El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó un nuevo feriado bancario para el martes 10 de noviembre con motivo de la visita del papa León XIV al país. La medida generará una extensa interrupción de la atención presencial en las entidades financieras y tendrá impacto también en Tandil y el resto de la provincia de Buenos Aires.

La decisión fue establecida mediante la Comunicación A 8487 del Banco Central y alcanza a las entidades financieras de todo el territorio argentino.

El nuevo feriado se combinará con otras jornadas sin actividad bancaria. El viernes 6 de noviembre se conmemora el Día del Bancario, fecha en la que tradicionalmente no hay atención al público en las sucursales. Luego llegará el fin de semana del sábado 7 y domingo 8.

A esto se agregará el lunes 9 de noviembre, declarado feriado nacional en todo el territorio argentino por el Gobierno nacional mediante el Decreto 1103/2026, también con motivo de la visita del Sumo Pontífice.

Finalmente, el martes 10 será feriado bancario en todo el país. De esta manera, las entidades no tendrán atención presencial durante cinco jornadas consecutivas, desde el viernes 6 hasta el martes 10 inclusive.

La situación tendrá una particularidad adicional en Tandil y todo el territorio bonaerense, debido a que el Gobierno nacional también estableció como feriado el miércoles 11 de noviembre exclusivamente en la provincia de Buenos Aires.

El Decreto 1103/2026 determinó tres feriados vinculados con la visita de León XIV. El lunes 9 tendrá alcance nacional, el martes 10 será feriado exclusivamente en Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el miércoles 11 alcanzará solamente a la provincia de Buenos Aires.

Por separado, el Banco Central decidió declarar el martes 10 como feriado bancario en todo el país, ampliando para las entidades financieras los efectos de la jornada.

Por el momento, el listado oficial de feriados bancarios del BCRA incorpora el lunes 9 y el martes 10, pero no incluye al miércoles 11 como feriado bancario general. Por ese motivo, resta conocer cómo será específicamente la atención de las entidades financieras en territorio bonaerense durante esa jornada.

La situación podría generar una extensión adicional de los días sin atención presencial para algunas entidades de la provincia.

Las medidas fueron adoptadas a raíz de la agenda que desarrollará León XIV durante su visita a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

El Gobierno justificó los feriados por la necesidad de facilitar los operativos de seguridad, logística y ordenamiento de la circulación ante las actividades y la importante cantidad de personas que se espera que participen de ellas.

El pontífice tendrá actividades en la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del país, mientras que su paso por territorio bonaerense incluirá Claypole y Luján. Precisamente, el miércoles 11 está prevista una de las actividades centrales de la visita en la Basílica de Luján.

Aunque las sucursales permanezcan cerradas durante los feriados bancarios, los canales electrónicos continuarán funcionando normalmente.

Los usuarios podrán realizar transferencias, pagos y consultas mediante homebanking y aplicaciones móviles. También continuarán disponibles las billeteras virtuales y los pagos con tarjetas de débito y crédito.

Los cajeros automáticos seguirán habilitados para extracciones y otras operaciones. Como ocurre habitualmente ante fines de semana largos y períodos prolongados sin atención presencial, las entidades financieras suelen reforzar la provisión de efectivo.

También permanecerá disponible la posibilidad de retirar dinero en efectivo mediante comercios adheridos, como supermercados, estaciones de servicio y farmacias.

Así, el jueves 5 de noviembre será la última jornada bancaria habitual antes de una seguidilla de al menos cinco días sin atención presencial, mientras que en la provincia de Buenos Aires habrá que aguardar las definiciones específicas sobre el funcionamiento de las entidades durante el feriado bonaerense del miércoles 11.

La llegada del Papa León XIV a la Argentina provocará una alteración significativa en el calendario bancario del mes de noviembre. Según lo establecido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la Comunicación “A” 8487, no habrá atención en las sucursales de todo el país el martes 10 de noviembre.

Esta medida, que alcanza a las entidades financieras y a las cámaras electrónicas de compensación, se suma a una serie de jornadas sin actividad que totalizarán cinco días consecutivos sin operaciones bancarias. El cronograma comienza el viernes 6 de noviembre, fecha en la que se celebra el Día del Bancario. Tras el fin de semana, el lunes 9 de noviembre tampoco habrá atención al ser declarado feriado nacional por la visita apostólica del Sumo Pontífice, sumándose finalmente el martes 10 por disposición de la autoridad monetaria.

El viaje del Papa está previsto entre el 8 y el 11 de noviembre. El domingo 8, León XIV llegará al Aeroparque Jorge Newbery, donde iniciará una agenda que incluye una reunión privada con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y un encuentro en el Palacio Libertad. El lunes 9, el pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y encabezará una misa en el Monumento de los Españoles.

El Decreto 1103/2026, que declaró de interés nacional la visita, justificó las jornadas especiales por razones de seguridad, tránsito y organización de los actos masivos. Si bien el martes 10 de noviembre será feriado local únicamente en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, el BCRA introdujo una excepción de alcance nacional para el sistema financiero, estableciendo que ese día no habrá actividad bancaria ni compensación electrónica en ninguna provincia del país.

El Gobierno consiguió este jueves un nuevo respaldo en el Congreso con la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal II, una iniciativa que busca incentivar el ingreso al sistema financiero de los ahorros en dólares que permanecen fuera del circuito formal.

El proyecto fue aprobado en el Senado por 44 votos a favor y 23 en contra, sin abstenciones, y quedó convertido en ley debido a que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados. El oficialismo reunió el acompañamiento del PRO, la UCR y diferentes bloques provinciales, mientras que el peronismo votó en contra.

