El presidente de un frigorífico fue procesado bajo la acusación de volcar efluentes contaminantes al Río Salado, en la zona de la ciudad bonaerense de Azul. El juez federal Gabriel Di Giulio dictó la medida sin prisión preventiva y le trabó un embargo por 20 millones de pesos al directivo de la firma.

El procesamiento se determinó al considerar que el directivo violó el artículo 55 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, la cual establece penas de entre tres y diez años de prisión para quien, "utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general". El magistrado resolvió en sintonía con lo solicitado por el titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Azul, el fiscal Santiago Eyherabide, y los auxiliares fiscales María José Buglione y Lucas Moyano.

La causa tuvo su origen en una denuncia de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA), conducida por Ramiro González. La investigación preliminar permitió trazar una hipótesis sobre dos establecimientos que habrían vertido desechos al cauce. En el caso actual, la planta industrial de la firma Absolon S.A. se encuentra ubicada en la localidad de Roque Pérez, a dos kilómetros del río.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, las pruebas recolectadas fueron contundentes. “En todos los casos, las muestras evidenciaron la presencia de efluentes contaminantes o en concentraciones prohibidas por la normativa ambiental vigente, y las autoridades constataron infracciones de la normativa para la actividad y tratamiento de efluentes, configurando así un vertido contaminante en cuerpos receptores de agua superficial”, se indicó.

Las pericias indicaron que esta conducta se habría repetido en diversas ocasiones entre enero de 2023 y febrero de 2025, siendo verificada en cuatro instancias concretas de inspección. Al respecto, el magistrado destacó la intervención previa de la Autoridad del Agua como organismo de control provincial. “Dicho organismo determinó que el accionar de la firma Absolon S.A. ponía en peligro bienes jurídicamente tutelados, debiendo adoptar diferentes medidas administrativas para paliar sus efectos adversos; así dispuso clausuras preventivas, aplicó multas y ordenó adecuaciones estructurales en el establecimiento para el adecuado tratamiento de los efluentes, entre otros”, señalaron.

Los análisis de laboratorio confirmaron que las muestras compartían características de peligrosidad que afectan la salud y el medio ambiente. El juez Gabriel Di Giulio remarcó en su fallo: “La valoración de estas probanzas permite afirmar, con la provisoriedad propia de esta etapa, que el efluente contenía residuo calificado como peligroso por la normativa vigente”.

Finalmente, el personal del Departamento de Delitos Ambientales de la PFA constató que el destino final de los desechos era el Río Salado, un curso de agua vital para la ganadería, la agricultura y el ecosistema de numerosas localidades bonaerenses. El magistrado concluyó que “no basta que se afirme la ausencia de intención cuando a pesar de las reiteradas observaciones y medidas preventivas, la conducta fue continuada verificándose el volcado de efluentes sin debido tratamiento”.

Una mujer policía fue condenada a dos años de prisión por la muerte de Daiana Soledad Abregú, quien el 5 de junio de 2022 falleció al ahorcarse con una campera en un calabozo de Laprida.

En un juicio desarrollado en los tribunales de Azul, cuyo fallo se conoció este miércoles, fue condenada a dos años de prisión de ejecución condicional Vanesa Soledad Núñez, de 40 años y oriunda de Laprida, como autora penalmente responsable del delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Además, fue inhabilitada de manera especial por cuatro años para ejercer cargos públicos, según consignó el diario El Tiempo de Azul.

En relación con las circunstancias que derivaron en la muerte de Abregú mientras Núñez estaba a cargo de su custodia en la Comunal de Laprida, en el fallo -al que tuvo acceso ese medio- se señala que aquel 5 de junio de 2022, cuando la joven permanecía aprehendida por una contravención, la imputada “incumplió con los deberes a su cargo”.

La tarea de Núñez era “velar -de manera ininterrumpida- por la integridad psicofísica” de Abregú, quien se encontraba privada de su libertad en el sector de calabozos de la Estación de Policía Comunal, en calidad de contraventora. Allí cumplía funciones como “imaginaria de calabozos” e incumplió sus obligaciones al no advertir -y por ende no impedir- que la joven “se diera muerte”.

Núñez fue la única que llegó a juicio por este caso. En un inicio, ella y otros policías que estaban de servicio ese día fueron investigados e incluso detenidos como posibles responsables de la muerte. Sin embargo, esa hipótesis fue descartada con el avance de la investigación, a cargo del fiscal José Ignacio Calonje, y la causa derivó finalmente en la imputación solo para Núñez por este delito.

Desde el inicio de la causa intervinieron representantes de la Comisión Provincial por la Memoria, quienes también participaron del juicio oral. En un primer momento, y en base a una de las autopsias, ese organismo sostuvo que la joven había sido asesinada por efectivos policiales, pero esa hipótesis fue descartada con el tiempo y los agentes sospechados resultaron sobreseídos.

