La Defensoría del Pueblo de Tandil tomó intervención por los problemas de filtraciones y rajaduras que presentan varias viviendas del barrio 30 Años de Democracia. El 3 de junio pasado, la doctora Paula Lafourcade solicitó informes a las secretarías de Obras Públicas y Legal y Técnica para conocer la intervención del Departamento Ejecutivo. En tanto, bregó por trabajar para brindarles a los adjudicatarios una solución definitiva.

“La Defensoría del Pueblo de la ciudad de Tandil ve con mucha preocupación lo que están viviendo los vecinos de nuestra ciudad, habitantes del barrio Treinta Años de Democracia, frente a los reiterados reclamos efectuados ante el Municipio, quienes aún no han tenido una respuesta satisfactoria por parte del Ejecutivo”, informaron a través de un comunicado.

La semana pasada, el secretario de Obras Públicas Roberto Guadagna había confirmado que las casas fueron reparadas durante el período de garantía de la obra y que, hasta el momento, no habían reportado nuevos inconvenientes.

Sin embargo, la defensora Lafourcade aseguró que varios vecinos manifestaron en su dependencia “irregularidades en las construcciones de sus viviendas (filtraciones, humedad condensada en sus paredes, rajaduras, entre otras), las que datan desde hace varios años sin que el Municipio proporcione una solución definitiva al estado de las viviendas”.

Por ese motivo, y ante las denuncias de varios propietarios de las unidades que se construyeron en el marco de un programa municipal, el pasado 3 de junio, la Defensoría del Pueblo de Tandil pidió informes a las secretarías Legal y Técnica y de Planeamiento y Obras Públicas, “a fin de que informen si existen reclamos administrativos y/o judiciales (tanto de los adjudicatarios como hacia la empresa contratista), informe técnico pericial sobre el estado de las viviendas; y cuáles son las posibles soluciones para suministrar un remedio definitivo a las falencias de la estructura edilicia del barrio en cuestión, entre otros puntos”.

Otra reunión

La Defensora tiene previsto visitar el barrio y recorrer las distintas casas para conocer la situación de las 47 unidades habitacionales. La intención es informarse de primera mano sobre el estado de las construcciones, ya que los vecinos le refirieron que la mayoría padece problemas de filtraciones, condensación o rajadura de paredes.

Por otra parte, si bien la empresa subcontratista a cargo de la obra avanzó con reparaciones, los adjudicatarios refirieron que se trata de “parches” y que buscan una opción que les garantice una vivienda en condiciones de habitabilidad.

En este sentido, Paula Lafourcade reclamó al Ejecutivo informes periciales sobre las casas para luego convocar a especialistas que puedan realizar un diagnóstico y propuestas de soluciones definitivas.

Los derechos vulnerados

Por otra parte, desde la Defensoría del Pueblo de Tandil pusieron de manifiesto que “los derechos aquí involucrados, como son el de propiedad, salud y el de todos los habitantes a gozar de  una vivienda digna, se encuentran consagrados en nuestra Constitución Nacional en el artículos 14, 17 y 42, y obligan al Estado a respetarlos y garantizarlos”.

En esta línea, sostuvo que “se debe preservar el principio jurídico de la reparación integral, ante el acaecimiento de daños, garantizando el equilibrio en las contraprestaciones contractuales, por lo que se insta al Municipio a arbitrar todos los medios que correspondan para dar una solución definitiva al estado edilicio de las viviendas”.

Reclamos por iluminación en el paraje Desvío Aguirre

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo intervino en la denuncia de vecinos de la zona de Desvío Aguirre por los reiterados problemas de inseguridad y la falta de iluminación, que observan como una de las causas del avance del delito.

A partir de esos reclamos, el 4 y 7 de junio pasados pidieron informes a la Jefatura de Gabinete de Secretarios y a la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, sobre si tienen previstas para este año la ejecución de mejoras y extensión del alumbrado público en el paraje Desvío Aguirre.