Uno de los principales cambios introducidos por la norma está relacionado con el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). La nueva legislación elimina los límites de ingresos y patrimonio que restringían el acceso al esquema y que dejaban afuera a quienes hubieran registrado ingresos superiores a $1.000 millones o un patrimonio mayor a $10.000 millones en alguno de los últimos tres años.

La reforma también modifica las condiciones bajo las cuales la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) podrá cuestionar las declaraciones presentadas por los contribuyentes. Entre otros aspectos, redefine el concepto de “discrepancia significativa”, utilizado para determinar cuándo el organismo recaudador puede avanzar con una fiscalización.

Además, la ley establece el 31 de diciembre de 2027 como fecha límite para acceder a determinados beneficios, entre ellos la presunción de exactitud y el denominado “tapón fiscal”.

Durante el debate, el senador libertario Bruno Olivera Lucero defendió la iniciativa y sostuvo que apunta a modificar la relación entre el Estado y los contribuyentes. El legislador planteó que el objetivo es generar condiciones para que los ahorros que permanecen fuera del sistema bancario puedan ingresar al circuito formal.

Desde el peronismo, en cambio, hubo fuertes cuestionamientos. Jorge Capitanich advirtió sobre el alcance de las exclusiones previstas para funcionarios públicos y cuestionó que las restricciones no se extiendan también a sus familiares.

En esa línea, el senador Fernando Salino propuso incorporar entre los excluidos a cónyuges, convivientes, ascendientes y descendientes en primer y segundo grado de funcionarios. Sin embargo, el oficialismo rechazó introducir modificaciones y el texto fue aprobado sin cambios respecto de la versión que había llegado desde Diputados.

El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, también rechazó la iniciativa y vinculó la norma con un mecanismo de blanqueo. Desde el oficialismo, Patricia Bullrich defendió el proyecto y remarcó que los funcionarios y legisladores alcanzados por las restricciones no podrán acceder a sus beneficios.

La sanción representa una de las principales apuestas económicas del Gobierno para incorporar al circuito financiero parte de los dólares que permanecen fuera del sistema. Desde el Ejecutivo estiman que alrededor de US$170.000 millones se encuentran por fuera del circuito financiero formal.

En la misma sesión, el Senado también aprobó los acuerdos para el traspaso de la Justicia de menores y de determinadas competencias penales a la Ciudad de Buenos Aires, iniciativa que obtuvo 44 votos afirmativos y 21 negativos.

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) desembarcará en la Argentina el próximo lunes 21 de septiembre para llevar adelante la tercera revisión del acuerdo rubricado con el Gobierno. La visita se producirá en una semana clave, ya que el ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a Nueva York junto al presidente Javier Milei para participar de las reuniones de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Debido a la coincidencia de las agendas, el titular del Palacio de Hacienda no estará presente en todos los encuentros con los representantes del organismo. Las reuniones serán encabezadas por el resto del equipo económico, con el objetivo de analizar las metas pactadas para 2026. En paralelo, el viernes 25 de septiembre vencen 800 millones de dólares con el FMI.

La llegada de los técnicos abrirá una nueva etapa de diálogo centrada en dos pilares: la acumulación de reservas y el resultado fiscal primario. Si bien el Gobierno superó el objetivo anual de compras de divisas, que se fijó en 10.000 millones de dólares, el país incumplió la meta fiscal del primer semestre.

Respecto a las reservas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ya adquirió más de 14.200 millones de dólares, superando la pauta anual establecida. No obstante, el resultado fiscal del primer semestre se ubicó en 0,6% del Producto Interno Bruto (PBI), por debajo de la meta del 0,7% prevista para ese periodo. Entre los factores que incidieron se encuentran la postergación de la declaración jurada del impuesto a las Ganancias, la caída en la recaudación y el nivel de actividad económica.

Esta revisión se produce tras la visita de Kristalina Georgieva a la Argentina a fines de julio. En aquella oportunidad, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional planteó la necesidad de potenciar sectores como el petróleo, el gas y la minería, además de profundizar el mercado de capitales y mejorar las condiciones financieras para el acceso a créditos.

La problemática creciente que afecta a numerosos usuarios del sistema financiero es la acumulación de deudas por cuentas bancarias que no fueron cerradas tras finalizar un vínculo comercial. 

Según explicó Zulma Ferreyra, directora de Relaciones con la Comunidad, “es un error frecuente creer que el cese de un préstamo o la finalización de un contrato laboral implica automáticamente la cancelación de todos los productos asociados al banco”.

En el marco del programa Plataforma Magazine, que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, la funcionaria detalló que muchas personas, “al terminar de pagar la última cuota de un crédito, omiten realizar el trámite de cierre de cuenta”. 

Esta desatención “provoca que, meses después, el usuario se encuentre con una deuda generada por el mantenimiento de paquetes de servicios, tarjetas de crédito o cuentas corrientes que permanecieron activas”, explicó. 

"A los seis o siete meses les aparece que tienen una deuda y eso sucede porque nunca cerraron esa cuenta en el banco", señaló Ferreyra durante la entrevista.

El problema se agudiza cuando los bancos ofrecen paquetes bonificados bajo condiciones específicas, como el cobro de haberes o la realización de consumos mínimos con tarjeta. 

“Al finalizar el préstamo o cambiar de empleo, esas bonificaciones suelen caducar, transformando servicios que antes eran gratuitos en productos con costos de mantenimiento elevados”, detalló. 

Además informó que "el banco no tiene obligación de avisarte que estás debiendo; el concepto más simple es que, si uno no quiere tener más un servicio, tiene que ir y darlo de baja", enfatizó la directora.

Otro punto crítico mencionado por Ferreyra es la resistencia que suelen encontrar los clientes al intentar gestionar estas bajas por cuenta propia. 