De acuerdo con el fallo, Núñez “omitió custodiar permanentemente a la única persona detenida en el sector de calabozos”. Para el juez, “existió una omisión voluntaria por parte de un agente estatal de cumplir con su obligación legal de velar por la integridad de las personas bajo su custodia”, lo que configura el delito por el que fue condenada.

La Libertad Avanza (LLA) continúa con su postura contra las tasas municipales que considera “inconstitucionales, discriminatorias e inequitativas”. En la ciudad de Azul, los ediles libertarios cargaron contra “la tasa que cobra el Municipio de Azul a los productores de ganado por el traslado de haciendas, así como los permisos de marcación y otros conceptos”.

La propuesta de eliminación comenzará a ser tratada en las comisiones legislativas de Presupuesto y de Interpretación del Concejo Deliberante. El proyecto de ordenanza, presentado por integrantes del bloque de LLA, busca derogar los artículos 192 a 207 de la Ordenanza 4.909 y su modificatoria, que crea la Tasa por Control de Marcas y Señales.

Según informó El Tiempo, durante la primera sesión ordinaria se resolvió girar la iniciativa a las comisiones mencionadas para su análisis técnico. El primer artículo propuesto establece la derogación de "los artículos 192° at 2O7° de la Ordenanza 4909 y sus modificatorias de la ordenanza 5073/2024 referido a la Guía de Traslado y la Tasa por control de Marcas y señales por ser inconstitucionales, discriminatorias e inequitativas".

En tanto, el segundo artículo plantea que "a partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, la emisión de las guías correspondientes se realizará mediante el DUT (Documento Único de Transito) según la emisión previa del DTe de Senasa, sin llevar un registro de stock más que se sume a los que ya lleva Senasa y el Ente Local de Vacunación contra la Fiebre Aftosa (Fundazul)".

Los fundamentos de la iniciativa puntualizan que "el productor agropecuario está sometido a diversas normas, regulaciones y costos tributarios que afectan sensiblemente la rentabilidad de su producción". Además, añade que "dichos costos, en particular las tasas son tributos cuya obligatoriedad en el cobro tiene como hecho generador la contraprestación efectiva por parte del Estado de un servicio que el contribuyente pueda individualizar".

“Al no existir contraprestación, la tasa se transforma en un verdadero impuesto”, sostienen los ediles de LLA, quienes mencionaron que “la Ley Orgánica de Municipalidades establece que los municipios no pueden crear impuestos”. Asimismo, subrayaron que "lo recaudado por tasas no debería tener un destino ajeno a cubrir el propio costo de la obra o servicio que se pretenda realizar".

Finalmente, destacaron que "el tributo es inconstitucional porque en algunas provincias, como la de Buenos Aires, se discrimina el costo del traslado de cada animal según sea su destino al mismo partido de origen, a otro de la misma provincia o a otra provincia lo que atenta contra los artículos 9, 10 y 11 de la Constitución Nacional”. Aseguraron que "solo con el DTe (emitido electrónicamente por el Senada por autogestión como las cartas de porte de traslado de granos), es condición suficiente para el traslado de hacienda".

El jueves 26 de febrero se llevó a cabo en la Escuela Normal de Azul el Pre-Congreso Provincial de Salud de la Región Sanitaria IX, un encuentro previo al encuentro bonaerense que reúne a referentes del área sanitaria con el objetivo de compartir experiencias e integrar perspectivas sobre el abordaje de problemáticas territoriales, la transformación del sistema de salud y su integración.

Durante la jornada, se profundizó en aspectos relacionados con el Plan Quinquenal de Salud bonaerense y los desafíos actuales que enfrenta. Para ello, se organizaron talleres sobre gestión de redes, salud mental y Atención Primaria, orientados a generar herramientas concretas para su abordaje.

La apertura estuvo a cargo del intendente de Azul, Nelson Sombra, y del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. También participaron la viceministra bonaerense Alexia Navarro, el director de la Región Sanitaria IX, Ramiro Borzi, intendentes de comunas cercanas, autoridades locales y equipos de salud de toda la región.

Según informó El Tiempo de Azul, previo al inicio del encuentro, los intendentes se reunieron con el ministro Kreplak para delinear estrategias específicas y definir la articulación necesaria en esta área. Entre los presentes estuvieron Julio Marini (Benito Juárez), Eduardo Bucca (Bolívar), Maximiliano Wesner (Olavarría), Martín Randazzo (General La Madrid) y Alfredo Fisher (Laprida).

Durante el encuentro, Nicolás Kreplak dio la bienvenida a los participantes y explicó que “la idea es introducir un marco que nos permita tener un diagnóstico general del tema y que ustedes, en el mejor de los casos, puedan interpretar algo de su realidad”.

“Esto es un modelo de gestión con planificación participativa. Todo lo que hacemos lo vamos planificando y a esa planificación la definimos entre nosotros. El plan de trabajo marca el sendero, pero no fija metas y objetivos concretos, sino que eso se va trabajando año a año y territorio por territorio”, añadió el ministro.