En relación a los fundamentos, la dependencia indicó que el pedido por más y mejor iluminación lo realizaron los vecinos desde 2017 y “aunque se han generado los expedientes administrativos correspondientes, aún no ha habido respuesta alguna a lo solicitado, evidenciando demoras en las distintas oficinas municipales”.

En ese sentido, marcaron que “la iluminación apropiada” para un barrio “es una obra necesaria para hacer efectivo el derecho a la seguridad de todos los vecinos, no debiendo entenderse solamente a la seguridad como relacionada con cuestiones de prevención y detección de delitos en la zona. Creemos que el concepto es mucho más amplio, y que obras de infraestructura como son la señalización de las calles, las mejoras en la luminaria, complementan el derecho a la seguridad de todos los habitantes de nuestra ciudad”.

Falta de agua potable en Villa del Lago

Vecinos de Villa del Lago plantearon ante la Defensoría del Pueblo de Tandil, que la Dirección de Obras Sanitarias del Municipio se niega a proveerlos de agua mediante un camión, debido a que le resulta imposible transitar por los caminos del barrio, que a veces están en malas condiciones, con carga.

La problemática de las calles la sufren también turistas que frecuentan la zona y que han padecido roturas en sus vehículos.

Si bien los denunciantes manifestaron que se repasa las calles con la máquina, “muy pocas veces y por arriba, normalmente antes de un fin de semana largo, sin barrer definitivamente los serruchos y sin pasar por las calles del fondo (Martí y Mas, Alzueta, Lemy, Demarchi, etc.)”.

Por otra parte, no cuentan con señalización de las calles, no acceden a los repartos del correo, pero además las calles del fondo del barrio no disponen de alumbrado público y el servicio de energía eléctrica “es deficiente, con permanentes subidas y bajadas de tensión”, y la recolección de residuos tampoco se realiza en la zona, debiendo los mismos vecinos transportar la basura hasta algún contenedor.

“La Defensoría del Pueblo considera que el agua potable es un servicio público esencial para la vida digna de todos los habitantes de nuestra ciudad, como así también lo es el derecho a contar con calles transitables, tanto para garantizar la libre y correcta circulación de los vecinos, como también por seguridad vial”, expresó.

Ante la preocupación por estos reclamos sin respuesta, el pasado 24 de mayo se pidieron los debidos informes a la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas y a la Dirección General de Servicios Urbanos del Municipio, y a la Usina Popular y Municipal de Tandil SEM.

Una pareja adjudicataria de una de las viviendas del barrio Treinta Años de Democracia, impulsado por el Municipio de Tandil a través de un crédito, presentó una medida cautelar para que le paguen un alquiler ante los problemas estructurales que presenta el inmueble. En junio de 2016, los titulares iniciaron una demanda ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Azul, que se demora debido a que no logran notificar al constructor contratado por la comuna para construir las casas con la tecnología steel framing, en las manzanas comprendidas por Actis, Los Talas, Los Robles y Palacios.

A tres años del inicio de la demanda, la Justicia aún no logró que se presente Juan Carlos García de Lillo, quien ejecutó las obras a partir de la adjudicación que realizó el Municipio. Por lo tanto, en septiembre del año pasado, la abogada Mariana Caponio, en representación de los adjudicatarios, pidió desistir de la citación, al fundamentar que “resulta de interés exclusivo de la Municipalidad”.

Sin avances en el trámite, el 22 de marzo pasado la letrada volvió a pedirle al juez Pablo Quaranta que “habiendo transcurrido un tiempo prudencial para que la demandada traiga a este proceso al señor Juan Carlos García de Lillio”, decrete “el desistimiento de la citación del tercero, siendo que la misma resulta un interés exclusivo del Municipio de  Tandil”.

En simultáneo, el 11 de abril pasado presentó una medida cautelar contra la comuna para que pague a los damnificados el alquiler de una vivienda de similares comodidades a la adquirieron y en la zona del domicilio actual, mientras se resuelve en forma definitiva la indemnización por daños y perjuicios.

En paralelo, los abogados que representan a la comuna insistieron con la citación al constructor, a quien intentan responsabilizar por las fallas en la construcción, y solicitaron librar un oficio a la Cámara Nacional Electoral para que informe el último domicilio del señalado.

El barrio 30 Años de Democracia fue el primer plan de viviendas que encaró la gestión del intendente Miguel Lunghi, se financió con un crédito de 9 millones de pesos e incluyó la construcción de 52 unidades habitacionales con el sistema steel framing. Los adjudicatarios, que no podían tener otra propiedad a su nombre y se determinaron por sorteo, pagaron un adelanto en dos veces y cuotas mensuales por diez años.

Los fundamentos

Al solicitar la medida cautelar, la doctora Caponio argumentó que la familia que representa requiere “de forma inmediata, una solución habitacional. Puesto que, el paso del tiempo no ha hecho más que empeorar las condiciones edilicias bajo las que habitan”.

Los damnificados son un matrimonio con sus dos hijos de 6 y 2 años de edad, y “las condiciones en las que habitan no resultan aptas para la salud de ninguna persona, mucho menos para los dos pequeños niños, quienes presentan problemas de salud en razón del ambiente húmedo al que se encuentran expuestos”. En ese sentido, adjuntó como prueba los informes médicos de ambos menores.

Por otra parte, sostuvo que de acuerdo a los peritajes arquitectónicos “se han concretado las expectativas de que la construcción se volvería cada día más deplorable con el paso del tiempo, tornado el inmueble prácticamente inhabitable”.

En ese sentido, agregó que “las filtraciones de humedad son cada vez más intensas” y citó que los resultados de los peritajes determinaron que “estas fisuras son un medio suficiente para el ingreso de la humedad del exterior al interior, con todas las consecuencias que este fenómeno implica, incluso la modificación de las características constructivas de la estructura y de todos los materiales a los que afecte, desde deterioro hasta la finalización de su vida útil”.

Por otro lado, detalló que “las filtraciones de agua provienen desde todos los sectores y ocupan todo el inmueble”, ya que se visualizan en pisos, muros y cielorrasos, por lo que “se concluye que dicha humedad proviene de filtraciones en cubierta, muros y cimientos”, como así también “en vanos de aberturas por aislación insuficiente en carpinterías, y a su vez se detecta que las mismas, por no poseer DVH (doble vidriado hermético) o por la baja calidad de su naturaleza sumado a la aislación insuficiente, generan por diferencia de temperatura entre el exterior y el interior, humedad por condensación”. Por todo lo dicho, evaluó que el lugar es “inhabitable”.

Sumado a eso, indicó que “no sólo resulta inhabitable el inmueble por el deterioro que presenta, sino que, a su vez, mis representados están perdiendo sus bienes muebles y sus pertenencias como efectos personales, por la humedad que presenta el ambiente”.

Desde lo legal, la letrada expuso el peligro en la mora, “a fin de evitar la frustración del derecho a la vivienda del grupo familiar y el derecho a la salud de los menores durante el proceso, que se encuentran en peligro de ser vulnerados, pues la situación es cada vez más extrema, el deterioro y la peligrosidad que amenaza el estado general del inmueble”.

En cuanto a las pruebas, además de los documentos que obran en la causa, adjuntó los informes de las evaluaciones médicas de los menores y los presupuestos de alquileres de viviendas provistos por dos martilleros de esta ciudad.

Por otra parte, le requirió al magistrado una inspección ocular “a fin de que conozca de manera directa la realidad del conflicto que atraviesa a mis representados, y realice las observaciones que estime oportunas en el lugar de los hechos, solicito se constituya por sí, o a través del funcionario que delegue, en el inmueble de los actores”.

Por último, pidió que se ordene “el pago de un alquiler a favor de mis representados a costas de la demandada” y “la apertura de una cuenta judicial donde deberá depositarse el canon locativo”.