Los concejales de Azul llevaron a cabo una sesión especial a la vera de la Ruta Nacional N° 3 con el objetivo de visibilizar el profundo malestar de los vecinos ante el deterioro de las vías nacionales. El foco del reclamo se centra en el tramo que conecta Las Flores con Chillar, un corredor de tránsito pesado que registra un historial de accidentes fatales.

La jornada legislativa tuvo lugar en la denominada “Rotonda del Cristo”, un punto emblemático donde los vecinos autoconvocados mantienen su lucha desde hace años. Durante el encuentro, los ediles debatieron sobre el estado de las rutas y la ubicación de los peajes proyectados en los kilómetros 290 y 380. Por unanimidad, el cuerpo legislativo aprobó solicitar al organismo nacional que la estación prevista en el kilómetro 290 sea trasladada a las inmediaciones del 230, atendiendo a los reclamos de los habitantes de Cacharí.

Los residentes de dicha localidad han encabezado movilizaciones para rechazar la instalación de una nueva cabina de peaje, enmarcada en el esquema de concesiones impulsado por el presidente Javier Milei. Según los vecinos, la medida provocaría un aislamiento similar al experimentado años atrás, ya que la cabina se ubicaría entre Cacharí y Azul, obligando a los habitantes a pagar para trasladarse a la ciudad cabecera.

“Habíamos logrado recuperar un transporte interurbano que conecta a la localidad con Azul y ahora otra vez nos complican la vida. ¿Cuál fue el criterio que utilizaron? porque no encontramos un fundamento que tenga en cuenta cómo viven las localidades del interior”, manifestaron.

En paralelo, el grupo de vecinos Autovía Ya realizó su tradicional movilización “5 a las 5” para exigir la construcción de una autovía. Si bien reconocieron que la nueva concesionaria inició tareas de mantenimiento, advirtieron que estas no resuelven el problema estructural. Los autoconvocados señalaron que la ruta sigue siendo un “cuello de botella” y continúan los siniestros, por lo que gestionan proyectos para mejorar banquinas, sumar iluminación e instalar rotondas.

Al cierre de la sesión, los ediles descubrieron una placa conmemorativa por los 15 años de lucha por la Autovía en la Ruta Nacional N° 3. Ante la incertidumbre, el mes pasado los vecinos exigieron a La Libertad Avanza y a la empresa Corresur que convoquen a una mesa de diálogo urgente.

“El traspaso de los corredores viales y el futuro de los peajes locales, como en Cacharí, requieren debates abiertos, públicos y transparentes, exigimos participación, claridad y respeto por la historia de este reclamo”, señalaron.

Los vecinos convocaron a la comunidad a mantenerse en estado de alerta ante el futuro de las rutas nacionales.

El conflicto derivado del traslado de una familia desde la ciudad de Azul hacia Tandil, que motivó diversas gestiones y planteos entre ambos municipios, comienza a encauzar una instancia de diálogo institucional. Tras la intervención de la Secretaría Legal y Técnica del Municipio de Tandil, se han abierto canales de comunicación directa para coordinar una mesa de trabajo que permita esclarecer las responsabilidades y antecedentes del caso.

La secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, Juliana Teerink, confirmó que el contacto se formalizó a través de un mensaje de WhatsApp enviado por el secretario de Desarrollo de la Comunidad del Municipio de Azul. En principio acordaron reunirse durante la semana del 14 de septiembre próximo en Tandil, aunque resta que Azul envíe la documentación sobre las intervenciones que tuvieron para con el grupo familiar.

“Acordamos con el secretario de Desarrollo de la comunidad de Azul, concretar la reunión entre ambas secretarías durante la semana del 14 de septiembre en Tandil. Previo a esta reunión, reiteramos que nos envíen información oficial de intervenciones profesionales e institucionales por parte de ellos”, informó Teerink.

“Desde el municipio de Azul, a partir de la última respuesta que se emitió desde la Secretaría Legal y Técnica del Municipio de Tandil, se comunicó conmigo a través de un mensaje de WhatsApp el secretario de Desarrollo de la Comunidad para que podamos coordinar esta mesa de trabajo que ellos proponen. Vamos a darle la implementación con algunas condiciones”, indicó.

La funcionaria detalló que la exigencia principal para avanzar en este encuentro es la recepción de los antecedentes institucionales que el municipio de Azul posee sobre la familia. 

"Esto lo entendió el secretario de Desarrollo de la Comunidad. Una de las condiciones básicas tiene que ver con la posibilidad de que ellos nos envíen, previo al encuentro, toda la información oficial o formal que tengan con respecto a los antecedentes de intervención de la familia o con la familia. A partir de eso, nosotros evaluaremos el sistema de esta mesa de trabajo. El secretario se mostró predispuesto para esto en las respuestas que me fue ofreciendo, así que entendemos que en breve se puede llegar a materializar esa mesa de trabajo", afirmó.

En paralelo a las gestiones políticas, la secretaria Juliana Teerink mantuvo el 3 de septiembre una reunión con una de las referentes adultas del grupo familiar. 

Durante el encuentro, se evaluó el estado de situación de las personas, quienes continúan alojadas en una pensión local bajo la cobertura del Municipio de Tandil, tras haber sido trasladadas desde Azul en condiciones que la familia describió como arbitrarias y sin explicaciones previas.

Teerink destacó que, durante la entrevista, la familia ratificó su relato inicial sobre las circunstancias del traslado, expresando sentimientos de angustia y temor. Según la funcionaria, el grupo familiar se encuentra actualmente en una etapa de búsqueda de viviendas para alquilar, con el objetivo de independizarse y organizar su dinámica cotidiana. 

En este proceso, los integrantes adultos han logrado realizar trabajos informales y changas que les permiten cubrir gastos de alimentación, mientras que los menores de edad han sido escolarizados en establecimientos locales.

Sobre el futuro del acompañamiento económico, la secretaria fue clara respecto a los plazos establecidos. "Pusimos fechas probables de corte en el tipo de acompañamiento económico para lo que tiene que ver con el alojamiento. Ellos estaban de acuerdo. Podrían seguir viviendo en la pensión haciéndose cargo del costo de ese alojamiento, siempre y cuando no consigan alguna vivienda que les permita mudarse como grupo familiar para tener una dinámica familiar como corresponde", precisó Teerink.

Finalmente, la funcionaria subrayó que el Municipio de Tandil mantiene su compromiso de acompañamiento por una cuestión de derechos, especialmente ante la presencia de niños y adolescentes. 

Asimismo, confirmó que la familia se mostró predispuesta a entrevistarse con las autoridades de Azul si fuera necesario.

La situación generada por el traslado e ingreso de una familia vulnerable desde el partido de Azul hacia Tandil continúa sumando capítulos y discrepancias entre ambas gestiones municipales. En diálogo con La Mañana, programa que se emite por El Eco Streaming, Eco TV y Tandil FM 104.1, la secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat local, Juliana Teerink, dio detalles sobre la asistencia brindada, el estado de las actuaciones institucionales y los límites de la intervención del Ejecutivo local.

Juliana Teerink confirmó que el municipio activó un protocolo de respuesta inmediata al constatar que el grupo familiar que incluye a menores de edad fue trasladado en un vehículo oficial de la comuna azuleña y dejado en la estación de trenes con lo puesto. Ante el escenario de desprotección y las bajas temperaturas, se dispuso el alojamiento provisorio en una pensión y la cobertura de sus necesidades alimentarias y sanitarias.

"En términos institucionales no hubo un contacto previo; nos encontramos con un desconocimiento absoluto de las causales de este movimiento. Las personas vinieron en una situación de extrema vulnerabilidad", remarcó la funcionaria.

En el plano administrativo y legal, el intendente Miguel Lunghi envió un pedido de informes al jefe comunal de Azul para requerir los antecedentes de intervención y exigir el resarcimiento de los gastos ocasionados. No obstante, las autoridades azuleñas rechazaron la solicitud argumentando que la mudanza respondió a un pedido formal de los propios involucrados. Ante esto, desde la Secretaría Legal y Técnica de Tandil se emitió un segundo requerimiento para avanzar en la conformación de una mesa de trabajo conjunta.

En cuanto al futuro de la familia, Juliana Teerink aclaró que varios adultos manifestaron su intención de radicarse en la ciudad, donde ya han inscripto a los niños en establecimientos escolares y conseguido empleos informales. Sin embargo, precisó que la asistencia económica estatal para el alojamiento tiene un límite temporal definido, ya que la etapa de emergencia ha finalizado.

El municipio mantiene el criterio de que los subsidios de alquiler se destinan exclusivamente a residentes con al menos dos años de antigüedad en la ciudad. Por este motivo, la funcionaria adelantó que se mantendrá una entrevista con los adultos para establecer una fecha límite al acompañamiento habitacional, dado que cuentan con la capacidad de tomar decisiones y generar sus propios ingresos. Asimismo, confirmó que se gestiona una reunión presencial con su par de Azul para definir responsabilidades políticas y sociales sobre el caso.

El conflicto entre Tandil y Azul por la familia que fue abandonada en la Estación de Trenes sumó un nuevo capítulo, con la respuesta que el intendente Miguel Lunghi remitió a su par Nelson Desiderio Sombra. En la nota, exigió pagar las erogaciones económicas que realizó el Municipio para asistir a los once integrantes que, el 13 de agosto pasado, arribaron en un móvil oficial de esa ciudad. Además, solicitó coordinar el “retorno seguro” a la vecina localidad y advirtió que sostendrá las acciones legales iniciadas y de no obtener respuesta, realizará otra denuncia ante el Tribunal de Cuentas.

La nota enviada al jefe comunal azuleño el 27 de agosto pasado fue en réplica a la que había cursado Azul cinco días antes. En tanto, el secretario de Legal y Técnica, Juan Francisco Macia Cantarelli, procedió por “expresa instrucción” del intendente Lunghi a “responder de manera categórica”.

Hace diez días, la Municipalidad de Azul había rechazado las demandas de Tandil por el traslado de la familia que fue dejada en la Estación de Trenes, como así también se rehusó a pagar los gastos ocasionados por la asistencia a los seis adultos y cinco menores de edad en situación de vulnerabilidad. Como contrapartida, había propuesto conformar una mesa integrada por funcionarios de ambas comunas para escuchar las declaraciones de los integrantes del grupo arribado a esta ciudad.

Punto por punto

"Esta secretaría rechaza de plano por falsas, inexactas e improcedentes todas y cada una de las justificaciones y descalificaciones vertidas por su administración, dejando expuestas las gravísimas inconsistencias fácticas, técnicas y normativas en las que incurre su descargo, así como el reprochable y temerario obrar del personal municipal de Azul”, expuso Macia Cantarelli al comenzar la argumentación.

En paralelo, acusó que la notificación recibida “no hace más que confirmar que su gestión ha intentado resolver un problema social e institucional local mediante la mera ‘exportación fáctica del conflicto’ hacia nuestra jurisdicción” y enumeró una serie de once “inadmisibles contradicciones”.

En primer lugar, marcó una “incongruencia”, teniendo en cuenta que el municipio azuleño adujo que había asistido a la familia durante cuatro años, de forma “sistemática” y a través de distintos profesionales. “Esta afirmación, lejos de atenuar la responsabilidad de su gestión, la agrava de manera exponencial”, concluyó el letrado y le achacó que tras el “seguimiento institucional”, frente a un conflicto vecinal y de violencia “la única respuesta operativa que la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad de Azul haya podido articular” fuera “subir a once personas a un transporte oficial y depositarlas en otra ciudad sin aviso previo alguno. Si el seguimiento fue real, la decisión de trasladarlos constituye un fracaso rotundo de su política de contención; si no lo fue, su nota miente para maquillar el abandono”.

En el segundo punto, Macia Cantarelli se enfocó en la situación habitacional y la ordenanza que le asignó a esa familia que habitaba el asentamiento “Los Piletones” un módulo a construirse en el predio del Tiro Federal. “Aquí radica la contradicción más escandalosa de su descargo”, señaló y cuestionó que con el traslado “su gestión desbarató su propia política pública y los fundamentos de una ordenanza de emergencia”.

En ese sentido, evaluó que “no existe coherencia alguna en legislar una solución local para luego facilitar activamente que los adjudicatarios emigren en una combi oficial hacia otro partido, perdiendo el arraigo y la protección habitacional consagrada”.

Por otra parte, en materia de vulneración de derechos, expuso que “su nota pretende amparar la legalidad de semejante operativo señalando que existió una ‘solicitud de ser trasladados... realizada por uno de los adultos’” y remarcó que el personal azuleño “omitió deliberadamente” que el grupo está compuesto por once personas -seis adultos y cinco niños-, por lo que cuestionó que la medida se basara en la “supuesta petición” de uno de los integrantes “sin constatar de manera fehaciente la libre voluntad de los otros cinco mayores de edad”.

En esa línea, desde Azul habían fundamentado el respeto por la “autonomía personal”, cuando se trata de “un avasallamiento directo de las libertades de los demás integrantes del grupo, quienes declararon ante la policía de Tandil que el personal de Azul les impuso el viaje como ‘única alternativa’ por falta de presupuesto local”.

En tanto, añadió que el accionar “vulneró de forma dolosa la Ley 13.298 y la Ley 26.061, ignorando por completo el derecho constitucional de los cinco niños a ser oídos y a que se garantice su centro de vida, decidiendo sobre su destino como si fueran meros objetos de traslado”.

Como cuarto punto, Macia Cantarelli apeló a “la falsedad de la ‘voluntad de traslado’ y la coacción del personal de Azul”, teniendo en cuenta que los adultos declararon en la comisaría Segunda que concurrieron a la Municipalidad de Azul tras sufrir hechos de violencia vecinal y amenazas, y. como respuesta, la encargada de Desarrollo Social de Azul les manifestó que no contaban con presupuesto para asistirlos y “como ‘única alternativa’ les impuso el traslado a Tandil bajo la falsa promesa de que nuestro municipio ya les tenía asignado un hogar”.

Como agravante, mencionó que “la familia manifiesta que el personal municipal les hizo firmar un papel manuscrito de puño y letra que les fue quitado de inmediato de las manos, impidiéndoles leer su contenido. No existió autonomía personal ni decisión libre; existió una maniobra engañosa y compulsiva de sus funcionarios para ‘exportar’ un conflicto social local”.

En quinto término, el letrado atacó la versión de que un adulto del grupo adujo que contaba con alojamiento para todos en Tandil y puso en evidencia que “el chofer del vehículo oficial de Azul patente AG 567 BU los dejó abandonados a las 16.40 en una estación de trenes en desuso, inhabitada y desprovista de servicios básicos”, cuando los debería haber llevado a la puerta del domicilio y constatar la habitabilidad y recepción.

“Dejarlos a la intemperie en un paraje ferroviario abandonado prueba de forma irrefutable que su personal sabía perfectamente que la familia no tenía adónde ir, desentendiéndose de su suerte en el instante en que descendieron del rodado municipal”, aseveró.

En sexto lugar, el secretario de Legales intimó a que Azul “remita de manera perentoria copia certificada” de la “evaluación de las condiciones” de la familia, que detalle los profesionales que firmaron y explique “bajo qué parámetros técnicos determinaron que once personas sin recursos tenían resuelto su sustento y vivienda en nuestra ciudad. Está claro que dicha evaluación técnica no existe, o es una simulación documental posterior”, máxime cuando al ser dejados en la Estación de Trenes “debieron encender fuego entre los vagones abandonados para calentarse en pleno invierno, requiriendo el auxilio inmediato y urgente de nuestra Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat para no congelarse”.

Por otra parte, el abogado acusó una “violación del deber estatal de resguardo de menores” y objetó que la falta de antecedentes en el Servicio Local “no exime al Estado municipal de Azul de sus obligaciones como garante primario del Sistema de Promoción y Protección de Derechos de la Niñez”.

Y advirtió que “al haber menores de edad en el grupo humano que su administración decidió subir a un transporte oficial, sus funcionarios tenían la obligación ineludible de garantizar que el traslado tuviera como destino un domicilio real y seguro”, por lo que reflejó que expuso a los niños “a una situación de desamparo crítico y vulnerabilidad social extrema”.

Como octava objeción, puso en duda la capacidad de registro y control procedimental de la gestión de Azul, teniendo en cuenta que la respuesta afirmaba con “asombrosa ligereza” que el grupo trasladado estaba compuesto por diez personas –cuatro adultos y seis menores-. “Esta inconsistencia deja en evidencia que su municipio ni siquiera sabe a quiénes sube a sus vehículos oficiales”, alertó y ofreció como pruebas tanto las actas de la Municipalidad de Tandil como del procedimiento policial. En tanto, calificó la diferencia en el número de personas como “una negligencia técnica e institucional intolerable”.

El ítem nueve versó sobre el “pésimo obrar operativo y absoluta falta de comunicación previa”, lo que quedó constatado por las cámaras del Centro de Monitoreo local que registró a personal azuleño trasladando a las once personas vulnerables, a las que abandonó en la Estación a las 16.40. “El chofer de la combi oficial se retiró de inmediato del lugar. No existió un solo llamado formal, ni un informe social de derivación, ni articulación de ningún tipo con nuestra Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat”, alegó.

En décimo orden, el secretario de Legales expuso “la ratificación de reservas de repetición y resarcimiento de gastos”, en tanto rechazó “con firmeza su pretensión de no hacerse cargo de los costos económicos” debido a que “ha sido la negligencia y la conducta desaprensiva de Azul la que obligó a este Municipio a desplegar de forma inmediata recursos humanos, logísticos y financieros extraordinarios para proveer alojamiento transitorio, alimentos, vestimenta e intervenciones sanitarias urgentes para salvaguardar la vida de sus ciudadanos”.

En tanto, advirtió que de no afrontar las sumas devengadas y a devengarse, el Municipio de Tandil iniciará “las acciones legales correspondientes y las denuncias respectivas ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires por desvío de recursos públicos al utilizar rodados oficiales para fines ilícitos y ajenos a su jurisdicción”.

Como última cuestión, Juan Francisco Macia Cantarelli aceptó la Mesa de Trabajo ofrecida por la comuna de Azul, que calificó como lo único “positivo y aceptable” de la respuesta enviada a Tandil, aunque “bajo la premisa de que no servirá como un mecanismo de impunidad o blanqueo del pésimo obrar de su personal”.

Condicionó la participación en esa mesa a generar “una instancia técnica obligatoria” para  “escuchar de manera personal, directa y libre de coacciones a los integrantes de la familia trasladada” y presentar los informes oficiales del Servicio Local respecto de los menores, antecedentes de intervención por violencia de género y relacionadas a salud, educación, trabajo y habitación de los trasladados, y del secretario de Desarrollo con la Comunidad para analizar los motivos del traslado.

Además, ató la mesa a que arbitre “de forma inmediata los mecanismos económicos y de resarcimiento para que la Municipalidad de Azul asuma los gastos extraordinarios que este Municipio debió afrontar de urgencia para subsanar el abandono perpetrado por su personal”.

En paralelo, notificó que Tandil “mantendrá plenamente vigentes todas las acciones legales y penales iniciadas y por iniciarse, así como se reserva el derecho de realizar las denuncias correspondientes ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires por el desvío y uso irregular de recursos públicos de su comuna y ante Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires para que esté en debido conocimiento de lo sucedido”.

En paralelo, Macia Cantarelli manifestó que Azul deberá “eventualmente, arbitrar los medios para coordinar el retorno seguro y la asunción definitiva de la asistencia de la familia en su jurisdicción de origen” y expresó que “la convivencia democrática y el federalismo municipal exigen el cese inmediato de prácticas de desentendimiento territorial de personas en situación de vulnerabilidad”.

Para cerrar, el letrado quedó a la espera de la designación de los representantes de Azul para coordinar la primera reunión de la mesa técnica de trabajo.

La Dirección de Turismo del Municipio de Tandil participó de las V Jornadas “Profesionales en Acción”, que se desarrollaron el pasado viernes 28 de agosto en la ciudad de Azul, con la presencia de profesionales, prestadores, emprendedores, estudiantes, funcionarios e instituciones vinculadas a la actividad turística de la provincia de Buenos Aires.

En representación de Tandil, la directora de Turismo, Carolina Ugarte, formó parte del espacio de intercambio destinado a directoras y directores de Turismo de la Región Centro, una de las instancias de la jornada orientadas a fortalecer el diálogo y la articulación entre los distintos destinos bonaerenses y el Colegio de Profesionales en Turismo.

El encuentro permitió abordar distintas cuestiones de interés común para el sector y compartir experiencias vinculadas con la gestión turística en los municipios. En ese marco, la jornada propuso instancias de capacitación, intercambio y construcción colectiva en torno a los desafíos y oportunidades que presenta el desarrollo de la actividad turística en la Provincia de Buenos Aires.

A lo largo del encuentro se desarrollaron diferentes paneles que tuvieron como eje el turismo como motor del desarrollo local, la calidad turística y las estrategias destinadas a posicionar los destinos y atraer viajeros. Estos espacios permitieron poner en común distintas perspectivas y experiencias de gestión, con la participación de actores vinculados a diferentes ámbitos de la actividad.

Uno de los temas destacados fue la experiencia de Azul, que presentó la creación y puesta en marcha del Ente Mixto de Turismo (EMTUR). La iniciativa plantea fortalecer el desarrollo turístico de la ciudad a partir de la articulación entre el sector público y privado, generando un ámbito de trabajo conjunto entre los distintos actores relacionados con la actividad.

La participación de Tandil en las jornadas se enmarca en una agenda de vinculación con otros destinos de la Región Centro, orientada al intercambio de experiencias y al fortalecimiento de instancias de trabajo conjunto. En ese sentido, este tipo de encuentros constituye un espacio para conocer iniciativas desarrolladas en otros municipios, compartir herramientas de gestión y profundizar los vínculos entre los diferentes actores del sector.

De esta manera, la presencia de la Dirección de Turismo de Tandil se inscribe en una agenda de articulación regional que busca consolidar el vínculo entre los municipios y las instituciones, profesionales y prestadores que integran el entramado turístico bonaerense, con el objetivo de continuar generando espacios de intercambio y cooperación para el desarrollo y la promoción de los destinos.

El Ministerio Público Fiscal solicitó la detención y declaración indagatoria de cuatro personas y la ampliación de la imputación de otras seis que ya se encontraban procesadas en una investigación por tráfico y comercio de estupefacientes en el interior de dos unidades penitenciarias bonaerenses. El avance de la investigación permitió identificar la posible participación de otras cuatro personas, tres de ellas actualmente detenidas en la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela.

Las tareas investigativas estuvieron a cargo de personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Azul. En ese marco, comenzó la ronda de declaraciones indagatorias por disposición del juez federal de Azul, Gabriel Di Giulio. Son 10 las personas que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, habrían integrado la organización investigada. A todos se les atribuye, con el grado de probabilidad propio de esta etapa, el delito de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de comercialización, agravado por la participación organizada de tres o más personas.

La pesquisa sostiene que la estructura operaba al menos desde marzo de 2024 y hasta septiembre de 2025 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Virreyes, Florencio Varela y en el interior de las Unidades Penitenciarias N° 2 de Sierra Chica y N° 32 de Florencio Varela, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense. La hipótesis reconstruida distingue entre quienes habrían abastecido de droga a los establecimientos y quienes, estando privados de su libertad, se habrían encargado de su distribución y venta a otros internos.

De acuerdo con el sitio del Ministerio Público Fiscal, la pesquisa incluso contó con la cooperación del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora, en el marco de una causa de trámite en aquel juzgado, en la que se detuvo a una de las mujeres que estaba siendo investigada por la fiscalía de Azul y que terminó condenada por el Tribunal Oral Federal N° 2 de La Plata, también por infracción a la ley de estupefacientes.

Según indicó el portal Fiscales, la investigación se inició en mayo de 2024 como desprendimiento de un expediente que tramitaba desde el año anterior. El análisis de un teléfono celular secuestrado permitió detectar una conversación del 15 de marzo de 2024 en la que un detenido negociaba la compra de estupefacientes desde el interior de la Unidad N° 2 de Sierra Chica. En esas comunicaciones aparecían dos personas identificadas como “Chino Nuevooo” y “Nico del fondo”. La operación consistió en la compra de droga por 14.000 pesos: el dinero fue transferido a una cuenta de Mercado Pago a nombre de AMG, quien se encontraba detenido en la Unidad N° 2.

En septiembre de 2025 se realizaron allanamientos en domicilios y celdas vinculados con la investigación. Se secuestraron teléfonos celulares, anotaciones y estupefacientes. En particular, se hallaron casi 900 gramos de cocaína y más de medio kilo de marihuana, parte de la sustancia fraccionada y acondicionada para la venta. A partir de esos procedimientos, el juez federal de Azul, Gabriel Di Giulio, procesó a las primeras seis personas imputadas, la mayoría de ellas con parentesco entre sí.

En los últimos días tomó estado público que un vecino de la localidad de Bolívar, padre de uno de los menores de la familia trasladada desde Azul a Tandil, reclama poder ver a su hijo. Se trata de Renzo Leiva, quien dialogó con El Eco y contó su caso. Señaló que presentó denuncias y que aguarda la determinación judicial al respecto.

“Quiero que se cumplan los derechos de mi hijo y los míos como padre”, expresó Leiva. “Mi reclamo es que me den al nene, sí o sí, o que me lo traigan para Bolívar, así él tiene un lugar fijo para estar estable, y que no viva yendo de lugar en lugar. Creo que no puede vivir mi nene yendo un lugar para otro pasando frío, hambre y todas cosas así que viene pasando. Me están cortando el vínculo familiar, el poder verlo, poder hablar”, pidió Leiva, padre de un niño de cinco años.

El caso de la familia en situación de vulnerabilidad trasladada de Azul a Tandil tomó estado público el pasado 14 de agosto. Fue cuando, tras registrar la presencia de personas en la Estación de Ferrocarril, la Secretaría de Protección Ciudadana dio aviso a la Policía y activó junto a Desarrollo Humano el protocolo para personas en situación de calle. La familia fue alojada en pensiones locales, y cuatro de los menores ya retomaron su escolarización en la ciudad.

El hecho motivó denuncias y comunicaciones cruzadas. Una de las denuncias fue por averiguación de ilícito, y la presentó de oficio la Policía con sede en Tandil. Otra fue elevada por el concejal azuleño Agustín Puyou contra el funcionario Omar Seoane, responsable del área que trasladó a la familia. 

El intendente Miguel Lunghi solicitó a su par azuleño que intervenga en el caso, y desde Azul respondieron que no iban a hacerse cargo de los gastos ocasionados, proponiendo la creación de una mesa conjunta para abordar la situación.

“Que me den al nene”

Renzo Leiva sostuvo que el conflicto con la madre de su hijo comenzó tras la separación, y desde entonces busca mantener un vínculo estable, aunque transmitió que no encontró voluntad al respecto de parte de su ex pareja. El cotidiano con su hijo, manifestó al respecto, ha sido obstaculizado por la madre del niño. 

Según explicó, se enteró de la llegada de ambos a Tandil de manera fortuita: “Me enteré de que estaban en Tandil a través de una captura de pantalla que le mandó mi hermana a mi mamá, que la mamá de mi hijo y él estaban ahí en la calle, estaba en la Estación de tren, y no me había avisado nada. Me hubiese avisado, y yo lo iba a buscar, pero no”.

Tras tomar conocimiento de la situación se contactó con su abogado. Presentaron una denuncia en la Comisaría de la Mujer con sede en Bolívar, y a la fecha aguardan respuesta de parte de la Justicia y las autoridades competentes.

El padre del menor enfatizó que su intención es brindarle a su hijo un entorno seguro y permanente. “Acá en casa tenemos tres habitaciones, una para mí, una para mi mamá y otra para mi hermano. Dos baños, cocina comedor está más que bien acá. Pero no pasa todo por eso, sino por el bienestar de él, emocional, económico, todo, todo junto tiene que ser un lugar estable. Acá se le va a apoyar bien, con amor, con cariño, con respeto. No va a tener que pasar más por esas cosas”, aseguró.

Leiva recordó que la inestabilidad en el contacto con su hijo es una problemática de larga data. “Esto ya viene con muchos antecedentes de este tipo de cosas, de no poder estar con mi hijo. Cuando nos separamos fue cuando todo esto empezó a cambiar”, señaló. Asimismo, describió la angustia que le generan las comunicaciones telefónicas: “Cada vez que lo llamaba me reclamaba, mi hijo, lloraba”.

El caso de Renzo Leiva y su reclamo tomó trascendencia luego de que se haya conocido la situación de la familia trasladada a Tandil por el Municipio de Azul. Consultado sobre el hecho, Agustín Puyou, concejal de la localidad vecina, quien denunció a los funcionarios azuleños implicados, consideró que el reclamo de Leiva aumenta la gravedad de lo ocurrido.

“Lo he leído por trascendidos periodísticos. De ser así es aún más grave porque además hay un padre que está reclamando la tenencia”, indicó. “Con lo cual hay otro desconocimiento, otro incumplimiento de una orden judicial. Cada cada vez que uno se acerca al problema se agrava cada vez más", concluyó.

Un episodio ocurrido en un campo de Azul ha reavivado la discusión sobre los ingresos no autorizados a establecimientos rurales. El conflicto, que involucró a un productor y a un cazador, quedó registrado en un video que circula en redes sociales, donde se observa el momento posterior a la muerte de un perro.

En la filmación, realizada por el propio cazador, se escucha al joven confrontar al productor mientras señala el vehículo del hombre y menciona que portaba una carabina.

“Me mató un perro, ahí está la patente”, expresó el joven durante la grabación, donde también califica al propietario como un asesino. Por su parte, el cazador admitió en el mismo video haber ingresado al predio sin autorización, aunque cuestiona la reacción del dueño del campo.

El hecho ha generado diversas posturas en la comunidad. Mientras algunos defienden el derecho del productor a proteger su propiedad privada, otros rechazan el uso de armas contra los animales. La problemática de la caza sin autorización es un tema recurrente para los productores, quienes advierten sobre la inseguridad que genera la presencia de personas ajenas, vehículos y armas en sus instalaciones.

Ante este escenario, ha cobrado relevancia un proyecto presentado en julio por los diputados Luciano Bugallo y Andrés De Leo, bajo el expediente D-2534/26-27. La iniciativa busca endurecer las sanciones para quienes ingresen a campos sin permiso, proponiendo multas más elevadas, el decomiso de armas y animales, el secuestro de vehículos y la inhabilitación para obtener permisos de caza.

Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre una posible intervención judicial a raíz de la muerte del animal o sobre las circunstancias exactas en las que se produjo el disparo.

El gobierno municipal de Azul respondió a la nota enviada por el intendente Miguel Lunghi, en relación al caso de la familia trasladada a Tandil. En su respuesta, la comuna vecina reiteró que el traslado se efectuó a pedido de los adultos del grupo familiar, y que “se evaluó que contaban con las condiciones necesarias para alojarse en la ciudad”. A su vez, rechazó hacerse cargo de los gastos ocasionados, y propuso la creación de una mesa conjunta para abordar la situación.

“Proponemos la conformación de una mesa de trabajo conjunta entre ambos Departamentos Ejecutivos —con la participación de las áreas sociales de ambos municipios— cuyo primer paso sea, precisamente, escuchar de manera directa y personal a los integrantes adultos de la familia sobre su situación y su voluntad actual, en un marco de pleno respeto a su autonomía", expuso Azul en la respuesta a Lunghi.

Cabe recordar, el propio Intendente comunal envió una nota a su par de Azul -Nelson Sombra-, para que regularice la situación de la familia trasladada a Tandil la semana pasada. El grupo familiar viajó desde la localidad vecina en un móvil oficial del Municipio azuleño, que dejó a los integrantes en la Estación de Ferrocarril. 

Tras registrar la presencia de personas en el lugar, la Secretaría de Protección Ciudadana dio aviso a la Policía, y activó junto a Desarrollo Humano el protocolo para personas en situación de calle. La familia fue alojada en pensiones locales, y cuatro de los menores ya retomaron su escolarización en la ciudad.

El caso motivó denuncias, una por averiguación de ilícito, presentada de oficio por la Policía con sede en Tandil. Otra, del concejal azuleño Agustín Puyou contra el funcionario Omar Seonae, responsable del área que trasladó a la familia.

La nota de Azul

Luego de que el caso tomara notoriedad,  funcionarios de Azul hicieron declaraciones públicas para transmitir que la familia manifestó su consentimiento para el traslado. Pero desde Tandil plantearon diferencias con dicho argumento, en particular por cómo desde la localidad vecina procedieron con el seguimiento del acompañamiento familiar. “Los dejaron a la deriva", señalaron autoridades comunales. El propio Lunghi envió una nota a su par azuleño, y la respuesta llegó el sábado 22 de agosto. 

“Me dirijo a Usted en respuesta a su nota con fecha 20 de agosto, mediante la cual formula acusaciones de extrema gravedad contra este Municipio y sus funcionarios, sobre la base de afirmaciones dogmáticas, calificaciones apresuradas y conclusiones que, al presente, carecen del debido sustento fáctico y jurídico”, comienza el texto enviado desde Azul. 

Acto seguido, recuerda que la familia en cuestión es oriunda de Bolívar, que reside en un asentamiento denominado Los Piletones -afectado por contaminación-, y que desde hace cuatro años reciben asistencia de parte del Municipio vecino. “La familia es una de las beneficiarias de los módulos habitacionales que se proyectan construir en el predio del Tiro Federal”, explica la respuesta.

Por tal motivo, marcaron desde Azul, “claramente el pedido de su traslado no se originó ni tuvo fundamento en necesidades habitacionales ni de carencia de asistencia. La solicitud de ser trasladados a la ciudad de Tandil realizada por uno de los adultos, se motivaba en contar con oportunidades laborales y alojamiento para su grupo familiar”.  

Al respecto, remarca que el Municipio azuleño evaluó que la familia “contaban con las condiciones necesarias para alojarse en Tandil”,  razón por la cual dispuso "el traslado en un vehículo oficial del grupo familiar compuesto por diez integrantes (cuatro adultos y seis menores). En dicho sentido, no se comprende la referencia a once personas que Ud. hace en su nota".

“Tergiversación injuriosa”

Azul negó también que no se hayan respetado los derechos de los menores del grupo, y que en el Servicio Local de la localidad no existían antecedentes de intervención del organismo. “La responsabilidad parental era ejercida de forma plena por los progenitores del grupo”, señala.

Por otra parte considera “improcedente toda construcción discursiva orientada a presentar a este Municipio como autor de una supuesta maniobra de ´expulsión´ o ´abandono´ territorial, cuando la realidad de las actuaciones demuestra la existencia de asistencia previa y seguimiento institucional". 

Además, planteó que el traslado no fue una derivación compulsiva sino que se trató de un requerimiento del propio grupo: “pretender convertir ese episodio, sin más, en una suerte de ´deportación municipal´ constituye una tergiversación injuriosa e inadmisible de los hechos. Asimismo, revela un nivel de liviandad institucional impropio de una comunicación entre jefes comunales”.

Al respecto, considera también improcedente la exigencia de un “retorno seguro” y de la “asunción definitiva” de parte de la asistencia del Municipio de Azul, ya que “ninguna autoridad municipal posee facultades para disponer compulsivamente el traslado de personas adultas ni de grupos familiares de una ciudad a otra por la sola voluntad de un intendente. Esto expone la inconsistencia de una pretensión que desconoce principios elementales de legalidad, autonomía personal, libertad ambulatoria y dignidad humana”.

Gastos y mesa de trabajo

“Corresponde rechazar su pretensión de trasladar a este Municipio los gastos que, según refiere, habría decidido afrontar la Municipalidad de Tandil. No existe fundamento legal para transformar una decisión adoptada por su administración, en el marco de su propia evaluación de situación, en una acreencia automáticamente exigible a la Municipalidad de Azul”, remarca el texto, que agrega que las personas tienen el derecho a elegir su lugar de residencia “aunque ello no sea de su agrado”.

En la misma línea señala que “la vulneración de estos derechos es una práctica que ha sido desterrada desde hace muchos años en nuestro país y la mera alusión a disponer de las personas como si se tratara de objetos, remite a períodos muy oscuros de nuestra historia reciente”.

Disponer de un "retorno", expresaron desde Azul, “sin verificar antes, en forma directa y personal, cuál es la voluntad actual y real de cada uno de los adultos de esa familia respecto de dónde desean residir, incurriría exactamente en el vicio que su nota le atribuye a esta administración: una decisión sobre la vida de personas vulnerables adoptada sin ellas, y no con ellas”.

Tras reafirmar el compromiso con el bienestar de la familia, Azul propuso “la conformación de una mesa de trabajo conjunta entre ambos Departamentos Ejecutivos —con la participación de las áreas sociales de ambos municipios— cuyo primer paso sea, precisamente, escuchar de manera directa y personal a los integrantes adultos de la familia sobre su situación y su voluntad actual, en un marco de pleno respeto a su autonomía”. Como cierre de la carta, planteó la espera de una respuesta de parte de Tandil.

La controversia entre los municipios de Tandil y Azul sumó un nuevo capítulo tras la recepción de una nota oficial firmada por las autoridades de la vecina localidad. Según explicaron fuentes del Gobierno local, la respuesta enviada por el intendente no refuta ninguno de los puntos formulados por la administración de Miguel Lunghi respecto al modo en que se produjo el traslado de una familia hacia esta ciudad.

En tanto, ante la consulta de El Eco de Tandil, indicaron que la única precisión técnica que intentó controvertir el municipio de Azul fue la cantidad de personas involucradas en el viaje. Mientras que la nota oficial de la vecina ciudad afirmó que trasladó a diez integrantes del grupo familiar en un vehículo oficial, los registros de las áreas de asistencia de Tandil indicaron que, al momento de la intervención, se recibieron y asistieron a 11 personas. A ese grupo inicial se sumaron otros dos integrantes, por lo que en la actualidad son 13 las personas que requieren acompañamiento estatal.

Sin embargo, desde la Municipalidad subrayaron que esta discrepancia numérica no modifica el eje de la queja. El cuestionamiento central se encuentra en que el operativo se realizó sin comunicación previa, sin coordinación entre las instituciones de ambas ciudades y sin garantías ciertas sobre las condiciones de alojamiento y subsistencia que los trasladados encontrarían al llegar a Tandil, de acuerdo a lo señalado.

Una respuesta que no despeja dudas

Desde la misma perspectiva, la nota enviada desde Azul tampoco brinda explicaciones sobre los motivos que llevaron a trasladar a una familia integrada por varios menores de edad sin establecer un contacto institucional previo.

Para las autoridades tandilenses, resulta alarmante que no se verificaran las supuestas oportunidades laborales ni el lugar de residencia, ni que se coordinara la intervención de las áreas de desarrollo social que debían participar ante un caso de tal complejidad.

Calificaron como “difícil de comprender” que un Estado municipal actúe como una simple “agencia de viajes”. En ese sentido, remarcaron que las responsabilidades públicas exceden la mera provisión de un vehículo oficial ante el pedido de una familia.

A pesar de la tensión, desde la comuna manifestaron su predisposición para abrir canales de diálogo y conformar la mesa de trabajo que ahora propuso Azul. No obstante, recalcaron que esa instancia debió producirse antes del traslado y no como una reacción posterior. De hecho, la nota del intendente Miguel Lunghi fue remitida exactamente siete días después del arribo de la familia, periodo durante el cual no se recibió ninguna comunicación espontánea por parte de su par azuleño, según indicaron.

El rol de las áreas municipales

Incluso tras la llegada del grupo familiar, remarcaron que el gobierno de la ciudad vecina no tomó la iniciativa de contactar a sus pares locales. Según se informó, todos los contactos mantenidos entre funcionarios de ambas jurisdicciones se produjeron a partir de gestiones impulsadas por la Secretaría de Protección Ciudadana y la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat de Tandil.

Por este motivo, si bien Tandil aceptó la instancia conjunta de trabajo, los voceros locales insistieron en que la respuesta de Azul evitó explicar lo fundamental del episodio. Para el Ejecutivo local, el hecho que la familia haya recibido asistencia en Azul durante años anteriores no justifica el procedimiento administrativo que se utilizó para su salida hacia otra jurisdicción.

Mientras se dirime la responsabilidad institucional, la Municipalidad de Tandil continúa con las tareas de asistencia y acompañamiento del grupo familiar, garantizando la protección de los menores. Al mismo tiempo, las autoridades locales mantienen firme el reclamo por las omisiones administrativas de Azul y por las erogaciones económicas que el erario público tandilense debió asumir para afrontar una contingencia que, sostienen, fue generada por una decisión unilateral de la ciudad vecina.

El secretario de Legal y Técnica, Juan Macia, manifestó su asombro e indignación ante el accionar del municipio de Azul, que trasladó a una familia de bajos recursos y la dejó a la deriva en la estación ferroviaria local sin previo aviso.

El funcionario se refirió a la carta del jefe comunal en la que exige explicaciones oficiales en un plazo de 48 horas, mientras se analiza iniciar acciones penales por abandono de persona y una demanda civil por los gastos ocasionados al erario público.

En declaraciones al programa "El Último Bondi" por Radio del Eco, Macia expresó que se encontraba "todavía digiriendo" la información recibida tras conversar con los equipos interdisciplinarios y con el concejal de Azul, Agustín Puyou, quien radicó la primera denuncia en la fiscalía de aquella ciudad. El funcionario tandilense no ocultó su malestar al señalar que el trato recibido por la familia fue "peor que el que se le da a un animal salvaje", resaltando la desprotección a la que fueron sometidos al ser abandonados en una estación que no se encuentra operativa.

El jefe comunal tandilense decidió avanzar por la vía administrativa y judicial de forma inmediata. Según Macia, la respuesta que emane de Azul será determinante para definir los próximos pasos de la asesoría legal.

Desde la Municipalidad de Tandil recalcaron que la situación es especialmente sensible por la presencia de menores de edad que cuentan con seguimiento del servicio local y zonal de promoción y protección de derechos en su ciudad de origen. La falta de un traspaso de información sanitaria y social pone en riesgo la continuidad de los tratamientos y la asistencia que estos niños requieren. "Si existe una problemática habitacional o de recursos, lo lógico es que el secretario de un municipio llame a su par y articulen", fustigó el secretario legal.

El escenario judicial que se abre para la gestión de Azul es complejo. En Tandil se evalúa la presentación de una denuncia por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona. Macia subrayó que la figura de abandono de persona conlleva penas de hasta tres años de prisión o reclusión, una calificación que "no es liviana" para un funcionario público.

Además del carril penal, el Municipio local instruyó a la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat para que detalle de forma pormenorizada cada uno de los gastos en los que la ciudad está incurriendo para asistir a la familia. Este registro servirá de base para una eventual acción de repetición de costos en el fuero contencioso administrativo contra la Municipalidad de Azul. Las autoridades tandilenses consideran que este gasto extraordinario, no presupuestado, debe ser resarcido por quienes provocaron la situación de desamparo.

Por otra parte, se evalúa elevar una presentación ante el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. El uso de un vehículo oficial para el traslado compulsivo de personas hacia otra jurisdicción podría configurar un desvío o malversación de recursos públicos. Para el Ejecutivo tandilense, el hecho de que se haya utilizado logística estatal para "desentenderse" de una problemática social propia de Azul representa una irregularidad administrativa que debe ser sancionada por los organismos de control provinciales.

"Lo que más me llama la atención es el abordaje antagónico", reflexionó Macia, comparando la integridad humana de la secretaria Juliana Teerink con el accionar de sus pares azuleños. El funcionario insistió en que, independientemente de los colores políticos o las coyunturas de cada municipio, existen principios y valores sociales básicos que fueron ignorados. La preocupación también radica en el precedente que este hecho podría sentar en la región si no se establecen límites claros ante este tipo de prácticas.

Tandil solicitará explicaciones formales al Municipio de Azul por el traslado de una familia en situación de vulnerabilidad

El secretario recordó que Tandil siempre ha tenido una actitud colaborativa, especialmente en áreas como la salud, donde se reciben pacientes de alta complejidad de toda la zona. No obstante, remarcó que esa cooperación se basa en el diálogo institucional y no en hechos consumados que vulneran la autonomía municipal y la planificación social de la ciudad.

El debate también escaló hacia las redes sociales y los medios nacionales, donde se establecieron paralelismos con situaciones de traslados masivos de personas entre distintas jurisdicciones del Conurbano. Para el Gobierno local, es fundamental que Azul "recoja el guante" y se siente a dialogar para transitar un camino de racionalidad. Mientras tanto, Tandil continúa brindando asistencia integral a los integrantes de la familia, priorizando la salud de los menores y el acompañamiento profesional ante la crisis sufrida.

El conflicto entre los municipios de Tandil y Azul por el traslado de una familia en situación de extrema vulnerabilidad sumó este jueves un nuevo capítulo. El intendente Miguel Lunghi envió una intimación administrativa a su par azuleño, Nelson Sombra, para exigir explicaciones formales por el operativo realizado el pasado 13 de agosto y reclamar que la comuna vecina vuelva a asumir la responsabilidad por la asistencia del grupo familiar.

La presentación, a la que tuvo acceso El Eco, enviada bajo el título “Intimación administrativa. Exigencia de informes técnicos y resarcimiento por traslado irregular de personas en situación de vulnerabilidad”, expresa el “más enérgico rechazo y formal protesta” del Gobierno local por lo sucedido. Según trascendió en los últimos días, y consta en el documento, once personas pertenecientes a un mismo grupo familiar fueron trasladadas en un vehículo oficial de Azul y dejadas en una estación de trenes en desuso de Tandil.

El episodio ocurrió durante la noche del pasado jueves 13 de agosto y fue detectado a través de las cámaras del Centro de Monitoreo. Tras observar la presencia de un grupo numeroso de personas en inmediaciones de la Estación de Ferrocarril, agentes de Protección Ciudadana intervinieron y activaron el protocolo previsto para situaciones de vulnerabilidad. Desde entonces, el Municipio de Tandil tomó a su cargo la asistencia de la familia.

En los días posteriores, además, se conoció que el grupo familiar había aumentado a 13 integrantes, entre ellos cinco menores. Los adultos y niños permanecen alojados en pensiones de la ciudad con acompañamiento municipal, mientras que cuatro de los menores ya fueron escolarizados en establecimientos educativos tandilenses.

En la nota enviada a Sombra, Lunghi cuestionó especialmente que el traslado se haya realizado sin comunicación previa entre ambos municipios, sin un informe de derivación y sin articulación entre las áreas encargadas de la asistencia social.

El escrito sostiene que no existió ningún aviso a la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat de Tandil que permitiera conocer con anticipación la situación del grupo, sus antecedentes y las razones por las cuales se había decidido trasladarlo desde Azul.

Para el Ejecutivo tandilense, esa falta de coordinación significó trasladar de hecho a otra jurisdicción una problemática social que debía continuar siendo atendida por el municipio de origen. “Este proceder evade de forma ilegítima las obligaciones de asistencia social primaria radicadas en el domicilio de los afectados”, plantea la presentación.

La cuestión adquirió una relevancia todavía mayor por la presencia de niños y adolescentes. En ese sentido, Lunghi hizo referencia en la intimación a la Ley Provincial 13.298, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, y a la Ley Nacional 26.061, y sostuvo que el procedimiento habría vulnerado principios vinculados con el interés superior del niño y la protección integral.

Desde Tandil ya habían advertido que la situación requería una intervención especial debido a la presencia de menores y a una medida judicial vinculada con el grupo familiar. Según se informó, además, existía una disposición de custodia dinámica en el marco de una causa judicial.

El planteo de Lunghi se produce luego de que funcionarios del Municipio de Azul brindaran públicamente su propia versión sobre lo ocurrido.

El secretario de Desarrollo de la Comunidad de Azul, Omar Seoane, sostuvo que la familia había solicitado voluntariamente el traslado porque tenía intención de radicarse en Tandil y negó que hubiera existido abandono de persona. Según explicó, desde la comuna se les había ofrecido una alternativa vinculada con la custodia, pero el grupo habría rechazado esa posibilidad.

La explicación azuleña, sin embargo, no coincide con la mirada expresada por las autoridades tandilenses. Desde el Municipio local señalaron que, más allá de cuál haya sido la voluntad de la familia respecto de trasladarse a Tandil, no existió una comunicación institucional previa que permitiera garantizar las condiciones de llegada, alojamiento y asistencia.

La secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, Juliana Teerink, y la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Macieri, habían cuestionado que una familia con menores fuera trasladada hasta una estación ferroviaria que no se encuentra operativa sin que previamente se hubiera articulado con el Municipio de destino.

El caso también derivó en actuaciones judiciales. En Azul, el concejal Agustín Puyou presentó una denuncia contra un funcionario del área de Desarrollo de la Comunidad y posteriormente anticipó que ampliaría la presentación para alcanzar a otros responsables del procedimiento.

Ahora, a través de la intimación formal, Lunghi busca que la administración de Sombra brinde información precisa sobre lo ocurrido.

El jefe comunal tandilense estableció un plazo de 48 horas hábiles desde la recepción de la nota para que Azul entregue un informe técnico detallado con los antecedentes de las intervenciones realizadas con la familia.

Entre otros elementos, solicitó información sobre las actuaciones del Servicio Local relacionadas con los menores de edad, eventuales intervenciones por violencia de género y todos los antecedentes vinculados con salud, educación, trabajo y vivienda. El informe deberá estar firmado por los profesionales que intervinieron y por el secretario del área, además de explicar cuáles fueron los fundamentos jurídicos y sociales que motivaron el traslado.

También reclamó que se identifique de manera fehaciente a los funcionarios y agentes municipales que ordenaron y ejecutaron el operativo mediante el cual la familia fue trasladada hasta Tandil.

El tercer punto central del reclamo apunta directamente al futuro de la familia: Lunghi pidió que Azul arbitre los mecanismos necesarios para coordinar un retorno seguro y asumir definitivamente la asistencia en su jurisdicción de origen.

El intendente también incorporó al reclamo una cuestión económica. Desde el momento en que la familia fue encontrada en la Estación de Ferrocarril, distintas áreas municipales debieron poner en marcha recursos para atender la emergencia.

La presentación detalla que Tandil debió disponer de recursos humanos, logísticos y financieros para garantizar alojamiento provisional, asistencia alimentaria y atención sanitaria de urgencia.

En ese marco, Lunghi dejó expresamente planteada la reserva del derecho del Municipio a reclamar a Azul la totalidad de los gastos que ya fueron realizados y aquellos que continúen generándose mientras se mantenga la asistencia de la familia.

El pedido de resarcimiento ya había sido anticipado por funcionarios tandilenses en los primeros días del caso, cuando remarcaron que el Municipio debió hacerse cargo de una situación que, según su postura, se originó a partir de una decisión adoptada por otra administración sin ningún tipo de coordinación.

Mientras se desarrolla el conflicto institucional, Tandil continúa atendiendo las necesidades inmediatas del grupo familiar.

Uno de los avances registrados durante los últimos días fue la escolarización de cuatro de los menores, que ya retomaron sus actividades educativas en establecimientos de la ciudad. El resto de los integrantes permanece alojado en pensiones locales con acompañamiento económico del Municipio.

En paralelo, las áreas municipales continúan trabajando sobre cuestiones vinculadas con alimentación, abrigo, salud y otras necesidades básicas. Desde Tandil señalaron que el objetivo inmediato es garantizar el resguardo de los menores y evitar que la situación de vulnerabilidad se profundice mientras se define el futuro del grupo.

El documento enviado a Sombra también contiene una advertencia concreta sobre los pasos que podría adoptar el Ejecutivo tandilense si no obtiene una respuesta satisfactoria.

Lunghi dejó establecido que, ante el silencio, una negativa o una respuesta considerada evasiva, Tandil podría avanzar con acciones civiles para reclamar los gastos de asistencia, realizar presentaciones ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires y evaluar la radicación de denuncias penales por parte del Departamento Ejecutivo.

De esta manera, el episodio dejó de ser solamente una controversia vinculada con la asistencia de una familia y pasó a convertirse también en un conflicto institucional entre los dos municipios. Tandil busca ahora que Azul explique formalmente qué ocurrió, quién tomó la decisión de trasladar al grupo, bajo qué criterios se realizó el operativo y cómo se garantizará la continuidad de la asistencia.

Mientras tanto, la prioridad expresada por el Municipio de Tandil continúa puesta en la protección de la familia, especialmente de los menores, y en garantizar sus necesidades básicas. Pero, al mismo tiempo, el Ejecutivo local dejó en claro que pretende que la administración azuleña asuma las responsabilidades que considera correspondientes y que se haga cargo de los costos generados por la intervención de emergencia.

Agustín Puyou es el concejal del bloque UCR de la ciudad de Azul que denunció al funcionario azuleño implicado en el traslado de una familia en situación de vulnerabilidad, desde la localidad vecina hasta Tandil. En diálogo con El Eco, Puyou adelantó que ampliará su denuncia hacia otros responsables del área de Desarrollo de la Comunidad, y-contemplando que existe una investigación al respecto- consideró que lo ocurrido forma parte de un plan para echar de la ciudad al grupo familiar.

“Al momento del traslado los dejaron en la Estación, que no la conozco pero me dicen que está abandonada. Y eso fue con una trabajadora social aceptando el consentimiento de que una familia sea depositada en un lugar abandonado. Es por lo menos absurdo. Creo que esto es una maniobra de toda la Secretaría (de Desarrollo de la Comunidad) para sacarse de encima lo que ellos consideran un problema y tirárselo a una ciudad vecina”, transmitió Puyou.

“Un problema por la solución habitacional de esta familia. Creo que como no lo pudieron resolver, tomaron la decisión de trasladarlos en una combi y dejarlos. Creo que es un plan orquestado para efectivamente desligarse de sus responsabilidades”, planteó el edil, quien sumó dudas con respecto al consentimiento del traslado: “Mirá qué tan rápido decidieron un cambio de vida que no se llevaron ni un buzo, ni un cargador de teléfono, ni una sola de sus pertenencias, ni una botella de agua. Resulta cuanto menos absurdo, y un intento de encubrimiento de algo que han incumplido los funcionarios”, sentenció.

El caso de la familia de Azul

El viernes 14 tomó estado público que el Municipio de Azul trasladó a Tandil a una familia en situación de vulnerabilidad. Funcionarios locales brindaron asistencia al grupo, mientras que desde la localidad vecina, el concejal Agustín Puyou inició una denuncia contra el responsable de Desarrollo de la Comunidad - Omar Seonae-, por abuso de autoridad, incumplimiento de funcionario público y abandono.

“Adelanto que voy a ampliar la denuncia”, transmitió Puyou. "Voy a ir hasta las últimas consecuencias. Esto no es una cuestión política. Yo soy concejal, tengo el deber de denunciar los delitos que eventualmente tengo las sospechas de que se hayan cometido y acá hay pruebas más que suficientes como para denunciarlo”, sumó.

Puyou repasó la cronología del caso, desde que su secretaria recibió a una de las mujeres de la familia solicitando ayuda. Se trata, contó, de un grupo familiar en situación de vulnerabilidad que residía en un asentamiento conocido como “Los Piletones”, sobre el que rige una orden de desalojo producto de la contaminación existente. En el lugar funcionaba una curtiembre.

Tras recibir el lunes 10 un pedido de ayuda de una de las mujeres de la familia. Fue por una situación de violencia por la cual ya la Justicia había dictado una custodia dinámica. Entonces, relató, dio aviso a las autoridades comunales de Azul, pero la respuesta, marcó, tardó en llegar.

Luego de conocer que el gobierno azuleño había recibido a la familia el jueves 13, se enteró ese mismo día del traslado a Tandil. La mañana del viernes 14, luego de contar con los ya conocidos detalles del caso, presentó la mencionada denuncia.

El concejal planteó que más allá de que pueda o no haber habido consentimiento de parte de la familia, ante tal situación correspondía proceder de otra manera. “No han dado todavía ningún documento que pruebe el consentimiento, pero aún  mostrándolo, hay un conjunto de protocolos que se deben seguir. Uno tiene que notificar al Juzgado”, consideró, para luego agregar que “hay que corroborar las condiciones materiales, tienen que estar todos informes sociales que efectivamente corroboren que se van air a una vivienda, con un trabajo, y todo eso no está, no existe. Lo único que dicen es que hay un consentimiento, pero el consentimiento no basta”, planteó.

Reclamo desde Bolívar

Puyou fue consultado también por el reclamo del padre de uno de los menores del grupo familiar. Un vecino de Bolívar solicitó la restitución de su hijo, parte también de la familia trasladada.

“Lo he leído por trascendidos periodísticos. De ser así es aún más grave porque además hay un padre que está reclamando la tenencia”, indicó.

“Con lo cual hay otro desconocimiento, otro incumplimiento de una orden judicial. Cada cada vez que uno se acerca al problema se agrava cada vez más.

La situación de la familia, que actualmente se encuentra alojada en una pensión con el acompañamiento económico del Municipio de Tandil, fue abordada durante la emisión de Plataforma Magazine, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1. 

Según se informó, el grupo familiar, compuesto por 13 personas, fue detectado tras su llegada a la ciudad en un vehículo oficial del municipio de Azul, lo que disparó una serie de intervenciones asistenciales y legales para determinar las responsabilidades institucionales detrás de este traslado.

La secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat de Tandil, Juliana Teerink, explicó que el operativo de asistencia comenzó el pasado jueves por la noche, cuando se tomó conocimiento de la presencia de los menores y adultos en la estación de trenes local. Ante el frío y la vulnerabilidad de los niños, el equipo municipal intervino de inmediato para brindarles un lugar donde pernoctar, alimentarse y asearse.

Uno de los ejes principales de la intervención ha sido garantizar la estabilidad de los menores. Según detalló la funcionaria, los menores ya han sido inscriptos en instituciones educativas de Tandil para asegurar que no pierdan la continuidad escolar que mantenían en su ciudad de origen. Esta medida responde a la voluntad de las madres, quienes expresaron su preocupación por el impacto educativo del traslado.

No obstante, la escolarización no implica una decisión definitiva sobre la permanencia de la familia en la ciudad. El Municipio de Tandil mantiene un enfoque de asistencia humanitaria, evaluando las necesidades habitacionales y laborales del grupo, mientras se gestiona la información necesaria para esclarecer el origen del conflicto vecinal que, según trascendió, motivó la custodia policial que pesaba sobre ellos en Azul.

El caso presenta múltiples interrogantes que aún no han sido despejados por las autoridades de la vecina ciudad. A pesar de los intentos de comunicación desde las áreas de gobierno locales, no se ha recibido un informe formal ni la documentación respaldatoria que explique el motivo del traslado de la familia, que contaba con una custodia preventiva por conflictos de seguridad, sin una coordinación previa con el municipio receptor.

La funcionaria subrayó la gravedad de la situación, señalando que el traslado se realizó sin elementos básicos de la familia y bajo circunstancias que aún deben ser esclarecidas por la Justicia. 

"Como Municipio no podemos expulsar a nadie, pero sí debemos definir el acompañamiento necesario", afirmó, destacando que la falta de comunicación oficial por parte de los funcionarios de Azul resulta, al menos, llamativa ante la magnitud del hecho.

La complejidad del caso se incrementa debido a cuestiones judiciales pendientes. Se ha tomado conocimiento de que existen exparejas y otros progenitores que reclaman la restitución de algunos de los menores, lo que ha obligado a las autoridades locales a mantener una estricta reserva sobre el paradero exacto de la familia para preservar su integridad.

La funcionaria aclaró que, ante cualquier requerimiento judicial, el Municipio informará a través de los canales legales correspondientes. Mientras tanto, se trabaja en coordinación con la policía y la Secretaría de Protección Ciudadana para evitar que la conflictiva vecinal que originó la custodia en Azul se traslade a la pensión donde actualmente se alojan, garantizando así la seguridad tanto de la familia asistida como del resto de los residentes del lugar.

La senadora bonaerense de Fuerza Patria, María Inés Laurini, presentó un pedido de informes en la Cámara alta ante la compleja situación que atraviesa la planta Fanazul de Fabricaciones Militares S.A.U., ubicada en el partido de Azul. La preocupación central radica en la reciente dispensa de tareas a 29 trabajadores y las decisiones adoptadas por el Estado nacional respecto al futuro de la empresa estatal.

Según explicó la legisladora, Fanazul representa una infraestructura industrial estratégica para la Nación y la provincia de Buenos Aires, debido a su rol clave en la producción de explosivos, insumos químicos y bienes destinados a la defensa y la minería. El planteo se fundamenta en la publicación de un Pliego de Bases y Condiciones que busca incorporar operadores privados mediante contratos de unión transitoria en las unidades de negocio de Villa María y Azul.

La publicación de dicho acto administrativo refuerza la necesidad de evaluar de qué modo las decisiones presupuestarias y de gestión adoptadas a nivel nacional podrían repercutir sobre la continuidad productiva, el empleo y la preservación de capacidades estratégicas en la Planta Fanazul.

María Inés Laurini advirtió que es imprescindible obtener información pública sobre el alcance de este proceso y sus efectos en los puestos de trabajo. La senadora busca que el Ejecutivo provincial intervenga para obtener precisiones sobre el destino de las instalaciones y las líneas de producción. La referente destacó que la operatoria requiere de personal especializado, por lo que el impacto laboral es una preocupación central.

La planta ya cuenta con antecedentes de cierres y despidos, como ocurrió el 28 de diciembre de 2017 durante la gestión del entonces presidente Mauricio Macri, cuando se perdieron más de 200 empleos. Tras su reapertura en 2023, la planta mostró viabilidad con exportaciones de Nitroglicerina y Mastermix. Sin embargo, desde 2024, bajo la administración del presidente Javier Milei, el complejo enfrenta un escenario de paralización, retiros voluntarios y pérdida de recursos humanos.

El caso de la familia dejada “a la buena de Dios” en la Estación de Ferrocarril por el Municipio de Azul sumó un nuevo capítulo: cuatro de los menores ya se encuentran escolarizados en la ciudad, y el conjunto de los integrantes continúa alojado en pensiones locales.

En paralelo, desde el gobierno de la localidad vecina no aportaron informes de manera formal a la Comuna local. “Azul no ha mandado ningún tipo de informe ni nada”, transmitieron desde el Municipio de Tandil. “Y no hemos recibido tampoco nada formal de parte de la Justicia”, agregaron.

Cabe recordar, fue el pasado viernes 14 cuando se conoció que el gobierno local activó el protocolo para personas en situación de calle y asistió a una familia que había sido trasladada a la ciudad por un móvil del Municipio de Azul. “Los dejaron a la deriva”, señalaron entonces desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat.

“El funcionario que intervino y que decidió que esta familia se subiera, al menos tendría que haber tenido la deferencia de comunicarse con el Municipio de Tandil, diciendo que había una familia que quería trasladarse. Y comunicar si, como ellos dicen, tendrían un lugar para estar y un trabajo. Esa es la labor profesional que tiene que hacer una persona que interviene en estas circunstancias. Nos parece poco serio subirlos a una combi y bajarlos en un lugar que todo el mundo sabe que ahí no es la terminal ni que pueda haber gente que los pueda detectar”, sumaron.

Un punto central para brindar la asistencia, indicaron desde Desarrollo Humano, fue la condición de vulnerabilidad en la que sus integrantes se encontraban. “Sobre todo porque hay menores, por la cuestión alimentaria, por la cuestión de abrigo y la cuestión de salud que ya estamos gestionando con el hospital local”, explicaron.

Por el caso, funcionarios azuleños hicieron declaraciones públicas y manifestaron que el grupo familiar solicitó el traslado. Un concejal de la localidad vecina – Agustín Puyou-, presentó una denuncia contra el responsable del área de Desarrollo de la Comunidad por “abuso de autoridad, incumplimiento de funciones y abandono”. El edil ampliará la denuncia.

El propio intendente Miguel Lunghi solicitó informes a Azul, mientras que las secretarías locales que tomaron intervención –Desarrollo y Protección Ciudadana-, exigirán a la localidad vecina el resarcimiento económico por los gastos ocasionados.

Mientras la familia sigue alojada en pensiones de la ciudad, los menores del grupo ya cursan su proceso de inclusión, y retomaron clases. Fue tras inscribirse en establecimientos educativos locales. Cabe recordar, los mismos estaban escolarizados en Azul, y de hecho directivos de las instituciones de la localidad vecina se habían comunicado con los mayores responsables para consultar los motivos de las ausencias de los últimos días.

Por otro lado, portales de noticias de la ciudad se hicieron eco de la denuncia de un vecino de la localidad de Bolívar, quien exigió la restitución de su hijo de cinco años, uno de los menores del grupo.

De parte del Municipio de Tandil tomaron contacto directo con la Dirección de Niñez de Bolívar por el reclamo del padre. “Se lo asesoró para que utilice las vías formales, sea Justicia, Servicio Local y/o Dirección de Niñez de su ciudad de procedencia, que es Bolívar, para que soliciten formalmente información sobre el paradero y sobre la situación de su niño”, indicaron.

El intendente Miguel Lunghi elevará un pedido de informe oficial a su par de Azul tras el hallazgo de 13 personas, entre ellas cinco menores, que fueron depositadas en la Estación de Trenes en un vehículo oficial azuleño y sin previo aviso a las autoridades locales.

La Municipalidad de Tandil resolvió formalizar el reclamo ante su par de Azul luego del episodio ocurrido el pasado jueves, cuando un grupo familiar integrado por adultos y niños fue trasladado hasta la ciudad en una camioneta identificada con la comuna vecina. Según confirmaron fuentes oficiales, el intendente Miguel Lunghi solicitó que se elabore una nota dirigida al jefe comunal azuleño para exigir una explicación técnica y legal sobre el operativo, que dejó a los ciudadanos en una situación de total desprotección y obligó a la intervención de urgencia de los servicios sociales locales.

El hecho se desencadenó durante la noche del pasado jueves 13 de agosto, cuando las cámaras del Centro de Monitoreo detectaron un movimiento inusual en las inmediaciones de la Estación de Ferrocarril. Agentes de Protección Ciudadana observaron a un grupo numeroso de personas que, tras descender de un vehículo municipal de Azul, comenzaron a encender fuego para resguardarse de las bajas temperaturas. Al activarse el protocolo para personas en situación de calle, los trabajadores sociales constataron que se trataba de una familia de once integrantes que manifestaron haber sido "dejados" allí con la promesa de una solución habitacional y laboral que nunca existió.

Más personas y versiones cruzadas

Con el correr de las horas, la cifra de personas asistidas ascendió a 13, luego de que durante el fin de semana arribara una de las hijas mayores junto a su hijo menor de edad. El grupo, que actualmente se encuentra alojado en una pensión local bajo asistencia de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, llegó a Tandil únicamente con las prendas que vestían, dejando en su ciudad de origen pertenencias esenciales, tales como medicamentos crónicos para uno de los niños, útiles escolares y las herramientas de trabajo del padre de familia.

La secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, Juliana Teerink, y la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, expresaron su profunda preocupación por la falta de articulación institucional. "El funcionario que decidió que esta familia se subiera a una combi al menos tendría que haber tenido la deferencia de comunicarse con el municipio de Tandil para coordinar la llegada", señaló Marcieri en diálogo con El Eco. Desde el Ejecutivo local recalcaron que, más allá de las conversaciones informales que se mantuvieron entre funcionarios de ambas ciudades tras el estallido del conflicto, el intendente Lunghi pedirá una explicación formal sobre el seguimiento oficial que se le dio a la familia antes de su traslado.

Por su parte, el secretario de Desarrollo de la Comunidad de Azul, Omar Seoane, brindó una versión contrapuesta al asegurar que el traslado fue "voluntario" y solicitado por la propia familia bajo el argumento de que tenían trabajo y vivienda garantizada en las sierras. Sin embargo, los testimonios recabados por las trabajadoras sociales de Tandil desmintieron esa premisa. Los integrantes del grupo familiar aseguraron encontrarse asustados y angustiados, afirmando que les dijeron que en Tandil "los estarían esperando", algo que resultó ser falso.

La situación se tornó aún más compleja al conocerse que la familia, oriunda de Bolívar pero radicada en Azul en el sector conocido como Los Piletones, atravesaba un contexto de extrema vulnerabilidad y conflicto vecinal. De hecho, sobre el grupo pesaba una medida judicial de custodia policial dinámica dispuesta por la Justicia azuleña debido a situaciones de violencia y agresiones entre vecinos, una circunstancia que no fue informada a las autoridades tandilenses al momento del traslado.

Intervención de Niñez y medidas judiciales

La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de Tandil intervino de inmediato para garantizar los derechos de los cinco menores involucrados. Según relató Teerink en el programa La Mañana de la radio de El Eco, se mantuvieron comunicaciones con el área de Niñez de Bolívar para rastrear antecedentes y verificar la situación de los pequeños, quienes estaban escolarizados en Azul hasta el día del viaje.

"Nos encontramos con un cuadro donde se vulneraron los derechos de los niños de manera directa; se los trasladó a otra ciudad sin ropa, sin sus documentos escolares y sin garantías de ningún tipo", detalló la funcionaria.

En paralelo, el hecho derivó en actuaciones judiciales. Los adultos de la familia realizaron una exposición en la comisaría Segunda de Tandil para dejar asentada la forma en que fueron trasladados. Además, en Azul, el concejal Agustín Puyou presentó una denuncia penal ante la Fiscalía N° 24 contra el secretario Omar Seoane por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona. El edil azuleño calificó el accionar como "inhumano" y sostuvo que existían advertencias previas sobre la fragilidad del grupo que no fueron atendidas.

Desde la comuna tandilense confirmaron que se está realizando un relevamiento exhaustivo de los costos que este operativo de emergencia le significa a la ciudad. El objetivo es que la Municipalidad de Azul se haga cargo de los gastos de alojamiento, alimentación y asistencia médica que está afrontando Tandil para contener a las 13 personas.

El foco de la gestión de Miguel Lunghi está puesto en la institucionalidad. Por ello, el Intendente instruyó a la Secretaría Legal y Técnica para que la nota que se envíe a Nelson Sombra, jefe comunal de Azul, sea rigurosa en términos administrativos. Se buscará determinar quién firmó la orden de traslado, qué profesional del área social evaluó la conveniencia de la mudanza y bajo qué argumentos se decidió depositar a una familia con menores en una estación de trenes que no se encuentra operativa.

"Tandil tiene la capacidad de asistir, pero esto no puede convertirse en una práctica habitual entre municipios", advirtieron desde el entorno del intendente. La preocupación radica en que se siente un precedente donde la solución a la vulnerabilidad social sea "trasladar el problema" a una jurisdicción vecina. Por el momento, la familia permanece alojada en la pensión asignada, mientras sus integrantes buscan recuperar las herramientas de trabajo que quedaron en Azul para intentar reconstruir su vida en nuestra ciudad, aunque todavía no existe una definición sobre su permanencia definitiva.

La nota formal que prepara el Ejecutivo tandilense será enviada en las próximas horas y se espera que la respuesta de Azul brinde claridad sobre un episodio que, en palabras de las funcionarias locales, dejó a una familia entera "a la buena de Dios".

La situación, que generó gran conmoción en la comunidad, fue abordada durante una entrevista en La Mañana (El Eco Streaming, Eco TV y Tandil FM 104.1). Según detalló la secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat de Tandil, Juliana Teerink, el protocolo de asistencia se activó tras la intervención policial al detectar al grupo de personas en la Estación de Trenes, la cual no se encuentra operativa.

La comitiva, compuesta originalmente por 11 personas, entre ellas cinco niños y adolescentes, fue trasladada en un vehículo oficial del Municipio de Azul. Al respecto, la funcionaria municipal señaló que las personas fueron “dejadas” en la ciudad sin sus pertenencias básicas, como medicación, útiles escolares y herramientas de trabajo. "Es la primera vez que nos encontramos con un cuadro semejante donde un móvil institucional hace este viaje", afirmó.

Ante la desprotección de los afectados, el Municipio de Tandil asumió la responsabilidad de garantizarles alojamiento en una pensión y asistencia alimentaria. Teerink explicó que se encontraban en un estado de vulnerabilidad extrema. "Como Municipio no podemos decirles que se vuelvan, ni obligarlos a nada, ni dejarlos en situación de calle. Asumimos la responsabilidad en términos de gestión y de derechos humanos", sostuvo.

La complejidad del caso aumentó en las últimas horas tras la incorporación de dos integrantes más, elevando a 13 el número de asistidos. La secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat destacó que debieron coordinar operativos especiales para mantener al núcleo unido, dado el estado de angustia y temor que presentaban al arribar desde la vecina localidad.

Sobre las razones del viaje, la titular de Desarrollo Humano de Tandil indicó que mantuvo contacto con sus pares de Azul, quienes ofrecieron una versión contrapuesta a la recabada por los equipos técnicos locales. Mientras que desde la localidad vecina argumentaron que se trató de un “traslado consentido” ante supuestas promesas de vivienda y empleo en Tandil, los damnificados negaron haber tenido conocimiento previo o firmado una conformidad.

"Es todo muy raro, se contradicen las versiones. Es muy liviano el argumento que nos dan desde el Municipio de Azul", manifestó Teerink. Asimismo, remarcó que la falta total de equipaje al momento de la llegada refuerza la gravedad del hecho.

Actualmente, el caso se encuentra en manos de la Justicia, con intervención de juzgados de familia, fiscalías y los servicios de niñez locales y zonales, con el objetivo de determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados.

"Vamos a pedir un informe formal, firmado por el intendente y dirigido al jefe comunal de Azul, para que nos remitan todas las actuaciones", adelantó Juliana Teerink. En paralelo, se trabaja en la revinculación escolar de los menores y en las gestiones para que los adultos puedan recuperar sus herramientas de trabajo, siempre bajo el marco de las disposiciones judiciales vigentes.

Finalmente, la funcionaria enfatizó que Tandil mantiene una postura firme en materia de protección de derechos. "Cuando hemos tenido situaciones similares, la intervención implica acompañar el retorno a su lugar de origen, no subirlos a un transporte y enviarlos sin saber si hay un contexto de violencia o una búsqueda de paradero", concluyó.

Una investigación por la presunta adulteración de recetas médicas, detectada inicialmente en una farmacia de la ciudad de Azul, culminó con un allanamiento en una vivienda de General Alvear. El procedimiento permitió el secuestro de diversos elementos que ahora forman parte del expediente judicial.

La causa se originó a partir de la denuncia de una médica, quien advirtió que su sello profesional y una firma apócrifa estaban siendo utilizados sin su consentimiento para la confección de recetas y la posterior adquisición de fármacos. La irregularidad fue detectada cuando se intentó comprar Nalbufina, un medicamento que requiere prescripción médica obligatoria, utilizando un formulario que presentaba datos falsificados.

A raíz de la denuncia, el Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Comunal de General Alvear inició las tareas investigativas. Tras tomar declaraciones al personal de la farmacia y analizar las cámaras de seguridad del comercio, los efectivos lograron identificar al sospechoso que habría concretado la compra con la documentación adulterada.

Con el aval de las pruebas recolectadas, la UFIJ N° 20 del Departamento Judicial de Azul, a cargo del fiscal Cristian Citterio, solicitó una orden de allanamiento. La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías N° 3, encabezado por el juez Juan José Suárez.

El operativo se llevó a cabo el 5 de agosto en un domicilio ubicado sobre calle Salta, en General Alvear. Durante la diligencia, la policía incautó un teléfono celular, el sello profesional de la médica denunciante, recetas con firmas y sellos presuntamente apócrifos atribuidos a la profesional y a otro médico, además de cinco ampollas utilizadas de Nalbufina.

El morador de la vivienda, un hombre de 37 años, fue notificado formalmente de la formación de la causa. La justicia continúa trabajando para determinar cómo fueron confeccionadas las recetas y establecer las responsabilidades penales correspondientes en este caso que vincula a las ciudades de Azul y General Alvear.

El secretario de Desarrollo de la Comunidad de Azul, Omar Seoane, salió al cruce de los cuestionamientos surgidos en Tandil por el traslado de una familia de once integrantes desde Azul hacia nuestra ciudad. El funcionario sostuvo que el grupo solicitó voluntariamente el viaje porque tenía la intención de radicarse en esta localidad y rechazó una alternativa de custodia ofrecida por el Municipio.

La situación generó una intervención de las autoridades tandilenses luego de que la familia fuera encontrada en inmediaciones de la Estación de Ferrocarril. Desde el Municipio de Tandil señalaron que un móvil identificado con la Municipalidad de Azul había trasladado al grupo y cuestionaron que no hubiera existido una comunicación institucional previa.

En diálogo con El Eco, la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Macieri, y la secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, Juliana Teerink, brindaron detalles de la situación. “Los dejaron a la deriva y eso tiene que quedar más que claro”, expresaron las funcionarias. A su vez plantearon que “el funcionario que intervino y que decidió que esta familia se subiera, al menos tendría que haber tenido la deferencia de comunicarse con el Municipio de Tandil, diciendo que había una familia que quería trasladarse. Y comunicar si, como ellos dicen, tendrían un lugar para estar y un trabajo. Esa es la labor profesional que tiene que hacer una persona que interviene en estas circunstancias. Nos parece poco serio subirlos a una combi y bajarlos en un lugar que todo el mundo sabe que ahí no es la terminal ni que pueda haber gente que los pueda detectar”.

En ese marco, desde Azul brindaron ahora su versión de los hechos. Seoane explicó en diálogo con el medio Verte Azul que la familia Chávez Smith, integrada por once personas, se encontraba asentada desde hacía un tiempo en Los Piletones y que sus integrantes se presentaron el pasado jueves en la Municipalidad para solicitar asistencia con el propósito de trasladarse a Tandil.

Según relató el funcionario, durante la conversación con el grupo surgió que habían atravesado un conflicto intrafamiliar que ya era conocido por el Municipio. “El sábado y el domingo hubo denuncias encontradas e incluso creo que existió una detención por parte de una de las partes de la familia”, señaló Seoane.

Frente a esa situación, indicó que desde el área de Desarrollo de la Comunidad se les ofreció una alternativa de custodia fija en Los Piletones. Sin embargo, según su versión, la familia rechazó esa posibilidad y manifestó su decisión de abandonar Azul para comenzar una nueva vida en Tandil.

El funcionario sostuvo además que los integrantes del grupo manifestaron contar con recursos económicos para afrontar un alquiler en Tandil, por lo que desde la Comuna entendieron que se trataba de una solicitud concreta de traslado y no de una situación de abandono.

“Obramos de buena fe. Lo que hicimos fue aportarle el transporte a una familia que se quería radicar en otra localidad”, afirmó.

Seoane también aclaró que la familia no habría sido trasladada sola. Según explicó, el viaje se realizó con el acompañamiento de una trabajadora social y un empleado de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad.

El funcionario aseguró que el Municipio de Azul tomó conocimiento de las dificultades que atravesó la familia una vez llegada a Tandil a través de las redes sociales, varias horas después del traslado.

La explicación de Azul se contrapone así con lo señalado por las autoridades tandilenses, quienes habían indicado que la familia llegó a la Estación de Ferrocarril sin una articulación previa entre ambos municipios y que, de acuerdo con el relato de sus integrantes, esperaron en el lugar porque les habían indicado que en Tandil tendrían alojamiento y una solución para instalarse.

Desde Tandil también señalaron que la situación requería una intervención especial debido a la presencia de menores y a una medida judicial vinculada a una causa por lesiones leves y amenazas, en cuyo marco se había dispuesto una custodia dinámica para el grupo familiar.

Consultado por la denuncia iniciada en Tandil por averiguación de ilícito contra el Municipio de Azul, Seoane rechazó que haya existido abandono de persona. El funcionario, además, apuntó contra la presentación realizada por el concejal Agustín Puyou y calificó la denuncia como “una mala maniobra política”.

En paralelo, aseguró que la administración azuleña mantiene asistencia permanente para las familias que se encuentran en Los Piletones y sostuvo que, en este caso particular, la decisión de trasladarse a Tandil fue adoptada por los propios integrantes del grupo.

Por otra parte, indicó que algunos miembros de la familia Chávez Smith ya comenzaron a realizar trámites vinculados con su radicación en Tandil.