Kreplak señaló también que “lo que haremos acá, además de rendir cuentas e intercambiar experiencias, son los talleres donde se trabajará y se sacarán conclusiones y propuestas, las cuales se llevarán al CoSaPro (Congreso de Salud Provincial) que tendrá lugar el 15, 16 y 17 de abril en Mar del Plata, donde podrán presentar trabajos científicos, de participación o de transformación de la gestión, o pueden ir a escuchar las charlas. Las y los invitamos a que lo hagan”.

El funcionario recordó que en el congreso también se realiza “la asamblea de los secretarios de Salud e intendentes con el Gobierno de la Provincia, donde se traza a nivel global un año más de trabajo. Nuestro objetivo es el Plan Quinquenal, que está en su segunda etapa de implementación, y tenemos que construir las bases para el del próximo año, para que sea un proyecto de trabajo a cinco años que responda a las necesidades de salud de los territorios”.

De manera general, Kreplak señaló que “venimos a rendir cuentas, contar en qué invertimos el tiempo y los recursos” y agregó que “hay muchos avances, aún a pesar de la situación económica muy grave, hay muchos avances en gestión que demuestran resultados sanitarios que ya se pueden ver en la población, así que también los queremos contar". 

"El trabajo articulado, la planificación y el uso eficiente de los recursos, es fundamental. Para eso está el Estado y es lo que venimos haciendo nosotros acá: poner reglas”, sentenció.

Finalmente, Kreplak destacó que uno de los ejes principales del encuentro estuvo relacionado con las políticas de ajuste y desregulación del Gobierno nacional respecto del financiamiento público en salud, el debilitamiento de la rectoría estatal y la precarización de la prestación de servicios, que generan sobrecarga del sector público. En este marco, se discutieron avances y próximos pasos para garantizar un sistema de salud integrado, con mayor acceso y calidad.

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata declaró la nulidad total de la denominada “Tasa por Servicios Esenciales” creada por la Municipalidad de Azul, que consistía en el pago de hasta un litro de gasoil por hectárea por productor rural. A partir de estos momentos, el Municipio deberá devolver la totalidad de lo recaudado por ese medio.

En la causa “Carrizo Alicia Graciela y otros C/ Municipalidad de Azul S/ Pretensión Anulatoria”, el tribunal resolvió hacer lugar al recurso de apelación presentado por los productores rurales y modificó de manera sustancial la sentencia de primera instancia, que había declarado la ilegitimidad del gravamen solo en el 50% del monto liquidado. Los jueces determinaron que la declaración de ilegitimidad y la consecuente inexigibilidad debe alcanzar a la totalidad de los montos liquidados en cada caso para las partidas inmobiliarias rurales involucradas.

La resolución fue firmada por los jueces Roberto Daniel Mora y Diego Fernando Ucín. La misma consideró legítimo el argumento central de los demandantes, que fue la invalidez del procedimiento de aprobación de las ordenanzas 4909/2023 y 4910/2023 que instituyeron la tasa.

Además, el tribunal dispuso que las costas del proceso sean impuestas a la demandada vencida, es decir, a la Municipalidad de Azul, lo que implica un impacto económico adicional para la administración local.

La disputa comenzó en febrero de 2024, cuando productores nucleados en la Sociedad Rural de Azul iniciaron una demanda colectiva contra el Municipio. La ordenanza obligaba a pagar una tasa equivalente a hasta un litro de gasoil por hectárea por mes y dos litros en el caso de frentistas urbanos.

La acción llegó a involucrar a 190 productores que representaban casi 190.000 hectáreas, quienes argumentaron que el tributo era inconstitucional al no existir una contraprestación específica vinculada a la actividad rural. Cabe destacar que ño recaudado por ese medio era para la prestación de los servicios de salud, educación, deporte, inclusión de la discapacidad, cultura, esparcimiento y transporte, los servicios de ornato y señalética de calles, mantenimiento y conservación de plazas, paseos y parques infantiles.

Desde el punto de vista técnico, el abogado patrocinante Jorge Eduardo Moroni sostuvo que la ordenanza no cumplía con los requisitos de la Ley Orgánica de las Municipalidades y que el gravamen no podía considerarse una tasa, ya que no había un servicio directo prestado a los campos. “Se asimilaba a un impuesto más que a una tasa”, afirmó.

El fallo abrió un escenario complejo para la administración encabezada por el intendente Nelson Sombra. Al declararse la nulidad sobre el 100% de lo liquidado, el Municipio deberá afrontar devoluciones a quienes pagaron el tributo. Según los productores, serían alrededor de 80 los alcanzados, con explotaciones que van desde 90 hasta 8.000 hectáreas.

Durante la vigencia de la tasa, la resistencia fiscal había sido significativa, ya que el municipio solo logró recaudar cerca del 40% de lo previsto en la primera cuota.

En paralelo, el grupo que impulsó la demanda anunció que avanzará con una nueva acción judicial para exigir una rendición detallada de las cuentas municipales y el destino de los fondos.

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Cacharí, en el partido de Azul, desmintió a la conducción local de La Libertad Avanza (LLA), sector político que mencionó un aporte de $ 94.924.971,75 por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, proveniente de la Resolución 91/2026.

De acuerdo con el diario El Tiempo de Azul, en su publicación LLA Azul afirmó que el cuartel de Bomberos de Cacharí era uno de los beneficiados por este aporte. Sin embargo, señalaron los bomberos, los fondos mencionados corresponden a los años 2025 y 2026, no fueron depositados aún en su cuenta y no corresponden a un aporte extra, como se indicó en la publicación de la agrupación política.

Los Bomberos Voluntarios de Cacharí precisaron que el subsidio al fondo de bomberos voluntarios está contemplado en la Ley Nacional 25.054, sancionada en 1998 y se financia con un porcentaje de las primas de seguros (excluyendo el seguro de vida). Este fondo se distribuye de manera equitativa entre asociaciones, federaciones y el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios para el equipamiento, la capacitación y el funcionamiento de los cuarteles de todo el país.

"El dinero no proviene de un aporte especial o un nuevo subsidio, como se ha querido hacer creer en redes sociales, sino de una contribución obligatoria de las aseguradoras", detallaron.

Aunque los fondos no han sido depositados hasta el momento, la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad de la Nación establece una distribución de subsidios para el sistema de bomberos voluntarios en todo el país; pero los montos anunciados, correspondientes a los años 2025 y 2026, aún no llegaron a los cuarteles. Los Bomberos aclararon que cuando los fondos lleguen, serán invertidos en tiempo y forma, como se hizo siempre, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa del cuartel de Cacharí y mejorar el servicio a la comunidad.

En su mensaje final, consigna El Tiempo, Bomberos Voluntarios de Cacharí pidieron a la comunidad y a las partes involucradas que tengan en cuenta la información oficial proporcionada por la institución, destacando que su trabajo siempre ha sido transparente en la rendición de cuentas y en la correcta utilización de los recursos.

Dentro del programa "Manos a la obra", personas privadas de libertad y personal penitenciario de la Unidad 14 de General Alvear restauraron y pintaron la Escuela Primaria N° 15 de la Colonia San Salvador del Valle, un paraje rural del partido de Azul.

Las tareas consistieron en el lijado, tratamiento de muros y pintura integral del edificio. La labor técnica fue ejecutada por Emiliano y Kevin, dos presos que aplicaron sus conocimientos en oficios para el beneficio del establecimiento educativo, informó El Tiempo de Azul.

La iniciativa, que contó con el respaldo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, bajo la gestión de Juan Martín Mena, permitió que los internos apliquen oficios de pintura y tratamiento de paredes.

El proyecto buscó fomentar hábitos de trabajo y responsabilidad, fortaleciendo el vínculo solidario con las comunidades rurales como la de Colonia San Salvador del Valle, que no cuenta con una localidad base sino que está formada por familias dispersas en la zona.

El proyecto fue coordinado por la jefatura de la Unidad 14, encabezada por su director, Marcos Cala, y contó con la colaboración activa de la directora de la escuela, Florencia Vilchez, junto a auxiliares y docentes, quienes agradecieron la rapidez de los trabajos que, fueron terminados mucho antes del inicio de clases.

Un ciudadano de nacionalidad brasileña, de 26 años, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza tras permanecer prófugo durante tres meses, acusado de haber cometido una defraudación informática contra un vecino de Tandil. El arresto, concretado el pasado sábado por agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), se produjo cuando el sospechoso intentaba abordar un vuelo para abandonar el país con destino a Brasil. 

Según informaron fuentes oficiales, el joven, identificado como Marcos Vinicius Fernandes Camargo y con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), era buscado desde octubre pasado por una orden de detención dispuesta por José Alberto Moragas, titular de uno de los Juzgados de Garantías con sede en Tandil.

La investigación, liderada por el fiscal Adrián Peiretti, a cargo de la UFI 22, detalla que el ilícito ocurrió el 24 de agosto de 2023 en Tandil. Según las actuaciones penales, el imputado habría manipulado informáticamente la cuenta de un banco privado perteneciente al damnificado, logrando transferir mediante homebanking la suma de dos millones de pesos hacia una cuenta propia. 

Aproximadamente tres horas después de concretar la transferencia, Fernandes Camargo se habría presentado personalmente en una sucursal bancaria del barrio de Palermo, en CABA, para retirar 500.000 pesos en efectivo por ventanilla.

El resto del dinero sustraído fue diversificado a través de distintas operaciones financieras para dificultar su rastreo. De acuerdo con lo investigado, el joven transfirió el capital remanente a una billetera virtual de una fintech registrada a su nombre, destinando 600.000 pesos a la compra de Bitcoins y realizando nuevas transferencias con el saldo restante. El proceso judicial ya había incluido un intento de captura el pasado 16 de octubre, cuando se allanó un departamento en el séptimo piso de un edificio sobre la calle Monroe, en CABA. Sin embargo, en aquella ocasión el investigado no pudo ser hallado y permaneció evadido hasta su reciente interceptación en la terminal aérea.

Tras su captura, el joven fue indagado este domingo de manera virtual por el fiscal de la causa, audiencia en la cual estuvo asistido por un defensor particular y optó por declarar para exculparse de los cargos que se le imputan. 

Por el momento, el imputado permanece alojado de forma transitoria en una seccional policial de CABA, mientras las autoridades gestionan un cupo para su posterior traslado a una unidad penal bajo la jurisdicción del Departamento Judicial Azul. El caso continúa su curso bajo la carátula de defraudación informática, afectando el patrimonio de un hombre radicado en Tandil que sufrió la sustracción de dos millones de pesos de su cuenta bancaria.

Un hombre de 55 años, empleado del Banco Provincia, falleció el jueves de manera trágica en la localidad bonaerense de Azul luego que un poste de luz de madera se le cayera encima y golpeara su cabeza.

El hecho ocurrió en horas del mediodía cuando el hombre, identificado como Diego Hernán Bianchi, estaba en las afueras de un taller de chapa y pintura que está ubicado sobre la calle La Madrid de esa ciudad, según informó el diario El Tiempo de Azul.

Por causas que se investigan, el poste de luz de madera se cayó sobre su cuerpo e impactó en la cabeza. De acuerdo a lo informado por la Policía Científica de Azul, el deceso obedeció justamente a la lesión que presentaba en la cabeza a causa del golpe.

Si bien el hombre, padre de dos hijos, fue llevado de urgencia al Hospital Pintos, ingresó al mismo sin vida.

El sumario penal que se inició por el trágico hecho quedó radicado en la UFI 13, la Fiscalía que en los tribunales de Azul está a cargo de Adrián Peiretti.

La Justicia de Azul ordenó la prisión preventiva de dos tandilenses acusados de haber cometido un robo en un establecimiento rural del partido de Azul. La decisión se basó en la gravedad del delito imputado, la calificación legal asignada al hecho y la pena en expectativa prevista para este tipo de ilícitos.

Los acusados fueron identificados como José Martín González, de 42 años, y Ramiro Urso, de 23, quienes quedaron imputados como autores de un robo agravado por haberse cometido en despoblado. La resolución fue dictada por el titular del Juzgado de Garantías Nº 3 de Azul, Juan José Suárez, y mantiene a ambos acusados privados de la libertad mientras avanza la investigación.

Según informó El Tiempo, los dos tandilenses habían sido detenidos el pasado 18 de diciembre en la ciudad, en procedimientos realizados por personal del Comando de Prevención Rural (CPR) con asiento en Azul. La causa es instruida por la UFI Nº 11, especializada en delitos rurales, a cargo del fiscal Adrián Peiretti.

El hecho investigado ocurrió el domingo 1 de junio de 2025 en el establecimiento rural “La Soñada”, ubicado en el Cuartel VII del partido de Azul, a la altura del kilómetro 343 de la Ruta Nacional Nº 3. De acuerdo con la información trascendida, González y Urso habían sido contratados meses antes para realizar tareas de poda en el campo y conocían que los fines de semana el lugar permanecía sin ocupantes.

Ese domingo por la tarde, los acusados habrían llegado al predio y forzado el candado de la tranquera de acceso. Una vez dentro, se apoderaron de paneles y pantallas solares, una bomba de agua solar, cuatro baterías de gel, un regulador de voltaje, tres picanas y un alargue. Además, tras romper los vidrios de dos ventanas de la vivienda del encargado del campo, sustrajeron varios cubiertos.

El robo fue descubierto al día siguiente, lunes 2 de junio de 2025, cuando se radicó la denuncia en la sede del CPR Azul perteneciente a la Policía bonaerense. A partir de ese momento, los investigadores lograron identificar rápidamente a los tandilenses que continúan privados de su libertad como probables autores del robo.

En el marco de la investigación se estableció que uno de los imputados se movilizaba en un automóvil Volkswagen Gol rojo, vehículo que utilizaban para trasladarse al campo. Testigos declararon haber visto ese rodado en las inmediaciones del establecimiento el día del robo, que posteriormente se determinó que pertenecía a González.

El 25 de junio de 2025 se realizaron los primeros allanamientos en los domicilios de ambos acusados en Tandil, donde se secuestraron teléfonos celulares. Del análisis de uno de esos dispositivos, perteneciente a González, surgieron mensajes intercambiados con Urso en los que se hacía referencia al robo y a la posibilidad de reducir los paneles solares sustraídos.

Esa información volvió a cobrar relevancia tras las detenciones de ambos en diciembre, cuando también se allanó un comercio en la ciudad de Ayacucho. Según lo investigado, el propietario de ese local habría sido quien compró los paneles robados en “La Soñada”.

Tras ser detenidos, González y Urso permanecieron inicialmente alojados en la sede del CPR Azul. Desde esa seccional policial, días más tarde, fueron trasladados a la Unidad Penal Nº 38 del Servicio Penitenciario Bonaerense, ubicada en Sierra Chica, donde continúan detenidos mientras se desarrolla el proceso judicial.

El Balneario Municipal "Almirante Guillermo Brown", ubicado en la localidad de Azul, a tan solo 100 kilómetros de Tandil, es ideal para disfrutar de un día de verano.

Ante la falta de instalaciones de éstas características en la ciudad, planear una escapada a este lugar es una opción más que válida.

El sitio cuenta con un importante espejo de agua con posibilidades para todas las edades y gustos: de día donde se aprovechan los baños, la naturaleza, el deporte, y de noche, los fogones, restaurantes, confiterías.

Este Balneario, creado en el Arroyo Azul, tiene una amplia pileta, con aguas que corren por 600 metros y numerosos sectores parquizados con equipamientos para el disfrute del residente y del turista.

Las playas se hayan divididas en tres zonas distintas: Playa Chica, La Terraza y Playa Grande con sus respectivos servicios.

Alrededor del Balneario se encuentran canchas de paddle, fútbol 5 y playas de estacionamiento. Todas las instalaciones son de uso gratuito.

Ubicación 

La dueña de la empresa láctea Luz Azul reveló el viernes, en medio de una entrevista radial, el contenido de una serie de mensajes privados que intercambió con el presidente Javier Milei. En la conversación, la empresaria le pidió al mandatario que hiciera “foco” en las pymes y dejara de “contestarle a economistas” durante sus intervenciones públicas.

Se trata de Gabriela Benac, quien contó que le escribió a Milei porque “no le gustó” el mensaje que brindó el jefe de Estado en el Congreso de Líderes organizado por el diario digital El Cronista. En diálogo con la radio AM750, la dueña de Luz Azul detalló el contenido de la conversación con el Presidente.

“Javier, por qué te ocupás de contestarle a los economistas, que no me importa ni quiénes son. Hablanos a los emprendedores y a los que trabajamos”, relató Benac sobre su pedido al Presidente vía Whatsapp.

La titular de la conocida firma láctea Luz Azul, que tiene presencia en múltiples localidades bonaerenses, le manifestó a Milei el apoyo a su proyecto, aunque demandó que “haga foco” en las PyMEs. “Él está enceguecido en la macro y en algo tan técnico que no lo podemos creer”, subrayó Benac.

En otro tramo del reportaje radial, la empresaria contó cuál fue la respuesta del mandatario. “Estoy cansado de economistas mediocres y periodistas ladrones que critican porque no saben o no entienden. No puede ser que decir estas estupideces resulte gratis”, es lo que habría dicho Milei. 

“Muchos de los que estaban en el evento apoyan, pero después contratan a esa gente. Estos tipos hicieron quebrar empresas y están todo el tiempo generando problemas”, habría replicado el jefe de Estado a la empresaria del rubro lácteo.

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial -Sala I- del Departamento Judicial de Azul informó a los interesados que, a partir del 13 de noviembre hasta el 20 de noviembre del corriente año, se dispuso la Reapertura de la inscripción de los profesionales auxiliares de la Justicia para integrar las listas para el sorteo de oficio de peritos en el año 2026 para las entidades profesionales que no registren inscriptos.

Asimismo, se hace saber que cada profesional podrá inscribirse hasta en dos departamentos judiciales (Conf. art. 3° del Reglamento para la confección de listas y designaciones de oficio de Profesionales Auxiliares de Justicia, modificado por Acuerdo N°3771 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires del 26/08/2015).

La inscripción de los profesionales deberá realizarse en las sedes de los respectivos Colegios Profesionales o ante la sede de Azul en los casos en que los colegios no tengan convenio con la SCBA.

Los colegios deberán remitir los listados con las nuevas inscripciones al Organismo de Contralor hasta el 28 de noviembre a la siguiente dirección de correo electrónico camcivsal1-az@jusbuenosaires.gov.ar.

En el marco de la causa caratulada “Robo agravado por escalamiento”, personal policial logró en las últimas horas la detención de un joven de 21 años en Tandil que era buscado por un hecho delictivo ocurrido días atrás en la ciudad vecina de Azul.

Según informó el medio Noticias de Azul, la investigación se inició cuando un empleado de una cancha de fútbol 7, situada en las calles De Paula y Sarmiento de Azul, se presentó en la comisaría local tras advertir que el portón trasero del predio había sido violentado. Al recorrer el lugar, constató el faltante de varias herramientas, entre ellas un objeto que había sido recuperado horas antes por un vecino. 

El denunciante había observado a un individuo desconocido, a bordo de una bicicleta color naranja flúo, detenerse en calle Salta al 400 para manipular un elemento que luego intentó sustraer.

Con estos datos, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Primera de Azul analizó registros fílmicos y tomó nuevas declaraciones testimoniales. El material obtenido permitió reconstruir la mecánica del hecho y recaratular la investigación como “Robo agravado por escalamiento”. A partir de allí, los efectivos lograron identificar al presunto autor como Diego Armando González, de 21 años.

Tras diversas tareas encubiertas e investigativas, el joven fue localizado en Tandil. Su detención se concretó en Belgrano, entre Alem y General Paz, donde efectivos policiales lograron interceptarlo y aprehenderlo.

La Unidad Fiscal Nº 13, a cargo del Dr. Adrián Peiretti, avaló el procedimiento y dispuso las actuaciones de rigor, incluyendo las notificaciones previstas en los artículos 1 y 60 del Código Procesal Penal. 

Por primera vez desde su creación, la Unidad 7 Azul, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), es conducida por una mujer luego de que fuera aprobada su designación por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

La funcionaria penitenciaria designada como directora de la Unidad 7 es Vanesa Bahl y se convirtió en la primera mujer en ostentar ese cargo en 94 años de historia de esa cárcel.

Madre de cinco hijos, con una trayectoria extensa y una vocación que nunca se apagó, Bahl asumió la dirección de esta cárcel de varones luego de ser la titular de la Unidad 52 Azul, un establecimiento que aloja a mujeres privadas de libertad.

Bahl nació en la localidad bonaerense de Hinojo, partido de Olavarría, y siendo muy joven decidió mudarse a la ciudad de La Plata para iniciar su carrera dentro de la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Ingresó a la Escuela de Cadetes el 10 de febrero de 2017 e integró la novena promoción femenina. Una vez recibida de oficial adjutor del escalafón general cumplió funciones en la Unidad 8 Los Hornos como encargada de turno. A partir de allí pasó La por las unidades de Sierra Chica, Batán, Mercedes y Junín, entre otras, con diferentes puestos de jefatura. Y desde el 14 de octubre de este año, justo en el aniversario número 94 de la Unidad 7, Bahl fue puesta en funciones como la directora.

Se trata de un logro que trasciende lo personal y se convierte en un símbolo de avance, igualdad y reconocimiento al trabajo silencioso y constante de tantas mujeres dentro del SPB.

Al asumir su cargo, expresó que este paso “implica una gran responsabilidad y está cargado de emociones”, pero también representa la oportunidad de dejar un legado para las mujeres del SPB. La funcionaria penitenciaria busca demostrar que sí se puede, que la capacidad no tiene género y que el liderazgo femenino enriquece con humanidad, profesionalismo y una mirada transformadora.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró este miércoles en Azul un nuevo edificio para la Comisaría de la Mujer y Familia y efectuó la entrega de unidades móviles para fortalecer el patrullaje en el municipio, junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso; y el intendente local, Nelson Sombra.

En ese marco, Kicillof subrayó: “Hemos dotado del personal y del equipamiento que necesitaba esta comisaría para dar respuestas a todas las denuncias que se realizan por violencia de género en el distrito”. “Redoblamos los esfuerzos de la provincia de Buenos Aires porque sabemos que, para hacer frente a situaciones tan graves, se requiere de un Estado presente en el territorio, que invierta y coordine con todos los actores de la comunidad”, explicó.

El edificio fue reacondicionado para garantizar la atención, el acompañamiento y el abordaje que lleva adelante la nueva sede de la Comisaría de la Mujer y Familia durante las 24 horas del día. Además se pusieron en funcionamiento dos patrulleros y cuatro motos, vehículos adquiridos a través del Fondo de Fortalecimiento Municipal para reforzar las tareas de prevención del delito en el distrito.

“Lamentablemente no contamos con el apoyo de un Gobierno nacional que continúa con su política de ajuste y desfinanciamiento de las provincias”, explicó el Gobernador y agregó: “Habían prometido cambios después de las elecciones pero siguen clasificando a los gobernadores según su afinidad con el Presidente. Como nuestro compromiso es con la Provincia de Buenos Aires, nosotros estamos donde tenemos que estar: trabajando para sumar las motos y los patrulleros que se requieren para que haya más tranquilidad en los barrios”.

"Frente a un Gobierno nacional que habla de seguridad, pero no invierte un peso, nosotros asumimos el compromiso de trabajar codo a codo con todos los intendentes, sin importar su signo político, para llevar la tranquilidad y el bienestar que las y los bonaerenses se merecen", expresó Alonso y añadió: “Con este nuevo espacio, el personal policial va a contar con mejores herramientas para cuidar a nuestra gente”.

En tanto, el intendente Sombra destacó que “la nueva Comisaría de la Mujer es una respuesta articulada entre el Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad de la Provincia para garantizar un espacio digno, que respete la intimidad y el resguardo de las bonaerenses”. “Queremos agradecer que el Gobierno provincial, pese a una Nación que lo desfinancia, hace un gran esfuerzo para que podamos sumar nuevos patrulleros y avanzar con las obras que necesitan los vecinos y vecinas de Azul”, agregó.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el subsecretario de Articulación Institucional, Eduardo Aparicio; la diputada provincial Laura Aloisi; el intendente de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini; la concejala Inés Laurini; la directora de Habilitaciones de Olavarría, Evelyn Díaz; y el secretario de Seguridad local, Christian Portaluppi.

El camionero detenido tras el fatal choque ocurrido el pasado sábado en la ciudad vecina de Azul, identificado como Miguel Jorge Mele, decidió no prestar declaración el lunes ante la Justicia. El hombre está acusado de haber embestido con su camión al motociclista Diego Maximiliano Marianache, de 46 años, durante una confrontación en la vía pública que terminó con la muerte de este último.

La audiencia de indagatoria se llevó a cabo en la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°2, a cargo del fiscal David Carballo, quien imputa al transportista de 58 años por el delito de “homicidio simple”. Según la investigación, Mele habría actuado con dolo eventual, al realizar una maniobra con su camión Iveco que provocó el impacto mortal.

De acuerdo con lo que informó el diario El Tiempo de Azul, la Defensora Oficial que representa al acusado, Adriana Hernández, presentará un pedido de excarcelación. En esa solicitud solicitará que la causa sea recaratulada como “homicidio culposo”, figura penal que contempla una pena considerablemente menor.

La declaración indagatoria estaba prevista inicialmente para la tarde del domingo, pero fue reprogramada para el lunes ante la posibilidad de que el imputado designara un abogado particular. Finalmente, Mele compareció asistido por la Defensoría Oficial y, amparado en el artículo 308 del Código Procesal Penal, optó por hacer uso de su derecho a no declarar.

Mientras tanto, la investigación continúa su curso y no se descarta que en los próximos días el transportista designe un defensor privado para seguir el caso.

Una discusión de tránsito en la ciudad vecina de Azul dejó como saldo, el pasado sábado por la mañana, un motociclista muerto y la detención del conductor del otro vehículo involucrado, una grúa de remolque.

Miguel Jorge Mele, el transportista que embistió y mató al motociclista, fue aprehendido en las primeras horas del domingo. La medida cautelar -según informaron fuentes policiales y judiciales al medio local El Tiempo- se concretó durante un procedimiento encabezado por agentes del Grupo Táctico Operativo de la Seccional Primera local, que incluyó que fuera allanada la casa del investigado.

David Carballo, el fiscal a cargo de la UFI 2, había pedido la detención del conductor de la grúa. Además, el juez Juan José Suárez, titular del Juzgado de Garantías 3, evaluando las diferentes evidencias reunidas (entre las que figura el registro fílmico de una cámara perteneciente a un domicilio particular) dio lugar al dictado de la medida cautelar.

Mele, de 58 años, quedó alojado en la sede de la comisaría, a la espera de que se defina cuándo será indagado en los tribunales por "homicidio simple con dolo eventual", que contempla penas que van desde los 8 a los 25 años de prisión.

De acuerdo con lo informado por El Tiempo de Azul, el incidente de tránsito que protagonizó Mele se produjo el sábado alrededor de las 9.30 de la mañana. El imputado guiaba un camión Iveco y la víctima fatal, identificada como Diego Maximiliano Marianache, de 46 años, se trasladaba en una moto Motomel modelo "Skua" de 150cc de cilindrada.

En la intersección de la avenida Mitre con calle España, de Azul, una esquina en la que hay semáforos, "al habilitar el paso el semáforo ubicado en la mencionada esquina, los nombrados doblaron hacia la calle España, intentando el conductor del ciclomotor sobrepasar al camión por el lado izquierdo del mismo, efectuando Mele una maniobra que impidió a Marianache concretar su intención", se describe en las actuaciones penales citadas.

"Seguidamente el conductor de la moto intentó efectuar una nueva maniobra de sobrepaso. Esta vez, por el lado derecho del camión, colocándose a la altura de la ventanilla del vehículo conducido por Mele", ocasión durante la cual Marianache le hizo "ademanes con su brazo". En ese momento, cuando los dos vehículos circulaban a la par por España, en la cuadra delimitada por Avenida Mitre y Belgrano, Mele "efectuó una maniobra abrupta hacia su lado derecho, colisionando de manera directa -al mando de la grúa tipo remolque- sobre el lateral izquierdo de la motocicleta, lo que provocó que este último vehículo impactara violentamente contra un árbol ubicado en la vereda".

La violencia del choque derivó en el inmediato deceso de Marianache, a causa de "politraumatismos que le ocasionaron un shock hipovolémico y lesión de los grandes vasos", se menciona también en la causa.

A través de lo investigado se señala que una mujer fue quien se comunicó con el 911 luego de que, yendo como acompañante en un auto que guiaba su madre y circulaba detrás de la grúa y de la moto, observó la discusión entre ambos conductores. También las mujeres vieron la manera en que después el ahora detenido, al mando de la grúa, hizo la maniobra que derivó en que el hombre que se trasladaba en la moto falleciera.