La sesión del Concejo Deliberante de hoy tendrá un momento especial para la ciudad, ya que se presentará un proyecto para reconocer a la obra y figura del recordado padre Raúl. Haciendo uso de la Banca 21, integrantes de Flor de Murga leerán la iniciativa que consiste en denominar “Padre Raúl Troncoso” a la actual avenida Monseñor de Andrea. La propuesta lleva el aval de muchos vecinos que se sumaron con sus firmas, por lo que los impulsores invitaron a toda la comunidad a concurrir a la sesión para acompañar el pedido.

“La convocatoria es a toda la gente que lo conoció y a la que participó de sus instituciones, para que vayan el jueves. Para que trascienda su nombre, y los valores que él inculcó en Tandil. Eso fue los que nos motivó a hacerle este homenaje. Realzar su figura y también esos valores de fraternidad, de justicia social, de amor al prójimo”, expresó María del Carmen Silva, quien junto a Dardo Casal dirigen Flor de Murga.

En diálogo con El Eco de Tandil, compartieron detalles de una propuesta que nació primero como una junta de firmas durante la última fogata de San Juan. “En un principio pensábamos en una calle, una plaza o un lugar visible. La misma gente empezó a tirar ideas, y la más linda y significativa por el enlace con lo religioso, fue la de la avenida que va al Calvario, que Raúl tantas veces transitó”, sumaron los murgueros, quienes para el proyecto recopilaron diversos casos de cambios de nombres de calles en la ciudad.

El lema de la colecta de firmas fue “Que Tandil nunca olvide al padre Raúl”. Tal es el espíritu de la iniciativa que llevarán al Legislativo local en homenaje a la figura de quien fuera no solo un referente religioso sino también social, político y cultural de Tandil. La importancia del paso de Troncoso por la ciudad se pudo constatar cuando a fines de abril pasado, vecinos de diferentes barrios, organizaciones y pertenencias se acercaron a la Parroquia Santísimo Sacramento a despedirlo tras su fallecimiento.

En el mismo sentido los integrantes de Flor de Murga recordaron parte de todos los proyectos que Troncoso impulsó. Desde el Banquito de la Buena Fe al Foro Social Tandil 21 -durante la crisis del 2001-, las Casitas de la Esperanza, el Banco de Alimentos, el hogar Pajaritos de la Calle, su participación en la masiva manifestación por hechos de muertes irresueltas -la marcha de silencio en la que solo se escucharon los ruidos de los pasos sobre el adoquinado del centro-, su compromiso con la defensa de las sierras, con la búsqueda de justicia en casos de Derechos Humanos y hasta su rol clave en el retorno del carnaval popular.

“Él siempre ayudaba con algo, nunca nadie se iba con las manos vacías. Mucha gente de Tandil que estaba pasando por alguna situación límite, iban a hablar con él y él los reconfortaba. Tenía esa forma, esa palabra, esa forma de llegar. Por eso recogió tanto amor, tanto reconocimiento”, destacaron.

“Lo que ha hecho es una obra muy grande. Por eso es que estamos en esta campaña. Para ver si podemos lograr que esa avenida tan importante y religiosa de Tandil lleve su nombre. Es el mejor de los homenajes que le podemos brindar todos los tandilenses”, concluyeron.

Flor de Murga estuvo vinculada al padre Raúl en muchos de los proyectos que Troncoso llevó adelante en la ciudad. No solo lo acompañaron en su recordada misa que brindó por los 50 años de su sacerdocio, sino que también le dedicaron su más reciente espectáculo, “Corazón de Terciopelo y de metal”. 

La obra lleva el nombre con el que un antiguo compañero de celda -Troncoso estuvo detenido desde poco antes del inicio de la dictadura hasta casi entrada la democracia- definió al referente religioso.

Por ese motivo, las últimas presentaciones de Flor de Murga incluyeron pancartas con los nombres de las más destacadas iniciativas del religioso, y hasta una gigantografía de su figura. En “Candombe para Raúl”, cantan “Militante de la vida, padre Raúl/Corazón de terciopelo y de metal/Construyendo un mundo nuevo y fraternal/por la justicia social”. La mención a “un mundo nuevo”, recodaron los murgueros, fue una sugerencia personal de nada menos que el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, amigo cercano de Troncoso.

