195,20. Asimismo, el convenio establece que, con motivo del Día del Bancario, se abonará un monto mínimo de $2.067.482,29, valor que podrá ser modificado en función de futuros acuerdos salariales que se alcancen en el sector.

Cabe destacar que, según datos de la Secretaría de Trabajo a marzo, los trabajadores del sector registraron un aumento real cercano a cero en el último año, debido a que las actualizaciones se vienen pactando en sintonía con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Desde la organización gremial confirmaron que las negociaciones continuarán en el corto plazo siguiendo la pauta establecida. A través de un comunicado, la Asociación Bancaria señaló: "Según lo acordado oportunamente, se continuará de igual manera con la actualización del mes de mayo, siguiendo el mismo mecanismo y el alcance estipulado en los acuerdos salariales que se realizaron hasta el momento. Asimismo, se retomará la negociación paritaria en la segunda quincena de junio de 2026",

Es importante destacar que en junio los trabajadores percibirán el Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, el cual se abona en dos cuotas anuales. La primera de ellas debe cancelarse hasta el 30 de junio y representa el 50 por ciento de la mayor remuneración mensual bruta percibida durante el semestre.

Para un sueldo de $2.319.195,20, el monto del aguinaldo ascendería a $1.159.597,60. En los casos donde el empleado no registre seis meses de antigüedad, el pago será proporcional al tiempo trabajado, tomando como referencia el sueldo más alto, multiplicándolo por los meses cumplidos y dividiendo el resultado por 12.

El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) se actualiza nuevamente en mayo, en el marco de un esquema de incrementos escalonados que el gobierno nacional dispuso para los primeros ocho meses de 2026. Si bien este valor suele definirse a partir del consenso entre el Estado, los sindicatos y el sector empresario dentro del Consejo del Salario, la falta de acuerdo a fines de 2025 llevó al ejecutivo a establecer los nuevos montos por decreto.

Este indicador fija el ingreso mínimo que debe percibir un trabajador por su jornada laboral y funciona como una referencia clave para distintos aspectos de la economía. El salario mínimo correspondiente a mayo se estableció en 363.000 pesos mensuales. En tanto, para quienes cobran por jornada, el valor de la hora quedó fijado en 1.815 pesos.

En comparación con abril, cuando el salario mínimo era de 357.800 pesos, el incremento fue de 5.200 pesos, lo que equivale a una suba del 1,5 por ciento. A pesar de esta actualización, el aumento sigue por debajo de la inflación. Cabe señalar que, a diferencia de las jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales, el SMVM no cuenta con un mecanismo de ajuste automático por el Índice de Precios al Consumidor.

Además de estar contemplado como un derecho en la Constitución Nacional, el salario mínimo también se encuentra regulado por la Ley de Contrato de Trabajo. En junio, el monto volverá a incrementarse según lo dispuesto en la Resolución 9/2025.

Este valor impacta directamente en el monto de las jubilaciones, programas sociales, becas, subsidios y cuotas alimentarias. Se utiliza tanto para definir los límites de ingresos necesarios para acceder a asignaciones o ayudas estatales de la ANSeS, como para actualizar valores y calcular distintos beneficios en todo el territorio nacional.

El gobierno nacional oficializó durante la madrugada de este viernes un nuevo aumento salarial para los empleados públicos. El entendimiento, que fue formalizado mediante el Decreto 206/2026, tiene carácter retroactivo y abarca tanto a agentes permanentes como no permanentes de la administración pública nacional.

El pacto quedó sellado tras la homologación de las actas acuerdo firmadas el seis de marzo de 2026. Según lo dispuesto por la normativa, el nuevo esquema de remuneraciones máximas para servicios extraordinarios establece topes que oscilan entre los 791.210 pesos en enero y los 851.392 pesos en mayo de este año.

El cronograma de incrementos se aplicará de forma escalonada sobre la base de las retribuciones mensuales vigentes al último día del mes anterior. En enero, el aumento será del 2,50 por ciento; en febrero, del 2,20 por ciento; en marzo, del dos por ciento; en abril, del 1,70 por ciento; y en mayo, del 1,50 por ciento.

A su vez, se acordó la entrega de una suma fija excepcional y no bonificable de 40.000 pesos, que se liquidará en mayo de 2026 para todos los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo General. Esta medida, de percepción única por persona, busca cubrir el diferencial inflacionario acumulado en el período.

La normativa también alcanza a los profesionales residentes nacionales que dependen del Ministerio de Salud y del Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Profesor Dr. Juan P. Garrahan”. Por ejemplo, la remuneración de un jefe de residentes será de 1.473.717 pesos en enero y alcanzará los 1.585.814 pesos en mayo.