En muchos casos, “las entidades bancarias intentan persuadir al usuario para que mantenga tarjetas adicionales o cuentas bajo la promesa de que ‘no tienen costo’, omitiendo que dichas condiciones pueden cambiar tras el primer año o al dejar de cumplir con ciertos requisitos de uso”. 

Ante la dificultad que representa para muchos ciudadanos desvincularse de estas entidades, la Dirección de Relaciones con la Comunidad ofrece asesoramiento y asistencia para gestionar el cierre total de productos bancarios. 

"Si no es fácil ir al banco y que te acepten la baja, pueden acercarse a nuestra oficina y solicitamos el cierre de todas las cuentas por las dudas, para que no quede nada colgado", explicó Ferreyra.

La oficina, que depende de la Secretaría Legal y Técnica del municipio, se encuentra ubicada en Chacabuco 383 y brinda atención gratuita de lunes a viernes, en el horario de 8 a 14. 

La funcionaria destacó que “contar con este espacio de mediación es fundamental, ya que permite a los vecinos resolver conflictos con empresas que, en su afán de rentabilidad, suelen trasladar deudas a estudios jurídicos sin previo aviso claro al consumidor”.

Finalmente, la recomendación principal para los usuarios “es mantener una actitud proactiva en el control de sus finanzas personales. Ante cualquier duda sobre la vigencia de un producto o la existencia de cargos ocultos, es fundamental solicitar la baja formal y exigir el comprobante correspondiente, evitando así sorpresas financieras a largo plazo”, concluyó.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, reveló el destino de las reservas en oro trasladadas al exterior durante el año 2024. La explicación tuvo lugar en el marco de una sesión en el Senado, donde las autoridades del organismo asistieron para defender la reforma de la carta orgánica de la entidad, enfrentando fuertes cuestionamientos de la oposición sobre el manejo de los activos.

Durante la jornada, la senadora Juliana di Tullio, de Unión por la Patria, interpeló al funcionario sobre el paradero de las 13 toneladas de oro. La legisladora recordó que existían pedidos de información pública pendientes y advirtió sobre posibles consecuencias legales ante la falta de respuestas.

¿¡Qué carajo hicieron con las 13 toneladas de oro!? Quiero que le diga a los bonaerenses dónde están y para qué se lo llevaron. Tiene sanciones administrativas cuando no contestan pedidos de acceso a información pública, está obligado a contestar. No me obligue a hacerle una denuncia penal, es mi obligación controlarlo.

Ante las consultas, Santiago Bausili, acompañado por su segundo, Vladimir Werning, sostuvo que las reservas son administradas con un alto nivel de responsabilidad. El titular del Banco Central justificó la reserva de información argumentando que, al exponer las posiciones financieras, se invita a otros agentes a operar en contra de la entidad.

Según el funcionario, la información se publica con rezago por controles internos y aseguró que las auditorías de la AGN y de la consultora internacional PwC no presentaron observaciones. Santiago Bausili precisó que el oro forma parte de las reservas internacionales y detalló la operatoria realizada:

Entonces, era óptimo aprovechar esa ventana de oportunidad y a un costo más bajo que el histórico convertir ese oro de calidad más baja en oro de calidad más alta, entonces se trasladó y depositó en el BIS de Suiza, donde sigue estando, pero parece atractivo armar conspiración o novela.

El funcionario explicó que el Banco Central dispone de oro físico en sus bóvedas y otra porción en el Banco Internacional de Pagos de Basilea. Asimismo, indicó que el traslado permitió optimizar la calidad de los lingotes, comparando la situación con la aceptación de distintas series de dólares en el mercado. Finalmente, recordó que el volumen de reservas se mantenía equivalente a 4.981 millones de dólares según el balance del 23 de agosto de 2024.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) pondrá a disposición de bancos y billeteras virtuales información gratuita para que puedan elaborar perfiles de riesgo que permitan la detección de cuentas vinculadas con actividades de juego ilegal. Para ello, el sistema de pagos electrónicos en Argentina implementará medidas de control transaccional destinadas a frenar el flujo de fondos hacia plataformas de apuestas no autorizadas.

Según el Banco Central, “la información contribuirá a la detección temprana de cuentas que podrían ser utilizadas para canalizar fondos hacia cuentas vinculadas con actividades de juego ilegal”. De esta manera, las entidades operadoras podrán trabajar, “facilitando la identificación de patrones transaccionales inusuales” en los movimientos de los usuarios.

Esta detección temprana impedirá que las cuentas bancarias o virtuales actúen como intermediarias para financiar apuestas sin la autorización correspondiente. Así lo informó la entidad en un comunicado que procesó Agencia Noticias Argentinas el 4 de septiembre de 2024. La institución indicó que la entrega de estos datos se llevará a cabo bajo un “tratamiento confidencial y responsable de la información”.

El objetivo es consolidar un “esquema de prevención que articula información, tecnología y cooperación entre los actores del sistema nacional de pagos”. Respecto a los procedimientos específicos, la normativa establece que, basándose en la información pública provista, “los administradores elaborarán un perfil de riesgo de fraude de cada persona”, que será transferido “sin cargo a las entidades financieras y a los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago (PSPCP)”.

Los bancos y las billeteras virtuales aplicarán dicho perfil “en el monitoreo transaccional, en las altas de clientes y en la revisión periódica” que realizan en cumplimiento de las “reglas sobre conozca a su cliente (KYC)”. Este proceso tendrá “una implementación gradual” para conformar “una herramienta que brinda una visión sistémica, complementando y enriqueciendo los modelos de análisis” que operan en el sistema nacional de pagos.