Se llevó a cabo en el Centro Cultural La Compañía una charla informativa sobre las consecuencias en la salud por el uso y exposición a los agroquímicos. El encuentro se dio bajo el título “La salud en riesgo” y surgió a raíz de las preocupaciones y necesidades de los habitantes de La Porteña, que denunciaron el incumplimiento de la ordenanza de aplicaciones en cercanías de la Escuela 33.

Para nutrir de información a los presentes y a la sociedad en general convocaron a Claudio Lowy, ingeniero Forestal; Graciela Canziani, especialista en Ecología Matemática; Cristina Rendoletti, doctora en Nutrición, y Juan Bernardo, trabajador rural y ex aplicador.

Antes de dar paso a las voces expertas, Lucía Mestre, vecina de La Porteña, destacó la importancia que tiene para la sociedad en general poder brindar un debate sobre los riesgos que corre la salud ante la exposición a las fumigaciones. Asimismo, contó que luego de unirse y denunciar lo que ocurría en la escuelita de su barrio quedaron sorprendidos por la cantidad de lugares que padecen lo mismo y que les hicieron llegar su apoyo.

“Estamos en el camino correcto. Para nosotros la salud es un derecho, entonces nos encontramos con profesionales que pueden orientarnos en la infinidad de aristas que tiene la aplicación de agroquímicos, así que seremos el eslabón que tengamos que ser para defender nuestros derechos”, dijo y la sala repleta sonó en aplausos.

 Un discurso engañoso

La palabra inicial fue de Lowy, quien se encargó de desenmascarar el discurso de las buenas prácticas agrícolas, que sostienen que los agroquímicos producen daños a la población y el ambiente simplemente porque se “usan mal”, por ende haciendo un buen uso eso ser revertiría. “Le están echando la culpa de que sea nocivo al aplicador o al peón”, se indignó. Para el experto, este mensaje resulta totalmente engañoso ya que sigue promoviendo el uso de plaguicidas.

“Claramente que las malas prácticas son peores que las buenas, como aplicar sin traje protector o con viento a favor, pero de todas maneras eso no impedirá el daño”, aseguró.

Por otro lado, recordó que la reglamentación local advierte que no pueden realizarse aplicaciones a menos de 150 metros de establecimientos educativos, sin embargo eso no se cumple. A modo de prueba mostró fotos de escuelas rurales donde a tan solo dos metros se vislumbran los cultivos, limpios de yuyos y tierra descubierta.

De todas maneras, consideró que si se cumpliera también sería ineficiente para prevenir consecuencias si se tienen en cuenta las derivas, la permanencia del producto en el suelo, en el aire y su posterior evaporación, que puede darse incluso años más tarde.

Fue por este motivo, básicamente, que Graciela Canziani, docente e investigadora de la Facultad de Exactas de la Unicen, presentó un anteproyecto de ordenanza elaborado en conjunto con otros actores. La intención es regular el uso de plaguicidas en el territorio y prohibir su aplicación aérea, a fin de resguardar la salud de la población y el ambiente.

En este encuentro, la especialista leyó lo expuesto en agosto pasado desde la Banca XXl, proponiendo una nueva mirada hacia un cambio de paradigma que se corra del sistema de producción de monocultivo hacia la agroecología, respetando a las personas y el hábitat natural.

“Necesitamos cambiar nuestro sistema productivo agroalimentario, empezando por las restricciones del uso de los agroquímicos plaguicidas cerca de los lugares donde desarrollamos nuestras vidas, iniciando allí la reconversión hacia la agroecología”, sostuvo.

 ¿Qué pasa con el glisfosato?

Respaldando los conceptos anteriormente mencionados, la experta en nutrición fue breve pero contundente y remarcó los daños irreversibles que produce el uso de este herbicida en la salud.

“Estamos preocupados porque hay vinculaciones contaminantes con el autismo, linfomas y un montón de enfermedades”, advirtió. Para avanzar planteó la necesidad de contar con un registro, poder tener acceso a la información para ver si la percepción que tienen del crecimiento de malformaciones es así. Por eso, reveló que están sumando voluntades y realizar estudios epidemiológicos.

Alertó que los compuestos contaminantes afectan el desarrollo neurológico, aumentan el riesgo de obesidad y diabetes, influyen en la capacidad de reproducción, inducen cáncer de mama y aumenta el riesgo de otros, y producen desórdenes en el sistema inmune.

Según reflexionó Cristina Rendoletti, en el caso de los compuestos del glisfosato, que afectan al ambiente y la salud, se contradice el principio que dice: “la dosis hace al veneno”, ya que incluso en bajas proporciones puede ser mucho más nocivo que en altas. Sin embargo, la consecuencia de varios contaminantes juntos es mayor que cada uno por separado porque provoca “efecto cóctel”.

“Entre los agentes genotóxicos se encuentran los plaguicidas”, informó y dijo que los más expuestos son embarazadas, bebés y púberes, alertando que no se descartan los efectos transgeneracionales. O sea que aquellos individuos con mayor exposición en el curso de su vida, aunque sea a bajas dosis, pueden aumentar la manifestación de enfermedades genéticas, aún a generaciones posteriores. “Si se detecta es posible tomar medidas para  reducir  la exposición”, alentó.

Cabe destacar que el glisfosato particularmente cuenta con un nivel de toxicidad aguda, por lo que simple contacto con la piel puede generar edema o enrojecimiento y prurito. En tanto que al inhalarlo provoca irritación vía  aérea, congestión pulmonar, nauseas, vómitos, diarrea, daño renal, efectos cardiovasculares y arritmias.

Vivir para contarlo y elegir cambiar

Juan Bernardo trabajó más de 10 años como aplicador en la zona de Rauch, pero un día abrió los ojos. “Me enteré de lo que estaba pasando leyendo a (Eduardo) Galeano. Me horroricé, me espanté”, reveló.

Fue a partir de ahí que empezó a interiorizarse en las cuestiones medioambientales y los daños de los plaguicidas, tanto para la tierra como para la salud. A pesar de saberlo y alarmarse, le llevó dos años poder desvincularse de su actividad.

“¿Cómo le vamos a poner venenos al agua?”, cuestionó. “En el momento no me daba cuenta, pero es una locura que la forma de producción siga siendo así, esto tiene que cambiar”, reflexionó.

Entre los recuerdos que compartió, aseguró que los ingenieros agrónomos le decían que el glisfosato era inocuo, destacando que a veces la gente que está en el campo ni siquiera conoce el significado de esta palabra. “Lo hacíamos sin pensar”, confesó quien hoy sigue ligado a la producción, pero desde la agroecología.

“Seguir echándole venenos al agua, al aire, es una locura, pero en los campos no hay conciencia, hay desinformación”, lamentó. Pero él se interesó y se informó, por eso decidió trabajar “para el lado de la tierra donde hay futuro”.

En la sesión ordinaria del Concejo Deliberante, a través de la Banca 21, se presentó un anteproyecto de ordenanza para regular la aplicación de plaguicidas en el territorio y la prohibición de la aplicación aérea, a fin de resguardar la salud de la población y el ambiente. Tras la presentación, el texto ingresó para su tratamiento y evaluación  en las comisiones de labor parlamentaria pertinentes.

La doctora Graciela Canziani, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas de la Unicen, hizo uso de la palabra desde la “Banca del Pueblo”, la herramienta que tienen los ciudadanos para hacer llegar sus inquietudes al cuerpo legislativo.

El completo trabajo llevado adelante por la doctora Canziani, en colaboración con estudiantes y graduados de la carrera de Tecnología Ambiental de la Unicen y el ingeniero Claudio Lowy, propone una nueva mirada hacia un cambio de paradigma que se corra del sistema de producción de monocultivo hacia la agroecología, respetando a las personas y su entorno natural.

El proyecto 

El anteproyecto contempla múltiples aristas que incluye la regulación  adecuada para la aplicación, la prohibición de aplicación aérea,  los alcances de la normativa, la creación de una autoridad de aplicación y de un registro de aplicadores y equipos, zonas para transporte y circulación, verificación de seguridad, lavado de equipos, responsabilidades, realización de análisis  ambientales, manipulación de envases, capacitación, educación y monitoreo, y  sanciones.

En su exposición, Canziani realizó un relato exhaustivo de la literatura científica y los estudios que confirman el daño que estos productos generan en las personas y el entorno. La preocupación surgió en el seno de la Universidad frente a una normativa municipal que permite la aplicación de agroquímicos sin restricción en espacios verdes y la zona rural, y la falta de estudios que evalúen la presencia de estos elementos en el agua, el suelo y el aire. También se señaló la vacancia de estudios epidemiológicos que releven la situación real de la población en cuanto a la toxicidad.

Además, apuntaron a conocer cualitativa y cuantitativamente los tipos de agroquímicos usados en el Partido y su distribución territorial.

Venenos a la orden del día

En diálogo con El Eco de Tandil, la doctora Canziani ratificó que la ordenanza actual es muy permisiva y expuso que “no  protege a nadie menos a los niños, que están formándose y son más vulnerables a las acciones de estos productos a biocidas”.

La prestigiosa académica focalizó la problemática  en los efectos reproductivos de estas sustancias; cáncer, abortos espontáneos, malformaciones, celiaquía, problemas hormonales, entre otros, y la ausencia de una línea de trabajo que sistematice y vincule las cuestiones epidémicas con la utilización de agroquímicos.

En Tandil objetó que no hay registro de qué insumos se aplican, dónde ni cuánto, pese a que eso debería estar  registrado con receta agronómica. “Tenemos que llevar registro para poder entender cuáles son las causas y los efectos”, destacó.

Volver a la agroecología

Según indicó Canziani, hay un estudio reciente del INTA que demuestra que en la  provincia de Buenos Aires  la materia orgánica de los suelos se redujo del 30 al 50 por ciento. En este punto afirmó que para revertir la merma en la capacidad productiva del suelo hay que volver a la rotación de cultivos y a la agricultura en combinación con la ecología, sin por eso descuidar las ganancias que el productor agropecuario pueda obtener.

“Hay que analizarlo muy cuidadosamente para mantener la productividad, cambiar el sistema y proteger desde ahora a la población”, sintetizó.

La normativa vigente

En febrero, el Ministerio de Agroindustria bonaerense  atrás con la resolución 246/18 sobre fitosanitarios, que había entrado  en vigencia el 1 de enero del corriente año y a la que Tandil adhirió.

La normativa generó variadas controversias porque habilitaba la fumigación cerca de áreas urbanas y escuelas rurales, de acuerdo a determinadas condiciones meteorológicas, de toxicidad y equipos a utilizar.

Haciéndose eco del malestar de la opinión pública y atendiendo diferentes demandas, el ministro Leonardo Sarquís, exgerente de Monsanto, estableció la abstención total en cuanto a la realización de aplicaciones y pulverizaciones de fitosanitarios, en los lotes que linden con establecimientos educativos, campos de bombeo o baterías de pozos para el abastecimiento público, cuerpos y cursos de agua emplazados en el área rural.

“El problema que se planteó con la resolución de Sarquís es que hubo un rechazo desde la gente. Se está tomando conciencia de lo que significa la aplicación irrestricta de los plaguicidas y se quiere proteger el hábitat”, consideró.

La legislación sancionada en la ciudad en abril de 2011 solamente  prohíbe dentro del Partido de Tandil la aplicación de agroquímicos por vía aérea o terrestre, en lotes que se encuentren a menos de 150 metros de establecimientos escolares, centros de salud, establecimientos elaboradores de productos alimenticios. En cuanto a los cursos de agua principales, la reglamentación local impide las fumigaciones a menos de 50 metros, e indica una distancia de aplicación para cursos de agua menores de dos veces el ancho del curso tomada desde la línea de ribera.

Voluntariado universitario 

Con el afán de nuclear varias voluntades Jonathan Cepeda -estudiante de la carrera de Tecnología Ambiental en la Facultad de Ciencias Exactas-, junto a las graduadas Leyli Kazlauskas y Carla Stadler, entre otros, se contactaron con la docente Canziani para vehiculizar una acción concreta en pos de hacer aportes sobre el tema.

En este marco surgió un proyecto de voluntariado universitario financiando por la Secretaría de Políticas Universitarias, y a lo largo de dos años trabajaron  en 15 escuelas  de la zona rural del Partido, con docentes, niños y adolescentes, y el aval de la Jefatura Distrital de Educación.

De esta manera, pudieron conocer la realidad del área rural y constatar la falta de conocimiento del daño toxicológico que estas sustancias provocan. De acuerdo a las conclusiones obtenidas, el desconocimiento unido al discurso de que con las buenas prácticas agrícolas se minimizan los riesgos, induce a la población a no tomar las precauciones necesarias.

Escuelas contaminadas

Los investigadores del proyecto tomaron muestras de suelo y agua de pozo para analizarlas, los estudios detectaron la presencia de 16 agroquímicos  plaguicidas en las escuelas rurales del partido de Tandil, varios de ellos caracterizados por su condición de disruptores endócrinos.

Con la intención de poder efectuar análisis a la población para obtener datos estadísticos que ayuden a impulsar el tema y a obtener un panorama detallado de lo que sucede en el territorio, la buena voluntad de los sujetos  se topó con la vacancia estatal.

“La realidad es que no tenemos los recursos materiales ni económicos para avanzar. En su momento el trabajo fue financiado por la secretaría para realizar los estudios de cromatografia de agua de pozo y suelo”, contó Jonathan, peor no cuentan con fondos actuales para desarrollar estudios de otro tipo.

Por su parte, Leyli afirmó que “estamos en una instancia en la que el Estado tiene que ayudarnos. Colaboramos en esto y nos seguimos formando, pero nos haría falta apoyo para seguir avanzando”.

“La otra pata es la concientización, la parte social hacia la población rural y general, no alcanza con la ordenanza sin hacer entender la problemática y que se sepa cómo actuar y cuidarnos”, observó Carla.

Este jueves, en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante, la doctora Graciela Canziani, docente e investigadora de la Facultad de Exactas de la Unicen, presentó un anteproyecto de ordenanza elaborado en conjunto con otros actores, para regular la aplicación de plaguicidas en el territorio y prohibir su aplicación aérea, a fin de resguardar la salud de la población y el ambiente.

La especialista hizo uso de la palabra desde la Banca 21 o “Banca del Pueblo”, la herramienta que tienen los ciudadanos para hacer llegar sus inquietudes al cuerpo legislativo. En su exposición, Canziani realizó un relato exhaustivo de la literatura científica y los estudios que confirman el daño que estos productos -como el glifosato- generan en las personas y el entorno.

El ministro de Agroindustria suspendió por un año la aplicación de la resolución sobre agroquímicos

El completo trabajo llevado adelante por la doctora Canziani, en colaboración con estudiantes y graduados de la carrera de Tecnología Ambiental de la Unicen y el ingeniero Claudio Lowy, propone una nueva mirada hacia un cambio de paradigma que se corra del sistema de producción de monocultivo hacia la agroecología, respetando a las personas y el hábitat natural.

La preocupación surgió en el seno de la Universidad frente a una normativa municipal que permite la aplicación de agroquímicos sin demasiadas restricciones en espacios verdes y la zona rural, y la falta de estudios que evalúen la presencia de estos elementos en el agua, el suelo y el aire.

También se señaló la vacancia de estudios epidemiológicos que releven la situación real de la población en cuanto a la toxicidad. Además, apuntaron a conocer cualitativa y cuantitativamente los tipos de agroquímicos usados en el Partido y su distribución territorial.

Especialista del Acuerdo del Bicentenario cuestionó al Ejecutivo por adherir al protocolo de fitosanitarios

El anteproyecto contempla múltiples aristas que incluye la regulación adecuada para la aplicación terrestre y la prohibición de aplicación aérea; la creación de una autoridad de aplicación y de un registro de aplicadores y equipos; zonas para transporte y circulación; verificación de seguridad; lavado de equipos; responsabilidades; realización de análisis  ambientales; manipulación de envases; capacitación, educación y monitoreo; y sanciones.

Tras la presentación, el texto ingresó para su tratamiento y evaluación en las comisiones de labor parlamentaria pertinentes.

Con la premisa de poner en agenda la problemática ambiental de la ciudad, en particular la atinente a la gestión de desechos urbanos, en la sesión del Concejo Deliberante, el concejal mandato cumplido Antonio “Tony” Ferrer, usó la Banca XXI para presentar ante los ediles y la opinión pública una propuesta de la mesa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), cuyo objetivo es generar una ordenanza para modificar la trazabilidad de los contenedores urbanos de residuos y materiales colocados en la vía pública por empresas privadas.

Ferrer habló durante 15 minutos y destacó la importancia de promover políticas públicas tendientes a cambiar los paradigmas ambientales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

“En los discursos se apela a que la cuestión ambiental es de todos, por eso propongo buscar un equilibrio que garantice el desarrollo sustentable de Tandil”, manifestó el exedil justicialista, quien también reprochó al cuerpo legislativo la falta de reconocimiento y respuestas hacia la mesa Girsu.

Preocupado por la serie de procedimientos que permiten seguir el proceso de evolución de la basura en cada una de sus etapas, el dicente puso  el énfasis en planificar acciones concretas en beneficio de toda la ciudadanía  para establecer un equilibrio entre la conservación y el desarrollo, que habilite una “una gestión integrada y responsable” de los residuos en la ciudad.

El rol del Estado en la gestión del ambiente 

Ferrer desafió a discutir el rol del Estado en las cuestiones ambientales, entendiendo, a su parecer, que debe ser el de regulador, promotor y organizador de los distintos puntos que articulan la temática para integrarse con  las organizaciones civiles correspondientes y obtener mejores resultados en la prevención y minimización de los impactos ambientales negativos.

“La mesa Girsu es plural y abierta, están todos invitados, hay partidos políticos, legisladores, miembros de la universidad y ciudadanos de buena voluntad que quieran colaborar”, expresó.

Conformado en 2016, el grupo cuenta con la participación de la Cooperativa de Recuperadores Urbanos de Tandil; la Asociación Civil Punto Verde-Tandil; miembros de diferentes partidos políticos; representantes de la Unicen; y el Cepes (Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales).

“Si hablamos de ambiente, hablamos de salud”, refirió antes de exponer –sintéticamente- el proyecto de ordenanza elevado al Legislativo para su discusión en las comisiones pertinentes  y su posterior tratamiento sobre tablas.

El proyecto comentado detecta un  problema en la trazabilidad de los contenedores privados de residuos distribuidos en el partido de Tandil  y el inconveniente de los basurales a cielo abierto que se generan porque los ciudadanos suelen descartar desechos en cualquier lugar no habilitado a tales efectos. La contaminación producida a partir de que se arroja basura de manera indiscriminada y la falta de tratamiento sobre determinados tipos de desechos encendió la alarma de la mesa Girsu; “la gente tira basura en cualquier lado, es algo que se denuncia constantemente. Están fuera de la ley”, precisó Ferrer.

El exedil sostuvo que en los contenedores que circulan en la planta urbana se pueden hallar residuos de diversa índole: computadoras, elementos electrónicos, pañales, mamposterías, hasta bidones de agroquímicos.  “Desde hace 10 años a esta parte se ha denunciado que en esta ciudad se ven basurales a cielo abierto donde se tira cualquier cosa”, remarcó.

De acuerdo al expositor, el gran crecimiento demográfico que la ciudad ha experimentado en los últimos años obliga a repensar las políticas destinadas a regular la acumulación, cada vez más mayor, de basura.

En segunda instancia, exhibió la necesidad, plasmada en la normativa propuesta, de que exista una autoridad de aplicación para monitorear la trazabilidad controlando los contenedores depositados en la vía pública, los vehículos que los trasladan, el recorrido y el destino final de esos residuos. La misma podría estar encarnada en la Dirección de Medioambiente o en el área que el Ejecutivo disponga.

“Nos preocupa el origen de los contenedores y el destino final, esos residuos tienen que ir al relleno sanitario para que los recuperadores puedan reutilizarlos, por ejemplo, para que vuelvan al circuito productivo. El control y el seguimiento son fundamentales. Trabajemos juntos y hagámonos cargo de la problemática que es una cuestión ambiental y de salud”, señaló el usuario de la Banca del Pueblo para finalizar.