Finalmente, el Decreto 208/2026 hizo efectiva la suba para cargos docentes y administrativos de escuelas y organismos estatales, impactando en la Escuela Nacional de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional, el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), entre otras dependencias oficiales.

La pobreza cayó al 28,2% en el segundo semestre del año pasado, lo que significa que más de 8,4 millones de personas vivían en esa condición en los principales centros urbanos del país. Dentro de ese universo, cerca de 1,9 millones se encontraban en la indigencia(6,3%), sin ingresos suficientes siquiera para cubrir la alimentación básica, de acuerdo a los datos difundidos esta tarde por el Indec.

El indicador había sido del 31,6% en su última medición (primer semestre del año pasado), y 38,1% en la segunda mitad de 2024.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró los datos en la red social X. “LA POBREZA ES LA MÁS BAJA EN MÁS DE 7 AÑOS”, publicó en letras mayúsculas.

“En el segundo semestre de 2025 la pobreza se ubicó en 28,2%, en tanto la indigencia fue de 6,3%. Con respecto al segundo semestre de 2024, la incidencia de la pobreza y de la indigencia se redujo 9,9% y 1,9%. En relación al primer semestre de 2024, cuando la pobreza y la indigencia ascendieron a 52,9% y 18,1%, la reducción fue de 24,7% y 11,8%, respectivamente. La incidencia de la pobreza fue la más baja desde el primer semestre de 2018”.

Siempre según el texto de Caputo, “la fuerte baja en la pobreza y la indigencia se sustentan en el crecimiento económico, el proceso de desinflación y el refuerzo en los programas sociales sin intermediarios desde el inició de la gestión”. Y el ministro cerró su posteo con una mención a su par de Gabinete, Sandra Pettovello, titular de Capital Humano.

A propósito, “LA POBREZA SIGUE BAJANDO. Dato no relato. MAGA!”, escribió el presidente Javier Milei, que replicó el posteo de Capital Humano.

Los datos también reflejan que el 21% de los hogares se ubicó por debajo de la línea de pobreza (2,1 millones de personas). En tanto, el 4,8% quedó en situación de indigencia, lo que equivale a casi medio millón de familias con ingresos insuficientes para acceder a la canasta básica alimentaria.

En comparación con el primer semestre de 2025, la pobreza descendió 3,4 puntos porcentuales en personas y 3,1 puntos en hogares, mientras que la indigencia no presentó variaciones significativas. Esta evolución se vincula principalmente con una recuperación de los ingresos por encima del aumento de las canastas básicas.

En efecto, el ingreso total familiar promedio creció un 18,3% en el período, mientras que la canasta básica alimentaria subió 11,9% y la canasta básica total un 11,3%. Esta diferencia permitió que una porción de los hogares lograra superar el umbral de pobreza.

Pese a la mejora, en promedio los ingresos de los hogares pobres quedaron 35,7% por debajo del valor de la canasta básica total. El impacto es particularmente fuerte entre los más jóvenes. El 41,3% de los niños de hasta 14 años vive en hogares pobres. En cambio, entre los mayores de 65 años, la incidencia se reduce al 9,7%, evidenciando una marcada desigualdad por grupos etarios.

A nivel regional, las diferencias también son notorias. El Noreste registró una pobreza del 32,7%, seguido por Cuyo con 32,3%, mientras que el Gran Buenos Aires se ubicó en 28,3%. En contraste, la Patagonia (25,4%) y la región Pampeana (26,2%) mostraron niveles más bajos, aunque igualmente elevados en términos históricos.

El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema de aumentos salariales para empleados públicos, junto con el pago de una suma fija extraordinaria. La medida fue formalizada mediante el Decreto 206/2026 publicado en el Boletín Oficial, que homologa las Actas Acuerdo firmadas el 6 de marzo.

De esta manera, la Rosada cerró la paritaria para los próximos meses con el aval de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y el rechazo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

El incremento tiene carácter retroactivo y alcanza a trabajadores permanentes y no permanentes de la administración pública nacional. El esquema prevé subas mensuales escalonadas: 2,5% en enero, 2,2% en febrero, 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo, calculadas sobre las remuneraciones habituales vigentes en cada período.

A su vez, también se extenderán aumentos anteriores —homologados por varios decretos entre 2024 y 2026— al suplemento previsto para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), según lo dispuesto en el artículo 84 del convenio sectorial.

Además, se establecieron nuevos topes para el pago de servicios extraordinarios, que irán desde $791.210 en enero hasta $851.392 en mayo de 2026. Para su cálculo no se incluirán adicionales como zona, presentismo u otros conceptos no bonificables.

En paralelo, el acuerdo contempla el pago de una suma fija no bonificable de $40.000, que se abonará en mayo y será percibida por única vez. El refuerzo apunta a cubrir el desfasaje generado por la inflación acumulada.