El Gobierno puso en marcha un nuevo esquema para reactivar el crédito hipotecario y, junto con el anuncio, difundió una simulación que permite despejar una de las preguntas centrales para quienes evalúan acceder a esa financiación: qué ingreso necesita un grupo familiar para calificar a un préstamo.

El Ministerio de Economía tomó como referencia un crédito hipotecario equivalente a unos 80.000 dólares y, a partir de esa base, calculó el ingreso neto que debería acreditar el solicitante. El resultado, según la relación entre cuota e ingreso que utiliza el propio organismo, es de 3.460.391 pesos mensuales. Esa relación cuota-ingreso es del 25 por ciento, es decir que el pago mensual del crédito no puede superar la cuarta parte de lo que percibe el grupo familiar.

El ministro Luis Caputo llevó el dato a un ejemplo más concreto durante la presentación del programa: una pareja cuyos dos integrantes ganen, cada uno, alrededor de 1,7 millones de pesos de bolsillo podría calificar para un préstamo de ese monto. Ese ingreso requerido surge de un ejercicio que Economía construyó sobre un caso puntual. La cartera que conduce Luis Caputo tomó una propiedad valuada en 106.667 dólares y calculó cuánto podría financiarse sobre ese valor y bajo qué condiciones.

Sobre el precio de esa propiedad, el crédito cubre el 75 por ciento del valor total. En pesos, ese porcentaje equivale a 120.920.000 pesos en el ejemplo difundido por el Gobierno, una cifra que se traduce en unos 80.000 dólares al tipo de cambio oficial vigente. El comprador, en consecuencia, debe afrontar por otra vía el 25 por ciento restante del valor de la vivienda, ya que la simulación oficial no contempla ese tramo ni otros gastos asociados a la operación.

Para calcular la cuota de ese préstamo, Economía utilizó un plazo de 25 años y una tasa de UVA + 7 por ciento. Con esas variables, el primer pago que debería afrontar el tomador asciende a 865.098 pesos. Se trata de la cuota inicial, no de un valor fijo: como el capital está ajustado por UVA, el monto en pesos se actualiza a lo largo de los 25 años del préstamo y no permanece constante.

La simulación forma parte de un esquema más amplio, denominado “Programa de licitación de Plazos Fijos con destino a crédito hipotecario”, que prevé un monto total de 2 billones de pesos. El mecanismo consiste en licitar entre bancos fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses para generar fondos prestables destinados a ampliar la oferta de crédito para vivienda.

Luego de un receso de más de dos meses, la Cámara de Diputados volverá a sesionar el próximo miércoles a partir de las 12 del mediodía. El oficialismo llega a la jornada con expectativas favorables para avanzar en una agenda legislativa que incluye reformas estructurales, como las modificaciones al Banco Central, la ley de Inocencia Fiscal y la adhesión al sistema internacional de patentes.

Fuentes de la Presidencia de la Cámara de Diputados señalaron que se espera una jornada extensa debido a la amplitud del temario. Al respecto, indicaron:

“Será una sesión muy larga”.

Además de los proyectos impulsados por el Gobierno, el debate incluirá la reducción del IVA a la fécula de mandioca, solicitado por la provincia de Misiones, y una serie de expedientes de carácter simbólico. Esta apertura en la agenda es vista como un gesto del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, hacia los bloques aliados.

En cuanto a la reforma del Banco Central, el proyecto busca establecer la emisión cero como principio innegociable. La iniciativa propone eliminar la multiplicidad de objetivos de la entidad, dejando como mandato único la preservación del valor de la moneda. El texto argumenta:

“Volver al mandato único implica principalmente reconocer la naturaleza monetaria de la inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero”.

Por otro lado, la modificación a la ley de Inocencia Fiscal permitirá que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan adherir al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, eliminando los topes previos de ingresos y patrimonio. Asimismo, se acordó una reducción del 25% en las multas por infracciones formales para las pequeñas y medianas empresas.

Finalmente, el tratamiento de la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) contempla una reserva en el capítulo II, permitiendo que el país mantenga el control local sobre la evaluación técnica y el patentamiento de medicamentos para evitar un impacto negativo en los costos del sistema de salud.

“… he leído con mucha atención el mensaje del Poder Ejecutivo y en ninguno de sus párrafos he encontrado la palabra Constitución”. Senador Matienzo, debate legislativo por la creación del BCRA (1935).

El gobierno ha enviado al Congreso Nacional un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, que va en la dirección correcta. He cuestionado el criterio de mandato único que prevé el proyecto, que considera que el banco solo tiene que preservar el valor de la moneda, y se desentiende de otros objetivos, normales en los países capitalistas más importantes del mundo. En el mensaje al Congreso el PEN afirma que es imposible cumplir más de un objetivo con una única herramienta: la política monetaria solo puede perseguir la estabilidad de precios, preservando así el valor de la moneda; exigirle más objetivos es desconocer limitaciones empíricas básicas. Esta afirmación proviene de un teorema del economista Jan Tinbergen enunciado en 1952, que ha sido descartado por los bancos centrales de EEUU, Canadá, Australia y Brasil. Estos bancos, además de preservar el valor de la moneda, también tienen como objetivos la estabilidad del sistema financiero y la búsqueda del pleno empleo.

Comparto con el presidente que los objetivos de la carta organica kirchnerista eran inconsistentes, y que la falta de independencia del BCRA utilizada para financiar al Tesoro terminaron en un desastre que hay que revertir. Pero ello no invalida que podamos tener múltiples objetivos sensatos y similares a los que tiene la FED, por ejemplo.

Otro asunto que he cuestionado al proyecto del Ejecutivo es la omisión total de la manda constitucional que atribuye al Congreso la facultad de establecer y reglamentar un banco federal.

Por eso he solicitado una modificación al proyecto del oficialismo, a fin de que el Poder Ejecutivo Nacional proponga al Congreso un Directorio que refleje de modo razonable los intereses de todas las regiones productivas del país, y no solamente los de la City porteña, como ocurre hace décadas.

La federalización del banco es fundamental para garantizar que todas las regiones del país estén representadas en la toma de decisiones, evitando así que la City porteña concentre el poder financiero. Este criterio está totalmente en línea con lo previsto en la Constitución Nacional, que en su artículo 75 otorga al Congreso la atribución expresa de establecer y reglamentar un banco federal con la facultad de emitir moneda. Cabe señalar que no le otorga esa facultad al Poder Ejecutivo, sino al Congreso Nacional. Y que la intención de los constituyentes era transformar la condición de la institución en un banco federal como el de los Estados Unidos de Norteamérica.

Si estudiamos los antecedentes constitucionales, notamos que desde la convención de 1853 es el Poder Legislativo quien tiene la potestad de establecer y reglamentar el banco que tiene el monopolio de imprimir moneda en la Argentina. Eso no cambió con la reforma constitucional de 1994, pero se modificó el concepto de banco central por el de banco federal.

De la lectura del debate de la convención de 1994, no cabe duda de la intención de los constituyentes. El convencional Berhongaray expresó “cuando hablamos de establecer la creación de un banco federal quiero ser claro, no estamos cambiando el nombre al Banco Central, no se trata del mismo perro con distinto collar. Un banco federal con facultades de emitir moneda no es el Banco Central con otro nombre, es un banco que debe tener características federales. No tendría mucho sentido cambiarle el nombre si estuviéramos hablando de lo mismo”. El convencional Cornet suscribió ese criterio: “Estamos totalmente de acuerdo en crear la posibilidad de establecer y reglamentar un banco federal que reemplace al actual banco central. La posición de la UCEDE de Córdoba apunta a extender el principio federal a la mayor parte de la acción del Estado, de modo que resulta razonable extender la federalización de las instituciones políticas a las instituciones económicas”. Y el Dr. Maqueda, miembro destacado de la Comisión Redactora de esa Convención sentenció: el inciso 5 del artículo 67 de la Constitución de 1853 habla de establecer y reglamentar un banco nacional con facultad de emitir billetes. En 1935 se crea un Banco Central de la República Argentina. Su denominación de banco central y la concepción de esta entidad es propio de las repúblicas unitarias. Así tenemos los bancos centrales de Bolivia, de Chile o del Uruguay. Por el contrario, las repúblicas federales como los Estados Unidos tienen la Reserva Federal. En el caso de Suiza existe el Banco Nacional de Suiza, mientras que en Alemania está el Banco Federal de Alemania. El cambio de denominación es para adaptarlo estrictamente a la concepción federal de nuestro país. Obviamente, habrá que reformar la ley 24.144, que establece la Carta Orgánica del Banco Central con el fin de determinar la nueva denominación de banco federal.

Dada la trascendencia que tendrá esta reforma de la carta orgánica del banco, es una buena oportunidad para debatir la federalización del banco y cumplir con la manda constitucional. El proyecto del oficialismo no tiene ninguna referencia al asunto federal y apunta a resolver cuestiones que el gobierno considera más urgentes. No hay tiempo ni espacio político para que un bloque de dos diputados consiga el consenso necesario para una modificación estructural del banco y transformarlo en una institución similar a la Reserva Federal de los EEUU. Por ello, a fin de avanzar hacia ese objetivo propuse darle un carácter federal a su directorio. Manifesté en el Congreso que hasta ahora todos o casi todos los directores del BCRA han representado los intereses de la City porteña y la denominada patria financiera. Para cambiar eso, la nueva carta orgánica debe establecer otro criterio de integración del Directorio del banco a fin de reflejar de un modo más balanceado los intereses de todas las regiones geográficas del país.

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, se refirió recientemente a la posibilidad de otorgar créditos en moneda extranjera a empresas no exportadoras. Durante una charla organizada por FIEL, el funcionario aclaró que no prevén un auge desmedido en la solicitud de estos préstamos, aunque destacó su utilidad para impulsar sectores como la construcción.

Al respecto, el titular de la autoridad monetaria explicó el alcance de la medida:

“Lo que buscamos es agregar un grado de flexibilidad, pero en un contexto prudente, donde estamos seguros que no estamos poniendo en riesgo ninguno de los elementos que nos llevaron a la crisis de 2001”.

Santiago Bausili señaló que existen segmentos de la economía con suficiente vinculación con el sector externo o activos reales que pueden beneficiarse del financiamiento en dólares. En este sentido, puntualizó que la porción de los depósitos prestados en el sistema pasó de un 23% a un 55%, lo que refleja un dinamismo positivo que debe ser gestionado para evitar distorsiones por normativas excesivas.

Sobre el límite del 15% de capacidad prestable impuesto a los bancos para el sector no exportador, el funcionario lo calificó como conservador. Asimismo, detalló que se han implementado condiciones de control más estrictas que las normas de Basilea, exigiendo a las entidades mayor capital y una ponderación más rigurosa de dichos créditos.

Finalmente, el presidente del BCRA diferenció el tratamiento judicial de los contratos según las partes involucradas. Mientras que en acuerdos entre empresas y bancos la justicia suele instar a un arreglo, en los casos de personas humanas se considera que existe una relación desigual, lo que habilita la readecuación de contratos ante cambios macroeconómicos bruscos.

Este viernes vence el plazo estipulado para que las instituciones bancarias se adhieran al Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, una iniciativa aprobada este año por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo central es brindar mejores condiciones de pago a los ciudadanos que presentan deudas en mora por préstamos personales y tarjetas de crédito.

Hasta el momento, solo cuatro bancos han confirmado su participación en el esquema: Ciudad, Santander, ICBC y Supervielle. La normativa contempla la refinanciación de deudas registradas hasta el 1 de junio de 2024, ofreciendo un plazo mínimo de devolución de 24 meses y una tasa fija que no podrá superar el 35% de Tasa Nominal Anual (TNA).

Para acceder a este beneficio, los interesados deben cumplir con criterios de vulnerabilidad financiera. Por el contrario, quedarán excluidos quienes sean propietarios de más de un inmueble, posean vehículos con una antigüedad menor a 5 años —salvo aquellos destinados a actividades laborales acreditadas—, o sean titulares de embarcaciones, aeronaves o bienes suntuarios sujetos a registro.

Asimismo, no podrán participar del programa aquellos que sean tenedores de activos financieros que excedan el total de la deuda reclamada, ni quienes hayan comprado dólares durante el período en el que se generaron las deudas.

Como incentivo para la participación de las entidades bancarias y financieras, el programa establece un beneficio fiscal consistente en la reducción del 50% del impuesto sobre los Ingresos Brutos, aplicable específicamente sobre los intereses percibidos a partir de las refinanciaciones acordadas bajo este marco legal.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este jueves una flexibilización parcial del acceso a créditos en dólares para las empresas, una medida que, según explicó, responde a un reclamo del sector productivo y apunta a estimular la inversión, el empleo y la actividad económica.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario sostuvo que la decisión permitirá ampliar el universo de compañías que podrán acceder a financiamiento en moneda estadounidense, aunque aclaró que la implementación se realizará dentro de un "marco macroprudencial", cuyos detalles serán difundidos por el Banco Central.

"Es algo que nos venían pidiendo las industrias", afirmó Caputo, al señalar que hasta ahora los bancos solo podían prestar dólares provenientes de depósitos a empresas que generaban divisas o que contaban con garantías de firmas exportadoras.

Con el cambio anunciado, el beneficio se extenderá a todas las empresas, aunque con límites. El ministro adelantó que las entidades financieras podrán prestar hasta el 15% de sus depósitos en dólares, con el objetivo de ampliar el crédito sin comprometer la estabilidad del sistema financiero.

Caputo consideró que la medida llega en un contexto favorable. "Hoy es el timing apropiado", afirmó, al explicar que las tasas de interés en pesos continúan siendo elevadas, lo que dificulta la rentabilidad de muchos proyectos. Además, vinculó la decisión con la denominada ley de inocencia fiscal, al sostener que busca ofrecer alternativas de financiamiento a costos más bajos.

"Va a bajar las tasas, va a generar empleo y va a ayudar a reactivar la economía", aseguró el titular del Palacio de Hacienda.

Según explicó, el Gobierno también pretende incentivar que los ahorristas vuelquen al sistema financiero los dólares que mantienen fuera de los bancos. "El objetivo es que las empresas tengan una opción de financiamiento a una tasa razonable y que el depositante tenga un interés que le justifique sacar los dólares del colchón", expresó.

En ese sentido, remarcó que un mayor volumen de crédito permitirá impulsar nuevas inversiones, y señaló que sectores como la construcción y la industria automotriz figuran entre los principales beneficiados por la medida.

Por su parte, el viceministro de Economía, José Luis Daza, indicó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue informado sobre la iniciativa y respaldó su implementación. "Están enterados del Fondo y lo apoyan", afirmó.

En medio del debate por el impacto del aumento de la morosidad en la recuperación del crédito y de la actividad en Argentina, el expresidente del Banco Central, Martín Redrado, presentó una propuesta que apunta a que el organismo le dé un marco normativo a la situación actual.

“No es un problema ni de los deudores ni de los bancos. La carga de la deuda sobre gran parte de las familias argentinas necesita soluciones creativas que no impliquen un solo peso de gasto fiscal o cuasi fiscal” , aseguró el economista en diálogo con Clarín.

La iniciativa, diseñada por el exbanquero central junto a su equipo de Fundación Capital, sugiere que el Banco Central habilite de manera extraordinaria a que las entidades bancarias mantengan a sus clientes en situación normal mientras cumplan con la refinanciación de aquellos productos que hayan entrado en impago.

El eje central de la propuesta es analizar cada caso de manera holística para entender las razones detrás de la falta de cumplimiento. En caso de que el banco y el cliente acuerden una renegociación, se otorgaría un plazo excepcional para que la deuda no sea considerada en mora mientras dure el plan de pagos con nuevos plazos y tasas acordados.

Según el análisis, esto permitiría que el deudor no vea afectada su calificación crediticia y se mantenga como sujeto de crédito, mientras que las entidades mejorarían sus hojas de balance al evitar la constitución de mayores previsiones por pérdidas esperadas.

Un documento de Fundación Capital explicó que, para este cumplimiento, se establecería una ventana especial con un margen de tolerancia de hasta 90 días de atraso hasta el 30 de abril de 2027. A partir del 1 de mayo de 2027, se retornaría al estándar general de 30 días.

Para Martín Redrado, resulta fundamental que el Banco Central intervenga en esta situación excepcional. El economista advirtió que el riesgo de no hacer nada frente a la morosidad es que el crecimiento del crédito permanezca trabado.

La diputada Marcela Pagano y el ministro de Economía, Luis Caputo, protagonizaron este lunes un fuerte cruce político y judicial por el destino de aproximadamente 4 billones de pesos del Tesoro Nacional. Según la legisladora, dichos fondos quedaron sin trazabilidad pública tras una licitación de deuda, lo que motivó la presentación de una denuncia penal contra el funcionario y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili.

La denuncia, que también alcanza a otros funcionarios de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Finanzas y la Tesorería General de la Nación, acusa a los implicados por malversación de caudales públicos, defraudación por administración fraudulenta agravada y, subsidiariamente, peculado. 

El origen de la presentación judicial se remonta a una conferencia de prensa donde Santiago Bausili no pudo precisar el paradero de los recursos. “Es una pregunta que corresponde al Tesoro, no creo que hayan desaparecido, puede ser que no los haya traído acá. Estoy seguro de que, si buscamos bien, en algún lado están, son bastantes como para no encontrarlos”.

Ante esta situación, Marcela Pagano utilizó la red social X para manifestar su postura: “La plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra”.

Por su parte, desde el Ministerio de Economía explicaron que los fondos fueron depositados en cuentas del Tesoro en bancos comerciales con el objetivo de evitar una suba abrupta de las tasas de interés. Según fuentes de la cartera, los excedentes de las licitaciones se integran al flujo de caja general para cubrir obligaciones corrientes y reforzar la liquidez.

Luis Caputo rechazó las acusaciones y anunció que iniciará acciones legales contra la diputada por calumnias."Los fondos son de pública trazabilidad, así que te va a estar llegando una querella por calumnias. Por imputarme falsamente la comisión de un delito. Lo que tengas que pagarme, lo voy a donar a una institución de bien público", escribió el ministro en sus redes sociales.

La causa se encuentra ahora bajo análisis de la Justicia federal, que deberá determinar si los movimientos financieros denunciados constituyen irregularidades penales o si se encuadran dentro de la operatoria habitual de la administración pública.

El Banco Central (BCRA) dispuso una nueva normativa que habilita a las entidades financieras y a las casas de cambio a otorgar acceso al mercado de cambios a las aseguradoras. Esta medida tiene como objetivo facilitar el pago de primas y servicios auxiliares de reaseguro en el exterior, en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

La resolución beneficia de forma directa a las aseguradoras locales que emiten pólizas destinadas a cubrir riesgos asociados a la construcción y operación de proyectos de Vehículos de Proyecto Único (VPU) que se encuentren encuadrados en el mencionado régimen.

La normativa establece condiciones específicas para autorizar la remesa de divisas al exterior. En los casos en que el VPU haya solicitado la adhesión al RIGI previendo gozar de beneficios normativos en materia de retención o cobro de exportaciones de bienes y servicios, la regulación del BCRA añade exigencias adicionales de control.

Bajo estas circunstancias, se determinó que la entidad financiera interviniente deberá exigir una declaración jurada firmada por el representante legal o apoderado del VPU como requisito indispensable para avanzar con la operación. En dicho documento, la empresa debe asumir el compromiso y dejar constancia de que toma conocimiento de que el pago realizado por la aseguradora local quedará formalmente registrado a nombre del VPU en el sistema online provisto por el BCRA. Por su parte, el banco comercial tendrá la obligación de registrar la transacción y validar el cumplimiento cambiario antes de cursar la operación.

Las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) superaron los US$ 50.000 millones y alcanzaron un nivel que no se observaba desde hace siete años. Al cierre de la jornada, los activos de la entidad monetaria se ubicaron en US$ 50.059 millones, luego de registrar una suba diaria de US$ 417 millones.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, se trata de la primera vez que las reservas del BCRA superan esa cifra durante la gestión del presidente Javier Milei. Para encontrar un valor igual o superior hay que retroceder hasta septiembre de 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando habían llegado a US$ 50.085 millones.

Desde el Banco Central explicaron que el incremento estuvo relacionado principalmente con la suba en la cotización de los activos que integran las reservas, especialmente el oro, que registró un aumento cercano al 4% y alcanzó un valor de US$ 4.308 por onza.

En cuanto a la intervención directa del organismo en el mercado cambiario, el BCRA mantuvo una postura moderada y compró solamente US$ 8 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Desde la implementación de la denominada “fase 4” del programa monetario, la autoridad monetaria acumuló compras por US$ 13.381 millones en el mercado mayorista.

Las proyecciones oficiales habían estimado una acumulación de entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones, dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y de la liquidez disponible en el mercado de cambios.

La entidad venía de interrumpir una racha de 135 jornadas consecutivas de compras de dólares, debido a que la elevada demanda de divisas del sector energético había reducido su capacidad de seguir incrementando reservas.

La continuidad de la acumulación de divisas también estuvo vinculada a la renovación del swap de monedas con China, que mantiene un acuerdo por US$ 19.000 millones. Desde el BCRA señalaron que el nuevo entendimiento amplió el plazo de vencimiento de tres a cinco años, con el objetivo de otorgar mayor previsibilidad sobre la continuidad de esa herramienta financiera.

Mientras las reservas marcaron una mejora, el mercado cambiario mantiene una tendencia alcista durante agosto. El dólar minorista se ubicó en torno a los $1.515 para la venta, mientras que el promedio informado por el Banco Central alcanzó los $1.519,65.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio avanzó por tercera rueda consecutiva, aunque permaneció por debajo de la barrera de los $1.500.

Los analistas comenzaron a anticipar un escenario de mayor demanda de cobertura cambiaria durante el segundo semestre, en un contexto marcado por un menor ingreso estacional de divisas provenientes del sector agropecuario y una posible mayor búsqueda de protección frente a movimientos del tipo de cambio por parte de los inversores.

El bloque de diputados del PRO confirmó que respaldará el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) impulsado por el presidente Javier Milei, una iniciativa que el Gobierno considera clave para reforzar la independencia de la autoridad monetaria y limitar el financiamiento del Estado mediante emisión monetaria.

La propuesta fue enviada por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados el jueves por la noche y tomará estado parlamentario este lunes. Posteriormente será girada a las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los legisladores libertarios Santiago Paul y Bertie Benegas Lynch.

El oficialismo aspira a que la reforma se convierta en uno de los proyectos centrales del segundo semestre legislativo, junto con el tratamiento del Presupuesto 2027, que ingresará al Congreso el próximo 15 de septiembre.

Desde el PRO ratificaron su acompañamiento a la iniciativa, aunque señalaron que aún resta analizar la denominada "letra chica" del proyecto para conocer todos sus alcances.

Uno de los dirigentes que expresó públicamente su respaldo fue el exministro de Economía bonaerense Hernán Lacunza, quien destacó la propuesta a través de sus redes sociales.

"Lo felicito, Presidente. El proyecto del Banco Central es muy razonable. Por fin estamos de acuerdo", escribió, al tiempo que sostuvo que la alternativa no era cerrar la entidad ni avanzar con una dolarización.

Además, recordó el reperfilamiento de deuda de 2019 y defendió la necesidad de impedir que el Banco Central financie al Tesoro mediante emisión.

"Como dice su proyecto, prohibir darle a la maquinita para financiar al Gobierno. Porque es inflación que pagan los pobres y la clase media. O híper. El desafío será nunca volver a ese dilema", afirmó.

Durante la cadena nacional en la que anunció el proyecto, Milei sostuvo que la reforma busca fortalecer la independencia del Banco Central y evitar que vuelva a utilizarse para financiar el gasto público.

En ese contexto, cuestionó el funcionamiento histórico de la entidad y apuntó contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la entonces titular del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, al afirmar que durante esa gestión se le quitaron más de 10.000 millones de dólares a la autoridad monetaria.

El mandatario también criticó la modificación de la Carta Orgánica realizada en 2012.

"A partir de dicha estafa y para esquivar las consecuencias legales, en 2012 se creó una nueva Carta Orgánica del Banco Central que permitía emitir bajo cualquier pretexto e impidió responsabilizar penalmente a los funcionarios que falsificaban el dinero de todos los argentinos", expresó.

Finalmente, Milei aseguró que la reforma permitirá poner fin a "91 años de saqueo, expropiación, impunidad y decadencia" y manifestó su expectativa de que el Congreso acompañe la iniciativa.

"Confío plenamente en que el Congreso de la Nación comprenderá la naturaleza del problema estructural de nuestro país y acompañará estas reformas estructurales que cambiarán al país para siempre", concluyó.

La expresidenta del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Mercedes Marcó del Pont respondió las críticas del presidente Javier Milei por su gestión en el organismo, durante la cadena nacional en donde presentó la reforma a la Carta Orgánica.

“No me sorprendí. Es inasible el discurso del Presidente con cifras estrafalarias que nadie entiende, con injurias, con falsedades, con enormes inconsistencias”, sostuvo en declaraciones radiales.

Allí, la extitular del BCRA “es algo de todos los días” y afirmó que “está enfermo de odio”.

“Lo escuché y quizás lo esperaba porque no es la primera vez que larga improperios a diestra y siniestra”.

Durante el anuncio en cadena nacional, Milei acusó a la expresidenta Cristina Kirchner y a Marcó del Pont de robarle 10.000 millones de dólares a la autoridad monetaria, que a moneda de hoy equivaldrían a unos 15.000 millones.

“A partir de dicha estafa y para esquivar las consecuencias legales, de la misma en 2012 se creó una nueva carta orgánica del Banco Central que permitía emitir bajo cualquier pretexto, e impidió responsabilizar penalmente a los funcionarios que falsificaban el dinero de todos los argentinos”, dijo el mandatario.

Marcó del Pont señaló que una de las facultades del Central es emitir dinero, por lo que “no falsifica dinero”, y también habló sobre el desendeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Hace referencia a algo de lo cual yo me enorgullezco, de haber votado el desendeudamiento con el FMI con el pago de reservas, algo así de un poco más de nueve mil millones, que fue el inicio del proceso de desendeudamiento que caracterizó el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, que dejó a la Argentina absolutamente desendeudada”. NA

El presidente Javier Milei presentó el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una de las iniciativas económicas más relevantes que impulsa el Gobierno. El propósito central es reforzar la independencia de la autoridad monetaria y limitar su capacidad para financiar al sector público.

El proyecto se estructura en cinco cambios fundamentales para el funcionamiento del organismo:

La propuesta elimina el esquema de objetivos múltiples vigente desde la reforma de 2012. Se establece que la misión principal de la entidad será exclusivamente preservar el valor de la moneda, dejando de lado funciones vinculadas con el empleo, el desarrollo económico o la estabilidad financiera.

La iniciativa busca impedir que el Banco Central otorgue asistencia financiera al Tesoro nacional, a las provincias y a los municipios. Asimismo, se prohíbe la compra de títulos públicos en el mercado primario para evitar que la emisión monetaria sea utilizada como herramienta para cubrir déficits fiscales.

El proyecto apunta a fortalecer la autonomía institucional del organismo. Si bien se mantiene el mecanismo de designación, se endurecen las condiciones para la remoción de sus autoridades, requiriendo mayorías especiales en ambas cámaras del Congreso para reducir la influencia política.

La reforma prevé eliminar las Letras Intransferibles y restringir la distribución de utilidades. Además, propone que determinados resultados contables se destinen a reservas técnicas, las cuales solo podrán utilizarse para la cancelación de deuda pública en casos específicos.

Durante la presentación, Javier Milei sostuvo que esta modificación forma parte de un conjunto de proyectos que incluye el denominado grillete fiscal y una reforma del mercado de capitales. El objetivo es consolidar el equilibrio fiscal y generar un sistema financiero con mayor capacidad para canalizar el ahorro hacia la inversión. El proyecto será enviado al Congreso para su tratamiento legislativo.