En el área de salud, se fijaron nuevos valores para los residentes nacionales que se desempeñan en dependencias del Ministerio de Salud y en el Hospital Garrahan. Un jefe de residentes pasará de $1.473.717 en enero a $1.585.814 en mayo, mientras que un residente de primer año cobrará entre $1.117.549 y $1.202.555 en el mismo período. También se actualizaron becas y asignaciones vinculadas a estos cargos, en línea con la política de recomposición de ingresos del sector.

Por otra parte, el Gobierno avanzó con ajustes específicos para personal docente y administrativo de organismos estatales mediante el Decreto 208/2026. La medida alcanza a instituciones como la Escuela Nacional de Bibliotecarios y el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), dependiente del ENACOM.

En ese marco, el salario de bedeles del ISER se fijó en $111.212 desde abril y en $112.880 a partir de mayo, mientras que el valor de la hora cátedra se actualizó a $8.143 y luego a $8.266.

El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema de aumentos salariales para los empleados públicos, que incluye el pago de una suma fija extraordinaria por única vez. La medida se formalizó mediante el Decreto 206/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el cual homologa las actas acuerdo firmadas el seis de marzo.

Con esta disposición, la administración central cerró la paritaria para los próximos meses contando con el aval de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y el rechazo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). El incremento tiene carácter retroactivo y alcanza a trabajadores permanentes y no permanentes de la administración pública nacional.

El esquema de actualización prevé subas mensuales escalonadas: 2,5% en enero, 2,2% en febrero, 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo. Estos porcentajes se calculan sobre las remuneraciones habituales vigentes en cada período. Asimismo, se extendieron aumentos previos al suplemento previsto para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), según lo dispuesto en el convenio sectorial.

En paralelo, el acuerdo contempla el pago de una suma fija no bonificable de $40.000, que se abonará en mayo por única vez. El objetivo de este refuerzo es cubrir el desfasaje generado por la inflación acumulada. Además, se establecieron nuevos topes para el pago de servicios extraordinarios, que irán desde $791.210 en enero hasta $851.392 en mayo de 2026.

En el área sanitaria, se fijaron nuevos valores para los residentes nacionales que se desempeñan en dependencias del Ministerio de Salud y en el Hospital Garrahan. Un jefe de residentes pasará de percibir $1.473.717 en enero a $1.585.814 en mayo. Por su parte, un residente de primer año cobrará entre $1.117.549 y $1.202.555 en el mismo período.

Por otra parte, mediante el Decreto 208/2026, el Gobierno nacional avanzó con ajustes específicos para personal docente y administrativo de organismos como la Escuela Nacional de Bibliotecarios y el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), dependiente del Enacom. En este marco, el salario de los bedeles del ISER se fijó en $111.212 desde abril, mientras que el valor de la hora cátedra se actualizó a $8.143 y luego a $8.266 en mayo.

El Gobierno bonaerense anunció un acuerdo salarial para la policía bonaerense, que comprende un aumento del 11%, más plus compensatorio por uniforme y el valor del servicio de Policía Adicional (POLAD).

El aumento contempla un 5% en marzo y 2,5% en abril, que se suman a las subas de 2% en enero y 1,5% en febrero. Asimismo, el POLAD, a partir de febrero, logra un incremento adicional del 22,7%, acumulando al mes de abril una mejora del 36,4%.

“En un contexto económico complejo y con menos recursos por las políticas del Gobierno nacional, seguimos defendiendo el salario y las condiciones de trabajo de las fuerzas de seguridad”, indicó el ministro Javier Alonso.

Ayer por la mañana, representantes del Ejecutivo y del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil (STMT) retomaron las negociaciones paritarias y acordaron un esquema de actualización salarial del 12 por ciento a aplicar en dos tramos.

Durante el encuentro, el tercero que se celebró desde la reapertura de las conversaciones, las partes dieron tratamiento al pedido de actualización de los haberes presentado por la organización sindical con el objetivo de resguardar el poder adquisitivo de los empleados de la comuna ante la evolución de las variables económicas.

“Sabido es que en los últimos meses se ha verificado un constante incremento de la inflación, con índices de precios de bienes y servicios que en el acumulado erosionan el poder adquisitivo de los trabajadores”, y al respecto agregaron que “esta constante la vemos claramente en rubros que son aquellos que llevan la mayor parte (o toda) de nuestros ingresos: canasta alimentaria con incrementos de más del doble del IPC promedio y las tarifas de la energía, estas últimas con la quita de subsidios incluida”, expresaron desde el sindicato para justificar el requerimiento.

Al retomar ayer el análisis técnico de las variables puestas en consideración, el Gobierno accedió a otorgar la recomposición del 12 por ciento solicitada por el sindicato que conduce Roberto Martínez Lastra. La propuesta, acordada con el sindicato en las últimas horas, incluye a todos los trabajadores de la administración central y del Sistema Integrado de Salud Pública ente descentralizado.

Así, el entendimiento dio cierre al ciclo paritario correspondiente al período 2025/2026, estableciendo una previsibilidad salarial para el primer cuatrimestre del año.

Detalles el acuerdo

Según informó el sindicato en una breve publicación a través de las redes sociales, el incremento se liquidará en dos etapas. La primera de ellas consistirá en una suba del seis por ciento a partir del 1 de febrero, calculada sobre los salarios vigentes en enero de 2026. La segunda etapa completará el acuerdo con otro seis por ciento desde el 1 de abril, tomando como base los haberes del mes de marzo.

El aumento tiene “carácter acumulativo”, lo que garantiza que el impacto real en el bolsillo del trabajador sea superior al porcentaje nominal.

Asimismo, confirmó que la mejora en los básicos de todas las categorías del escalafón impactará también en los jubilados del sector.

Finalmente, las partes acordaron que la apertura del nuevo período paritario tendrá lugar en mayo de este año.

Durante los próximos meses, se evaluará la evolución de las variables macroeconómicas y su incidencia en la canasta básica, con el fin de proyectar la pauta salarial para el resto del año.

Evolución paritaria

En octubre del año pasado, en el marco de la paritaria 2025, el Municipio y el Sindicato de Trabajadores Municipales acordaron un esquema de recomposición salarial que incluyó ajustes en octubre, noviembre y diciembre, un aumento en el concepto de presentismo y una bonificación especial no remunerativa.

Los incrementos en los sueldos básicos se aplicaron según la siguiente modalidad: En octubre, un aumento fue equivalente a la variación mensual del IPC publicada por el Indec para ese mes, calculado sobre los básicos vigentes en septiembre.

En noviembre, un aumento equivalente a la variación mensual del IPC publicada por el Indec para ese mes, calculado sobre los básicos vigentes en octubre.

En diciembre, un aumento equivalente a la variación mensual del IPC publicada por el Indec para ese mes, calculado sobre los básicos vigentes en noviembre.

Además, acordaron un incremento en 20 mil pesos del concepto de presentismo a partir del 1 de octubre, que quedó en 50 mil pesos, y dos bonificaciones especiales no remunerativas de 150 mil pesos cada una, que se abonaron el 14 de noviembre y el 23 de enero de 2026.

La CGT rechazó este miércoles el laudo que fija el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en $328.400 cifra que consideró “insuficiente” y “desconectada de la realidad” de los trabajadores.

En un comunicado de prensa, la central obrera hizo mención a la reunión que mantuvieron junto a empresarios y representantes del Estado en el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

“Nuestra propuesta contemplaba restablecer el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023, incorporando además la inflación proyectada hasta abril de 2026”, recordaron desde la central sindical sobre la alternativa que pusieron sobre la mesa.

La iniciativa de la CGT implicaba un “aumento acumulado del 71,6%, a través de tramos del 11,4% mensual entre diciembre y abril”, lo que significaba el primer paso para que el salario mínimo alcance la Canasta Básica Total, actualmente situada en $1.176.852”.

“Lejos de ese objetivo, el laudo impuesto desconoce las necesidades básicas de millones de trabajadoras y trabajadores y consolida una pérdida salarial incompatible con una vida digna”, argumentaron desde la central obrera.

En el mensaje difundido a través de las redes sociales, la CGT volvió a pedir que el Salario Mínimo, Vital y Móvil recupere su valor y vuelva a “constituirse en referencia válida para todas las escalas salariales del país”.

El índice de salarios registró en el mes de septiembre un incremento del 2,2% respecto del mes anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) el miércoles en horas de la tarde. Con este resultado, el indicador acumula en lo que va del año una suba del 30,4% y una variación interanual del 46%.

De acuerdo con los datos del informe oficial, el aumento mensual fue producto de alzas del 1,4% en el sector privado registrado, del 1,1% en el sector público y del 5,7% en el sector privado no registrado. 

En términos acumulados desde diciembre de 2024 hasta la actualidad, las subas fueron del 20,4% para los trabajadores privados registrados, del 23,9% para los públicos y del 77% para los no registrados.

El Indec precisó que, dentro del sector público, los salarios del subsector nacional aumentaron un 1,3% en septiembre. Mientras que, por el contrario, los del subsector provincial subieron un 1,1%. En la comparación interanual, las variaciones fueron de 21,8% y de 39,6%, respectivamente.

El índice de salarios mide la evolución de los sueldos pagados en la economía a nivel nacional, excluyendo factores vinculados a horas trabajadas, productividad o ausentismo.

Los resultados se elaboran a partir de datos del sector privado registrado, el público y el privado no registrado. Los mismos permiten estimar la evolución del poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación.